En la sesión de este jueves, el Senado avaló por unanimidad (60 votos positivos) las designaciones como embajadores de Guillermo Nielsen y Marcela Losardo, propuestos por el Poder Ejecutivo.

Nielsen fue presidente de YPF hasta enero de este año, cuando fue reemplazado por el santacruceño Pablo González. El economista, de 70 años, fue secretario de Finanzas entre 2002 y 2005. Además, de 2008 a 2010, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, fue embajador en Alemania.

Por su parte, Losardo fue ministra de Justicia y Derechos Humanos hasta marzo de este año, cuando presentó su renuncia y en su lugar asumió Martín Soria. Con anterioridad, se había desempeñado como secretaria de Justicia durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, entre los años 2005 y 2009.

La abogada representará al país ante la UNESCO, asumiendo el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Fernando “Pino” Solanas, quien murió en París en noviembre del año pasado a raíz de Covid. Además, Losardo se convirtió así en la segunda mujer que ocupa ese puesto, siendo la primera Elsa Kelly, bajo el mandato de Raúl Alfonsín.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) afirmó que ambos candidatos “respondieron con total claridad y contundencia todas las inquietudes de los senadores” durante la audiencia pública en la que defendieron sus pliegos.

Sobre el destino de Nielsen, la mendocina dijo que “podemos destacar como síntesis el proceso de gran transformación que está llevando ese país y también la gran oportunidad que tienen los productos argentinos de poder ingresar” a Arabia Saudita.

En cuanto a la UNESCO, la vicejefa del bloque oficialista señaló “la vara alta que dejó el compañero Fernando ‘Pino’ Solanas en esa representación” y, por otra parte, “el gran desafío que tiene la UNESCO en la educación, la cultura, la información y la comunicación en estos tiempos de pandemia y pospandemia”.

En nombre de Juntos por el Cambio, el senador Julio Cobos (UCR) confirmó el acompañamiento de su interbloque ante “la preocupación de nuestro espacio para que rápidamente todos los embajadores” se “cubran rápidamente”, porque “queremos ganar nuevos mercados y llevar adelante la mejor política exterior”.

Oficialismo y oposición en el Senado avalaron las postulaciones de Guillermo Nielsen como embajador en Arabia Saudita, y de Marcela Losardo como embajadora ante la UNESCO, durante una audiencia pública realizada este lunes.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo fueron analizados en el marco de la Comisión de Acuerdos que, en el arranque del encuentro, ratificó a sus autoridades: Anabel Fernández Sagasti (FdT), presidenta; Ernesto Martínez (Pro), vicepresidente; y Magdalena Solari Quintana (Misiones), secretaria.

Con el acuerdo de los bloques, luego de la reunión se pasaron a la firma los dictámenes.

Durante la audiencia, en primer término expuso Guillermo Nielsen, quien recordó haber estado en la Comisión de Acuerdos en el pasado, cuando defendió su pliego como embajador de Alemania, cargo que ocupó entre los años 2008 y 2010.

El expresidente de YPF reveló que envió su CV a Cancillería en enero, y “el reino de Arabia Saudita me dio el plácet en el mes de febrero, algo muy rápido para lo que son los tiempos de Arabia Saudita en esta materia” ya que “es un país que está en una zona de conflicto muy importante, y hay una cantidad de chequeos que se hacen al personal diplomático que va a estar residiendo allí que llevan mucho tiempo”.

En su presentación, el economista repasó su trayectoria y el vínculo con las relaciones exteriores a través de sus estudios. Asimismo, mencionó que fue secretario de Finanzas y tuvo a su cargo “lo que fue en ese momento la reestructuración de la deuda más grande que se reestructuró en el mundo, en 2005. Eran 82 mil millones de dólares”, recién superada por Grecia años después.

Sobre el lugar de destino, expresó que “es un lugar sumamente interesante, especialmente en estos momentos que hay un cambio en la monarquía” y “modificaciones en el funcionamiento de la sociedad saudí”. Al respecto, contó que, en política de género, “las mujeres pueden manejar solas y sin tener cubierto el rostro desde hace dos años” y “todavía no hace un mes que pueden comprar un departamento por sí solas”.

Nielsen señaló que Arabia Saudita tiene “una sociedad que ha crecido muchísimo en cuanto a la población; es una sociedad de alto nivel adquisitivo y donde los productos argentinos no son precisamente abundantes”. “Hay sí una presencia importante de productos agrícolas, en un renglón de forrajes. Arabia Saudita tiene contratos muy fuertes con dos empresas que producen alfalfa”, continuó.

El candidato también habló de una perspectiva para “el mercado de la carne ovina, donde Argentina ha perdido posicionamiento internacional” y, por otra parte, “la venta de vinos”.

“Lo más importante es el posicionamiento financiero de Arabia Saudita”, resaltó y consideró que “la normalización financiera (a la que aspira el Gobierno) nos va a permitir acceder a fondos de Arabia Saudita, que puedan venir directamente a Argentina a generar inversiones; ellos están muy interesados”.

En apoyo a la designación, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, destacó el trabajo de Nielsen en la reestructuración de la deuda luego de la crisis de 2001 y sostuvo: “Es una persona de mucha experiencia, sobre todo en el campo económico”. Y valoró su capacidad de “buscar la forma de un desarrollo económico y social de nuestro país”.

Por su parte, el senador Jorge Taiana (FdT) celebró la postulación de su “amigo” con quien “hemos trabajado mucho” y ha visto “su pelea en la época de la deuda, con muchas anécdotas de valor personal”. “No dudo que Guillermo hará una gran tarea y que hay muchas perspectivas”, añadió.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, manifestó el apoyo a la designación y dijo que “los antecedentes nacionales e internacionales del postulante son bien conocidos”. En su caso, afirmó conocerlo porque “nos ayudó a las provincias a reestructurar las deudas que teníamos”.

Para el radical Julio Cobos, Nielsen “está preparado para Arabia Saudita y cualquier otra embajada. Hasta su tono de voz es de embajador”. “Ha tenido experiencia buena y demostrada” en Alemania, apuntó y ponderó su “especialización desde joven en el comercio exterior”.

Luego fue el turno de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien le agradeció la postulación al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y manifestó que “es una alta responsabilidad que me honra y que aspiro a desempeñar con el compromiso, con la dedicación y con el esfuerzo que siempre pongo en mis tareas institucionales”.

“Nuestras autoridades nacionales siempre consideraron a la UNESCO un espacio internacional de gran importancia en la educación, la ciencia y la cultura”, subrayó, y recordó que desde su fundación en 1945, el cargo de delegado o representante ante la UNESCO se creó en 1953 -durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón-, y esta sería recién la segunda vez que una mujer ocupe ese lugar, siendo la primera Elsa Kelly, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Además, dijo que le “honraría” suceder a Fernando “Pino” Solanas, quien falleció en noviembre de año pasado, mientras ejercía ese cargo, como consecuencia del coronavirus.

“La educación, la ciencia y la cultura, los grandes capítulos de la UNESCO, afrontan hoy en el mundo, azotado por esta pandemia, una nueva agenda. Es diferente de otras épocas, con desafíos extremos y sin antecedentes desde su fundación”, analizó.

En ese sentido, la candidata indicó que “los organismos internacionales como este juegan un importante rol en la cooperación entre los países, porque estamos en una etapa de resignificación”. “Me comprometo a colaborar en la búsqueda de respuestas en estos campos frente a esta crisis humanitaria que se desencadenó”, prometió.

“El objetivo principal es federalizar todas las acciones de la UNESCO; tenemos que fomentar la cooperación regional, por ejemplo, los proyectos de alfabetización deben llegar a las provincias”, continuó.

Además, Losardo enfatizó que “uno de los temas muy importante que se viene trabajando es que nuestro país inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO a la ESMA, excentro clandestino de detención, tortura y exterminio”. “Esta es una prioridad para Argentina”, aseguró.

Por último, la exministra aspiró a que “Argentina pueda llevar a la UNESCO las fortalezas, los planes, las ideas y que también podamos enriquecernos para minimizar nuestras inequidades. Pretendo ser un puente de acercamiento intercultural y de crecimiento”.

Por el oficialismo, Mayans destacó a Losardo como “una persona con experiencia” que “el trabajo que puede hacer ante la UNESCO es importante realmente”; mientras que Taiana no dudó que “va a hacer una tarea destacada”.

En tanto, Schiavoni dio su apoyo y le pidió “una mayor presencia de nuestra cultura tan rica de nuestras distintas regiones y provincias” como “el desarrollo de la industria de la artesanía”. “Su rol en la UNESCO puede ser una excelente ventana para que mostremos la multiplicidad y riqueza de nuestras sub-culturas regionales, porque no es solo el tango o el chamamé”, completó el macrista.

En la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal al pliego de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, propuesta para el cargo de embajadora ante la Unesco, en París.

Losardo renunció a su cargo el pasado 9 de marzo, luego de tironeos internos por diferencias con el ala dura del kirchnerismo, y fue reemplazada por el rionegrino Martín Soria.

