Los miembros de Juntos por el Cambio en la Bicameral de Trámite Legislativo reclamaron al presidente de esa comisión, Marcos Cleri, reactivar esa comisión que lleva años sin funcionar, a pesar de haber un centenar de decretos sin tratar.

Encabezados por el diputado del Pro Pablo Tonelli, los legisladores advirtieron que esta es la segunda nota de ese tenor que presentan. Una referida a 66 decretos, esta a 34. Son 100 los decretos que no han sido tratados, remarcaron los legisladores.

Esa comisión presidida por el diputado camporista tiene pendiente tratar DNU, decretos delegados y vetos parciales de leyes del Congreso.

Temas de todo tipo están pendientes, advierten los diputados Tonelli, Soledad Carrizo, Hernán Lombardi y Omar De Marchi, y los senadores Silvia Gicoppo y Luis Naidenoff: Canje de deuda pública, suba del mínimo no imponible de ganancias, fondo estabilizador del trigo, modificación a la norma de ingresos brutos, modificación de la ley de ministerios, acuerdos de precios, modificaciones presupuestarias, modificaciones al régimen de jubilaciones, entre otros.

Lo cierto es que la comisión no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos solo para nombrar autoridades.

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Votan los santafesinos para dirimir en internas los candidatos que competirán el 10 de septiembre por la gobernación de la provincia de Santa Fe. Y varios diputados y senadores compiten este domingo para ser los que representen a sus listas en las elecciones para gobernador.

De todos estos, los que tienen más chances de pasar las PASO son los dos senadores que compiten. Hablamos de la senadora nacional del radicalismo en Juntos por el Cambio Carolina Losada y el senador nacional del FdT Marcelo Lewandowski.

La interna más atractiva es sin dudas la de Juntos por el Cambio, que a priori arranca como favorito para las elecciones de septiembre.

Dos millones ochocientas mil ciudadanos están habilitados para votar en Santa Fe, el tercer distrito más poblado del país. Lo harán con boleta única de papel, donde figuran los precandidatos a gobernador; los aspirantes para 19 bancas en la Cámara de Senadores provincial; 50 para la Cámara de Diputados; intendentes, presidentes comunales y concejales.

Juntos por el Cambio participa de lo que se dio en llamar el “frente de frentes”, donde también está el socialismo. Compiten con el nombre de Cambiar Santa Fe, y por JxC están solo el Pro y la UCR, pues la Coalición Cívica va por separado.

La senadora Carolina Losada es precandidata a gobernadora con el apoyo de Patricia Bullrich, y lleva como compañero de fórmula al titular del Pro nacional (reemplazó a Bullrich, que tomó licencia), el diputado nacional Federico Angelini.

Competirán con Maximiliano Pullaro, quien se referencia en el senador Martín Lousteau y cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Su candidata a vice es la exdiputada nacional del Pro Gisela Scaglia.

Completa la grilla de candidatos para la interna de Cambiar Santa Fe otra diputada nacional, la socialista Mónica Fein, que lleva como compañero de fórmula al periodista Eugenio Fernández.

El Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, lleva la denominación de Juntos Avancemos y cuatro fórmulas que compiten. La principal es la del senador nacional Marcelo Lewandowski, con todas las chances para imponerse en la interna. Su primer candidato a diputado provincial es el actual gobernador Omar Perotti. Su compañera de fórmula es otra ex diputada nacional, Silvina Frana.

El diputado nacional camporista Marcos Cleri es otro de los que compiten, secundado por otra diputada nacional, la también camporista Alejandra Obeid, quien como Cleri tiene mandato hasta fin de año.

Otro diputado nacional que compite en esta lista es Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, va acompañado por la referente de Unidad Popular Leticia Quiagliaro.

El cuarto candidato de este espacio oficialista es Leandro Busatto, de la línea del precandidato a vicepresidente de la Nación Agustín Rossi. Acompaña a Busatto la exconcejala rosarina Alejandra Gómez Sáenz.

Pero no solo compiten los diputados y senadores nacionales para la gobernación. También lo hacen este domingo para otros cargos.

Es el caso del senador nacional Dionisio Scarpin, que encabeza la lista de precandidatos para diputados provinciales de la lista de Losada, y en esa lista va también la diputada nacional radical Ximena García.

Un dato más: así como el gobernador Perotti compite para legislador provincial, también lo hace su vice, Alejandra Rodenas. Y como hace rato que ambos no se llevan bien, no van en la misma lista: la vicegobernadora actual encabeza la lista camporista de Marcos Cleri.

A unas semanas de iniciado un nuevo período legislativo, las comisiones aún no se ponen en marcha. Tal es así que los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR) presentaron una nota denunciando la falta de actividad de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La misiva fue dirigida al diputado kirchnerista Marcos Cleri –titular de la comisión- en la que le remarcaron que la misión de la misma es “dictaminar acerca de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos dictados en ejercicio de una delegación legislativa y de los decretos de promulgación parcial de leyes que emita el Poder Ejecutivo”.

En ese sentido denunciaron que “en la actualidad son 66 decretos pendientes de revisión” que fueron dictados por el presidente de la Nación y que “ningún tratamiento ha tenido ni mucho menos se ha expedido despacho al respecto”.

A su vez, le dejaron un listado de los decretos más relevantes pendientes de dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo:

• 805/21 Prórroga de la emergencia de las tierras indígenas.
• 867/21 Prórroga de la emergencia sanitaria.
• 131/22 Suba de retenciones a la exportación de aceite de soja y harinas.
• 132/22 Creación de fondo fiduciario para el trigo.
• 277/22 Régimen de acceso a divisas para la producción de petróleo.
• 729/22 Creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
• 765/22 Avales crediticios para ENARSA.
• 863/22 Ampliación de la emergencia sanitaria.
• 809/21, 88/22, 331/22, 712/22 t 829/22 Modificaciones presupuestarias.

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El diputado nacional Marcos Cleri (FdT – Santa Fe) habló sobre la aprobación por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y expresó: “La oposición dice una cosa, pero cuando hay que firmar hacen otra”.

Del mismo modo, Cleri -integrante de la Comisión de Juicio Político- expresó: “El jueves dimos un paso más. Estamos haciendo lo correcto poniendo luz en el accionar de los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti)”.

En declaraciones a El Destape, Cleri manifestó que “hay 14 denuncias que son ratificadas y el informe de presidencia porque necesitamos equilibrio y armonía en los tres poderes del Estado”, en alusión al proceso del enjuiciamiento del máximo tribunal de justicia.

Consultado por el período de pruebas, el diputado santafesino explicó: “Debemos avanzar a la etapa de pruebas. Considero que es importante que nos enteremos de todo para mantener la transparencia”, y agregó: “Este juicio político debe tener repercusión para llegar a la ciudadanía para saber en manos de quien está la vida de los argentinos”.

Entre los motivos que Cleri explicó sobre el inicio del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, enumeró: “Con una cautelar beneficiaron a los monopolios de servicios de telecomunicación; y entre otras cosas con el fallo del Consejo de la Magistratura y el uso de beneficiar con la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, el diputado oficialista recordó la difusión de supuestas conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño -de licencia-, como “indicios por los que deben venir a aclarar si son ciertos y si se estaban arreglando fallos”.

Para Cleri, esas conversaciones evidenciaron que “se arreglaron otros fallos”, y cerró citando al expresidente Néstor Kirchner: “Queremos una Justicia independiente”.

Tras la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, donde se inició el proceso contra los jueces del máximo tribunal, el diputado Marcos Cleri (FdT) expresó que “se está poniendo en funcionamiento un remedio constitucional para poder resolver la gravedad institucional de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, que con sus fallos han defendido intereses particulares y han desconsiderado el interés general de la Nación”.

“El rol de la Cámara de Diputados es lograr los equilibrios necesarios para volver a tener una institución clara, transparente, en este caso la cabeza del Poder Judicial; y, además de todo esto, poder remediar esta situación y fortalecer nuestro sistema democrático a 40 años de la vuelta de la democracia”, sostuvo el camporista en declaraciones a Radio El Destape.

Además, el oficialista remarcó que a lo largo de los 14 proyectos presentados hay “60 delitos que se les imputan por mal desempeño”. “Hay que poner luz sobre los hechos ilegales y ocultos que estaban llevando adelante con un Estado paralelo, que condicionaba la vida de todos los argentinos”, apuntó.

Consultado por la participación de Juntos por el Cambio en la reunión, el legislador respondió: “Bienvenidos que hayan ido a trabajar, esperemos que lo hagan en otras comisiones. Siempre para que los jueces no paguen Ganancias están presentes, para defender a un sistema judicial que no es independiente, están presentes, pero para que se pueda jubilar la gente dicen que no, para tener un modelo de desarrollo productivo no quieren dar quórum”. “Ellos tienen claro cuáles son sus intereses: defender a un grupo de privilegiados y darle la espalda a la gente”, lanzó.

De cara a las próximas reuniones, el santafesino pidió ir “paso a paso”, evitando responder si cree que los jueces presentarán su renuncia; y recordó que “en el 2003 Néstor (Kirchner) impulsó la independencia de la Corte Suprema y el Poder Judicial y lo logró”.

Cleri sumó que desde la oposición “van a tratar de deslegitimar” la investigación, pero desde el Frente de Todos responderán con “un debate pasional y convicción”.

Con una larga demora atribuida a la falta de acuerdo en Diputados respecto de la proporcionalidad de esa Cámara para sumar sus miembros a la misma, se constituyó este jueves la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, más conocida como “la Bicameral de DNU”.

Al frente de la misma fue confirmado nuevamente el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri (Santa Fe), y también fueron nombrados en la misma los senadores oficialistas Anabel Fernández Sagasti, Guillermo Snopek, María Teresa González, Mariano Recalde y Pablo Yedlin.

Por el interbloque Juntos por el Cambio estarán los senadores Luis Naidenoff, Lucila Crexell y Silvia Giacoppo.

Integrarán la bicameral por parte de la Cámara baja los diputados el ya nombrado Marcos Cleri, Vanesa Massetani y Carolina Moisés, por el oficialismo, y de Juntos por el Cambio estarán Soledad Carrizo, Omar De Marchi, Hernán Lombardi y Pablo Tonelli.

Como vicepresidente fue propuesto una vez más el senador Luis Naidenoff.

