Diputados de la CC-ARI se expresaron en contra de la oficialización de Lijo a la Corte Suprema

A través de las redes sociales, diputados del espacio referenciado con “Lilita” Carrió salieron a manifestarse nuevamente en contra de la candidatura del juez federal tras publicarse en el Boletín Oficial.

Desde que el Gobierno Nacional dio a conocer la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia ha generado todo tipo de cuestionamientos, desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.

Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino, entre otros. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.

En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, su titular Elisa Carrió y el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López.

Este lunes por la mañana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la candidatura de Lijo y de Manuel García Mansilla, despertando otra vez las críticas de algunos lilitos.

“Entre viaje y viaje, entre conflictos internos y externos, el presidente Javier Milei hoy envió oficialmente la postulación del Juez Ariel Lijo a la CSJN. Los que luchamos x un Poder Judicial ejemplar, idóneo y transparente seguiremos reclamando para frenar esto”, escribió Marcela Campagnoli utilizando el hashtag “#LijoNo”.

Por el Olivos-Gate una diputada opositora pidió que no se le otorgue a Alberto F. la pensión como expresidente

Se trata de Marcela Campagnoli quien hizo una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas acusando al mandatario saliente el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la “violación de la Ley de Ética Pública”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que evalúe la conducta del presidente saliente Alberto Fernández para determinar si le corresponde la pensión vitalicia de para los exmandatarios.

Mediante una presentación ante la fiscalía especializada, Campagnoli reclamó que se determine “la carencia de honorabilidad en relación a la futura solicitud de Asignación Mensual y Vitalicia que establece la Ley 24.018”.

La legisladora de la Coalición Cívica enumeró entre las razones para restringir el derecho a esa pensión vitalicia el “incumplimiento de los deberes de funcionario público al infringir el ejercicio del cargo de presidente de la Nación al seguir ostentando el cargo de docente universitario”. Además, le reprochó la “violación de la Ley de Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético” a raíz de las causas judiciales a las que identificó como “vacunatorio VIP y Fiesta de Olivos”.

Campagnoli también remarcó la “inobservancia de la Constitución Nacional en cuanto a la designación de magistrados del Poder Judicial” de Fernández y la “delegación de facultades de presidente a un ministro”, en tácita alusión a Sergio Massa.

Finalmente, argumentó sobre “la utilización por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal”. A partir de la presentación la PIA debe evaluar si promueve o no una acción judicial.

Proponen modificar la Ley de Género para que quienes cometan un delito no puedan autopercibirse de otro sexo

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli busca cambiar el artículo 7 de la Ley 26.743 para que la rectificación registral de sexo no tenga “efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación”.

Hace pocos días trascendió la noticia de que el femicida de Cecilia Strzyzowski en Chaco, César Sena, habría declarado autopercibirse mujer para evitar la condena por femicidio y ser trasladado a un penal de mujeres. No fue el primer caso; de hecho, la justicia ha tenido que pronunciarse ya sobre algún otro.

Por ejemplo rechazando el caso de Jonathan Luna, el asesino de la nena de 12 años Micaela Ortega, en 2016, nada menos que quien dio su noimbre a la ley de prevención del grooming. Hace pocos meses, Jonathan Luna, quien ahora se hace llamar Yoana y está detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, en un pabellón destinado a personas con diversidad de género, comenzó a presentar escritos ante la justicia para que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Y en ese marco, los abogados de Luna pidieron cambiar la carátula del crimen que cometió para que pase de ser femicidio a ser homicidio simple, por su condición de sentirse mujer.

Es más, el 14 de abril de este año, un hombre imputado de femicidio contra una mujer brasileña en Bariloche, Fernando Alves Ferreira, dijo en una audiencia de control de acusación que se autopercibe mujer y pidió que se le modifique la carátula de la causa.

Ante esta situación, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 26.763 de Identidad de Género a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género para que no sea favorecido judicialmente.

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) busca modificar el artículo 7 de la Ley de Género y plantea que establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.

Marcela Campagnoli, autora del proyecto que es acompañado por numerosos compañeros de JxC.

Al respecto, advierte que la normativa vigente “nada señala en relación a los casos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, si con posterioridad al hecho en cuestión la persona decide modificar su género”.

“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, argumenta y suma: “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio, la persona haya modificado su género”.

También plantea que “el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del mismo, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haberse cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que en modo alguno desaparece por el mero hecho de modificarse con posterioridad condiciones subjetivas vinculadas con la percepción del género de quien ha cometido un delito. El plexo normativo debe tener coherencia de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”.

“Una visión coherente y completa del ordenamiento jurídico nos interpela a modificar la Ley de Identidad de género para dejar a salvo la responsabilidad de quien, portando un género cometió un delito de femicidio y/o violencia de género y luego rectifica su género. Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, reitera.

Y finaliza: “A fin de garantizar que quienes cometen un femicidio o hechos de violencia de género no puedan esgrimir luego que, dada la rectificación del mismo, ya no portan el género que tenían al momento de ocurrir el hecho en cuestión”.

La iniciativa es acompañada por Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, Roberto Sánchez, Ingrid Jetter, Gabriela Lena, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey, Karina Bachey, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata y Lidia Ascárate.

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Diputada opositora cuestionó el discurso de A.F en la reapertura del tren Rosario a Cañada de Gómez

Se trata de la legisladora de la CC-ARI Marcela Campagnoli quien le recordó al jefe de Estado que “pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC – ARI) cuestionó el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó en la reapertura del ramal Rosario a Cañada de Gómez. “Pondera la gestión K en los trenes y se olvida la tragedia de Once”, le recordó la legisladora a través de las redes.

