María de los Angeles Sacnun se sumó a las críticas contra el exmandatario.
No fue feliz el comentario del expresidente Mauricio Macri en el marco de su paso por Santa Fe. Fue un chiste, pero nunca falta el celular que está grabando y eso terminó viralizándose. Sucedió durante un almuerzo del que el exmandatario tomó parte en un bar rosarino, en el que estaba entre otros con el diputado nacional del Pro Federico Angelini. Todos habían pedido café, pero el expresidente prefirió un licuado. El problema estuvo en el comentario que deslizó al explicar que no tomaba café.
“Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo”, pero su remate supuestamente gracioso terminó arruinando su sana semblanza: “Lo mío es el crack y la heroína”.
Se la dejó “picando” al kirchnerismo, que reaccionó de manera previsible cuando el video se hizo viral. Hasta la titular del Sedronar, Gabriela Torres, tomó cartas en el asunto, considerando el comentario “de mal gusto” por cuanto “estigmatiza y frivoliza la problemática del consumo de sustancias”.
También reaccionó la senadora María de los Angeles Sacnun, que en tono de campaña tuiteó: “Vergonzoso el menoscabo al pueblo de la provincia de Santa Fe. Pasan sin escala de ofender y estigmatizar a nuestros niños y niñas diciendo que sueñan con ser sicarios o narcos -como dijo (la candidata a senadora de JxC Carolina) Losada– a bromear con un tema tan sensible. Inadmisible”.
La legisladora santafecina mostró su optimismo ante el anuncio que hizo la empresa de no cerrar su planta en Santa Fe. También se refirió a la inseguridad en la provincia y habló sobre las elecciones.
La candidata a renovar su banca como senadora por la provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, celebró la decisión que tomó la empresa Dow Chemical de continuar operando en el país con su planta ubicada en San Lorenzo, localidad de Puerto General San Martín, y destacó que se llegó a un acuerdo por un “Estado presente que está atento”. Por otro lado, se refirió a las políticas implementadas por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para combatir la inseguridad en Santa Fe.
En diálogo por FM La Patriada, la senadora del FdT expresó, sobre el anuncio de la empresa Dow Chemical de continuar su estadía en el país: “Vemos la definición con muchísima alegría. La decisión tiene que ver con un Estado presente que está atento. Imaginemos si hubiese ocurrido con un Gobierno indiferente hacia el sector industrial y productivo”.
“Lo importante de señalar, es que hubo una rápida reacción de las autoridades cuando se notificó de esta reestructuración que iba a llevar adelante la empresa que proyectaba retirar a la planta en el departamento de San lorenzo, se comunicó ese mismo día con nosotros y tuvimos una reunión, donde junto a dirigentes y funcionarios, construimos una mesa de trabajo para evitar el desmantelamiento de la empresa”, detalló Sacnun.
A su vez, destacó: “No solo son 120 puestos de trabajo, sino que es una industria estratégica para otros sectores porque los polímetros se utilizan en el desarrollo industrial. En el cierre de campaña en Tecnópolis, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo planteó expresamente por la importancia estratégica que tiene esta industria para el país”.
Por otro lado, respecto a la agenda en materia de seguridad la senadora oficialista expresó: “Tenemos una actividad en la que estará presente el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández. No solo se tomó la definición de enviar efectivos policiales que es importante que veníamos reclamando, sino que además el ministro decidió dar prioridad a la problemática en la provincia al reunirse con el gobernador Omar Perotti“.
“El presidente Alberto Fernández a manifestado que no era un problema de los santafecinos, sino del país que había que resolverlo. Cada vez que el presidente estuvo en la provincia no eludió el tema, por el contrario, lo puso sobre la mesa con mucha claridad, eso lo valoramos”, resaltó Sacnun y agregó: “Buscamos un proyecto de seguridad que tenga permanencia y constancia, que no sólo sea mandar efectivos federales, sino que tenga la particularidad de darle continuidad a una tarea que debe ser conjunta”.
