Los candidatos porteños de la Coalición Cívica cerraron su campaña este miércoles en Barrancas de Belgrano, junto a dirigentes y vecinos. Como propuesta central, manifestaron que “el domingo tenemos que llevar al Congreso a legisladores que tengan las manos limpias y que nos cuiden”.

Con Hernán Reyes, candidato a diputado, y Marcela Campagnoli, candidata a senadora, a la cabeza, el espacio de Elisa Carrió les mostró a los presentes una gigantografía de la Boleta Única de Papel y la columna con los candidatos cívicos con una lapicera que resaltaba el espacio de votación.

Luego, el candidato a diputado nacional manifestó que “en la Argentina la Coalición Cívica es imprescindible. Necesitamos que un espacio honesto y gente preparada que nos represente en el Parlamento”. “Transitamos veinticinco años sin una objeción a nuestra honestidad y con un gran trabajo en la defensa de los valores que nos constituyen y las causas que nos enorgullecen como argentinos”, agregó.

Después, Campagnoli, candidata a senadora nacional, señaló que “la Coalición Cívica tiene que estar en el Congreso para poder seguir trabajando para que las peleas que nos convocan, como el Garrahan, la educación pública, la defensa de los jubilados y las pymes, se vean representadas como lo hicimos hasta acá”.

Acompañaron a los candidatos, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Fernando Sánchez (MC). Además de Cecilia Ferrero, Claudio Cingolani y el resto de los candidatos que acompañan la lista de Reyes y Campagnoli.

Los candidatos de la Coalición Cívica Hernán Reyes  y Marcela Campagnoli presentaron una ampliación ante la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para requerir la intervención judicial que remueva la suspensión de la ejecución presupuestaria de la Ley de Emergencia Sanitaria en el Área de Pediatría del Hospital Garrahan.

En la presentación escrita, los integrantes de la Coalición Cívica definieron como “crítica” a la situación del nosocomio. Además, solicitaron que se determinen las acciones legales apropiadas a los efectos de remover la suspensión ilegal de la ejecución presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional al momento de su reglamentación.

“El análisis de los movimientos totales de Recursos Humanos durante el trienio 2023-2025 muestra una tendencia de desequilibrio creciente, que amenaza la capacidad operativa del centro”, afirmó la presentación encabezada por Hernán Reyes. Luego, aseveraron que “el año 2024 marcó una drástica reversión”. “Entre los datos manejados se está registrando 221 bajas y solo 245 altas. Esta tendencia se agrava notablemente en la proyección de 2025 (con corte al 31/07), donde las bajas acumuladas ya ascienden a 158, pero las altas solo alcanzan la cifra de 33”, añadieron.

Entre los puntos negativos de la situación del Garrahan, explicaron que “los efectos a largo plazo para el Hospital van desde una pérdida de la capacidad de atención hasta el deterioro e, incluso, la pérdida de capacidades y conocimiento invaluable para la gestión sanitaria de casos complejos”.

Y señalaron: “Ante esta realidad fáctica, se pone en consideración de esta Defensoría la urgencia en determinar la acción legal apropiada para revertir la suspensión presupuestaria, con fundamento en los siguientes argumentos que configuran la inaplicabilidad de la suspensión presupuestaria ante Ley de orden público-específica y explícitamente mandada por el Congreso de la Nación”.

En síntesis, el espacio liderado por Elisa Carrió mencionó que “la continuidad de la suspensión presupuestaria, amparada en argumentos de procedimiento que omiten la jerarquía y especificidad de la ley, está directamente socavando la capacidad del Hospital Garrahan para cubrir bajas de personal, recomponer salarios y adquirir insumos críticos, tal como lo exige la Ley N° 27.796”.

“Solicitamos formalmente a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que evalúe la presentación de acciones legales o recursos judiciales idóneos que permitan levantar la suspensión de la ejecución presupuestaria dispuesta por el Decreto N° 760/2025”, concluyeron en la nota impulsada por la Coalición Cívica.

Qué sucedió con la Ley de Emergencia Pediátrica 

El martes pasado, el Gobierno nacional publicó la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría en el Boletín Oficial, pero al igual que la Emergencia en Discapacidad, no dispuso de las partidas presupuestarias dejando suspendida su aplicación. Como respuesta, los cívicos le exigieron al Ejecutivo el cumplimiento del mandato de reasignación presupuestaria inmediata para garantizar la tutela efectiva del derecho a la salud de la población infantil.

“Al suspender la ejecución, el Poder Ejecutivo omite cumplir con el mandato legal específico. La existencia de un déficit no anula la competencia legalmente otorgada para la reasignación en el marco de una emergencia. La suspensión constituye, por tanto, una inacción funcional que incumple el mandato de la ley de emergencia y priorización presupuestaria que el Congreso estableció para hospitales de referencia y servicios críticos pediátricos”, enfatizaron.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof por haber viajado a Estados Unidos para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, en medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes en La Matanza.

“Gobernador, no puedo creer que ante esta terrible situación usted haya decidido viajar a Nueva York a un homenaje a Pepe Mujica. Su cargo exige idoneidad y empatía. La insensibilidad de usted y del intendente de La Matanza, al no acercarse a hablar y contener a los familiares, da asco”, escribió Campagnoli en su cuenta de X.

El hecho al que se refiere la diputada ocurrió este martes, cuando fueron encontrados asesinados los cuerpos de Morena Berri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela. Las jóvenes habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre en una estación de servicio de avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de ser asesinadas. La Policía detuvo a cuatro sospechosos y el fiscal Gastón Duplaá investiga como principal hipótesis un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico: se presume que la menor de las víctimas habría sustraído dos gramos de cocaína a un narco de la Villa 1-11-14.

Mientras se conocían estos hechos, el gobernador bonaerense partía rumbo a Nueva York para participar del evento “Democracia Siempre”, un homenaje a Mujica organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de la Iniciativa Mujica. Según el decreto 2478/2025 publicado en el Boletín Oficial de la provincia, Kicillof viajó acompañado por miembros de su Gabinete y permanecerá en Estados Unidos hasta el 26 de septiembre.

El viaje se da en paralelo a las negociaciones que el presidente Javier Milei mantiene con el Tesoro de Estados Unidos, en el marco de su propia agenda internacional.

En cadena nacional, el presidente Milei presentó el presupuesto 2026. Habló de números, de equilibrio fiscal y de supuestos logros. Pero detrás de esas planillas, hay realidades que no aparecen en los gráficos: el desfinanciamiento de hospitales clave para la vida de miles de argentinos. Entre ellos, el Hospital Garrahan.

El Garrahan no es un hospital cualquiera. Es un centro de referencia nacional y regional en pediatría de alta complejidad. Allí se atienden chicos de todo el país: más del 40% de los pacientes provienen del interior. Es un hospital que combina atención, docencia e investigación, y que ha formado generaciones de profesionales.

Sin embargo, en los últimos años su financiamiento se ha deteriorado gravemente. Algunos datos lo muestran con claridad:

Recursos humanos: más del 30% de los profesionales médicos y de enfermería han renunciado o reducido su carga horaria en los últimos años, por salarios que quedaron muy por debajo de la inflación. Esto significa menos guardias cubiertas y más demoras en turnos y cirugías.

Insumos y tratamientos: la compra de medicamentos oncológicos, hemoderivados y materiales descartables sufrió recortes y atrasos. Muchos tratamientos de alta complejidad se han visto interrumpidos o demorados.

Infraestructura: proyectos de ampliación y renovación de áreas críticas —como terapia intensiva y quirófanos— quedaron congelados por falta de fondos.

Presupuesto real: aunque el presupuesto nominal aumentó, en términos reales cayó más de un 25% respecto a 2019, medido en dólares y ajustado por inflación.

Este es el verdadero contexto de la Ley de Emergencia Pediátrica que sancionamos en el Congreso. No fue una bandera partidaria ni un gesto simbólico. Fue la respuesta a un clamor de médicos, enfermeros, pacientes y familias que ven, día a día, cómo se deteriora la atención de los niños más vulnerables del país.

El veto presidencial desconoce esa realidad. Con el pretexto del ajuste, se condena a miles de chicos a esperar más, a tener menos atención, a ver interrumpidos sus tratamientos. No son cifras: son vidas.

Por eso insistimos en rechazar este veto. Porque defender al Garrahan es defender la salud pública, la equidad federal, la investigación científica y, sobre todo, la vida de nuestros hijos y nietos.

El equilibrio fiscal no puede construirse sobre el sufrimiento de los niños. No se trata de oficialismo u oposición, sino de humanidad y de responsabilidad ética del Estado.

El Garrahan no se toca. Y la emergencia pediátrica es real.

Después de que el automovilista Emanuel Moriatis sufriera un violento asalto en la autopista Panamericana a la altura de San Isidro, la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) denunció al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La legisladora acusó al funcionario por presunta responsabilidad penal en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A través de X, la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires explicó que el 20 de mayo pasado puso en conocimiento los “lugares frecuentes de robo de motos” dentro de la autopista Panamericana (ruta 9 y empalme ruta 8), solicitando a la gestión provincial que se adopten medidas tendientes a prevenir el aumento de robos violentos de motocicletas.

En la denuncia a la que accedió Parlamentario.com, Campagnoli reveló que ya se había adjuntado gráficos detallando los puntos de encuentro en las cuales se han identificado un “sinfín de motocicletas robadas, las cuales forman parte de eventos en los cuales los autores de dichos ilícitos se vanaglorian de sus logros y los exhiben a la vista de todos”.

“La mayoría de estas motos fueron identificadas como robadas en los ramales de la ruta Panamericana. Pese a la información remitida, y a las medidas solicitadas al Ministerio de Seguridad, estas no fueron tenidas en cuenta durante más de 4 meses”, cuestionó la diputada nacional que integra el bloque de la Coalición Cívica.

Así las cosas, Campagnoli responsabilizó a la gestión provincial por lo sucedido: “El 4 de septiembre, una vez más, le toco a Emanuel Moriatis ser víctima de un delito que casi le cuesta la vida por culpa de la inoperancia y la falta de previsión y seguridad de las autoridades del Ministerio de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof”.

El jueves 4 de septiembre, el expiloto de Turismo Carretera salía del Autódromo de Buenos Aires cerca de las 18.45 arriba de una motocicleta cuando fue asaltado por una pareja de ladrones en la autopista Panamericana altura San Isidro. El corredor relató el suceso a través de un video de Instagram, donde mencionó que “dos ladrones se me pusieron de costado como para que frene, uno me mostró el revolver y me hizo señas para que frene”.

“Ahí es cuando disparó un tiro al piso. Clavé los frenos, solté la moto y empecé a trotar hacia atrás, pero mirándolos. Y vi que uno se me venía”, siguió Moratis. Por el hecho, reveló que se acercó a una Comisaría y le habrían señalado que la zona donde sucedió el robo no cuenta con cámaras de video-vigilancia.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes -ambos de su espacio-, presentaron este viernes un pedido de juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello ante el Consejo de la Magistratura.

Se trata del magistrado en lo civil y comercial que dictó una medida cautelar, luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, para prohibir la difusión mediática de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Maraniello, quien ya afronta una serie de denuncias en el Consejo -entre ellas por violencia de género, maltrato y acoso laboral-, es acusado por los dirigentes de la CC por "mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Carrió, Campagnoli y Reyes solicitaron que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, se requiere la oportuna destitución del acusado.

Entre las causales de juicio político, mencionaron en primer lugar la actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

“Dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública", resaltaron los cívicos.

En segundo lugar, apuntaron una "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal". "De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes", advirtieron.

También, hicieron alusión a la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). "Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes 'auspiciantes' incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios 'HLB Pharma' y 'Ramallo'”, denunciaron.

En la presentación, los dirigentes de la CC sumaron las denuncias que pesan contra el juez por "la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género". "El juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género", señalaron.

Finalmente, se refirieron a "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina". "De las consideraciones expuestas precedentemente se desprende que la conducta del juez Maraniello evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones", sostuvieron.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC) se refirió este jueves a casi el centenar de muertes por fentanilo contaminado y expresó que "es una tragedia sanitaria que tiene ya más muertes que la tragedia de Once y la AMIA. Es inaudito. No hay un solo imputado, solamente inhibición de bienes para directivos del laboratorio".

"Celebro que el ministro de Salud (Mario Lugones) como querellante haya recusado al juez (Ernesto) Kreplak, creo que es una acción que corresponde. Ahora, no es solamente el juez Kreplak quien tiene que dar explicaciones de cómo se desempeñó, sino también la ANMAT y ahí es responsabilidad del ministro de Salud", apuntó.