Mediante su cuenta de Twitter, Campagnoli tildó el discurso del presidente como “papelonezco” en la re inauguración del tren en Cañada de Gómez, ya que “pondera la gestión K en los trenes. Olvida que Menem fue socio de los K, y lo peor, olvida la tragedia de Once y otras durante gestión K”, y le pidió que “vuelva al placard”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Transporte, Alexis Guerrera, en el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe.

“El tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país”, expresó Fernández y agregó: “El tren nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar”.

Y señaló: “Hemos pasado años muy difíciles, pero por delante tenemos un futuro promisorio. El tren nos da cuenta de ese futuro donde debemos conectarnos más”.

Diputados de Carrió ampliaron denuncia por corrupción en el Fondo del Trigo

Legisladores de la Coalición Cívica volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar una causa impulsada contra Roberto Felletti, sumando a otro exfuncionario.

Los legisladores de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli ampliaron la denuncia contra el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo, e incorporaron al ex secretario Guillermo Hang, por entender que continuó con el mecanismo irregular de beneficios económicos a la firma “Molinos Cañuelas”, con millonarios subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Además, solicitaron que la Justicia dicte una medida cautelar para detener el giro de fondos.

Bugallo y Campagnoli volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar la denuncia iniciada el mes pasado contra Feletti, a quien acusaron de favorecer a Molinos Cañuelas con subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo, creado para “contener el alza de precios internacional de los cereales”. El fondo es financiado con nuevos impuestos al aceite y derivados de la soja.

Ahora, la diputada nacional y el legislador provincial de la CC ARI señalaron que durante la breve gestión de Guillermo Hang al frente de la Secretaría de Comercio, “se continuó girando millonarios fondos a una empresa concursada, que claramente no cumple con los requisitos para contratar con el Estado y, en su paso por la administración pública, no hizo nada para transparentar ni para frenar el envío de dinero. Por eso también lo hemos incorporado a nuestra denuncia”, aseguraron.

“Como ya hemos denunciado con anterioridad, muy alejado del supuesto propósito, los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molinos Cañuelas, otorgando ‘compensaciones’ del Estado Nacional, a través de un festival de subsidios con la excusa de disminuir el valor de mercado de la harina”, indicaron.

En otros de los puntos señalados por la querella, Bugallo y Campagnoli refieren que “originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora `los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional’, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada”.

Para la diputada nacional Campagnoli, “sería un disparate que el gobierno siga girando esas sumas exorbitantes a Cañuelas, más aún cuando ya se encuentra un juez y un fiscal investigando la causa, y han imputado al ex secretario Feletti”.

Por su parte, el legislador provincial dijo que “es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molinos Cañuelas, con el único objeto de ‘rescatarlos de la quiebra’, generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas, viene directamente del Instituto Patria y de uno de los principales operadores del molino, hoy al frente de FAIM”.

“La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo, les vino como anillo al dedo, pero no es más que una brutal mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan, están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro”, describió Bugallo.

Finalmente, los diputados de la CC ARI solicitaron a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la transferencia de dinero “a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas públicas a empresas que se encuentran en flagrante violación de los requisitos para contratar con el Estado”.

Se realizó en el Senado la tercera jornada sobre Salud Mental

Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, el encuentro contó con el aporte de especialistas.

En el marco de los 11 años de su sanción, el senador nacional Mario Fiad (UCR-JxC) y la diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-JxC) realizaron una nueva jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental para analizar su aplicación y funcionamiento.

El evento, realizado en el Salón Auditorio del Anexo del Senado, contó con dos paneles de expertos integrados por el doctor Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; el doctor Hugo Cohen, exasesor de salud mental en la OMS; el licenciado Claudio Grecco, Magíster en Adicciones; Stella Maurig, operadora socioterapéutica; la doctora Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA; el doctor André Blake, médico especialista en psiquiatría y salud pública; el doctor Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores; y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia.

Al respecto, Fiad expresó: “Organizamos este ciclo de jornadas ante la necesidad evidente de una evaluación de la trayectoria de la ley, qué avances significativos propició, y cuáles son los aspectos que hay que revisar. Al día de hoy, ya han pasado más de 20 expositores de larga experiencia en el tema para contar su visión”.

La ley de Salud Mental se aprobó en noviembre de 2010 y, a la fecha, “sigue generando polémica respecto al texto de la norma y a su implementación”, consideran los impulsores de la jornada. Este es el tercer encuentro que realizan con el objetivo de trabajar en posibles modificaciones al texto vigente. Los anteriores tuvieron lugar el 28 de marzo y 30 de mayo.

“Debemos analizar con seriedad todas las posturas que se han expresado y ver los cambios que hagan falta para contar con una legislación que sea eficiente y aplicable. Seguramente haya muchos proyectos que se sumarán a los ya presentados en el Congreso de la Nación. Hay que trabajar en los puntos en común y llegar a una propuesta seria y consensuada para que normas como estas sean efectivas y no solo una declamación de derechos”, sostuvo el senador radical.

Finalmente, el juejeño agradeció “a los profesionales, familiares de pacientes y representantes de las asociaciones civiles quienes vinieron a enriquecer el debate y nos brindaron las herramientas necesarias para tratar de encontrar las respuestas que pide la sociedad”.

Tercera jornada de Salud Mental en el Senado

Legisladores, especialistas y asociaciones analizarán la norma aprobada en noviembre de 2010 , que sigue generando polémica en cuanto a su implementación.

Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, este lunes 4 se desarrollará en el Auditorio del Senado de la Nación, la última jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.

Cabe destacar que será la última jornada en la que se volverá a poner en valor la Ley de Salud Mental y Adicciones aprobada en noviembre del año 2010, con la presencia de legisladores, especialistas en la materia y asociaciones civiles.

