Un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral anticipa que la participación ciudadana en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre podría ubicarse en torno al 65%, lo que implicaría un récord histórico de ausentismo desde 1985.

El informe, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, se basa en los resultados de diez elecciones provinciales desdobladas realizadas a lo largo de 2025, que registraron un promedio de participación del 59,37%, con picos mínimos en distritos como Chaco, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada dos electores habilitados no concurrió a votar.

Al proyectar ese comportamiento sobre el escenario nacional -considerando el diferencial de participación observado en 2021 entre comicios provinciales y nacionales-, el estudio elaborado por Marcelo Bermolén, director del OCI, estima que el ausentismo podría superar el 35% del padrón.

“La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, señala Bermolén.

De confirmarse, la elección de 2025 marcaría una merma de más de seis puntos respecto a las legislativas de 2021, que habían tenido una participación del 71,8%. Para Bermolén, el fenómeno “socava la legitimidad de origen” de los futuros representantes, en tanto el número de ciudadanos que no votan “supera al de muchos espacios que logran imponerse”.

El informe advierte además que el descenso de la participación viene siendo sostenido desde 2013 y responde a una combinación de anomia, desencanto y desconexión con la política, más allá de los instrumentos electorales utilizados (boleta partidaria, boleta única de papel o electrónica).

El informe también analiza el comportamiento histórico de los oficialismos en elecciones legislativas desde 1985: en 9 de las 11 elecciones de medio término celebradas desde el retorno de la democracia, los gobiernos de turno perdieron votos respecto de la elección presidencial previa, consolidando lo que el estudio denomina la “regla del castigo”. Aun así, en 4 de esos casos, los oficialismos lograron imponerse pese a la merma de apoyo.

En total, solo dos presidentes lograron revertir esa tendencia y mejorar su desempeño en elecciones de medio término: Néstor Kirchner en 2005, que subió más de 16 puntos sobre su caudal inicial, y Mauricio Macri en 2017, con una mejora genuina del 7,6%.

Por el contrario, los descensos más drásticos fueron los de Fernando de la Rúa en 2001 (-25,6%) y Cristina Fernández de Kirchner en 2013 (-21,3%). El informe remarca que, en promedio, la pérdida de votos de los oficialismos en elecciones de medio término ronda los 13,8 puntos porcentuales, y que cada vez que la oposición aumentó su caudal respecto a la elección presidencial, anticipó un cambio de gobierno.

Con respecto a los comicios del próximo domingo, Bermolén concluye que “podrían combinar baja participación ciudadana y voto de desaprobación hacia el oficialismo, en un contexto social marcado por el desencanto y la desafección política, lo que podría convertir a estos comicios en un plebiscito sobre el rumbo del Gobierno”.

A tres semanas de las elecciones legislativas nacionales, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analizó los desafíos que implica la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que se utilizará por primera vez en la historia electoral argentina.

“El 70 % de las BUP de la provincia de Buenos Aires ya están impresas. Imprimir el 30 % restante con el candidato que encabeza ahora significaría que hay dos modelos en un mismo territorio y podría generar confusión”, advirtió Bermolén. Reimprimir el total implicaría una inversión de más de 10 millones de dólares, además del descarte de lo ya recibido, costos adicionales de logística y el riesgo de mezclar partidas viejas y nuevas.

En ese sentido, sostuvo: “A esta altura del proceso electoral todo parece indicar que lo adecuado es mantener las boletas originales”. Y agregó que lo que el electorado debe identificar claramente es el partido o alianza electoral, algo que está asegurado en el caso de La Libertad Avanza (LLA), “a punto que el escándalo hace más fácil ubicarlo en la boleta”.

Bermolén remarcó que el voto es hacia una alianza, no hacia un candidato individual, y que la modificación afecta solo a uno de ellos. “En una economía en crisis, parece inadecuado —y hasta un despropósito— malgastar recursos millonarios para esa mínima enmienda”, señaló.

Como alternativa, mencionó la posibilidad de aplicar etiquetas autoadhesivas en la columna correspondiente a LLA, aunque advirtió que eso sobrecargaría la tarea de las autoridades de mesa, que ya enfrentan el desafío de un nuevo instrumento.

Sobre la BUP, Bermolén destacó que representa una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional. “Busca mejorar la nitidez de los comicios, reducir prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas”, afirmó.

No obstante, advirtió que el nuevo sistema requiere una fuerte campaña de educación cívica para evitar confusiones, especialmente en provincias que celebrarán elecciones concurrentes con instrumentos diferentes para cargos locales y nacionales. “El riesgo de apatía o temor entre adultos mayores o votantes con escasa formación cívica podría hacerlos desistir de participar”, alertó.

Finalmente, valoró los esfuerzos de la Cámara Nacional Electoral en materia de capacitación, pero consideró insuficiente el simulador en línea disponible en el sitio oficial del gobierno. “Es imprescindible que la sociedad haga suyo este nuevo instrumento electoral, y los ingredientes esenciales para ello son la confianza y el conocimiento”, concluyó.

La Argentina se prepara para un cambio histórico en su sistema electoral: por primera vez, se utilizará la boleta única de papel en comicios nacionales. El nuevo mecanismo, que reemplaza al tradicional esquema de boletas partidarias, busca mejorar la transparencia, reducir prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas.

Marcelo Bermolen, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, destaca que se trata de “una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional”, pero advierte que su implementación requiere una fuerte campaña de educación cívica.

“El sistema es más simple y seguro: el presidente de mesa entrega una única boleta y un bolígrafo, el votante marca su preferencia en un box, dobla la boleta y la deposita en la urna. Desaparecen los sobres y el cuarto oscuro repleto de boletas”, explica Bermolen. Además, subraya que se termina con “un negocio opaco” en torno a la impresión de boletas partidarias, que hasta ahora era financiada por el Estado sin control efectivo.

Uno de los principales beneficios del nuevo diseño es la equidad: “Los partidos pequeños, muchas veces perjudicados por el robo de boletas o la falta de fiscales, tienen garantizada su presencia en la oferta electoral”, señala el especialista.

Sin embargo, Bermolen advierte sobre los desafíos pedagógicos: “Cada elector debe hacer una sola marca por categoría. Si no marca, es voto en blanco; si marca más de una, el voto se anula. Es un sistema claro, pero requiere información para evitar confusiones, sobre todo en provincias con elecciones concurrentes”.

También alerta sobre el riesgo de apatía entre adultos mayores o votantes con escasa formación cívica, quienes podrían sentir temor ante el nuevo formato y desistir de participar. “En un contexto de baja participación electoral, la pedagogía cívica se vuelve fundamental”, afirma.

Para Bermolen, la boleta única de papel “no es perfecta ni infalible, pero representa un avance”. El desafío, concluye, está en implementarla con seriedad y acompañarla de campañas masivas de educación cívica que refuercen la confianza en el acto electoral.