La comisión que investigó la criptomoneda promovida por Javier Milei presenta este martes su informe final. Con acusaciones de “estafa” y “mal desempeño”, su texto incluye resultados de transacciones millonarias, solicitudes a plataformas como Google y Binance, y propone acciones judiciales contra funcionarios y recursos ante la Corte Suprema.
“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, posteó en vísperas de la reunión de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA su presidente, Maximiliano Ferraro. Allí anticipó que el informe final “incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.
La reunión está prevista para este martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, y será el último escalón recorrido por esta comisión que a lo largo del año trabajó con altibajos, pues recién pudo meterse de lleno en tema a partir de que pudo designar autoridades, el 28 de agosto pasado, convocada a instancias del pleno, que emplazó a resolver las autoridades de la comisión mediante un sistema votado en el recinto.
Le siguieron a esa reunión otras nueve y la de este martes será la décima, en la que se dará a conocer un informe final que será elevado a Diputados antes del 20 de noviembre. Un expediente que, según se sabe, cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, testimonios, documentos de exchanges, informes técnicos y dictámenes.
La comisión investigó activamente durante los tres meses posteriores. Entre los testimonios más reveladores, cabe recordar el de Martín Romeo, damnificado y querellante, quien relató que 86% de los inversores perdió casi todo su dinero en menos de 12 horas, por un total de USD 280 millones retirados del mercado.
En ese marco, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomoneda, sostuvo que no hubo estafa, lo que generó visiones contrapuestas.
En rigor, esos testimonios se conocieron ya no en los últimos tres meses, sino en la reunión informativa celebrada el 25 de junio, cuando también se había emplazado a la comisión a avanzar con la investigación aun cuando no tenía autoridades. Esa reunión fue encabezada entonces por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, y allí expusieron también Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”; y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas.
Solo una interpelación de cuatro
Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.
Añadió, también, que “tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”. Y cerró respondiendo a las acusaciones contra su persona: “como jefe de Gabinete, no tuve ningún rol en esta cuestión”.
El jefe de Gabinete hizo referencias a la comisión investigadora señalando que “en un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional”, y enfatizó que “la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control sobre los poderes del Estado”. “No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, agregó Guillermo Francos, quien, además, indicó que “de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces y Ministerio Público Fiscal”.
“Desinterés” oficialista
La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.
Tampoco los diputados de La Libertad Avanza mostraron mayor interés en el trabajo de la comisión, y sobre el final, la diputada Alida Ferreyra definió el proceso como “nulo”, denunciando vulneración de garantías. En contrapartida, Sabrina Selva, quien fuera sugerida como titular de la comisión por Unión por la Patria, defendió la participación de la Justicia. La diputada bonaerense expuso que 36 billeteras superaron ganancia de un millón de dólares y apuntó a una presunta “cooperación” para monetizar imagen presidencial.
Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Mauricio Novelli, recibiendo USD 300.000 en noviembre 2024 y USD 250.000 en enero 2025.
La comisión reaccionó con medidas legales y recursos extraordinarios. Presentó uno ante la Corte Suprema para permitir uso de fuerza pública frente a bloqueos procesales, como así también denuncias penales contra un grupo de funcionarios: desde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta autoridades de la UIF, CNV, y figuras judiciales.
Según el diputado Juan Marino, existen “indicadores de mal desempeño” en Milei y su entorno, tras analizar decenas de órdenes de pago, incluidas hasta 140.000 billeteras.
Los medios especializados sostienen que el 85 o 95% de las inversiones se volatilizaron rápidamente, describiéndolo como un “rug-pull” impulsado por el tuit presidencial emitido el viernes 14 de febrero.
Enfrentamiento con el juez
La actitud del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi frente a la Comisión Investigadora del Congreso por la causa $LIBRA fue, para los miembros de la oposición que la integran, claramente obstructiva y restrictiva. Negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora, argumentando que el sumario judicial es secreto para terceros y que divulgar información podría frustrar la investigación. Se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también se opuso al acceso irrestricto solicitado por los diputados. También rechazó pedidos clave: no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.