En relación a esto, Mario Fiad expresó: “Luego de dos jornadas muy fructíferas, en donde pudimos escuchar diversas posturas de profesionales del sector salud, como también los testimonios de familiares de pacientes, este lunes seguiremos analizando esta ley que sigue generando polémica respecto a su implementación y su funcionamiento”.

En esta tercera ocasión, la jornada estará dividida en dos paneles de cuatro expositores. El primero será encabezado por Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; Hugo Cohen, exasesor de Salud Mental en la OMS, Claudio Grecco; Magister en adicciones, y Stella Maurig, operadora socioterapéutica.

Por su parte, el segundo panel estará integrado por Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA, André Blake, médico especialista en psiquiatría y Salud Pública, Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores, y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas que padecen esquizofrenia.

“No hay duda que en la actualidad el sistema de salud no le está dando respuesta a los pacientes ni a sus familiares. Es por este motivo que empezamos con estas jornadas, para analizar y debatir si el problema es la ley en sí, o es un problema con la  implementación de la misma. A partir de esta tercera jornada sacaremos las conclusiones y trabajaremos en consecuencia para dar respuestas y traer soluciones”, manifestó el legislador jujeño.

La madre de Chano Charpentier expondrá en el Senado sobre la Ley de Salud Mental

Marina Charpentier participará de la segunda jornada de reflexión organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli.

Organizada por el senador Mario Fiad (UCR) y la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI), el próximo lunes, a las 14, se llevará a cabo en el Auditorio del Senado de la Nación la segunda “Jornada de reflexión y debate: A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.

En la actividad participarán diferentes especialistas y entre los expositores también estará Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, quien se encuentra nuevamente internado.

La primera jornada se realizó el pasado 28 de abril, también en el Anexo de la Cámara alta, y contó con la presencia de especialistas del sector, quienes expusieron sobre distintos puntos de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que a más de una década de su aprobación sigue generando polémica respecto a su aplicación y funcionamiento.

En este sentido, Fiad manifestó: “En esta segunda jornada vamos a seguir escuchando a actores que están involucrados y trabajan día a día en esta temática. Es muy importante seguir conociendo las diferentes posturas respecto a esta Ley de Salud Mental y Adicciones, para poder trabajar en las reformas o modificaciones necesarias para que su aplicación y funcionamiento sean realmente efectivas”.

En esta segunda ocasión expondrá el doctor Christian Molina Radio, médico especialista en psiquiatría y maestrando en prevención y asistencia de drogodependencias; el doctor Atilio Álvarez, defensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional en lo Civil; Marina Charpentier, trabajadora social especialista en adicciones y madre del cantante Chano Charpentier; el doctor Agustín Yecora, secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la provincia de Jujuy; el licenciado Ángel Barraco, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental; y el doctor Daniel Navarro, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto-juvenil.

“Es muy importante lograr estos espacios de debate para que los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar su postura y apreciaciones sobre esta ley, que a pesar de haber sido aprobada hace más de once años todavía sigue sin dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias”, finalizó Fiad.

Diputada de JxC denunció al programa de Florencia Peña por “contenido sexual y grosero”

Se trata de la legisladora Marcela Campagnoli quien sostuvo que “el ciclo es vulgar”. Diputados de Juntos por el Cambio acompañaron la denuncia.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica- Buenos Aires) denunció por “contenido sexual y grosero”, ante la Defensoría del Público, al programa “La puta ama”, conducido por Florencia Peña y emitido por América TV.

La acusación de la legisladora se suma a las críticas que recibió la conductora por el contenido y el lenguaje utilizado al aire. La denuncia apunta particularmente a los “chistes” que realizó la artista durante los primeros dos programas.

“En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé”, dijo la conductora del programa y la legisladora consideró que estos dichos “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y someterse a la voluntad de sus abusadores”.

Campagnoli alegó: “Entendemos que la libertad expresión no puede ser considerada como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagraos en tratados con jerarquía constitucional”.

Además, en el escrito se resalta la importancia que Florencia Peña sea “comunicadora social y una influyente artista”. “Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”, resaltó la diputada en la denuncia, por lo que concluyó: “Yo no le voy a decir a Florencia Peña qué contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explícita desde lo gestual y lo vulgar”.

El documento fue acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio tales como Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

Denunciaron a Luana Volnovich por incorporar a PAMI empleados sin secundario completo

La denuncia fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli por la “posible comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó este miércoles una denuncia contra la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, por la “posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de conocerse que más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente, algunos sin haber terminado el secundario, algo exigido por la ley de ingreso al Estado y empleo público.

Por su parte, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y mientras tanto seguirán como monotributistas. “Será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos”, señaló el texto oficial.

En ese contexto, la dirigente de la CC-ARI señaló: “No sería la primera irregularidad en la que incurre la directora ejecutiva del PAMI”, y contó: “Con anterioridad hemos hecho un pedido de informe debido a las múltiples contrataciones (más de 470) que se hicieron durante la pandemia”.

Dentro de esta última denuncia, resalta que “se ha alterado el orden de transparencia y se busca dar puestos de empleo permanente por un medio que no resulta ser el idóneo” y que “se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública”, según se presentó ante la justicia.

Para Campagnoli, el argumento de Volnovich “carece de fundamentos jurídicos, siendo únicamente la justificación a una flagrante violación de los deberes que tiene a su cargo”, por lo que pretende que se investigue a fondo lo sucedido.

“Nuestros abuelos merecen personal idóneo para ser atendidos, seguidos, visitados”, explicó la diputada. “Hay que terminar con la improvisación en reparticiones tan caras a la condición humana como lo es el PAMI”, sentenció.

