La Oficina de Presupuesto del Congreso cambia de autoridades. En efecto, el 31 de enero pasado concluyeron los mandatos del director general de la Oficina, Marcos Makón; del director de Análisis Fiscal Tributario, Carlos Guberman, y de Mariano Ortiz Villafañe, director de Análisis y Sostenibilidad de la Deuda Pública, según los plazos estipulados por la Ley N° 27.343 por la que fue creada la OPC.

Así las cosas y hasta tanto se resuelvan los concursos para renovar las direcciones con mandato vencido, la Comisión de Supervisión Parlamentaria asignó la dirección general de la OPC a María Eugenia David du Mutel de Pierrepont, hasta el momento responsable de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación.

La información fue difundida por ese mismo organismo a través de un comunicado en el que se les agradeció a los directores salientes por “su dedicación y compromiso” durante su mandato en esa institución. Allí destacaron sobre todo “el liderazgo y gran experiencia de Marcos Makón”, que consideran “invaluables” para los primeros años de la OPC.

Asimismo destacaron el apoyo brindado por los legisladores y autoridades en este proceso y reiteraron el compromiso para continuar la labor iniciada hace 5 años y “fortalecer el rol de la OPC como organismo de rigurosidad técnica en pos de contribuir al debate parlamentario y la labor cotidiana de los legisladores.

Cabe recordar que la ley por la que fue creada la Oficina de Presupuesto del Congreso establece en su artículo 7° que “el director general y los directores durarán cinco años en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos. Podrán ser removidos por mal desempeño en sus funciones previo a la finalización de su mandato por votación por mayoría simple de ambas cámaras, previa solicitud de la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC, creada en el artículo 8° de la presente”.

Asimismo se establece en ese mismo artículo que el director general deberá acreditar al menos 10 años de experiencia profesional y/o académica relevante en materia presupuestaria y/o económica en el ámbito de la administración pública, del sector privado, de la sociedad civil o de las universidades, así como título universitario de grado o posgrado en ciencias económicas, finanzas públicas, administración y políticas públicas, o disciplinas relacionadas. Los directores deberán acreditar al menos 8 años de experiencia profesional y/o académica relevante en las materias respectivas de cada área, así como títulos universitarios de grado o posgrado en dichas disciplinas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso organizó este martes el “Encuentro de Oficinas de Presupuesto del Congreso: logros y desafíos de las oficinas técnicas de presupuesto”, una jornada que puso en valor el papel de esa institución creada en 2017 y cuya tarea cobra cada vez más valor para el Parlamento.

En la apertura de la jornada, el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, señaló que este evento "tiene características muy particulares porque se da en el contexto de un proceso de culminación de una etapa de la OPC, su primera etapa de funcionamiento, y por lo tanto es un momento para hacer una reflexión y balance de lo realizado".

El contador explicó que con el primer panel tendrían "la oportunidad de analizar la experiencia que han desarrollado Oficinas de Presupuesto de Estados Unidos, la primera creada en 1970; de Canadá, creada en la década del 80; de Chile, de reciente creación; y las experiencias en Europa y Latinoamérica".

Mientras que el segundo panel estaría integrado por "legisladores actuales y con mandato cumplido que participaron en la creación de la Oficina y en el diseño de la Ley 23.343", además de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras con quienes "la OPC tiene relación permanente".

Makón expresó que la necesidad de la actividad consiste en que "para hacer una evaluación no solo es importante la opinión propia, sino tener visiones de contexto".

Un sueño hecho realidad

“¿Cuál es el rol de la OPC en la labor parlamentaria argentina? Repaso por la experiencia de la gestión 2018-2022. Logros y el camino por recorrer”. Ese era el título del segundo panel de la jornada, que contó con la presencia de los titulares actuales de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller y Ricardo Guerra, el diputado del Pro Luciano Laspina, y dos actores centrales de este tema en tiempos cercanos: Marco Lavagna, actual titular del INDEC, y el senador nacional (MC) Juan Manuel Abal Medina.