El cargo para el cual se la propone es el que ocupaba, desde la asunción de Alberto Fernández, el exsenador Fernando “Pino” Solanas, quien falleció en noviembre del año pasado a raíz de Covid-19.

Ahora, el pliego deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la vicejefa de la bancada oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Designación de cónsules y vicecónsules

La Cámara alta aprobó por unanimidad (61 votos afirmativos) la designación de cónsules y vicecónsules honorarios, pendientes de 2018, 2019 y 2020.

Se trata de Andrea Paola Tolosa Valle; César René Macina; Emilio José Viramonte Olmos; Gabriel Mario Matteo; Juan Pablo Durando; Miguel Ángel Durando; Claudia Suhad Guerrero Merhi; Laura Scherzer; Marcelo Bernardo Sonzini; Leandro Ezequiel Gabardi; Guillermo Tavitian.

El presidente Alberto Fernández confirmó anoche la designación de Martín Soria como ministro de Justicia en lugar de Marcela Losardo, asegurando que venía siguiendo su trabajo en la Cámara de Diputados y aseguró que tiene una mirada semejante a la suya.

Durante su participación en el programa debut de “Fuego amigo”, de Canal 9, el mandatario negó que se hubiera tomado demasiado tiempo para decidir, explicando que Marcela Losardo renunció el viernes pasado. “Todavía no le acepté la renuncia, pero hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son las expectativas y él aceptó hacerse cargo”, detalló.

Luego Fernández contó que “hace varios meses que vengo siguiendo lo que viene haciendo; él entiende bien lo que está pasando en la justicia, tiene una mirada semejante a la mía: lo único que quiero es que el estado de derecho funcione como debe ser. Tenemos una mirada común muy clara con lo que está pasando y lo que debería pasar para que las cosas funcionen mejor”.

En otro pasaje el Presidente contó que “en algún momento” había hablado con Martín Soria y le dijo que le parecía “muy importante lo que estaba haciendo”. En ese sentido detalló que hablaba de “un trabajo raro que ayuda a desentrañar los vínculos del poder y la Justicia”. Al respecto explicó que el rionegrino comenzó a observar “quiénes entraban y quiénes salían en la Casa Rosada, adónde iban, y así empezó a detectar cosas muy llamativas. Lo que hace es verificar algo que uno viene planteando hace mucho tiempo”.

Respecto de su prematuro anuncio de la salida de Marcela Losardo cuando aún no tenía resuelto quién la sucedería, Fernández dijo: “Yo no miento, digo la verdad. En ese momento me pasaba eso, Marcela había tomado la decisión de no seguir y le pedí que no se fuera. Seguimos trabajando en la semana y me tomé el tiempo para pensar nombres. Había muchos, pero elegí este”.

En referencia a la ministra de Justicia saliente, Fernández dijo que “Marcela ha puesto un esfuerzo incalculable, y ella interpretó muy bien lo que yo quería hacer. Yo no pedí el juicio político a ningún juez, esperé que la justicia hiciera y la justicia no hizo”.

“Marcela, que no viene de la política, sintió cierta desazón y me dijo que prefería dar un paso al costado”, continuó el Presidente, que reiteró luego lo de que lo que terminó de decidirla fue la aparición del fiscal Carlos Stornelli (al que no nombró), “a quien ella en su vida vio, y que dijera que se solidarizaba con él”. Asimismo reiteró que lamentaba mucho que ella hubiera tomado esta decisión.

Justo una semana después de que el presidente Alberto Fernández anunciara públicamente en una entrevista por C5N que su amiga Marcela Losardo dejaría el Ministerio de Justicia, se conoció el nombre de su sucesor. Se trata del diputado del Frente de Todos Martín Soria, uno de los primeros nombres que habían surgido al analizarse los probables sucesores.

En efecto, ese lunes durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Alberto Fernández dio el nombre de Martín Soria, pero también deslizó una contraparte, el también diputado nacional del oficialismo Ramiro Gutiérrez. Pero estaba claro que de los dos el único que realmente tenía ciertas posibilidades era el rionegrino.

Así y todo pasó una semana para conocer el nombre definitivo, y en el transcurso surgieron varias alternativas, como Marisa Herrero y Alberto Iribarne, hasta que este lunes sonó muy fuerte la posibilidad de que Interior absorviera la cartera de Justicia y así Eduardo “Wado” De Pedro se quedara con ambas carteras.

Hasta que poco antes de las 20 fuentes oficiales devolvieran a la palestra el nombre del exintendente de General Roca.

Soria tiene 45 años, es abogado e ingresó a la Cámara baja en 2019 liderando la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en Río Negro, junto a la segunda de la lista, Susana Landriscini.

Su reemplazante en la Cámara baja será Pedro Dantas, el tercero de esa nómina, quien completará el mandato hasta 2023. Dantas es actualmente el jefe de la oficina de ANSeS en Cipoletti.

Entre 2011 y 2019, Soria fue intendente de General Roca, cargo que hoy ocupa María Emilia Soria, su hermana. Ambos son hijos de Carlos Soria, el gobernador de Río Negro fallecido el 1ro. de enero de 2012 a manos de su esposa, Susana Freydoz.

Por José Angel Di Mauro

La insistencia ante el funcionario fue estéril. Sincero, aseguró que todos los nombres circulantes para reemplazar a la ministra de Justicia deben tomarse como “globos de ensayo”, y ante la conclusión de que “solo el Presidente debe saber con certeza quién será el que termine jurando esta semana, se encogió de hombros, advirtiendo: “No estaría tan seguro de eso”.

Y sonó convincente, porque difícilmente Alberto Fernández tenga algo decidido en la materia, pues en ese caso no se entendería que siga dilatando la resolución. De hecho, nadie recuerda en la Rosada un caso similar: un presidente anunciando la salida de un funcionario, pero dejándola supeditada a la elección de su sucesor, y extendiendo una semana el misterio. Si ya implica un fuerte costo político haber resignado a su persona más cercana en el Gabinete, ni qué decir sobre las dudas para resolver la situación.

Tiene cierto sentido si se ve la película completa, que más que drama asemeja a una comedia de enredos. Veamos, el viernes de la semana anterior sonaba fuerte la versión de la salida de Marcela Losardo, pero el fin de semana desde Olivos se aclaró muy especialmente que el Presidente retendría a su amiga un tiempo más, para dar al menos la sensación de una salida elegante. Cuando el lunes se supo que esa noche Alberto F. saldría al aire con Gustavo Sylvestre, se esperaba un respaldo que, por el contrario, se transformó en la confirmación de lo que todo el fin de semana había mandado a desmentir.

Semejante viraje fue lo que llevó a algunos a filtrar cierto enojo de las personas cercanas al Presidente precisamente con él. Por la forma que le suelta la mano a sus funcionarios más cercanos: siempre queda claro que los que se van lo hacen a instancias del Instituto Patria. Salvo el caso de Ginés González, aunque precisamente esa renuncia fue también reprochada desde el entorno presidencial. No por la decisión en sí, pero sí por la forma.

Tanta demora en la definición diluye los nombres lanzados originalmente. En el citado reportaje, Alberto Fernández dio crédito a la versión de que un diputado podría convertirse en ministro, y avaló los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Este último -bueno es decirlo- no tiene ninguna chance, por provenir del massismo y haber trabajado en proyectos cuestionados desde el kirchnerismo. Por eso es que en boca del Presidente debió interpretarse esa cita como el intento de diluir un poco la figura del otro legislador, muy próximo al kirchnerismo.

Aunque Fernández buscó despegar a Soria de la vicepresidenta, con el argumento de que su hermana María Emilia votó a favor de la suspensión de Julio De Vido. Un argumento que hasta podría calificarse de “machirulo”, según la visión K, pero en rigor de verdad, el que nunca estuvo en el kirchnerismo fue Carlos Soria, el padre de Martín y Emilia, quien fuera asesinado por su esposa en Año Nuevo de 2012. Muy cercano a Eduardo Duhalde, tuvo sí una buena relación con Cristina Kirchner, con la que integró la bicameral investigadora de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel; ambos eran las cabezas visibles de esa comisión.

María Emilia estuvo a punto en 2016 de pasarse al bloque Justicialista. En la reunión constitutiva de esa bancada que se referenciaba en los gobernadores, la joven Soria dio uno de los discursos más contundentes y al concluir se fue del Sindicato de Taxistas al Congreso para anunciarle al bloque FpV su decisión de irse, y dijo que volvería seguramente con más legisladores. Todavía la están esperando.

Cuando Soria ensayó un enroque de puestos con su hermana, que quedó al frente de la intendencia de General Roca, Río Negro, mostró de inmediato un fuerte alineamiento con el bloque que conduce Máximo Kirchner. Y adoptó un lenguaje judicial que cayó muy bien en el Instituto Patria, al punto tal de ser viable para el cargo hoy disponible. Pero como hemos dicho, la demora conspira contra los nombres tempranamente mencionados.