Cabe recordar que en el mes de enero la funcionaria camporista estuvo envuelta en otra polémica, ya que se fue de vacaciones al Caribe junto a Martín Rodríguez -segundo en el organigrama del PAMI- hecho que fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña.

Diputados de JxC piden la remoción del embajador de Argentina en Bolivia

El diplomático Ariel Basteiro participó de la marcha del MAS que era encabezada por Evo Morales. Los legisladores opositores presentaron un proyecto para su reemplazo porque consideraron que “no debió inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia”.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Fernando Iglesias y Marcela Campagnoli, presentaron un proyecto de resolución solicitando el reemplazo inmediato del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, ya que argumentaron que “no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como embajador”.

“Repudiar las expresiones realizadas por el señor embajador Ariel Basteiro, a cargo de la Embajada de Argentina en la República de Bolivia en el acto llevado a cabo el jueves 24 de noviembre relativas a cuestiones y liderazgos partidarios internos de dicho Estado e instar al Poder Ejecutivo su inmediato reemplazo”, fundamentan en el cuerpo del texto.

En tanto, la legisladora Lehmann sustentó que el Poder Ejecutivo “ha esgrimido repetidamente el argumento de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países para evitar fijar una posición ante los repetidos atropellos contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua que fueron condenados en gran parte del mundo”.

“Si hay algo que no admite lugar a dudas es que un diplomático (Basteiro) no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como Embajador, de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, a que intervino en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó en relación a la participación de Basteiro al reencuentro de la marcha política del MAS para expresar su apoyo en defensa de la democracia y los valores que llevaron a Evo Morales al Gobierno en 2005.

Airada reacción por los dichos de Gollan sobre el efecto electoral de la “platita en el bolsillo” de la gente

Luego de que el candidato del FdT afirmara que con más plata en el bolsillo la gente hubiera reaccionado distinto, llovieron críticas de legisladores de JxC.

“Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”, dijo este jueves el exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan, ante lo cual la oposición reaccionó de manera airada.

El titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, disparó: “No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”.

Para el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del

Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde ese sector, la diputada provincial Maricel Etchecoin estimó que “la dignidad de los argentinos no se compra ‘con un poco de platita’. La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen”.

Para Luis Petri, “siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

A su vez, la diputada del Pro Dina Rezinovsky consideró que en el oficialismo “no entendieron el cansancio de la gente. Creen que en la PASO la gente no los eligió solo por el bolsillo. Se olvidan los miles de muertos, las violaciones a los DDHH y las libertades. Se olvidan del año sin escuela de los pibes”.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Campagnoli advirtió que “la gente no es solo estomago y bolsillo para llenarlos. También tienen sueños, dignidad, emociones y afectos que ustedes destruyeron. El discurso es inclusivo pero la realidad es excluyente, y la gente se cansó del relato y de que la usen. Un poco de respeto”.

“Habría que avisarle a Daniel Gollan que deje de subestimar a la gente, que demostró en las PASO estar cansada de un gobierno hipócrita e incompetente. El dolor causado por las muertes de la pésima gestión sanitaria de su gobierno no se arregla con ‘más platita en el bolsillo’”, expresó por su parte la diputada radical Mercedes Joury.

“El desprecio por el pueblo al que creen encarnar es ya patético. Los ciudadanos son tontitos a los que se los manipula fácil con un chupetín de papel pintado, aunque después los perjudique la inflación. Populismo de manual”, resumió el diputado Jorge Enríquez.

“Considerar que la foto de la fiesta de Olivos hubiera molestado menos con más ‘platita’ en el bolsillo, como afirmó el ministro de Kicillof, que abandonó su cargo en salud para ser candidato, es no tener valores morales y despreciar el sufrimiento de la gente”, señaló por su parte el diputado Miguel Bazze.

A su vez, Paula Oliveto reaccionó así: “Cómo subestima el kirchnerismo al pueblo. ¿Cuánto vale que tus hijos no hayan ido al colegio? ¿Cuánto sale que nadie haya podido despedir a sus muertos? ¿Cuánto vale el cierre del negocio? ¿Cuánto sale el robo a las vacunas? Los valores no están en el mercado. No se venden”.

En tanto que la diputada mendocina Claudia Najul consideró que “Gollan cree que los argentinos tenemos valores y una moral condicionada por el bolsillo. No todos somos como vos, Gollan, hay una mayoría honesta y digna que no tolera mediocres como vos”.

El jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, apuntó por su parte: “Miles de argentinos vieron morir a sus familiares sin siquiera poder despedirlos. Mientras tanto, en Olivos hacían fiestas y vacunaban a sus amigos. Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que el enojo es por la ‘platita’”.

En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Alicia Fregonese, que señaló: “La derrota electoral desnuda sus valores, creen que todo es cuestión de dinero. El dolor de los familiares de los 115 mil muertos por COVID no se soluciona con ‘platita’. Los argentinos no tenemos precio. Estamos hartos de la corrupción”.

“Cuando lo único que te importa es la “platita” y crees que todos son iguales a vos… Le cuento, candidato, que aunque usted no la tenga…la dignidad existe”, expresó a su vez la diputada María Luján Rey.

Instan al PEN a dejar sin efecto el DNU que restringe el regreso de argentinos

Un proyecto de diputados de Juntos por el Cambio llama a arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid “que se adecuen a la Constitución”.

Un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli (Coalición Cívica/ARI – Buenos Aires) presentó y proyecto de declaración expresando la preocupación por “la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan los miles de argentinos varados en el exterior” a raíz del DNU que dispuso que hasta el día 9 de julio próximo haya restricciones a los vuelos y un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior.