Ofició como moderador del mismo, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien recordó que cuando se reintegró junto a Agustín Rossi, como parte de su equipo, a la Cámara baja en diciembre de 2017, “la Oficina estaba dando sus primeros pasos”. “Tanto como asesor, y ahora como diputado, puedo visualizar cómo se está trabajando y cómo va creciendo la capacidad de interlocución de quienes desarrollamos tareas parlamentarias con la Oficina”, destacó.

Primer orador de la mesa, Marco Lavagna confesó que la creación de la OPC fue “a nivel personal uno de esos lindos sabores que me dejó el paso por la Cámara de Diputados”. “Era una deuda que existía, había proyectos hace muchísimos años”, recordó y consideró que se trata de “uno de esos organismos que nos terminan mejorando la institucionalidad de nuestro país”.

La Oficina tiene el objetivo de “dotar a los legisladores de mayores herramientas a la hora de la discusión, desde ya del Presupuesto, pero de todas las normas y leyes que pasan por el Parlamento”, señaló el exdiputado, quien expresó que “no todos tienen que ser especialistas”, pero sí “todos los legisladores tienen que tener la obligación de saber cómo es un Presupuesto, de leerlo, de interpretarlo, y a la hora de votar la ‘ley de leyes’ tener las herramientas necesarias”. “Y la Oficina de Presupuesto viene a cumplir ese rol de asistencia, análisis y acompañamiento”, agregó, para remarcar luego que se trata de “un análisis independiente, apolítico y bien objetivo”.

“Hay que continuarla y fortalecerla”

El exdiputado observó que a la OPC “hay que pensarla en el largo plazo, porque oficinas como estas tienen que tener un tiempo de maduración”. En ese sentido, dijo que si bien la OPC “ha dado grandes pasos” aún “es una Oficina joven” y “el crecimiento tiene que darse en el tiempo”. “El equilibrio que ha tenido hasta ahora es lo que permite pensar en el largo plazo, cómo se va metiendo en la actividad parlamentaria cada vez más”, sostuvo.

Lavagna enumeró que entre sus funciones la OPC no solo tiene el análisis de la Ley de Presupuesto, sino la cuestión de la sostenibilidad de la deuda y la asistencia a legisladores para un proyecto particular, porque “en definitiva, al final del día, la mayoría de los proyectos terminan en algún recurso necesario”. Por eso es necesario “ayudar a la priorización de los distintos proyectos, dónde se destinan los recursos”.

También opinó que se debe “seguir trabajando en capacitación, no solo a los cuerpos asesores sino mismo a los legisladores” y “hacer cursos, manuales”, al tiempo de avanzar con “los concursos para ocupar los cargos vacantes”.

Al mencionar la aprobación de la ley, ponderó la “decisión muy fuerte” que existió por parte “de tres o cuatro partidos políticos que estábamos involucrados en llevar adelante este proyecto”, el cual “nos encontró en una mesa”. “Es uno de los mejores ejemplos que podemos dar en cuanto a trabajo consensuado”, valoró y cerró: “Hay que continuarla, hay que fortalecerla, darle más vuelo y permitir que cada vez se meta más en la vida cotidiana”.

Un acuerdo político transversal

A su turno, el diputado del Pro Luciano Laspina recordó que la creación de la OPC “surgió después de muchos años de idas y vueltas en las cuales no avanzaba la idea” y, durante el gobierno anterior, “avanzó con un acuerdo político transversal” y fue “aprobada por una abrumadora mayoría”. En ese momento él ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y relató que había quienes le decían “estás loco”, al advertirle que no iba a “favorecer al oficialismo” porque “le quita poder al presidente de la comisión”, le argumentaban en contra.

“Cuando pensamos esta Oficina con Marco, con Juan Manuel y con Diego Bossio, que estaba también detrás del proyecto, la idea era tener una asistencia de racionalidad fiscal en las discusiones del Congreso”, explicó, dado que “los problemas fiscales son la raíz de todos nuestros dramas, y eso iba a ayudar al oficialismo y la oposición, y efectivamente así fue”, manifestó.

Además, el santafesino elogió a su titular, al opinar que “la llegada de Makón fue muy importante”. “La ley es de las mejores que existe, la más ambiciosa cuando uno compara con la de otros países”, apuntó, pero resaltó que “a las instituciones también las hacen las personas” y, en esa línea, destacó que Makón “fue tan independientemente que ha logrado enojarme a mí, a (Carlos) Heller y a todos por igual, diciéndonos que no cuando tenía que decir que no, diciéndonos que sí cuando tenía que decir que sí, y cumpliendo el reglamento a raja tabla”.