En ese sentido, señaló: “El lavado de activos, el contrabando, el narcotráfico, deben ser profundamente investigados porque afectan la vida de los ciudadanos. El nivel de violencia social que se vive en Rosario está vinculado con estos delitos”, y subrayó la importancia de “la ley de reorganización de la Justicia que le dimos media sanción en el Senado que implica fortalecer la Justicia Federal de la provincia que es raquítica a comparación con otras provincias”.
Por último, la legisladora santafecina comentó en relación a las elecciones generales que “estamos trabajando muchísimo. La mejor campaña que puede hacer el Frente de Todos en nuestra provincia es la de un Gobierno presente y cercano”, y concluyó: “Hay una inversión histórica. Santa Fe tendrá un rol importante en la reactivación económica. Se está trabajando en el arraigo, reactivando los gaseoductos. Tenemos una muy buena perspectiva”.
La iniciativa es impulsada por la senadora Sacnun, que propone convertir los planes sociales que reciben los desocupados en trabajo.
La senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun, candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, presentó el proyecto ley “Programa integral más y mejor trabajo argentino” para convertir los planes sociales que reciben los desocupados y desocupadas en trabajo, potenciando el empleo, incrementando la productividad y el desarrollo económico.
Con ese programa, dijo Sacnun, “vamos a contribuir al sostenimiento y promoción del empleo genuino, impulsar beneficios para las MiPyMEs, cooperativas y actores de la economías popular, favorecer la reinserción en el mercado laboral de trabajadores desocupados y subocupados, afianzar los derechos laborales y la capacitación y formación de los mismos”.
El proyecto de ley contempla el fortalecimiento del empleo, brindando apoyo económico a los trabajadores. “Nuestra idea -sostuvo Sacnun- es promover nuevos puestos laborales incentivando la contratación de trabajadores que reciben programas sociales. Y el empleador deberá pagar al trabajador el salario en su totalidad junto con las cargas sociales y aportes patronales, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que rija la actividad. En tanto el Estado Nacional, a través de los órganos de aplicación, procederá al aporte del monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadores registrados de manera directa y automática”.
Los sujetos beneficiados que se inserten en el mercado laboral por medio del Programa serán los trabajadores y trabajadoras:
a) Que perciban programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen;
b) Que perciban el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia;
c) Egresados de Cursos de Formación Profesional promovidos por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social,
d) Que estén inscriptos en el marco de ferias de empleo;
e) Que hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo.
Por último la senadora Sacnun señaló que “con ese programa vamos a priorizar el arraigo de las poblaciones, la perspectiva de género y diversidades con una mirada federal del territorio nacional y un especial tratamiento de las juventudes”.
“Hoy es un día donde la igualdad, el principio supremo de la democracia, se manifiesta de manera real”, señaló la senadora nacional que busca acceder a la posibilidad de ser reelecta.
La senadora María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca (Frente de Todos), emitió su voto en la Escuela Primaria N°159 “9 de Julio” de la ciudad de Firmat.
Tras emitir su sufragio, la legisladora expresó que “estoy asombrada por la cantidad de gente que está votando tan temprano. El clima está acompañando en toda la provincia de Santa Fe y va a ayudarnos para que la gente participe de este acto eleccionario”. Y agregó: “Es muy importante poder participar, porque hoy es un día donde la igualdad, ese principio supremo de la democracia, se manifiesta de manera real. Todos los votos valen uno y esa es base de la soberanía popular y la democracia”.
La senadora nacional destacó los protocolos puestos en práctica por el Covid-19 durante la votación en la provincia de Santa Fe, al señalar que: “Ello es posible por una campaña de vacunación donde casi el 50 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas ya tienen la segunda dosis de vacuna, lo cual es muy positivo para que la gente pueda concurrir a ejercer su derecho en la urnas”.
Por último señaló que “está en juego el modelo de país y de Nación. Es muy importante que el pueblo se pueda expresar libremente más allá de los posicionamientos políticos para poder garantizar la participación popular en el Congreso de la Nación”.
