La Coalición Cívica denuncia “abuso de autoridad” en el Garrahan

Será presentada por la diputada Marcela Campagnoli y Elisa Carrió contra el ministro de Salud, Mario Lugones.

La diputada nacional Marcela Campagnoli y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentan una denuncia por abuso de autoridad por cambiar el consejo directivo del Hospital Garrahan.

La denuncia será presentada este miércoles en los tribunales federales.

En el texto de la misma piden investigar la posible comisión de un abuso de poder por parte del flamante ministro de Salud, Mario Iván Lugones y quienes resulten responsables de los hechos que han tenido lugar en el Hospital Garrahan.

Recuerdan las denunciantes que Lugones, en su calidad de  ministro de Salud habría solicitado el pasado 2 de octubre la renuncia de la totalidad del consejo directivo del hospital, lo que obedecería a la entrega de un “bono” al personal.

Dicha orden habría sido emitida directamente por Lugones -en anuencia con sus superiores- con motivo de que dicho bono (que es una facultad discrecional del consejo directivo) no habría sido consultado con él en su calidad de máxima autoridad de la cartera.

Lo cierto es que dicha suma obedecería a una cantidad que habitualmente se le entrega a los profesionales de la salud que prestan funciones en el mencionado nosocomio, la que obedecería al excesivo trabajo y los bajos sueldos que estos cobran por sus funciones, reza la denuncia, que aclara que dicha suma proviene de un fondo que el consejo administra y del cual puede decidir discrecionalmente y sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

Asimismo se aclara que “dicha suma no corresponde a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de Salud nacional”.

Según Campagnoli y Carrió, “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión claramente arbitraria  y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo, posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios, ya que se ha recortado el presupuesto de Salud”.

FORMULA DENUNCIA

Con eje en fortalecer vínculos el Grupo Parlamentario de Amistad de Arabia recibió a su embajador

Previo al encuentro, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Arabia Saudita designó como presidente a la diputada Marcela Campagnoli.

Tras su constitución, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Arabia Saudita, presidido por la diputada Marcela Campagnoli (CC), recibió la visita de su embajador en el país, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri.

En el inicio de la jornada, Marcela Campagnoli celebró el encuentro y el diálogo mutuo: “Representa los lazos profundos que unen a nuestros pueblos”. En este sentido destacó el rol y la importancia de la diplomacia parlamentaria.

“Queremos fortalecer esos lazos de amistad creando puentes de cooperación en economía, cultura, para lograr la expansión bilateral del comercio”, agregó la titular del GPA.  “Tenemos mucho para complementarnos”, concluyó.

A su turno, el embajador afirmó que “existen muchas áreas en las que podemos trabajar en conjunto”. “En Argentina hay muchas oportunidades”, concluyó.

Además, en Julio de este año, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo un encuentro con el embajador del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri.

El GPA con el Reino de Arabia Saudita está integrado por los diputados Nicolás Emma y Marcela Pagano (La Libertad Avanza); Hernán Lombardi y Martín Maquieyra (Pro); Pablo Juliano (UCR), Oscar Zago (MID), José Garrido (Por Santa Cruz); María Ávila, Tanya Bertoldi, Roxana Monzón, Blanca Osuna, y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria).

Estuvieron presentes en el encuentro Leandro Abennante, de la dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio RREE y Culto; la directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Términes; la coordinadora de los GPA de la Cámara de Diputados, Patricia Cardo.

El Congreso se propone legislar en torno al juego online

En la Cámara de Diputados avanza a paso firme el debate sobre ludopatía y ciberapuestas. Se trata de un negocio que crece de manera exponencial y con consecuencias muy serias sobre quienes transforman pasatiempo en enfermedad. En ambas cámaras hay una treintena de proyectos sobre el tema y durante el tratamiento que se le está dando en Diputados se escuchan datos reveladores. Como el que indica que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de adicción al juego.

No es un tema nuevo, pero sí creciente. Tanto que ha motivado que este año la Cámara de Diputados se haya abocado de lleno al análisis del tema, al punto tal que en lo que va del año se han desarrollado ya cinco reuniones de comisión para debatir los proyectos que existen sobre esta cuestión. Como así también  se han involucrado cuatro comisiones, lo que da cuenta de la importancia que le están dando los legisladores nacionales al problema de la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas.

Y tal es la atención que el asunto ha generado en el ámbito legislativo que los múltiples proyectos que existen sobre el mismo están siendo analizados en el marco de plenarios. Lo cual indica que hay una decisión política de buena parte de los legisladores de dar los pasos necesarios para avanzar en una legislación que intente al menos poner en caja la industria del juego y las apuestas. Un negocio que crece de manera exponencial, como ya veremos a lo largo de este informe.

Autora del primer proyecto presentado en esta materia de los que tienen estado parlamentario, la diputada Marcela Campagnoli contó de qué manera se involucró de manera personal en este debate. Ella trabaja desde hace bastante tiempo con el tema de salud mental y sobre ese tema participó el año pasado de una reunión del Consejo Social en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el mismo era presidido por Cynthia Hotton, junto con las integrantes de La Madre Marcha, una entidad que preside Marina Charpentier, mamá del músico Chano, que se ocupa de ayudar a las familias y busca cambiar algunos artículos de la Ley de Salud Mental vigente. “Ahí alguien me comentó lo que estaba pasando con el tema de las ludopatías”, recordó, para admitir que advirtió que el problema también lo involucraba.

Su hijo menor, de poco más de 20 años, solía estar pegado al celular y ante su consulta minimizaba la situación argumentando que si bien estaba haciendo apuestas online, debía quedarse tranquila pues era “poca plata”. “Sí, poca plata, ¿pero cuántas veces?”, replicó, recordando que solía verlo así. Eso que para entonces era una adicción creciente, pudo ser controlado. “El abandonó el juego y pudo ser ejemplo para sus amigos”, recuerda la diputada de la Coalición Cívica, que a partir de su experiencia personal presentó su primer proyecto para restringir las apuestas online. “Porque empecé a prestar atención y era un bombardeo constante de publicidad, no solo en el colectivo, el subte, la tele y las camisetas de fútbol, sino que yo me metía en el diario online y aparecían diez segundos de publicidad”, comentó a Parlamentario, detallando que en esa publicidad se ofrecen bonos de recompensa para quien se registre y pueda empezar a apostar con esos bonos, que previsiblemente son los que generan después la adicción.

“Porque vos primero jugás con eso y después tenés que jugar con la tuya”, ejemplifica Campagnoli, que lo habló con psicólogos advierten que la pantalla está diseñada de modo tal que pueda capturar la atención sobre todo de los más jóvenes, que son los más vulnerables. El placer se genera por el solo hecho de jugar; no importa si uno gana o pierde; el valor es estar allí, jugando. No importa si el equipo de fútbol al que uno apuesta está ganando o no, sino que el placer irresistible está puesto en apostar.

Decíamos que el problema de la ludopatía no es nuevo. En el Congreso hay 158 proyectos sobre el tema, siendo el más antiguo el que en abril de 2005 presentó el diputado peronista fueguino Miguel Angel Baigorria para crear el Régimen de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Un mes después, el entonces senador Miguel Angel Pichetto presentaba un proyecto para modificar el inciso 1 del artículo 152 bis del Código Civil, sugiriendo la inhabilitación judicial de los ludópatas. Una condición que antes se limitaba a “los ebrios habituales” y a “los consumidores de estupefacientes”.

Pero ya en 2014 un grupo de diputados de Unen organizó una jornada sobre el juego y la ludopatía en Diputados, denominado “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales”. Entre otros, participaron de ese evento Margarita Stolbizer y los entonces diputados Virginia Linares, Ricardo Cuccovillo, Gabriela Troiano, Marcelo Díaz, Ricardo Vago y Miguel Bazze. También estuvieron presentes los periodistas Federico Poore y Ramón Indart, que expusieron sobre su libro “El poder del juego”. Por entonces, Stolbizer señalaba que “la ludopatía no reconoce clases sociales, pero es en los barrios de sectores más vulnerables, donde proliferan las salas de juego. La provincia de Buenos Aires es una sala a juego a cielo abierto”.

El evento denominado “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales” celebrado en 2014.

Los periodistas Poore e Indart señalaron que el negocio generaba 125 mil millones de pesos (cifra del 2013) y eso equivalía entonces a la recaudación de impuestos del Gobierno nacional durante un mes y medio. También señalaron que según su investigación las salas en todo el país ascendían entonces a 502 y que el tesoro de la actividad estaba en las tragamonedas, permitidas a partir de 1998. Ambos coincidieron con el resto de los expositores, en que no soluciona prohibir el juego, sino que se lo debe controlar, reordenarlo. Dando reglas, dosificando la oferta y considerando las consecuencias que trae en la población vulnerable.