Laspina subrayó la “cantidad de informes y de recursos que a veces cuesta absorber” elaborados por la OPC, la cual “se ha ganado un espacio”. “Muchas veces los tiempos de la política no son los tiempos de la OPC, porque tiene que hacer análisis minucioso de leyes que llegan y se enteran en el momento”, expresó, por lo que pidió “pensar a futuro dar algunas reglas” de modo que “los proyectos requieran para ser aprobados de un dictamen previo de la Oficina de Presupuesto, como pasa en otros lugares del mundo”.

“De alguna forma tiene que incorporarse a la cultura presupuestaria de este Parlamento, y eso va a llevar un tiempo, por empezar requiere educar sobre todo a los legisladores”, continuó. Tras ello hizo hincapié en la dirección que se dedica al “análisis costo-beneficio del impacto de las políticas, que creo es el gran desafío de la gestión del Estado en los próximos años”. “En Argentina hay muy poca cultura del análisis costo-beneficio. Eso falta en todas las discusiones”, observó.

Finalmente, habló de que “el desafío para adelante” es “seguir incorporando a la Oficina de Presupuesto en la cultura legislativa, darle más participación en el debate, incorporar el debate costo-beneficio” y “en algún momento, aspiracionalmente, debe ser el organismo técnico que asista en la redefinición de los Presupuestos en el Congreso, eso le daría mucho más poder al Congreso”.

El último empujón para su creación

En la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso fue clave el papel del entonces senador Juan Manuel Abal Medina, autor del proyecto para crearla. “Crear instituciones en nuestro país es algo muy, muy difícil. Por eso hoy estar acá, viéndola trabajar, creciendo, nos muestra que algunas cosas se pueden construir en la Argentina”, resaltó el hoy funcionario nacional, que recordó que le tocó ser parte de la Comisión de Presupuesto siendo otro el Gobierno.

Cosa excepcional, porque en general las comisiones de Presupuesto están a cargo del oficialismo. Pero ante la mayoría peronista en el Senado entonces, esa presidencia quedó en manos suyas, un representante opositor, que se preguntaba entonces cómo debían ser sus decisiones, a quién consultar ante cada presupuesto. “En ese interregno hubo una oportunidad que no había habido antes en la historia argentina, porque por una cuestión de juego político, obviamente el oficialismo de turno no quiere que esto esté, porque quiere el monopolio de la información. Ahí se abrió una ventana que podía haber prosperado o no; tuve que encontrar a un interlocutor como Luciano (Laspina), que tenía (a su vez) que convencer al Gobierno”, evocó Abal Medina.

Agregó el exsenador que “se sobreentiende que el juego es ese y no se entendía que es una mejora para todos. Que estábamos generando un cambio que nos convenía a todos”.

“Lo pudimos construir”, resaltó Abal Medina, que sin embargo reconoció que “hay instituciones creadas por la Constitución que se construyeron y hoy están vacantes desde hace 15 años. Ahí la apuesta fue muy fuerte: saber que teníamos que construir una Oficina que tuviese la credibilidad que permitiese ser aceptada por todos los sectores políticos”, destacó. En ese marco, precisó que los concursos para elegir a todos sus integrantes fueron uno de los aciertos. “Fue un diferencial en el que empezamos a mostrar una cuestión distinta”, dijo.

Ahí fue que debían conseguir a alguien con la legitimidad y capacidad para poder llevar adelante la Oficina de Presupuesto del Congreso, por lo cual “fue central conseguir a alguien que aceptase y Marcos Makón fue central para nosotros, porque es la persona que más sabe de presupuestos. Había distintos postulantes, pero cuando hablábamos con Luciano, decíamos que era él”.

Reconocido hincha riverplatense, Abal Medina se permitió una humorada al observar respecto de Marcos Makón que más allá de “su bosterismo enfermo, en todo lo demás es una persona honorable… No parece de Boca”. Hubo risas en el panel, pero la previsible reacción de Carlos Heller, que lo cruzó, ante lo cual entre risas el ex jefe de Gabinete replicó y repitió: “el dolor de Madrid”.