“La imprevisibilidad y arbitrariedad de la decisión del Gobierno de limitar los pasajeros que pueden ingresar por día al país, llenó de angustia e incertidumbre a cientos de argentinos a lo largo del mundo”, expresó la diputada Campagnoli al presentar su iniciativa.

Agregó la diputada que “aun cuando la gravedad de la pandemia amerita la toma de decisiones inmediatas y urgentes, nunca pueden ser ignorando nuestra Constitución”. En ese marco, sostuvo que “necesitamos certezas, contención, empatía y cuidados. Un Estado impreciso y caprichoso, no es un lujo que podamos darnos”.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el DNU 643/2021 y arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid-19 de manera que se adecuen a la Constitución Nacional y se garantice el ejercicio de los derechos allí contenidos.

Acompañan con sus firmas el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Martín Grande, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Alvaro De Lamadrid, Carla Carrizo, David Schlereth, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Piccolomini, Hernán Berisso y Adriana Cáceres.

Piden un nuevo candidato para titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Legisladoras de Juntos por el Cambio le enviaron una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rechazo de la postulación de Gustavo Fuentes.

Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.

Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva. 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.

“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275.  Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.

Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.

“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.

“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.

Pedido de informes sobre la Hidrovía

La diputada Campagnoli presentó un pedido de informes ante el inminente vencimiento del contrato de concesión y la creación del Consejo Federal.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este miércoles un pedido de informes ante el inminente vencimiento del contrato de concesión de la Hidrovía y la creación del Consejo Federal de la vía navegable. “Si tenemos en cuenta el carácter estratégico de los servicios prestados por Hidrovía SA, resulta necesario instruir al Ministerio de Transporte a que adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio de interés público de la navegación de los espacios que actualmente se prestan en el marco del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto N° 253/95 y Actas de renegociación subsiguientes hasta la adjudicación y/o adjudicaciones previstas en el o los respectivos llamados”, indica la iniciativa.

El proyecto de resolución busca solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre el Acuerdo Federal Hidrovía, ante el vencimiento del próximo viernes del llamado a licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de la vía navegable.

“Se desconoce cuál será el destino que se le dará al acuerdo que firmó el Ministerio de Transporte con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para asegurar la transparencia en el proceso licitatorio y de un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA sobre dragado sustentable y competitivo que proponía la incorporación de cláusulas ambientales e industriales”, planteó Campagnoli.

En el proyecto, sostuvo que “el ministro (Mario) Meoni, quien perdiera la vida hace menos de una semana, había trabajado arduamente para lograr que el proceso de licitación se llevara a cabo de la manera más transparente posible, para lo cual había firmado un acuerdo con la OCDE, teniendo en cuenta la importancia y dimensión del negocio si consideramos que por allí circulan millones de toneladas de mercaderías del interior del país que usan esta vía de acceso fluvial, como son los ríos del Plata y Paraná en su camino al mar para ser transportados a distintos países del mundo”.

En ese sentido, la diputada de la CC ARI planteó su incertidumbre respecto a “una demora en el llamado a la nueva licitación y que la transición podría ocasionar pérdidas millonarias a productores agroexportadores y trabajadores de dragado y balizamiento, que a la fecha se desconocen qué medidas se han adoptado al respecto, es que efectuamos el presente pedido de informes”, señala.

En la iniciativa, Campagnoli destaca la importancia de “garantizar la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios comprendidos por el Contrato de Concesión” por lo que, planteó, “corresponde que se efectúe el llamado a licitación para la contratación de los servicios de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal de la Hidrovía”.

El Acuerdo Federal Hidrovía fue suscripto el 28 de agosto de 2020 por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte, y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Impulsan una ley para que los medios difundan contenidos educativos

Se trata de una iniciativa de la diputada Marcela Campagnoli, que busca compensar así en tiempos de pandemia la creciente brecha tecnológica y la desigualdad social respecto de la educación.

La diputada nacional de la CC ARI Marcela Campagnoli presentó este viernes un proyecto de ley para que los medios de comunicación difundan contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza de todos los niveles. “En medio de esta preocupante pandemia, tenemos que contribuir a la igualdad de acceso a la educación”, afirmó Campagnoli.

“Con la suspensión de la presencialidad de clases, es urgente compensar la creciente brecha tecnológica y combatir el incremento de la desigualdad social en lo que respecta a la educación”, resaltó la diputada de la CC ARI.

La iniciativa plantea establecer “la obligatoriedad en todo el ámbito de la Nación Argentina, de garantizar la provisión de los contenidos curriculares de todos los niveles de educación a través de los distintos medios de comunicación audiovisual de acuerdo con el carácter de actividad de interés público, fundamental para el desarrollo sociocultural de la población establecido en el art. 2 de la Ley 26522”.

En los fundamentos, sostiene que “la participación de los medios de comunicación en la sociedad del saber es prioritaria y primaria para el desarrollo social” y agrega que “la inclusión orgánica de los medios de comunicación como agentes educativos con niveles concretos de responsabilidad y compromiso concertado con las autoridades educativas nacionales y provinciales de aplicación, regulación y control, es un requerimiento impostergable del Estado de derecho democrático hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”.

En el proyecto también la legisladora remarca que “la continuidad escolar marcó inequidades que existen en Argentina respecto al acceso a Internet, la brecha digital, pero ahora se trasladan de hecho a las inequidades educativas. Por lo tanto, encontramos dos brechas digitales. Los desconectados sin internet, que era visible antes, y los desconectados comunitarios, con internet que no disponen o de computadora o de banda ancha o de ambos, que visibilizó la cuarentena y que permanecerá debido al distanciamiento social”.