También hubo testimonios de miembros de ONGs que atienden a los adictos. Se refirieron a las circunstancias emocionales de quienes caen en estas conductas y las consecuencias en su grupo familiar Señalaron que la proliferación de salas atentaban contra la red social. El bingo, es un “no lugar”, que contribuye a la ruptura de los lazos con la familia y con el resto de la sociedad. El Estado y las empresas deben asumir su parte de la responsabilidad. Por último, hubo una referencia a la publicidad: “Debe ser una actividad tolerada, pero no promovida”. Y hubo un capítulo para los juegos online, apuestas no reguladas que iban adquiriendo protagonismo.

Esto se hablaba hace exactamente una década. Hoy ya no hay que desplazarse hasta el casino o el bingo: alcanza con encender el celular. “No hay actividad que crezca al 150% anual”, advierte el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, vicepresidente segundo de la Comisión de Prevención de Adicciones, quien pone la lupa en otras cifras que grafican el auge del juego: “De las empresas legales, la número 1 invirtió en publicidad en 2022 16,5 millones de pesos; en 2023, 948 millones. Y en 2024 proyecta invertir 7.500 millones de pesos”.

El fenómeno es mundial. Un informe Global Online Gambling Market detalla que los juegos de azar online crecen a pasos agigantados, con una recaudación en 2020 de 65.316 millones de dólares; unos 87.910 millones en 2023 y se proyecta que para 2027 serán al menos 130.000 millones.

Media sanción en el Senado

El 8 de noviembre de 2018 obtuvo dictamen en la Comisión de Salud de la Nación un proyecto sobre prevención de la ludopatía, proveniente de la fusión de dos iniciativas presentadas por la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez y el jujeño Mario Fiad, cuyo objetivo era prevenir el juego compulsivo y ofrecer a las personas información para su ayuda. También regulaba las salas de juego de azar y casinos de manera tal que sean actores esenciales y coadyuven en la tarea de prevención. “La ludopatía tiene graves consecuencias individuales, familiares y sociales, que impactan en la persona, pero también generan ruptura de vínculos, depresión, pérdida de bienes y en muchos casos, hasta del trabajo”, precisó ese día Fiad, presidente de la Comisión de Salud, que agregó que “a nivel nacional el problema carece de un marco jurídico, y esta orfandad le resta visibilidad a la problemática que resulta una cuestión de salud pública”.

El 20 de marzo de 2019 el proyecto obtuvo media sanción. La iniciativa, que implementaba además una línea telefónica gratuita y la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, no fue tratado en Diputados y perdió estado parlamentario.

Un debate avanzado

Ex secretaria de Educación en Pilar, Marcela Campagnoli mantuvo un vínculo con docentes y rectores de colegios que la convocaron a charlar sobre el tema, al haber detectado que los chicos no estaban yendo al comedor. Cuando consultaron a los padres, ellos dijeron que les transferían todos los días a la billetera virtual dinero para el comedor. “Ahí yo digo: ‘Follow the money’… y este dinero iba a las apuestas, no iba al comedor”, cuenta la diputada de la Coalición Cívica, que fue convocada para dar charlas en colegios sobre este tema.

“Yo siempre digo que los padres somos autoridad, no somos pares; también tenemos que ponerles un horario de pantalla… decirles que tienen que bajar a cenar, que no pueden quedarse en el cuarto. Hay un montón de cosas que uno tal vez ha naturalizado, y nosotros como padres tenemos una responsabilidad para que esto no se transformen un juego compulsivo -señaló Campagnoli a Parlamentario-. ¿Porque qué es lo que le pasa al ludópata? Empieza a aislarse, engaña, miente… Porque necesita conseguir dinero; piensa que le va a ganar al juego y sigue apostando, pensando que va a recuperar lo que perdió”.

La diputada habla de casos de chicos con mucha depresión, porque empiezan a aislarse de sus hábitos saludables, de su entorno, de sus familias. Mienten y la mentira los lleva a aislarse y hay casos de jóvenes que se han quitado la vida porque no han podido sostener ni la mentira ni las deudas que les generan no solo las apuestas legales, sino también las ilegales, que han crecido mucho.

“Qué es lo que le pasa al ludópata? Empieza a aislarse, engaña, miente… Porque necesita conseguir dinero; piensa que le va a ganar al juego y sigue apostando, pensando que va a recuperar lo que perdió”, señala Marcela Campagnoli.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), anunció el 14 de mayo pasado la realización de una serie de reuniones informativas para tratar el tema del juego online. “Es un tema que está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, señaló Frade.

En esa oportunidad, y de cara al debate por delante, el presidente del bloque Unión Federal, Germán Martínez, pidió atender una cuestión administrativa como era la de los giros de los proyectos sobre apuestas online, pues se hacían a numerosas comisiones. Por eso recomendó que cuando arrancara el debate se hiciera una tarea administrativa para ordenar y agilizar el mismo. “Lo vamos a hacer”, garantizó Frade. “Incluso vamos a hacer reuniones conjuntas con otras comisiones para avanzar rápido con eso”.

Mónica Frade lidera la comisión cabecera del debate sobre el tema.

Y así se hizo, pues se realizaron tres reuniones más, dos de ellas a modo de plenario, con la participación, además de Prevención de Adicciones, de Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Durante el primer encuentro celebrado por esas comisiones, Karina Banfi pidió sumar a la Comisión de Familias, premisa en la que también insiste Marcela Campagnoli, porque le parece que “es fundamental que esté en este plenario. Me dicen que son demasiadas, no dictaminás nunca… Pero bueno, bajemos alguna, es importante que esté familia… Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”.

Con ese diagnóstico coincide la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, pero suma también a la Comisión de Educación, porque “los más perjudicados y vulnerables son los niños”.

Marisa Graham explica que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla utilizando las debilidades de los niños y adolescentes”.

No obstante difícilmente haya un cambio en ese sentido. Respecto de la Comisión de Familias, Mónica Frade señaló a este medio que “ellos tienen segunda competencia. Nosotros ya estamos trabajando desde el inicio 4 comisiones juntas, así que luego el dictamen pasará a la Comisión de Familia”.

El 28 de mayo, la Comisión de Prevención de Adicciones realizó una nueva reunión en la que expusieron los autores de las iniciativas puestas a consideración. Al cierre del encuentro, Frade expresó: “Vamos a sacar una ley buena que nos va a representar a todos pateando el hormiguero que hay que patear, y los clubes de fútbol también tienen mucho que explicar sobre esto”.

La diputada de Unión por la Patria Constanza Alonso alertó: “Esto está calando muy profundo, es una preocupación en las instituciones educativas y deportivas. Las autoridades se nos acercaron a contarnos que chicos de 14 o 15 años apostaban en el aula”.

“Es una problemática que no tiene mucha difusión entre los adultos, pero entre los chicos ha penetrado muy fuerte y en todos los grupos de jóvenes del país hay alguien que está apostando con distintos niveles de problemas”, señaló y sumó que los casinos y las apuestas “hoy están en todos lados. Antes había un límite de edad de 18 años y de horarios, pero ahora está al alcance de todos y con un clic al entrar a las plataformas legales e ilegales que no tienen ninguna restricción para su acceso”.

Alonso detalló que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía y alertó que “es la única cifra oficial y no hay aún cifras oficiales sobre la ciberludopatía infanto-juvenil”.

“El proyecto que presentamos es muy prohibitivo porque buscamos una restricción total de la publicidad en todos los medios de comunicación, tanto visuales como plataformas. Esto está muy extendido incluso en el fútbol hay publicidades en los clubes de fútbol. Esto tiene que ver con la salud mental de los jóvenes por la naturalidad que dan las publicidades y tenemos que regularlo y el Estado tiene que tener algo para decir”, explicó y precisó que “las violaciones a la ley sean sancionadas con multas y con suspensiones de licencias de las casas de apuestas online”.

A su turno, la radical Marcela Antola planteó que “el diagnóstico en las escuelas es fundamental, hay que tratar el tema porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.

El pampeano Martín Maquieyra (Pro) comentó: “En el proyecto legislamos con respecto a las apuestas en general, planteando todas las edades, abordando el tema con campañas de concientización en medios, con la creación de una línea telefónica, con un registro de autoexclusión”.

“Los proyectos son muy buenos, han tocado todo el espectro y tenemos una gran oportunidad. En la parte de ilegalidad nuestro Código Penal solo tiene una regulación que es deficitaria en el art. 301 bis”, analizó el bonaerense Ramiro Gutiérrez (UP), en tanto que la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá opinó: “Acá el primer problema es que hace poco habilitaron entre otras cosas las apuestas deportivas online. Todos los gobiernos han ido habilitando primero los casinos, luego los bingos, por el enorme negocio que esto significa”.