Los últimos días ganaron espacio en el terreno de las posibilidades Marisa Herrera y Alberto Iribarne. Este último es actualmente embajador en Uruguay, cercano al Presidente y ya fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Su designación dejaría mejor parado a AF, y sería una señal de paz hacia el Poder Judicial. Por eso es que pocos creen que realmente tenga posibilidades; más bien forma parte de la estrategia oficial de mostrar candidatos de a pares, nunca los dos del mismo sector.

Herrera es hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, y se reconoce como “nacional y popular”. Especializada en Derecho de Familia, tiene en su escritorio un retrato de Evita, y una serie de mamushkas que identifican también a Eva Duarte, Cámpora, Néstor y Cristina. Ah, la más grande representa a Hugo Chávez. Investigadora del Conicet, se reconoce como “kirchnerista” y hasta fue candidata a diputada suplente de Unidad Ciudadana en 2017.

Es muy crítica del Poder Judicial, del que descarta que sea “apolítico”, y considera a la Justicia “elitista”. Tiene además muy baja ponderación de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Reúne, en definitiva, “méritos” suficientes para ser tal vez la candidata más probable a suceder a Marcela Losardo, quien firmó su sentencia definitiva cuando relativizó los dichos de Oscar Parrilli respecto de la conformación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial. Si bien el propio Presidente la felicitó primero por haber clarificado la situación, el kirchnerismo no demoró en defenestrarla y su amigo le soltó la mano.

Tendrá su compensación, pues seguirá como embajadora ante la UNESCO en París, un destino top que le habían garantizado a Fernando “Pino” Solanas cuando se alió al Frente de Todos, pero el excineasta falleció por coronavirus y su puesto quedó vacante y tentador. Fernández se lo ofreció en su momento a María Eugenia Bielsa, otra dirigente cercana a la que tuvo que echar a instancias del kirchnerismo, pero la hermana del DT del Leeds lo rechazó. El recurso de las “embajadas consuelo” es habitual en esta administración y ya fue utilizado con Guillermo Nielsen, beneficiado con la embajada en Arabia Saudita. Se barajó también ofrecerle la de Colombia a Ginés, pero alguna voz atinada sugirió abstenerse en ese caso.

Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”, dijo Parrilli sobre Roberto Boico.

Lo cierto es que nada indica que la embestida contra el Poder Judicial vaya a menguar en los tiempos que vienen; será más bien lo contrario. Y complementa el panorama la designación de jueces, instancia que esta semana el Senado cumplió con el nombramiento de otros 22. Entre ellos Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los que fundamentó su postulación fue el senador Oscar Parrilli, quien también fue defendido por el ahora integrante de la Cámara Federal porteña, y en su alegato en el recinto les dijo a los senadores de la oposición que rechazaron ese pliego: “Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”.

No tendrá en cambio ninguna razón para abstenerse de participar en ninguna causa que involucre al gobierno de Mauricio Macri, contra el que el viernes la Oficina Anticorrupción oficializó la denuncia penal promovida por Alberto Fernández contra el gobierno de Cambiemos por el préstamo del FMI en 2018.

Todo vale en esta embestida, y lo demostró el gobierno el 8M, cuando los discursos oficiales tomaron a la violencia de género como argumento para “cambiar la justicia”. “Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Ursulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia”, señaló el Presidente durante la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la Violencia de Género”.

El tema judicial absorbe por lo visto más atención de parte del gobierno que la que se esperaría en tiempos de pandemia, sobre todo cuando los epidemiólogos hablan ya hasta de “tercera ola” y la vacunación avanza de manera lenta. Hace varios días que no llega ningún nuevo cargamento de vacunas y el gobierno anunció para esta semana la llegada de tres millones de vacunas Sinopharm. El tema es que esa vacuna no ha sido autorizada aún por la ANMAT para personas mayores de 60 años, con lo que la beneficiada con esta importante remesa será la franja de entre 18 y 60 años. El sector de mayor riesgo deberá seguir esperando entonces, pues la provisión de la Sputnik V se ha ralentizado y de hecho en la provincia de Buenos Aires ya no la aplican.

El presidente Alberto Fernández reconoció este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tiene los días contados como funcionaria y ya le está buscando reemplazante. El mismo mencionó los nombres de dos diputados nacionales para ocupar el lugar de quien fuera su socia y funcionaria más cercana, pero no dio mayores señales sobre el tema.

Fernández citó al rionegrino Martín Soria y al bonaerense Ramiro Gutiérrez, y señaló sobre ellos que “los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver”, porque “a todos los salpican antes de empezar a hablar”.

Durante una entrevista que concedió a C5N, el presidente relativizó las versiones circulantes respecto de las características de quienes podrían reemplazar a Losardo. Y se hizo eco de las que atribuyen a Soria la condición de “kirchnerista”. En ese sentido señaló que “hasta donde yo recuerdo, Soria estaba enfrentado a los Kirchner, fue contra (el actual senador nacional Martín) Doñate en Río Negro. No se cómo funciona, pero lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos”.

“A Martín (Soria) lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la Comisión de Justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, detalló.

En el marco de la entrevista, el primer mandatario volvió a cargar duramente contra la Justicia, atribuyéndole haber perdido el “prestigio”. Afirmó que “tenemos un problema muy serio con la justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la justicia desde muy chico, y yo he visto degradar la justicia”.

Por otra parte recordó haberle pedido al Congreso que intervenga respecto de la trabada reforma judicial, aprobada en el Senado y frenada en la Cámara baja. “En Diputados está durmiendo”, afirmó, reiterando su pedido de crear una comisión bicameral de control. Y señaló en ese sentido que “el control cruzado (entre el Congreso y la Justicia) es lo que dice la Constitución, eso no se a quién le puede molestar pero lo dice la Constitución”.

“Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso sí puede investigar el funcionamiento de los jueces”, agregó, admitiendo que habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Yo creo que él la quiere impulsar, después es una decisión de la Cámara de Diputados”, apuntó.

Emergencia energética

En otro orden, Alberto Fernández señaló durante la entrevista por el programa Minuto 1 que enviará al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia energética para poder ajustar las tarifas de acuerdo con el crecimiento de los salarios.

Ya lo había anunciado en su presentación ante la Asamblea Legislativa y al respecto apuntó que el proyecto declarará la emergencia tarifaria para poder establecer tarifas. “Por ejemplo, no más allá de un porcentaje de los aumentos salariales”, comentó, agregando que “las tarifas deben poder ser pagadas en esta Argentina de hoy, en este contexto y no pueden ser un dilema para el consumidor: comprar remedios o pagar la luz, esto no puede volver a pasar”.

El rol de la Justicia volvió a estar en el centro de la escena tras el mensaje del presidente Alberto Fernánez ante la Asamblea Legislativa, y en las últimas horas por la propuesta de crear una comisión bicameral de control del Poder Judicial, que el senador Oscar Parrilli salió a anunciar.

Sobre el tema se refirió este miércoles la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien señaló: “Lo que el presidente planteó, y está muy bien que lo pida, es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial. Esto es lo que plantea nuestra Constitución en un poder republicano y democrático”.

“Ese control no significa interferir en las decisiones, sino para que se respete el equilibrio de poderes”, sostuvo la funcionaria y dijo que la comisión funcionaría como “un órgano de asesoramiento, no permanente, creado para el estudio de un asunto determinado”.

La ministra aseguró que “en caso de que ocurra (la creación), porque eso es una decisión del Congreso, será para analizar o estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de las atribuciones. Podría convocar una audiencia pública para que los jueces informen sobre su gestión, pero todo eso para un mejoramiento de la justicia”.

Losardo también explicó que la bicameral podrá “elaborar propuestas legislativas”, pero aclaró que no tendrá atribución para sancionar a jueces: “No puede, eso no es constitucional. Eso le corresponde al Consejo de la Magistratura y al jurado de enjuiciamiento”.

Por otra parte, la funcionaria reclamó que están “a la espera” de la sanción del proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados para “reordenar el sistema federal”. “Creemos que la Justicia tiene que cambiar, tiene que mejorar. No toda. Está lleno de jueces que son probos, honestos y trabajan”, prosiguió.

En declaraciones a radio El Destape, la titular de la cartera de Justicia enfatizó que la vía para “mejorar el sistema judicial” es por “el camino de las instituciones”. En ese sentido, criticó la postura de la oposición.

“Siempre estuvimos dispuestos a aceptar cambios, pero siempre nos encontramos con una pared”, expresó y rechazó que la iniciativa ni siquiera se debata. “Todavía no lo habíamos enviado y se hablaba del proyecto para la impunidad de la vicepresidenta. Después dijeron que el presupuesto era mucho, después de por qué lo presentamos en pandemia. Siempre hubo un no”, agregó.

Entonces, Losardo consideró que “algunos quieren seguir y están cómodos como están ahora, parte de la oposición seguro. Todo lo que se quiera hacer para mejorar, para transparentar el servicio de Justicia es lo que siempre se traba, entonces me pregunto, ¿algunos quieren una Justicia transparente, proba?”.

Consultada respecto de las causas que involucran a la vicepresidenta, la ministra prefirió no hablar específicamente de alguna, pero sí afirmó que “hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios y que tienen un montón de cuestiones que no fueron atendidas, y no se ha hecho nada”. “La llamaron una vez a ocho indagatorias en un día. ¿A alguien le pasó eso? La vicepresidenta es una persona que siempre ha estado a derecho”, completó.

