El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó en el Congreso un proyecto denominado “Financiamiento Educativo. Régimen. Modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, estableciendo un piso mínimo de días de clase”, que propone un nuevo esquema de inversión pública en educación con metas progresivas hasta 2036.

La iniciativa establece que el gasto consolidado en educación de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá alcanzar, como mínimo, el 8% del Producto Bruto Interno, con una distribución del esfuerzo del 70% a cargo del Estado nacional y del 30% restante a cargo de las jurisdicciones subnacionales.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, fijando un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los niveles inicial, primario y secundario en todas las modalidades educativas. El objetivo es garantizar continuidad pedagógica y condiciones más equitativas de enseñanza en todo el territorio.

El texto también restablece la plena vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, elimina su carácter transitorio y dispone la reanudación de las transferencias a las provincias. Además, prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación parlamentaria, universitaria y sindical, encargada de monitorear el cumplimiento de las metas.

Entre las políticas prioritarias, el proyecto incluye la universalización del nivel inicial desde los tres años, la ampliación de la jornada escolar, el fortalecimiento de la educación técnica, la provisión de libros y dispositivos tecnológicos bajo la modalidad “uno a uno”, la garantía de la Educación Sexual Integral y el refuerzo de los sistemas de becas en todos los niveles.

En los fundamentos, Mango advierte que el país atraviesa un proceso de desfinanciamiento educativo y sostiene que la educación debe ser entendida como una inversión estratégica para el desarrollo económico, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del sistema democrático. La iniciativa busca, en ese sentido, restablecer compromisos legales claros y sostenidos que no puedan ser modificados por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

En medio de la controversia desatada por la difusión de créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos, un diputado del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a créditos y beneficios financieros estatales a funcionarios y legisladores nacionales mientras se encuentren en ejercicio de sus cargos.

La iniciativa presentada por Marcelo Mango apunta a prevenir conflictos de intereses, evitar situaciones de privilegio y resguardar la confianza pública, estableciendo una incompatibilidad ética temporal para quienes ejercen cargos electivos nacionales y funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo. El proyecto alcanza tanto a legisladores como a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas estatales y entes con participación estatal mayoritaria.

El texto establece que, durante el ejercicio de la función pública, los sujetos alcanzados no podrán solicitar ni acceder a créditos, préstamos, líneas de financiamiento, refinanciaciones, subsidios de tasa o cualquier otro beneficio financiero otorgado por bancos públicos o programas administrados, subsidiados o promovidos por el Estado nacional. La prohibición incluye también el acceso indirecto, a través de terceros o de personas jurídicas sobre las que ejerzan control o influencia decisiva.

Asimismo, el proyecto dispone que las solicitudes de crédito pendientes quedarán suspendidas hasta el cese efectivo de la función pública, y que las operaciones ya aprobadas y desembolsadas no podrán ser ampliadas ni mejoradas mientras dure el mandato. Cualquier acto administrativo que viole estas disposiciones será considerado nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.

En los fundamentos, el autor de la iniciativa subrayó que la discusión excede el plano penal o reglamentario y se inscribe principalmente en el terreno ético e institucional. “Aun cuando las operaciones se ajusten formalmente a una normativa vigente, la sola circunstancia de que funcionarios y legisladores accedan a créditos otorgados por una banca estatal bajo la órbita del propio Estado que administran genera una lesión objetiva a la confianza pública”, planteó.

El proyecto alude explícitamente a las recientes informaciones periodísticas y a las denuncias judiciales presentadas en relación con créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno nacional. Si bien remarca que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades penales, sostiene que la apariencia de trato preferencial o beneficio derivado del cargo resulta incompatible con los principios republicanos, aun cuando no se configure un delito.

“La democracia representativa exige no sólo legalidad, sino también ejemplaridad”, señala el texto, al tiempo que advierte que el acceso de funcionarios del poder a herramientas financieras estatales erosiona la credibilidad institucional y proyecta una sospecha de privilegio sobre todo el sistema político.

La iniciativa del diputado rionegrino se presenta como complementaria de la Ley de Ética Pública y aclara que no implica una privación definitiva del acceso al crédito, sino una restricción proporcional y razonable, limitada al tiempo de ejercicio de la función y circunscripta exclusivamente a instrumentos financieros del Estado.