“Para nosotros es muy importante que Cristina haya defendido la existencia, la viabilidad de la empresa que es lo nosotros venimos sosteniendo”, señaló la senadora.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca del Frente Todos, señaló como muy importante que durante su discurso en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya mencionado la situación por la que atraviesa la empresa Dow Argentina que anunció el cierre de su planta en Puerto General San Martín, en Santa Fe.
Sacnun, que asistió invitada al acto desarrollado en Tecnópolis, sostuvo: “Quiero recordar que el mes pasado constituimos una mesa de trabajo donde estuvimos junto al intendente municipal de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis; el secretario de Industria de la provincia de Santa Fe Claudio Mossuz, el director regional del Ministerio de Trabajo de Nación Cristián Recchio, concejales del bloque oficialista de la ciudad, el secretario de la CGT San Lorenzo Jesús Monzón, las autoridades del SOEPU, Mauricio Brizuela y Juan Cappa, trabajando para evitar el cierre de la fábrica, en el marco de una reestructuración global anunciada para mayo de 2022, la destrucción de 110 puestos de trabajo directos y la pérdida de la producción de insumos estratégicos para la industria santafesina y nacional”.
La precandidata afirmó que “para nosotros es muy importante que Cristina haya defendido la existencia, la viabilidad de la empresa que es lo nosotros venimos sosteniendo. En un proceso de industrialización y sustitución de importaciones estas empresas estratégicas no solo deben preservar los puestos de trabajo sino que deben ser un puntal fundamental para recuperar y poner de pie la industria nacional y el trabajo argentino”.
Sobre el discurso de Alberto Fernández y Cristina, la senadora afirmó que “Hoy quedó claro que la centralidad para nosotros es la política. El Frente de Todos vuelve a poner el foco en el debate de ideas, en cuál es el modelo virtuoso que queremos para los argentinos y argentinas, entendiendo que nuestro proyecto de Nación se concibe con la presencia de un Congreso Nacional que acompañe las decisiones de nuestro gobierno y de los gobernadores y gobernadoras de las provincias, empujando el reverdecer económico y las posibilidades que se abren para nuestro país.
“Hoy Cristina Fernández de Kirchner, nos llamó a que las discusiones se den de cara a la sociedad, a ver la importancia de una forma de gobierno que haga y gestione, como lo venimos haciendo y Alberto Fernández reclamó la independencia del Poder Judicial de todos los poderes, no solamente de los poderes del Estado, sino también de los fácticos. Me siento muy orgullosa de formar parte de este Frente de Todos y de expresar en la provincia de Santa Fe, la voluntad política de seguir haciendo para todas y todos”, finalizó Sacnun.
Los senadores nacionales por Santa Fe, que estuvieron acompañados además por empresarios y representantes del sector privado, analizaron junto al funcionario nacional la reglamentación para el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles.
Junto a empresarios de la Provincia y representantes de las cámaras que nuclean al sector de los biocombustibles de todo el país, los senadores nacionales por Santa Fe Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun comenzaron este jueves con las gestiones ante el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en el marco del trabajo en conjunto que se está llevando adelante para la reglamentación del nuevo marco regulatorio para el sector, sancionado por la cámara alta el pasado mes de julio y que fue promulgado por el Poder Ejecutivo este miércoles.
En ese sentido, al salir del encuentro Mirabella y Sacnun coincidieron en que fue “una importante reunión con el secretario de Energía de la Nación y empresarios del sector del Biodiesel”.
En ese sentido, Sacnun subrayó que “asistimos a esta reunión conjuntamente con mi compañero de banca Roberto Mirabella para poder aportar nuestra mirada, tal como nos comprometimos, en el ámbito de la reglamentación de la nueva ley que acabamos de sancionar y que acaba de ser promulgada”.
Además, compartió que fue “una gran reunión donde pudimos dialogar en torno a la constitución y a la construcción de previsibilidad para el sector pero, además de eso, en los aportes que se pueden realizar con el consejo asesor, que se tiene que conformar de parte de la ley y donde queremos que todos los sectores estén involucrados para poder justamente ratificar este rumbo de una Argentina que industrialice la ruralidad, que genere empleo y que fundamentalmente el agregado de valor en origen sea parte de un destino de sustitución de importaciones que nos haga un país industrial”.