Ya constituidas las autoridades, se habló de acordar día y horario para las reuniones y Pablo Tonelli planteó que habían sido citados este jueves, pero como tres de los integrantes de la Bicameral forman parte del Consejo de la Magistratura -Mariano Recalde, Silvia Giacoppo y él- “nos complica la vida”. Por eso propuso que las reuniones fueran los días miércoles, para evitar superposiciones, lo que fue aceptado sin problemas.

A pocas horas de haberse cumplido 40 años de la rendición argentina en la guerra de Malvinas, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos vinculados a la causa en la sesión de este miércoles y jueves. Fue pasadas las 3.30, más de 15 horas después de iniciada la sesión, y tras un emotivo discurso expresado por el diputado nacional Aldo Leiva, excombatiente en Malvinas y como él mismo indicó en su mensaje, el primer soldado raso en llegar a una banca.

Tenía sentido que hubiera sido el legislador oficialista el encargado de cerrar el debate, pues se acababan de tratar en un mismo debate dos temas inherentes a la cuestión de nuestras islas Malvinas. Tras su discurso, se procedió a la votación.

En primer lugar, en una votación que cosechó 178 votos afirmativos y 4 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda, se sancionó la ley que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

De acuerdo con la flamante norma, la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación.

El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad. En tanto, en la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.

Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.

Asimismo, la autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley, a la cual finalmente se invita a adherir a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además del sector privado.

Hizo uso de la palabra en primer lugar la fueguina Rosana Bertone, quien valoró la importancia de la agenda de Malvinas, y remarcó la unanimidad con la que se aprobó en su momento en la Cámara alta. Bajo la atenta mirada de la autora de la iniciativa, María Eugenia Duré, desde los palcos, junto a veteranos de guerra, la exgobernadora fueguina la mencionó y destacó que la iniciativa busca “fijar los pilares de la política de Estado” en materia de Malvinas, que “establece y ratifica la legítima soberanía” en las islas.

Tras describir las características de la iniciativa, dijo que “la construcción de una política de Estado demanda compromiso y durabilidad en el tiempo”. Destacó entonces que este Parlamento creó tres leyes que van en ese sentido. “Este proyecto permite hacer de la cuestión Malvinas un tema presente en el diálogo público en todos los ámbitos del Estado”, afirmó, convencida de que “la soberanía es una construcción de acciones desde el Estado”.

Señalética en organismos públicos, parques nacionales y embajadas

En el mismo debate -y con un resultado de 181 votos a favor– se trató el proyecto que establece la instalación de señalética alusiva en organismos públicos, parques nacionales y embajadas, la cual consistirá en una flecha que indique la dirección y la distancia a la que se encuentra desde el lugar de su emplazamiento, con respecto a Puerto Argentino.

La misma deberá tener las dimensiones suficientes para permitir su fácil visualización, ser de los colores celeste y blanco, tener impresa la figura geográfica de las Islas Malvinas y la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en su parte inferior.

Esta señalética deberá ser colocada en los accesos principales de dichas dependencias; y será inaugurada en un acto público del que participarán los veteranos de Guerra de Malvinas que residan en las diferentes ciudades y localidades donde se instalen.

Autor de la iniciativa, el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos-Santa Fe) arrancó haciendo referencia a la usurpación de las islas por parte de Gran Bretaña y sostuvo que su proyecto tiene un sentido claro: el de malvinizar. “Malvinizar es la tarea”, sintetizó.

El legislador de La Cámpora afirmó que “cuando presentamos este proyecto que tiene más de 60 diputados que lo acompañaron tenía el objetivo de poder seguir concientizando y sumando ingenio a las decisiones que tenemos que tomar para que nuestros reclamos de manera pacífica se concreten”. Por eso es que pretende que en lugares visibles de los lugares señalados en el proyecto se imponga una señalética detallando la distancia que existe hasta las islas Malvinas.

“Sabiendo que hubo momentos de desmalvinización, pero también hubo presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que levantaron aún más la causa Malvinas”, apuntó.

Los diputados nacionales por Santa Fe Roberto Mirabella, Marcos Cleri y Magalí Mastaler mantuvieron dos encuentros en Buenos Aires junto con el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, para impulsar el reemplazo del gasoil importado por biodiésel santafesino en la generación de energía eléctrica, en un contexto marcado por el aumento de los precios internacionales.

En las reuniones de los legisladores oficialistas, mantenidas en la sede de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), también estuvieron presentes Marcelo Cassin, de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) junto a otros funcionarios de la subsecretaría y empresarios del sector. Los asistentes dialogaron sobre la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por biodiésel producido por pymes de Santa Fe y otras energías renovables.

“Es importante impulsar la producción de biodiésel en la provincia de Santa Fe, que es líder en Argentina en este tema. Mantuvimos una reunión con la secretaría de Energía de la Nación y Cammesa para que se pueda sustituir el gasoil importado que se utiliza en los motores que producen energía eléctrica en nuestra provincia por biodiésel de pequeñas y medianas empresas santafesinas, que hoy tienen capacidad ociosa”, remarcó Mirabella, y apuntó: “Esto es clave, porque generaría un aumento en la producción, en la demanda de trabajo y en la inversión en nuestra provincia”.

“Sustituir importaciones implica que la Argentina recaude más impuestos, que genere empleo, que genere inversión, eso es lo que queremos para nuestra provincia. Santa Fe es líder en biodiésel a partir del aceite de soja y hoy hay muchas empresas que podrían estar produciendo y sustituyendo gasoil importado para la generación de energía eléctrica”, completó el rafaelino.

“Estos encuentros son muy importantes porque nuestra provincia está avanzando en un programa de energías renovables junto a la EPE y las cámaras productoras de biocombustibles. Estamos trabajando para sustituir en un 100% el gasoil que se utiliza en la generación de energía por biocombustible, producido en 12 plantas santafesinas”, agregó Marcos Cleri.

Por su parte, Federico Basualdo señaló: “Apuntamos a lograr el reemplazo de la generación contaminante por fuentes renovables de energía, provistas localmente en cada región del país, generando trabajo local y energía más barata y limpia”. Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica trabajan para conformar mercados eléctricos regionales a partir de fuentes limpias, lo cual no sólo diversifica la matriz energética y reemplaza la generación contaminante, sino que también reduce costos por mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, dado que la energía se consume en el mismo lugar en el que se produce.

Es importante destacar que la producción de biocombustibles es de gran importancia para la economía santafesina. Según datos oficiales, esta agroindustria genera más de seis mil puestos de trabajo en toda la provincia, donde se concentra la mayor capacidad de producción de biodiésel de soja de todo el país.

Junto a los legisladores y funcionarios, también estuvieron presentes el asesor de la Secretaría de Energía, Iván Bronstein; el gerente general de Cammesa, Sebastián Bonetto y los empresarios Hilarión del Olmo y Federico Pucciarello, integrantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) y de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), organismos que representan a Pymes productoras de biodiésel.

El diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos – Santa Fe) expresó su compromiso de respaldar el reclamo de diversos organismos y entidades de derogar la Ley Nacional 27.432, que estableció un límite temporal a la asignación de recursos estatales destinados a la cultura y la educación.

“Estamos trabajando para dar respuesta legislativa a este legítimo reclamo en los primeros días de mayo, y así poder celebrar en el marco de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro inaugurada este jueves”, indicó el diputado santafesino.

En ese sentido, remarcó: “Entre los organismos cuyo financiamiento está amenazado por aquella ley impulsada por el macrismo en 2017 se encuentra la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Esto significaría un perjuicio muy grave para una enorme red de bibliotecas de todo el país”.

“En nuestra provincia son casi 400 las bibliotecas que todos los días ofrecen, con sus libros y con la capacidad y el esfuerzo de sus directores y trabajadores, espacios de encuentro con un rol protagónico para avanzar a una mejor educación y un mayor acceso a la cultura, pilares para mejorar el bienestar de nuestra gente”, destacó Marcos Cleri.

Por ese motivo, expresó que “la derogación de esta norma, que es un símbolo de la ferocidad del neoliberalismo que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, permitirá también garantizar la continuidad de otros programas y políticas públicas como las de  fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM con el FOMECA para medios comunitarios y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual”.

“Con todos estos organismos y con los representantes de las organizaciones sindicales y comunitarias cuya labor sostiene y produce bienes culturales y sus canales de difusión y promoción, venimos escuchando, dialogando, proponiendo, coordinando, para encontrar el modo más adecuado de revertir la amenaza que sufren”, sumó el legislador oficialista,

Y cerró: “Se trata de programas y acciones que generan unos 700 mil puestos de trabajo y que son vitales para el crecimiento educativo y cultural de nuestra gente, en este camino de desarrollo con inclusión y justicia social por el que trabajamos todos los días”.

La discusión en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre oficialismo y oposición es tal que no amerita descuidar ningún detalle. Todo vale a la hora de evitar que al oficialismo le pase como el año pasado con el Presupuesto, malogrado por el tono de un discurso inoportuno en el momento más inadecuado; o en el caso de la oposición, que ausencias inesperadas le hagan perder votaciones.

Atento a todos los detalles, la mira hoy no está puesta solo en la votación trascendental que se dará el viernes en horas de la madrugada, o bien antes del mediodía, sino en lo más inmediato por venir: el dictamen de mayoría que saldrá del plenario de comisiones que discutirá el proyecto. Es que sobre ese tema la oposición se propone impulsar un dictamen propio y al cabo de la reunión de este domingo mostraron sus cartas al advertir sobre la paridad que existe en el plenario de Presupuesto y Finanzas. Así las cosas, señalaron voceros del espacio opositor, que el oficialismo no deberá tener fugas si quiere imponer el texto que envió el ministro Martín Guzmán.

En efecto, el plenario que analizará el proyecto de la deuda cuenta con 39 firmas del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 PRO, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC); 2 firmas del interbloque Federal y una firma de Provincias Unidas (el diputado Diego Sartori, de Misiones).

A propósito de las fugas que no deberá tener el oficialismo, un repaso de los nombres de los miembros del Frente de Todos permite observar que hay al menos dos diputados que tendrían fuertes reparos hacia el acuerdo y que -de hecho- difícilmente lo voten en el recinto. Uno es el camporista Marcos Cleri y otro el economista Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, al que decididamente se lo sabe contrario al acuerdo. Ambos serán relevados, como así también un par más que tendrían problemas para estar en tiempo y forma en el plenario esta semana.

Todos ellos serán reemplazados por otros diputados convencidos de votar el acuerdo, tal cual dio a entender el domingo por la noche el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Interrogado sobre ese tema puntual, el legislador santafesino admitió esa posibilidad y la relativizó: “Yo integré por un día la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para poder aprobar el Protocolo de Sesiones Remotas, allá en el arranque de la pandemia; yo participé un día como integrante de la Comisión de Salud para poder aprobar el dictamen de la ley de VIH, la ley de cannabis y cáñamo industrial -recordó-. Es normal que haya ese tipo de cambios”.