Tras ese momento de humor, que tuvo su correlato más tarde, cuando el propio Marcos Makón le contestó riendo desde el auditorio, Abal Medina señaló que “Marcos y todo el equipo se tomaron esa tarea con mucha fuerza y muchas ganas; les explicaron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto cuál era su tarea y así empezaron”. En ese sentido destacó que “insertar una institución no es sencillo. Lo que requiere es ir insertando este organismo”, y concluyó felicitando a la Oficina de Presupuesto del Congreso expresando su deseo de que “sigan construyendo el mismo camino”.

Un organismo técnico apartidario

Concluidas las exposiciones de lo que Germán Martínez definió como “la línea fundadora” de la OPC, expuso el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que “efectivamente la Oficina del Congreso es, ha sido y debe continuar siendo un organismo técnico apartidario, responsable de analizar temas fiscales y cuyo objetivo es brindar apoyo técnico a los legisladores de ambas cámaras”.

Heller aclaró que “el Presupuesto no es un balance, no es una cuestión eminentemente técnica. Marca el pulso económico, los objetivos del Gobierno de turno. No son todos iguales, ni son sumatorias de partidas; contienen profundas definiciones políticas”.

“Por eso, siendo apartidario, requiere también la comprensión de los objetivos para los que se está trabajando; entender cuál es el programa del Gobierno, y a partir de allí y de la comprensión de ese objetivo, analizar las distintas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de cumplir o no esos objetivos políticos”, planteó el legislador oficialista.

Para Heller, el gran desafío de la OPC  “es mantener su apartidismo, pero al mismo tiempo comprender el objetivo político que cada gobierno intenta llevar adelante”. Al respecto, el diputado del Frente de Todos enfatizó que “la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social”, y al respecto destacó que “existen distintas matrices de pensamiento. No hay pensamiento único, y mucho menos en economía”.

“La Oficina de Presupuesto tiene que estar interpelada por estos conceptos de la economía como concepto social, y no ser un mero elaborador de cálculos matemáticos. Debe interpretar la política”, remarcó.

En otro pasaje, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados contó en base a esa experiencia que “he recibido decenas de diputados que vienen con planteos, todos justos… los sumás y no dan. Entonces aparece la política, hay que establecer prioridades. La política tiene subjetividad, no es matemática, y ahí es donde deben estar las prioridades, en función de la política que lleva adelante el gobierno de turno”.

Lo cual, aclaró, “no quiere decir que (los informes) no tengan que ser análisis precisos, porque la política desprovista de la ciencia del análisis termina siendo un dibujo”. Luego sostuvo que “hay mucho que aportar desde la Oficina de Presupuesto” y reiteró que “deben estar orientados a que el proceso funcione adecuadamente”.

A continuación, advirtió sobre otra de las funciones que a su vez tiene la OPC: las estimaciones del impacto fiscal de proyectos de ley. Ahí se diferenció de Laspina, que a su turno había expresado lo contrario. “Se está haciendo una costumbre que todos los temas requieran el dictamen de la Oficina; no lo creo factible. La Oficina de Presupuesto no está en condiciones de dar ese tipo de respuestas. Si ese fuera el objetivo que decidiéramos, deberíamos decidir primero qué recursos le damos, qué estructura”, señaló, remarcando que “esta Oficina no está pensada para eso ni tiene estructura, ni recursos” para tal fin.

“Hay que priorizar en función  de la importancia de las leyes”, aclaró Heller, para quien “someter la decisión de una ley a una opinión de una oficina técnica es subordinar la política. Hay cosas que tenemos que hacer y luego discutir de dónde se generan los recursos, y eso es función del Ejecutivo”.

Por último, sugirió que una cosa que podría pedírsele a la OPC es elaborar un informe sobre los costos de la política: que tomara a su cargo establecer cuál es en realidad el costo de la misma. “Mucha gente se sorprendería y le haría muy bien a la política que esto se conociera -aventuró-. Bajaríamos varios tabúes y revalorizaría algo: no hay sociedad sin política. Creer que la vida se va a arreglar suprimiendo la política está en las antípodas de lo que yo pienso”.

