Ante los hechos transcurridos días atrás en inmediaciones del Congreso Nacional, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro) presentó un proyecto de ley que propone el derecho de admisión en manifestaciones en carácter de ley de excepción y considera establecer una medida táctica al estilo “Tribuna Segura” con la finalidad de “disuadir la llegada de delincuentes que solo buscan desestabilizar y generar conmoción social”.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen especial de control e identificación para la participación en manifestaciones públicas, con el objeto de prevenir la comisión del delito de sedición, garantizar el orden público y preservar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica.

Además, propone la creación de un mecanismo de control de identificación y antecedentes penales en el acceso a las manifestaciones públicas de gran concurrencia, el cual será aplicado por las fuerzas de seguridad nacionales y jurisdiccionales mediante anillos de control, vallados estratégicos y segmentación por cuadrículas de avance. Por ello, establece que toda persona que desee participar en una manifestación pública deberá someterse a controles de identificación por parte de las fuerzas de seguridad, debiendo acreditar su identidad mediante Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte en caso de ser extranjero.

“Queda expresamente prohibido el uso de capuchas, máscaras, prendas que dificulten la identificación facial y la portación de objetos que puedan ser utilizados con fines violentos, tales como palos, piedras, explosivos caseros o cualquier otro elemento ofensivo”, plantea.

“Es evidente que hay un negocio de tercerización de la violencia que pretende esconderse en la falsa defensa de los más vulnerables como en este caso los jubilados”, manifestó Chumpitaz y sumó: “Hay que tomar medidas concretas cuando peligra el derecho a la vida de los manifestantes, la prensa, la ciudadanía, y de las fuerzas de seguridad”.

El rosarino afirmó: “Tanto la Constitución Nacional en su artículo 22, como el Código Penal en sus artículos 229 y 230, prevén que toda reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”.

Chumpitaz, quien es especialista en seguridad, propone acciones tácticas como anillos de control operativo, vallados estratégicos e identificación según cuadriculas de avance.

Además, el diputado subrayó que “no se trata de restringir el derecho a la protesta, sino de garantizar que no sea utilizada como excusa para la violencia y la anarquía. Debemos asegurar que quienes se manifiestan pacíficamente no sean utilizados por grupos con fines desestabilizadores”.

Puertas para adentro del Gobierno, recibió muchas críticas el operativo diseñado el miércoles pasado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para contener la habitual movilización callejera semanal de los jubilados, a la que extraña e inusualmente se sumarían hinchadas de clubes de fútbol.

De acuerdo con la evaluación de la Casa Rosada, según lo confiado a parlamentario.com, no funcionaron adecuadamente los tres anillos de seguridad para revisar si los manifestantes llevaban armas, palos u otros objetos violentos y, principalmente, no se custodió el Congreso, que debió ser el principal objetivo a cuidar, entre las principales fallas analizadas.

Esa crítica interna fue visualizada el viernes, 48 horas después de la manifestación violenta, por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló esos dos errores serios del dispositivo de Bullrich, quien había acompañado al presidente Javier Milei a Bahía Blanca esa mañana, regresando especialmente para esa manifestación.

Igual el Gobierno, con el jefe de Estado a la cabeza, salió a defender a rajatabla a la ministra de Seguridad Nacional y hasta avanzó casilleros remanidos por otros gobiernos, como el de que la movilización pretendía una desestabilización institucional.

Sin embargo, inesperadamente para el oficialismo la que desarmó rápidamente esa idea fue nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se diferenció diciendo que se había tratado de un “ejercicio de la democracia”, aunque rechazó la violencia.

El problema es que la manifestación del miércoles agitó el avispero político y ahora anunciaron que se sumarán organizaciones sociales, gremiales y políticas. Es decir que la manifestación tendrá más volumen en cuanto a masividad y, por lo tanto, será más difícil hacer la inteligencia previa y también poder controlar los accesos y los movimientos de las columnas.

Un tema sensible en el que se hizo hincapié puntillosamente en Balcarce 50 tiene que ver con la correcta y reglamentaria utilización de las armas y, también, en evitar agresiones por parte de los agentes hacia los manifestantes.

Verbigracia: el tremendo ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo -gravemente herido- y la jubilada a la que un policía le dio un peligroso empellón que la hizo caer y golpear peligrosamente su cabeza contra el piso.

“Esas imágenes no tienen que volver a suceder”, le dijeron tajante a los organizadores del operativo de control, a quienes les dieron un ultimátum en ese aspecto.

En consecuencia, el Gobierno tiene dos objetivos: volver a dar la sensación de que sigue controlando la calle -eso el miércoles pasado se diluyó- y, al mismo tiempo, eliminar cualquier atisbo de posible resurrección opositora a través de las manifestaciones callejeras.

La consigna de la Casa Rosada es no volver a repetir lo ocurrido en la movilización del miércoles, de lo cual el oficialismo públicamente culpó a las barras, a la política y a la jueza interviniente. Y, temerario, lanzó la idea de una desestabilización en su contra.

A propósito, la magistrada Karina Andrade recibió un fuerte apoyo de la asociación de magistrados, que salió con los tapones de punta a defenderla.