Su fallo fue calificado como un “no fallo” por especialistas, por usar formalismos para evitar avanzar en la instrucción y bloquear el control institucional del Congreso. En el Congreso se interpretó como un “fallo político”, ya que la negativa se produjo justo después de las elecciones, lo que generó sospechas de protección al entorno presidencial de Javier Milei.
La comisión aprobó pedir el jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano por obstrucción e incumplimiento de deberes. Pero este lunes Maximiliano Ferraro junto a sus pares Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino visitaron la Fiscalía N.º 3 y le entregaron al fiscal Taiano prueba relevante para la investigación que está llevando adelante en la Justicia. “Le manifestamos que nos hubiera gustado poder reunirnos antes, pero como hoy presentábamos el informe final, consideramos fundamental acercarle toda esta última información. Entre lo aportado, incluimos información que podría estar vinculada a pagos indirectos a funcionarios públicos, tal como surge de la línea de investigación a cargo de la Fiscalía y que se relaciona con una de las supuestas cuevas cripto. Hicimos este aporte teniendo muy en claro cuáles son nuestras competencias y cuáles son las de la Justicia, y, en este caso, las del fiscal a cargo”, señaló Ferraro este martes.
¿Qué sigue tras el informe final?
La comisión elevará el expediente al juzgado federal a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, abiertos a continuar las causas en la órbita judicial.
Según pudo saber parlamentario.com, el informe incluirá:
Los vocales de la Comisión Investigadora aprobaron la reserva de denuncia penal al fiscal Tainao y al juez Martínez de Giorgi. La moción avalada contempla también a cinco funcionarios del Poder Ejecutivo.
Foto: HCDN
Cerca del final del plazo de vigencia, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para aprobar la reserva de denuncias penales contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi debido al rechazo de ambos a la apertura del expediente y la citación de funcionarios de Casa Rosada mediante la fuerza pública.
La moción fue elevada por la diputada nacional Mónica Frade, quien además, mencionó que la reserva contempla al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la jefa de gabinete de la OA, María Florencia Zicavo; al director de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc; y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva porque “se han negado sistemáticamente a venir a esta comisión”, deslizó la legisladora.
En el marco del final de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, en su rol de presidente, anunció que el informe final estará listo “entre el 17 y el 18 de noviembre” próximo. Asimismo, adelantó que este miércoles saldrá la convocatoria a la última reunión informativa sobre la Criptomoneda $LIBRA.
Sin la fuerza de los primeros encuentros, la Comisión presentó nuevos planteos. La diputada nacional Sabrina Selva de Unión por la Patria mencionó al periodista Hugo Alconada Mon y agregó que “se habló de un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a Javier Milei y sus socios por parte de Hayden Davis, a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain”.
La diputada massista Sabrina Selva presentó los movimientos de la billetera de Novelli.
Luego, señaló que Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Mauricio Novelli y entregó sus movimientos. En esa línea, mencionó que “fueron recibidos aproximadamente U$S 300.000 entre el 19 y 30 de noviembre de 2024 y 250.000 el 17 de enero de 2025”. “Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado”, añadió.
“Pudimos verificar que Mauricio Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares, distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance”, aseveraron desde Unión por la Patria, y añadieron que “estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo”.
Finalmente, Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, reflexionó que “se ha hecho una tarea enorme con un plano inclinado”, y cuestionó fuertemente al fiscal Taiano y al juez Martínez de Giorgi, a quienes acusó de “mirar siempre para el costado” y de “obstaculizar el funcionamiento de esta comisión y, por ende, de este poder del Estado”.