El costo de la política

El último expositor fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, quien valoró la tarea de la OPC como “un caso de éxito”. Recordó que la misma comenzó a operar en marzo de 2017, y como los concursos se extienden por 5 años, contó que “estamos en la etapa que recibimos a los interesados en participar del concurso. Y sin embargo, en el corto período que lleva esta institución se consolidó y sus requerimientos son necesarios, muy convenientes los informes que emite”.

Por último, Guerra coincidió con Heller en cuanto a que “el Presupuesto es una síntesis de lo técnico y lo político”. Recordó que como ministro de Hacienda de su provincia, le tocó participar del armado de casi once presupuestos, “y es una tarea muy valorable, pero refleja lo político, la gestión, el plan de un gobierno, la decisión de asignar recursos a una política y no a otra. Los recursos son limitados, las necesidades infinitas”.

“Muchas veces entre la política con lo técnico existe una suerte de matrimonio por conveniencia, para que no se generen situaciones no deseadas”, dijo, y respecto del costo de la política aportó porcentuales: “En el Presupuesto 2023, que vamos a tratar mañana en el Senado, la distribución del gasto legislativo es del 5% de todo el Presupuesto. Si hacemos una rápida evaluación, podemos decir que el costo de la política es algo así como el 5 o 6%, no es tan gravoso”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró este martes las reuniones informativas sobre el Presupuesto 2023 con la exposición de Marcos Pedro Makón en representación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación quien aseguró que “aprobar el proyecto significa definir una forma de vida de la sociedad”.

En su exposición, Makón aclaró: “Vengo como parte del Poder Legislativo que tiene un rol fundamental que es apoyar y brindar elementos de juicio sólidos para mejorar el proceso de toma de decisiones”.

Por otro lado, expresó: “Me ha alegrado muchísimo lo que pasó con este presupuesto porque ha sucedido algo que no ha sido común en la Argentina de que, además de que participan en la exposición de la política el Poder Ejecutivo a través del equipo económico que, en este caso, tuvo integrado por todos sus componentes, han pasado 9 ministros”, y destacó: “Creo que esto ha servido para que el presupuesto que muchas veces solo se discute en términos financieros, también se hayan discutido políticas”.

“El presupuesto es un esquema organizador de instrumentación de políticas”, definió Makón al tiempo que remarcó la importancia y “el gran debate y discusión” sobre las políticas en base a las cuales se determina el presupuesto.

A continuación, precisó que la Oficina de Presupuesto del Congreso “en esta oportunidad tiene su objetivo no definir política porque no es nuestra responsabilidad, nuestro objetivo es clarificar la complejidad que tiene el sistema presupuestario porque significa instrumentar a través del ingreso y el gasto público, políticas de la más diversa naturaleza que requieren expresiones particulares”.

En primer lugar, Makón explicó la metodología que utilizaron para elaborar el informe: “Estamos tomando como dato la estimación de ejecución presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo Nacional que tiene una característica particular porque se da en el marco de un presupuesto prorrogado, por lo tanto, de acá a fin de año tenga que sufrir algún proceso de revisión porque algunos organismos ya llevan ejecutados más del 80% del gasto. Estamos siguiendo día a día la ejecución presupuestaria”.

En segundo lugar, describió los “valores nominales, pero también los reales para los que hemos deflactado el valor promedio, no la inflación punta a punta porque el gasto se va realizando a lo largo del ejercicio. La inflación punta a punta indica que el 60% estimado de la proyección es a final del año. Hemos tomado los datos de la Secretaría de Política Económica que es del 76,1%, ese es el promedio de una inflación que está prevista del 90% a bajarla a 60%”.

En tercer lugar, precisó: “Como nuestro análisis es posterior a la presentación del presupuesto, los datos macro en términos de lo que son las variables macroeconómicas hemos tomado los datos de INDEC hasta el 30 de junio”.

“Para el año 2022 se han entregado bonos por una suma de 500 mil millones de pesos. Es un tema muy necesario e importante para efectos comparativos que tiene que ser tomando variables similares. Es un tema previsto y ejecutado en el presupuesto 2022”, indicó.