“Tienen que ver muchas veces con la logística propia de participación de los diputados y diputadas”, detalló, agregando que “además hay un montón de diputados y diputadas que quieren colaborar para que este proyecto salga, que tenga las firmas suficientes, así que iremos haciendo los ajustes en función de eso… Pero no tiene que ver con ningún criterio de orientación política”.

Como sea, los cambios se conocerán este mismo lunes y consistirán en relevos de los dos legisladores citados y tal vez también quienes no han podido llegar el domingo, para evitar sorpresas inoportunas a la hora del dictamen, cuestión en la que se sabe que estará atento JxC.

A un mes del próximo 2 de abril, día en que cumplirán 40 años del comienzo de la guerra de Malvinas, el diputado nacional Marcos Cleri (FdT) presentó un proyecto de ley que impulsa la instalación de señalética alusiva en las embajadas de Argentina en el mundo, dependencias gubernamentales y Parques Nacionales.

“Hay que seguir haciendo visible la reivindicación de soberanía y el homenaje a los Veteranos de Guerra”, sostuvo el oficialista, que recordó que “estamos a días de una fecha muy sentida y queremos aportar a poner en agenda una reivindicación histórica de nuestro pueblo y el homenaje a los veteranos y su heroísmo ejemplar”.

El legislador camporista explicó que el objetivo de la iniciativa es “ratificar la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur”.

“La propuesta es fortalecer el reclamo permanente de apertura de tratativas ante los organismos internacionales para que de una vez por todas se reconozca que las Malvinas son argentinas, a través de la instalación de señalética alusiva en dependencias del gobierno federal, en los Parque Nacionales y también en las sedes diplomáticas de nuestro país en todo el mundo”, indicó el santafesino.

E insistió que “al mismo tiempo, es un acto de justicia renovar nuestro homenaje a los héroes que lucharon por nuestra soberanía y hoy continúan expresando un patriotismo que es un ejemplo para las argentinas y argentinos”.

“Faltan 30 días para este nuevo 2 de abril y es clave reforzar una ‘Agenda Malvinas’ a través de acciones como ésta, de hacer cada vez más visible el compromiso del Estado con una vocación inquebrantable de nuestro pueblo, como lo es la de ejercer plena soberanía sobre las Malvinas y las islas del Atlántico Sur”, remarcó el diputado del Frente de Todos.

La iniciativa prevé que la señalética alusiva sea de fácil visualización e incluya los colores de la bandera argentina, la figura geográfica de las islas y la distancia con Puerto Argentino de cada lugar donde se instale, junto con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en su parte inferior.

“Nuestro proyecto establece también que la colocación de los carteles se realice con un acto público encabezado por los Veteranos de Guerra de cada región y localidad; y en uno de sus artículos se invita a provincias y municipios a adherir a la ley nacional”, añadió Cleri.

Antes del recambio parlamentario, el Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo aprobó este jueves la validez de 116 decretos -de los cuales 70 son de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.

Ahora, el paquete quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se prevé que vayan a ser sometidos a votación en el Senado, como sucedió en estos casi dos años, y donde el oficialismo ostenta ser mayoría hasta el próximo 10 de diciembre.

Con superioridad numérica en la comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri, los legisladores del Frente de Todos defendieron cada una de las medidas durante la reunión que se desarrolló por dos horas.

En el arranque, los diputados opositores Pablo Tonelli y Gustavo Menna dejaron sentado el rechazo de Juntos por el Cambio, y luego se retiraron del encuentro. Anteriormente, los referentes de la oposición habían brindado una conferencia de prensa.

Luego que Cleri abriera la reunión, Tonelli señaló que “no vamos a tratar todos” los decretos, porque justamente este jueves se publicó en el Boletín Oficial “un DNU particularmente trascendente” como es la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (26.160).

“No estamos de acuerdo con la metodología propuesta”, aseveró, y explicó que este tratamiento en paquete de los decretos “no se ajusta a la legislación vigente”. “Lo que los constituyentes han querido es que el tratamiento que la comisión y el Congreso deban hacer de esos decretos sea inmediato, sea rápido”, remarcó.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio indicó que en la Ley 26.122 se establece que cuando “la comisión no se expida dentro del plazo de 10 días, las Cámaras quedan habilitadas y deben considerar de manera inmediata y expresa los decretos” de modo de darle “seguridad jurídica y certeza a la vigencia de esas normas”.

“Este tratamiento demorado, y para peor conjunto, está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley”, resumió, y dejó en claro que desde la oposición impugnaron la convocatoria y el tratamiento en conjunto de los 116 decretos.

Después fue el turno del radical Gustavo Menna, el segundo y último legislador de la oposición que hizo uso de la palabra en el comienzo de la reunión. Para el diputado, lo que está en discusión es “si la atribución de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Ejecutivo”.

“El hecho de que sean 116 los decretos de contenido legislativo en consideración es una desmesura, de una exorbitancia tal, que habla a las claras que en estos casi dos años de Alberto Fernández se ha legislado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada”, cuestionó sobre el uso de esta herramienta.

En esa línea, el chubutense consideró que “se está tergiversando esta práctica de los DNU” y subrayó que “el artículo 99 de Constitución, inciso 3, no es una habilitación a dictar DNU festivamente”, sino solamente cuando “no es posible por circunstancias excepcionales seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.

“No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a buscar convalidar”, enfatizó.

Menna mencionó datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que revelan que desde marzo hasta agosto de 2020 hubo “531 denuncias de abusos policiales” y “25 muertes” por casos de violencia institucional, 10 de ellos ocurridos en comisarías, además de “dos medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa, y una de ellas sigue vigente”. Entonces, vinculó que esta “violencia institucional fue generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU”.

“Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación de estos decretos, que no les importó tratarlos en todo este tiempo en esta comisión”, completó.

Tras ello, los diputados Tonelli, Menna, Luis Petri (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC-ARI) se levantaron para salir del Salón Eva Perón, donde se desarrolló la reunión, pero la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti les pidió que se quedaran para escucharla.

La vicejefa del Frente de Todos resaltó que los 116 decretos “son muy importantes para la institucionalidad de la Argentina” y defendió que “esta comisión ha trabajado arduamente durante la pandemia”, etapa que fue “un contexto excepcional, de necesidad y urgencia, que nos obligaba a abocarnos a los decretos”.

“La oposición tiende a tener una memoria selectiva”, los cruzó y recordó el DNU 27 firmado por el expresidente Mauricio Macri durante el verano del 2018, que “en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 leyes, con la excusa de desburocratizar el Estado”.

Entonces, la mendocina les reprochó a los opositores “la pretendida institucionalidad y argumento de las formas” y “venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional”. “En pandemia, como nunca antes han estado los DNU más justificados en cuanto a su necesidad y urgencia”, continuó.

También, la senadora sostuvo: “No vamos a permitir que una vez más se nos señale desde la oposición al oficialismo como que nosotros somos los que cotidianamente estamos afrentando a la institucionalidad. No es así, e incluso cuando ustedes gobernaron la Argentina, y no había pandemia, en un solo decreto se cargaron 19 leyes y modificaron otras 150”.

Sin responder, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del salón y, acto seguido, contestó sobre los dichos de Formosa la senadora Teresa González.

“La provincia de Formosa durante toda la pandemia ha mantenido una política sanitaria excelente, ponderada por sanitaristas nacionales y también internacionales”, dijo, y acusó a la oposición de haber convocado “actos masivos tanto en Clorinda como en la ciudad de Formosa”, tras lo que “hubo un repunte impresionante de contagios y fallecidos”. “Seguimos soportando y enfrentando la terrible ofensa y el terrible vandalismo que viene cometiendo la oposición desde 2020 contra la provincia de Formosa”, añadió.

Cuando la oposición se retiró, todos los miembros del oficialismo se encargaron de argumentar a favor de la validez de las medidas. Previamente, Cleri destacó que la comisión realizó “12 sesiones de manera remota” y “tratamos 54 DNU”. “Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los emitidos en 2019, 2020 y este año”.

Y detalló que se tratarían por bloque, separados de acuerdo a los temas “ASPO, DISPO y medidas generales de prevención; trabajo y producción; beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía; y promulgación parcial de leyes, que son 7”.

En defensa de los decretos que dispusieron medidas restrictivas durante la pandemia, el diputado Pablo Yedlin subrayó la “enorme excepcionalidad que Argentina y el mundo han vivido en estos dos años tan terribles”, en lo que “5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad y 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad”.

“Si en algún momento un profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período más justificado para dictar decretos de necesidad y urgencia, no tengo dudas que tomará la pandemia como un ejemplo”, expresó el senador electo.

Otro de los que tomó la palabra fue el senador Mariano Recalde, quien afirmó que “el trámite constitucional y parlamentario de los decretos están cumplidos”, pero “tal vez lo que les molesta (a la oposición) y por lo que se oponen a estos DNU es por el fondo. No les gusta lo que se decidió”.

“Lo que se hizo con estos DNU en medio de una pandemia fue proteger el trabajo y la producción”, señaló el porteño y fustigó: “Claro que les molesta la doble indemnización, si quieren eliminar la simple”. “Lo que les espanta es la prohibición de despidos o los aumentos salariales”, sumó.

Dentro del paquete de decretos -entre los de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas y los de promulgación parcial de leyes- se encontraban las medidas referidas a la cuarentena, la doble indemnización, aumento de salarios, ampliaciones presupuestarias, prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Cambiemos, y prohibición de despidos, entre otros temas.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas”, es el título del comunicado con el que Juntos por el Cambio salió al cruce este martes de la agenda anunciada por el oficialismo en el Congreso de la Nación, en la que convocó el viernes a una serie de reuniones de comisión para este martes y jueves y, sobre todo, el llamado hecho ya después del resultado electoral para que se reúna la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para despachar 116 decretos de necesidad y urgencia.

El titular de dicha bicameral, el camporista santafesino Marcos Cleri, convocó para este jueves a partir de las 9.30 a una reunión presencial que se llevará a cabo en la Sala Eva Perón del Senado, para abordar la rendición de cuentas del Ejercicio 2021, como así también los citados 116 decretos entre los que hay de todo van desde los suscriptos en 2019, hasta el presente año.