La legisladora del espacio de Elisa Carrió resaltó: "Sabemos que este laboratorio ha tenido muchos vínculos políticos y pareciera que hoy sigue apañado por el poder y esto enturbia toda investigación que se puede hacer".

Consultada en radio La Red sobre declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien dijo que en este caso falló "la ANMAT kirchnerista", Campagnoli lo consideró "lamentable" y afirmó que "fue la ANMAT actual".

"A partir de esto el prestigio que tenía la ANMAT se ve cuestionado, me genera sospechas", manifestó la bonaerense, quien asimismo sostuvo que "la ANMAT tiene que existir, no es el médico el que controla la calidad de los medicamentos. Tiene que haber un órgano rector como en todos los países". "Que haya cometido un error la ANMAT no quiere decir que no tenga que existir. El ministro quiere dar de baja todos los controles y los controles son necesarios", agregó.

Por otra parte, la diputada señaló que le "llama la atención" que "el dueño del laboratorio (Ariel García Furfaro) se victimiza, dice que el fentanilo no tiene nada que ver con estas muertes y encima da detalles pormenorizados, con nombre y apellido, de las historias clínicas. ¿Cómo tuvo acceso a las historias clínicas si ni siquiera está imputado en la causa?".

"Por supuesto hay un principio de inocencia, yo no estoy acusando a nadie, pero me genera sospechas que el juez Kreplak, hermano del ministro de Salud (bonaerense, Nicolás Kreplak) le haya facilitado a él, al ministro o al Hospital Italiano de La Plata, le hayan facilitado al dueño del laboratorio las historias clínicas, que son privadas, para que vaya preparando su defensa", completó.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un pedido formal de acceso a la información pública al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que solicita explicaciones sobre el faltante de chapas patente para vehículos en todo el país. La iniciativa se enmarca en la Ley 27.275 y busca obtener datos precisos sobre las demoras en la entrega de estos elementos registrales, cuya provisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

Campagnoli expresó su preocupación por el impacto que esta situación tiene sobre los ciudadanos que cumplen con la ley y se ven imposibilitados de circular legalmente por la falta de patentes definitivas. “Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Estado”, sostuvo.

Entre los puntos requeridos, la diputada solicita conocer:

🔵 Las causas de la demora en la entrega de chapas.

🔵 La cantidad de dominios provisorios vigentes y si se respeta su plazo legal.

🔵 Detalles sobre la licitación que adjudicó la provisión a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A.

🔵 Los antecedentes de dicha empresa y los motivos por los cuales fue seleccionada.

🔵 Información sobre proveedores anteriores y razones por las que dejaron de operar.

Además, Campagnoli cuestionó que, pese a que el ministerio había asegurado que el problema estaría resuelto en mayo, el faltante persiste. “Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y cuándo se normalizará la situación”, reclamó.

El pedido fue acompañado por otros diputados nacionales y se suma a una creciente preocupación por la falta de insumos básicos en áreas clave del Estado.

Las diputadas nacionales Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de ley que busca reformar y ampliar el alcance de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Ley 27.130), sancionada en 2015. La iniciativa cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques y apunta a reforzar el abordaje institucional de una problemática que, según cifras oficiales, genera un promedio de 22 eventos diarios en la Argentina.

El proyecto propone la creación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, bajo la órbita del Ministerio de Salud, con participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones especializadas y referentes académicos. El objetivo es avanzar en una estrategia coordinada a nivel nacional, que permita actuar de manera preventiva, asistencial y de posvención, con foco en todas las franjas etarias.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto contempla la creación de un registro detallado y obligatorio de intentos y suicidios consumados, con información sobre edad, género, causas, modalidad, y evolución mensual. Este registro será alimentado por sectores públicos y privados y deberá incluir los casos corroborados por el Poder Judicial, un punto que hasta el momento no está previsto en la ley vigente.

La propuesta también plantea reformas en el ámbito educativo, incorporando de forma obligatoria materias vinculadas a la prevención del suicidio en las carreras universitarias de psicología y afines, así como en la formación docente. Además, exige campañas masivas de concientización sobre salud mental, adicciones y abuso sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Otro punto central es el fortalecimiento de la atención en situaciones de crisis. El proyecto encomienda al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo nacional de actuación ante el riesgo suicida, así como la coordinación de una línea telefónica gratuita, activa las 24 horas, con operadores capacitados y una red de derivación a dispositivos de asistencia. También se prevé la creación de un sitio web oficial, con acceso a información, canales de ayuda y recursos de acompañamiento para personas en crisis y sus familiares.

En los fundamentos, Campagnoli y Alianiello subrayan que la ley actual fue un paso fundamental, pero requiere una actualización para adaptarse al contexto postpandémico y a los desafíos emergentes. “Podemos lograr una verdadera red de contención para prevenir el suicidio, asistir a quienes lo han intentado y acompañar a sus seres queridos”, sostienen.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC) presentó un proyecto de declaración en el que repudia y rechaza el contenido “ideológico” del canal Paka Paka, que reinauguró el Gobierno nacional hace pocos días, y de la utilización de fondos públicos para que la Secretaría de Medios y Comunicación Pública opere la transmisión del citado canal.

“Parecía que, con los recortes de los gastos del Estado y la postulación de ideas liberales, el nuevo gobierno iba a dejar enterrada para siempre, la idea de usar a los medios de comunicación pública para imponer ideas propias. El gobierno libertario ha decidido reinaugurar el canal Paka Paka adecuando el contenido, de modo tal que, sea funcional a su ideología”, criticó.

Campagnoli argumentó que “el señor presidente ha abandonado sus promesas de campaña y apagó la motosierra solo para usar un medio de comunicación como vía de difusión de su ‘batalla cultural’ para adoctrinar a niños, niñas y adolescentes en un pensamiento que literalmente aplasta el básico derecho a la libertad”.

En esa línea comparó: “Las ideas libertarias reemplazar el mismo rigor que ejerció por décadas el kirchnerismo. Cambia el contenido, se mantiene incólume la falta de respeto por los derechos de la niñez y el uso de fondos del Estado para fines partidarios”.

“El Estado libertario, lejos de incrementar esfuerzos y partidas para mejorar la situación de la niñez en la Argentina, destina fondos para intervenir en la cabeza de chicos y chicas que necesitan aprender que sólo la educación puede abrirles la puerta hacia un futuro mejor”, cuestionó la diputada de la CC y exigió “cuentas claras” sobre el presupuesto que debe destinarse a las infancias y calificó como “un acto de irresponsabilidad y crueldad imperdonable” que se usen fondos públicos para “transmitir programación partidaria en un canal estatal”.

La masacre descubierta el miércoles 21 de mayo en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo impactó por su magnitud, pero la conmoción fue aun más grande cuando se conocieron los detalles: según los datos que surgen de la investigación, la autora de los asesinatos habría sido Laura Leguizamón, la madre de los niños y esposo de la víctima mayor.

Paralelamente se supo que la mujer padecía trastornos psíquicos. Estaba bajo tratamiento, sufría depresión y lo del miércoles habría sido un brote psicótico.

Este caso policial remite al Congreso, que en 2010 aprobó la Ley 26.657 que introdujo la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales. La ley vigente cosechó muchos apoyos en el momento de su aprobación, pero despierta muchas críticas de familias que se quejan que no tienen adónde llevar a los enfermos mentales. En el Congreso se han presentado numerosos proyectos sobre esta ley que está por cumplir 15 años y que muchos sostienen que al menos necesita modificaciones que hasta ahora los legisladores se resisten a tratar.

Autora de un proyecto para modificar la Ley 26.657, la diputada Marcela Campagnoli había presentado justamente dos días antes de la masacre de Villa Crespo un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional, asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el derecho a la salud mental. La medida es “en virtud de la grave situación que atraviesan los servicios de atención, prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con enfermedad mental o trastorno y/o adicciones”, expresa el proyecto.

Para Campagnoli, la Ley de Salud Mental es “sumamente ideologizada, que busca estigmatizar al psiquiatra como torturador”.

Preocupada desde hace tiempo por el tema, la diputada de la Coalición Cívica organizó el 29 de abril en la Cámara de Diputados para tratar la problemática de la salud mental. En el primer panel participaron enfermos, adictos y familiares; en el segundo, especialistas, entre ellos el decano de la Faculta de Medicina de la UBA, que es psiquiatra. Hubo representantes de la Asociación de Psiquiatría y psicólogos, y el tercer panel estuvo dedicado a la justicia: cómo la Ley de Salud Mental también obstaculiza el desempeño de la justicia cuando tiene que judicializar una internación involuntaria.

“Yo comencé a trabajar el tema de la salud mental después de la pandemia, en 2021, cuando vi casos como el del cabo Roldán, que fue acuchillado en la puerta del MALBA por una persona en situación de calle que tenía trastornos psiquiátricos. El hermano vino como moderador de esa jornada”, contó a parlamentario.com la diputada Campagnoli, que agregó que también participó del evento la mamá del cantante Chano, Marina Charpentier, que fue moderadora del primer panel, y estuvo como expositor el actor Gastón Pauls, en su condición de exadicto.

Un intento fallido

El Gobierno nacional llegó a incluir una reforma de la Ley de Salud Mental en el proyecto de ley de Bases original. Allá por el 16 de enero del año pasado Marina Charpentier llegó a exponer en el plenario de comisiones de Diputados, donde aseguró que hay “una cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo: ‘Mi hijo se quiere internar y no hay dónde’, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional”.

“Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención”, destacó sobre el proyecto, y respecto de la norma vigente dijo que “será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si hoy (Javier) Milei dijera ‘saco una ley para que desaparezca la inflación… no se puede, hay que tomar medidas para eso”.

En ese plenario celebrado en Diputados, la mamá de Chano, que a raíz de su experiencia personal encabeza la lucha de madres de hijos con adicciones, se preguntó: “¿Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede criar a un hijo y que no puede convivir en la sociedad?”. Y advirtió: “Argentina tiene a los pibes muriéndose en la calle. Hagamos leyes para los pibes que tenemos, no los que soñamos tener”.

Como se recordará, la primera versión de la ley de Bases que incluía ese tema volvió a comisión y en el segundo intento ya no fue incluido el tema.

Marina Charpentier expuso durante el plenario de la primera versión de la ley de Bases.

La tan mentada desmanicomialización

Cuando el 2 de diciembre de 2010 la entonces presidenta Cristina Kirchner promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, recibió a los integrantes de Radio La Colifata en la Casa de Gobierno, en un hecho considerado histórico por las asociaciones vinculadas al campo de los derechos humanos y la salud mental. Se enfatizó entonces que nuestro país se unía a un pequeño grupo de países cuyo eje en salud mental es el respeto a los derechos humanos y con el principio de inclusión y no de exclusión.

La ley vigente reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad para decidir sobre lo que desean; recomienda la internación como un recurso terapéutico a utilizarse solo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.

La Ley 26.657 desalienta las internaciones indefinidas y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo. Promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud y establece que el 10% del presupuesto de la cartera del área debe estar destinado a la salud mental. Eso nunca se cumplió.

Grandes defensores de la ley vigente fueron siempre el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que denunciaron “presiones de la corporación psiquiátrica” cuando se demoraba su reglamentación.

Los principales argumentos en contra de la desmanicomialización se basan en la peligrosidad de los padecientes y en la concepción de la psiquiatría como disciplina aislada, separada de los hospitales generales.

En el Senado ya se han hecho jornadas para debatir sobre la Ley de Salud Mental.

Entre los argumentos a favor de la demanicomialización se sostiene que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud mental la existencia de los manicomios. Además, estas instituciones prácticamente no existen en los países con reformas modernas en el tema.

Para la diputada Campagnoli, lo principalmente malo que tiene la ley es que prohíbe los institutos psiquiátricos. “Cualquier enfermo mental o cualquier adicto tienen que ir a tratarse a un hospital polivalente, un hospital general”, sostuvo, insistiendo en que “nunca se cumplió el presupuesto que decía la ley del 10% del presupuesto nacional de salud dirigido a salud mental, para poder acondicionar los hospitales generales a la atención especializada”.

En ese sentido explicó que se necesitan hospitales especiales, pues “hoy estás internando a un enfermo mental que yo llamo ‘el enfermo vertical’, porque se mueve, parte de su tratamiento es estar en movimiento, no en una cama. Lo tenés al lado de un infartado, de una parturienta, de una persona que está con una fractura. ¿Y cómo hacés para tenerlo quieto, que no toque el monitor, por ejemplo? O lo atás en una cama, o lo dopás hasta que quede tonto… Estás vulnerando sus derechos, cosa que esta ley decía que venía a proteger”.