Está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas".

Sobre las proyecciones macroeconómicas del proyecto, el funcionario del Congreso explicó: “Son tomadas en cuenta las que presentó el Ejecutivo que para 2022 está previsto un crecimiento del PBI del 4%, crecimiento importante de las importaciones, del consumo privado y público, exportaciones e inversiones. Siendo exportaciones e inversión está previsto un crecimiento mayor”.

“Tomando en cuenta los datos de INDEC el primer semestre del 2022, hicimos una proyección de cuál debería ser el crecimiento de las variables macroeconómicas en el segundo semestre. Evidentemente son menores, pero todas con un nivel de crecimiento importante 1,6% del PIB sería para lograr la proyección del 4%, es decir está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas. Un crecimiento de importaciones del 9,6%, del 1,9% del consumo privado, la inversión un 5,6%, exportaciones del 2,3%”, detalló Makón.

Respecto a las proyecciones para el 2023 agregó: “Están en el 2% con el elemento central que caracterizan las proyecciones macro de corto y mediano plazo que es el crecimiento de las exportaciones que está previsto para el año que viene del 7,1%, el resto 2% salvo inversiones de 2,9%”.

En el caso de las proyecciones de tipo financiero -tipo de cambio, IPC-, indicó: “Presentamos acá la tasa a diciembre y promedio. Para el año 2023 a niveles de valores reales estamos trabajando una proyección promedio del 76,1% del IPC es la inflación de punta a punta que se da como consecuencia de que hay un inicio del 90% y se va reduciendo. En base a eso nosotros tomamos los datos nominales y reales”.

Sobre los datos del mediano plazo tomando desde el 2015 al 2025, Makón indicó que “se puede apreciar que, salvo el caso de las importaciones y del consumo privado, el resto de las variables macroeconómicas alcanzarían los mayores niveles de toda la serie en el 2025. Las importaciones serían levemente inferiores al nivel máximo y también el consumo privado inferiores al nivel máximo, pero las exportaciones, la inversión, el consumo público y el PBI llegarían a los máximos niveles”.

Por otro lado, el funcionario describió el balance del sector público el esquema de ahorro-inversión-financiamiento donde “además de las variaciones nominales de ingreso corriente de un 78%, los gastos corrientes un 70,1%, los gastos capitales un 85,1%”, pero desde el punto de vista real explicó: “Los ingresos corrientes estarían en un 1%, los gastos corrientes disminuirían un 3,4% y la inversión aumentaría un 5,1% y los intereses de la deuda pública crecerían un 1,1%”.

 “Tomando en cuenta la estructura del gasto público el grado de flexibilidad que tiene es del 10%, el resto son gastos rígidos que son muy difíciles de modificar, salvo con modificaciones políticas profundas, cambios de marco legal”, aclaró Makón y contó: “Hemos hecho una estructura de clasificación donde explicamos el gasto corriente con prestaciones sociales, subsidios económicos, gasto en personal, bienes y servicios, transferencias a provincias, a universidades, y otros gastos corrientes de interés que no corresponde a la estructura económica con la que se presenta el Ejecutivo, esto es una estructura de tipo estadística de hacia dónde está orientado el gasto”.

En esa línea, reiteró que “el objetivo es lograr la mayor comprensión y transparencia de lo que es el presupuesto que es muy complejo y difícil, pero que aprobar el presupuesto significa definir una forma de vida de la sociedad de lo que va a contribuir y lo que va a recibir en bienes y servicios”.

Desde el punto de vista económico, Makón señaló que “todas las variables mejoran. El gasto corriente al resultado corriente pasa del -3,7% al -2,8%; el resultado primario pasa del -3,6% al -2,5%; y el resultado financiero pasa de -5,2% a -4,3%”, y explicó: “Hay una disminución por el efecto combinado de que hay un crecimiento de los ingresos y una disminución del gasto total”.

El Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.

“El presupuesto está estructurado por instituciones que son los ministerios, los poderes y los organismos descentralizados. Comparamos el presupuesto 2022 con el 2023 tomando todos los poderes y los ministerios se puede observar que hay una diversificación del gasto, pero hay una gran concentración en un Ministerio que es el de trabajo que tiene más del 40% del total del gasto porque dentro de eso está ANSES”, precisó e informó que “el Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.