El llamado mereció varios párrafos del comunicado emitido por JxC este martes, como el que señala que dichos decretos “que declararon varias emergencias prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses y crearon estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir la intervención del Congreso”.

Agrega el comunicado que “nuevamente el oficialismo pretende en trámite exprés, sin escuchar a los sectores y actores que serán afectados por las normas, sin tiempo para el análisis, debate y confrontación de opiniones, dictaminar una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos y, en el caso de los DNU, la ratificación sin debate de todas las decisiones inconsultas tomadas por el Gobierno durante la pandemia”.

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Para la diputada Silvia Lospennato, “el oficialismo pretende en pocas horas antes que cambie la integración de las cámaras ratificar 116 decretos que el Gobierno dictó en la pandemia y una docena de leyes. Sin diálogo, sin debate y sin incorporar las prioridades de los ciudadanos”.

“Es vergonzoso que traten de aprobar cientos de decretos y varias leyes que solo les interesan a ellos como la creación de nuevos impuestos, la ampliación de la burocracia estatal o la prórroga de decretos creados durante la cuarentena”, se quejó el presidente del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo.

Llamó la atención que si bien se había anticipado que esta semana habría sesión en la Cámara de Diputados este miércoles, finalmente se aclarara que el Cuerpo solo se reuniría el jueves para escuchar el informe del jefe de Gabinete. Durante el debate de este martes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo pareció quedar claro que así había sido para evitar que la oposición reclamara el tratamiento sobre tablas de la modificación de la Ley 27.573.

Sucede que en su intervención durante el debate en la comisión, el diputado del Pro Pablo Tonelli insistió una y otra vez en que “no podemos convalidar el método utilizado por el Gobierno, que es contrario a la Constitución nacional, e implica un menosprecio notorio hacia el Congreso de la Nación”, en referencia al DNU por el cual se modifica la Ley de Vacunas.

Con todo, el legislador aclaró que “nosotros queremos solucionar el problema de la Ley 27.573, que dicho sea de paso fue sancionada de acuerdo con el texto propuesto por el Gobierno, de modo que en todo caso si algo le faltó a esa ley también es responsabilidad del Gobierno, y también es responsabilidad del Gobierno no haber aceptado desde el momento que le ofrecimos discutir y modificar la ley en la medida que fuera necesaria para adquirir todas las vacunas. De modo que el Gobierno es el responsable de la demora en la vacuna”.

“Pero como queremos solucionar el tema, como siempre lo hemos demostrado, lo que le proponemos es mañana mismo, en la sesión convocada para la Cámara de Diputados, mañana miércoles 7, convertirlo en un proyecto de ley, discutirlo en el Congreso y sancionarlo como corresponde”, sugirió Tonelli, enfatizando su certeza respecto de que “si lo discutimos y lo aprobamos, el jueves el Senado puede hacer lo mismo, y el viernes el presidente puede sancionar la ley, y cumpliría con la Constitución”.

De esa manera, para el legislador opositor no se violaría la Constitución, ni se menoscabaría el rol del Congreso, sin violar la división de poderes. Tonelli finalizó reconociendo que estaba bien “que el Gobierno haya finalmente entendido la necesidad de modificar la ley y facilitar la llegada de los laboratorios norteamericanos”, pero insistió en que “está mal el procedimiento”.

Al concluir, el presidente de la Bicameral, Marcos Cleri, repuso: “Una consulta, creo que mañana no hay sesión, ¿o ustedes han presentado la nota para la sesión?”, a lo que el diputado del Pro respondió que “yo tenía entendido que mañana había sesión… Pero no importa, si mañana no está convocada, que el presidente de la Cámara la convoque, queremos discutir este tema, allí vamos a estar, y no tenga la menor duda que vamos a colaborar para aprobar el mejor proyecto de ley”.

Una vez más, el oficialismo en la Bicameral de Trámite Legislativo avaló Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por Alberto Fernández, en relación a la pandemia. En tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio los rechazaron y cuestionaron el uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo.

Con mayoría en la comisión, el Frente de Todos se alzó con los dictámenes de mayoría a favor de la validez del DNU 167/21, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, y el 411/21, por el cual se prorrogaron las medidas restrictivas hasta el próximo 9 de julio.

Como pasó en encuentros anteriores, el encargado de abrir el debate fue el diputado Pablo Yedlin (FdT), quien sostenido en gráficos se refirió a la actual situación sanitaria. “En las provincias la situación es todavía bastante roja”, señaló y remarcó que “las tasas están en descenso, aunque no hemos llegado a salir de situaciones de riesgo”.

“Entre la vacunación y las restricciones, a pesar de la llegada del invierno, se muestra una mejora importante de esta segunda ola, que fue mucho más alta que la primera y el rebrote de fin de año (2020)”, sostuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

Y añadió que “en todos los países la segunda ola fue de más casos; lo que permite la vacuna es que la letalidad sea peor”. A continuación, el tucumano insistió que la Ciudad de Buenos Aires “sigue siendo la de mayor mortalidad”, aunque aclaró que es el distrito que tiene a un 16% de la población mayor a 60 años.

Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) recordó: “Según mi cuenta son 103 los decretos que esta comisión no ha tratado y no ha dictaminado, es decir que estamos bastante demorados en el cumplimiento de nuestra misión respecto de los decretos dictados por el presidente”.

Al referirse a la situación sanitaria, el porteño acotó que “no hay que perder de vista que la actuación del Estado debe producirse en el marco de la ley, en el marco de la Constitución”. Luego, enfatizó: “El fin no justifica los medios”, o, en este caso “la emergencia no justifica dejar de lado la Constitución”.

“Ninguno de los dos decretos en tratamiento, ni el 167 ni el 411, se adecúan a las reglas y a los requisitos que establece nuestra Constitución Nacional”, opinó el macrista, que además argumentó que ambos DNU implican una “extrema limitación de derechos”, situación que sólo era justificable en marzo 2020 cuando la pandemia sorprendió a la Argentina.

Respecto al decreto 411 en particular, denunció la violación de la autonomía de las provincias. “No puede el presidente de la Nación, bajo ninguna circunstancia, atribuirse facultades que son de las provincias”, reiteró.

Después fue el turno de la senadora Teresa González (Frente de Todos), quien defendió que las medidas a prorrogar “tienen efectos favorables, descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones y dando cierto alivio, sobre todo al sistema de salud de estas provincias y por ello también al denominado semáforo que se instauró en las mismas”.

“Las medidas tomadas fueron y son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta y aún persiste en nuestro país, aún más cuando se adoptan en forma temporaria, como lo vamos realizando”, añadió la formoseña.

Nuevamente desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna (UCR) habló de una “grave la incursión del Poder Ejecutivo” en las facultades legislativas, y subrayó que “el presidente no puede dictar decisiones de carácter legislativo”. “Se ha dictado una catarata de decretos, no solo de DNU’s, sino también de los delegados y de promulgación parcial de leyes”, mencionó y lamentó que “no están suficientemente fiscalizados por esta comisión”.

“El presidente está pasando a la historia como el presidente de los DNU’s”, dijo el chubutense, que aclaró que la pandemia es una situación que “ha dejado de ser excepcional, el Congreso está en funcionamiento pleno”. Y consideró además que, a su entender, hay una nueva clase de decretos “los autodelegados” que son “una categoría nueva contraria a la Constitución”.

Muy duro, siguió el diputado Luis Petri (UCR), que además se cruzó fuerte con el presidente de la bicameral, el santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos). El radical calificó de inconstitucionales los decretos y manifestó que estas medidas se podían “validar” al comienzo de la pandemia, pero “a más de un año y medio de la llegada del virus, con un Congreso plenamente funcionando”, no.

“Ha sido desastrosa la gestión de la pandemia”, se quejó, y cuestionó que el año pasado “sometieron a los argentinos a una cuarentena eterna”, al tiempo que “no ha habido éxito en la vacunación”. Entre sus críticas, acusó al Gobierno de “impericia, incapacidad, negligencia”.

Finalmente, cerró la reunión el senador Daniel Lovera (Frente de Todos), que argumentó que el DNU contempla “una mirada que es federal” y “permite establecer un marco de previsibilidad y razonabilidad de las medidas aplicadas con criterios objetivos”.

“No se puede fragmentar la gestión de la pandemia. Hasta tanto la Cámara de Diputados sancione la ley, es necesario que acompañemos la estrategia nacional”, aseguró y llamó a las medidas como “oportunas, razonables y sectorizadas según el territorio”.

El pampeano ponderó que “tenemos un Gobierno que prioriza la vida y la salud” y que ha destinado “importantes recursos para atender la emergencia”, además de estar llevando “un plan de vacunación en las 24 jurisdicciones”.

“No son tiempos de mezquindades políticas. Entre las palabras que se escuchan, lo único que dejan en evidencia es la utilización de la pandemia solo con intenciones políticas, no les importa la situación epidemiológica de Argentina”, aseveró.

Tratarán un paquete de decretos el próximo lunes

En el comienzo de la reunión, Cleri anunció que el próximo lunes la bicameral tratará varios de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, “decretos muy importantes, de facultades delegadas y DNU’s que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y cumplimiento de las obligaciones del mismo para con organismos multilaterales, y también con su rol en un modelo de desarrollo pensando poner a la Argentina de pie”, definió.

Pero en referencia al encuentro de este miércoles, el diputado Omar De Marchi (Pro) cuestionó que fueron “citados en 24 horas” cuando “el reglamento es muy claro, habla de 48 horas al menos, y ya ni siquiera discutimos si son hábiles o corridas”. Entonces, pidió tener “un mínimo nivel de formalidad”. “¿Cuál es la salida que nos queda a nosotros? ¿Judicializar? Es una enormidad judicializar por un tema menor”, agregó.

Cleri aseguró que la convocatoria fue parte de un acuerdo del vicepresidente, el senador Luis Naidenoff (UCR). Sin embargo, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) dijo que “el acuerdo es para dictaminar en forma remota, pero no tengo entendido que sea para convocar en forma remota”.

Un fuerte cruce protagonizaron este miércoles los diputados Luis Petri (UCR) y Marcos Cleri (Frente de Todos) durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, donde se trataron dos DNU firmados por el presidente Alberto Fernández en relación a la pandemia.

Se encontraba en uso de la palabra el radical mendocino, disparando críticas contra el Gobierno nacional, cuando el oficialista -presidente de la comisión- lo interrumpió para que cierre su exposición.