“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, expresó la entidad.

En el pronunciamiento, se advierte que los magistrados no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus fallos.

El presidente Javier Milei está permanentemente atento a lo que fue el -a su juicio- “fallido” Gobierno de Mauricio Macri. Encuentra similitudes en los objetivos de ambas gestiones y en consecuencia teme tener el mismo final; por eso se preocupa de no repetir lo que para él y -sobre todo- el “tridente de hierro” fueron las razones del “fracaso” de Cambiemos. Un resultado que, de no haber sucedido, Milei no hubiese estado donde hoy está. Eso lo tiene claro.

Los puntos de contacto entre él y Macri los resume la frase del propio exmandatario cuando todavía imaginaba su continuidad al frente del Ejecutivo: aquella vez que le preguntaron qué haría en un segundo mandato, contestó: “Lo mismo, pero más rápido”. Algunos le adjudican parte del resultado adverso a esa frase, que recogieron y utilizaron en campaña los publicistas de Alberto Fernández.

Milei se propuso lo mismo y, con matices, es lo que está haciendo. Pero tanta analogía entre la administración actual y la de Cambiemos tuvo esta semana un llamado de atención para el Gobierno actual: el desborde en las calles, con represión y un herido grave, encendieron luces de alarma en el poder vigente.

Porque el núcleo mileísta siempre tuvo claro que aquella jornada en 2017 de las 14 toneladas de piedras -que nadie pesó, pero es una figura el imaginario popular convalidó- marcó un punto de inflexión en la gestión macrista, que venía de ganar con soltura las elecciones intermedias; derrota de Cristina Kirchner incluida. Ese episodio mostró debilidades de esa gestión; exhibió una calle alborotada que es siempre una señal de preocupación para todo gobierno no peronista y. sobre todo, entonó a una oposición que acababa de ser liquidada en las urnas. El resultado ya se conoce: los dos años siguientes fueron casi un calvario para esa administración, aunque hay que agregarle a eso el dato no menor y más que gravitante del alza de tasas en Estados Unidos, que provocaron que la Argentina perdiera el financiamiento y tuviera que acudir al FMI.

Hoy Donald Trump gobierna de nuevo en el gran país del norte y sus medidas han alborotado los mercados internacionales. Nada bueno para la Argentina, tan dependiente de esas fluctuaciones, por más que el Gobierno argentino imagine tener la mayor consideración de la administración republicana.

Vayamos a lo que pasó esta última semana. Le preocupa al Gobierno libertario perder la calle. Ya se encendieron en su momento luces de alarma cuando la multitudinaria marcha universitaria. La del miércoles no fue, ni de cerca, tan masiva. Pero sí resultó mucho más nociva, porque planteó directamente un desafío de poder. Violencia pura para socavar la autoridad de esta administración. Y las graves heridas del fotógrafo Pablo Grillo fueron un dato anexo que dividió aguas incluso entre quienes defienden esta gestión.

El Gobierno salió a hablar de intento de “golpe de Estado”, un concepto que puede rendir puertas adentro, pero no debe ser esgrimido a la ligera, pues hace enorme ruido afuera para un país que necesita de inversiones para salir adelante. Un poco más moderado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de intento de desestabilización. Están convencidos en la Rosada de que el peronismo y la izquierda, con diferentes objetivos, estuvieron y están detrás de esas maniobras “golpistas” que tendrían por objeto desgastar a un gobierno al que hasta ahora no encontraban la manera de entrarle.

No resulta poco convincente semejante teoría. No hay otra explicación sino para el insólito apoyo de hinchadas al reclamo de un puñado de jubilados que llevan un cuarto de siglo protestando cada miércoles frente al Congreso. Ya se sabe que los barrabravas no tienen otro interés que el poder y el dinero, y nadie puede imaginar objetivos altruistas detrás de la movida del miércoles pasado, que ya había tenido un ensayo la semana anterior, con la participación de la muy politizada barra de Chacarita.

La del miércoles fue una marcha eminentemente política y con la intención deliberada de desgastar al Gobierno, montada sobre un reclamo noble que es el de los jubilados. Botón de muestra: a las 16.30, cuando los escarceos entre manifestantes y fuerzas de seguridad iban creciendo, la cuadra de la avenida Rivadavia que separa al Palacio Legislativo del Anexo de Diputados estaba cubierta de militantes que coreaban: “Traigan al gorila de Milei/que este pueblo no cambia de ideas/lleva las banderas de Evita y Perón”.

Para la oposición más extrema el resultado de esta marcha violenta fue “un éxito”, y confirmando ese trasfondo desestabilizador, se anuncia para este miércoles un nuevo round, aunque esta vez sin la presencia estelar de los barras. Un motivo de preocupación para el Gobierno, dispuesto a no mostrar una señal de debilidad, como interpreta la posibilidad de exhibirse más laxo.

En este mismo plano la CGT salió de su letargo y anunció un paro para los primeros días de abril. En este caso, la noticia lejos estuvo de generar preocupación en el Gobierno; más bien fue beneplácito. Cualquier anuncio en contra de la central obrera, o el sindicalismo en general, piensan que les suma. Lo mismo que el respaldo dado por Mario Firmenich a la marcha “por los jubilados” del miércoles pasado.