“Campo e industria de la mano”, resaltó.
En tanto, el senador nacional Roberto Mirabella destacó la importancia de que “podamos estar dialogando con el sector empresario, con el secretario Martínez, que podamos hacer una mesa de trabajo para la nueva reglamentación de la ley”.
Mirabella sostuvo también que “todo el sector de los biocombustibles en Argentina es hijo de aquella ley del año 2006-2007 impulsada por Néstor Kirchner” y remarcó que “la provincia de Santa Fe es líder en Argentina la producción de biodiesel”.
“Es un sector que genera mucha mano de obra y muchas divisas para el país por el nivel de exportaciones que ha tenido y también por el desarrollo que ha tenido en el consumo interno en los cortes de las naftas a partir de los combustibles fósiles”, completó.
Participaron del encuentro Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA); Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Hilarión Del Olmo, presidente de Explora S.A; y Tomás Lorda, vicepresidente de Energías Renovables SA. Además, estuvieron Diego Roger, director de Biocombustibles y Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización.
“Le ponemos rostro humano a la política”, señaló la senadora tras participar de una reunión con el ministerio, el gremio y delegados de los trabajadores.
La senadora María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste Blanca en la provincia de Santa Fe, participó este miércoles de una reunión junto el director Regional Centro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), Cristian Recchio; con el secretario General de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, Luis Battistelli; la prosecretaria General, Silvana Crocci, y delegados de los ex trabajadores de la empresa Falabella, sucursal Rosario.
En dicha reunión se comunicó la resolución ministerial que dispone que los exempleados de Falabella cobren el fondo de desempleo con los aportes previsionales correspondientes y la obra social, al que no podían acceder por haber suscripto un retiro voluntario entre la empresa y el gremio. Dicho fondo lo cobrarán hasta el momento que puedan reinsertarse en el mercado laboral a través de los distintos programas de empleo que el Ministerio de Trabajo ofrece a nivel nacional.
Tras el cierre definitivo de la empresa Falabella SA en la ciudad de Rosario, quedaron sin empleo 190 trabajadores, y a través de la Dirección Regional Centro del MTEySS, y de la gestión de la senadora nacional Sacnun con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se buscó dar posibles soluciones para su pronta reinserción laboral.
En ese sentido la senadora Sacnun, señaló que “para nosotros es muy importante poder estar cerca de los trabajadores, articulando con el gremio para buscar soluciones para los empleados y empleadas de Falabella para incluirlos laboralmente en la Argentina, explicó la senadora y agregó: “Estamos convencidos que el Gobierno de Alberto y de
Cristina vino para volver a convertir el trabajo en el gran ordenador social y nosotros queremos ser instrumentos para poder obtener soluciones concretas para ellos. Llegamos a esto porque ha habido una tarea muy importante, tanto desde el sindicato de Empleados de Comercio como desde el Ministerio de Trabajo de la Nación con la intervención, no solamente del ministro Claudio Moroni, sino también de Cristian Recchio como director regional”.
Y luego explicó que el acuerdo era fundamental para “poder arribar a algún tipo de inclusión de los trabajadores en el momento en que se produce la desvinculación, porque parecía que lo único importante era el inmueble que, por supuesto es importante, y hay que darle una revalorización al centro de la ciudad, pero lo fundamental son los trabajadores”.
“Tenemos que ponerle rostro humano a la política y eso es revalorizar lo que les pasa a las personas, su situación, los padecimientos y en este caso eran los trabajadores, así que en el día de hoy estamos haciendo entrega de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante la cual, a los trabajadores se les va a pagar el fondo de desempleo”, celebró y agregó: “Esto les dará una continuidad de ingresos hasta tanto se puedan reinsertar en el mercado laboral y además, se los convierte en sujetos de todas las políticas de inclusión, de capacitación de todos los programas con que cuenta el Ministerio de Trabajo de la Nación”.