Petri cuestionaba el plan de vacunación y que “el 50% de la población de riesgo no ha recibido todavía la segunda dosis”, cuando sumó que el aumento de casos no se resuelve con “cerrar aeropuertos como están haciendo ahora, privando que los argentinos ingresen al país como deberían hacerlo, negándoles derechos constitucionales, nuevamente avasallando garantías que están en la Constitución Nacional”.

“De un plumazo establecen un cupo que es absolutamente injustificado”, sostuvo el mendocino, que entonces llamó al Gobierno “inimputable” porque “no se hace cargo”.

En ese momento, Cleri le pidió: “Diputado vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo”. “No me conteste señor presidente, no le voy a permitir que me conteste, usted se calla y si quiere pide la palabra. Cállese señor presidente, pida la palabra”, estalló el opositor.

“Usted no me manda a callar. Diputado, diputado, diputado. ¿Ya terminó de grabar su videíto para las redes (sociales)?”, lanzó el santafesino, que le solicitó “dé fundamentos claros”. Y le enrostró: “Las vacunas no se vencen, las vacunas que se vencieron fueron las que estaban en un galpón cuando dejaron de tener Ministerio de Salud”.

A los gritos, Petri continuó: “No le voy a permitir que cercene mi uso de la palabra. Pida la palabra y hable como un diputado más. Estoy hablando de los errores del Gobierno, si no le gusta cámbielos”.

“Diputado lea el reglamento, el presidente de la comisión administra el uso de la palabra”, dijo Cleri, y el radical le volvió a pedir que lo dejara terminar. “Pero recién había terminado”, consideró el kirchnerista, a lo que el mendocino le agregó: “Pero me interrumpió, déjeme terminar”. “Vio que el que administra la palabra es el presidente. Continúa en el uso de la palabra, redondee señor diputado”, completó Cleri.

Enfático, Petri reclamó: “Ustedes no se hacen responsables, desde el comienzo de la pandemia culparon a los que venían del exterior porque no controlaban, posteriormente cuestionaron a los jóvenes, después siguieron culpando a los runners, después continuaron con los que salían a protestar, después a los medios, a los opositores, a la Justicia porque dictaba en contra del Gobierno, incluso llegaron a culpar a los médicos y al sistema de salud porque se estaban relajando. ¿Pero sabe qué? Háganse cargo, ustedes son responsables de este desastre sanitario y de los más de 92 mil muertos que hay en la República Argentina, producto de que no trajeron las vacunas y de que no han vacunado en número suficiente“.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 9 para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2021, mediante el cual el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 21 de mayo las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19.

Al igual que ocurrió hace casi dos semanas atrás con el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA, se estima que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión y dictamine a favor de la validez del decreto.

Las nuevas medidas fueron anunciadas por el presidente el viernes pasado, en un mensaje en el que además habló de enviar un proyecto al Congreso para que se le otorguen facultades a él y a los gobernadores para tomar decisiones en el contexto de emergencia sanitaria. El anuncio despertó la alarma en la oposición, que rechazó cualquier iniciativa de “superpoderes”.

El nuevo DNU establece los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, como es el caso del AMBA, se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; y las clases presenciales en todos los niveles, una medida a la que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió, ratificando así su postura.

Hasta el 21 de mayo, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados.

Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas, aunque podrán continuar con el servicio de delivery hasta las 23 horas. Durante el horario establecido, sólo podrán atender en espacios al aire libre.

También continuarán cerrados centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

Además, seguirán prohibidos en todo el país los viajes de egresados y de contingentes; y las reuniones en lugares privados con más de 10 personas; entre otros puntos.

A pesar del rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró firmar este viernes el dictamen de validez sobre los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones por la pandemia, que incluyeron la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

En una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde fue ratificado como presidente el diputado Marcos Cleri, el oficialismo ratificó el DNU 235/21, que limitó las reuniones sociales y prohibió los viajes de egresados, entre otras medidas; y el DNU 241/21, que canceló la presencialidad en las escuelas y restringió la circulación entre las 20 pm y las 6 am.

Ese DNU también ordenó a los bares, restaurantes y locales comerciales en general cerrar sus puertas a las 19; y prohibió la apertura de shoppings y centros comerciales, así como la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

Juntos por el Cambio intentó impedir la firma del dictamen con un planteo reglamentario, formulado por el diputado del Pro Omar De Marchi, pero el Frente de Todos impuso su mayoría en la bicameral para avalar los dos decretos, que ahora serían aprobados en el Senado, también con votos propios.

El debate

El encargado de defender en primer lugar los DNU fue el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien explicó que “hoy el mundo tiene tres respuestas para dar” frente a la pandemia: los testeos, las vacunas y las restricciones.

“Hoy no estamos donde hubiéramos querido estar, y tampoco donde hemos contratado para estar. La industria farmacéutica le falló al mundo en su capacidad de aumentar exponencialmente la producción. A pesar de tener contratadas muchas más vacunas de las que tenemos, vamos a estar llegando a las nueve millones de dosis”,  afirmó.

De todos modos, advirtió que “el mundo ha demostrado que solamente con testeos y con vacunas, aun los países que más vacunaron necesitaron tomar medidas de restricción a la circulación, porque este es un virus que lamentablemente es muy contagioso”.

Para Yedlin, con los DNU el presidente “tomó la decisión de no volver a especular políticamente con este tema” y a su vez “reconoce las lecciones aprendidas de la primera ola, y una de ellas es que la realidad epidemiológica en el país no es uniforme: no es lo mismo lo que pasa en el AMBA, en Catamarca, en Formosa o en Tucumán”.

El diputado dijo que está demostrado que “los cierres cortos e intensos suelen ser los más efectivos”, y a su vez “no hay muchas dudas de que en todos los países del mundo durante la segunda ola, y en lo que se pudo de la primera, se aprendió cuán importante es, dentro de las medidas de restricción, el cierre de las escuelas, que por supuesto son un valor importante”.

Yedlin mostró gráficos que muestran que “el cierre de escuelas es la segunda medida más efectiva demostrada en el mundo para poder reducir la circulación”. “Es verdad que en situaciones de baja circulación comunitaria las escuelas no son un lugar de alto contagio, pero cuando la circulación comunitaria es muy alta, está demostrado que suspender las clases baja la curva epidemiológica”, sostuvo.

El legislador agregó que “el objetivo es intentar que nuestro sistema sanitario sostenga a los pacientes graves” y evitar que “el riesgo es que la letalidad se eleve bruscamente” por la falta de camas. Finalmente, destacó la decisión del presidente de “pagar él el costo político de tomar una medida no popular”.

Por el Pro, el diputado De Marchi planteó que la comisión “no está en condiciones de dictaminar en forma virtual” porque, según su criterio, se rige subsidiariamente por el reglamento de Diputados y el Protocolo de Funcionamiento Remoto de esa Cámara.

Ese protocolo, recordó De Marchi, establece que para que las comisiones puedan dictaminar de manera virtual es necesario el consenso entre el presidente y el vicepresidente, y  “no ha existido en forma expresa el consentimiento del vicepresidente de la comisión”, el senador Luis Naidenoff.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard -que se incorporó a la bicameral en reemplazo del renunciante Pablo González– defendió el rol de control del Congreso sobre los DNU dado que son medidas excepcionales, y pidió tener una “interpretación amplia” de los reglamentos para “empoderar” al Parlamento.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) se puso al hombro el rechazo de los DNU, al advertir que “constituyen severas restricciones a los derechos individuales de los argentinos, que solo pueden ser dispuestas por ley del Congreso”.

Tonelli consideró que “a partir de que el Congreso comenzó a funcionar” en la pandemia con la incorporación de la virtualidad, “cesó la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo utilizara de manera legítima esa herramienta tan excepcional”.

“El Congreso hace muchos meses que está funcionando, y muy bien. Está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución. Y si el Congreso está cumpliendo con el rol que le asigna la Constitución, no existe razón alguna para que el Ejecutivo sustituya al Congreso”, opinó.

El legislador dedicó un párrafo aparte al DNU 241/21, y apuntó que “si hay una facultad que es propia de las provincias y que define su autonomía es la posibilidad de regular todo lo relativo a la educación, y sobre todo la educación primaria “.

“Lo que ha hecho el Ejecutivo con la suspensión de clases en el AMBA es un ejercicio del poder de policía”, que según su interpretación “está en cabeza de las provincias”. “Todas las demás provincias quedan autorizadas por sí mismas a decidir si suspenden o no las clases, la única que no puede ejercer su propia autonomía es la Ciudad de Buenos Aires. La desigualdad, la discriminación en la que incurre el decreto 241/21 no puede ser más evidente”, sentenció.

La oficialista Lucía Corpacci habló de la urgencia a la hora de tomar este tipo de medidas. “La cantidad de casos en nuestro país en la semana epidemiológica 9 a 10 aumentó un 5%; de la 10 a la 11 aumentó un 11%; de la 11 a la 12, un 30%… pasamos de duplicar en una semana la cantidad de casos, y lo más llamativo es que en el AMBA aumentó un 40%. Eso no da tiempo a que nosotros llamemos al Congreso. La urgencia en las cuestiones de salud es una realidad”, analizó.

Respecto de las clases, coincidió con Yedlin en que “en las escuelas no se producen contagios, el tema es cuando en la comunidad aumenta la cantidad de virus circulante y ese virus, por la mutación de las cepas, es mucho más infectante que las cepas anteriores, y la posibilidad de contagios se exacerba en el transporte público”.

Corpacci aprovechó para salir en defensa del ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras haber dicho que las escuelas no eran lugares de riesgo pocas horas antes de que se decidiera el cierre. “Esto es dinámico: hoy se puede decir que los chicos vayan a la escuela, y mañana la situación epidemiológica nos obliga a decir que hay que cerrar. Nadie lo hace graciosamente”.

Por la UCR, el diputado Gustavo Menna se quejó de que “el país está siendo gobernado por decreto” y en ese sentido precisó que desde el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández firmó 134 decretos, de los cuales 96 son DNU y 38 son ejercicio de una atribución delegada. “No podemos permitir naturalizar esta práctica”, dijo, y recordó también que esta gestión arrancó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social, que declaró nueve emergencias.

El chubutense añadió que la bicameral no se reunía desde el 24 de agosto del año pasado para tratar los decretos presidenciales, y a eso se suma que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió todavía este año al Congreso a brindar su informe de gestión. Por último, denunció que los decretos en tratamiento están “viciados de nulidad e inconstitucionalidad”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde señaló que el cierre de escuelas “no es una medida local, es una medida de neto carácter federal que tiene que ver con el cuidado de la salud”, y cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Decir que no hay evidencia científica para tomar esta decisión es desconocer y negar una realidad evidente: que la situación sanitaria está desbordando por la cantidad de contagios”.