“Resulta imperativo identificar otras vías de acceso por parte de los alumnos a los contenidos curriculares”, resalta el texto y agrega que “en el nivel primario hay mayor brecha digital que en el secundario. El 19,5% de los alumnos de sexto grado del nivel primario y 15,9% de los estudiantes del último año del nivel secundario no cuentan con conexión a Internet en su hogar”.

Por último, Campagnoli plantea en el proyecto que “los medios de comunicación estatal deben estar afectados a la educación por medio de la producción y emisión de contenidos educativos de apoyo a las currículas de la enseñanza correspondientes a todos los ciclos”.

Por una denuncia de diputadas, allanaron el hospital El Cruce de Florencio Varela

Mónica Frade y Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, habían denunciado que allí se vacunó de forma preferencial el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra.

Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se llevó a cabo este miércoles un allanamiento en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a raíz de una denuncia de diputadas de la oposición por supuesta “vacunación VIP”.

Efectivos policiales y personal del Juzgado se hicieron presentes en el centro de salud para recolectar información sobre la vacunación que allí tiene lugar, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La denuncia que dio lugar al allanamiento fue realizada por las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Campagnoli contra el diputado provincial y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el funcionario de Florencio Varela Daniel González; el funcionario de Salud de la Nación Arnaldo Medina; el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; y el director del hospital, Ariel Sáez de Guinoa.

Según las legisladoras en la denuncia a la que tuvo acceso NA, el Hospital El Cruce se utilizó para “estas ilegales preferencias” y allí “se vacunó el exintendente de Florencio Varela, hoy diputado provincial Julio César Pereyra”.

“Esa vacunación preferentemente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental, consignando que el nombrado lo hacía como ‘personal de salud’”, expresaron en la denuncia.

Señalaron, a la vez, que “el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales del partido de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado el actual intendente de Berazategui, cuya hija es presidenta del Consejo del Hospital”.

“Lo expuesto conduce a la necesidad de avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital”, agregaron.

Además, existe otra denuncia que indica que en el Hospital El Cruce habrían sido vacunados de manera preferencial integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Desde Juntos por el Cambio piden citar a Lufrano por una maniobra irregular en la TV Pública

Se conoció que un directivo del canal retiró de un banco 4 millones de pesos en efectivo para financiar una producción sobre Manuel Belgrano. Diputados de la oposición pidieron interpelar a la presidenta de RTA.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto para citar a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, a fin de que brinde explicaciones acerca de la información que indica que un funcionario de la TV Pública retiró 4 millones de pesos en efectivo de un banco para financiar una producción televisiva.

Según reveló el diario Clarín, un directivo de la TV Pública -del que no se conoce el nombre ni el cargo- retiró ese monto de forma irregular de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, y afirmó que era para financiar una ficción sobre Manuel Belgrano, tras lo cual las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría interna.

En el proyecto presentado, los diputados de la oposición solicitaron también un detalle de las cuentas bancarias que posee el canal estatal, así como los apoderados y personas autorizadas a realizar movimientos bancarios. Además, pidieron que se haga pública la auditoría y que se informe cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los responsables.

La máxima autoridad de la TV Pública tiene que dar explicaciones sobre este episodio, porque alguna autoridad tiene que haber avalado la extracción del dinero. Lufrano tiene que transparentar toda la información que tiene al respecto de este hecho, por eso consideramos que es el Congreso el lugar donde tiene que venir a rendir cuentas sobre su gestión”, aseguró Banfi.

La legisladora también recordó la necesidad de completar el directorio de RTA y del ENACOM con representantes de la oposición y advirtió: “El oficialismo no nos permite designar al representante de la UCR en el directorio de ambos organismos. Es una discusión que venimos teniendo hace muchos meses, pero el kirchnerismo no quiere ser controlado en el manejo de los medios públicos, y por eso vemos situaciones como la de este funcionario con dinero público en sus manos”.

Paralelamente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó una nota ante la TV Pública solicitando información sobre el hecho.

Campagnoli pidió “un informe del empleado o autoridad de RTA S.E. que realizó la extracción; qué empleado o autoridad tuvo en su poder y/o custodió el dinero desde el día que se retiró; qué directivo o autoridad autorizó la extracción del dinero; cuántos juicios existen, en la actualidad en trámite, en los que el ANSES fuese demandado; con qué fin fue retirado ese dinero y qué destino puntualmente se le iba a dar; qué gastos se realizaron; y con qué recibos o factura cuentan que los justifique”.

“El pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley y estamos ante una nueva irregularidad que debe ser esclarecida de manera urgente”, afirmó Campagnoli y pidió detalles del procedimiento de pago para este tipo de sumas y el monto de dinero que se restituyó a la TV Pública tras darse a conocer este hecho.

Diputadas de JxC se suman a la campaña para que CFK no cobre dos pensiones de privilegio

Las legisladoras de la oposición aseguraron que la vicepresidenta “infringe la ley” y reclamaron que se apele el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami.

Las diputadas de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña (Pro) y Marcela Campagnoli (CC-ARI) advirtieron que Cristina Kirchner “infringe la ley que imposibilita el cobro de dos pensiones en simultáneo”, y reclamaron que “se apele el fallo que habilita a la vicepresidenta a cobrar casi dos millones de pesos mensuales libre de impuestos”.

A través de un mensaje en las redes sociales, las legisladoras le pidieron este martes al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, y a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, “que apelen este fallo vergonzoso, no sólo por ilegal, sino porque en el actual contexto de pobreza de la Argentina la pretensión de nuestra actual Vicepresidenta es inmoral y falta de toda ética”.