El 11 de junio pasado, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la radical Roxana Reyes, realizó su propia reunión informativa para analizar el auge de la ludopatía en niños y adolescentes. Es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”, alertó la diputada santacruceña.

Gabriela Brouwer de Koning puso énfasis en la falta de estadísticas oficiales sobre el tema, pero destacó hay algunas consultoras que se han abocado al tema, revelando “datos son alarmantes”. Según la consultora Opina Argentina, 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% habla de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

Desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. “Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema,” enfatizó Watcher.

La diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a Internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Morán afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

El trabajo en el plenario

Ese mismo 11 de junio el tema comenzó a ser abordado en el marco de un plenario en el que además de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico participaron Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Ese día expusieron más de una decena de especialistas, y en ese marco el exdiputado nacional Gabriel Mraida -actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA-, llamó a la ludopatía online “pandemia silenciosa”.

Afirmó que “hay preponderancia en el AMBA y en estratos socioeconómicos más bajos, hubo un aumento en el componente ilegal y existen 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales”. “Antes la esquina representaba el lugar de consumo, hoy es el sillón de la casa”, expresó.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo hincapié en la atracción a través de la publicidad vía redes sociales y señaló que la problemática se inicia con la posibilidad de registrarse en billeteras virtuales a una temprana edad, 13 años.

Del mismo modo, apuntó contra el contenido de la red social Instagram como “la principal fuente de invitación a menores sobre el juego para empezar a participar”. Señaló, en tal sentido, que las publicidades son “atractivas con el diseño sobre estética publicitaria”, y afirmó que “el 30% de los jóvenes apuestan más de dos veces por semana”.

Por otro lado, amplió, a través de una serie de diapositivas, que las principales firmas de apuestas online han invertido más de 11 millones de pesos en publicidad desde el 2021. También, relacionó el comienzo de la problemática a que “hay un celular por persona y la utilización comienza en los ocho años”.

Uno de los miembros de la Cámara Argentina Fintech, Santiago Serra, habló del mecanismo que rechaza las inscripciones de menores de edad en sitios web de apuestas online: “Se detectan los concentradores porque son personas mayores de edad que reciben muchas trasferencias y luego las depositan en sitios web de casas de apuestas”.

A modo de testimonio personal, el tenista Nicolás Kicker relató una vivencia que atravesó en el pasado con relación a las casas de apuestas: “Fui a un torneo en Barranquilla y había tenido contacto con apostadores que me ofrecían plata por perder partidos”.

Y agregó: “Mi carrera no iba bien y cuando me volvieron hacer el contacto, acepté la propuesta. Me dejé ganar el partido porque me ofrecían mucho más dinero del que hubiese ganado si salía campeón del torneo”. “El camino fácil salió mal”, expresó el deportista tras relatar que fue procesado por la justicia por lo ocurrido en esa ocasión.

En representación del Faro Digital, Milagros Schroeder, se refirió a la problemática a partir de las adolescencias y remarcó que “es en el ecosistema de las redes sociales, a través de influencers, que los jóvenes son atraídos al mundo del juego”. En esa línea, manifestó que “es esencial reconocer que somos vulnerables a explotar nuestras debilidades”, y añadió que “la ludopatía es una emergencia social”.

Especialista en Adicciones, el psicólogo Claudio Grecco llamó a la problemática de las ciberapuestas como “pandemia narco tecnológica”, y explicó que “la ciberludopatía tiene un marketing científico porque es el entrenamiento para ganar y luego perder”.

“Nadie pierde al principio y el cerebro reconoce el estímulo de ganar”, agregó Grecco, quien sugirió que “la ciberludopatía y el consumo problemático de sustancias deben ser políticas de Estado”. “Los jóvenes apuestan en pijama desde la cama y un cerebro entrenado es un cerebro compulsivo”, cerró.

El columnista en tecnología del canal TN Julio López amplió que “el juego regulado es todo lo que ocurre en los dominios Bet.Ar, que significa visibilidad buena, y el juego no regulado son los chicos jugando en las redes sociales”. En tal sentido, mencionó la relación de la difusión del juego por medio de los influencers y propuso copiar medidas españolas respecto a no realizar contenido audiovisual vinculado al juego, ni tampoco instructivos que tengan relación.

Estuvieron invitados al megaplenario un integrante de un cuerpo docente de una escuela secundaria de Quilmes y algunos estudiantes. El docente relató una experiencia sobre un alumno que reconoció “estar en la timba”, y luego le confesó al profesor que “dejé porque al principio ganaba y después perdí todo”.

Del mismo, los alumnos exigieron “empezar a contrarrestar la publicidad silenciosa”, y afirmaron que los jóvenes son atraídos para trabajar como cajeros de casino abiertos a los 15 años. “Amigos y conocidos en algún momento apostaron o apuestan”, aseveró una joven.

Por último, jóvenes integrantes de Chicos Net, una ONG que promueve los derechos del niño, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales, detallaron que la problemática nace muchas veces en “los problemas socioeconómicos donde a las familias no les alcanza la plata, por ende, no alcanza la mensualidad para los chicos y el juego parece que sea una salida fácil”.

Y un día apareció el VAR

Durante una de las jornadas realizadas en Diputados, intervino Víctor Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte, que habló de una “triada” de herramientas fundamentales para lograr sus “nefastos objetivos”. Hablaba de las Sociedades Anónimas Deportivas, el juego online y el VAR. Sobre este último dijo que ese elemento “que venía a imponer justicia en el fútbol, parece que solo llegó para alentar las apuestas online. Especialmente cuando vemos las grandes demoras de tiempo para verificar una sanción… y que esto coincide casualmente con la suba del volumen de apuestas que se realizan”

Cómo sigue

Entrevistada por Parlamentario, la diputada Mónica Frade anticipó que el 9 de agosto se realizará una última reunión informativa de las cuatro comisiones que están trabajando de manera conjunta. Paralelamente informó que “nos estamos reuniendo con loterías, con billeteras virtuales. Estamos interiorizándonos de los avances que están haciendo en sus respectivas áreas, y vamos a tratar de consensuar un dictamen único”.

Se sigue trabajando y ha habido reuniones con representantes de Mercado Libre, quienes contaron haber bloqueado a 12 mil jóvenes que intentaron mandar dinero a apuestas online, como así también detectaron algunos sitios ilegales. Los menores, a partir de los 13 años pueden tener una billetera virtual con autorización de los padres.

“Hay muchos denominadores comunes respecto a la publicidad, respecto a las alertas que hay que adoptar y mecanismos y filtros para los menores”, agregó.

Negó haber recibido presión de algún tipo de lobby y consideró “muy importante haber escuchado y estar escuchando a todos los sectores que participan en este tema. Incluso ludópatas, chicos que en tiempo real nos cuentan cómo es la experiencia, así que esto nos da un acabado panorama no solo de la gravedad de la situación actual, sino de lo que habría que incorporar en una norma para tratar de prevenir el juego clandestino y desincentivar también las apuestas online del juego legal, por supuesto”.

La idea de los legisladores es dictaminar este año, para que pueda pasar al Senado. En líneas generales, todos los legisladores apuntan a lo mismo: a controlar el juego compulsivo. ¿De qué manera? Con concientización, restringiendo la publicidad y los medios de pago. Todos coinciden en que tiene que haber un registro biométrico de la persona, para estar seguros de que el que apuesta no sea un menor. Así y todo, por más que el que juega sea un adulto, que la sesión online se pueda cerrar y el que apuesta pueda tener alertas sobre el tiempo que lleva en pantalla.

Todos coinciden también en que no puede haber publicidad en el deporte; no puede haber influencers. Que no haya publicidad asociando las apuestas online con el deporte. Eso es a grandes rasgos en lo que todos coinciden.

El pasado 3 de julio fue presentado un proyecto de declaración expresando el reconocimiento a las autoridades del club Vélez Sarsfield, que dio de baja un contrato millonario de publicidad de apuestas online en sus camisetas. El proyecto fue encabezado por Marcela Campagnoli, pero lo firmaron también miembros de UP, el Pro, La Libertad Avanza. “Fue bien transversal”, remarcó la autora, que agregó que “justamente lo presentamos para demostrar que estamos todos metidos en el objetivo de combatir esto que es perjudicial para los jóvenes, pero también para adultos, y así como pasó con el tabaco, queremos que pase con las apuestas online”.

Campagnoli apuntó contra la postulación de Lijo a la Corte y le exigió a Javier Milei que designe en ese rol a una mujer

La diputada de la Coalición Cívica calificó al juez federal de “inoperante” y de ser “el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos,”, al tiempo que lo acusó de “cajonear causas de corrupción”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

Diputados de la CC-ARI se expresaron en contra de la oficialización de Lijo a la Corte Suprema

A través de las redes sociales, diputados del espacio referenciado con “Lilita” Carrió salieron a manifestarse nuevamente en contra de la candidatura del juez federal tras publicarse en el Boletín Oficial.