En un discurso muy crítico para con Horacio Rodríguez Larreta, el excandidato a jefe de Gobierno porteño no dudó en emparentarlo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes deliberadamente caracterizó como “sus jefes políticos”. Señaló en ese sentido que el jefe de Gobierno sigue los designios de ambos “de una manera brutal”. Y lo acusó de “hacer política electoralista queriendo diferenciarse del Gobierno nacional, empezando las clases una semana antes, flexibilizando más que el resto y queriendo sacar un rédito político”.

El último en intervenir fue el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Frente de Todos-Formosa), quien comenzó su discurso con una advertencia sobre el agravamiento de la pandemia: “Esto no mejora, empeora”. Algunos de sus argumentos fueron el aumento de los jóvenes contagiados, la escasez de personal médico y el incremento de la mortalidad.  En el mismo sentido, defendió las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández, pero criticó la falta de respuesta rápida del Congreso: “Inmediatamente debería haberse reunido el Parlamento y por sugerencia también de la oposición”.

“No estamos hablando de una medida permanente, es hasta el 30 de abril, son catorce días”, relativizó el formoseño. Luego, se dirigió a la oposición: “En este tema tenemos que buscar la coincidencia, no se puede actuar con esta mezquindad”. “No sean tan duros de corazón, ayúdennos un poquito”, le pidió a Juntos por el Cambio. Por último, celebró el apoyo de la oposición a la postergación de las PASO.

Diputados del Frente de Todos presentaron finalmente este jueves en la Cámara baja el proyecto de ley sobre un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”.

De acuerdo a la iniciativa, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093.

En el proyecto se aclara que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, actualmente en manos del neuquino Darío Martínez.

El proyecto define como biocombustible “al bioetanol y al biodiesel que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación, y que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos”.

Asimismo, indica que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

No obstante, la autoridad de aplicación “podrá elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras”.

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En el caso de “todo combustible líquido clasificado como nafta”, deberá “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

En otro de los artículos del texto, se establece que “el abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales”.

Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.

El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible, bajo los siguientes parámetros:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. En caso de escasez general y comprobada, la autoridad de aplicación podrá reducir transitoriamente el porcentaje; o, por el contrario, elevarlo cuando considere conveniente. Las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar y superar el porcentaje de corte establecido, en función de las particularidades técnicas de sus respectivas plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímico del producto final.

El bioetanol elaborado a base de maíz tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. La Secretaría de Energía podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, y/o ante situaciones de escasez de bioetanol a base de maíz por parte de las empresas elaboradoras autorizadas.

Del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Por otra parte, el proyecto faculta a la autoridad de aplicación a arbitrar “los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiesel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.

Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.

Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.

También se dispone la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.

Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.

Durante el extenso debate sobre el recorte de fondos a la Ciudad, se advirtió una clara grieta entre oficialismo y oposición, y desde los primeros se enarboló en varios tramos un reproche que estuvo en sintonía con las referencias a la supuesta “opulencia” expuesta por el distrito más rico del país.

Fue en ese marco que el diputado camporista Marcos Cleri -una de las voces más presentes del Frente de Todos durante el debate de este miércoles- anticipó la presentación de otro proyecto que puede quitarle el sueño a Horacio Rodríguez Larreta.

“Este convenio lo que está haciendo es darle los recursos a la Ciudad de Buenos Aires en base al estudio que se ha hecho para poder cubrir los gastos de seguridad”, señaló Cleri en un pasaje, que agregó que lo que también estaba haciendo el convenio era poner de manifiesto que durante tres años el Gobierno de Mauricio Macri le dio a quien había sido su jefe de Gabinete “un aumento brutal de coparticipación a costa del Tesoro nacional que pagaron todos y todas las argentinas”.

Pero no se quedó Cleri en la crítica, pues luego anticipó que “después que termine este debate voy a presentar un proyecto de ley que voy a tomar de otras fuerzas políticas, para que la Ciudad de Buenos Aires deba paga lals regalías por todos y cada uno de los insumos que el Estado nacional le ha pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no ha comprado, sino que han comprado todos los argentinos. Desde la tecnología que usó para seguridad, hasta la capacitación para las fuerzas de seguridad, y principalmente también, que debería hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los insumos establecidos, mas todo lo que tiene que ver con la infraestructura que ya el Gobierno de la Nación y todos los argentinos antes de traspasar la seguridad a la Ciudad habían hecho la inversión”.

“Somos representantes del pueblo, queremos un país integrado, una patria grande, nadie se  salva solo, y hoy en el Día de la Soberanía Nacional, que a algunos les cuesta mucho, tenemos que poner a la Argentina de pie y para poder hacerlo tenmos que construir un país serio y para eso hay que poner, como decía Néstor Kirchner, las cosas en su lugar”.

Conforme la disposición constitucional que establece un rápido tratamiento en comisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la Comisión de Trámite Legislativo que conduce el diputado camporista Marcos Cleri tratará este mismo lunes el DNU que califica como “servicios públicos esenciales” los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC.

La comisión bicameral se reunirá a partir de las 13 para tratar cinco DNU, entre los que sobresale el 690/20 que involucra a los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable. El mismo fue publicado el 21 de agosto y formalmente modifica la Ley de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones Ley 27.078, estableciendo que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad. Argentina Digital.

Ese decreto enfrentará seguramente al Frente de Todos con Juntos por el Cambio, pero además se debatirán este lunes el decreto 634/20 por el cual se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020, el Régimen de Regularización – Ley N° 27.541: el 643/20 por el cual modifica el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Pro.Cre.Ar).

El temario incluye el DNU 157/20, por el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y también el Decreto de Facultades Delegadas N° 582 del 6 de julio del 2020 por el cual se aprueba el modelo de Enmienda N° 1 al Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020 obrante con su traducción al idioma castellano.

Santafesino y por lo tanto conocedor del caso Vicentin e interesado particularmente en el mismo, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri, no dejó oportunidad de hacerlo durante el debate de este lunes en el que se analizó el decreto 636 que deroga la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. En ese marco se sucedió un fuerte contrapunto que alteró el debate.

Fue cuando el diputado del Pro Pablo Tonelli concluyó su alocución ponderando la actuación del juez interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin y señaló que “lo que el presidente debió haber hecho es decir: ‘Qué bueno, en la Argentina hay jueces honestos que respetan la división de poderes’”.

Antes de darle la palabra a María Teresa González, Cleri no perdió la oportunidad para hacerle una aclaración a Tonelli, señalándole que estaba discutida la competencia del juez de la ciudad de Reconquista: “Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario o jueces de la ciudad de San Lorenzo lleven adelante el concurso y quiebra por la imparcialidad (SIC) que demuestra el juez de Reconquista, atento a que cuando era abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al grupo Vicentin, y había dado lugar a la intervención, y después los puso como veedores con una medida autoparticipativa que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo podía haber brindado. Fue una intervención jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética”.

Tonelli le contestó que el hecho de que estuviera discutida la competencia del juez “en nada afecta sus decisiones, porque está establecido en la jurisprudencia de todos los tribunales del país que los jueces, aun en el caso de ser declarados incompetentes, todas las decisiones que hayan adoptado hasta el momento de la declaración de incompetencia son válidas. De modo que no hay ninguna duda respecto de la decisión del juez, que en ningún momento convalidó la intervención (…) Tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos guste o no nos guste”. Por otra parte le aclaró al presidente de la bicameral que no correspondía que en el ámbito de esa comisión se criticaran las decisiones del magistrado, y sobre todo “de una manera ligera que a mi modo de ver ha hecho usted, señor presidente”.

El diputado camporista insistió en que muchos acreedores se habían sentido vulnerados “por la arbitrariedad del juez”, cosa que recogió el presidente de la Nación en los argumentos expuestos en el DNU en debate. Tonelli pidió contestarle, cosa que Cleri le concedió, diciendo amablemente que “esto es un ida y vuelta”, pero cuando Tonelli arrancó intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti para adviertir que “esto no es una charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado del Pro, que había empezado a hablar, replicó: “Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor”.

“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.

Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.

“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Marcos Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.

“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.

Petri reprendió a Cleri

Más adelante, la intervención de la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci quedó interrumpida porque -luego explicó la propia catamarqueña-  se cortó la luz en su casa. La exgobernadora estaba cuestionando la posibilidad de que el Estado termine “estatizando una deuda de privados, como sucedió durante años…”. Y el presidente de la comisión quiso completar lo que pensó que Corpacci iba a decir: “Se interrumpió… Creo que estaba terminando su argumentación, justo estaba por mencionar la estatización de los privados en la dictadura. Parece que quería mencionar al grupo Macri… Justo tuvo mala conectividad. Perdió conexión justo en ese momento, cuando estaba argumentando lo que sucedió en otros momentos de la Argentina, y cómo el mismo grupo Vicentin se beneficiói también de una estatización durante la dictadura, como lo hizo la familia Macri. Cuando recuperemos, si quiere terminar su argumentación, se la daremos”, señaló Marcos Cleri, dándole la palabra al radical Luis Petri.

Pero antes de referirse al decreto 636, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó al presidente de la comisión al señalarle que, según el reglamento, no podía dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, “pero tendrá derecho a tomar parte del debate “invitando a ocupar la presidencia a su vicepresidente”. Ante lo cual, le señaló que “si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere desdecir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci… Y usted está ejerciendo la presidencia. Usted tiene que dar la palabra, tiene que ordenar el debate, y si quiere intervenir, y está en todo su derecho, ceda la presidencia y desde una banca dé las apreciaciones”.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) se reunirá este martes a las 10.30 por videoconferencia para discutir la validez de nueve Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos delegados.

El temario incluye, en primer lugar, el DNU 1053/18, dictado durante la gestión de Mauricio Macri, que modificó varias partidas del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2018.

En segundo lugar figura el DNU 214/20, de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia.

A continuación se tratará el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.

Otros de los decretos a tratar son el 277/20 y el 278/20, que dispusieron la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020.

En cuanto a la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se tratarán los DNU 493/20, 520/20 y 576/20.

Asimismo, la bicameral debatirá el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.

El diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos) confirmó este miércoles que se presentará como querellante en la causa a partir de la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sobre presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas y dirigentes durante el gobierno de Mauricio Macri.