Con este proyecto, desde Unión por la Patria se busca instalar un debate de fondo sobre los límites éticos del ejercicio del poder y la necesidad de separar de manera nítida el interés público del beneficio privado, en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a los privilegios de la dirigencia política.

El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó un proyecto de ley para derogar una serie de decretos y resoluciones del Gobierno nacional que modificaron el esquema de subsidios energéticos y, en particular, afectaron a los usuarios residenciales de gas. La iniciativa propone restablecer la plena vigencia del Decreto 332/2022 y de programas de protección tarifaria como la Tarifa Social Federal de Gas y el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).

El texto legislativo plantea la derogación de los decretos 465/2024 y 943/2025, así como de la Resolución 101/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y de toda otra norma o acto administrativo que, como consecuencia de esas disposiciones, haya afectado los derechos de los usuarios. Según el autor del proyecto, las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo implicaron una regresión en materia de protección social y dejaron expuestos a amplios sectores de la población a aumentos tarifarios incompatibles con su realidad económica.

En los fundamentos, Mango sostiene que la discusión no es meramente técnica ni administrativa, sino profundamente política: “Lo que está en debate es si la energía debe ser tratada exclusivamente como una mercancía sometida a la lógica del mercado o si el Estado debe intervenir para garantizar condiciones mínimas de acceso a un servicio esencial”. En ese sentido, remarca que el gas no es un consumo prescindible, sino un insumo básico para la vida cotidiana, especialmente en regiones de bajas temperaturas.

El proyecto pone un énfasis particular en la situación de la Patagonia y de las zonas frías del país, donde el consumo de gas está directamente vinculado a la calefacción de los hogares, la habitabilidad y la protección de la salud durante gran parte del año. Por ese motivo, la iniciativa establece que, en la implementación de las políticas restablecidas, la autoridad de aplicación deberá atender especialmente las condiciones geográficas, climáticas, socioeconómicas y de dispersión territorial de esas regiones, a fin de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Entre las herramientas que se busca recuperar figura la Tarifa Social Federal de Gas, creada y reglamentada a través de resoluciones dictadas entre 2016 y 2023, y el Programa Hogares con Garrafa, destinado a asistir a familias que no cuentan con acceso al gas por red. También se propone restituir el esquema de segmentación por niveles de ingresos previsto en el Decreto 332/2022, que introducía criterios de diferenciación distributiva para evitar que los aumentos tarifarios impactaran de manera desproporcionada en los sectores de ingresos bajos y medios.

Mango advierte que la eliminación o el debilitamiento de estos instrumentos no puede analizarse en abstracto, sino en función de su impacto concreto sobre jubilados, trabajadores, familias, pequeños comercios y economías regionales. “Los regímenes diferenciales no son privilegios, sino mecanismos de compensación frente a desigualdades objetivas”, señala el diputado en los fundamentos, donde también cuestiona la aplicación de criterios uniformes en un país con marcadas asimetrías territoriales.

El proyecto se inscribe en una preocupación que ya tuvo expresión parlamentaria en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, legisladores de Unión por la Patria impulsaron iniciativas similares para revertir el nuevo esquema de subsidios, mientras que en Diputados se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el impacto de las medidas, especialmente en la región patagónica.

Con esta iniciativa, el legislador busca reinstalar el debate sobre el rol del Estado en la garantía del acceso a la energía y plantea que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse a costa de deteriorar derechos básicos ni de trasladar el peso principal del ajuste a los hogares más vulnerables. “Garantizar el acceso a la energía en condiciones razonables es una cuestión de justicia social, equidad territorial y federalismo real”, concluye el texto.

El tono alborotado y caótico con el que arrancó la sesión regresó pasadas las 21, cuando Unión por la Patria sorprendió pidiendo votar una moción de orden que a punto estuvo de voltear la sesión. Sucedió puntualmente a las 21.18, cuando el diputado rionegrino Marcelo Mango pidió una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regresara a comisiones.

La jugada de UP estaba bien planificada: el reglamento exige que haya quórum para poder votar una moción de orden, y en ese momento el recinto estaba semivacío. Presidía la sesión el mendocino Luis Petri, quien llamó a los legisladores ausentes y el presidente del Cuerpo, Martín Menem, se hizo presente.