El diputado nacional Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Es a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales por diversas cuestiones jurídicas de la provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños en los denominados “Centros de Aislamiento” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.

“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo están circunscriptos al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, afirmó Buryaile .

El exministro de Agroindustria de la Nación afirma que en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.

Buryaile recordó que oportunamente como diputado de la Nación, meses atrás elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.

En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse ‘digno’, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile. La difícil situación se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la policía provincial durante más de una hora. “Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el diputado.

El proyecto de resolución presentado sostiene que “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”.

Finalmente, Buryaile remató: “Estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo provincial”.

Cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández habló la semana pasada de la necesidad de “meter mano en la Justicia”, no hizo más que dar certezas en torno a la corporización de una de las recomendaciones de la comisión de juristas que asesoró al mandatario a fines del año pasado, en cuestiones referidas a cambios en el seno de la Justicia.

En efecto, diversas fuentes oficiales dan por cierta la elaboración de un proyecto para crear un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema, y que entre otros temas se encargaría de analizar recursos procesales en causas de corrupción.

Consultado este jueves por parlamentario.com, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero aclaró que ese es uno de los temas que podría ser convertido en proyecto de ley, aunque aclaró que aún no ha sido redactado.

¨Algunas de las propuestas elevadas (por la comisión de juristas) están siendo evaluadas por el Poder Ejecutivo, pero no hay una iniciativa uniforme¨, aseguró el funcionario en una videoconferencia de prensa con periodistas de la Asociación de Periodistas de la República Argentina.

En el diario La Nación incluso se apuntó que el tema podría ser incluido en el temario de extraordinarias. Empero, muchas versiones han circulado los últimos días en torno al período extraordinario, incluso que se destrabaría la reforma judicial en Diputados, para su  presto tratamiento en esa Cámara. Sin embargo, diversas fuentes del oficialismo consultadas aclararon que “no hubo novedades” en las últimas semanas sobre el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, desechando que al menos hasta el inicio del período ordinario pueda prosperar algo en ese sentido. Tampoco hubo precisiones respecto de la reforma del Ministerio Público, que también cuenta con la aprobación del Senado y espera tratamiento en la Cámara baja.

Precisamente por eso  se especula con la posibilidad de que el Ejecutivo avance con esta iniciativa que crearía un tribunal intermedio, y pueda llegar a presentarla en el Congreso en las próximas semanas. No sorprendería tampoco que, para instalar el tema, se incluya el tema como instancia previa a la presentación del proyecto.

La iniciativa obedece al fastidio creciente en el oficialismo en general y el kirchnerismo en particular, sobre todo respecto de la resolución del Tribunal Supremo de ampararse en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin dar argumentos recursos presentados por la defensa de un condenado. Es lo que sucedió en el caso puntual del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

El repaso final del texto para crear este tribunal intermedio estaría por estas horas a cargo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. El proyecto puede ser aprobado por mayoría simple en ambas cámaras y, en caso de convertirse en ley, la integración del tribunal quedaría a cargo del acuerdo del Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura, e  impulsados por el propio Poder Ejecutivo.

Así como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro salió a responderle a Horacio Rodríguez Larreta por sus críticas al proyecto que recorta fondos de la Ciudad, aprobado con modificaciones el martes en Diputados, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuestionó al jefe de Gobierno porteño.

Lo hizo en su cuenta de Twitter, donde señaló que Rodríguez Larreta “ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias”.

“Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años”, le reprochó por otra parte, advirtiendo que en la conferencia de prensa que encabezó el martes “por momentos pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.

. @horaciorlarreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años.
Ayer, por momentos, pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema.

— Marcela Losardo (@mmlosardo) December 2, 2020

Le salió al cruce la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto: “Marcela Losardo en vez de hablar de Rodríguez Larreta debería explicar todavía el rol de funcionarios de su Ministerio en la liberación de presos, en la defensa a corruptos y en el hostigamiento a los testigos protegidos. Viven en otro mundo lejos de las necesidades del pueblo”.

Está claro que la postulación de Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación genera diferencias en el seno de Juntos por el Cambio; pero es también innegable -y sorpresivo- que el tema divide en el propio oficialismo. El sector más cercano al presidente de la Nación, que lo propuso, sigue sosteniéndolo, como dejó claro este miércoles la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al reafirmar el apoyo al juez federal para el cargo. Pero el kirchnerismo no parece estar muy convencido con ese nombre para el cargo que supo ostentar hasta 2017 Alejandra Gils Carbó. Alguien de ese perfil les atrae más, está claro.

La senadora María de los Angeles Sacnun dejó claro esta semana que el tratamiento del pliego de Rafecas no es prioridad para el oficialismo del Senado, que en esa Cámara es mayoría. Que primero tratarán la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora el diputado nacional ultra K Leopoldo Moreau dio un paso más en ese sentido, al deslizar una velada crítica hacia la ministra Losardo, muy cercana al presidente Fernández, por cierto.

En declaraciones al canal IP, deslizó un cuestionamiento hacia la funcionaria al señalar su extrañeza porque “la ministra haya aparecido solamente para esto”, en referencia a su defensa de la postulación de Rafecas. En ese sentido, Moreau recordó que “hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales, como el caso de (el fiscal Carlos) Stornelli, la situación del procurador (Eduardo) Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos”.

En respuesta al pedido de la ministra de Justicia porque el Senado avale a Rafecas, el diputado de origen radical señaló que “los tiempos y la agenda del Parlamento se dictan en función de las circunstancias que se viven en el ámbito parlamentario”.

Luego insistió en el cuestionamiento a la “ausencia” de Losardo en estos debates de temas judiciales, advirtiendo Moreau que no hubo una presencia suya “lo suficientemente contundente en este sentido”. Por el contrario, destacó el protagonismo que tuvo el Consejo de la Magistratura y también el Senado, reprochando que “en algún momento podría haberse escuchado esa voz, porque era muy importante”, refiriéndose a la ministra de Justicia.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, dijo este miércoles que espera que el Senado preste acuerdo a la postulación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general, cuyo pliego se encuentra planchado y el kirchnerismo abrió ahora, primero, la discusión por la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.

“Esperemos que el Senado acompañe la candidatura para el procurador“, sostuvo la funcionaria, quien reveló que “no” habló con Rafecas sobre su postura, transmitida en un Zoom con colaboradores, de que no accedería al cargo si eventualmente se lo designara con mayoría simple.

Losardo expresó: “Yo no hablé con él, pero conociéndolo entiendo que lo que quiso decir es que se requiere un gran consenso para su designación”.

Además, la ministra subrayó que “esto es distinto a si su cargo dura para toda la vida o no”, algo que hoy pone en debate el kirchnerismo, al plantear la postura de que si el cargo de jefe de los fiscales tuviera un plazo, no haría falta votarlo con los dos tercios, tal como planteó esta semana el rionegrino Martín Doñate.

Consultada sobre el apoyo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la titular de la cartera de Justicia consideró que “es valioso cualquier apoyo, no solo el de Carrió”. “Necesitamos tener procurador. No me sorprenden los que piensan diferente, los recibimos, pero siempre en el marco del derecho”, agregó.

Traslado de los jueces

Tras la decisión de la Corte Suprema sobre los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron restituidos en sus cargos pero se abrirán nuevos concursos, Losardo afirmó que el fallo “le da la razón al Estado de Derecho; no es que le da la razón al Gobierno, sino que reafirma que, tal como es nuestro criterio, los jueces no pueden ser trasladados a dedo”.

“Para los nombramientos se tiene que pasar por el proceso constitucional”, apuntó y señaló: “El fallo plantea que los jueces deben ser nombrados por consenso, y que los traslados no son definitivos, que son provisorios, y hay que llamar a concurso, que tienen que volver al lugar donde se encontraban y presentarse a un concurso. Porque no nos olvidemos que en aquel momento se pudo haber hecho ese concurso y se salteó, es decir, se pasó por arriba del sistema constitucional”.

En ese marco, la funcionaria analizó que la Corte también “explicó que esto se hizo toda la vida pero que las prácticas inconstitucionales no pueden generar derechos”.

En este sentido, aseguró que el Gobierno está “empeñado en realizar un cambio profundo” ya que “a eso vinimos: también a superar la manipulación de las instituciones, con el objetivo de ir generando una nueva normalidad donde las cosas se hagan bien”.

Por José Angel Di Mauro

Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado una distancia menor entre oficialismo y oposición, que hoy se refleja en un Congreso más parejo.

A pesar de la certeza citada, el futuro presidente declinó la posibilidad de influir en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso el 15 de septiembre de 2019. Redactarlo fue una formalidad con la que cumplieron las autoridades económicas de entonces, pero Cambiemos ya no hizo ningún intento por discutirlo siquiera en comisión. Como suele suceder en esos casos, el debate fue postergado a la espera de la nueva composición del Congreso. Aunque el nuevo gobierno prescindió de darlo. La nueva administración le bajó el pulgar a la ley de leyes, que dijo redactaría recién en el transcurso del 2020.