El próximo viernes 5 de febrero vence el plazo para apelar en la Justicia el fallo del juez Ezequiel Pérez Nami, quien otorgó en diciembre el cobro de dos pensiones a Cristina Kirchner, una como expresidenta y otra por el mismo cargo que ocupó Néstor Kirchner, con intereses retroactivos por más de 100 millones de pesos y sin pagar impuesto a las Ganancias.

“El pasado 29 de diciembre, mientras en el Senado se discutía la legalización del aborto y en Diputados se votaba un brutal ajuste y rebaja para los jubilados, un juez subrogante le permitió a Cristina Fernández de Kirchner cobrar la pensión vitalicia de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, más la de ella, sin pagar Ganancias, y más su dieta como senadora, lo que son alrededor de dos millones de pesos por mes”, indicaron.

Además, Ocaña remarcó que el cobro de ambos beneficios “es totalmente ilegal” ya que “la ley es muy clara al respecto: la vicepresidenta debía optar por uno de los dos”.

De esta manera, las diputadas se sumaron a la campaña que un grupo de organizaciones, encabezadas por Acción Conjunta Republicana, iniciaron para que desde el Estado se apele al fallo.

Campagnoli: “no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”

Al expresar su enfático rechazo a la legalización del aborto, advirtió que “no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli completó el tiempo correspondiente al dictamen de minoría, arrancando con una réplica a la diputada Cecilia Moreau, que al cerrar el plenario de comisiones había calificado de “generoso” al presidente al señalar que había enviado un proyecto de ley sobre el tema del aborto cuando podría haberlo sacado por decreto. “Le recuerdo a la presidenta de Legislación General que el presidente tiene vedado legislar en materia penal. Y lejos de ser generoso, envió un proyecto que nos divide, cuando él dijo que venía a unirnos. Y además lo envía en medio de una pandemia”.

“Una pandemia que dejó 40 mil argentinos muertos; una pandemia que dejó a niños sin clases; una pandemia que dejó a mujeres sin poder asistir a sus controles médicos; una pandemia que dejó PyMEs cerradas y mujeres sin trabajo… ¿Con qué cara, con 44% de pobres, vamos a decir que esta es una prioridad para las mujeres?”, se preguntó, para luego criticar que ese hubiera sido un “debate exprés”, en el que se está debatiendo “un cambio fundamental de nuestro sistema jurídico y del país que queremos ser”.

Señaló en ese sentido que muchos juristas destacaron durante el debate que “nuestro sistema jurídico es robusto, valorando, protegiendo y defendiendo la vida desde la concepción”, ante lo cual se preguntó si “este va a ser el único tema en el que logremos cierto consenso transversal entre los distintos partidos políticos”.

“Hemos perdido otro año las mujeres diputadas donde podríamos estar representando a las niñas y las mujeres, deberíamos habernos podido pararnos en las coincidencias que tenemos, que son muchas, para poder legislar en pos de la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, destacó.

Habló en ese sentido en la necesidad de avanzar en la implementación de “una ley sexual integral universal; en la implementación de reformas que avancen y garantizar el acceso de mujeres y varones a anticonceptivos y métodos de reproducción sexual segura y sana”.

“Me comprometo a un debate serio, pero tenemos que pararnos en las coincidencias, no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”, señaló, para preguntarse luego si creían que realmente con estos proyectos “vamos a poder parar la mortalidad materna, que se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición… ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridades para nuestras mujeres?”.

Tras dejar claro su voto negativo, Campagnoli concluyó señalando que “este es un hecho político, estamos ante la urgencia que tiene el Gobierno de mostrar alguna gestión contundente en algo, y por eso envía este proyecto, pero estamos banalizando también con esto las normas. Porque se atropella el derecho, vamos rápido atropellando sin tener en cuenta nuestro ordenamiento político”.

Campagnoli presentó una denuncia por “posibles amenazas e intimidaciones” contra vecinos de Tigre

La diputada de la Coalición Cívica realizó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal de San Isidro. Cuestionó los allanamientos realizados en el marco de la investigación sobre amenazas a Massa.

marcela campagnoli

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC-ARI) presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal de San Isidro para que se investiguen “posibles casos de amenazas e intimidaciones” contra vecinos de la localidad bonaerense de Tigre.

La legisladora realizó la presentación luego de haber tenido contacto con un vecino del partido, quien había participado en distintas marchas y manifestaciones en los últimos meses. En la denuncia se adjuntaron fotos y pruebas de vehículos sin identificación policial.

Por otra parte, Campagnoli advirtió sobre varios allanamientos llevados adelante por parte de la justicia federal en Tigre. Según aseguró fueron en viviendas de “quienes se habían manifestado en redes o participado de las marchas” y se les secuestraron “computadoras y teléfonos celulares, lo que constituye una clara intimidación que va a ser objeto de una ampliación de la denuncia”.

“Los allanamientos fueron realizados de manera irregular e incluso demoraron por horas a una de las personas allanadas, y se registró el ingreso a la casa de personas mayores quienes habían estado aisladas con el fin de no exponerse al coronavirus”, señaló la diputada de Juntos por el Cambio.

Los procedimientos a los que se refirió la legisladora de la CC-ARI tiene que ver con los allanamientos ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa donde se investigan las amenazas telefónicas que a principio de mes sufrió el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual

A través de ese proyecto, la diputada Campagnoli busca que el Congreso garantice a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de ley para garantizar a las víctimas de violencia sexual “un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

“Desde el Congreso de la Nación, no se puede pretender que las víctimas sigan esperando que los operadores jurídicos se capaciten con perspectiva de género para así finalmente ver protegidos sus derechos”, manifestó. Por tal motivo, consideró que este proyecto sobre “reglas de prueba para la investigación de delitos contra la integridad sexual” contribuirá a “garantizar a las víctimas de violencia sexual un real acceso a la justicia, libre de discriminación y violencia”.