“¿Y qué es lo que pasa? Como los hospitales no tienen personal especializado, terminan expulsándolos o no recibiéndolos -continuó Campagnoli-. Y eso te lo dicen permanentemente los familiares, que me escriben hablando de la situación de vulnerabilidad que atraviesan”.

La diputada de la CC contó el caso de un familiar suyo que padece esquizofrenia. Afortunadamente siempre estuvo bien, porque estuvo medicado y estabilizado. Pero hace pocos días la llamó la madre, desesperada, para contarle que sin que ella supiera él había dejado de tomar la medicación. “Es un tipo grande, más de 40 años, y estuvo en situación de calle. Ella no lo encontraba por ningún lado. Lo quiso internar y no pudo porque él no quería, y la ley prohíbe la internación involuntaria”, recordó. Antes sí se podía internar; si un familiar, un vecino, denunciaba que una persona era peligrosa para sí o para terceros, el asesor de menores e incapaces disponía una internación evaluatoria para ver si merecía estar internado hasta que lo estabilizaran. Hoy no se puede eso.

“Solamente muy, muy excepcionalmente, y cuando haya un riesgo muy cierto e inminente. Si es un riesgo, no es cierto, porque siempre (el riesgo) es potencial, pero la ley dice que tiene que ser cierto -analizó Campagnoli-. ¿Y qué pasa? El año pasado hubo 4500 suicidios. Hoy, la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio. No dan abasto los hospitales, porque no hay hospitales, subsistieron muy pocas clínicas privadas, el que tiene una buena prepaga tal vez consigue un buen lugar para internar a su hijo, el que no la tiene, no”.

La medicación como tortura

En contacto permanente con la mamá de Chano por pertenecer ambas a la asociación civil La Madre Marcha, ella le comentó el caso de una madre que internó a su hijo en el Hospital Fernández, que en la primera guardia lo aceptó, pero “al día siguiente le dijeron al paciente si quería irse, y él dijo: ‘Sí, me quiero ir’. Y obviamente volvió a la calle, porque es un chico que está en situación de calle por el consumo. Así estamos”.

En su diálogo con este medio, Marcela Campagnoli aclaró que ya no había manicomios en el país, sino institutos psiquiátricos. Con la ley vigente se redujo a menos de la mitad la cantidad de camas disponibles para internar a una persona. “Si bien hay casos que son crónicos, que van a tener medicación de por vida, la actual ley dice que la medicación no debe ser utilizada como tortura… Es una ley sumamente ideologizada, que busca estigmatizar al psiquiatra como torturador… No sé, no sé lo que pensaban los que redactaron esta ley”, se quejó la diputada Campagnoli, que en ese sentido lamentó que no se hubiera invitado a discutir la ley a la Asociación Argentina de Psiquiatría. “Es increíble”, enfatizó.

Para ella, la ley vigente es “una ley ideológica, no es una ley de territorio. Se hizo sin escuchar a los que verdaderamente están y que son los únicos que pueden medicar, porque yo no desvalorizo la tarea del psicólogo, que es fundamental, porque es el que te va a seguir con más frecuencia que un psiquiatra. Pero el psiquiatra es el único que puede medicar”.

Y continuó: “Por eso yo hablo de que en el equipo interdisciplinario, la voz del psiquiatra o médico experto -porque esta ley lo que ha logrado es que cada vez haya menos psiquiatras- es el que sí o sí tiene que firmar el dictamen de internación, porque la ley actual te dice el dictamen de una internación involuntaria necesariamente tendrá la firma de dos especialistas del equipo interdisciplinario, una de las cuales tiene que ser psicólogo o psiquiatra”. Para ella, “sí o sí tiene que ser psiquiatra, porque es el único que puede medicar, hacerte un diagnóstico. Es el único que puede entender tu historia clínica. Tal vez estás tomando un medicamento para una infección urinaria que puede derivar en una depresión. Es el único que puede ver si hay algo exterior que puede generar una depresión, y que no sea genuina tuya, sino que la provoque un medicamento que estás tomando. Eso lo sabe el médico nada más, no lo sabe el psicólogo, ni una enfermera”.

El papel del psiquiatra

Marcela Campagnoli no tiene dudas de que “esta ley ha buscado desvalorizar la tarea del psiquiatra, y yo lo que creo es que todos son necesarios, pero fundamentalmente el que es médico”.

Esas barreras ideológicas son las que, a juicio de esta diputada, están frenando el tratamiento del tema en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, aunque ya se ha logrado que comiencen a analizarla en asesores. “Por eso es que yo me la paso filmando videos, haciendo jornadas, para visibilizar el tema y que la gente hable”, explicó Campagnoli, que aclara que no es médica. “Soy abogada, solamente tengo sensibilidad, empatía y me doy cuenta de que la ley, por muy buenas intenciones que haya tenido, no dio los resultados esperados. Los familiares se sienten abandonados, no pueden decidir sobre sus hijos. Lo decía el otro día el padre de uno de los asesinos de Kim Gómez: yo no pude internar a mi hijo, porque él no quería internarse”. Y citó también la reflexión de una madre: “Esta ley el único camino que le deja a nuestros hijos es la cárcel o el cementerio. Porque delinquen para poder consumir, o terminan con un balazo”.

Un reclamo transversal

El proyecto que presentó el 19 de mayo para declarar la emergencia en salud mental cuenta con la firma de diputados del Pro como Sofía Brambilla, de Encuentro Federal como Emilio Monzó y Nicolás Massot, y radicales como Carla Carrizo y Natalia Sarapura, pero también kirchneristas como Carolina Gaillard, Victoriai Tolosa Paz y Agustina Propato.

“Los libertarios deberían estar también a favor…”, interpretó este medio, a lo que Campagnoli repuso: “Deberían estar a favor, pero son muy temerosos, muy temerosos… No tienen formación legislativa y temen meter la pata en algo. Hay muchas diputadas que me han acompañado cuando yo representé la ley de salud mental, y me decían: ‘Pero mirá que yo no puedo firmar algo que genere más gastos’. Y yo les contestaba que los artículos que quiero reformar no tienen que generar más gastos que los que ya tiene la Ley de Salud Mental”.

Los casos trágicos

Hay situaciones extremas que llevan a justificar la necesidad de restituir la internación involuntaria. Se citan casos conocidos como estos:

* Santiago Moreno “Chano” Charpentier

* Pity Alvarez

* Rodrigo Roza

* Felipe Petinatto

El cantante de Tan Biónica sufrió una descompensación en su casa de un barrio privado de Exaltación de la Cruz y en ese marco recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía al que intentó apuñalar.

Otro músico, Cristian “Pity” Alvarez mató a balazos a Cristian Maximiliano Díaz durante un confuso episodio en 2018. Hoy se encuentra en un centro terapéutico conde está en rehabilitación y recibiendo tratamiento por sus adicciones.

Otro caso trágico fue el de Rodrigo Roza, quien en medio de un brote psiquiátrico apuñaló en el corazón al inspector de la Policía Federal Juan Roldán, quien murió a metros del Malba.

El hijo de Roberto Pettinato está imputado por el incendio seguido de muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022. Según la pesquisa, Pettinato “habría combinado la llama del encendedor con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable y lo aplicó sobre los elementos textiles próximos a la víctima”.

Son casos que exponen supuestas fisuras de la Ley de Salud Mental por la que muchas personas que no reciben el tratamiento adecuado terminan protagonizando hechos violentos.

No fue sorpresa, porque se venía hablando de eso desde hace tiempo, pero finalmente se formalizó este jueves. Fue a través de un decreto, que deroga otro decreto, el 2226, del año 2008, por el cual se le otorgaba a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de lavado de capitales. A partir del decreto que acaba de firmar Javier Milei, esa potestad ha desaparecido.

De tal manera, a partir de ahora la UIF ya no puede ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El argumento utilizado es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala que esa potestad puede “afectar su autonomía e independencia operativa”.

El extitular de la UIF en tiempos de Cambiemos, Mariano Federici, alertó que “una UIF debilitada, despojada de la facultad de querellar, fue siempre el anhelo de los más corruptos de Argentina. No es casual que quienes impulsaron esta medida, hayan sido los mismos operadores, disfrazados de expertos, que militaron siempre impunidad”.

Desde la Coalición Cívica salieron varios de sus diputados a cuestionar la medida. “¿Un decreto a favor de la impunidad?”, se preguntó el diputado Maximiliano Ferraro, quien posteó este jueves: “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué le pasa a Milei? ¿Para qué hacen estas cosas? El decreto de hoy protege a los delincuentes y deja a la sociedad a merced de algún fiscal voluntarioso frente a este tipo de delitos. La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país”.

A su vez, Paula Oliveto Lago sostuvo que “son días de revelación. Ahora, por orden de Milei, la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores de dinero. Se caen muchas caretas: no les importa Ficha Limpia ni recuperar lo robado”.

“Que este tiempo de reflexión nos sirva para renacer en la búsqueda de verdad y justicia”, acotó Oliveto.

A su vez, Marcela Campagnoli recordó que “los triunfos e investigaciones que tuvo la UIF cuando querelló, fueron derrotas para los corruptos y narcos”. “Debemos ser guardianes de un Estado obediente a la Constitución y sus leyes. Tenemos que generar ese cambio de conciencia donde la verdad sea un valor, la justicia un fin y la idoneidad técnica y moral para los cargos públicos un requisito habitual”, agregó la diputada de la Coalición Cívica, que agregó que “no solo fueron causas de políticos, sin la intervención UIF por ejemplo, en el proceso el clan Alé (trata de personas) éste hubiese quedado impune”. Y continuó: “O en la causa Luis XV (narcolavado), donde el fiscal fue reportado por su muy cuestionable accionar, y la UIF se presentó y querelló; sino también hubiesen tenido plena impunidad. Es importante poder tener rol de querellante para poder impulsar causas cuando algunos las ‘planchan’”.

En conclusión, agregó la diputada de la CC: “Esta decisión solo beneficia a los corruptos, al poder y al dinero mal habido. Y más aún, es contrario a ‘la lucha contra la corrupción y las castas’, que Milei había asumido frente a la sociedad”.

A su vez, el exdiputado nacional radical Alvaro de Lamadrid habla de “decreto de la impunidad” y sostuvo que con esto “se concreta el anhelo de Barra, Cúneo Libarona y los Milei de quitar facultades de querellar a la UIF, es parte de la "tabula rasa", más ahora que se vienen las elecciones y están comprando dirigentes de todos los partidos, sin importar si delinquieron”.

En vísperas de la sesión convocada para este jueves en la Cámara baja a fin de tratar la reforma electoral, la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) anticipó que su bloque votará en favor de “la suspensión” de las primarias abiertas PASO, pero no por su eliminación porque la consideran “una herramienta importante” para el juego democrático.

“Nosotros vamos a votar la suspensión de las PASO”, afirmó la legisladora en declaraciones radiales, al tiempo que añadió que no están de acuerdo con eliminarlas porque “son una herramienta necesaria e importante que ayuda a ordenar los espacios políticos”.

“A los votantes de nuestro espacio que dicen que hay que eliminar las PASO yo les digo que sin esa herramienta (Mauricio) Macri no hubiera sido elegido como Presidente, hubiera ganado (Daniel) Scioli en las elecciones de 2015”, dijo a modo de ejemplo.

“No me gusta que digan que (las PASO) son un gasto, porque no es un gasto, es una inversión, porque mejorar las herramientas electorales es una inversión, por lo tanto, entre la eliminación y la suspensión prefiero la suspensión”, explicó la diputada de la CC.

Campagnoli calificó como “oportunistas” a algunos espacios que han modificado su posición y han anticipado que votarán por eliminar las PASO, entre los que mencionó a los legisladores que responden a “los gobernadores de Santiago del Estero (Osvaldo Jaldo) o Catamarca (Raúl Jalil)”.

La legisladora sostuvo que estos cambios de posición política ocurren “porque hoy falta una definición de qué es cada espacio. Tenemos radicales ‘con peluca’, tenemos gente del PRO que ya ha anunciado que se va de ese partido. La única que mantiene su lugar y sus convicciones firmes es la CC”, concluyó.

La diputada nacional Marcela Campagnoli y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentan una denuncia por abuso de autoridad por cambiar el consejo directivo del Hospital Garrahan.

La denuncia será presentada este miércoles en los tribunales federales.