“Además hicimos la gestión para que todos los trabajadores puedan hacer el trámite el mismo día, de manera que puedan acceder rápidamente al beneficio”, amplió y consideró que “nuestro rol como legisladora es trabajar para que haya leyes en beneficio de la comunidad pero también que esas leyes se hagan verdaderamente efectivas y ayuden a apalancar un momento en el cual tenemos que trabajar en pos de la reconstrucción económica, del tejido social y laboral de la Argentina, en consonancia con lo que viene planteando el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, junto al gobernador Omar Perotti”.
Finalmente, consultada por la lista que encabeza junto al gobernador santafesino, Sacnun señaló que “nos sentimos muy satisfechos porque recibir el apoyo del presidente (Alberto Fernández), nos reconforta y es un incentivo para tratar de llegar al 12 de septiembre con un importante apoyo comunitario, con una lista que expresa el equilibrio territorial y que permite tener una diversidad desde el punto de vista de representación de la provincia que muestra cómo queremos seguir trabajando para adelante”.
La actual senadora nacional que buscará renovar su banca se metió de lleno en la disputa interna del Frente de Todos en Santa Fe. “Defender los intereses de Santa Fe es defender la pertenencia a un proyecto nacional”, sentenció. Suenan los teléfonos del Ministerio de Defensa.
La senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), quien aspira para renovar su banca, junto a Marcelo Lewandowski como precandidatos a la Cámara alta por Santa Fe, participó este miércoles junto al gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.
En ese marco, le envió un mensaje político a sus rivales en la interna del FdT en Santa Fe, Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quienes desoyeron el pedido de la Rosada de que no haya competencia y presentaron igual una lista propia rompiendo la unidad.
Sobre la lista que integra, Sacnun consideró que “es un conjunto de expresiones políticas de la provincia recreando ese frente plural que nos permitió recuperar los gobiernos nacional y provincial”.
“Defender los intereses de la provincia es tener en cuenta la importancia estratégica que tiene, que Santa Fe forme parte de un proyecto nacional. No hay posibilidad de defender los intereses santafesinos sin estar insertos en un proyecto nacional”, destacó.
En esa línea, agregó: “Lo vimos durante los cuatro años de gobierno de (Mauricio) Macri cuando perdimos empleo, posibilidades y nos arrastraron a la pobreza por decisiones políticas que se tomaron en Nación”.
Sobre la interna del Frente de Todos en territorio santafesino, Sacnun manifestó: “Creo que es un aporte desde distintos espacios del Frente de Todos intentando mantener una mirada de construcción política plural y diversa, como fue la de la conformación del Frente”.
“Una reconfiguración política que se llevó adelante como consecuencia de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, a los fines de enfrentar las consecuencias de las políticas neoliberales de Macri”, definió.
Aseguró que “de la misma manera nos pareció importante que, en esta etapa de elecciones intermedias, podamos recrear con ese mismo concepto político, el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe”.
“Marcelo Lewandowski es una expresión política del espacio Encuentro Santafesino que lidera María Eugenia Bielsa. Mi caso, una expresión ligada a la posición política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Roberto Mirabella que es el precandidato a primer diputado nacional y actual senador, en reemplazo del Gobernador Omar Perotti en la Cámara alta”, señaló la legisladora santafesina al mostrar la diversidad de sectores en el FdT.
Finalmente, Sacnun aseguró que “hoy estamos frente a otra realidad: el Gobierno de Alberto (Fernández) y Cristina han reactivado obras estructurales para la provincia como rutas nacionales, gasoductos, las infraestructuras portuarias”.
El ministro de Defensa irá acompañado por la actual vicegobernadora. Sacnun estará en la otra lista, en la que jugaría también el propio Omar Perotti. De todos modos, siguen los rumores diversos.
A pesar de gobernarla el oficialismo, Santa Fe es una de las provincias más complicadas para el Frente de Todos. Porque las encuestas no le dan bien y por lo mucho que se define en esta elección, pues esta es una de las provincias donde eligen senadores. Y allí el Gobierno nacional defiende dos bancas, nada menos.