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

Por el Olivos-Gate una diputada opositora pidió que no se le otorgue a Alberto F. la pensión como expresidente

Se trata de Marcela Campagnoli quien hizo una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas acusando al mandatario saliente el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la “violación de la Ley de Ética Pública”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que evalúe la conducta del presidente saliente Alberto Fernández para determinar si le corresponde la pensión vitalicia de para los exmandatarios.

Mediante una presentación ante la fiscalía especializada, Campagnoli reclamó que se determine “la carencia de honorabilidad en relación a la futura solicitud de Asignación Mensual y Vitalicia que establece la Ley 24.018”.

La legisladora de la Coalición Cívica enumeró entre las razones para restringir el derecho a esa pensión vitalicia el “incumplimiento de los deberes de funcionario público al infringir el ejercicio del cargo de presidente de la Nación al seguir ostentando el cargo de docente universitario”. Además, le reprochó la “violación de la Ley de Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético” a raíz de las causas judiciales a las que identificó como “vacunatorio VIP y Fiesta de Olivos”.

Campagnoli también remarcó la “inobservancia de la Constitución Nacional en cuanto a la designación de magistrados del Poder Judicial” de Fernández y la “delegación de facultades de presidente a un ministro”, en tácita alusión a Sergio Massa.

Finalmente, argumentó sobre “la utilización por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal”. A partir de la presentación la PIA debe evaluar si promueve o no una acción judicial.

Proponen modificar la Ley de Género para que quienes cometan un delito no puedan autopercibirse de otro sexo

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli busca cambiar el artículo 7 de la Ley 26.743 para que la rectificación registral de sexo no tenga “efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación”.

Hace pocos días trascendió la noticia de que el femicida de Cecilia Strzyzowski en Chaco, César Sena, habría declarado autopercibirse mujer para evitar la condena por femicidio y ser trasladado a un penal de mujeres. No fue el primer caso; de hecho, la justicia ha tenido que pronunciarse ya sobre algún otro.

Por ejemplo rechazando el caso de Jonathan Luna, el asesino de la nena de 12 años Micaela Ortega, en 2016, nada menos que quien dio su noimbre a la ley de prevención del grooming. Hace pocos meses, Jonathan Luna, quien ahora se hace llamar Yoana y está detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, en un pabellón destinado a personas con diversidad de género, comenzó a presentar escritos ante la justicia para que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Y en ese marco, los abogados de Luna pidieron cambiar la carátula del crimen que cometió para que pase de ser femicidio a ser homicidio simple, por su condición de sentirse mujer.

Es más, el 14 de abril de este año, un hombre imputado de femicidio contra una mujer brasileña en Bariloche, Fernando Alves Ferreira, dijo en una audiencia de control de acusación que se autopercibe mujer y pidió que se le modifique la carátula de la causa.

Ante esta situación, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 26.763 de Identidad de Género a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género para que no sea favorecido judicialmente.

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) busca modificar el artículo 7 de la Ley de Género y plantea que establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.

Marcela Campagnoli, autora del proyecto que es acompañado por numerosos compañeros de JxC.

Al respecto, advierte que la normativa vigente “nada señala en relación a los casos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, si con posterioridad al hecho en cuestión la persona decide modificar su género”.

“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, argumenta y suma: “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio, la persona haya modificado su género”.

También plantea que “el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del mismo, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haberse cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que en modo alguno desaparece por el mero hecho de modificarse con posterioridad condiciones subjetivas vinculadas con la percepción del género de quien ha cometido un delito. El plexo normativo debe tener coherencia de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”.

“Una visión coherente y completa del ordenamiento jurídico nos interpela a modificar la Ley de Identidad de género para dejar a salvo la responsabilidad de quien, portando un género cometió un delito de femicidio y/o violencia de género y luego rectifica su género. Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, reitera.

Y finaliza: “A fin de garantizar que quienes cometen un femicidio o hechos de violencia de género no puedan esgrimir luego que, dada la rectificación del mismo, ya no portan el género que tenían al momento de ocurrir el hecho en cuestión”.

La iniciativa es acompañada por Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, Roberto Sánchez, Ingrid Jetter, Gabriela Lena, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey, Karina Bachey, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata y Lidia Ascárate.

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Diputada opositora cuestionó el discurso de A.F en la reapertura del tren Rosario a Cañada de Gómez

Se trata de la legisladora de la CC-ARI Marcela Campagnoli quien le recordó al jefe de Estado que “pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC – ARI) cuestionó el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó en la reapertura del ramal Rosario a Cañada de Gómez. “Pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”, le recordó la legisladora a través de las redes.

Mediante su cuenta de Twitter, Campagnoli tildó el discurso del presidente como “papelonezco” en la re inauguración del tren en Cañada de Gómez, ya que “pondera la gestión K en los trenes. Olvida que Menem fue socio de los K, y lo peor, olvida la tragedia de Once y otras durante gestión K”, y le pidió que “vuelva al placard”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Transporte, Alexis Guerrera, en el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe.

“El tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país”, expresó Fernández y agregó: “El tren nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar”.

Y señaló: “Hemos pasado años muy difíciles, pero por delante tenemos un futuro promisorio. El tren nos da cuenta de ese futuro donde debemos conectarnos más”.

Diputados de Carrió ampliaron denuncia por corrupción en el Fondo del Trigo

Legisladores de la Coalición Cívica volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar una causa impulsada contra Roberto Felletti, sumando a otro exfuncionario.

Los legisladores de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli ampliaron la denuncia contra el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo, e incorporaron al ex secretario Guillermo Hang, por entender que continuó con el mecanismo irregular de beneficios económicos a la firma “Molinos Cañuelas”, con millonarios subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Además, solicitaron que la Justicia dicte una medida cautelar para detener el giro de fondos.

Bugallo y Campagnoli volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar la denuncia iniciada el mes pasado contra Feletti, a quien acusaron de favorecer a Molinos Cañuelas con subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo, creado para “contener el alza de precios internacional de los cereales”. El fondo es financiado con nuevos impuestos al aceite y derivados de la soja.

Ahora, la diputada nacional y el legislador provincial de la CC ARI señalaron que durante la breve gestión de Guillermo Hang al frente de la Secretaría de Comercio, “se continuó girando millonarios fondos a una empresa concursada, que claramente no cumple con los requisitos para contratar con el Estado y, en su paso por la administración pública, no hizo nada para transparentar ni para frenar el envío de dinero. Por eso también lo hemos incorporado a nuestra denuncia”, aseguraron.

“Como ya hemos denunciado con anterioridad, muy alejado del supuesto propósito, los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molinos Cañuelas, otorgando ‘compensaciones’ del Estado Nacional, a través de un festival de subsidios con la excusa de disminuir el valor de mercado de la harina”, indicaron.

En otros de los puntos señalados por la querella, Bugallo y Campagnoli refieren que “originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora `los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional’, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada”.

Para la diputada nacional Campagnoli, “sería un disparate que el gobierno siga girando esas sumas exorbitantes a Cañuelas, más aún cuando ya se encuentra un juez y un fiscal investigando la causa, y han imputado al ex secretario Feletti”.

Por su parte, el legislador provincial dijo que “es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molinos Cañuelas, con el único objeto de ‘rescatarlos de la quiebra’, generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas, viene directamente del Instituto Patria y de uno de los principales operadores del molino, hoy al frente de FAIM”.

“La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo, les vino como anillo al dedo, pero no es más que una brutal mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan, están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro”, describió Bugallo.

Finalmente, los diputados de la CC ARI solicitaron a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la transferencia de dinero “a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas públicas a empresas que se encuentran en flagrante violación de los requisitos para contratar con el Estado”.

Se realizó en el Senado la tercera jornada sobre Salud Mental

Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, el encuentro contó con el aporte de especialistas.

En el marco de los 11 años de su sanción, el senador nacional Mario Fiad (UCR-JxC) y la diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-JxC) realizaron una nueva jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental para analizar su aplicación y funcionamiento.

El evento, realizado en el Salón Auditorio del Anexo del Senado, contó con dos paneles de expertos integrados por el doctor Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; el doctor Hugo Cohen, exasesor de salud mental en la OMS; el licenciado Claudio Grecco, Magíster en Adicciones; Stella Maurig, operadora socioterapéutica; la doctora Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA; el doctor André Blake, médico especialista en psiquiatría y salud pública; el doctor Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores; y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia.