El legislador reveló que se enteró por el llamado de un periodista y, luego, confirmó con Cristina Caamaño que formaba parte de una lista de personas a las que “se les hacía un seguimiento a través de correos electrónicos personales y el teléfono”.

Según indicó el santafesino, los agentes de la AFI guardaban la información en un disco y “evidentemente quisieron hacer un borrado de ese material y no lo hicieron de manera correcta, dejando el material dentro de la AFI”.

“Si uno tiene el correo personal dentro del dispositivo personal o en la computadora, inmediatamente desde ahí puden acceder a lo todo lo que uno tiene: conversaciones, fotos, ubicación”, señaló el oficialista en declaraciones a radio La Red.

Cleri aseguró que habló con otras presuntas víctimas de este espionaje y se presentarán como querellantes de modo de darle “impulso al proceso de investigación, porque se trata de garantizar que esto avance”.

Además, coincidió con lo planteado por la AFI en su denuncia en relación a que “deben dar sus explicaciones al respecto el expresidente (Mauricio) Macri; los exfuncionarios de la AFI (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani; y los dos trabajadores que se longueaban para ingresar y extraer información”.

Por Carolina Ramos

Tras dos semanas donde predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU  de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal.

El debate tenía un condimento extra: la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.

De entrada, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.

Tonelli recordó que “ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral”, el primero el 16 de febrero de 2016 y el segundo, el 21 de marzo de 2017.

“¿Cuál sería el justificativo para volver a tratar esos decretos? Si el motivo fuera alegar la caducidad de los dictámenes, la caducidad no existe. Tanto el reglamento de Diputados como el del Senado, cuando hablan de la caducidad de los dictámenes, se refieren a las comisiones permanentes, pero no de las comisiones especiales o bicamerales”, explicó el legislador del Pro, y consideró que insistir en el debate de esos decretos sentaría “un pésimo precedente para del funcionamiento de la comisión”.

Desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Cleri respondió que “hay una situación de fondo: la oportunidad para senadores y diputados de fijar nuevamente una posición sobre los DNU”. Recordó que en aquel entonces el peronismo/kirchnerismo rechazó el decreto de las escuchas telefónicas porque tratándose de un tema penal, “es materia vedada” por la Constitución Nacional.

Pero además, señaló: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”. En efecto, Cleri fue una de las víctimas junto a otros legisladores como Mario Negri, Nicolás Massot, Gabriela Cerruti y Rodolfo Tailhade, entre otros.

La discusión empezó a levantar temperatura. “Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así”, advirtió el senador Luis Naidenoff, que opinó, junto al diputado Omar De Marchi, que esos decretos ya superaron la instancia de la bicameral y deben pasar a los recintos.

Intervino entonces la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.

“La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones”, aseveró la vicejefa del bloque oficialista, mientras los legisladores de la oposición amagaban con desconectarse de la reunión.

“¡Quizá esto sea para dárselo nuevamente a Daniel Rafecas!”, sugirió un enojado De Marchi, levantando el tono para pedirle la palabra a Cleri. “¿Por qué me silencia? ¡Si no me quiere dar la palabra, nos retiramos y se acabó!”, lanzó el mendocino. Fernández Sagasti se interpuso: “¡¿Es una barricada esto?! Uno no puede imponerse en el uso de la palabra violando todas las reglas de buenas costumbres”.

Uno a uno, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia y dejaron al oficialismo debatiendo los decretos en soledad. “La oposición, en vez de irse, debería haber votado su propio dictamen”, comentó el senador Pablo González, cuando ya no lo oían.

“Una deuda con la institucionalidad”

Ante la tropa propia, Fernández Sagasti se encargó de criticar el DNU de la polémica y sostuvo que con su rechazo se busca “saldar una deuda con la institucionalidad de nuestro país”.

La mendocina recordó que cuando se dio el debate, en febrero de 2016, ya sostenían que “el objetivo del macrismo, con un DNU adornado de legalidad pero totalmente ilegal y contrario a la Constitución y al proceso penal, era pasarle a la Corte las escuchas, y ésta, mediante una acordada, designar a jueces que eran orientados por la mesa judicial del macrismo”.

Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.

La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.

En ese contexto, señaló que no solo “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, insistió, y finalizó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.

Los decretos avalados y rechazados

En soledad, el Frente de Todos firmó dictamen de validez sobre cinco decretos del temario, y los dos restantes, firmados durante el macrismo, fueron declarados inválidos. Cleri anunció que todos se tratarán en la próxima sesión del Senado.

A continuación, el listado completo:

DNU 487/2020 (avalado). Prorroga la prohibición de efectuar despidos.

Decreto delegado 488/2020 (avalado). Petróleo crudo en el mercado local. Establece precio para facturación de entregas.

DNU 256/2015 (rechazado). Transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DNU 102/2017 (rechazado). Modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales con rango de Juez de Cámara.

DNU 52/2019 (avalado). Dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.

Decretos 391/2020 y 404/2020 (avalados). Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

Uno de los cuestionamientos que se le hacían a esta gestión con relación a la gestión legislativa era la demora en tramitar los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández. Pero una vez que ya en modo remoto comenzó a reunirse la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, no se detiene. De entrada, trató una veintena de decretos correspondientes a la pandemia, que ya pasaron incluso por el recinto. Luego arrancó con los otros suscriptos por el presidente actual y ahora va por los que quedaron pendientes de la gestión anterior.

En efecto, en la reunión prevista para este martes a las 18, que será de manera remota obviamente, se tratarán siete decretos, dos de los cuales corresponden a la gestión macrista. Obviamente la intención del oficialismo es emitir un dictamen de rechazo y proceder en el futuro a llevarlos al recinto para lograr lo que nunca pasó con los DNU de un Gobierno: derogarlos. Para eso necesitará mayoría simple en ambas cámaras.

Los decretos en cuestión son el 256, de diciembre de 2015, por el cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El otro es el DNU N° 102, de febrero de 2017, que tiene que ver con el anterior, pues modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara.

Ya pasando a los decretos suscriptos por Alberto Fernández, la bicameral presidida por Marcos Cleri tratará el decreto 487/2020, que prorroga la prohibición de efectuar despidos; y el 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local.

También tratarán el DNU 52/2019 dictado por esta administración, el 20 de diciembre del año pasado, por el cual se dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.

Otro decreto es el 391 y el 404/2020, relacionados con la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Por ese decreto, recordemos, Cristina Caamaño fue designada interventora de la AFI.

Dispuesto a cumplir esta vez con los plazos que establece la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo busca que el Parlamento analice rápidamente los DNU firmados recientemente. Por eso es que luego de que la semana pasada el Senado aprobara en su primera sesión virtual de la historia una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia, este mismo lunes procura el tratamiento de otros suscriptos por el presidente Alberto Fernández. Incluido el polémico que da poderes especiales al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.

De tal manera se descuenta que esta vez no prevalecerá la relativa armonía que primó durante el debate anterior en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el camporista Marcos Cleri. Se trata del proyecto 457/2020, del 15 de mayo, mediante el cual se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020.

La reunión será por supuesto por videoconferencia, y está prevista para este lunes a partir de las 17.

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Los otros decretos que se analizarán son el 425/2020, que comunica el dictado del Decreto N° 425 del 30 de abril de 2020, por el cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto N°312/20 (Cierre de cuentas bancarias); también el Decreto Nº 426 /2020, por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto 311, sobre obligación de las empresas de Telefonía móvil o Internet de mantener un servicio reducido para usuarios del sistema prepago aunque no hayan realizado la recarga correspondiente.

Por último, está el Decreto Nº 459/2020, que prorroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto Nº 297 /20 que fuera prorrogado por los decretos 325 /20, 355 /20 y 408 /20. Asimismo, prorroga, por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto Nº 297 /20, hasta el día de la fecha.

Tras retomar el cuarto intermedio dispuesto este martes, los legisladores oficialistas que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo firmaron dictamen favorable sobre la validez de una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emanados del Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del Covid-19.

A pesar de que Juntos por el Cambio pidió aguardar la aprobación del protocolo de funcionamiento virtual -que se estaba tratando simultáneamente en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados-, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, informó la decisión mayoritaria de avanzar con los despachos.

Según resolvió, los legisladores que estuvieran en el Congreso firmarían los dictámenes de forma presencial, mientras que el resto lo haría a través de la firma virtual.

Al principio de la reunión por videoconferencia, el diputado de la UCR Luis Petri pidió postergar nuevamente los dictámenes, pero la propuesta fue rechazada por Petri, con lo cual Juntos por el Cambio anunció que presentaría sus disidencias en las próximas horas, con el protocolo de funcionamiento remoto ya vigente.

El diputado del Frente de Todos Pablo González salió al cruce de Juntos por el Cambio y consideró que “hay un trasfondo político” y un intento de “querer hacer aparecer como que estamos forzando el reglamento con algo que no se corresponde con la ley”.

“Debe ser difícil explicar que muchos diputados viajaron a Buenos Aires innecesariamente porque se los hace venir a Capital Federal y al día siguiente se los hace firmar digitalmente un despacho de comisión”, ironizó González.

El radical Gustavo Menna salió a responderle al santacruceño. “El pedido que estamos haciendo es de absoluta buena fe. Buscamos ser prolijos y que haya una convalidación como corresponde”, acloaró, mientras que Petri agregó que “no hay un ánimo especulativo ni dilatorio”.

Sin embargo, Cleri explicó que “la bicameral dicta su propio reglamento” según lo definen de manera mayoritaria sus integrantes, y “se estipuló su modo de funcionamiento teniendo en cuenta los avances en ambas Cámaras” en pos de la virtualidad, más allá de que no se hubiera  aprobado aun el protocolo.

En cuanto a los DNU, Juntos por el Cambio anunció su rechazo al 313/20 -que amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior-; y al 329/20, que prohibió por 60 días los despidos sin causa en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los 20 DNU aprobados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Por Carolina Ramos

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó posponer un día la firma de los dictámenes sobre una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia del Covid-19.

En una reunión remota de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la oposición cuestionó la validez del quórum virtual y pidió aguardar el avance del protocolo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que se reunirá este miércoles a las 16.

Si bien el presidente de la bicameral, el diputado Marcos Cleri, aclaró que el Frente de Todos estaba en condiciones de avanzar este mismo martes con los dictámenes -por contar con mayoría numérica-, aceptó la solicitud de Juntos por el Cambio de pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 18.

Para ese entonces, tanto el oficialismo como la oposición esperan contar con el protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales, que será definido durante la mañana, a las 11, en la Comisión de Modernización Parlamentaria, y luego dictaminado en la de Peticiones.