En el texto de la misma piden investigar la posible comisión de un abuso de poder por parte del flamante ministro de Salud, Mario Iván Lugones y quienes resulten responsables de los hechos que han tenido lugar en el Hospital Garrahan.

Recuerdan las denunciantes que Lugones, en su calidad de  ministro de Salud habría solicitado el pasado 2 de octubre la renuncia de la totalidad del consejo directivo del hospital, lo que obedecería a la entrega de un “bono” al personal.

Dicha orden habría sido emitida directamente por Lugones -en anuencia con sus superiores- con motivo de que dicho bono (que es una facultad discrecional del consejo directivo) no habría sido consultado con él en su calidad de máxima autoridad de la cartera.

Lo cierto es que dicha suma obedecería a una cantidad que habitualmente se le entrega a los profesionales de la salud que prestan funciones en el mencionado nosocomio, la que obedecería al excesivo trabajo y los bajos sueldos que estos cobran por sus funciones, reza la denuncia, que aclara que dicha suma proviene de un fondo que el consejo administra y del cual puede decidir discrecionalmente y sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

Asimismo se aclara que “dicha suma no corresponde a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de Salud nacional”.

Según Campagnoli y Carrió, “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión claramente arbitraria  y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo, posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios, ya que se ha recortado el presupuesto de Salud”.

Tras su constitución, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Arabia Saudita, presidido por la diputada Marcela Campagnoli (CC), recibió la visita de su embajador en el país, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri.

En el inicio de la jornada, Marcela Campagnoli celebró el encuentro y el diálogo mutuo: "Representa los lazos profundos que unen a nuestros pueblos”. En este sentido destacó el rol y la importancia de la diplomacia parlamentaria.

“Queremos fortalecer esos lazos de amistad creando puentes de cooperación en economía, cultura, para lograr la expansión bilateral del comercio”, agregó la titular del GPA.  “Tenemos mucho para complementarnos", concluyó.

A su turno, el embajador afirmó que “existen muchas áreas en las que podemos trabajar en conjunto”. “En Argentina hay muchas oportunidades”, concluyó.

Además, en Julio de este año, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo un encuentro con el embajador del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri.

El GPA con el Reino de Arabia Saudita está integrado por los diputados Nicolás Emma y Marcela Pagano (La Libertad Avanza); Hernán Lombardi y Martín Maquieyra (Pro); Pablo Juliano (UCR), Oscar Zago (MID), José Garrido (Por Santa Cruz); María Ávila, Tanya Bertoldi, Roxana Monzón, Blanca Osuna, y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria).

Estuvieron presentes en el encuentro Leandro Abennante, de la dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio RREE y Culto; la directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Términes; la coordinadora de los GPA de la Cámara de Diputados, Patricia Cardo.

No es un tema nuevo, pero sí creciente. Tanto que ha motivado que este año la Cámara de Diputados se haya abocado de lleno al análisis del tema, al punto tal que en lo que va del año se han desarrollado ya cinco reuniones de comisión para debatir los proyectos que existen sobre esta cuestión. Como así también  se han involucrado cuatro comisiones, lo que da cuenta de la importancia que le están dando los legisladores nacionales al problema de la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas.

Y tal es la atención que el asunto ha generado en el ámbito legislativo que los múltiples proyectos que existen sobre el mismo están siendo analizados en el marco de plenarios. Lo cual indica que hay una decisión política de buena parte de los legisladores de dar los pasos necesarios para avanzar en una legislación que intente al menos poner en caja la industria del juego y las apuestas. Un negocio que crece de manera exponencial, como ya veremos a lo largo de este informe.

Autora del primer proyecto presentado en esta materia de los que tienen estado parlamentario, la diputada Marcela Campagnoli contó de qué manera se involucró de manera personal en este debate. Ella trabaja desde hace bastante tiempo con el tema de salud mental y sobre ese tema participó el año pasado de una reunión del Consejo Social en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el mismo era presidido por Cynthia Hotton, junto con las integrantes de La Madre Marcha, una entidad que preside Marina Charpentier, mamá del músico Chano, que se ocupa de ayudar a las familias y busca cambiar algunos artículos de la Ley de Salud Mental vigente. “Ahí alguien me comentó lo que estaba pasando con el tema de las ludopatías”, recordó, para admitir que advirtió que el problema también lo involucraba.

Su hijo menor, de poco más de 20 años, solía estar pegado al celular y ante su consulta minimizaba la situación argumentando que si bien estaba haciendo apuestas online, debía quedarse tranquila pues era “poca plata”. “Sí, poca plata, ¿pero cuántas veces?”, replicó, recordando que solía verlo así. Eso que para entonces era una adicción creciente, pudo ser controlado. “El abandonó el juego y pudo ser ejemplo para sus amigos”, recuerda la diputada de la Coalición Cívica, que a partir de su experiencia personal presentó su primer proyecto para restringir las apuestas online. “Porque empecé a prestar atención y era un bombardeo constante de publicidad, no solo en el colectivo, el subte, la tele y las camisetas de fútbol, sino que yo me metía en el diario online y aparecían diez segundos de publicidad”, comentó a Parlamentario, detallando que en esa publicidad se ofrecen bonos de recompensa para quien se registre y pueda empezar a apostar con esos bonos, que previsiblemente son los que generan después la adicción.

“Porque vos primero jugás con eso y después tenés que jugar con la tuya”, ejemplifica Campagnoli, que lo habló con psicólogos advierten que la pantalla está diseñada de modo tal que pueda capturar la atención sobre todo de los más jóvenes, que son los más vulnerables. El placer se genera por el solo hecho de jugar; no importa si uno gana o pierde; el valor es estar allí, jugando. No importa si el equipo de fútbol al que uno apuesta está ganando o no, sino que el placer irresistible está puesto en apostar.

Decíamos que el problema de la ludopatía no es nuevo. En el Congreso hay 158 proyectos sobre el tema, siendo el más antiguo el que en abril de 2005 presentó el diputado peronista fueguino Miguel Angel Baigorria para crear el Régimen de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Un mes después, el entonces senador Miguel Angel Pichetto presentaba un proyecto para modificar el inciso 1 del artículo 152 bis del Código Civil, sugiriendo la inhabilitación judicial de los ludópatas. Una condición que antes se limitaba a “los ebrios habituales” y a “los consumidores de estupefacientes”.

Pero ya en 2014 un grupo de diputados de Unen organizó una jornada sobre el juego y la ludopatía en Diputados, denominado “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales”. Entre otros, participaron de ese evento Margarita Stolbizer y los entonces diputados Virginia Linares, Ricardo Cuccovillo, Gabriela Troiano, Marcelo Díaz, Ricardo Vago y Miguel Bazze. También estuvieron presentes los periodistas Federico Poore y Ramón Indart, que expusieron sobre su libro “El poder del juego”. Por entonces, Stolbizer señalaba que “la ludopatía no reconoce clases sociales, pero es en los barrios de sectores más vulnerables, donde proliferan las salas de juego. La provincia de Buenos Aires es una sala a juego a cielo abierto”.

El evento denominado “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales” celebrado en 2014.

Los periodistas Poore e Indart señalaron que el negocio generaba 125 mil millones de pesos (cifra del 2013) y eso equivalía entonces a la recaudación de impuestos del Gobierno nacional durante un mes y medio. También señalaron que según su investigación las salas en todo el país ascendían entonces a 502 y que el tesoro de la actividad estaba en las tragamonedas, permitidas a partir de 1998. Ambos coincidieron con el resto de los expositores, en que no soluciona prohibir el juego, sino que se lo debe controlar, reordenarlo. Dando reglas, dosificando la oferta y considerando las consecuencias que trae en la población vulnerable.

También hubo testimonios de miembros de ONGs que atienden a los adictos. Se refirieron a las circunstancias emocionales de quienes caen en estas conductas y las consecuencias en su grupo familiar Señalaron que la proliferación de salas atentaban contra la red social. El bingo, es un “no lugar”, que contribuye a la ruptura de los lazos con la familia y con el resto de la sociedad. El Estado y las empresas deben asumir su parte de la responsabilidad. Por último, hubo una referencia a la publicidad: “Debe ser una actividad tolerada, pero no promovida”. Y hubo un capítulo para los juegos online, apuestas no reguladas que iban adquiriendo protagonismo.

Esto se hablaba hace exactamente una década. Hoy ya no hay que desplazarse hasta el casino o el bingo: alcanza con encender el celular. “No hay actividad que crezca al 150% anual”, advierte el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, vicepresidente segundo de la Comisión de Prevención de Adicciones, quien pone la lupa en otras cifras que grafican el auge del juego: “De las empresas legales, la número 1 invirtió en publicidad en 2022 16,5 millones de pesos; en 2023, 948 millones. Y en 2024 proyecta invertir 7.500 millones de pesos”.

El fenómeno es mundial. Un informe Global Online Gambling Market detalla que los juegos de azar online crecen a pasos agigantados, con una recaudación en 2020 de 65.316 millones de dólares; unos 87.910 millones en 2023 y se proyecta que para 2027 serán al menos 130.000 millones.

Media sanción en el Senado

El 8 de noviembre de 2018 obtuvo dictamen en la Comisión de Salud de la Nación un proyecto sobre prevención de la ludopatía, proveniente de la fusión de dos iniciativas presentadas por la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez y el jujeño Mario Fiad, cuyo objetivo era prevenir el juego compulsivo y ofrecer a las personas información para su ayuda. También regulaba las salas de juego de azar y casinos de manera tal que sean actores esenciales y coadyuven en la tarea de prevención. “La ludopatía tiene graves consecuencias individuales, familiares y sociales, que impactan en la persona, pero también generan ruptura de vínculos, depresión, pérdida de bienes y en muchos casos, hasta del trabajo”, precisó ese día Fiad, presidente de la Comisión de Salud, que agregó que “a nivel nacional el problema carece de un marco jurídico, y esta orfandad le resta visibilidad a la problemática que resulta una cuestión de salud pública”.

El 20 de marzo de 2019 el proyecto obtuvo media sanción. La iniciativa, que implementaba además una línea telefónica gratuita y la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, no fue tratado en Diputados y perdió estado parlamentario.

Un debate avanzado

Ex secretaria de Educación en Pilar, Marcela Campagnoli mantuvo un vínculo con docentes y rectores de colegios que la convocaron a charlar sobre el tema, al haber detectado que los chicos no estaban yendo al comedor. Cuando consultaron a los padres, ellos dijeron que les transferían todos los días a la billetera virtual dinero para el comedor. “Ahí yo digo: ‘Follow the money’… y este dinero iba a las apuestas, no iba al comedor”, cuenta la diputada de la Coalición Cívica, que fue convocada para dar charlas en colegios sobre este tema.

“Yo siempre digo que los padres somos autoridad, no somos pares; también tenemos que ponerles un horario de pantalla… decirles que tienen que bajar a cenar, que no pueden quedarse en el cuarto. Hay un montón de cosas que uno tal vez ha naturalizado, y nosotros como padres tenemos una responsabilidad para que esto no se transformen un juego compulsivo -señaló Campagnoli a Parlamentario-. ¿Porque qué es lo que le pasa al ludópata? Empieza a aislarse, engaña, miente… Porque necesita conseguir dinero; piensa que le va a ganar al juego y sigue apostando, pensando que va a recuperar lo que perdió”.

La diputada habla de casos de chicos con mucha depresión, porque empiezan a aislarse de sus hábitos saludables, de su entorno, de sus familias. Mienten y la mentira los lleva a aislarse y hay casos de jóvenes que se han quitado la vida porque no han podido sostener ni la mentira ni las deudas que les generan no solo las apuestas legales, sino también las ilegales, que han crecido mucho.

“Qué es lo que le pasa al ludópata? Empieza a aislarse, engaña, miente… Porque necesita conseguir dinero; piensa que le va a ganar al juego y sigue apostando, pensando que va a recuperar lo que perdió”, señala Marcela Campagnoli.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), anunció el 14 de mayo pasado la realización de una serie de reuniones informativas para tratar el tema del juego online. “Es un tema que está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, señaló Frade.

En esa oportunidad, y de cara al debate por delante, el presidente del bloque Unión Federal, Germán Martínez, pidió atender una cuestión administrativa como era la de los giros de los proyectos sobre apuestas online, pues se hacían a numerosas comisiones. Por eso recomendó que cuando arrancara el debate se hiciera una tarea administrativa para ordenar y agilizar el mismo. “Lo vamos a hacer”, garantizó Frade. “Incluso vamos a hacer reuniones conjuntas con otras comisiones para avanzar rápido con eso”.