Al respecto, Fiad expresó: “Organizamos este ciclo de jornadas ante la necesidad evidente de una evaluación de la trayectoria de la ley, qué avances significativos propició, y cuáles son los aspectos que hay que revisar. Al día de hoy, ya han pasado más de 20 expositores de larga experiencia en el tema para contar su visión”.

La ley de Salud Mental se aprobó en noviembre de 2010 y, a la fecha, “sigue generando polémica respecto al texto de la norma y a su implementación”, consideran los impulsores de la jornada. Este es el tercer encuentro que realizan con el objetivo de trabajar en posibles modificaciones al texto vigente. Los anteriores tuvieron lugar el 28 de marzo y 30 de mayo.

“Debemos analizar con seriedad todas las posturas que se han expresado y ver los cambios que hagan falta para contar con una legislación que sea eficiente y aplicable. Seguramente haya muchos proyectos que se sumarán a los ya presentados en el Congreso de la Nación. Hay que trabajar en los puntos en común y llegar a una propuesta seria y consensuada para que normas como estas sean efectivas y no solo una declamación de derechos”, sostuvo el senador radical.

Finalmente, el juejeño agradeció “a los profesionales, familiares de pacientes y representantes de las asociaciones civiles quienes vinieron a enriquecer el debate y nos brindaron las herramientas necesarias para tratar de encontrar las respuestas que pide la sociedad”.

Tercera jornada de Salud Mental en el Senado

Legisladores, especialistas y asociaciones analizarán la norma aprobada en noviembre de 2010 , que sigue generando polémica en cuanto a su implementación.

Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, este lunes 4 se desarrollará en el Auditorio del Senado de la Nación, la última jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.

Cabe destacar que será la última jornada en la que se volverá a poner en valor la Ley de Salud Mental y Adicciones aprobada en noviembre del año 2010, con la presencia de legisladores, especialistas en la materia y asociaciones civiles.

En relación a esto, Mario Fiad expresó: “Luego de dos jornadas muy fructíferas, en donde pudimos escuchar diversas posturas de profesionales del sector salud, como también los testimonios de familiares de pacientes, este lunes seguiremos analizando esta ley que sigue generando polémica respecto a su implementación y su funcionamiento”.

En esta tercera ocasión, la jornada estará dividida en dos paneles de cuatro expositores. El primero será encabezado por Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; Hugo Cohen, exasesor de Salud Mental en la OMS, Claudio Grecco; Magister en adicciones, y Stella Maurig, operadora socioterapéutica.

Por su parte, el segundo panel estará integrado por Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA, André Blake, médico especialista en psiquiatría y Salud Pública, Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores, y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas que padecen esquizofrenia.

“No hay duda que en la actualidad el sistema de salud no le está dando respuesta a los pacientes ni a sus familiares. Es por este motivo que empezamos con estas jornadas, para analizar y debatir si el problema es la ley en sí, o es un problema con la  implementación de la misma. A partir de esta tercera jornada sacaremos las conclusiones y trabajaremos en consecuencia para dar respuestas y traer soluciones”, manifestó el legislador jujeño.

La madre de Chano Charpentier expondrá en el Senado sobre la Ley de Salud Mental

Marina Charpentier participará de la segunda jornada de reflexión organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli.

Organizada por el senador Mario Fiad (UCR) y la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI), el próximo lunes, a las 14, se llevará a cabo en el Auditorio del Senado de la Nación la segunda “Jornada de reflexión y debate: A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.

En la actividad participarán diferentes especialistas y entre los expositores también estará Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, quien se encuentra nuevamente internado.

La primera jornada se realizó el pasado 28 de abril, también en el Anexo de la Cámara alta, y contó con la presencia de especialistas del sector, quienes expusieron sobre distintos puntos de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que a más de una década de su aprobación sigue generando polémica respecto a su aplicación y funcionamiento.

En este sentido, Fiad manifestó: “En esta segunda jornada vamos a seguir escuchando a actores que están involucrados y trabajan día a día en esta temática. Es muy importante seguir conociendo las diferentes posturas respecto a esta Ley de Salud Mental y Adicciones, para poder trabajar en las reformas o modificaciones necesarias para que su aplicación y funcionamiento sean realmente efectivas”.

En esta segunda ocasión expondrá el doctor Christian Molina Radio, médico especialista en psiquiatría y maestrando en prevención y asistencia de drogodependencias; el doctor Atilio Álvarez, defensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional en lo Civil; Marina Charpentier, trabajadora social especialista en adicciones y madre del cantante Chano Charpentier; el doctor Agustín Yecora, secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la provincia de Jujuy; el licenciado Ángel Barraco, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental; y el doctor Daniel Navarro, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto-juvenil.

“Es muy importante lograr estos espacios de debate para que los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar su postura y apreciaciones sobre esta ley, que a pesar de haber sido aprobada hace más de once años todavía sigue sin dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias”, finalizó Fiad.

Diputada de JxC denunció al programa de Florencia Peña por “contenido sexual y grosero”

Se trata de la legisladora Marcela Campagnoli quien sostuvo que “el ciclo es vulgar”. Diputados de Juntos por el Cambio acompañaron la denuncia.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica- Buenos Aires) denunció por “contenido sexual y grosero”, ante la Defensoría del Público, al programa “La puta ama”, conducido por Florencia Peña y emitido por América TV.

La acusación de la legisladora se suma a las críticas que recibió la conductora por el contenido y el lenguaje utilizado al aire. La denuncia apunta particularmente a los “chistes” que realizó la artista durante los primeros dos programas.

“En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé”, dijo la conductora del programa y la legisladora consideró que estos dichos “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y someterse a la voluntad de sus abusadores”.

Campagnoli alegó: “Entendemos que la libertad expresión no puede ser considerada como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagraos en tratados con jerarquía constitucional”.

Además, en el escrito se resalta la importancia que Florencia Peña sea “comunicadora social y una influyente artista”. “Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”, resaltó la diputada en la denuncia, por lo que concluyó: “Yo no le voy a decir a Florencia Peña qué contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explícita desde lo gestual y lo vulgar”.

El documento fue acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio tales como Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

Denunciaron a Luana Volnovich por incorporar a PAMI empleados sin secundario completo

La denuncia fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli por la “posible comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó este miércoles una denuncia contra la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, por la “posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de conocerse que más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente, algunos sin haber terminado el secundario, algo exigido por la ley de ingreso al Estado y empleo público.

Por su parte, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y mientras tanto seguirán como monotributistas. “Será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos”, señaló el texto oficial.

En ese contexto, la dirigente de la CC-ARI señaló: “No sería la primera irregularidad en la que incurre la directora ejecutiva del PAMI”, y contó: “Con anterioridad hemos hecho un pedido de informe debido a las múltiples contrataciones (más de 470) que se hicieron durante la pandemia”.

Dentro de esta última denuncia, resalta que “se ha alterado el orden de transparencia y se busca dar puestos de empleo permanente por un medio que no resulta ser el idóneo” y que “se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública”, según se presentó ante la justicia.

Para Campagnoli, el argumento de Volnovich “carece de fundamentos jurídicos, siendo únicamente la justificación a una flagrante violación de los deberes que tiene a su cargo”, por lo que pretende que se investigue a fondo lo sucedido.

“Nuestros abuelos merecen personal idóneo para ser atendidos, seguidos, visitados”, explicó la diputada. “Hay que terminar con la improvisación en reparticiones tan caras a la condición humana como lo es el PAMI”, sentenció.

Cabe recordar que en el mes de enero la funcionaria camporista estuvo envuelta en otra polémica, ya que se fue de vacaciones al Caribe junto a Martín Rodríguez -segundo en el organigrama del PAMI- hecho que fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña.

Diputados de JxC piden la remoción del embajador de Argentina en Bolivia

El diplomático Ariel Basteiro participó de la marcha del MAS que era encabezada por Evo Morales. Los legisladores opositores presentaron un proyecto para su reemplazo porque consideraron que “no debió inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia”.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Fernando Iglesias y Marcela Campagnoli, presentaron un proyecto de resolución solicitando el reemplazo inmediato del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, ya que argumentaron que “no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como embajador”.

“Repudiar las expresiones realizadas por el señor embajador Ariel Basteiro, a cargo de la Embajada de Argentina en la República de Bolivia en el acto llevado a cabo el jueves 24 de noviembre relativas a cuestiones y liderazgos partidarios internos de dicho Estado e instar al Poder Ejecutivo su inmediato reemplazo”, fundamentan en el cuerpo del texto.

En tanto, la legisladora Lehmann sustentó que el Poder Ejecutivo “ha esgrimido repetidamente el argumento de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países para evitar fijar una posición ante los repetidos atropellos contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua que fueron condenados en gran parte del mundo”.