Para terminar, el legislador santafesino expresó que “esta comisión ha hecho un trabajo fenomenal y su trabajo será valorado en el futuro cuando nos demos cuenta que la trama es mucho más amplia de lo que pasó el 14 de febrero”, día que el presidente de la Nación difundió el token $LIBRA a través de un mensaje en X, el cual generó pérdidas millonarias en los usuarios y abrió causas judiciales en Argentina y en el exterior. “Que se sepa todo lo que acá se está investigando”, concluyó Martínez.
El fallo del juez Martínez de Giorgi consideró que “no se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga”. La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA debe elevar el informe final la próxima semana.
Tras el pedido de las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos elevados para detener a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También fue denegado el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.
Sobre la petición elevada por Maximiliano Ferraro, en su rol de presidente de la comisión, De Giorgi consideró que no hay legitimación para acceder al expediente. “Podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”, señaló el dictamen del juez, quien también mencionó que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.
Respecto a los pedidos de detención, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy. “No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”, explicaron desde el Juzgado.
El denunciante señaló que ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México, y también alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.
Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Por su parte, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA deberá elevar el informe final la próxima semana, tal como definió el proyecto de resolución.
Así lo solicitó su defensa, pero el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo consideró "prematuro". El diputado rechaza la investigación en San Isidro, iniciada por la denuncia de Grabois.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó por "prematuro" un pedido de la defensa del diputado -en uso de licencia- José Luis Espert (LLA) para que pase a Comodoro Py la investigación por haber recibido 200 mil dólares de parte Federico "Fred" Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico.
Según planteó el abogado de Espert, Alejandro Freeland, ambas causas son conexas. Asimismo, pidió que De Giorgi le reclame a Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, su inhibición.
Mirabelli quedó a cargo de la denuncia presentada por el candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois, a raíz del pago que Espert recibió de Machado por unos 200 mil dólares.
La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia -entre ellos 35 vuelos que habrían sido financiados por Machado en sus aviones-, Alejandra Mángano, se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento "prematuro".
La investigación abierta en Comodoro Py se inició el 19 de abril de 2021, por las "presuntas conductas atribuidas, entre otros, a José Luis Espert, quien durante la campaña presidencial de 2019 habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada, supuestamente suministrados por Federico Andrés Machado", sostiene la acusación.
Por su parte, la causa de San Isidro se abrió el 25 de septiembre último e investiga la supuesta "recepción e incorporación al sistema económico financiero, de fondos provenientes de una organización criminal que lideraría Machado y se dedicaría al tráfico internacional de estupefacientes, entre otros delitos. Concretamente, a través del presunto pago de 200.000 dólares estadounidenses en efectivo, por este último a aquél, el 1 de febrero de 2020".
Martínez de Giorgi coincidió con la fiscalía en que el planteo de la defensa de Espert "resulta prematuro" porque "no se cuenta con elementos suficientes" para resolver por ahora unificar ambos casos.
"Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance" de la investigación que se lleva adelante en San Isidro, concluyó el juez porteño.
La presentación fue realizada por Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión. Rechazan la resolución del juez Martínez de Giorgi y reafirman la vigencia de las facultades del Congreso.
La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, a través de su presidente, Maximiliano Ferraro (CC), presentó un recurso de apelación con reserva de caso federal contra la resolución del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.
"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.
El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".
“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.
Ejes centrales de la apelación:
• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.
• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.
• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.
El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.
“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.
En una nueva reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, los diputados de la oposición reafirmaron la voluntad de citar funcionarios. “El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales”, advirtió Ferraro.
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Después de haber sufrido un revés judicial, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para reafirmar la intención de que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional asistan al debate y se aprobó la apelación a la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi para volver a exigir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.
A última hora de este lunes, el juez federal emitió resolución donde informó que “el pedido es improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión Investigadora.
Cabe recordar que, para esta reunión, el organismo parlamentario había resuelto receptar la declaración testimonial de Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia; Demian Reidel, ex titular del Consejo de Asesores de Javier Milei; Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, emprendedores del universo crypto; y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, la Investigadora había convocado a exponer a Hayden Davis, Diógenes Casares, Julián Peh y Charles Hoskinson.