Por eso la preocupación por encontrar los nombres adecuados, y las negociaciones que se desarrollaron hasta el final. A priori, estaba claro que Omar Perotti tenía como preferido para al actual senador Roberto Mirabella, quien dicho sea de paso lo reemplazó en la Cámara alta cuando fue electo gobernador, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner pugnaba porque María de los Angeles Sacnun fuera reelecta.
Pero ante el peso de las encuestas, creció fuerte la posibilidad de apelar al ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien finalmente fue confirmado como precandidato a senador nacional, acompañado por la vicegobernadora actual, Alejandra Rodenas. Ella misma se ocupó de anunciarlo el viernes al postear una foto suya con el actual funcionario radical, con este texto: “Nos unimos para frenar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe”. No obstante, paralelamente al anuncio crecieron los rumores.
Pero no habrá lista única. Por el contrario, el gobernador santafesino propondrá una lista propia que estará encabezada para el Senado por Marcelo Néstor Lewandoski, actual senador provincial por Rosario, quien será secundado por la senadora Sacnun.
Roberto Mirabella encabezará a su vez la nómina para diputados nacionales, en esa lista. El gobernador Omar Perotti irá como candidato a senador suplente. No para asumir eventualmente, sino para expresar que esa es la lisa que él promueve, en la interna que tendrá contra su histórico rival Agustín Rossi y su propia vicegobernadora.
Con todo, las versiones cruzadas seguían este sábado, especulándose con la posibilidad de que el ministro de Defensa terminara bajando su candidatura. Se sabe que le había ofrecido a Perotti poner a Mirabella primero en su lista para diputados, pero al cierre de esta edición nada estaba confirmado.
La senadora nacional destacó la “predisposición” del ministro de Desarrollo Territorial para trabajar en conjunto con los municipios de su provincia.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, encabezaron este martes una reunión con intendentes de las localidades santafesinas de Cañada de Gómez, Las Parejas, Pérez y Villa Constitución.
Durante el encuentro, los funcionarios evaluaron la demanda habitacional en cada municipio y dialogaron sobre la articulación entre el Gobierno nacional y los municipios de cara a la elaboración de proyectos de obras de viviendas, infraestructura y hábitat.
En ese sentido, la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Maris Clérici, firmó un convenio con el ministro Ferraresi para finalizar 10 viviendas cuyas obras habían quedado paralizadas. Se hará mediante el programa Reconstruir que impulsa el Ministerio de Desarrollo Territorial y la inversión nacional en ese caso será de más de $19 millones.
“Estamos muy contentos porque durante muchos años a Cañada de Gómez no le destinaron fondos para la construcción de viviendas. Hoy nos llevamos el convenio para finalizar 10 que estuvieron paralizadas durante casi 8 años y que serán destinadas a empleados municipales”, expresó la intendenta luego de la reunión, a la que calificó como “muy buena”. Además, Clérici suscribió otro convenio para construir 24 viviendas a través del programa Casa Propia por un monto superior a los $102 millones.
Por su parte, Sacnun destacó “la buena predisposición del ministro para trabajar en conjunto con los municipios santafesinos y ponerlos al tanto de cómo están avanzando los distintos programas de vivienda y hábitat en Santa Fe y el resto del país”, y señaló: “hay una decisión política del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que se acompaña de un ministerio que ejecuta las directivas de estas políticas nacionales que son tan importantes para acceder a un derecho constitucional y poder garantizar que se multiplique la economía, que trabajen las Pymes locales y todo impacte en una mejor calidad de vida del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas”.
Ferraresi, mientras tanto, afirmó: “Para poder garantizarles a las familias argentinas la posibilidad del acceso a una vivienda digna es muy importante el trabajo coordinado con los gobiernos locales, porque será junto a ellos con quienes podremos transformar las ciudades inequitativas en nuestro país, planificando y ordenando el uso del suelo, contribuyendo al equilibrio territorial de las diferentes regiones y municipios, y proyectando la construcción de ciudades más justas”.
Del encuentro, que se desarrolló en dependencias del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron también los secretarios de Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, los intendentes de Las Parejas, Horacio Compagnucci; de Villa Constitución, Jorge Berti, y de Pérez, Pablo Corsalini, además de representantes del sindicato de trabajadores municipales rosarinos.
