Juntos por el Cambio cargó contra el DNU 457/20, que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.
Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, que centró sus críticas en el supuesto otorgamiento de “superpoderes” al jefe de Gabinete, el Frente de Todos logró dar dictamen favorable este lunes a seis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del Covid-19.
Los decretos fueron avalados en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, con la participación del resto de los integrantes en forma remota.
El decreto más discutido fue el 457/20, que eliminó el tope del 5% establecido en 2016 en la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso.
Adelantándose a los cuestionamientos de la oposición, el senador oficialista Pablo González aclaró que “solo se está modificando la atribución del jefe de Gabinete para los decretos que se corresponden con la atención de la pandemia, no con la generalidad del Presupuesto Nacional”.
Además, el santacruceño recordó que el Presupuesto presentado por la gestión de Cambiemos en septiembre de 2019, para entrar en vigencia el presente año, fue “un Presupuesto cartográfico” que contenía “variables económicas que ya cuando fueron presentadas no tenían nada que ver con la realidad fáctica que estaba viviendo el país”.
Por ejemplo, mencionó que ese Presupuesto establecía “una inflación de entre el 34% y el 44%, un aumento de los ingresos del 47,3%, un aumento del gasto del 35,9% y superávit primario”. Por eso, remarcó la necesidad de elaborar un nuevo Presupuesto “que tenga que ver con la realidad” y que esté supeditado al resultado de las negociaciones del Gobierno con los acreedores externos.
Sin embargo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) advirtió que “es de toda evidencia que como no hay un límite, el jefe de Gabinete puede reestructurar todo el Presupuesto. Lo podría hacer con el fundamento de atender la pandemia, la situación sanitaria, pero lo cierto es que al no tener límites, puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”.
“Esta atribución es notoriamente inconstitucional, porque viola de forma evidente el principio de división de poderes, el principio de reserva legal del Congreso, y además las normas de la Constitución referidas a la sustancia y al trámite del Presupuesto”, alertó el representante de Juntos por el Cambio.
Asimismo, consideró que “el Poder Ejecutivo no puede efectuar una delegación de semejante magnitud en el jefe de Gabinete”. “Las delegaciones están prohibidas por el artículo 76 de la Constitución, que solo las admite en casos muy especiales. Es el Congreso el que debe efectuar esa delegación”, señaló.
Tonelli sentenció: “Estamos terminando el quinto mes del año y el Gobierno sigue sin enviar el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso. Si no les gusta el vigente, que fue prorrogado, que manden otro. No lo hacen porque esto es muy cómodo para el Ejecutivo. Pero no es republicano”.
Por su parte, Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, enfatizó que “el Congreso está ajeno a todo tipo de control: no tenemos Presupuesto, tenemos un Presupuesto prorrogado, y estamos ante una reestructuración muy amplia. Todas las medidas que se tomaron en los últimos 50 días tienen que ver con la pandemia, y no sabemos cuánto tiempo podrá durar. Si nosotros otorgamos estas facultades discrecionales, hay un temor fundado, que tiene que ver con la lógica discrecional con que se han manejado los recursos públicos en la Argentina”.
Al cerrar el debate sobre el polémico DNU, la senadora y vicepresidenta del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció “una puesta en escena de una oposición que está desesperada por tratar de poner en la discusión pública otros ejes, que no tienen que ver con lo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, que es salir lo mejor parados posibles de esta pandemia”.
Los primeros decretos abordados en la reunión fueron los dos que prorrogaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el primero (408/20) hasta el 10 de mayo, y el segundo (459/20) hasta el 24 de mayo.
El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos) destacó que “esta medida extrema ha dado resultados innegables”, y precisó que en Argentina, “en base a este aislamiento tan precoz y duro, hay un total de ocho muertos por cada millón de habitantes”, mientras que en Brasil hay 77 muertos por cada millón de habitantes, y en Perú, 85 cada millón de habitantes.
“Esto demuestra a las claras la oportunidad y el buen tino de estas medidas. El aislamiento es la única herramienta que tiene el mundo para combatir este virus”, insistió el legislador tucumano, y recordó que ya son “más de 319.000 las personas fallecidas en el mundo” por el coronavirus.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó ambos decretos, el radical Gustavo Menna consideró que las excepciones a las medidas de aislamiento no debieron estar en cabeza de los gobernadores, sino de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El decreto es una intromisión indebida del Estado federal en las autonomías provinciales”, opinó.
En cuanto al DNU 409/20, que extendió la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, el diputado Yedlin destacó la “importancia crucial” de esa medida, mientras que el senador Guillermo Snopek elogió el trabajo de la Cancillería con las personas varadas, y aclaró que las dificultades en las repatriaciones se debieron a “la falta de vuelos y de coordinación con otros países”.
En este punto, los radicales Menna y Luis Petri se mostraron muy críticos. “Han pasado 60 días en que muchos argentinos no pueden ingresar al país. A esta altura es incomprensible y desproporcionado que se encuentren argentinos varados en el exterior y que no tengan fecha de repatriación”, denunció el mendocino.
El senador Daniel Lovera (Frente de Todos) fue el encargado de defender el decreto 425/20, que prorrogó la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la inhabilitación de clientes y la aplicación de multas ante un cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.
Este decreto también prohibió negar créditos bancarios a empleadores con deudas previsionales. Según Lovera, todas estas medidas demuestran “la imperiosa necesidad de dar oportuna respuesta de todos los agentes económicos afectados por la pandemia”.
El pampeano también justificó el DNU 426/20, que estableció la prórroga de la prohibición de corte de servicios por falta de pago, puntualmente los de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. Lovera recordó que el ENACOM emitió un informe técnico donde manifestó la necesidad de extender esa medida.
En este caso, Juntos por el Cambio acompañó con su firma, pero se abstuvo de firmar dictamen sobre el decreto 425, al considerar que “no es un DNU ni tampoco un decreto delegado” y por lo tanto no correspondía que fuera analizado por la bicameral.