Por otro lado, resolvieron oficiar a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.
“El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno”, cargó Ferraro a través de X.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó el pedido de la comisión legislativa que investiga el caso $LIBRA para obligar a declarar a cuatro funcionarios que se ausentaron reiteradamente. Consideró que el Congreso no puede ampliar sus facultades por vía reglamentaria y advirtió sobre posibles violaciones a garantías constitucionales.
En su primera resolución relevante desde que asumió la causa judicial vinculada al caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este martes el planteo de la comisión legislativa que solicitaba la comparecencia forzada de cuatro funcionarios públicos ante el Congreso. El magistrado calificó el pedido como “improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas.
Martínez de Giorgi argumentó que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal. Esta decisión favorece directamente a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paulo Starc (Unidad de Información Financiera), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia) y Roberto Emilio Silva (Comisión Nacional de Valores), quienes no asistieron a las citaciones legislativas.
La resolución de 24 páginas, que fue revelada por La Nación, también representa un alivio para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ausentó en dos oportunidades ante la misma comisión.
El juez asumió la causa junto al fiscal Eduardo Taiano, luego de que la jueza María Servini declinara su competencia en favor de Martínez de Giorgi, tras un breve conflicto jurisdiccional con Sandra Arroyo Salgado.
Más allá de declarar su falta de competencia, el magistrado dejó sentada su postura sobre el fondo del asunto: advirtió que obligar a funcionarios a declarar podría vulnerar el principio de no autoincriminación y constituir una intromisión en facultades exclusivas del Poder Judicial, lo que atentaría contra los principios de legalidad y juez natural.
El tema será central en la reunión prevista para este martes a partir de las 16 de la comisión presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se abocará a definir los próximos pasos a seguir, que podrían incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.
La Fundación Más Vida la emprendió contra Marcelo Martínez de Giorgi por haber rechazado el supuesto delito de legisladoras “verdes”.
A comienzos de marzo, las diputadas Brenda Austin, Silvia Lospennato, Karina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza fueron denunciadas penalmente por la Fundación Más Vida, una de las más representativas de los sectores “celestes” que rechazan la legalización del aborto. La causa contra las legisladoras fue impulsada por el supuesto delito de “incitación a cometer crímenes de odio”, atribuyéndoles la violación del artículo 212 del Código Penal y la Ley 23.592 antidiscriminación. El argumento para la denuncia fue haber supuestamente proferido cánticos que amenazaban con “quemar la catedral”.
La causa recayó en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, justo cuando arrancó la cuarentena por el Covid-19, lo que contribuyó a que la causa no se moviera, hasta que finalmente trascendió que la fiscalía había la falta de mérito por el supuesto delito adjudicado a las diputadas.
Ante ello, la Fundación Más Vida hizo varios pedidos de informes al magistrado para conocer el estado procesal de la causa, hasta que Martínez de Giorgi confirmó la inexistencia de delito, fundamentando que la incitación al delito denunciado no significaba que el mismo fuera a cometerse, y que dicha amenaza estaría amparada en la libertad de expresión.
Ante ello, la fundación impulsó una denuncia por prevaricato, argumentando que “los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina establecen claramente que la incitación a cometer crímenes de odio, sea por motivos de raza, color, etnia o religiosos, no se encuentran encuadrados dentro de la libertad de expresión, y que por el contrario los países deben prohibirlos y condenarlos, ya que se consideran la antesala de los repudiables crímenes de lesa-humanidad”.
La denuncia quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. La entidad pro vida busca reforzar su denuncia argumentando los antecedentes de intentos incendiarios contra templos, y va más allá de nuestras fronteras, al traer a colación el sucedido esta semana contra una catedral chilena incendiada casi por completo por un grupo extremista.