Sobre las prestaciones sociales, detalló: “En el caso de seguridad social hay 370 mil millones de pesos que fueron bonos entregados a jubilados y pensionados que en el año 2023 no está previsto. En asignaciones familiares se ejecutaron bonos por 160 mil millones de pesos durante el 2022 que en 2023 está previsto 4 mil millones. En el caso de otros programas sociales está previsto un refuerzo de ingresos que se ejecutó por 132 mil millones de pesos y no está previsto en el 2023”.

En otro tramo de su presentación, manifestó que los subsidios económicos tienen tres aspectos que son energía, transporte y otros subsidios a empresas. Respecto a los subsidios de energía eléctrica señaló que “tienen una baja del 16%, pero no los del gas porque habrá aumentos de los precios de importaciones”. En esa línea, indicó que los subsidios al transporte “por ley el fondo de subsidio cuando se creó fue como un Fondo Fiduciario no está en el presupuesto nacional. Además de recibir los 170 mil millones de transporte automotor, tiene también la transferencia de combustibles 228.646 millones de pesos”.

El Frente de Todos pasó a la firma este miércoles el dictamen del proyecto de Presupuesto 2021, que se convertirá en ley en la sesión prevista para la semana próxima. En un trámite veloz, el oficialismo avanzó con la iniciativa que se votó el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

Tras la exposición del titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makón, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, cerraron el debate con sus conclusiones.

Los senadores de Juntos por el Cambio no emitieron opinión, salvo en las consultas que sí transmitieron a Makón, referidas a distintos temas.

Mayans reveló el trabajo coordinado que el oficialismo realizó con la Cámara de Diputados, para acelerar el debate, y señaló que estamos ante "una situación absolutamente especial por la emergencia". "Si tenemos vacuna, creo que la situación puede cambiar y podemos llegar al pleno de la actividad económica", sostuvo.

En ese sentido, el formoseño expresó que la pandemia tuvo "impacto" en "las exportaciones, en el mercado interno y el consumo, y en la inversión pública". "La pandemia realmente golpeó fuerte a la economía mundial, Argentina no es la excepción", continuó.

Sin embargo, destacó: "Hay una luz que yo estoy viendo, que es el tema de la recaudación, que el año pasado estaba en 500 mil millones y ahora está en 642 mil millones. A pesar del impacto que tenemos, hay un aumento de más del 25% y por segundo mes consecutivo supera a la inflación".

El jefe de la bancada oficialista compartió la "preocupación" por el sistema previsional, pero mencionó que durante la gestión anterior "el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tuvo un impacto muy duro". Y defendió que el Gobierno "comenzó a achicar las diferencias" entre los haberes de las jubilaciones.

También resaltó la cuestión de la inflación. "Hoy estamos en 22%", manifestó, en comparación con el 57% de 2019, y dijo que existe "un gran esfuerzo de todos los sectores" y el Poder Ejecutivo está "trabajando en una nueva lista de Precios Cuidados".

Mayans enfatizó: "No decimos que está resuelto el problema económico, pero esta es una gran línea de lo que se aspira". "Hay una luz que nos está diciendo que es posible generar crecimiento económico en Argentina, controlar el proceso inflacionario y terminar con el problema del endeudamiento histórico, que no es fácil", completó.

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio aseguró que en el Presupuesto, el Gobierno plasmó "lo que cree que puede cumplir y lo que cree son las contribuciones que pueden mejorar el país". "Las negociaciones de la deuda todavía no terminaron; el Covid no nos ha dejado", advirtió, aunque abogó por que "ojalá las variables del año que viene sean superiores a las que manifiesta el Presupuesto".

"Tenemos claro que es un Presupuesto que tiene un resultado financiero deficitario, pero también creemos que en esta situación tremenda de emergencia lo único que va a sacar al país adelante es un rol activo del Estado", aseveró y recordó que "venimos de 2019 con una baja importante del PBI, casi dos puntos; y este año la baja del mundo y Argentina ha sido tremenda".