Se puede gobernar sin presupuesto. Es hasta más cómodo en ocasiones, pues el jefe de Gabinete solo tiene que redireccionar partidas. Por eso el reproche perenne que suele hacer el kirchnerismo respecto de que en 2011 “nos dejaron sin presupuesto” es ficticio: lo que no tenía entonces el Frente para la Victoria era mayoría en ambas cámaras y por eso el texto que surgiese iría contra sus deseos, razón por la cual decidieron prescindir de lo que sería un corset. Así y todo, el dato sirvió para el relato posterior y aún hoy rinde: en su último discurso de cierre en Diputados, Máximo Kirchner usó esa referencia para tratar de rebatir una referencia que acababa de hacer Mario Negri, respecto de que “ustedes tienen hoy una mejor oposición que la que tuvimos nosotros”.

El Presidente ha dicho que no cree en los planes, y habrá que ver si termina reconsiderando esa declaración, como ya ha hecho con otras. Pero lo cierto es que el presupuesto debería ser tenido en cuenta como la madre de todos los planes. Y este gobierno prescindió del mismo, aunque con un argumento irrebatible: no podía redactar uno sin saber antes qué pasaría con la deuda.

Ahora lo sabe, pues tras ocho meses de complicadas negociaciones acaba de lograr un acuerdo que tuvo un nivel de respaldo inédito. Empresarios, economistas, el sindicalismo, la oposición y hasta los movimientos sociales expresaron su beneplácito. De preguntarse muchos cuál sería el destino de Martín Guzmán tras el final de las negociaciones, el ministro pasó a ser considerado como el más poderoso. Con todo, los mercados suelen ser impredecibles, sino que le pregunten al macrismo. El día del anuncio bajó el dólar, volaron las acciones… Pero al día siguiente volvieron las dudas.

El arreglo en sí mismo apaga tempestades que hubieran sobrevenido si a una crisis sin precedentes se le agregaba un condicionamiento letal: hubiera sido la tormenta perfecta. Hoy se han sentado las bases para comenzar el despegue, o bien reiniciar el círculo. Habrá que demostrar que esto no es más que una postergación en los pagos, que deberá asumir el próximo gobierno a partir de 2025.

Por lo pronto, se necesita crecer, pues no se podrá pagar la deuda si eso no sucede, por más que hayamos renegociado. Y está demostrado que para la Argentina esa empresa se ha tornado imposible en la última década. El país dejó de crecer en 2011, pues no es suficiente que lo haya hecho desde entonces en todos los años impares (electorales), menos 2019. Crecer es un verbo que debe sostenerse, de lo contrario lo que se gana un año se pierde el siguiente, explican los economistas. Habrá que ver cuál es el destino de los recursos ahorrados en el pago de la deuda, aunque resta ahora la negociación con el FMI, que tendrá sus exigencias.

Está claro que una buena parte de los recursos del Estado están siendo consumidos por la crisis sanitaria que enfrenta el país desde marzo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aportan un dato ilustrativo de la magnitud de dinero que han debido redireccionar: la suma que se destina desde esa cartera a alimentos ha pasado de 15 mil millones a 60 mil. Nada que un presupuesto pudiera haber previsto el año pasado para el presente, dicho sea de paso. Porque esta crisis ha revelado datos imprevisibles, como determinó el alcance del IFE. En el gobierno admiten que cuando pensaron en ese recurso para capear las consecuencias de la cuarentena imaginaron que entre 2 y 2,5 millones de inscriptos… y hubo 9 millones.

Hoy esa cifra es la que en el gobierno toman como base para la “renta básica universal” que piensan poner en marcha antes de fin de año, según confió Hernán Torres Guerrero, subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de Desarrollo Social. Es una masa gigantesca de subsidios con los que el Estado planea arrancar el próximo año (electoral, digamos de paso). “Esa cantidad de beneficiarios va a ir bajando en la medida que la gente empiece a conseguir trabajo y la maquinaria de producción empiece a caminar”, precisa el funcionario de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Imposible predecir también cuándo será eso, cuando el pico aún no ha llegado y, por el contrario, las cifras meten miedo. En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos. Peor, la cantidad de muertos por día, que ya se han estacionado por arriba del centenar, podría superar los 200.

Consecuencia de la cuarentena más larga del mundo, las autoridades han tomado nota de que es imposible volver a los inicios de la misma, cuando el cierre era estricto. Quedó comprobado con la insubordinación de hecho que se dio cuando comerciantes de Once decidieron levantar sus persianas, desafiando la prohibición oficial. Desoídos, los inspectores dejaron de labrar actas y la autorización fue “de hecho”. Se sabe de abogados que están preparando acciones judiciales contra las autoridades de la Ciudad por “habilitar” actividades prohibidas por los DNU vigentes, atribuyéndoles las consecuencias de lo que pueda suceder.

En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos.

Es parte de la pirotecnia que le destina el kirchnerismo al jefe de Gobierno porteño, a la que sorpresivamente se sumó el Presidente en la semana al hablar de las camas que ocupan los jubilados porteños en la Provincia. Por ahora no es fuego cruzado, pues Horacio Rodríguez Larreta no contesta los ataques, aunque ha mandado a sus voceros a replicar de manera moderada. Pero tomó nota de que volvían las embestidas de parte del ala K del gobierno cuando la vicepresidencia deslizó una crítica a través de Twitter afirmando que “para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”. Lo peor es que Cristina estaba retuiteando un mensaje de Wado de Pedro: “Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la Policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”.

Encumbrado dirigente de La Cámpora, pero reconocido como moderado, llamó la atención semejante declaración de parte del ministro del Interior, que no ha tenido similar reacción ante hechos de violencia institucional como se han dado en provincias gobernadas por el oficialismo durante esta pandemia.

Wado tiene razón: para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. https://t.co/gU9aWHOHYd

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 2, 2020

Mientras tanto, avanza en el Senado el debate de la reforma judicial y, paralelamente, el juicio político contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Interino”, como resalta cada texto del oficialismo en el que se habla de él, en el marco de la fuerte embestida para conseguir su desplazamiento. Si bien la Constitución establece que la institución del juicio político alcanza al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, la Ley Orgánica del Ministerio Público solo habilita esa vía para desplazar al procurador.

Una movida casi testimonial, pues necesitarían los 2/3 que el oficialismo hoy no tiene en ninguna de las dos cámaras; pero tendiente a erosionarlo de modo tal de que termine renunciando. Circuló estos días como hipótesis la posibilidad de que el oficialismo modificara por mayoría simple la Ley Orgánica del Ministerio Público para ponerle fin al mandato de Casal de un modo más viable, y por eso se lo preguntó a la ministra Marcela Losardo la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado. Fue durante la exposición que hizo la titular de la cartera de Justicia sobre la reforma judicial el lunes pasado: la senadora cordobesa le pidió que respondiera por sí o por no si pensaban hacer algo así. Sin explayarse, la ministra respondió negativamente. Será un antecedente por si terminan haciendo lo contrario.

El jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans, afirmó que el costo de la reforma judicial que pretende implementar el Gobierno no será un problema, y acusó a la oposición de anteponer esa “excusa” para no acompañar el proyecto.

Al cierre del plenario de comisiones de la Cámara alta que contó con la presencia de la ministra del área, Marcela Losardo, Mayans señaló que “más del 80% del pueblo argentino no cree en la Justicia”.

“Cuando el presidente entró en campaña habló sobre este tema”, recordó, y agregó que dos de las prioridades de Alberto Fernández eran la negociación de la deuda y la reforma judicial, y en este último caso ratificó su decisión en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.

Según Mayans, “se ha sentido el avasallamiento del artículo 18 de la Constitución Nacional” en relación al debido proceso y la presunción de inocencia”.

Por otro lado, el legislador se quejó de que “hubo un sector que antes de escuchar la propuesta salió a defenestrar la reforma, y ahora hay otra excusa, que es el tema económico”.

Pero informó que el Presupuesto 2020 es de “6 billones” de pesos, y el monto asignado al Poder Judicial “no alcanza al 1,5%”, por lo cual “no mueve la aguja”. “Ni siquiera si duplicamos el costo del Poder Judicial afectamos el Presupuesto. Ahí no está el problema”, sostuvo el formoseño.

“Este proyecto contiene capítulos enormes de atajos y trampas para la impunidad”, denunció este martes el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, tras la exposición de la ministra Marcela Losardo sobre el proyecto de reforma judicial en un plenario de comisiones.

Naidenoff advirtió sobre el riesgo de “tratar este proyecto de forma descontextualizada de las cosas que están pasando en Argentina”. “No se trata de analizar por capítulos o temas. Esto es una especie de trampa discursiva. Intentar debatir esta reforma de forma descontextualizada de la realidad es un grosero error”, reforzó.

En ese marco, advirtió que en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público “se arremetió con mucha fuerza solicitando el juicio político contra el procurador Eduardo Casal, y no por casualidad, la embestida del juicio político es intentar forzar o tergiversar el canal natural del tratamiento del procurador a través de los dos tercios” en el Senado.