El secretario parlamentario Adrián Pagán aclaró que la moción debía ser hecha con quórum, mientras que desde Unión por la Patria se reclamaba airadamente dar por caída la sesión.

El escándalo ya estaba desatado. Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Silvana Giudici, quien alargó su discurso hasta que se le comunicó que ya había quórum y ahí ella pidió votar. Menem ordenó votar entonces la moción de orden de Mango y a mano alzada se rechazó la propuesta.

Fue entonces cuando llegó el contragolpe: con una amplia sonrisa, la diputada Giudici pidió entonces votar una moción de orden para que se votara en media hora, y a mano alzada así se aceptó.

Previsiblemente hubo un desbande del bloque Unión por la Patria y nuevamente, como bien temprano, el presidente de la Cámara fue rodeado por diputados de Unión por la Patria. El debate estuvo interrumpido por 20 minutos, tras lo cual se acordó volver sobre sus pasos y en aras de recuperar la paz se votó -también a mano alzada- retirar la moción de Giudici de votar a las 22.

Después de haber repudiado los dichos a través de X, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para instar al Cuerpo a la creación de una comisión especial parar que “evalúe” la conducta de la legisladora libertaria Lilia Lemoine por sus dichos contra militantes peronistas en el canal de streaming Ánima Digital acusada de banalizar y burlarse de los “vuelos de la muerte”.

“Con lo único que les va mal es con el agua porque cuando van a las marchas los bañan, y si los tiran de los aviones, no saben nadar, pero si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, había expresado la diputada nacional de La Libertad Avanza en la edición del programa FDC el pasado sábado 20 de diciembre.

El proyecto para crear la comisión fue impulsado por Marcelo Mango y avalado con la firma de Jorge Araujo Hernández, Juan Carlos Molina, Adriana Serquis y Pablo Todero. En paralelo, Kelly Olmos presentó un proyecto de repudio contra el canal que fue apoyado por Germán Martínez -jefe de bancada-, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jorge Taiana, María Teresa García, Claudia Palladino, Marina Salzmann e Itai Hagman.

Dos diputados de la libertad avanza se burlan de los vuelos de la muerte durante la dictadura militar.

Pocos saben que Lilia Lemoine es hija de un comisario de José León Suárez donde se produjeron los fusilamientos por aquella época pic.twitter.com/63WCGVxFwD

— Alejandro Gimenez (@GimenezCarlosA) December 26, 2025

En los fundamentos del proyecto para crear la comisión especial, los legisladores firmantes señalaron que tienen por objeto que esta Honorable Cámara se expida con la “máxima claridad y firmeza frente a un hecho de extrema gravedad institucional”. Del mismo modo, reiteran las acusaciones contra Lemoine por “banalizar, burlar y reivindicar crímenes y prácticas de exterminio propias del terrorismo de Estado, particularmente los llamados ‘vuelos de la muerte’, con referencias explícitas a ‘tirarlos de los aviones’ y a su ahogamiento”.

“En una democracia constitucional, la memoria histórica y la política de Memoria, Verdad y Justicia no constituyen un ‘debate opinable’ ni un terreno apto para la burla. El terrorismo de Estado no es una metáfora ni una herramienta para la chicana: fue el dispositivo criminal por el cual el Estado, de manera clandestina e ilegal, secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas”, explicaron los diputados que acompañaron la iniciativa.

Agregaron, además, que “no resulta admisible que frente a manifestaciones que trivializan crímenes de lesa humanidad se pretenda normalizar lo ocurrido, minimizarlo como ‘humor’ o descalificar el rechazo social como ‘sensibilidad exagerada’”. “La libertad de expresión, pilar esencial del sistema democrático, no habilita a naturalizar la violencia estatal, celebrar el exterminio o promover la deshumanización del adversario político. Cuando quienes ostentan funciones públicas contribuyen a esa normalización, el daño institucional es directo y profundo”, mencionaron.

Por último, los legisladores de Unión por la Patria manifestaron que “las instituciones democráticas se debilitan cuando naturalizan el odio y la deshumanización; y se fortalecen cuando responden con firmeza ética y política”.