El titular de la Comisión de Presupuesto afirmó que "el único modo es crecer, los ajustes nunca han dado resultado en Argentina". "El déficit creemos que lo vamos a ir achicando de a poco; 4,5% parece mucho, pero si en en vez de 3,5% de déficit secundario tenemos 1,5%, como se nos permitió achicar con el canje, las posibilidades van a ser mejores", añadió.

Finalmente, valoró la "fuerte impronta en la fuerza de la inversión pública" y "el incremento muy importante en innovación y desarrollo", al tiempo que remarcó que en el Presupuesto está considerado "el gasto de la vacuna" contra el Covid-19.

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso

En su exposición, el titular de la OPC, Marcos Makón, brindó detalles sobre el "análisis de los artículos que tienen impacto fiscal" y, en relación al cálculo de ingresos, precisó que por el artículo 95, referido a la contribución obligatoria de 0,5% de las primas de seguro automotor se prevé recaudar 1.506 millones de pesos.

Además, se estiman 2.060 millones de pesos en concepto de contribución del 3% sobre primas de seguro, excepto el de vida (artículo 101); y 9.722 millones de pesos por el aumento de impuestos internos a los productos electrónicos (artículo 110).

En cuanto a la distribución tentativa de la recaudación de impuesto nacionales y aportes y contribuciones en 2021, se proyecta un total de 2.908 millones de pesos para las provincias.

Los nuevos gastos asignados alcanzan un total de 295.599 millones de pesos, en tanto Makón ponderó como "una novedad" la incorporación del artículo 88 por el cual se establece la "disminución de créditos" por 35.036 millones de pesos. "Es una novedad porque es la primera vez que el Poder Legislativo marca en qué se aumenta y le dice al Ejecutivo también en qué se debe bajar, o sea qué tipo de gastos es necesario reasignar", indicó.

Los recursos destinados a obras alcanzan los 244.229 millones de pesos, y encabezan la distribución la Secretaría de Energía y la Dirección Nacional de Vialidad.

En cuanto a lo que hay que pagar en 2021 en concepto de aportes de capital y suscripciones a organismos internacionales, se estiman unos 3.684 millones de pesos.

El titular de la OPC señaló que existen "nuevos gastos con montos a definirse", tales como el Plan Gas; condenas judiciales firmes para Santa Fe y La Pampa; la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMEs; y la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEP).

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida, se reunió por quinta vez este martes para escuchar a dos especialistas en la materia.

Del encuentro virtual, presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado y docente universitario Jorge García Rapp, y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makon.

Rapp brindó una exposición sobre la evolución histórica de la movilidad jubilatoria a nivel legislativo y jurisprudencial, mientras que Makon se refirió a la situación actual de los regímenes previsionales especiales.

Estuvieron presentes, por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Carlos Heller e Hilda Aguirre, y el senador Daniel Lovera, mientras que por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.

También participaron legisladores que no integran la comisión, como los oficialistas Eduardo Fernández y Florencia Lampreabe; Alicia Terada, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gisela Scaglia y Pablo Blanco por Juntos por el Cambio; y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

En las próximas reuniones expondrán Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Cono Sur; y Andras Uthoff, consultor de Eurosocial.

Cabe recordar que, el pasado 4 de junio, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión para elaborar una nueva fórmula jubilatoria.

Hasta ese momento, el Poder Ejecutivo otorgará los aumentos por decreto, tal como lo viene haciendo en el marco de la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre, que suspendió la fórmula previsional aprobada en la anterior gestión.

En su quinta reunión,  la Comisión Bicameral Mixta Movilidad Previsional  que preside Marcelo Casaretto, comenzará a recibir especialistas sobre movilidad previsional y regímenes Especiales en la próxima reunión, prevista para este día martes 16 de junio de 16 a 18.

Serán expositores el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso Marcos Makón, quien se referirá al estudio de la Oficina denominado “Impacto Fiscal del Proyecto de Ley de Modificación de los Regímenes Previsionales Especiales del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación”; y el experto Jorge García Rapp, quien realizó una exposición sobre “Movilidad. Evolución Histórica Legislativa y Jurisprudencial”.

Asimismo, según se informó, fueron invitados otros legisladores de ambas cámaras que no son miembros de la comisión.