Mónica Frade lidera la comisión cabecera del debate sobre el tema.

Y así se hizo, pues se realizaron tres reuniones más, dos de ellas a modo de plenario, con la participación, además de Prevención de Adicciones, de Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Durante el primer encuentro celebrado por esas comisiones, Karina Banfi pidió sumar a la Comisión de Familias, premisa en la que también insiste Marcela Campagnoli, porque le parece que “es fundamental que esté en este plenario. Me dicen que son demasiadas, no dictaminás nunca… Pero bueno, bajemos alguna, es importante que esté familia… Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”.

Con ese diagnóstico coincide la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, pero suma también a la Comisión de Educación, porque “los más perjudicados y vulnerables son los niños”.

Marisa Graham explica que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla utilizando las debilidades de los niños y adolescentes”.

No obstante difícilmente haya un cambio en ese sentido. Respecto de la Comisión de Familias, Mónica Frade señaló a este medio que “ellos tienen segunda competencia. Nosotros ya estamos trabajando desde el inicio 4 comisiones juntas, así que luego el dictamen pasará a la Comisión de Familia”.

El 28 de mayo, la Comisión de Prevención de Adicciones realizó una nueva reunión en la que expusieron los autores de las iniciativas puestas a consideración. Al cierre del encuentro, Frade expresó: “Vamos a sacar una ley buena que nos va a representar a todos pateando el hormiguero que hay que patear, y los clubes de fútbol también tienen mucho que explicar sobre esto”.

La diputada de Unión por la Patria Constanza Alonso alertó: “Esto está calando muy profundo, es una preocupación en las instituciones educativas y deportivas. Las autoridades se nos acercaron a contarnos que chicos de 14 o 15 años apostaban en el aula”.

“Es una problemática que no tiene mucha difusión entre los adultos, pero entre los chicos ha penetrado muy fuerte y en todos los grupos de jóvenes del país hay alguien que está apostando con distintos niveles de problemas”, señaló y sumó que los casinos y las apuestas “hoy están en todos lados. Antes había un límite de edad de 18 años y de horarios, pero ahora está al alcance de todos y con un clic al entrar a las plataformas legales e ilegales que no tienen ninguna restricción para su acceso”.

Alonso detalló que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía y alertó que “es la única cifra oficial y no hay aún cifras oficiales sobre la ciberludopatía infanto-juvenil”.

“El proyecto que presentamos es muy prohibitivo porque buscamos una restricción total de la publicidad en todos los medios de comunicación, tanto visuales como plataformas. Esto está muy extendido incluso en el fútbol hay publicidades en los clubes de fútbol. Esto tiene que ver con la salud mental de los jóvenes por la naturalidad que dan las publicidades y tenemos que regularlo y el Estado tiene que tener algo para decir”, explicó y precisó que “las violaciones a la ley sean sancionadas con multas y con suspensiones de licencias de las casas de apuestas online”.

A su turno, la radical Marcela Antola planteó que “el diagnóstico en las escuelas es fundamental, hay que tratar el tema porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.

El pampeano Martín Maquieyra (Pro) comentó: “En el proyecto legislamos con respecto a las apuestas en general, planteando todas las edades, abordando el tema con campañas de concientización en medios, con la creación de una línea telefónica, con un registro de autoexclusión”.

“Los proyectos son muy buenos, han tocado todo el espectro y tenemos una gran oportunidad. En la parte de ilegalidad nuestro Código Penal solo tiene una regulación que es deficitaria en el art. 301 bis”, analizó el bonaerense Ramiro Gutiérrez (UP), en tanto que la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá opinó: “Acá el primer problema es que hace poco habilitaron entre otras cosas las apuestas deportivas online. Todos los gobiernos han ido habilitando primero los casinos, luego los bingos, por el enorme negocio que esto significa”.

El 11 de junio pasado, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la radical Roxana Reyes, realizó su propia reunión informativa para analizar el auge de la ludopatía en niños y adolescentes. Es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”, alertó la diputada santacruceña.

Gabriela Brouwer de Koning puso énfasis en la falta de estadísticas oficiales sobre el tema, pero destacó hay algunas consultoras que se han abocado al tema, revelando “datos son alarmantes”. Según la consultora Opina Argentina, 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% habla de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

Desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. “Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema,” enfatizó Watcher.

La diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a Internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Morán afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

El trabajo en el plenario

Ese mismo 11 de junio el tema comenzó a ser abordado en el marco de un plenario en el que además de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico participaron Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Ese día expusieron más de una decena de especialistas, y en ese marco el exdiputado nacional Gabriel Mraida -actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA-, llamó a la ludopatía online “pandemia silenciosa”.

Afirmó que “hay preponderancia en el AMBA y en estratos socioeconómicos más bajos, hubo un aumento en el componente ilegal y existen 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales”. “Antes la esquina representaba el lugar de consumo, hoy es el sillón de la casa”, expresó.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo hincapié en la atracción a través de la publicidad vía redes sociales y señaló que la problemática se inicia con la posibilidad de registrarse en billeteras virtuales a una temprana edad, 13 años.

Del mismo modo, apuntó contra el contenido de la red social Instagram como “la principal fuente de invitación a menores sobre el juego para empezar a participar”. Señaló, en tal sentido, que las publicidades son “atractivas con el diseño sobre estética publicitaria”, y afirmó que “el 30% de los jóvenes apuestan más de dos veces por semana”.

Por otro lado, amplió, a través de una serie de diapositivas, que las principales firmas de apuestas online han invertido más de 11 millones de pesos en publicidad desde el 2021. También, relacionó el comienzo de la problemática a que “hay un celular por persona y la utilización comienza en los ocho años”.

Uno de los miembros de la Cámara Argentina Fintech, Santiago Serra, habló del mecanismo que rechaza las inscripciones de menores de edad en sitios web de apuestas online: “Se detectan los concentradores porque son personas mayores de edad que reciben muchas trasferencias y luego las depositan en sitios web de casas de apuestas”.

A modo de testimonio personal, el tenista Nicolás Kicker relató una vivencia que atravesó en el pasado con relación a las casas de apuestas: “Fui a un torneo en Barranquilla y había tenido contacto con apostadores que me ofrecían plata por perder partidos”.

Y agregó: “Mi carrera no iba bien y cuando me volvieron hacer el contacto, acepté la propuesta. Me dejé ganar el partido porque me ofrecían mucho más dinero del que hubiese ganado si salía campeón del torneo”. “El camino fácil salió mal”, expresó el deportista tras relatar que fue procesado por la justicia por lo ocurrido en esa ocasión.

En representación del Faro Digital, Milagros Schroeder, se refirió a la problemática a partir de las adolescencias y remarcó que “es en el ecosistema de las redes sociales, a través de influencers, que los jóvenes son atraídos al mundo del juego”. En esa línea, manifestó que “es esencial reconocer que somos vulnerables a explotar nuestras debilidades”, y añadió que “la ludopatía es una emergencia social”.

Especialista en Adicciones, el psicólogo Claudio Grecco llamó a la problemática de las ciberapuestas como “pandemia narco tecnológica”, y explicó que “la ciberludopatía tiene un marketing científico porque es el entrenamiento para ganar y luego perder”.

“Nadie pierde al principio y el cerebro reconoce el estímulo de ganar”, agregó Grecco, quien sugirió que “la ciberludopatía y el consumo problemático de sustancias deben ser políticas de Estado”. “Los jóvenes apuestan en pijama desde la cama y un cerebro entrenado es un cerebro compulsivo”, cerró.

El columnista en tecnología del canal TN Julio López amplió que “el juego regulado es todo lo que ocurre en los dominios Bet.Ar, que significa visibilidad buena, y el juego no regulado son los chicos jugando en las redes sociales”. En tal sentido, mencionó la relación de la difusión del juego por medio de los influencers y propuso copiar medidas españolas respecto a no realizar contenido audiovisual vinculado al juego, ni tampoco instructivos que tengan relación.

Estuvieron invitados al megaplenario un integrante de un cuerpo docente de una escuela secundaria de Quilmes y algunos estudiantes. El docente relató una experiencia sobre un alumno que reconoció “estar en la timba”, y luego le confesó al profesor que “dejé porque al principio ganaba y después perdí todo”.

Del mismo, los alumnos exigieron “empezar a contrarrestar la publicidad silenciosa”, y afirmaron que los jóvenes son atraídos para trabajar como cajeros de casino abiertos a los 15 años. “Amigos y conocidos en algún momento apostaron o apuestan”, aseveró una joven.

Por último, jóvenes integrantes de Chicos Net, una ONG que promueve los derechos del niño, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales, detallaron que la problemática nace muchas veces en “los problemas socioeconómicos donde a las familias no les alcanza la plata, por ende, no alcanza la mensualidad para los chicos y el juego parece que sea una salida fácil”.

Y un día apareció el VAR

Durante una de las jornadas realizadas en Diputados, intervino Víctor Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte, que habló de una “triada” de herramientas fundamentales para lograr sus “nefastos objetivos”. Hablaba de las Sociedades Anónimas Deportivas, el juego online y el VAR. Sobre este último dijo que ese elemento “que venía a imponer justicia en el fútbol, parece que solo llegó para alentar las apuestas online. Especialmente cuando vemos las grandes demoras de tiempo para verificar una sanción… y que esto coincide casualmente con la suba del volumen de apuestas que se realizan”

Cómo sigue

Entrevistada por Parlamentario, la diputada Mónica Frade anticipó que el 9 de agosto se realizará una última reunión informativa de las cuatro comisiones que están trabajando de manera conjunta. Paralelamente informó que “nos estamos reuniendo con loterías, con billeteras virtuales. Estamos interiorizándonos de los avances que están haciendo en sus respectivas áreas, y vamos a tratar de consensuar un dictamen único”.

Se sigue trabajando y ha habido reuniones con representantes de Mercado Libre, quienes contaron haber bloqueado a 12 mil jóvenes que intentaron mandar dinero a apuestas online, como así también detectaron algunos sitios ilegales. Los menores, a partir de los 13 años pueden tener una billetera virtual con autorización de los padres.

“Hay muchos denominadores comunes respecto a la publicidad, respecto a las alertas que hay que adoptar y mecanismos y filtros para los menores”, agregó.

Negó haber recibido presión de algún tipo de lobby y consideró “muy importante haber escuchado y estar escuchando a todos los sectores que participan en este tema. Incluso ludópatas, chicos que en tiempo real nos cuentan cómo es la experiencia, así que esto nos da un acabado panorama no solo de la gravedad de la situación actual, sino de lo que habría que incorporar en una norma para tratar de prevenir el juego clandestino y desincentivar también las apuestas online del juego legal, por supuesto”.

La idea de los legisladores es dictaminar este año, para que pueda pasar al Senado. En líneas generales, todos los legisladores apuntan a lo mismo: a controlar el juego compulsivo. ¿De qué manera? Con concientización, restringiendo la publicidad y los medios de pago. Todos coinciden en que tiene que haber un registro biométrico de la persona, para estar seguros de que el que apuesta no sea un menor. Así y todo, por más que el que juega sea un adulto, que la sesión online se pueda cerrar y el que apuesta pueda tener alertas sobre el tiempo que lleva en pantalla.

Todos coinciden también en que no puede haber publicidad en el deporte; no puede haber influencers. Que no haya publicidad asociando las apuestas online con el deporte. Eso es a grandes rasgos en lo que todos coinciden.

El pasado 3 de julio fue presentado un proyecto de declaración expresando el reconocimiento a las autoridades del club Vélez Sarsfield, que dio de baja un contrato millonario de publicidad de apuestas online en sus camisetas. El proyecto fue encabezado por Marcela Campagnoli, pero lo firmaron también miembros de UP, el Pro, La Libertad Avanza. “Fue bien transversal”, remarcó la autora, que agregó que “justamente lo presentamos para demostrar que estamos todos metidos en el objetivo de combatir esto que es perjudicial para los jóvenes, pero también para adultos, y así como pasó con el tabaco, queremos que pase con las apuestas online”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

CASTA DE LA CASTA #LijoNo pic.twitter.com/e9NWkT70q2

— maxi ferraro (@maxiferraro) April 15, 2024

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que evalúe la conducta del presidente saliente Alberto Fernández para determinar si le corresponde la pensión vitalicia de para los exmandatarios.

Mediante una presentación ante la fiscalía especializada, Campagnoli reclamó que se determine "la carencia de honorabilidad en relación a la futura solicitud de Asignación Mensual y Vitalicia que establece la Ley 24.018".