En su despacho de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete dialogó con legisladores del Frente de Todos, en vísperas de su visita para dar un informe en la Cámara alta.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, recibió en su despacho de la Casa Rosada a los senadores José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos; Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos; Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, con quienes repasó la agenda legislativa.
Durante la reunión de trabajo, analizaron el tratamiento que se llevará adelante este miércoles en la Cámara de Senadores, referido al proyecto de ley que posterga por un mes las elecciones legislativas y la modificación al impuesto a las Ganancias de sociedades.
Asimismo, dialogaron sobre la presentación del informe de Gestión que brindará Cafiero ante la Cámara alta, que tendrá lugar este jueves a las 14.
El jefe de Gabinete se disponía a elevar su informe escrito, en el que responde las 1160 preguntas realizadas por los legisladores del oficialismo y la oposición, convirtiéndose en el informe más extenso realizado ante la Cámara alta en la historia de la Jefatura de Gabinete.
Para la senadora santafesina, la Corte asimiló a CABA como una provincia y le quitó facultades al presidente.
“Es tremendo el nivel de avasallamiento por parte de la justicia en cuestiones que son netamente políticas. La Corte Suprema dicta un fallo, por vía remota (porque ellos sí se están cuidando del Covid) que desde mi punto de vista es un fallo que no se ciñe a derecho”, sostuvo la senadora nacional María de los Angeles Sacnun, al opinar sobre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia avalando el dictado de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La legisladora santafesina consideró que no se tuvo en cuenta “la realidad social que atravesamos. Esperaba que la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, pusiera un halo de sentido común frente a la utilización que está haciendo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de una cuestión tan relevante como lo es la salud pública”.
“No me sorprendió este fallo, aunque uno siempre espera que en la República Argentina el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. En este caso, prácticamente han asimilado al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a una provincia y le ha quitado, incluso frente a la emergencia sanitaria con ley del Congreso mediante, facultades al presidente de la Nación para tomar definiciones políticas frente a la emergencia. En este caso podríamos decir que estamos frente al gobierno de jueces, a los que nadie votó por encima de los que han sido elegidos”, aseguró Sacnun.
En una declaración pública, la senadora santafesina enfatizó que “el Poder Judicial de la Nación y en este caso la Corte Suprema de Justicia se está arrogando facultades que no le otorga la Constitución Nacional. Las cuestiones jurídicas las podemos discutir, pero acá estamos hablando de cuestiones netamente políticas, estamos hablando de decisiones de Gobierno, tendientes nada más y nada menos, que a preservar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas”.
“Hoy advertíamos, a través de un hilo de Twitter de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que el Senado de la Nación ha sido intimado el pasado 30 de abril, por la Cámara de Nacional de Apelaciones de CABA para que legislemos en materia de pandemia. Lo único que nos falta es que los jueces, a los legisladores nacionales o al presidente de la Nación, nos den indicaciones de cuáles son las leyes o las políticas de Estado que tenemos que ejecutar”, afirmó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.
Sacnun señaló además que “estamos frente a una gravedad institucional muy importante, en un momento donde necesitamos que todos los poderes del estado estén trabajando en consolidar una política de estado tendiente a cuidar la salud de argentinos y argentinas, y fundamentalmente preservar un sistema de salud que debe funcionar”.
Por último, la senadora Sacnun expresó que “la Corte Suprema no dijo nada cuando se degradó al Ministerio de Salud de la Nación a secretaría de Estado, cuando se recortaba, desde el Gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto en materia educativa, cuando se cerraban escuelas, ni cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitaba la matrícula para el ingreso a la Educación Pública. La verdad es que esta Corte nunca se ha expedido en favor del pueblo argentino, y cada vez que lo hace, es en beneficio de los poderes más concentrados y en este caso de quienes representan a estos poderes, porque evidentemente se ha lanzado la campaña electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación forma parte de esa campaña electoral”.
