Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará este lunes a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.

Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.

A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.

Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.

De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social. También la integrará Luis Pastori (UCR), presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.

Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.

A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.

Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.

De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social.

En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

Finalmente, el recinto de la Cámara Diputados de Entre Ríos será la sede de la sesión virtual de la Cámara baja nacional. El diputado Marcelo Casaretto mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados entrerriana, Ángel Giano, para coordinar los distintos aspectos de esta sesión.

“Es un hecho histórico, es la primera vez que el Congreso de la Nación va a sesionar de esta manera mixta, con algunos diputados presentes en el recinto y otros de manera remota. Nosotros acá en Entre Ríos con la Legislatura entrerriana, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, ya han sesionado de esta manera, o sea que es una de las provincias líderes en esta materia en cuanto a los avances”, sostuvo Casaretto, respecto a esta primera sesión virtual de la Cámara de Diputados de la Nación, acordada tras la reunión de Labor Parlamentaria y donde los jefes de todos los bloques, junto al presidente Sergio Massa, decidieron convocar a sesión.

Por su parte el presidente de la Cámara baja de Entre Ríos agradeció al diputado nacional Casaretto “porque públicamente él ha reconocido el trabajo de la Cámara de Diputados provinciales, con la primera sesión mixta en el país, y una de las pocas legislaturas que está funcionando a pleno, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia”.

Casaretto agradeció la disponibilidad de la Legislatura entrerriana y añadió que “en esta primera sesión formal hemos hablado con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano, para utilizar el recinto y poder sesionar aquí”.

El presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), presentó dos proyectos de resolución en los que destaca la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, por otro lado, solicita la extensión de la ayuda económica para el mes de mayo, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid 19.

Las iniciativas fueron acompañadas por sus comprovincianas y compañeras de bancada, las oficialistas Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

En el primer proyecto, los legisladores expresaron “el beneplácito por la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”.

Mientras que en la otra iniciativa, solicitaron “la prórroga para el mes de mayo de la ayuda económica para todas las familias que se vieron más afectadas por la cuarentena implementada por el Gobierno nacional debido a la pandemia por coronavirus”.

Los entrerrianos del oficialismo fundamentaron que “las medidas sanitarias han afectado la dinámica de la economía y de las actividades productivas. Los sectores de menores ingresos de la población son los más expuestos a las consecuencias negativas de la crisis, por lo que fue necesario fortalecer los ingresos de estos grupos, para permitir el acceso a los bienes y servicios indispensables para sus familias”.

La crisis generada por la pandemia de coronavirus ha obligado a decretar una cuarentena general que entre otras cosas paralizó al Congreso de la Nación. Sin embargo ya se ha anticipado que se buscará la forma de trabajar a distancia, y si bien en el futuro inmediato los recintos permanecerán cerrados, la actividad se reanudará en las comisiones de ambas cámaras, con reuniones a desarrollarse de manera virtual.

Como sea, una comisión que se abocará al trabajo el próximo mes es la de Previsión y Seguridad Social, para iniciar la tarea de proponer junto al Poder Ejecutivo una nueva fórmula de ajuste automático. Así lo confirmó a parlamentario.com el presidente de esa comisión en Diputados, el oficialista Marcelo Pablo Casaretto, quien en función de ese cargo fue designado por el Congreso para realizar esa tarea.

La reunión de la comisión se hará, anticipó Casaretto, el 20 de abril.

“A mi entender, la nueva fórmula deberá estar más vinculada a la vigente desde 2009 a 2017, en base a la recaudación del sistema y la evolución de la actividad económica, más que a la inflación”, expresó el legislador entrerriano, que agregó que “mientras tanto, desde diciembre, los aumentos por decreto están por encima de la inflación, y de lo que establecía la fórmula anterior, para más del 80% de los jubilados”.

En el mismo sentido, Casaretto recordó que además no se están descontando los créditos de Anses y se establecieron 170 medicamentos gratuitos para afiliados del PAMI, entre otras medidas favorables al sector, priorizando a los más vulnerables.

Lo cierto es que la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre pasado eliminó la fórmula de movilidad elaborada en tiempos de Cambiemos, y dio tiempo al Parlamento para elaborar una nueva fórmula en el término de 180 días. Así las cosas, ese tiempo se cumple en junio, por lo que a partir del 20 de abril tienen tiempo para concluir su tarea.

Con ese fin trabajarán el presidente y el vice de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) y los de Previsión y Segurida Social, el mencionado Casaretto y el puntano Alejandro Cacace (UCR). Por el Poder Ejecutivo fueron designados el jefe de Gabinete de Asesores Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda.