Como sea, los planetas ya no aparecen alineados como se veían desde octubre pasado. El 14 de febrero, hace ya poco más de un mes, el auspicio presidencial a la cripto $Libra parece haber roto el estado de gracia de la administración libertaria. La lenta pero persistente baja de inflación tuvo el viernes un repunte, cuando el número de febrero, 2,4%, fue dos décimas más alto que el mes anterior. Poquito y esperado, pero repunte al fin. Además, fue en un día en el que una ola de rumores disparó la demanda y obligó al Banco Central a vender 474 millones de dólares.

El clima enrarecido genera nerviosismo en la fuerza gobernante puertas adentro. La Libertad Avanza, que en sus bloques ha mostrado de todo menos orden y homogeneidad, dio un espectáculo insólito en el recinto de la Cámara baja, con diputados propios y/o aliados insultándose, arrojándose vasos con agua y al borde de las piñas.

Fue inmediatamente después de exhibir una muestra de consenso al votar por unanimidad la ayuda a la devastada Bahía Blanca. Duró poco ese clima, pues al rato la principal oposición ponía al oficialismo contra las cuerdas intentando votar un emplazamiento para eliminar las facultades delegadas del presidente, y confirmar la composición de la Comisión de Juicio Político. La primera, inaceptable para el Gobierno y buena parte también de la oposición, que las votó hace casi un año. La otra, un capricho de la interna sin fin del oficialismo: Karina Milei no quiere a Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político y Martín Menem no tiene margen de negociación.

Al cabo de unos largos minutos de tensión y las citadas peleas internas, el presidente de la Cámara logró el objetivo de dar por concluida la sesión, en cuanto la oposición perdió fugazmente el quórum. Una maniobra legal, pero que dejará secuelas y un sinfín de pases de facturas. El oficialismo se da cuenta de que en este contexto le será muy difícil sesionar durante el año electoral, pues a cada vuelta de la esquina puede encontrarse con un emplazamiento.

En rigor, tiene lógica ese acotado margen de maniobra de un oficialismo ínfimo en ambas cámaras. Hasta ahora, la sensación era la de un gobierno poderoso que logró casi todos sus objetivos en su primer año, aunque en realidad eso está lejos de ser un dato concreto. Le cuesta mucho al oficialismo aprobar sus leyes, y contribuye de manera involuntaria a veces, pero generalmente por mala praxis, a dificultar su accionar.

Una nueva muestra habrá esta semana, cuando el miércoles se confirmen los dictámenes para votar en el recinto interpelaciones a funcionarios como la mismísima hermana del presidente, o la creación de una comisión investigadora del caso $Libra. Por los carriles normales, tan solo abriendo las comisiones, podría haberle dado al tema un tratamiento a cuentagotas sin tener la intimación del pleno del recinto.

Lo mismo pasará en el Senado, cuando a priori el jueves deberían tratarse los pliegos de los jueces propuestos para la Corte, y está el número para voltear a los dos. El oficialismo ensayó una maniobra que tiene a ficha limpia como prenda de cambio para postergar lo de los jueces. Son jugadas de vuelo corto, en las que además conspira la insólita interna con la vicepresidenta de la Nación, excluida de toda negociación que busque el Gobierno, lo que hace aún más complejo cualquier entendimiento.

El bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal bonaerense anunció que se sumarán a la marcha LGTBQI+ contra los dichos del presidente Javier Milei contra la ideología de género, la figura del femicidio, la comunidad LGTBQI+, además de otros tópicos relacionados a “la agenda woke”.

En esa línea, Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados, llamó a participar del encuentro, a través de sus redes de comunicación, el titular de la banca radical expresó: “marchamos en defensa de la diversidad, marchamos por una Argentina con igualdad, respeto y tolerancia… Nos vemos en las calles este 1 de febrero”.

Las criticas surgen a partir de los dichos de Javier MIlei en la 55º Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. Allí, el Presidente brindó un polémico discurso contra la “agenda woke”, e hizo especial énfasis en la eliminación de la figura del femicidio y la ideología de género.

“El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado”, fue una de las frases más duras del presidente en su discurso.

El bloque de senadores nacionales de la UCR emitió un comunicado expresando su apoyo a la marcha convocada por la comunidad educativa para este martes en respaldo de la universidad pública con “el objetivo de exigir la actualización de los fondos necesarios para el normal desenvolvimiento del sistema universitario público”.

“Hoy las universidades viven días de incertidumbre por no contar con los recursos ni las garantías financieras para continuar funcionando, planificar su calendario académico y seguir ofreciendo servicios educativos de calidad a miles de estudiantes”, cuestionaron.

En esa línea, resaltaron que “la defensa de la educación pública es una de las banderas históricas e irrenunciables de nuestro querido partido. Esa coherencia centenaria es la que nos permite evaluar a la educación como un vector de superación por excelencia, que posibilita a los jóvenes progresar y alimenta las esperanzas de una Argentina con futuro”.