“Si hay algo que no admite lugar a dudas es que un diplomático (Basteiro) no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como Embajador, de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, a que intervino en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó en relación a la participación de Basteiro al reencuentro de la marcha política del MAS para expresar su apoyo en defensa de la democracia y los valores que llevaron a Evo Morales al Gobierno en 2005.

Airada reacción por los dichos de Gollan sobre el efecto electoral de la “platita en el bolsillo” de la gente

Luego de que el candidato del FdT afirmara que con más plata en el bolsillo la gente hubiera reaccionado distinto, llovieron críticas de legisladores de JxC.

“Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”, dijo este jueves el exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan, ante lo cual la oposición reaccionó de manera airada.

El titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, disparó: “No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”.

Para el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del

Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde ese sector, la diputada provincial Maricel Etchecoin estimó que “la dignidad de los argentinos no se compra ‘con un poco de platita’. La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen”.

Para Luis Petri, “siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

A su vez, la diputada del Pro Dina Rezinovsky consideró que en el oficialismo “no entendieron el cansancio de la gente. Creen que en la PASO la gente no los eligió solo por el bolsillo. Se olvidan los miles de muertos, las violaciones a los DDHH y las libertades. Se olvidan del año sin escuela de los pibes”.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Campagnoli advirtió que “la gente no es solo estomago y bolsillo para llenarlos. También tienen sueños, dignidad, emociones y afectos que ustedes destruyeron. El discurso es inclusivo pero la realidad es excluyente, y la gente se cansó del relato y de que la usen. Un poco de respeto”.

“Habría que avisarle a Daniel Gollan que deje de subestimar a la gente, que demostró en las PASO estar cansada de un gobierno hipócrita e incompetente. El dolor causado por las muertes de la pésima gestión sanitaria de su gobierno no se arregla con ‘más platita en el bolsillo’”, expresó por su parte la diputada radical Mercedes Joury.

“El desprecio por el pueblo al que creen encarnar es ya patético. Los ciudadanos son tontitos a los que se los manipula fácil con un chupetín de papel pintado, aunque después los perjudique la inflación. Populismo de manual”, resumió el diputado Jorge Enríquez.

“Considerar que la foto de la fiesta de Olivos hubiera molestado menos con más ‘platita’ en el bolsillo, como afirmó el ministro de Kicillof, que abandonó su cargo en salud para ser candidato, es no tener valores morales y despreciar el sufrimiento de la gente”, señaló por su parte el diputado Miguel Bazze.

A su vez, Paula Oliveto reaccionó así: “Cómo subestima el kirchnerismo al pueblo. ¿Cuánto vale que tus hijos no hayan ido al colegio? ¿Cuánto sale que nadie haya podido despedir a sus muertos? ¿Cuánto vale el cierre del negocio? ¿Cuánto sale el robo a las vacunas? Los valores no están en el mercado. No se venden”.

En tanto que la diputada mendocina Claudia Najul consideró que “Gollan cree que los argentinos tenemos valores y una moral condicionada por el bolsillo. No todos somos como vos, Gollan, hay una mayoría honesta y digna que no tolera mediocres como vos”.

El jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, apuntó por su parte: “Miles de argentinos vieron morir a sus familiares sin siquiera poder despedirlos. Mientras tanto, en Olivos hacían fiestas y vacunaban a sus amigos. Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que el enojo es por la ‘platita’”.

En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Alicia Fregonese, que señaló: “La derrota electoral desnuda sus valores, creen que todo es cuestión de dinero. El dolor de los familiares de los 115 mil muertos por COVID no se soluciona con ‘platita’. Los argentinos no tenemos precio. Estamos hartos de la corrupción”.

“Cuando lo único que te importa es la “platita” y crees que todos son iguales a vos… Le cuento, candidato, que aunque usted no la tenga…la dignidad existe”, expresó a su vez la diputada María Luján Rey.

Instan al PEN a dejar sin efecto el DNU que restringe el regreso de argentinos

Un proyecto de diputados de Juntos por el Cambio llama a arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid “que se adecuen a la Constitución”.

Un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli (Coalición Cívica/ARI – Buenos Aires) presentó y proyecto de declaración expresando la preocupación por “la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan los miles de argentinos varados en el exterior” a raíz del DNU que dispuso que hasta el día 9 de julio próximo haya restricciones a los vuelos y un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior.

“La imprevisibilidad y arbitrariedad de la decisión del Gobierno de limitar los pasajeros que pueden ingresar por día al país, llenó de angustia e incertidumbre a cientos de argentinos a lo largo del mundo”, expresó la diputada Campagnoli al presentar su iniciativa.

Agregó la diputada que “aun cuando la gravedad de la pandemia amerita la toma de decisiones inmediatas y urgentes, nunca pueden ser ignorando nuestra Constitución”. En ese marco, sostuvo que “necesitamos certezas, contención, empatía y cuidados. Un Estado impreciso y caprichoso, no es un lujo que podamos darnos”.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el DNU 643/2021 y arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid-19 de manera que se adecuen a la Constitución Nacional y se garantice el ejercicio de los derechos allí contenidos.

Acompañan con sus firmas el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Martín Grande, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Alvaro De Lamadrid, Carla Carrizo, David Schlereth, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Piccolomini, Hernán Berisso y Adriana Cáceres.

Piden un nuevo candidato para titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Legisladoras de Juntos por el Cambio le enviaron una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rechazo de la postulación de Gustavo Fuentes.

Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.

Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva. 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.

“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275.  Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.

Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.

“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.

“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.

Pedido de informes sobre la Hidrovía

La diputada Campagnoli presentó un pedido de informes ante el inminente vencimiento del contrato de concesión y la creación del Consejo Federal.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este miércoles un pedido de informes ante el inminente vencimiento del contrato de concesión de la Hidrovía y la creación del Consejo Federal de la vía navegable. “Si tenemos en cuenta el carácter estratégico de los servicios prestados por Hidrovía SA, resulta necesario instruir al Ministerio de Transporte a que adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio de interés público de la navegación de los espacios que actualmente se prestan en el marco del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto N° 253/95 y Actas de renegociación subsiguientes hasta la adjudicación y/o adjudicaciones previstas en el o los respectivos llamados”, indica la iniciativa.

El proyecto de resolución busca solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre el Acuerdo Federal Hidrovía, ante el vencimiento del próximo viernes del llamado a licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de la vía navegable.

“Se desconoce cuál será el destino que se le dará al acuerdo que firmó el Ministerio de Transporte con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para asegurar la transparencia en el proceso licitatorio y de un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA sobre dragado sustentable y competitivo que proponía la incorporación de cláusulas ambientales e industriales”, planteó Campagnoli.

En el proyecto, sostuvo que “el ministro (Mario) Meoni, quien perdiera la vida hace menos de una semana, había trabajado arduamente para lograr que el proceso de licitación se llevara a cabo de la manera más transparente posible, para lo cual había firmado un acuerdo con la OCDE, teniendo en cuenta la importancia y dimensión del negocio si consideramos que por allí circulan millones de toneladas de mercaderías del interior del país que usan esta vía de acceso fluvial, como son los ríos del Plata y Paraná en su camino al mar para ser transportados a distintos países del mundo”.

En ese sentido, la diputada de la CC ARI planteó su incertidumbre respecto a “una demora en el llamado a la nueva licitación y que la transición podría ocasionar pérdidas millonarias a productores agroexportadores y trabajadores de dragado y balizamiento, que a la fecha se desconocen qué medidas se han adoptado al respecto, es que efectuamos el presente pedido de informes”, señala.

En la iniciativa, Campagnoli destaca la importancia de “garantizar la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios comprendidos por el Contrato de Concesión” por lo que, planteó, “corresponde que se efectúe el llamado a licitación para la contratación de los servicios de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal de la Hidrovía”.

El Acuerdo Federal Hidrovía fue suscripto el 28 de agosto de 2020 por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte, y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Impulsan una ley para que los medios difundan contenidos educativos

Se trata de una iniciativa de la diputada Marcela Campagnoli, que busca compensar así en tiempos de pandemia la creciente brecha tecnológica y la desigualdad social respecto de la educación.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este viernes un proyecto de ley para que los medios de comunicación difundan contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza de todos los niveles. “En medio de esta preocupante pandemia, tenemos que contribuir a la igualdad de acceso a la educación”, afirmó Campagnoli.

“Con la suspensión de la presencialidad de clases, es urgente compensar la creciente brecha tecnológica y combatir el incremento de la desigualdad social en lo que respecta a la educación”, resaltó la diputada de la CC ARI.

La iniciativa plantea establecer “la obligatoriedad en todo el ámbito de la Nación Argentina, de garantizar la provisión de los contenidos curriculares de todos los niveles de educación a través de los distintos medios de comunicación audiovisual de acuerdo con el carácter de actividad de interés público, fundamental para el desarrollo sociocultural de la población establecido en el art. 2 de la Ley 26522”.