El presidente de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Pablo Casaretto, arrancó su discurso como miembro informante de manera bastante incómoda, pues lo hizo entre gritos de la oposición, que insistía en considerar inválida la sesión por la presencia “irregular” de Daniel Scioli en su banca. El diputado entrerriano arrancó recordando el tiempo transcurrido entre el anuncio del tratamiento de ese proyecto, su presentación en el Congreso y que durante ese transcurso, quienes sabían que formarían parte de las comisiones que lo tratarían se abocaron a analizarlo y hasta a “recibir a distintos sectores que tienen vinculación con el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación”.

“En base a ese diálogo fuimos armando una agenda”, sostuvo, reiterando entonces que “el proyecto de ley ya había sido anunciado  por el presidente el 20 de diciembre; el 14 de febrero tuvo ingreso a esta Cámara y todos los diputados contábamos con copia. No obstante eso, decidimos convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen en el ámbito de la comisión”. Con lo cual, Casaretto buscó establecer que el tema había tenido un amplio tratamiento, poniendo como ejemplo que habían podido hablar 18 diputados durante el plenario.

En su mensaje, Casaretto aseguró que el proyecto del Ejecutivo se había “enriquecido” con las propuestas aportadas por diversos sectores, y detalló luego que “en este momento tenemos 17.622 (trabajadores) activos que hacen un aporte promedio de 32.609 pesos por mes. Y tenemos pasivos, beneficios entre jubilaciones y pensiones, que son 6.983, que tienen un haber promedio de 272.099 pesos. O sea que los activos aportan 32 mil pesos por mes y los pasivos que están cobrando los beneficios, 272 mil pesos por mes”.

Luego apuntó a los haberes máximos del sistema, señalando que hay beneficios que alcanzan hasta 770 mil pesos por mes. “Tenemos por encima de 750 mil pesos cuatro, por encima de 700 mil, ocho. Por encima de 300 mil pesos mensuales existen 2.265 beneficios”, señaló en base a los informes actuariales difundidos entre los diputados de todos los bloques.

El diputado del Frente de Todos remarcó que “esto significa importes muy altos que tenemos que limitar, naturalmente”, y pidió mirar lo sucedido en 2019 en materia de movilidad. “En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y sabe cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general”, puntualizó, agregando que los últimos cuatro años hubo una movilidad en el sistema general del 227%, y en el sistema judicial una movilidad del 295%. “Casi 70 puntos por encima de lo que fue la movilidad del sistema general. O sea que hay una situación de desigualdad, que no es nueva, que se va profundizando año a año”, precisó, remarcando que “es una decisión de nuestro Gobierno abordar este tema desde un concepto de solidaridad y de redistribución del ingreso, priorizando a aquellos beneficiarios que están en el orden de los 16 mil pesos, y no aquellos que están por encima de los 330 mil pesos, o aún los 770 mil pesos”.

Así las cosas Casaretto detalló que el déficit del sistema judicial fue el año pasado de 8.296 millones de pesos. “Todos los argentinos están aportando al financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas”, sostuvo, para precisar luego que según otra forma de cálculo que hacen los actuarios, el déficit podría ascender a 11.000 millones de pesos en el año 2019.

Al destacar que es un problema “creciente”, estimó que en el año 2034 el déficit se multiplicaría por dos, y hacia 2049, se iría a 27.000 millones de  pesos a valor actual, multiplicándose por tres.

En cuanto al régimen del Servicio Exterior, contó que hay 1.071 activos, que aportan un promedio de 38.972 pesos por mes. Dentro de los beneficiarios pasivos, hay 706 beneficios que están cobrando hoy 335.933 pesos. “Naturalmente es un sistema que tiene un desfinanciamiento importante, como es el caso del régimen judicial”, apuntó, destacando que 426 beneficiarios están por encima de los 300 mil pesos mensuales.

Casaretto advirtió a continuación sobre el aporte adicional que el resto de los jubilados deberán hacer si estos sistemas no se cambian, y estimó que con las reformas propuestas el desfinanciamiento bajaría en un 40%, que “permitiría tener más recursos para el resto de los sectores”.

En la previa del debate del proyecto de reforma de los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos, se constituyó en la Cámara de Diputados la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Como presidente fue consagrado el entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, quien asumió el pasado 10 de diciembre. En tanto, el radical Alejandro Cacace y la oficialista Florencia Lampreabe fueron elegidos como vicepresidente primero y vicepresidente segunda, respectivamente.

Por su parte, Juan Mosqueda, Alejandro Bermejo (FdT) y Alicia Terada (CC-ARI) quedaron designados como secretarios.

En la breve reunión, realizada en el Anexo C de la Cámara baja, los diputados definieron como días de reunión los martes a las 16.