La legisladora de la Coalición Cívica enumeró entre las razones para restringir el derecho a esa pensión vitalicia el "incumplimiento de los deberes de funcionario público al infringir el ejercicio del cargo de presidente de la Nación al seguir ostentando el cargo de docente universitario". Además, le reprochó la "violación de la Ley de Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético" a raíz de las causas judiciales a las que identificó como "vacunatorio VIP y Fiesta de Olivos".

Campagnoli también remarcó la "inobservancia de la Constitución Nacional en cuanto a la designación de magistrados del Poder Judicial" de Fernández y la "delegación de facultades de presidente a un ministro", en tácita alusión a Sergio Massa.

Finalmente, argumentó sobre "la utilización por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal". A partir de la presentación la PIA debe evaluar si promueve o no una acción judicial.

Hace pocos días trascendió la noticia de que el femicida de Cecilia Strzyzowski en Chaco, César Sena, habría declarado autopercibirse mujer para evitar la condena por femicidio y ser trasladado a un penal de mujeres. No fue el primer caso; de hecho, la justicia ha tenido que pronunciarse ya sobre algún otro.

Por ejemplo rechazando el caso de Jonathan Luna, el asesino de la nena de 12 años Micaela Ortega, en 2016, nada menos que quien dio su noimbre a la ley de prevención del grooming. Hace pocos meses, Jonathan Luna, quien ahora se hace llamar Yoana y está detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, en un pabellón destinado a personas con diversidad de género, comenzó a presentar escritos ante la justicia para que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Y en ese marco, los abogados de Luna pidieron cambiar la carátula del crimen que cometió para que pase de ser femicidio a ser homicidio simple, por su condición de sentirse mujer.

Es más, el 14 de abril de este año, un hombre imputado de femicidio contra una mujer brasileña en Bariloche, Fernando Alves Ferreira, dijo en una audiencia de control de acusación que se autopercibe mujer y pidió que se le modifique la carátula de la causa.

Ante esta situación, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 26.763 de Identidad de Género a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género para que no sea favorecido judicialmente.

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) busca modificar el artículo 7 de la Ley de Género y plantea que establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.

Al respecto, advierte que la normativa vigente “nada señala en relación a los casos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, si con posterioridad al hecho en cuestión la persona decide modificar su género”.

“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, argumenta y suma: “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio, la persona haya modificado su género”.

También plantea que “el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del mismo, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haberse cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que en modo alguno desaparece por el mero hecho de modificarse con posterioridad condiciones subjetivas vinculadas con la percepción del género de quien ha cometido un delito. El plexo normativo debe tener coherencia de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”.

“Una visión coherente y completa del ordenamiento jurídico nos interpela a modificar la Ley de Identidad de género para dejar a salvo la responsabilidad de quien, portando un género cometió un delito de femicidio y/o violencia de género y luego rectifica su género. Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, reitera.

Y finaliza: “A fin de garantizar que quienes cometen un femicidio o hechos de violencia de género no puedan esgrimir luego que, dada la rectificación del mismo, ya no portan el género que tenían al momento de ocurrir el hecho en cuestión”.

La iniciativa es acompañada por Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, Roberto Sánchez, Ingrid Jetter, Gabriela Lena, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey, Karina Bachey, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata y Lidia Ascárate.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC – ARI) cuestionó el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó en la reapertura del ramal Rosario a Cañada de Gómez. “Pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”, le recordó la legisladora a través de las redes.

Mediante su cuenta de Twitter, Campagnoli tildó el discurso del presidente como “papelonezco” en la re inauguración del tren en Cañada de Gómez, ya que “pondera la gestión K en los trenes. Olvida que Menem fue socio de los K, y lo peor, olvida la tragedia de Once y otras durante gestión K”, y le pidió que “vuelva al placard”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Transporte, Alexis Guerrera, en el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe.

“El tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país”, expresó Fernández y agregó: “El tren nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar”.

Y señaló: “Hemos pasado años muy difíciles, pero por delante tenemos un futuro promisorio. El tren nos da cuenta de ese futuro donde debemos conectarnos más".

Los legisladores de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli ampliaron la denuncia contra el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo, e incorporaron al ex secretario Guillermo Hang, por entender que continuó con el mecanismo irregular de beneficios económicos a la firma “Molinos Cañuelas”, con millonarios subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Además, solicitaron que la Justicia dicte una medida cautelar para detener el giro de fondos.

Bugallo y Campagnoli volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar la denuncia iniciada el mes pasado contra Feletti, a quien acusaron de favorecer a Molinos Cañuelas con subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo, creado para “contener el alza de precios internacional de los cereales”. El fondo es financiado con nuevos impuestos al aceite y derivados de la soja.

Ahora, la diputada nacional y el legislador provincial de la CC ARI señalaron que durante la breve gestión de Guillermo Hang al frente de la Secretaría de Comercio, “se continuó girando millonarios fondos a una empresa concursada, que claramente no cumple con los requisitos para contratar con el Estado y, en su paso por la administración pública, no hizo nada para transparentar ni para frenar el envío de dinero. Por eso también lo hemos incorporado a nuestra denuncia”, aseguraron.

“Como ya hemos denunciado con anterioridad, muy alejado del supuesto propósito, los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molinos Cañuelas, otorgando 'compensaciones' del Estado Nacional, a través de un festival de subsidios con la excusa de disminuir el valor de mercado de la harina”, indicaron.

En otros de los puntos señalados por la querella, Bugallo y Campagnoli refieren que “originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora `los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional’, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada”.

Para la diputada nacional Campagnoli, “sería un disparate que el gobierno siga girando esas sumas exorbitantes a Cañuelas, más aún cuando ya se encuentra un juez y un fiscal investigando la causa, y han imputado al ex secretario Feletti”.

Por su parte, el legislador provincial dijo que “es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molinos Cañuelas, con el único objeto de 'rescatarlos de la quiebra', generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas, viene directamente del Instituto Patria y de uno de los principales operadores del molino, hoy al frente de FAIM”.

“La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo, les vino como anillo al dedo, pero no es más que una brutal mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan, están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro”, describió Bugallo.

Finalmente, los diputados de la CC ARI solicitaron a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la transferencia de dinero “a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas públicas a empresas que se encuentran en flagrante violación de los requisitos para contratar con el Estado”.

En el marco de los 11 años de su sanción, el senador nacional Mario Fiad (UCR-JxC) y la diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-JxC) realizaron una nueva jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental para analizar su aplicación y funcionamiento.

El evento, realizado en el Salón Auditorio del Anexo del Senado, contó con dos paneles de expertos integrados por el doctor Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; el doctor Hugo Cohen, exasesor de salud mental en la OMS; el licenciado Claudio Grecco, Magíster en Adicciones; Stella Maurig, operadora socioterapéutica; la doctora Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA; el doctor André Blake, médico especialista en psiquiatría y salud pública; el doctor Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores; y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia.

Al respecto, Fiad expresó: “Organizamos este ciclo de jornadas ante la necesidad evidente de una evaluación de la trayectoria de la ley, qué avances significativos propició, y cuáles son los aspectos que hay que revisar. Al día de hoy, ya han pasado más de 20 expositores de larga experiencia en el tema para contar su visión”.

La ley de Salud Mental se aprobó en noviembre de 2010 y, a la fecha, "sigue generando polémica respecto al texto de la norma y a su implementación", consideran los impulsores de la jornada. Este es el tercer encuentro que realizan con el objetivo de trabajar en posibles modificaciones al texto vigente. Los anteriores tuvieron lugar el 28 de marzo y 30 de mayo.

“Debemos analizar con seriedad todas las posturas que se han expresado y ver los cambios que hagan falta para contar con una legislación que sea eficiente y aplicable. Seguramente haya muchos proyectos que se sumarán a los ya presentados en el Congreso de la Nación. Hay que trabajar en los puntos en común y llegar a una propuesta seria y consensuada para que normas como estas sean efectivas y no solo una declamación de derechos”, sostuvo el senador radical.

Finalmente, el juejeño agradeció "a los profesionales, familiares de pacientes y representantes de las asociaciones civiles quienes vinieron a enriquecer el debate y nos brindaron las herramientas necesarias para tratar de encontrar las respuestas que pide la sociedad”.

Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, este lunes 4 se desarrollará en el Auditorio del Senado de la Nación, la última jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.

Cabe destacar que será la última jornada en la que se volverá a poner en valor la Ley de Salud Mental y Adicciones aprobada en noviembre del año 2010, con la presencia de legisladores, especialistas en la materia y asociaciones civiles.

En relación a esto, Mario Fiad expresó: “Luego de dos jornadas muy fructíferas, en donde pudimos escuchar diversas posturas de profesionales del sector salud, como también los testimonios de familiares de pacientes, este lunes seguiremos analizando esta ley que sigue generando polémica respecto a su implementación y su funcionamiento”.

En esta tercera ocasión, la jornada estará dividida en dos paneles de cuatro expositores. El primero será encabezado por Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; Hugo Cohen, exasesor de Salud Mental en la OMS, Claudio Grecco; Magister en adicciones, y Stella Maurig, operadora socioterapéutica.

Por su parte, el segundo panel estará integrado por Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA, André Blake, médico especialista en psiquiatría y Salud Pública, Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores, y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas que padecen esquizofrenia.

“No hay duda que en la actualidad el sistema de salud no le está dando respuesta a los pacientes ni a sus familiares. Es por este motivo que empezamos con estas jornadas, para analizar y debatir si el problema es la ley en sí, o es un problema con la  implementación de la misma. A partir de esta tercera jornada sacaremos las conclusiones y trabajaremos en consecuencia para dar respuestas y traer soluciones”, manifestó el legislador jujeño.

Organizada por el senador Mario Fiad (UCR) y la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI), el próximo lunes, a las 14, se llevará a cabo en el Auditorio del Senado de la Nación la segunda “Jornada de reflexión y debate: A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones".

En la actividad participarán diferentes especialistas y entre los expositores también estará Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, quien se encuentra nuevamente internado.

La primera jornada se realizó el pasado 28 de abril, también en el Anexo de la Cámara alta, y contó con la presencia de especialistas del sector, quienes expusieron sobre distintos puntos de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que a más de una década de su aprobación sigue generando polémica respecto a su aplicación y funcionamiento.

En este sentido, Fiad manifestó: “En esta segunda jornada vamos a seguir escuchando a actores que están involucrados y trabajan día a día en esta temática. Es muy importante seguir conociendo las diferentes posturas respecto a esta Ley de Salud Mental y Adicciones, para poder trabajar en las reformas o modificaciones necesarias para que su aplicación y funcionamiento sean realmente efectivas”.

En esta segunda ocasión expondrá el doctor Christian Molina Radio, médico especialista en psiquiatría y maestrando en prevención y asistencia de drogodependencias; el doctor Atilio Álvarez, defensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional en lo Civil; Marina Charpentier, trabajadora social especialista en adicciones y madre del cantante Chano Charpentier; el doctor Agustín Yecora, secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la provincia de Jujuy; el licenciado Ángel Barraco, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental; y el doctor Daniel Navarro, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto-juvenil.

“Es muy importante lograr estos espacios de debate para que los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar su postura y apreciaciones sobre esta ley, que a pesar de haber sido aprobada hace más de once años todavía sigue sin dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias”, finalizó Fiad.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica- Buenos Aires) denunció por “contenido sexual y grosero”, ante la Defensoría del Público, al programa “La puta ama”, conducido por Florencia Peña y emitido por América TV.

La acusación de la legisladora se suma a las críticas que recibió la conductora por el contenido y el lenguaje utilizado al aire. La denuncia apunta particularmente a los “chistes” que realizó la artista durante los primeros dos programas.

“En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé”, dijo la conductora del programa y la legisladora consideró que estos dichos “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y someterse a la voluntad de sus abusadores”.

Campagnoli alegó: “Entendemos que la libertad expresión no puede ser considerada como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagraos en tratados con jerarquía constitucional”.

Además, en el escrito se resalta la importancia que Florencia Peña sea “comunicadora social y una influyente artista”. “Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”, resaltó la diputada en la denuncia, por lo que concluyó: “Yo no le voy a decir a Florencia Peña qué contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explícita desde lo gestual y lo vulgar”.

El documento fue acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio tales como Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó este miércoles una denuncia contra la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, por la “posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de conocerse que más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente, algunos sin haber terminado el secundario, algo exigido por la ley de ingreso al Estado y empleo público.

Por su parte, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y mientras tanto seguirán como monotributistas. "Será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos", señaló el texto oficial.