“Desde el bloque UCR en el Senado entendemos a la educación como verdadera herramienta de cambio. Una que funciona y que necesitamos como nunca. Trabajemos para mejorarla. Sigamos defendiéndola”, finalizaron el texto.

La diputada nacional y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz (UP) respaldó la movilización hacia Tribunales y planteó que “el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional”.

En diálogo por la AM 990, Tolosa Paz expresó: “Tomó fuerza la postura de nuestra querida CGT, donde no solo es una marcha que expresa en la mayoría del conjunto de hombres y mujeres afectados por este decretazo impuesto por Javier Milei, sino el pedido importante y la presentación que hicieron de inconstitucionalidad de la norma que para el presidente tiene que empezar a regir la vida de los argentinos”.

“Hay un montón de presentaciones judiciales, esta quizás para nosotros quienes defendemos el rol del sindicalismo en el país y la defensa de los derechos de los trabajadores era una medida necesaria y como legisladores nacionales tuvimos el honor de conversar con toda la CGT en el marco de lo que nos toca para el tratamiento de la Bicameral y las normas que vamos a tener que mirar en el pedido de extraordinarias”, agregó.

Además, sostuvo: “Cada uno puede tener distintas posiciones respecto del acompañamiento o no de la CGT. Nosotros como legisladores nacionales no solo acompañamos el pedido de inconstitucionalidad, sino que nos comprometemos a ponerle voz a la defensa férrea de los derechos de los trabajadores en el recinto que es lo que nos toca”.

“La labor parlamentaria también es un lugar de lucha que nosotros tenemos por delante y compromiso con quienes nos votaron. Muchos se están arrepintiendo con este decretazo de esta magnitud. No hay sector de la economía formal, informal que se ven perjudicados se ven diariamente en el aumento de precios, apertura de la economía, liberación de importaciones, devaluación afectó la vida de todos, esto es lo más importante”, planteó.

Para la diputada opositora: “La mejor respuesta es la lucha, la presentación de inconstitucionalidad en la justicia y nuestra tarea como diputados”, y resaltó que “la bicameral va a ser clave al igual que nuestra postura como bloque en defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Milei tiene que saber que la República tiene tres poderes y son claves enmarcados en la Constitución y el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional. Las cuestiones de forma han sido violadas. Este decretazo tiene que ser revisado y se arroba cuestiones legislativas. Si hay que modificar leyes tiene que ser de cara al Parlamento y eso se vio cuando Milei habló contra el Congreso y se quiere llevar puestas las competencias del Congreso”, cerró.

Tras participar de la movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo, en conjunto con el movimiento piquetero a Plaza de Mayo, la diputada nacional del PO Romina Del Plá sostuvo que “desde esta Plaza multitudinaria planteamos que la CGT y la CTA tienen que romper con el Gobierno y convocar un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste y por todos los reclamos”.

La diputada de la izquierda abogó “por la reapertura de emergencia de todas las paritarias, por el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil para las jubilaciones, y contra el ajuste al servicio del pago al FMI”.

Muy crítica de la central obrera, Del Plá agregó que “la movilización de la CGT no tuvo reclamos claros y la burocracia se mantiene apoyando a un gobierno que anuncia tarifazos y nuevos golpes al salario. Las jubilaciones no superan la indigencia condenando a quienes laburaron toda su vida al hambre”.

“Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo y la Coordinadora Sindica Clasista estaremos en las calles apoyando y desarrollando todas las luchas en curso. Desde la del Sutna por salario hasta la Unidad Piquetera por trabajo genuino”, concluyó.

La Mesa de Enlace encabezó una Asamblea en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la cuarta medida de fuerza en rechazo a las políticas del Gobierno, motivo por el cual decidieron no comercializar granos ni hacienda. Legisladores de la oposición expresaron su respaldo al campo a través de las redes sociales.

“Hay razones de sobra para esta jornada de demanda del campo argentino. Falta de gasoil por negligencia del Gobierno, presión tributaria que ahoga al sector que genera 3 de cada 4 dólares que se exportan, precios de insumos por las nubes, cupos a las exportaciones. Yo apoyo #13J”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

Su coterránea la radical Soledad Carrizo posteó: “Hoy en el #13J el campo se moviliza. El campo es el sector que más divisas trae a nuestro país, y la agroindustria es de los sectores que más empleo generan. El Gobierno Nacional debe generar las condiciones de certidumbre para permitir el trabajo, y la inversión”.

En tanto, el formoseño Ricardo Buryaile resaltó: “Tenemos un gobierno con un rumbo incierto. Los productores agropecuarios están apuntando fundamentalmente a la cuestión impositiva”.
“También hay malestar porque no se termina de liberar el mercado de carnes, porque está trabada la exportación de una vaca que no es de consumo interno en Argentina y eso genera daño a la comercialización”, agregó.

Por su parte, la santafesina Ximena García señaló: “En un contexto de inflación desenfrenada, aumento del gasto público, y desabastecimiento de gasoil, el campo es parte de la solución. En esta jornada federal de reclamo, estamos con ustedes. El Campo demanda #13J”.