Al inicio de la reunión, el senador santacruceño Pablo González (Frente de Todos) sostuvo que el reglamento del Senado “habilita a tratar los expedientes y a suscribir los dictámenes” en modo online. “Entendemos que la interpretación de los alcances del reglamento la hace la comisión, y están dadas las condiciones jurídicas para que esta reunión tenga validez”, enfatizó.

González señaló que “el aislamiento es la única herramienta que se conoce hasta ahora para poder controlar la pandemia, y aquellos legisladores con problemas de salud tienen la obligación de respetar el DNU del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por lo cual se recurre a la modalidad online.

Sin embargo, el diputado radical Luis Petri cuestionó la validez legal de la reunión. Si bien celebró que se haya convocado, aclaró que se trata de un encuentro “informal” como los que se celebraron en las comisiones unicamerales de ambas Cámaras para escuchar a ministros del Poder Ejecutivo.

Petri consideró que “no hay una sola referencia en los reglamentos sobre la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual”. “Nuestro reglamento hace mención a la presencia y no podemos validar el contabilizar el quórum de manera virtual”, insistió el legislador de Juntos por el Cambio.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) salió al cruce de Petri y recordó que “en Mendoza hace más de un mes que se está sesionando virtualmente” porque hubo un acuerdo político unánime, aunque a diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, “ningún funcionario” del gobierno del radical Rodolfo Suárez “ha ido a dar explicaciones de lo que están haciendo”.

“La Corte Suprema ya se expidió y la voluntad que estamos demostrando es tener toda la predisposición para que el Congreso funcione”, remarcó Fernández Sagasti.

En sintonía con Petri, el diputado de la UCR Gustavo Menna propuso que la comisión se aboque solo al análisis de los decretos, y sugirió postergar para este miércoles la firma de los dictámenes, con el protocolo de funcionamiento virtual ya avalado en la Comisión de Peticiones, Poderes y reglamento de Diputados.

De esa forma, Cleri aceptó limitar la reunión al mero debate sobre los DNU del temario, que fueron defendidos por el oficialismo. “La Constitución Nacional afirma en el artículo 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir Decretos de Necesidad y Urgencia en circunstancias imprevisibles, y entendemos que eso se da en las actuales circunstancias”, argumentó el senador González.

A su vez, el diputado Pablo Yedlin remarcó que “estamos viviendo una situación de gravedad que puso en vilo la salud, la vida y la economía de todo mundo”, y pidió “entender el contexto en el que estamos”. “Querer llamar a los legisladores a venir al Congreso en este momento es absolutamente innecesario”, insistió el tucumano.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reconoció que “estamos ante una situación excepcional que efectivamente habilitaba al presidente a dictar DNU”. “No han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional. El presidente ha cumplido con los recaudos formales”, admitió.

Sin embargo, Juntos por el Cambio criticó algunos DNU, como el 313/20, por el cual se amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior a través de todos los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera.

Al respecto, Petri señaló que “el derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino está consagrado en la Constitución y en el pacto de San José de Costa Rica”, y habló de la situación que viven los varados en todo el mundo, que “son más de 21.000 y aun no tienen fecha de retorno”.

Otro de los DNU que objetó la oposición fue el 329/20, que prohibió por 60 días “los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo”.

En este caso, Tonelli consideró que “hay un exceso” y “una contradicción”, ya que “no se reconoce que esa situación de fuerza mayor también abarca a los empleadores”, que por el DNU se vieron impedidos de reducir el personal a su cargo.

Los 20 DNU tratados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá este martes a las 18, mediante videoconferencia, para tratar una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Tras un largo reclamo de Juntos por el Cambio, la comisión presidida por el diputado oficialista Marcos Cleri tendrá su primera reunión resolutiva para analizar la validez de las medidas tomadas por el Gobierno desde el 12 de marzo pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19.

El encuentro se llevará a cabo bajo la modalidad remota, por la plataforma Webex, con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados, según se anunció en la convocatoria formal. A través de la misma, cada legislador ingresará con el usuario y contraseña y con identificación biométrica certificada por el Renaper.

De acuerdo al artículo 99 de la Constitución Nacional los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser sometidos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dentro de los diez días emitidos.

Estos son los DNU que analizará la bicameral:

1) DNU 260/2020 Declaración de la emergencia sanitaria por el plazo de un año en relación con el coronavirus Covid 19.

2) DNU 274/2020 Prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras por el plazo de 15 días.

3) DNU 287/2020 Modificación del DNU 260/2020 para facilitar la compra de insumos.

4) DNU 297/2020 Declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio.

5) DNU 311/2020 Suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de los servicios.

6) DNU 312/2020 Suspensión de cierre de cuentas bancarias.

7) DNU 313/2020 Ampliación de los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

8) DNU 316/2020 Prórroga del plazo para acogerse al Régimen de Regularización de Deudas.

9) DNU 319/2020 Congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios.

10) DNU 320/2020 Congelamiento de los alquileres en virtud de la emergencia pública.

11) DNU 325/2020 Extensión hasta el 12 de abril del aislamiento social preventivo y obligatorio.

12) DNU 326/2020 Creación de un Fondo de Afectación Específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMEs.

13) DNU 329/2020 Prohibición de despidos y suspensión de personal por 60 días.

14) DNU 331/2020 Prórroga hasta el 12 de abril inclusive de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país.

15) DNU 332/2020 Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

16) DNU 347/2020 Creación del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

17) DNU 355/2020 Prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

18) DNU 365/2020 Cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

19) DNU 367/2020 Establece que el Covid-19 es una enfermedad de carácter profesional no listada.

20) DNU 376/2020 Ampliación de los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Una de las deudas fundamentales a nivel legislativo de la actual gestión de gobierno será saldada esta semana, a partir de la reunión convocada finalmente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La misma, presidida por el diputado camporista Marcos Cleri, ha sido llamada a reunirse el próximo martes 28 de abril.

La reunión es para las 18, y será en modalidad remota, por Plataforma Webex de Videoconferencia, con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados, según se anuncia en la convocatoria formal. A través de la misma, cada legislador ingresará con el usuario y contraseña y con identificación biométrica certificada por el Renaper.

Será entonces la primera reunión resolutiva de una comisión durante el presente período ordinario, y durante la misma se analizarán todos los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos con relación a la pandemia. Los mismos llevan los números 260/20, 274/20, 287/20, 297/20, 311/20, 312/20, 313/20, 316/20, 319/20, 320/20, 325/20,  326/20, 329/20, 331/20, 332/20, 347/20, 355/20, 365/20, 367/20 y 376/20. Esto es, los emitidos entre el 17 de marzo y el 22 de abril pasado.

Recodemos que el artículo 99 de la Carta Magna aclara que dentro de los diez días emitidos, los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser sometidos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

Citación reunión 28-04 -18 … by Parlamentario on Scribd

Legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe mantendrán este lunes, desde las 16, una videoconferencia con el gobernador Omar Perotti. El encuentro virtual se producirá al comienzo de una semana en la cual se exceptuaron distintas actividades del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Al encuentro fueron convocados los tres senadores por ese distrito: Roberto Mirabella (Frente de Todos) -quien se encuentra completando el mandato de Perotti-, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y Carlos Reutemann (Santa Fe Federal).

En tanto, también está citados los diputados Esteban Bogdanich, Marcos Cleri, Josefina González, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Patricia Mounier y Alejandra Obeid (Frente de Todos); Federico Angelini, Albor Cantard, Laura Castets, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Juan Martín, José Núñez y Gisela Scaglia (Juntos por el Cambio); Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (PS).

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario elevaron este lunes una nota al presidente de ese cuerpo, Marcos Cleri (Frente de Todos), para pedir una convocatoria, por encontrarse vencidos los plazos legales dispuestos para el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Alberto Fernández en el marco de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus.

Semanas atrás, ese mismo reclamo había sido formulado por diputados de la Coalición Cívica. En este caso, la nota fue elevada con las firmas de los diputados integrantes de la Comisión Bicameral: Gustavo Menna, Luis Petri, Omar de Marchi y Pablo Tonelli.

“Reiteramos la solicitud de convocatoria de la Comisión Bicameral que usted preside, en razón de encontrarse vencidos los plazos dispuestos por el artículo 19 de la ley 26.122 para la consideración y dictamen de los Decretos de Necesidad y Urgencia que ha remitido el Jefe de Gabinete de Ministros en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución”, indica la nota enviada a Cleri, en referencia al artículo que determina las atribuciones del Poder Ejecutivo.

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En la misma, además, se dejó en claro que “la emergencia no justifica omitir el rol de contralor que le corresponde al Congreso de la Nación, y mucho menos el de fiscalización del ejercicio por parte del Presidente de la Nación de atribuciones que son propias del Poder Legislativo, como lo es sancionar normas de contenido legislativo”.

Potestad legislativa

Y se enfatizó que “aún en la situación excepcional que contempla el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, la potestad legislativa continúa siendo del Congreso y por lo tanto el funcionamiento tempestivo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no puede declinarse”.

Además, indicaron los legisladores, la necesidad de convocar a la comisión se funda en que “debe también abordarse la cuestión relativa al dictado de decretos que no se presentan formalmente como de necesidad y urgencia, pero que en su sustancia sí lo son”.

En este sentido observaron que la comisión no se reunió más allá del momento de su constitución.

En particular mencionaron el decreto número 351/2020, emitido por el Gobierno nacional el 8 de abril, en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por los decretos 260/2020, 297/2020 y 325/2020.

El decreto 351 atribuyó la competencia de autoridad de aplicación de la Ley 20.680 -que regula la compra y venta de bienes y servicios- a gobernadores y gobernadoras y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también “a los intendentes e intendentas para llevar a cabo en forma concurrente con las autoridades nacionales, las actividades de fiscalización y control del cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución n° 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo”, es decir lo referido a la política de precios máximos.

Sin embargo, los diputados consideraron que la Ley 20.680 permite conceder atribuciones exclusivamente “en el ámbito nacional”, por lo cual, para el caso de los intendentes e intendentas, debería modificarse la mencionada legislación.

Por ello, afirmaron, “corresponde que esta Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se avoque de oficio a la consideración del decreto 351/2020”.

“Dejamos solicitada entonces la convocatoria de la Comisión Bicameral para deliberar por vía de videoconferencia, tal como lo vienen haciendo en las últimas semanas las Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara de Diputados, a los fines de observar las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, finalizaron.