En línea con la normativa internacional de DDHH y especialmente las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, el proyecto plantea una modificación del artículo 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, “para incorporar como derecho una investigación, proceso y resoluciones libres de estereotipos y prejuicios de género”.

En segundo lugar, introduce reformas en el nuevo Código Procesal Penal Federal y en el actual Código Procesal Penal de la Nación, para prohibir que -en los procesos donde se investigan delitos contra la integridad sexual- se admita como prueba aquella referida al comportamiento sexual, anterior o posterior al hecho, de la víctima o de un testigo.

Por último, se introducen al nuevo Código Procesal Penal, reglas sobre la recolección y admisibilidad de la prueba referidas al consentimiento de la víctima.

“Las víctimas de este tipo de delitos suelen experimentar una revictimización al acercarse a la administración de justicia, y la violencia ya no es ejercida por el agresor sino por los agentes estatales y operadores jurídicos”, aseguró Campagnoli y agregó que “este es uno de los factores que repercuten en la baja cantidad de denuncias”.

En los fundamentos del proyecto, Campagnoli sostiene que “en este tipo de delitos, en las investigaciones, procesos y sentencias se observan prejuicios y estereotipos de género que repercuten en los derechos fundamentales de las víctimas”.

En ese sentido, afirmó que “la justicia en lugar de centrarse en los hechos concretos del caso, termina inmiscuyéndose en la vida privada de la víctima. Así, varias de las decisiones judiciales se basan en estos mitos preconcebidos y no en los hechos del caso”.

El proyecto está acompañado con la firma de los legisladores Gabriela Burgos, Graciela Camaño, Carla Carrizo, Josefina Mendoza, Maximiliano Ferraro, Héctor Flores, Mónica Frade, Alicia Terada, María Luján Rey, Adriana Caceres, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Alberto Asseff, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla.

Piden suspender las ejecuciones por deudas y pedidos de quiebra de pymes

Es un proyecto de las diputadas Campagnoli y Oliveto, de la Coalición Cívica, que consiste en un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes hasta fin de año.

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley para suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan origen posterior al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La prohibición alcanza a “ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen”.

El proyecto establece también que “el Banco Central procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas”.

A su vez, el BCRA “instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la Ley 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia”.

“Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas”, agrega la iniciativa.

En los fundamentos, Campagnoli y Oliveto plantean que “se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo” por la pandemia del Covid-19.

“Las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”, agregan.

Por esa razón, las legisladoras piden “el establecimiento de un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes, deudoras concursadas o susceptibles de entrar en concurso, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes a los actos perfeccionados al amparo de su imperio”.

“También se estima oportuno instrumentar, a los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las MiPyMes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del fisco”, consideran.

Solicitan ampliar el Programa Hogares con Garrafa

Por el tiempo que dure esta crisis, a través de una iniciativa, la diputada Campagnoli quiere ampliar ese subsidio para sus beneficiarios.

La diputada nacional por la CC ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socio-económicos del aislamiento social, preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

“En 2015 se creó el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), mediante el que el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, para que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”, recuerda la iniciativa.

“Actualmente, el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles ($43.750) o de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles ($65.625) si tiene algún familiar con discapacidad”, agrega.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas así como de los demás servicios. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

“Es por esto que, a través de este proyecto, le pedimos al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”, propone la diputada nacional por la CC ARI.

Piden ampliar el alcance del programa HOGAR mientras persista el aislamiento social

El proyecto es de la diputada Campagnoli, quien advierte sobre el mayor consumo de gas durante la cuarentena, con un perjuicio para las familias de menores recursos.

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socioeconómicos del aislamiento social preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

Mediante el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), creado en 2015, el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el país, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicados, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por red o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad.

Según detalló Campagnoli, “actualmente el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta tres SMVM ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 SMVM ($43.750) o de hasta 4,2 SMVM ($65.625) si tienen algún familiar con discapacidad”.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

Por eso, la legisladora de la Coalición Cívica pide al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa “tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como a través de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”.

Piden al Ejecutivo que capacite a empleados públicos para la prevención y protección del coronavirus

Se trata de un proyecto de la diputada Campagnoli, de la Coalición Cívica, que apunta a combatir la desinformación sobre el tema.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo que disponga la capacitación virtual obligatoria en la temática de prevención y protección del coronavirus para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

“Es una responsabilidad de las más altas autoridades de nuestro Estado combatir fervientemente cualquier tipo de desinformación y facilitar en forma efectiva el conocimiento científico y riguroso sobre las medidas a tomar a partir de ahora para prevenir el contagio y propagación del virus”, explicó Campagnoli.

Sostuvo que “para ello, es necesario que al menos podamos garantizar una capacitación integral y transversal de todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”.

“Ante situaciones como la que vivimos, sabemos también de los riesgos que traen aparejados la desinformación”, plantea la diputada de la CC-ARI en los fundamentos de su iniciativa.

Según Campagnoli, “todos somos testigos de la propagación de información falsa o errónea en los últimos días, la cual no solo no cesará, sino que probablemente irá aumentando a medida que también se incremente la propagación del virus. Esto no contribuye a combatir en forma efectiva la enfermedad y aumenta los riesgos de toda la población, y muy especialmente de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo”.

El proyecto fue acompañado por la firma de los diputados de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann, Mariana Stilman, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gustavo Menna, Gabriela Burgos, Miguel Nanni, Carla Piccolomini y Martín Medina.