"Hay una crisis gigantesca por falta de divisas. Devaluación, inflación, y estancamiento = Pobreza. Mucha. Y tenemos un gobierno que por cuestiones ideológicas se empecina con poner trabas al sector que más dólares genera. Necesitamos poner el país en marcha. Yo apoyo al Campo”, sostuvo la tucumana Lidia Ascárate.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta del Pro, Patricia Bullrich: “Hay que sacarle el freno de mano a la producción. El campo es parte de la solución a los problemas de la Argentina. Basta de aumentar el gasto público y de una emisión que sólo genera más inflación. ¡En esta Jornada Federal de Demanda yo estoy con el campo argentino! #13J”.

“Mi total apoyo al Campo en esta jornada de protesta. El sector necesita insumos para seguir produciendo, maquinaria agrícola, gasoil y sobre todo que le saquen el pie de encima en materia impositiva”, expresó la diputada del Pro Soher El Sukaria.

También brindó su apoyo la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro): “El Campo es el corazón productivo del país. Sumo mi apoyo en esta Jornada Federal, en que los productores sólo piden que los dejen trabajar. ¡Basta de cepos y presión fiscal! #13J”.

“Llegamos a San Pedro y estuvimos presentes en la Asamblea convocada por Sociedades Rurales del Norte (PBA) acompañando a los productores agropecuarios de todo el país. En San Pedro, PBA, pidiendo retenciones 0 ya y otra manifestación del campo como en la 125 contra el nefasto kirchnerismo”, acompañó el diputado liberal José Luis Espert (Avanza Libertad).

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para declarar obligatorio la entonación de la “Marcha de la Islas Malvinas” en todo acto oficial de cualquiera de los tres poderes: nacional, provincial y municipal.

También propone “que se cante en los actos militares y escolares de todos los niveles y modalidades de educación formal y no formal, pública o privada”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Alfredo De Angeli, Silvia del Rosario Giaccoppo, Beatriz Luisa Ávila, Gabriela Valenzuela, María Belén Tapia y Stella Maris Olalla.

“La Marcha de las Malvinas es una de las tantas canciones oficiales de la República Argentina. Fue compuesta en 1940 bajo la convocatoria del presidente Roberto Marcelino Ortiz en el ámbito de la reivindicación de nuestra soberanía en las Islas Malvinas”, sostiene el legislador radical, que agrega: “Si bien la Marcha se entona cada 2 de abril a nivel nacional, en la provincia que represento, el decreto provincial 719/15 estableció la difusión de la Marcha en todas las radios y televisoras de la Provincia a las 8 horas, o bien cuando inicien la transmisión. Más recientemente la ley provincial 1154, sancionada y promulgada en 2017, declara la Marcha de Malvinas como canción oficial y la obligatoriedad de entonarla en actos institucionales y militares de la provincia, como también en actos escolares”.

“Entonar la Marcha de Malvinas es un acto reivindicatorio de nuestra soberanía, un refuerzo cultural a nuestra causa y una manera de destacar la proeza, valentía y perseverancia de nuestros hombres en una guerra que nos marcó para siempre”, explicó el senador fueguino.

Agrega Blanco que “es también una forma de concientizar a todos los argentinos sobre la cuestión Malvinas. En efecto: no solo debemos recordar la reivindicación soberana el 2 de Abril de cada año, estoy convencido de que esta debe ser una actitud cotidiana y permanente por parte del pueblo argentino”.

En ese marco, el senador fueguino sostiene que “el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de nacionalizar y federalizar esta idea, este anhelo fueguino, esta verdadera, legítima e irrenunciable causa nacional haciéndola extensiva a todo el territorio nacional para que las nuevas generaciones recuerden el pasado, no sólo con la esperanza de mantenerla viva, sino con la profunda convicción de evitar que la propaganda del colonialismo ocupante se afiance”.

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y fueguinas”, finalizó Blanco.

Mientras este jueves puertas adentro del Parlamento se lleve a cabo la sesión para votar en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, a las 17.30 el Frente de Izquierda Unidad, movimientos sociales y sindicales independientes harán un acto en el Congreso rechazando este acuerdo.

En relación a eso, la diputada Romina Del Plá se refirió al índice inflacionario: “El 4.7% de inflación en febrero, la más alta en los últimos 11 meses, es una muestra más del fracaso de la política del Gobierno. Mientras los alimentos suben un 7,5%, el salario mínimo equivale a la mitad de la canasta básica de pobreza”.

“Queda demostrado que el presidente mentía cuando decía que el acuerdo con el FMI no iba a traer tarifazos y ajuste”, cuestionó la legisladora de izquierda y agregó: “Las cláusulas de revisión cada 3 meses implican un Gobierno anclado a este pacto que es incompatible con cualquier medida para sacar adelante a las y los trabajadores. Es claro que el Gobierno y todos los que están a favor del pacto van a ser responsables del enorme salto en los índices de pobreza e indigencia.”

Por su parte, el legislador porteño Gabriel Solano sumó: “Frente a la crisis extraordinaria que significa el salto inflacionario, el pacto con el FMI del Gobierno nacional impide que se lleven adelante las medidas económicas necesarias para frenar este ataque al salario de los trabajadores”.

