La ley de educación ambiental puede representar un buen paso para desarrollar un proceso de largo plazo, aunque puede tratarse de una nueva iniciativa que naufraga en su implementación total o parcialmente, como varios ejemplos en materia ambiental.  

Argentina cuenta con varias leyes con muy buenas intenciones pero que al momento de implementarse no lo han sido en la escala, dinámica o alcance necesario, tales como las leyes de protección de bosques nativos, de glaciares e incluso la de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Soy partidario de celebrar cuando el Congreso aprueba normas de estas características, pero de festejar mucho más cuando se convierten en políticas públicas o mejor dicho, de Estado, que cambian la realidad que cada vez resulta más urgente cambiar. 

Si bien no hay una definición unívoca y exacta del Desarrollo Sustentable podemos entenderlo como: “La evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida satisfaciendo las necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. 

A partir de este momento histórico podemos preguntarnos: ¿estamos en condiciones de vivir sin complicar a los que nos siguen? ¿somos capaces de comprender que nuestro paso es temporario y que la mejor forma de trascender nuestra existencia es dejando las cosas, al menos, como las encontramos? 

Obviamente, el mero paso del hombre por el mundo impacta en él, y ya somos conscientes de eso, pero nuevamente el desafío que se plantea, en términos reales, es lograr constituir un equilibrio global, que procure neutralizar las externalidades negativas que provocamos. 

El Desarrollo Sostenible se debe construir a partir del accionar y la dinámica de los sectores que componen la comunidad (público, privado y sociedad civil), en función del cumplimiento de su rol y a partir de su compromiso, pero como un escenario de largo plazo que no se enfoque en la ética, la filantropía o la bondad, sino como un buen negocio para toda la humanidad. 

Por esto, el desafío de alcanzar un desarrollo sustentable representa una gran oportunidad, ya que implica que cada actor social asuma un rol con responsabilidad internalizando la necesidad de respetar al otro, algo que a priori, resultaría sencillo y razonable pero que la realidad nos indica que no lo es tanto. 

Si nos referimos al Estado, es evidente su rol de garante de la sustentabilidad ambiental, dado que es el responsable, incluso constitucional, de que podamos vivir en un ambiente sano y para ello, debe regular las actividades sociales y económicas, preserve y fomente el uso racional de los recursos naturales, informarnos y educarnos. 

No obstante, es fundamental ampliar ese rol, y que se constituya como un facilitador de condiciones para que, en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, se modifiquen las matrices de producción, de consumo, de transporte y de energía, cuatro factores imprescindibles en nuestra estrategia de país para encarar esta transformación. 

Hoy los porteños podemos celebrar la importancia que el Jefe de Gobierno le otorgó a la dimensión ambiental y sus principales problemáticas asociadas en una instancia de tanta relevancia. 

No obstante, sería conveniente para la CABA reformular el enfoque con que se encaran estas cuestiones, abordando una perspectiva más integral y sistémica desde la lógica que propone el Desarrollo Sustentable, ya que lo ambiental disociado de lo social y lo económico, suele ser una manifestación de buenas intenciones, aunque pocas veces traducida en la realidad. 

“La situación derivada de la COVID-19 nos viene a proponer una oportunidad histórica para reformular nuestra posición ante el nuevo orden que se establezca a nivel mundial, donde la perspectiva de la sustentabilidad ocupará un lugar de privilegio. En ese sentido, nuestras ciudades tienen por delante el gran desafío de reconvertirse y la Ciudad de Buenos Aires debe ser el ejemplo de ellos por su posicionamiento a nivel nacional. 

Indudablemente debe ser una prioridad para el GCBA apelar a la construcción de sistemas de información integrales que sean accesibles para los ciudadanos, las empresas y los propios funcionarios para tomar mejores decisiones, por eso la plataforma BA Cambio Climático es una buena noticia, aunque debemos aspirar a ampliarla continuamente con nuevas dimensiones. 

Por ello, desde la Facultad generamos un proyecto para la creación del Observatorio Económico Ambiental de la CABA, para vincular la información ambiental con la económica y la social en pos de conocer la salud ambiental de la CABA pero también sus implicancias socioeconómicas. 

Es imprescindible que el Estado asuma dos roles; el primero vinculado con su rol de garante ambiental y enfocado con la administración responsable de los recursos naturales y, el segundo, como promotor de la transición hacia una Economía Verde 

Es importante que se generen políticas de incentivo hacia el sector privado para encarar una transición energética (de la mano de las energías renovables y la eficiencia), una transformación productiva (cuyo eje fundamental se basa en la economía circular), aprovechamiento de la bioeconomia (sostenida principalmente en los desarrollos tecnológicos) y un turismo más sostenible (ya sea rural como urbano). 

La Ciudad cuenta con recursos destinados al Plan de Relaciones con la Comunidad (3% de la facturación de las empresas de recolección de residuos que este año superarán los 1.000 Millones de Pesos) y tal como expusimos en un estudio que hicimos en el Centro de Desarrollo Sustentable sobre este programa específicamente, dispone de mucho potencial de impacto.