En los fundamentos, sostiene que “la participación de los medios de comunicación en la sociedad del saber es prioritaria y primaria para el desarrollo social” y agrega que “la inclusión orgánica de los medios de comunicación como agentes educativos con niveles concretos de responsabilidad y compromiso concertado con las autoridades educativas nacionales y provinciales de aplicación, regulación y control, es un requerimiento impostergable del Estado de derecho democrático hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”.

En el proyecto también la legisladora remarca que “la continuidad escolar marcó inequidades que existen en Argentina respecto al acceso a Internet, la brecha digital, pero ahora se trasladan de hecho a las inequidades educativas. Por lo tanto, encontramos dos brechas digitales. Los desconectados sin internet, que era visible antes, y los desconectados comunitarios, con internet que no disponen o de computadora o de banda ancha o de ambos, que visibilizó la cuarentena y que permanecerá debido al distanciamiento social”.

“Resulta imperativo identificar otras vías de acceso por parte de los alumnos a los contenidos curriculares”, resalta el texto y agrega que “en el nivel primario hay mayor brecha digital que en el secundario. El 19,5% de los alumnos de sexto grado del nivel primario y 15,9% de los estudiantes del último año del nivel secundario no cuentan con conexión a Internet en su hogar”.

Por último, Campagnoli plantea en el proyecto que “los medios de comunicación estatal deben estar afectados a la educación por medio de la producción y emisión de contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza correspondientes a todos los ciclos”.

Por una denuncia de diputadas, allanaron el hospital El Cruce de Florencio Varela

Mónica Frade y Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, habían denunciado que allí se vacunó de forma preferencial el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra.

Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se llevó a cabo este miércoles un allanamiento en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a raíz de una denuncia de diputadas de la oposición por supuesta “vacunación VIP”.

Efectivos policiales y personal del Juzgado se hicieron presentes en el centro de salud para recolectar información sobre la vacunación que allí tiene lugar, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La denuncia que dio lugar al allanamiento fue realizada por las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Campagnoli contra el diputado provincial y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el funcionario de Florencio Varela Daniel González; el funcionario de Salud de la Nación Arnaldo Medina; el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; y el director del hospital, Ariel Sáez de Guinoa.

Según las legisladoras en la denuncia a la que tuvo acceso NA, el Hospital El Cruce se utilizó para “estas ilegales preferencias” y allí “se vacunó el exintendente de Florencio Varela, hoy diputado provincial Julio César Pereyra”.

“Esa vacunación preferentemente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental, consignando que el nombrado lo hacía como ‘personal de salud’”, expresaron en la denuncia.

Señalaron, a la vez, que “el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales del partido de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado el actual intendente de Berazategui, cuya hija es presidenta del Consejo del Hospital”.

“Lo expuesto conduce a la necesidad de avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital”, agregaron.

Además, existe otra denuncia que indica que en el Hospital El Cruce habrían sido vacunados de manera preferencial integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Desde Juntos por el Cambio piden citar a Lufrano por una maniobra irregular en la TV Pública

Se conoció que un directivo del canal retiró de un banco 4 millones de pesos en efectivo para financiar una producción sobre Manuel Belgrano. Diputados de la oposición pidieron interpelar a la presidenta de RTA.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto para citar a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, a fin de que brinde explicaciones acerca de la información que indica que un funcionario de la TV Pública retiró 4 millones de pesos en efectivo de un banco para financiar una producción televisiva.

Según reveló el diario Clarín, un directivo de la TV Pública -del que no se conoce el nombre ni el cargo- retiró ese monto de forma irregular de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, y afirmó que era para financiar una ficción sobre Manuel Belgrano, tras lo cual las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría interna.

En el proyecto presentado, los diputados de la oposición solicitaron también un detalle de las cuentas bancarias que posee el canal estatal, así como los apoderados y personas autorizadas a realizar movimientos bancarios. Además, pidieron que se haga pública la auditoría y que se informe cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los responsables.

La máxima autoridad de la TV Pública tiene que dar explicaciones sobre este episodio, porque alguna autoridad tiene que haber avalado la extracción del dinero. Lufrano tiene que transparentar toda la información que tiene al respecto de este hecho, por eso consideramos que es el Congreso el lugar donde tiene que venir a rendir cuentas sobre su gestión”, aseguró Banfi.

La legisladora también recordó la necesidad de completar el directorio de RTA y del ENACOM con representantes de la oposición y advirtió: “El oficialismo no nos permite designar al representante de la UCR en el directorio de ambos organismos. Es una discusión que venimos teniendo hace muchos meses, pero el kirchnerismo no quiere ser controlado en el manejo de los medios públicos, y por eso vemos situaciones como la de este funcionario con dinero público en sus manos”.

Paralelamente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó una nota ante la TV Pública solicitando información sobre el hecho.

Campagnoli pidió “un informe del empleado o autoridad de RTA S.E. que realizó la extracción; qué empleado o autoridad tuvo en su poder y/o custodió el dinero desde el día que se retiró; qué directivo o autoridad autorizó la extracción del dinero; cuántos juicios existen, en la actualidad en trámite, en los que el ANSES fuese demandado; con qué fin fue retirado ese dinero y qué destino puntualmente se le iba a dar; qué gastos se realizaron; y con qué recibos o factura cuentan que los justifique”.

“El pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley y estamos ante una nueva irregularidad que debe ser esclarecida de manera urgente”, afirmó Campagnoli y pidió detalles del procedimiento de pago para este tipo de sumas y el monto de dinero que se restituyó a la TV Pública tras darse a conocer este hecho.

Diputadas de JxC se suman a la campaña para que CFK no cobre dos pensiones de privilegio

Las legisladoras de la oposición aseguraron que la vicepresidenta “infringe la ley” y reclamaron que se apele el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami.

Las diputadas de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña (Pro) y Marcela Campagnoli (CC-ARI) advirtieron que Cristina Kirchner “infringe la ley que imposibilita el cobro de dos pensiones en simultáneo”, y reclamaron que “se apele el fallo que habilita a la vicepresidenta a cobrar casi dos millones de pesos mensuales libre de impuestos”.

A través de un mensaje en las redes sociales, las legisladoras le pidieron este martes al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, y a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, “que apelen este fallo vergonzoso, no sólo por ilegal, sino porque en el actual contexto de pobreza de la Argentina la pretensión de nuestra actual Vicepresidenta es inmoral y falta de toda ética”.

El próximo viernes 5 de febrero vence el plazo para apelar en la Justicia el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami, quien otorgó en diciembre el cobro de dos pensiones a Cristina Kirchner, una como expresidenta y otra por el mismo cargo que ocupó Néstor Kirchner, con intereses retroactivos por más de 100 millones de pesos y sin pagar impuesto a las Ganancias.

“El pasado 29 de diciembre, mientras en el Senado se discutía la legalización del aborto y en Diputados se votaba un brutal ajuste y rebaja para los jubilados, un juez subrogante le permitió a Cristina Fernández de Kirchner cobrar la pensión vitalicia de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, más la de ella, sin pagar Ganancias, y más su dieta como senadora, lo que son alrededor de dos millones de pesos por mes”, indicaron.

Además, Ocaña remarcó que el cobro de ambos beneficios “es totalmente ilegal” ya que “la ley es muy clara al respecto: la vicepresidenta debía optar por uno de los dos”.

De esta manera, las diputadas se sumaron a la campaña que un grupo de organizaciones, encabezadas por Acción Conjunta Republicana, iniciaron para que desde el Estado se apele al fallo.

Campagnoli: “no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”

Al expresar su enfático rechazo a la legalización del aborto, advirtió que “no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli completó el tiempo correspondiente al dictamen de minoría, arrancando con una réplica a la diputada Cecilia Moreau, que al cerrar el plenario de comisiones había calificado de “generoso” al presidente al señalar que había enviado un proyecto de ley sobre el tema del aborto cuando podría haberlo sacado por decreto. “Le recuerdo a la presidenta de Legislación General que el presidente tiene vedado legislar en materia penal. Y lejos de ser generoso, envió un proyecto que nos divide, cuando él dijo que venía a unirnos. Y además lo envía en medio de una pandemia”.

“Una pandemia que dejó 40 mil argentinos muertos; una pandemia que dejó a niños sin clases; una pandemia que dejó a mujeres sin poder asistir a sus controles médicos; una pandemia que dejó PyMEs cerradas y mujeres sin trabajo… ¿Con qué cara, con 44% de pobres, vamos a decir que esta es una prioridad para las mujeres?”, se preguntó, para luego criticar que ese hubiera sido un “debate exprés”, en el que se está debatiendo “un cambio fundamental de nuestro sistema jurídico y del país que queremos ser”.