“El acuerdo con el FMI es completamente inflacionario y queda clarísimo con los números del mes de febrero que el Gobierno viene haciendo buena letra con el organismo internacional. El gran instrumento de ajuste en el país es la inflación junto con los tarifazos, impuestazos y mayor devaluación de eso se vale el gobierno para cumplir con las metas macroeconómicas que se establecieron y que serán revisadas por el FMI cada 3 meses”, cerró.

Luego del traspié que sufrió Juntos por el Cambio a fines del año pasado con la votación de Bienes Personales por la ausencia de tres legisladores, una por Covid, pero dos por estar de viaje, parece que en el espacio ya no quedan dudas de que eso que pasó no puede volver a sucederles.

Botón de muestra fue la respuesta que le dio una diputada de la Coalición Cívica a un tuit de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. “¡Vamos a Kiev! Todos los demócratas del mundo debemos movilizarnos. Apoyo la propuesta de ponerle el cuerpo a la paz junto a @ZelenskyyUa. Esta es la manera de defender la democracia. ¡Somos muchísimos más los que estamos con Ucrania y en contra de los gobiernos autocráticos!”, tuiteó la exministra de Seguridad.

Le contestó así la diputada Mónica Frade: “Estaría hoy mismo volando hacia allí, salvo el detalle no menor que, quienes tenemos responsabilidad en la Cámara de Diputados, apenas viajemos, los K votaran reforma judicial y todo lo que CFK está esperando detrás de las cortinas”.

El que se quema con leche…

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) sostuvo que la movilización que se realizó frente a Tribunales en reclamo de cambios en la Corte Suprema de Justicia fue “un reclamo ciudadano” para expresar una “contundente denuncia contra la democracia que el Poder Judicial está planteando”.

“Es un reclamo de reacción ante un poder que no puede seguir funcionando de espalda a los intereses de nuestro pueblo”, señaló Osuna y consideró: “Creo que fue una fantástica expresión democrática lo que hemos vivido”, en declaraciones a Radio Nacional.

Además, la diputada oficialista sostuvo que “le llamó la atención las críticas expresadas desde diversos sectores de la oposición contra la marcha realizada”, y aseveró que “los ciudadanos tenemos todo el derecho de expresar nuestro reclamo”.

En esta línea, la legisladora señaló que "(el expresidente) Mauricio Macri y sus cómplices usaron a la Justicia para sus intereses”, y afirmó que sobre ese tema “no vio ninguna expresión en contra a pesar de que sobran elementos para demostrar que la mesa judicial funcionó”.

“Vamos a seguir exigiendo el fin del lawfare y la democratización de la Justicia”, advirtió y aseguró que el reclamo “adoptará las formas necesarias para revertir el mal funcionamiento de la Justicia”.

Y añadió: “La movilización ha sido una muestra generosa y honesta de asumir una posición y buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Por otra parte, Osuna habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados y consideró que se trata de “una muestra generosa y honesta de asumir una posición”, y a su vez “buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Asimismo, aseguró que Máximo Kirchner “va a permanecer dentro del bloque del Frente de Todos y el debate va a enriquecerlo”, y cerró: “La tarea de un presidente de bloque es una labor de conciliación, German Martínez va a ser apoyado por todos los que integrantes”.

La marcha convocada contra la Corte Suprema de Justicia para este martes 1ro de febrero por dirigentes kirchneristas y respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo, despertó fuertes críticas. En ese sentido, se pronunciaron los diputados nacionales que integran el interbloque Federal - compuesto por los bloques Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y Partido Socialista - quienes calificaron como “asonada y un escrache público inconducente” la convocatoria”.

“La Corte Suprema de Justicia es creada por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial. Es el Poder Legislativo el que debe establecer la cantidad de miembros”, manifestaron. En ese marco, recordaron que “la última reforma (Ley 26.183 de 11/2006, con mayoría kirchnerista) estableció en cinco la cantidad de miembros. Hoy la integran prestigiosos juristas. Se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese”.

Y denunciaron: “Lo que no puede ni debe hacerse es organizar una ‘asonada’, un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”, ya que consideraron que “hay una clara diferencia entre esta actitud y la libre expresión o el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos”.

“En virtud de la división de poderes, vemos con preocupación las declaraciones realizadas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hacemos un llamado a la reflexión”, expresaron desde el interbloque Federal.

El diputado nacional e integrante de la Comisión Bicameral Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Eduardo Valdés (FdT), se refirió al primer entendimiento que anunció el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó la decisión del presidente, pero consideró que “no se firma feliz ni contento nada”. Aunque, destacó que “es un acuerdo que permite que la Argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo”.

En declaraciones a Radio 10 Valdés se refirió al viaje que realizó la vicepresidenta a Honduras en la que el legislador integró la comitiva: “Es un orgullo estar con Cristina (Kirchner) y hablamos del acuerdo con el FMI y está pendiente permanentemente del país. Sobre todo, que no sea un acuerdo que haga sufrir a los argentinos que se siga el crecimiento. Es muy Néstor Kirchner en eso ella”.