El formoseño alertó que “hay una decisión política firme e inquebrantable que nosotros llamamos la búsqueda de la impunidad”, a través de “movimientos de pinzas”.

Sin embargo, enfatizó que “en Argentina hay que definir prioridades” y le reprochó a Losardo: “Usted es de la cartera de Justicia y entiendo que haya números que pueda desconocer, pero ¿sabe en qué país vivimos? ¿Conoce los efectos de la pandemia? ¿Sabe que hay una sociedad encerrada, quebrada? ¿Creen que la gente pide a gritos una reforma de la Justicia?”.

Por otra parte, se refirió al comunicado temprano de Juntos por el Cambio en rechazo a la reforma. “El Frente de Todos es responsable de sus decisiones, y nosotros desde Juntos por el Cambio sabemos qué decisiones tomamos: en materia de Justicia, de antemano hay un freno”, sentenció.

Naidenoff también opinó que “la convocatoria amplia” debería incluir a “los partidos de la oposición”. “Cuando se pretende acordar, se convoca de otra manera”, consideró, y agregó que solo “hay vocación de acuerdo para la foto, como fue en la primera cuarentena”.

El senador repitió que “no podemos tratar este proyecto de manera aislada, como caído del cielo, como un puñado de buenas intenciones en el marco de una Justicia independiente. Esto está entrelazado con todas las cosas que están pasando”.

“No tener idea de los costos y no tener idea de por dónde pasan las prioridades de la gente es de una falta de respeto enorme. Hay una falta de sentido de común abismal del Gobierno”, lamentó, y por último resumió: “La prioridad de la sociedad no pasa por esta reforma”.

El debate sobre la reforma judicial arrancó este martes en el Senado con cruces picantes entre el oficialismo y la oposición, en el marco de un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, con la participación de la ministra del área, Marcela Losardo.

El primero en hablar fue Esteban Bullrich (Pro), quien pidió una estimación del costo de la reforma -algo que la ministra no respondió- y solicitó el giro del proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Un proyecto de este tipo, que va a tener erogaciones presupuestarias, necesita pasar por la Comisión de Presupuesto. En este momento donde los recursos fiscales son escasos, hay que discutir el destino de esos recursos”, sostuvo.

Por el Frente de Todos, Dalmacio Mera se refirió a la discusión sobre la oportunidad de la reforma y se preguntó “cuál sería el momento conveniente para trabajar en una mejor Justicia”. “El presidente en campaña planteó con claridad que había que reformar la Justicia”, recordó.

El legislador también habló de la polémica en torno al consejo asesor que fue creado por el Ejecutivo. “Nadie hace ninguna mención a que tengan los méritos, se hace una observación a uno en particular”, Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, Mera cuestionó: “No he visto a ningún colegio de abogados defender el libre ejercicio de la profesión”.

También criticó la valoración de la oposición en función de “si tenemos recursos o no” para poner en marcha la reforma, que consideró “oportuna y necesaria”.

Por el contrario, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que “claro que tiene que ver” el tema presupuestario, y advirtió que se crean “323 nuevos cargos de jueces fiscales y defensores” que demandarían “1.700 millones (de pesos) solo por el sueldo”, mientras que la infraestructura demandaría “otros 1.000 millones de pesos”.

“Este proyecto no es lo que la gente necesita de la Justicia; es un proyecto a medida para la política”, enfatizó la tucumana.

Por eso, se preguntó si no sería más adecuado “cubrir las 153 ternas que están bajo análisis del Poder Ejecutivo y no se cubren; los 134 concursos que están en el Consejo de la Magistratura; y las 70 renuncias que han tenido con las jubilaciones”, lo que hace a un total de 357 vacantes.

Elías de Pérez también advirtió sobre una “evidente persecución” en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público para “destituir” al procurador Eduardo Casal, y por otra parte comparó a esta reforma judicial con la de los ’90, tras lo cual le pidió a Losardo: “No escriba nada en ninguna servilleta”.

Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, se sumó a las críticas sobre la oportunidad de la ley “en un contexto donde hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta maldita pandemia”.

“Hay un montón de dudas en la sociedad de por qué se acelera tanto esta reforma tan ambiciosa, y esto se agrega a los conflictos en la Bicameral (del Ministerio Público) o a declaraciones de importantes referentes que hablan hasta de la reforma de la Constitución”, dijo.

En nombre del oficialismo, Martín Doñate aclaró que “no se trata de garantizarle la impunidad a nadie, sino de lograr una nueva organización de la Justicia” donde “se amplían los juzgados federales, se licúa la concentración de poder en pocos jueces, se le da un papel importante al interior del país y se mejora la transparencia”.

Por otra parte, sostuvo que “nadie puede dudar de que los integrantes del consejo consultivo tienen trayectoria, formación, y vienen de distintas vertientes del derecho para aportarle solidez” a esta reforma.

“No es una cuestión de oportunidad, es cumplir la palabra empeñada. ¿Cuándo sería el momento de reformar la Justicia si no es ahora? La gran mayoría de los argentinos está reclamando una mejor Justicia”, opinó Doñate.

Además, denunció que “los últimos cuatro años de gobierno fueron de los más escandalosos en materia de Justicia desde el regreso de la democracia”, ya que “crearon una ‘mesa judicial’” desde la cual ejercieron “el más brutal lawfare” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios, periodistas y agentes de Inteligencia.

Sobre el caso de Casal, y como titular de la Bicameral del Ministerio Público, Doñate advirtió que “estuvo meses permitiendo que esté prófugo el fiscal (Carlos) Stornelli (a cargo de la causa de los cuadernos) y nunca consintió su desafuero”.

Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió con sus pares en que “una reforma judicial no es crear más cargos sin solucionar el problema de la morosidad”, y también cuestionó la falta de participación de la oposición en el consejo consultivo.

Por otra parte, le preguntó a Losardo si “hay una decisión por parte del Ejecutivo de modificar la ley que establece que para aprobar el pliego del procurador general se eliminaría el requisito de los dos tercios” en la votación del Senado, algo que la ministra negó tajantemente.

Mariano Recalde (Frente de Todos) consideró que la propuesta oficial “evidencia un ánimo de consenso”. “Tal vez no sea la mejor oportunidad, pero creo que debió haberse hecho mucho antes, y se vio postergada por la pandemia. Era un compromiso electoral que debía cumplirse”, afirmó.

En respuesta a las objeciones sobre la presencia de Beraldi en el consejo consultivo, aclaró que el abogado “no va a tomar ninguna decisión más que aportar su conocimiento junto con otros diez juristas”.

Su par Oscar Parrilli reconoció que la ley “no va a solucionar todos los problemas de la Justicia, pero por lo menos es un camino para empezar a solucionarlos”.

Respecto de la oportunidad, recordó la reforma propuesta en 2017 y 2018, “cuando Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos y empresas”. “Decir que no es la oportunidad me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado”, retrucó.

Tras aclarar que “el texto no está cerrado, no es una imposición”, subrayó: “Lo más importante es que cuando se nombren jueces y fiscales, se nombren hombres probos, honestos, capaces, que no sean presionados ni extorsionados, que no se sometan a ningún poder político o económico y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el gobierno, la garantía de que nos van a juzgar con el debido proceso”.

A su vez, Anabel Fernández Sagasti denunció que “la oposición tiene una memoria muy selectiva: cuando les conviene hablar de republicanismo y que ni siquiera se evalúe la posibilidad de un mejor funcionamiento de la Corte, sacan comunicados antes de conocer absolutamente nada, pero cuando gobiernan en sus provincias amplían la Corte y van contra la institucionalidad”.

La oficialista calificó la actitud de Juntos por el Cambio como una “irresponsabilidad institucional gravísima”. “Necesitamos de la oposición para que, entre ambos, decidamos cuáles son las mejores herramientas para la Justicia”, dijo.

Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) preguntó, al igual que Bullrich, sobre la estimación presupuestaria del proyecto. “Tenemos que dar un buen debate respecto de los números, por eso esto debería tener giro a la Comisión de Presupuesto y que tengamos todo el tiempo necesario para debatir”, planteó.

Y añadió: “Obviamente que es necesario una reforma de la Justicia, porque hoy no es ni parcial ni eficiente. Lo que debemos debatir es cuál es la reforma que necesitamos y si realmente es un problema de diseño. Con la parcialidad tenemos que ver la idoneidad y el mecanismo con el que se nombra, y con respecto de la eficiencia debemos poder analizar los números”.

A pesar de un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por los senadores Esteban Bullrich y Martín Lousteau, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, no informó cuánto costará implementar la reforma judicial, e insistió en que “la Justicia no es un gasto, es una inversión”.

El tema comenzó a ser discutido en un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

En el contexto de la crisis económica por la pandemia, los legisladores de la oposición pidieron conocer cuánto demandaría la futura ley, y además reclamaron el giro del proyecto oficial a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, Losardo se limitó a decir que “los números que han salido están muy alejados de lo que es”. “Tenemos unas cifras que les vamos a acercar estando más pulidas”, acotó, y ante la insistencia de Bullrich, aclaró que luego enviaría esa información por escrito.