En ese contexto, la dirigente de la CC-ARI señaló: “No sería la primera irregularidad en la que incurre la directora ejecutiva del PAMI”, y contó: “Con anterioridad hemos hecho un pedido de informe debido a las múltiples contrataciones (más de 470) que se hicieron durante la pandemia".

Dentro de esta última denuncia, resalta que "se ha alterado el orden de transparencia y se busca dar puestos de empleo permanente por un medio que no resulta ser el idóneo" y que "se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública", según se presentó ante la justicia.

Para Campagnoli, el argumento de Volnovich "carece de fundamentos jurídicos, siendo únicamente la justificación a una flagrante violación de los deberes que tiene a su cargo", por lo que pretende que se investigue a fondo lo sucedido.

"Nuestros abuelos merecen personal idóneo para ser atendidos, seguidos, visitados", explicó la diputada. "Hay que terminar con la improvisación en reparticiones tan caras a la condición humana como lo es el PAMI”, sentenció.

Cabe recordar que en el mes de enero la funcionaria camporista estuvo envuelta en otra polémica, ya que se fue de vacaciones al Caribe junto a Martín Rodríguez -segundo en el organigrama del PAMI- hecho que fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Fernando Iglesias y Marcela Campagnoli, presentaron un proyecto de resolución solicitando el reemplazo inmediato del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, ya que argumentaron que “no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como embajador”.

"Repudiar las expresiones realizadas por el señor embajador Ariel Basteiro, a cargo de la Embajada de Argentina en la República de Bolivia en el acto llevado a cabo el jueves 24 de noviembre relativas a cuestiones y liderazgos partidarios internos de dicho Estado e instar al Poder Ejecutivo su inmediato reemplazo", fundamentan en el cuerpo del texto.

En tanto, la legisladora Lehmann sustentó que el Poder Ejecutivo “ha esgrimido repetidamente el argumento de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países para evitar fijar una posición ante los repetidos atropellos contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua que fueron condenados en gran parte del mundo”.

"Si hay algo que no admite lugar a dudas es que un diplomático (Basteiro) no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como Embajador, de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, a que intervino en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia", afirmó en relación a la participación de Basteiro al reencuentro de la marcha política del MAS para expresar su apoyo en defensa de la democracia y los valores que llevaron a Evo Morales al Gobierno en 2005.

“Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”, dijo este jueves el exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan, ante lo cual la oposición reaccionó de manera airada.

El titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, disparó: “No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”.

Para el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del

Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde ese sector, la diputada provincial Maricel Etchecoin estimó que “la dignidad de los argentinos no se compra ‘con un poco de platita’. La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen”.

Para Luis Petri, “siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

A su vez, la diputada del Pro Dina Rezinovsky consideró que en el oficialismo "no entendieron el cansancio de la gente. Creen que en la PASO la gente no los eligió solo por el bolsillo. Se olvidan los miles de muertos, las violaciones a los DDHH y las libertades. Se olvidan del año sin escuela de los pibes".

Por su parte, la diputada nacional Marcela Campagnoli advirtió que “la gente no es solo estomago y bolsillo para llenarlos. También tienen sueños, dignidad, emociones y afectos que ustedes destruyeron. El discurso es inclusivo pero la realidad es excluyente, y la gente se cansó del relato y de que la usen. Un poco de respeto”.

“Habría que avisarle a Daniel Gollan que deje de subestimar a la gente, que demostró en las PASO estar cansada de un gobierno hipócrita e incompetente. El dolor causado por las muertes de la pésima gestión sanitaria de su gobierno no se arregla con ‘más platita en el bolsillo’”, expresó por su parte la diputada radical Mercedes Joury.

“El desprecio por el pueblo al que creen encarnar es ya patético. Los ciudadanos son tontitos a los que se los manipula fácil con un chupetín de papel pintado, aunque después los perjudique la inflación. Populismo de manual”, resumió el diputado Jorge Enríquez.

“Considerar que la foto de la fiesta de Olivos hubiera molestado menos con más 'platita' en el bolsillo, como afirmó el ministro de Kicillof, que abandonó su cargo en salud para ser candidato, es no tener valores morales y despreciar el sufrimiento de la gente”, señaló por su parte el diputado Miguel Bazze.

A su vez, Paula Oliveto reaccionó así: “Cómo subestima el kirchnerismo al pueblo. ¿Cuánto vale que tus hijos no hayan ido al colegio? ¿Cuánto sale que nadie haya podido despedir a sus muertos? ¿Cuánto vale el cierre del negocio? ¿Cuánto sale el robo a las vacunas? Los valores no están en el mercado. No se venden”.

En tanto que la diputada mendocina Claudia Najul consideró que “Gollan cree que los argentinos tenemos valores y una moral condicionada por el bolsillo. No todos somos como vos, Gollan, hay una mayoría honesta y digna que no tolera mediocres como vos”.

El jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, apuntó por su parte: “Miles de argentinos vieron morir a sus familiares sin siquiera poder despedirlos. Mientras tanto, en Olivos hacían fiestas y vacunaban a sus amigos. Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que el enojo es por la ‘platita’”.

En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Alicia Fregonese, que señaló: “La derrota electoral desnuda sus valores, creen que todo es cuestión de dinero. El dolor de los familiares de los 115 mil muertos por COVID no se soluciona con ‘platita’. Los argentinos no tenemos precio. Estamos hartos de la corrupción”.

“Cuando lo único que te importa es la "platita" y crees que todos son iguales a vos... Le cuento, candidato, que aunque usted no la tenga...la dignidad existe”, expresó a su vez la diputada María Luján Rey.

Un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli (Coalición Cívica/ARI – Buenos Aires) presentó y proyecto de declaración expresando la preocupación por “la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan los miles de argentinos varados en el exterior” a raíz del DNU que dispuso que hasta el día 9 de julio próximo haya restricciones a los vuelos y un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior.

“La imprevisibilidad y arbitrariedad de la decisión del Gobierno de limitar los pasajeros que pueden ingresar por día al país, llenó de angustia e incertidumbre a cientos de argentinos a lo largo del mundo”, expresó la diputada Campagnoli al presentar su iniciativa.

Agregó la diputada que “aun cuando la gravedad de la pandemia amerita la toma de decisiones inmediatas y urgentes, nunca pueden ser ignorando nuestra Constitución”. En ese marco, sostuvo que “necesitamos certezas, contención, empatía y cuidados. Un Estado impreciso y caprichoso, no es un lujo que podamos darnos”.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el DNU 643/2021 y arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid-19 de manera que se adecuen a la Constitución Nacional y se garantice el ejercicio de los derechos allí contenidos.

Acompañan con sus firmas el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Martín Grande, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Alvaro De Lamadrid, Carla Carrizo, David Schlereth, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Piccolomini, Hernán Berisso y Adriana Cáceres.

Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.

Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva. 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.

“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275.  Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.

Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.

“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.

“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este miércoles un pedido de informes ante el inminente vencimiento del contrato de concesión de la Hidrovía y la creación del Consejo Federal de la vía navegable. “Si tenemos en cuenta el carácter estratégico de los servicios prestados por Hidrovía SA, resulta necesario instruir al Ministerio de Transporte a que adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio de interés público de la navegación de los espacios que actualmente se prestan en el marco del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto N° 253/95 y Actas de renegociación subsiguientes hasta la adjudicación y/o adjudicaciones previstas en el o los respectivos llamados”, indica la iniciativa.

El proyecto de resolución busca solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre el Acuerdo Federal Hidrovía, ante el vencimiento del próximo viernes del llamado a licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de la vía navegable.

“Se desconoce cuál será el destino que se le dará al acuerdo que firmó el Ministerio de Transporte con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para asegurar la transparencia en el proceso licitatorio y de un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA sobre dragado sustentable y competitivo que proponía la incorporación de cláusulas ambientales e industriales”, planteó Campagnoli.

En el proyecto, sostuvo que “el ministro (Mario) Meoni, quien perdiera la vida hace menos de una semana, había trabajado arduamente para lograr que el proceso de licitación se llevara a cabo de la manera más transparente posible, para lo cual había firmado un acuerdo con la OCDE, teniendo en cuenta la importancia y dimensión del negocio si consideramos que por allí circulan millones de toneladas de mercaderías del interior del país que usan esta vía de acceso fluvial, como son los ríos del Plata y Paraná en su camino al mar para ser transportados a distintos países del mundo”.

En ese sentido, la diputada de la CC ARI planteó su incertidumbre respecto a “una demora en el llamado a la nueva licitación y que la transición podría ocasionar pérdidas millonarias a productores agroexportadores y trabajadores de dragado y balizamiento, que a la fecha se desconocen qué medidas se han adoptado al respecto, es que efectuamos el presente pedido de informes”, señala.

En la iniciativa, Campagnoli destaca la importancia de “garantizar la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios comprendidos por el Contrato de Concesión” por lo que, planteó, “corresponde que se efectúe el llamado a licitación para la contratación de los servicios de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal de la Hidrovía”.

El Acuerdo Federal Hidrovía fue suscripto el 28 de agosto de 2020 por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte, y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este viernes un proyecto de ley para que los medios de comunicación difundan contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza de todos los niveles. “En medio de esta preocupante pandemia, tenemos que contribuir a la igualdad de acceso a la educación”, afirmó Campagnoli.

“Con la suspensión de la presencialidad de clases, es urgente compensar la creciente brecha tecnológica y combatir el incremento de la desigualdad social en lo que respecta a la educación”, resaltó la diputada de la CC ARI.

La iniciativa plantea establecer “la obligatoriedad en todo el ámbito de la Nación Argentina, de garantizar la provisión de los contenidos curriculares de todos los niveles de educación a través de los distintos medios de comunicación audiovisual de acuerdo con el carácter de actividad de interés público, fundamental para el desarrollo sociocultural de la población establecido en el art. 2 de la Ley 26522”.

En los fundamentos, sostiene que “la participación de los medios de comunicación en la sociedad del saber es prioritaria y primaria para el desarrollo social” y agrega que “la inclusión orgánica de los medios de comunicación como agentes educativos con niveles concretos de responsabilidad y compromiso concertado con las autoridades educativas nacionales y provinciales de aplicación, regulación y control, es un requerimiento impostergable del Estado de derecho democrático hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”.

En el proyecto también la legisladora remarca que “la continuidad escolar marcó inequidades que existen en Argentina respecto al acceso a Internet, la brecha digital, pero ahora se trasladan de hecho a las inequidades educativas. Por lo tanto, encontramos dos brechas digitales. Los desconectados sin internet, que era visible antes, y los desconectados comunitarios, con internet que no disponen o de computadora o de banda ancha o de ambos, que visibilizó la cuarentena y que permanecerá debido al distanciamiento social”.

“Resulta imperativo identificar otras vías de acceso por parte de los alumnos a los contenidos curriculares”, resalta el texto y agrega que “en el nivel primario hay mayor brecha digital que en el secundario. El 19,5% de los alumnos de sexto grado del nivel primario y 15,9% de los estudiantes del último año del nivel secundario no cuentan con conexión a Internet en su hogar”.

Por último, Campagnoli plantea en el proyecto que “los medios de comunicación estatal deben estar afectados a la educación por medio de la producción y emisión de contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza correspondientes a todos los ciclos”.

Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se llevó a cabo este miércoles un allanamiento en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a raíz de una denuncia de diputadas de la oposición por supuesta “vacunación VIP”.

Efectivos policiales y personal del Juzgado se hicieron presentes en el centro de salud para recolectar información sobre la vacunación que allí tiene lugar, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La denuncia que dio lugar al allanamiento fue realizada por las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Campagnoli contra el diputado provincial y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el funcionario de Florencio Varela Daniel González; el funcionario de Salud de la Nación Arnaldo Medina; el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; y el director del hospital, Ariel Sáez de Guinoa.

Según las legisladoras en la denuncia a la que tuvo acceso NA, el Hospital El Cruce se utilizó para “estas ilegales preferencias” y allí “se vacunó el exintendente de Florencio Varela, hoy diputado provincial Julio César Pereyra”.

“Esa vacunación preferentemente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental, consignando que el nombrado lo hacía como ‘personal de salud’”, expresaron en la denuncia.

Señalaron, a la vez, que “el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales del partido de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado el actual intendente de Berazategui, cuya hija es presidenta del Consejo del Hospital”.

“Lo expuesto conduce a la necesidad de avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital”, agregaron.