“El viernes fue un día de esos que, en nuestra actividad, no queríamos que llegue nunca, pero llegó. Me parece a mi que la decisión del presidente es la que había que hacer”, se sinceró y agregó: “Nosotros tenemos dos cepos muy fuertes desde el día que asumimos el Gobierno son los dos nudos que tenemos que desatar. Uno es la corporación judicial absolutamente activista al macrismo y que intenta permanentemente legitimar actos que a simple vista son ilegales como el espionaje ilegal”.

Y siguió: “El otro tema es el endeudamiento que con un crédito el Fondo Monetario Internacional que les dieron 45 mil millones, pero lo sorprendente es el término de evolución. No se firma feliz ni contento nada. He escuchado mucho a Carlos Heller que se expresa por nosotros porque es el presidente de la comisión de Presupuesto y he visto que es un acuerdo donde no hay flexibilización laboral, donde no se privatizan las jubilaciones, es un acuerdo que permite que la argentina no interrumpa el crecimiento que está teniendo y recién después de 4 años va a desembolsar”.

“Quiero ver el vaso lleno, tengo que construir esperanza día a día y trato de ver acá lo que me parece lo mejor de la negociación y habrá otras cosas que no me gustan, pero no las voy a decir”, opinó.

Por último, consultado sobre la marcha convocada para este martes contra la Corte Suprema manifestó: “Es muy vergonzoso ver cómo espiaban a los miembros y los mandaba el número uno que era Mauricio Macri. La justicia en la Argentina es como una serpiente, solo pican a los que tienen los pies descalzos”.

La Mesa Nacional de la principal oposición pensaba emitir ese comunicado el día anterior, pero lo postergó para abocarse al tema del arreglo con la deuda anunciado este viernes por el Gobierno nacional. El mensaje que preparaba lo emitió este sábado y en el mismo cuestionó duramente “el apoyo del Gobierno, a través del secretario de Justicia de la Nación e incluso del propio presidente, a la convocatoria a una reunión de personas el 1 de febrero próximo para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Para el espacio opositor, ese es “un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.

A través de ese comunicado, Juntos por el Cambio advierte que “ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos”.

Por el contrario, sostienen que “el interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidente de la República”.

“De esta forma, se intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, se nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, se trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un procurador general afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción”, agrega el comunicado, que resalta “la firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por el Cambio” que, sostuvo, “han impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente”.

Simultáneamente, continúa el comunicado, “se han tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo ‘lawfare’, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa entonces si esos graves hechos existieron o no, y quiénes los cometieron, todo cae en la bolsa común del ‘lawfare’”.

Suma JxC “la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno, socavando permanentemente la credibilidad de las sentencias judiciales. En ese sentido, resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertado como si fuera ‘presa política’, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas”, señalan en referencia a Milagro Sala, que fue anfitriona hace pocos días en Jujuy de Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta.

El comunicado recuerda que la Constitución establece cuál es el procedimiento de remoción de los jueces de la Corte y detalla que el mismo debe llevarse a cabo en el Congreso, con mayorías especiales, pero aclara que “este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”.

“Un principio básico de una república democrática es la separación entre los distintos poderes del Estado, para que ninguna de sus ramas pueda asumir el poder de modo absoluto. Al contrario, se trata de que cada una pueda controlar la actividad de las restantes”, se expresa, puntualizando respecto de la justicia que “el aspecto esencial a preservar y proteger es su independencia, esto es la autonomía y separación de los otros poderes estatales e, incluso, fácticos o económicos. Sólo así se asegura la imparcialidad que tienen que tener los jueces para decidir con sujeción sólo al derecho vigente y no a cualquier otro interés”. En ese marco refiere que “la democracia requiere de la plena vigencia del Estado de derecho. La Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia constituyen el gran marco de convivencia de una sociedad”.

El comunicado concluye ratificando el “compromiso absoluto” de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio con “la defensa de la Constitución y con la independencia de la Justicia”, advirtiendo que no tolerarán que “se siga menoscabando la credibilidad de los jueces”. A la vez, exhortan al Gobierno Nacional a “seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores”.

A pocos días la marcha organizada por dirigentes kirchneristas contra los jueces de la Corte Suprema, diputados de la oposición denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa”.

La carta, firmada por el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, está dirigida al titular de la OEA, Luis Almagro, en la que manifestaron que “el Poder Ejecutivo nacional y los senadores de la nación integrantes del partido de gobierno (Frente de Todos) se encuentran desarrollando un conjunto de maniobras que tienen por objeto coartar la independencia del Poder Judicial de la Nación a fin de adecuarlo a sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento”, lo cual configura un “avasallamiento al Poder Judicial” y una “alteración al orden constitucional”.

A lo largo del texto, repasaron la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y destacaron las declaraciones del piquetero Luis D'Elía, uno de los referentes de la convocatoria: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad. Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país. Por eso creemos que hay que barajar y dar de nuevo”.

En ese sentido, también revelaron las declaraciones de apoyo a la movilización realizadas por el secretario de Justicia, Martín Mena, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y los análisis sobre el funcionamiento de la Corte hechos por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Por ese motivo, los legisladores sostuvieron: "Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien".

Como conclusión, los diputados plantearon: “En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos narrados en esta carta, acudimos a la Organización de los Estados Americanos. Una vez más y le solicitamos se tenga por formulada esta presentación en los términos y con los alcances de la Carta Democrática".