Señaló en ese sentido que muchos juristas destacaron durante el debate que “nuestro sistema jurídico es robusto, valorando, protegiendo y defendiendo la vida desde la concepción”, ante lo cual se preguntó si “este va a ser el único tema en el que logremos cierto consenso transversal entre los distintos partidos políticos”.

“Hemos perdido otro año las mujeres diputadas donde podríamos estar representando a las niñas y las mujeres, deberíamos habernos podido pararnos en las coincidencias que tenemos, que son muchas, para poder legislar en pos de la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, destacó.

Habló en ese sentido en la necesidad de avanzar en la implementación de “una ley sexual integral universal; en la implementación de reformas que avancen y garantizar el acceso de mujeres y varones a anticonceptivos y métodos de reproducción sexual segura y sana”.

“Me comprometo a un debate serio, pero tenemos que pararnos en las coincidencias, no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”, señaló, para preguntarse luego si creían que realmente con estos proyectos “vamos a poder parar la mortalidad materna, que se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición… ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridades para nuestras mujeres?”.

Tras dejar claro su voto negativo, Campagnoli concluyó señalando que “este es un hecho político, estamos ante la urgencia que tiene el Gobierno de mostrar alguna gestión contundente en algo, y por eso envía este proyecto, pero estamos banalizando también con esto las normas. Porque se atropella el derecho, vamos rápido atropellando sin tener en cuenta nuestro ordenamiento político”.

Campagnoli presentó una denuncia por “posibles amenazas e intimidaciones” contra vecinos de Tigre

La diputada de la Coalición Cívica realizó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal de San Isidro. Cuestionó los allanamientos realizados en el marco de la investigación sobre amenazas a Massa.

marcela campagnoli

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-ARI) presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal de San Isidro para que se investiguen “posibles casos de amenazas e intimidaciones” contra vecinos de la localidad bonaerense de Tigre.

La legisladora realizó la presentación luego de haber tenido contacto con un vecino del partido, quien había participado en distintas marchas y manifestaciones en los últimos meses. En la denuncia se adjuntaron fotos y pruebas de vehículos sin identificación policial.

Por otra parte, Campagnoli advirtió sobre varios allanamientos llevados adelante por parte de la justicia federal en Tigre. Según aseguró fueron en viviendas de “quienes se habían manifestado en redes o participado de las marchas” y se les secuestraron “computadoras y teléfonos celulares, lo que constituye una clara intimidación que va a ser objeto de una ampliación de la denuncia”.

“Los allanamientos fueron realizados de manera irregular e incluso demoraron por horas a una de las personas allanadas, y se registró el ingreso a la casa de personas mayores quienes habían estado aisladas con el fin de no exponerse al coronavirus”, señaló la diputada de Juntos por el Cambio.

Los procedimientos a los que se refirió la legisladora de la CC-ARI tiene que ver con los allanamientos ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa donde se investigan las amenazas telefónicas que a principio de mes sufrió el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual

A través de ese proyecto, la diputada Campagnoli busca que el Congreso garantice a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de ley para garantizar a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

“Desde el Congreso de la Nación, no se puede pretender que las víctimas sigan esperando que los operadores jurídicos se capaciten con perspectiva de género para así finalmente ver protegidos sus derechos”, manifestó. Por tal motivo, consideró que este proyecto sobre “reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual” contribuirá a “garantizar a las víctimas de violencia sexual un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

En línea con la normativa internacional de DDHH y especialmente las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, el proyecto plantea una modificación del artículo 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, “para incorporar como derecho una investigación, proceso y resoluciones libres de estereotipos y prejuicios de género”.

En segundo lugar, introduce reformas en el nuevo Código Procesal Penal Federal y en el actual Código Procesal Penal de la Nación, para prohibir que -en los procesos donde se investigan delitos contra la integridad sexual- se admita como prueba aquella referida al comportamiento sexual, anterior o posterior al hecho, de la víctima o de un testigo.

Por último, se introducen al nuevo Código Procesal Penal, reglas sobre la recolección y admisibilidad de la prueba referidas al consentimiento de la víctima.

“Las víctimas de este tipo de delitos suelen experimentar una revictimización al acercarse a la administración de justicia, y la violencia ya no es ejercida por el agresor sino por los agentes estatales y operadores jurídicos”, aseguró Campagnoli y agregó que “este es uno de los factores que repercuten en la baja cantidad de denuncias”.

En los fundamentos del proyecto, Campagnoli sostiene que “en este tipo de delitos, en las investigaciones, procesos y sentencias se observan prejuicios y estereotipos de género que repercuten en los derechos fundamentales de las víctimas”.

En ese sentido, afirmó que “la justicia en lugar de centrarse en los hechos concretos del caso, termina inmiscuyéndose en la vida privada de la víctima. Así, varias de las decisiones judiciales se basan en estos mitos preconcebidos y no en los hechos del caso”.

El proyecto está acompañado con la firma de los legisladores Gabriela Burgos, Graciela Camaño, Carla Carrizo, Josefina Mendoza, Maximiliano Ferraro, Héctor Flores, Mónica Frade, Alicia Terada, María Luján Rey, Adriana Caceres, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Alberto Asseff, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla.

Piden suspender las ejecuciones por deudas y pedidos de quiebra de pymes

Es un proyecto de las diputadas Campagnoli y Oliveto, de la Coalición Cívica, que consiste en un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes hasta fin de año.

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley para suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan origen posterior al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La prohibición alcanza a “ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen”.

El proyecto establece también que “el Banco Central procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas”.

A su vez, el BCRA “instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la Ley 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia”.

“Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas”, agrega la iniciativa.

En los fundamentos, Campagnoli y Oliveto plantean que “se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo” por la pandemia del Covid-19.

“Las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”, agregan.

Por esa razón, las legisladoras piden “el establecimiento de un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes, deudoras concursadas o susceptibles de entrar en concurso, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes a los actos perfeccionados al amparo de su imperio”.

“También se estima oportuno instrumentar, a los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las MiPyMes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del fisco”, consideran.

Solicitan ampliar el Programa Hogares con Garrafa

Por el tiempo que dure esta crisis, a través de una iniciativa, la diputada Campagnoli quiere ampliar ese subsidio para sus beneficiarios.

La diputada nacional por la CC ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socio-económicos del aislamiento social, preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

“En 2015 se creó el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), mediante el que el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, para que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”, recuerda la iniciativa.

“Actualmente, el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles ($43.750) o de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles ($65.625) si tiene algún familiar con discapacidad”, agrega.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas así como de los demás servicios. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

“Es por esto que, a través de este proyecto, le pedimos al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”, propone la diputada nacional por la CC ARI.

Piden ampliar el alcance del programa HOGAR mientras persista el aislamiento social

El proyecto es de la diputada Campagnoli, quien advierte sobre el mayor consumo de gas durante la cuarentena, con un perjuicio para las familias de menores recursos.

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socioeconómicos del aislamiento social preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

Mediante el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), creado en 2015, el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el país, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicados, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por red o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad.

Según detalló Campagnoli, “actualmente el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta tres SMVM ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 SMVM ($43.750) o de hasta 4,2 SMVM ($65.625) si tienen algún familiar con discapacidad”.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

Por eso, la legisladora de la Coalición Cívica pide al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa “tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como a través de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”.

Piden al Ejecutivo que capacite a empleados públicos para la prevención y protección del coronavirus

Se trata de un proyecto de la diputada Campagnoli, de la Coalición Cívica, que apunta a combatir la desinformación sobre el tema.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo que disponga la capacitación virtual obligatoria en la temática de prevención y protección del coronavirus para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

“Es una responsabilidad de las más altas autoridades de nuestro Estado combatir fervientemente cualquier tipo de desinformación y facilitar en forma efectiva el conocimiento científico y riguroso sobre las medidas a tomar a partir de ahora para prevenir el contagio y propagación del virus”, explicó Campagnoli.

Sostuvo que “para ello, es necesario que al menos podamos garantizar una capacitación integral y transversal de todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”.

“Ante situaciones como la que vivimos, sabemos también de los riesgos que traen aparejados la desinformación”, plantea la diputada de la CC-ARI en los fundamentos de su iniciativa.

Según Campagnoli, “todos somos testigos de la propagación de información falsa o errónea en los últimos días, la cual no solo no cesará, sino que probablemente irá aumentando a medida que también se incremente la propagación del virus. Esto no contribuye a combatir en forma efectiva la enfermedad y aumenta los riesgos de toda la población, y muy especialmente de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo”.

El proyecto fue acompañado por la firma de los diputados de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Mariana Stilman, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gustavo Menna, Gabriela Burgos, Miguel Nanni, Carla Piccolomini y Martín Medina.