Desde la entidad expresaron su “preocupación” y enfatizaron que las modificaciones a la norma “requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional volvió a expresar su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”.
“En esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”, señalaron mediante un comunicado.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle, se resaltó que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 C.N., y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”.
“Tanto el dictado de aquellas, como su modificación, requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”, agrega el texto, en alusión a la mayoría que el Frente de Todos posee en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró: “Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, continúa el comunicado.
Además, expresa que “en este sentido, las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.
“Por lo expuesto, desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, concluyeron.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle pidieron al Poder Ejecutivo que “obre con la prudencia y mesura que la cuestión reclama”, luego de la votación por parte del oficialismo en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios, conducida por Marcelo Gallo Tagle, expresó su “preocupación” por “la inédita situación generada como consecuencia del rechazo de pliegos de jueces federales por parte del Honorable Senado de la Nación”.
Desde la entidad solicitaron que “en el caso que el Poder Ejecutivo de la Nación evalúe considerar la posibilidad de implementación o instrumentación de alguna decisión relacionada con el traslado de dichos magistrados, sería razonable aspirar que obre con la prudencia y mesura que la cuestión reclama”.
“Ello así, ya que no sólo se trata de una situación que no reconoce antecedentes en el funcionamiento regular de los tres Poderes establecidos por la Constitución Nacional -lo que pone de mayor resalto su trascendencia institucional-, sino que se encuentra actualmente a estudio por parte de distintos organismos jurisdiccionales, y pendiente de resolución”, se agregó.
Este miércoles, el oficialismo más dos aliados aprobaron con 41 votos positivos el rechazo a los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por considerar “irregular” el trámite realizado durante la gestión anterior.
Fue en el marco de una charla virtual que mantuvieron con el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.
El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio mantuvo este martes una reunión virtual con las Asociaciones de Magistrados y de Fiscales, en la que analizaron el proyecto de reforma judicial propuesto por el Poder Ejecutivo.
Tanto los jueces como los fiscales coincidieron en destacar la falta de oportunidad del proyecto del oficialismo e hicieron hincapié en la poca coherencia que exhibe la idea de proponer una reforma que requiere un fuerte incremento presupuestario, en medio de una pandemia que está generando angustias económicas y sociales sin precedentes en la historia de nuestro país. También hicieron referencia a las dificultades de infraestructura que requeriría poner en práctica la reforma propuesta.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, señaló: “No queremos frenar este o cualquier proyecto de reforma. Pero queremos que sea de forma seria, sin soslayar aspectos tan centrales como está sucediendo ahora. Nos preocupa que este proyecto nazca con tantas suspicacias y sospechas sobre sus verdaderas intencionalidades. Hay que hacer un proyecto de reforma judicial como corresponde, mejorar la prestación del sistema de justicia”. Agregó: “En Capital Federal genera intangibilidad de la función judicial, que pasa a ser muy precaria y esto afecta a la prestación del servicio de justicia”.
El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, sostuvo que “pedimos participar del debate con el fin de contribuir en la redacción de esta reforma desde el día que el Presidente hizo el anuncio”. “No nos parece que el Estado esté en condiciones para poder hacer frente al incremento presupuestario que esta reforma va a demandar. Desde su concepción, esta reforma nace antigua”, agregó. “No tiene sentido este intento de licuar el poder de Comodoro Py”, cerró Rívolo.
El fiscal Raúl Pleé se ocupó de marcar el contexto de la reforma judicial: el ataque al Procurador Casal, los intentos de anular los traslados de camaristas, la persecución de fiscales. “El objetivo fundamental es que los jueces federales que están en funciones no actúen por un año entero, ya que las causas nuevas serán monopolizadas por los subrogantes”, sostuvo.
“Fueron más de dos horas fructíferas. Ha quedado claro que no hay sentido de la oportunidad en este proyecto. Una reforma judicial es mucho más que un interés particular del Gobierno de turno”, dijo el presidente del interbloque Mario Negri. “El Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República, está siendo hackeado, la manzana está siendo rodeada, peor que en 2013”, advirtió.
“Es una reforma inoportuna, en un momento inadecuado y además es costosa. Una reforma judicial necesita consenso y mirar hacia el futuro, esta reforma así es mala para los argentinos y además avanza sobre la libertad de expresión”, manifestó por su parte el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo.
La diputada Paula Oliveto destacó que “la Coalición Cívica ARI ratifica su compromiso con la Constitución y el Estado de derecho. Esta reforma rompe la garantía de una Justicia independiente y no resuelve a los ciudadanos un servicio de justicia que cumpla con la demanda de más seguridad, respeto a la ley, justicia en tiempos razonables. Está pensada para la impunidad y la colonización del kirchnerismo, además de que requiere un incremento presupuestario que no es razonable en los tiempos que nos toca vivir”.
Participaron del encuentro, además de Gallo Tagle y Rívolo, los fiscales Ricardo Toranzos, Fabiana León, Ricardo Sáenz, Fernanda Poggi y Raúl Pleé; el defensor Benjamín Solá; los camaristas Manuel Pizarro y Osvaldo Facciano; y Sergio Pinto, juez de Córdoba.