La ministra explicó que la reforma “está concebida en partes y etapas”, por lo cual no impactará de lleno en el próximo Presupuesto, ya que primero deben efectivizarse las designaciones de los nuevos jueces. Además, señaló que la unificación de fueros “no significa un costo”.

A continuación, sostuvo que “la Justicia no es un gasto, es una inversión”, y se refirió a “expedientes que tardan años, como la investigación de la AMIA o de la Embajada de Israel”.

“¿Cuál es el costo de esa Justicia ineficiente? No me hablen de costos en un Presupuesto Nacional. Si a una persona que es víctima de trata, o lo que se mueve ese dinero sucio, la plata de las offshore… ¿dónde está el costo? ¿Alguien evaluó el costo de los delitos de corrupción? La Justicia no es un costo, esto es lo mismo que decir ‘no tengamos escuelas porque es un costo’. Las plazas se llenan de gente pidiendo Justicia, ¿qué le decimos a la gente?”, enfatizó.

Losardo balbuceó que la reforma implicará el “cero coma algo del Presupuesto”. “Tenemos la plata, usémosla donde la tenemos que usar”, aseguró, y tras reiterar que las cifras serán informadas, le señaló a Bullrich: “Cuando vea cuál es el número se va a dar cuenta que usted también va a querer invertir”.

La oportunidad , el consejo consultivo y los jueces de la “servilleta”

Por otra parte, en respuesta al senador Pedro Braillard Poccard (Pro), Losardo defendió la oportunidad de la reforma y aclaró que “este proyecto estaba pensado para ser presentado a los pocos meses de la asunción del presidente, pero vino la pandemia”.

“Hubiera sido mucho mejor en febrero o marzo, pero la pandemia nos trastocó la agenda. Hoy por suerte podemos estar debatiendo y explicando”, manifestó, y agregó que “el momento de la Justicia es siempre”.

La ministra consideró que “esta es una oportunidad que tenemos para fortalecer la democracia, para que los ciudadanos tengan Justicia, para salir de las situaciones donde se opera judicialmente”.

En tanto, le contestó a la radical Silvia Elías de Pérez, quien comparó a esta reforma judicial con la de los ’90 y le pidió, en tono irónico, que “no escriba nada en ninguna servilleta”.

“En esa época no existía el Consejo de la Magistratura, así que es un muy difícil que pueda darse un caso así. Por suerte tenemos instituciones, instituciones que funcionan, y que si es necesario las vamos a mejorar. Acá no hay jueces de servilleta ni jueces a dedo”, se defendió Losardo, y aprovechó para recordar el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto durante la gestión anterior.

En relación al consejo consultivo, aclaró que no forma parte del proyecto de reforma judicial, sino que fue creado en forma paralela, y le respondió a Laura Rodríguez Machado (Pro), quien cuestionó la falta de participación de la oposición.

“Esta comisión no es para opositores o no opositores”, aclaró, y mencionó que entre los once juristas elegidos se encuentra Inés Weinberg de Roca, propuesta como procuradora general por el expresidente Mauricio Macri.

Por otra parte, y ante otro planteo de Rodríguez Machado, Losardo negó que se vaya a intentar una modificación de la Ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de los dos tercios del Senado para nombrar al procurador, en un contexto donde el oficialismo, en principio, no tiene los votos para designar a Daniel Rafecas.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, destacó este martes que la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de Justicia que funcione”.

Así se expresó Losardo al exponer en la primera reunión virtual conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

La funcionaria explicó que la iniciativa, que recibió fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, “busca una transformación integral de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”.

El proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: “el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.

En la primera esfera, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, señaló Losardo, el proyecto interviene en las estructuras del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, “porque es indispensable para enfrentar las necesidades que representa el nuevo fuero”.

“Se prevé un mecanismo especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y garantizar la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear”, resaltó la ministra.

En cuanto al segundo aspecto de la reforma, indicó que se propone otra unificación de fueros, para dar lugar al nuevo fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, se incluye una serie de “reglas de actuación” para jueces y magistrados, que apuntan a resolver “deficiencias del sistema de administración de Justicia”, invitando además a la Corte Suprema a que dicte códigos de ética.

El nuevo Fuero Penal Federal de la CABA

Al justificar la creación de este nuevo fuero, donde se unifica el Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, Losardo explicó que “el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal aumentó considerablemente, lo mismo que la complejidad de los hechos”.

La ministra recodó que “la última reforma fue en los comienzos de los ‘90” y actualmente se verifica “una morosidad en el trámite de las causas, sobrecarga de trabajo y movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes según la coyuntura política”.

“Es necesario que exista un mayor número de jueces, si se tiene en cuenta que para la implementación del sistema acusatorio cada decisión jurisdiccional va a requerir la presencia de un juez”, sostuvo.

Al referirse a la nueva estructura, especificó que se crearán “23 cargos de jueces penales federales de la CABA, uniendo los 12 jueces federales de hoy con los 11 jueces penales económicos”, y al dividirse las secretarías, se crearán 46 juzgados en total.

En tanto, habrá 12 Tribunales Orales Federales -sumando los ocho del fuero Criminal y Correccional y los cuatro del Penal Económico- más otros cinco nuevos tribunales, lo que significa un total de 17 TOF, mientras que quedará una sola Cámara de Apelaciones con cuatro salas, dos por cada fuero.

Losardo aclaró que “las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado y el mismo juez”, con lo cual la reforma “está lejos de ser caratulada como una garantía de impunidad”.

“Mientras se sustancian los concursos, se prevé un régimen de subrogancias que se aparta de algunos puntos de la nueva ley y busca una mayor transparencia en la designación transitoria de magistrados”, agregó.

En ese sentido, puntualizó que la subrogancia será exclusiva para los actuales jueces federales en lo Criminal y Correccional y se deberá votar en el Consejo de la Magistratura con una mayoría de dos tercios, para luego ser remitida al Poder Ejecutivo, que debe enviar los pliegos al Senado.

Por último, dijo que los subrogantes no podrán subrogar más de un año, con posibilidad de extender ese lapso por seis meses.

El nuevo fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA

Según la ministra, la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo “es necesaria por los conflictos de competencia que se suscitan y el flujo de casos existentes en ambos fueros”, lo que genera “gran litigiosidad y grandes volúmenes de expedientes” vinculados, por ejemplo, a los servicios públicos.

“Esto repercute en una imagen de la Justicia que no da respuestas”, advirtió, y por eso pidió “terminar con estas trabas y contiendas”.

Señaló que en este caso habrá una sola Cámara de Apelaciones compuesta por nueve salas, de las cuales cinco hoy corresponden al fuero Contencioso Administrativo y cuatro al Civil y Comercial. En cuando a los juzgados de primera instancia, se crearán 23, con dos secretarías cada uno.

Justicia Federal con asiento en las provincias

En este tercer vector de la reforma, Losardo afirmó que se retomó un proyecto de ley que había sido presentado en el marco del programa Justicia 2020 de la gestión anterior con las firmas de Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Luis Naidenoff, entre otros.

Así, se propone la creación de 94 juzgados penales federales de primera instancia en las provincias, para abocarse a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.

La ministra aseguró que hay dos objetivos: “la especialización de los jueces y un número de jueces suficiente para implementar el sistema acusatorio” y lograr “la adecuación progresiva de las nuevas estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal”.

Reglas de actuación

Por último, Losardo enumeró las “reglas de actuación” propuestas para jueces y magistrados, entre las que se encuentran “mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; no realizar comportamientos que constituyan favoritismos; garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario; el desapego a los poderes políticos, mediáticos y fácticos; y comunicar al Consejo de la Magistratura sobre posibles intentos de influencia en sus decisiones”.

A menos de una semana de su presentación formal en la Casa Rosada, se inicia en la Cámara alta la discusión en comisiones del proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Será este martes a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, a los efectos de dar tratamiento el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.

En esta ocasión se hará presente en la reunión la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.

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Obviamente será el puntapié inicial para una discusión que no será exprés, pero tampoco se presume extensa. De hecho, fuentes legislativas adelantaron a parlamentario.com que es intención que el proyecto resuma media sanción en el transcurso de este mes, previéndose su aprobación definitiva en Diputados en el transcurso de septiembre.

De ser así, el proyecto debería recibir dictamen el 18 o 19 de agosto, de modo tal de poder ser debatido en el recinto la semana siguiente. Conforme la resistencia de la oposición, el oficialismo deberá atenerse a la necesidad de esperar una semana a partir de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, para no tener que contar con los dos tercios que no tiene.

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En la Cámara baja se espera una mayor resistencia para un proyecto que recibirá entonces la consigna de no modificar nada de lo que se defina en el Senado, una cámara que domina la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí el debate será conducido por dos probados kirchneristas de paladar negro, María de los Angeles Sacnun como titular de Asuntos Constitucionales, y Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

En Diputados también manejarán el debate dos kirchneristas duros: Pablo González, exvicegobernador santacruceño, compañero de fórmula de Alicia Kirchner, y el camporista Rodolfo Tailhade, titulares de Asuntos Constitucionales y Justicia, respectivamente.