“La asistencia de la OEA que solicitamos es la misma que la realizada en las misivas de fecha 11 de junio del 2020 y 17 de septiembre de 2020, a los fines de hacer un seguimiento de la situación que denunciamos con la finalidad de que ese seguimiento preserve la institucionalidad democrática en la Argentina y evite mayores riesgos en su proceso político”, concluyeron.

La carta lleva las firmas del presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López, y de los diputados Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Mariana Zuvic.

La ex diputada nacional Cynthia Hotton y el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi confirmaron su participación a la marcha ciudadana prevista para este 27 de febrero a las 17. “¡Basta de impunidad! La corrupción es intolerable, los impuestos abusivos, la inseguridad, la pobreza que están generando, la inflación y ahora las vacunas vip: Para este Gobierno todo vale. Este sábado vamos todos porque estamos hartos de este Gobierno de vivos, de ventajeros. Salimos todos a decir basta”, sentenció la diplomática, quien desde sus redes convocó a sus seguidores a la concentración, partiendo desde Av. de Mayo y Bolívar (CABA), para dirigirse juntos a la Plaza de Mayo.

Por su parte, Alejandro Fargosi se expresó a través de Twitter: “Por la ruta del dinero k condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez, 9 años a Martín Báez, 5 a Leandro Báez, 5 a Fariña, 5 a Fabián Rossi, 3 a Melina Báez. Ahora hay que ir por los responsables máximos. Hasta acá llegaron”. Y también: “Este #27F #YoVoy. Marchemos en paz en todo el país. No fue una payasada. Desviaron vacunas destinadas a personal de salud, mayores u otros grupos esenciales y vulnerables para beneficio propio de funcionarios del gobierno, sus amigos y familias. Son unos sinvergüenzas. ¡Basta!”.

“Con nuestros impuestos queremos un Estado que garantice salud, educación, trabajo, jubilaciones dignas, vacunas para todos y no solo para los amigos, necesitamos transparencia y poder volver a confiar. Si como país no somos confiables ni generamos un escenario estable, jamás van a venir inversiones que nos permitan producir, generar empleo y eliminar la pobreza, que hoy lamentablemente alcanza a casi la mitad de la población argentina”, subrayó Hotton.

Por otro lado, la dirigente de Valores dijo: “Es increíble que los chicos tengan que tramitar una autorización si necesitan usar el transporte público para ir al colegio, mientras ellos juegan con la vida de la gente, al vacunar primero a los amigos y no a quienes realmente lo necesitan. Aún tenemos docentes y personal de salud sin vacunar, y ellos sí arriesgan su vida todos los días por nosotros. El kirchnerismo hace lo que quiere con nuestros impuestos y con la plata de nuestros abuelos”.

A medida que fueron realizándose las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández, dirigentes de la oposición fueron sumándose a las protestas. Y este domingo fueron muchos los que directamente salieron a convocar a los banderazos.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, participó este domingo de la movilización #8N en la ciudad de Córdoba. Desde su auto, acompañado por su hijo, grabó un video que subió a la red social Twitter. “Estamos afirmando el orden republicano. Pedimos a los tres jueces (Bruglia, Bertuzzi y Castelli) que no renuncien por favor, más allá de la discusión por la sentencia de la Corte Suprema. Necesitamos afirmar una democracia con independencia de poderes. Por eso, desde Córdoba, defendemos un federalismo republicano”, planteó el diputado cordobés en dicho video.

Luego, en una entrevista con un móvil de un canal de noticias, Negri abundó: “Creo que lo que ha hecho el Gobierno nacional es aumentar todas las incertidumbres. Incertidumbre sanitaria: nadie puede explicar al final qué va a pasar con la vacuna. Tenemos incertidumbre económica. Incertidumbre judicial, pedimos por favor que no renuncien los tres jueces. Y ahora quieren meter incertidumbre electoral. Falta un año para que se vote y quieren reformar el sistema electoral”, dijo.

“Creo que la gente tiene que salir en paz, como lo hace ahora, reclamar y que el Gobierno sienta que el pueblo le está tocando el timbre permanentemente y que tiene que escucharlo”, expresó, para agregar luego: “La gente debe reclamar con distancia social, como estamos haciendo todos. Lo que no tenemos es los camiones de Moyano en la 9 de Julio. Hay que cuidarse entre todos, tener recaudos”.

“Le agradecemos a los cordobeses, le pedimos disculpas por los errores, queremos ser la voz de ellos”, concluyó.

“Si perdemos la Justicia muere la democracia. Sin Justicia no hay democracia. La justicia afianza el rendimiento de la democracia y construye el futuro”, expresó por su parte el diputado radical Alvaro de Lamadrid.

A su vez, el diputado Gonzalo Del Cerro señaló: “Ante el fallo de la CSJ de indudable matiz político partidario adherimos a la marcha #8NSalimosTodos,dado el claro rechazo hacia los cuatro cortesanos que ella muestra. Si el Gobierno sigue profundizando su accionar sobre la Justicia, no habrá tranquilidad en ningún terreno”.