Además, existe otra denuncia que indica que en el Hospital El Cruce habrían sido vacunados de manera preferencial integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto para citar a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, a fin de que brinde explicaciones acerca de la información que indica que un funcionario de la TV Pública retiró 4 millones de pesos en efectivo de un banco para financiar una producción televisiva.

Según reveló el diario Clarín, un directivo de la TV Pública -del que no se conoce el nombre ni el cargo- retiró ese monto de forma irregular de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, y afirmó que era para financiar una ficción sobre Manuel Belgrano, tras lo cual las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría interna.

En el proyecto presentado, los diputados de la oposición solicitaron también un detalle de las cuentas bancarias que posee el canal estatal, así como los apoderados y personas autorizadas a realizar movimientos bancarios. Además, pidieron que se haga pública la auditoría y que se informe cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los responsables.

“La máxima autoridad de la TV Pública tiene que dar explicaciones sobre este episodio, porque alguna autoridad tiene que haber avalado la extracción del dinero. Lufrano tiene que transparentar toda la información que tiene al respecto de este hecho, por eso consideramos que es el Congreso el lugar donde tiene que venir a rendir cuentas sobre su gestión”, aseguró Banfi.

La legisladora también recordó la necesidad de completar el directorio de RTA y del ENACOM con representantes de la oposición y advirtió: “El oficialismo no nos permite designar al representante de la UCR en el directorio de ambos organismos. Es una discusión que venimos teniendo hace muchos meses, pero el kirchnerismo no quiere ser controlado en el manejo de los medios públicos, y por eso vemos situaciones como la de este funcionario con dinero público en sus manos”.

Paralelamente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó una nota ante la TV Pública solicitando información sobre el hecho.

Campagnoli pidió “un informe del empleado o autoridad de RTA S.E. que realizó la extracción; qué empleado o autoridad tuvo en su poder y/o custodió el dinero desde el día que se retiró; qué directivo o autoridad autorizó la extracción del dinero; cuántos juicios existen, en la actualidad en trámite, en los que el ANSES fuese demandado; con qué fin fue retirado ese dinero y qué destino puntualmente se le iba a dar; qué gastos se realizaron; y con qué recibos o factura cuentan que los justifique”.

“El pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley y estamos ante una nueva irregularidad que debe ser esclarecida de manera urgente”, afirmó Campagnoli y pidió detalles del procedimiento de pago para este tipo de sumas y el monto de dinero que se restituyó a la TV Pública tras darse a conocer este hecho.

Las diputadas de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña (Pro) y Marcela Campagnoli (CC-ARI) advirtieron que Cristina Kirchner “infringe la ley que imposibilita el cobro de dos pensiones en simultáneo”, y reclamaron que "se apele el fallo que habilita a la vicepresidenta a cobrar casi dos millones de pesos mensuales libre de impuestos".

A través de un mensaje en las redes sociales, las legisladoras le pidieron este martes al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, y a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, “que apelen este fallo vergonzoso, no sólo por ilegal, sino porque en el actual contexto de pobreza de la Argentina la pretensión de nuestra actual Vicepresidenta es inmoral y falta de toda ética”.

El próximo viernes 5 de febrero vence el plazo para apelar en la Justicia el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami, quien otorgó en diciembre el cobro de dos pensiones a Cristina Kirchner, una como expresidenta y otra por el mismo cargo que ocupó Néstor Kirchner, con intereses retroactivos por más de 100 millones de pesos y sin pagar impuesto a las Ganancias.

“El pasado 29 de diciembre, mientras en el Senado se discutía la legalización del aborto y en Diputados se votaba un brutal ajuste y rebaja para los jubilados, un juez subrogante le permitió a Cristina Fernández de Kirchner cobrar la pensión vitalicia de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, más la de ella, sin pagar Ganancias, y más su dieta como senadora, lo que son alrededor de dos millones de pesos por mes”, indicaron.

Además, Ocaña remarcó que el cobro de ambos beneficios "es totalmente ilegal" ya que "la ley es muy clara al respecto: la vicepresidenta debía optar por uno de los dos".

De esta manera, las diputadas se sumaron a la campaña que un grupo de organizaciones, encabezadas por Acción Conjunta Republicana, iniciaron para que desde el Estado se apele al fallo.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli completó el tiempo correspondiente al dictamen de minoría, arrancando con una réplica a la diputada Cecilia Moreau, que al cerrar el plenario de comisiones había calificado de “generoso” al presidente al señalar que había enviado un proyecto de ley sobre el tema del aborto cuando podría haberlo sacado por decreto. “Le recuerdo a la presidenta de Legislación General que el presidente tiene vedado legislar en materia penal. Y lejos de ser generoso, envió un proyecto que nos divide, cuando él dijo que venía a unirnos. Y además lo envía en medio de una pandemia”.

“Una pandemia que dejó 40 mil argentinos muertos; una pandemia que dejó a niños sin clases; una pandemia que dejó a mujeres sin poder asistir a sus controles médicos; una pandemia que dejó PyMEs cerradas y mujeres sin trabajo… ¿Con qué cara, con 44% de pobres, vamos a decir que esta es una prioridad para las mujeres?”, se preguntó, para luego criticar que ese hubiera sido un “debate exprés”, en el que se está debatiendo “un cambio fundamental de nuestro sistema jurídico y del país que queremos ser”.

Señaló en ese sentido que muchos juristas destacaron durante el debate que “nuestro sistema jurídico es robusto, valorando, protegiendo y defendiendo la vida desde la concepción”, ante lo cual se preguntó si “este va a ser el único tema en el que logremos cierto consenso transversal entre los distintos partidos políticos”.

“Hemos perdido otro año las mujeres diputadas donde podríamos estar representando a las niñas y las mujeres, deberíamos habernos podido pararnos en las coincidencias que tenemos, que son muchas, para poder legislar en pos de la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, destacó.

Habló en ese sentido en la necesidad de avanzar en la implementación de “una ley sexual integral universal; en la implementación de reformas que avancen y garantizar el acceso de mujeres y varones a anticonceptivos y métodos de reproducción sexual segura y sana”.

“Me comprometo a un debate serio, pero tenemos que pararnos en las coincidencias, no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”, señaló, para preguntarse luego si creían que realmente con estos proyectos “vamos a poder parar la mortalidad materna, que se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición… ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridades para nuestras mujeres?”.

Tras dejar claro su voto negativo, Campagnoli concluyó señalando que “este es un hecho político, estamos ante la urgencia que tiene el Gobierno de mostrar alguna gestión contundente en algo, y por eso envía este proyecto, pero estamos banalizando también con esto las normas. Porque se atropella el derecho, vamos rápido atropellando sin tener en cuenta nuestro ordenamiento político”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-ARI) presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal de San Isidro para que se investiguen "posibles casos de amenazas e intimidaciones" contra vecinos de la localidad bonaerense de Tigre.

La legisladora realizó la presentación luego de haber tenido contacto con un vecino del partido, quien había participado en distintas marchas y manifestaciones en los últimos meses. En la denuncia se adjuntaron fotos y pruebas de vehículos sin identificación policial.

Por otra parte, Campagnoli advirtió sobre varios allanamientos llevados adelante por parte de la justicia federal en Tigre. Según aseguró fueron en viviendas de "quienes se habían manifestado en redes o participado de las marchas" y se les secuestraron "computadoras y teléfonos celulares, lo que constituye una clara intimidación que va a ser objeto de una ampliación de la denuncia".

"Los allanamientos fueron realizados de manera irregular e incluso demoraron por horas a una de las personas allanadas, y se registró el ingreso a la casa de personas mayores quienes habían estado aisladas con el fin de no exponerse al coronavirus", señaló la diputada de Juntos por el Cambio.

Los procedimientos a los que se refirió la legisladora de la CC-ARI tiene que ver con los allanamientos ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa donde se investigan las amenazas telefónicas que a principio de mes sufrió el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de ley para garantizar a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

“Desde el Congreso de la Nación, no se puede pretender que las víctimas sigan esperando que los operadores jurídicos se capaciten con perspectiva de género para así finalmente ver protegidos sus derechos”, manifestó. Por tal motivo, consideró que este proyecto sobre “reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual” contribuirá a “garantizar a las víctimas de violencia sexual un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

En línea con la normativa internacional de DDHH y especialmente las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, el proyecto plantea una modificación del artículo 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, “para incorporar como derecho una investigación, proceso y resoluciones libres de estereotipos y prejuicios de género”.

En segundo lugar, introduce reformas en el nuevo Código Procesal Penal Federal y en el actual Código Procesal Penal de la Nación, para prohibir que -en los procesos donde se investigan delitos contra la integridad sexual- se admita como prueba aquella referida al comportamiento sexual, anterior o posterior al hecho, de la víctima o de un testigo.

Por último, se introducen al nuevo Código Procesal Penal, reglas sobre la recolección y admisibilidad de la prueba referidas al consentimiento de la víctima.

“Las víctimas de este tipo de delitos suelen experimentar una revictimización al acercarse a la administración de justicia, y la violencia ya no es ejercida por el agresor sino por los agentes estatales y operadores jurídicos”, aseguró Campagnoli y agregó que “este es uno de los factores que repercuten en la baja cantidad de denuncias”.

En los fundamentos del proyecto, Campagnoli sostiene que “en este tipo de delitos, en las investigaciones, procesos y sentencias se observan prejuicios y estereotipos de género que repercuten en los derechos fundamentales de las víctimas”.

En ese sentido, afirmó que “la justicia en lugar de centrarse en los hechos concretos del caso, termina inmiscuyéndose en la vida privada de la víctima. Así, varias de las decisiones judiciales se basan en estos mitos preconcebidos y no en los hechos del caso”.

El proyecto está acompañado con la firma de los legisladores Gabriela Burgos, Graciela Camaño, Carla Carrizo, Josefina Mendoza, Maximiliano Ferraro, Héctor Flores, Mónica Frade, Alicia Terada, María Luján Rey, Adriana Caceres, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Alberto Asseff, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla.

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley para suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan origen posterior al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La prohibición alcanza a “ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen”.

El proyecto establece también que “el Banco Central procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas”.

A su vez, el BCRA “instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la Ley 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia”.

“Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas”, agrega la iniciativa.

En los fundamentos, Campagnoli y Oliveto plantean que “se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo” por la pandemia del Covid-19.

“Las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”, agregan.

Por esa razón, las legisladoras piden “el establecimiento de un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes, deudoras concursadas o susceptibles de entrar en concurso, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes a los actos perfeccionados al amparo de su imperio”.

“También se estima oportuno instrumentar, a los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las MiPyMes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del fisco”, consideran.

La diputada nacional por la CC ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socio-económicos del aislamiento social, preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

“En 2015 se creó el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), mediante el que el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, para que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”, recuerda la iniciativa.

“Actualmente, el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles ($43.750) o de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles ($65.625) si tiene algún familiar con discapacidad”, agrega.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas así como de los demás servicios. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

“Es por esto que, a través de este proyecto, le pedimos al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”, propone la diputada nacional por la CC ARI.

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socioeconómicos del aislamiento social preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

Mediante el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), creado en 2015, el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el país, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicados, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por red o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad.

Según detalló Campagnoli, “actualmente el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta tres SMVM ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 SMVM ($43.750) o de hasta 4,2 SMVM ($65.625) si tienen algún familiar con discapacidad”.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

Por eso, la legisladora de la Coalición Cívica pide al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa “tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como a través de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo que disponga la capacitación virtual obligatoria en la temática de prevención y protección del coronavirus para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

“Es una responsabilidad de las más altas autoridades de nuestro Estado combatir fervientemente cualquier tipo de desinformación y facilitar en forma efectiva el conocimiento científico y riguroso sobre las medidas a tomar a partir de ahora para prevenir el contagio y propagación del virus”, explicó Campagnoli.

Sostuvo que “para ello, es necesario que al menos podamos garantizar una capacitación integral y transversal de todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”.

“Ante situaciones como la que vivimos, sabemos también de los riesgos que traen aparejados la desinformación”, plantea la diputada de la CC-ARI en los fundamentos de su iniciativa.

Según Campagnoli, “todos somos testigos de la propagación de información falsa o errónea en los últimos días, la cual no solo no cesará, sino que probablemente irá aumentando a medida que también se incremente la propagación del virus. Esto no contribuye a combatir en forma efectiva la enfermedad y aumenta los riesgos de toda la población, y muy especialmente de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo”.

El proyecto fue acompañado por la firma de los diputados de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Mariana Stilman, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gustavo Menna, Gabriela Burgos, Miguel Nanni, Carla Piccolomini y Martín Medina.