De acuerdo con la agenda oficial, es de esperar que el proyecto se transforme en ley en el transcurso del mes de septiembre.

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El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado el miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.

En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.

Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.

Muy cercana al presidente Alberto Fernández, de quien fue socia en el estudio jurídico que compartieron, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, es por lo tanto una de las funcionarias de mayor confianza del mandatario. Y comparte con él obviamente los objetivos planteados con la ambiciosa reforma judicial que se plantean.

Este jueves, luego de haber participado en la Casa Rosada de la presentación del proyecto de reforma, Losardo aventó fantasmas al asegurar que la propuesta “está lejos de querer lograr impunidad”, y cuestionó las afirmaciones críticas desde la oposición al sostener que “fueron planteadas sin leer” el proyecto.

Entrevistada en El Destape Radio, la funcionaria sostuvo que “nadie está planteando la impunidad. Si así fuera, no estaríamos pensando en dar más herramientas a los jueces”. Por el contrario, sostuvo que “si quisiéramos lograr la impunidad, están la amnistía y el indulto, facultades que no van a llegar nunca”.

“Las causas que se están tratando en estos momentos seguirán con sus jueces naturales”, reiteró, garantizando que la unificación de juzgados nada cambia a quien tiene un proceso”. E insistió: “No se puede pensar que, a partir de unificar los combustibles para acelerar los procesos, se garantiza la impunidad”.

Con relación a los cambios que puedan surgir en la composición de la Corte Suprema, Losardo señaló que la comisión que asesorará al presidente Alberto Fernández en materia de reformas judiciales “debe ser autónoma y mi rol no debe incidir”.

Por José Angel Di Mauro

Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.

Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exigirá un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en el verano.

Pero durante los más de siete meses que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a enviar, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando por el impuesto a las grandes fortunas…

El Presidente volvió a anunciar que en la semana mandaría al Congreso la reforma judicial, pero otra vez se postergó, aunque se da por descontado que ahora sí es inminente. La pandemia fue el elemento justificatorio para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial. Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el gobierno.

Como sea, eso sucederá, es decisión tomada. Porque más allá de las dilaciones, para Alberto Fernández ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el Presidente tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia, y Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. El tema está en cuánto de la letra original de ese proyecto será lo que vaya a prevalecer en el texto definitivo que se presentará, finalmente, en el transcurso de esta semana. Está claro que allí radica la razón de la demora. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en el la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del gobierno de Cambiemos.

Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias.

El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular, que maneja el Senado: allí tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.

Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.

El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -dicen que no le interesaría ocupar ese cargo- para pudiera asumir por Casal Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.

La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.

Muestra de que la reforma judicial mereció un intenso debate interno en el seno del oficialismo es la decisión ya tomada de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el Presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que se anunciará esta semana.

Estos temas están en primera fila de la agenda pública justo cuando el tan mentado pico de la pandemia está llegando. Cuando el número de contagios se supera día a día y la cifra de cien muertos diarios está naturalizándose dramáticamente. Algo que llevó a pensar en un posible retroceso en la cuarentena un poco más flexible implementada hace apenas una semana. Pero no es lo que se piensa en Olivos, donde argumentan que “por ahora” no están analizando esa posibilidad, pues si bien todos los números han ido para arriba, el índice de letalidad ha bajado y la ocupación de camas de terapia intensiva no ha llegado a porcentajes graves.

Hay otro argumento contundente: las cifras que tanto han alertado estos últimos días corresponden a cuando regía la cuarentena estricta, que evidentemente entonces ya no se estaba cumpliendo como en un primer momento, por múltiples y atendibles razones que ya hemos citado. Y ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.

Mientras trata de delinear el post cuarentena, el gobierno espera despejar en los próximos días al menos uno de los nubarrones más serios que asechan desde el principio de su gestión: la deuda externa. Los bonistas se han abroquelado y el gobierno insiste en mantener una postura irreductible que apunta más hacia la interna, pues nadie imagina que la negociación vaya a naufragar por una diferencia de apenas 3 dólares, que se traducen en algo más de 2.200 millones.

Ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.

En este contexto resultó curioso -sino incomprensible- que en plena negociación el Presidente afirmara ante el medio más influyente en el mundo de las finanzas, el Financial Times, que no cree en los planes económicos. Este fin de semana ese medio volvió a ocuparse de Alberto Fernández. El corresponsal de ese diario, Benedict Mander, lo había entrevistado el fin de semana anterior y ahora volvió a escribir sobre el mandatario argentino, en un artículo en el que Fernández insiste con una sentencia que repiten muchos en el oficialismo, quizá más como deseo que como certeza: “La pandemia es una oportunidad para repensar el capitalismo”.

En la nota se menciona a la vicepresidenta como “el poder detrás del trono”, graficando una sensación cada vez más imperante, pero también acota una sentencia bien concreta del Presidente, a contramano en este caso de lo que muchos en su gobierno sostienen y desean: “La globalización es irreversible”. Como para replantear aquello de que “la normalidad no existe más, es una fantasía”. El mundo seguirá siendo el mismo, en términos generales, después de la pandemia.

Diputados de la UCR encabezados por el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentaron este jueves un proyecto de resolución para convocar a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara baja por la destrucción de silobolsas en varias localidades del país.

Los legisladores quieren que las funcionarias den cuenta de las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos que están sufriendo los productores agropecuarios y conocer también si existe algún plan para evitar la propagación de dichos actos de violencia contra la propiedad privada rural, especialmente contra silobolsas.

Junto a Negri firmaron el proyecto de resolución Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria; Atilio Benedetti, extitular de la Comisión de Agricultura; y Jorge Vara, exministro de Producción de Corrientes.

Los diputados radicales reclaman la concurrencia de Frederic y Losardo para evaluar detalladamente esta situación, que se está propagando a lo largo y ancho del país.

“En función de las explicaciones e informaciones brindadas por las ministras se podrá evaluar con mayor precisión la necesidad de realizar ajustes normativos, determinar si la actual legislación constituye una causa efectiva de los llamativos y recientes ataques a los productores agropecuarios, y considerar y evaluar las futuras estrategias para desalentar este tipo de delitos”, explican en los fundamentos.

De esa forma, los diputados se diferenciaron del titular de la Cámara, Sergio Massa, que en las últimas horas presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de “vandalismo rural”.  

Negri, Buryaile, Benedetti y Vara sostuvieron que el Código Penal ya cuenta con sanciones “para quienes cometan el delito de daño y además prevé el agravamiento de la pena cuando ello suceda en circunstancias como despoblado y en banda (artículos 183 y 184)”.  

“Todo sistema legal es mejorable y perfectible, pero no parece que sea una laguna del Derecho la que hace atractiva esta modalidad delictiva. Existiendo sanciones fijadas por la ley para quienes cometan esos actos, las autoridades y los funcionarios públicos pueden y deben tomar cartas en el asunto, sin perjuicio del trámite que puedan tener los distintos proyectos en tratamiento en el Congreso”, agregaron.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica pide la interpelación de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. “Queremos saber si el ministerio a su cargo funcionará cómo una dependencia estatal dedicada a la defensa personal de encauzados por hechos de corrupción” señalan.

Los legisladores de la CC ARI citan a la ministra Losardo “a fin de que informe verbalmente a la Comisión de Justicia de esta Cámara sobre las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitando la prisión domiciliaria de los señores Ricardo Raúl Jaime y Martín Báez”.

“La Coalición Cívica expresa su profunda preocupación por las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, solicitando la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, quien se encuentra condenado por haber sido uno de los máximos responsables de la tragedia de Once, y de Martín Báez, acusado de lavado de dinero”, afirmaron. “También creemos fundamental que la Ministra revise quiénes son los funcionarios que tiene a cargo y si, efectivamente, son sus subordinados”, añadieron.

Desde la CC ARI agregan que “nos preocupa que el Poder Ejecutivo aproveche la grave situación que está atravesando nuestro país como consecuencia de la pandemia del coronavirus para garantizar la impunidad de los ex funcionarios kirchneristas corruptos y de todos aquellos que formaron parte del entramado de corrupción del gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”.

“Es perverso que en medio de una pandemia el gobierno pretenda que se le conceda la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, uno de los máximos responsables del esquema de corrupción que provocó la dolorosa tragedia de Once, quien, además admitió haberse quedado con dinero público de manera irregular”, expresaron.

Los diputados de la Coalición Cívica quieren que la ministra de Justicia sea interpelada en la Cámara de Diputados a fin de brindar explicaciones sobre lo ocurrido. “Hemos sido prudentes comprendemos las enormes dificultades que ha provocado a nuestro país la propagación del coronavirus en nuestro país, también hemos actuado con la misma responsabilidad  con la que lo hicimos durante los años en que nos tocó ser oposición, pero no vamos a aceptar que los funcionarios del presidente Alberto Fernández pretendan garantizar la impunidad de los ex funcionarios corruptos, utilizando como excusa la pandemia que azota al mundo”, agregaron los integrantes del bloque de diputados nacionales de la CC ARI.