Se trata de un proyecto impulsado por la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun, para crear una bicameral de seguimiento.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron este jueves de manera remota para tratar el proyecto de ley de la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT-Santa Fe) que propone crear la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina en el marco del vencimiento de la concesión de la vía navegable a Hidrovía SA. Al cabo del encuentro, el dictamen pasó a la firma.
La autora del proyecto aclaró en primer lugar el error de usar la denominación Hidrovía por ser un concepto “acotado y que se vincula con los parámetros de las políticas del consenso de Washington”, y precisó que “Sistema Troncal de Navegación es la verdadera terminología que debiéramos aplicar”. A continuación, argumentó la importancia del proyecto al asegurar que “creemos y consideramos que es importante que no releguemos la función que tiene el Parlamento de la Nación en cuanto al control del sistema de navegación troncal y del sistema de Hidrovía”.
En el mismo sentido, agregó que “es importante que el Parlamento no delegue estas facultades y que ejerza el contralor”. La senadora santafesina insistió en que “en realidad lo que estamos discutiendo es un proyecto de nación, un proyecto de país, es cómo se van a desarrollar las economías regionales, cómo vamos a controlar el comercio exterior en la República Argentina”.
“El Estado debería tener control de las mercaderías que ingresan y salen del país” porque muchas veces “se cometen delitos como contrabando, evasión fiscal, trata de personas, narcotráfico”, aseguró la legisladora oficialista. Respecto de Santa Fe, opinó que esto “impacta directamente en nuestra economía y en nuestra forma de vida y en la criminalidad que afecta a mi provincia”.
En cuanto a la comisión bicameral, estaría conformada por doce miembros, seis senadores y seis diputados y la aplicación del reglamento para funcionar sería el de la cámara de quien se elija como presidente. El objetivo para Sacnun sería “poder citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales, al sector privado vinculado al desarrollo del comercio, al desarrollo de la producción agropecuaria, a los trabajadores”.
“El propio ministro de Transporte de la Nación hizo expresa mención a la importancia de que exista una comisión bicameral, que el Congreso de la Nación pueda tener participación, con lo cual realmente me parece que es fundamental que podamos avanzar hoy mismo en un dictamen positivo”, argumentó. “Este es uno de los grandes temas, de las grandes causas que van a atravesar la discusión respecto de la soberanía nacional”, sostuvo la senadora.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Deporte del Senado, María Teresa González (FdT-Formosa), apoyó la iniciativa de Sacnun y opinó que “va a marcar un antes y un después en cuanto a la gestión y al seguimiento de este tema tan fundamental que atañe a una gran mayoría de las provincias de nuestra República Argentina” y que “es uno de los puntos fundamentales que tienen los gobernadores del Norte Grande en su agenda”.
A su turno, el senador Jorge Taiana (FdT-Buenos Aires) procuró hacer un balance sobre la concesión anterior y señaló que “en ese período se ha desarrollado mucho el comercio y el tráfico en el Río Paraná” pero que “al mismo tiempo ha mostrado limitaciones. Una de esas limitaciones es que se nos ha transformado en una especie de embudo” porque “ha hecho que buena parte de la carga vaya hacia el puerto Montevideo y eso tiene un costo de varios días de espera, que es dinero, y tiene unos ingresos de unos 150 millones de dólares por año para el Uruguay”.
Taiana señaló que “por esa vía troncal pasan más de 4000 barcos y sale el 75% de nuestro comercio exterior, es una zona que tiene una riqueza y un potencial extraordinario y por eso este es un debate que la Argentina debe darse y sin embargo ha estado fuera de la agenda pública”. Asimismo, detalló que “a pocos días del fin de la concesión todavía hay muchos interrogantes que no tienen respuesta como por ejemplo qué vamos a hacer con el trazado de la vía, vamos a ir por el Paraná de las Palmas, vamos a fortalecer el Paraná Guazú, cómo vamos a hacer para desarrollar el puerto de Ibicuy. Tampoco se han realizado los estudios batimétricos ni ambientales y no hay una propuesta clara sobre la traza ni sobre el cobro del peaje ni sobre los mecanismos de control. Hasta ahora todo es un misterio”, remarcó.
A su turno, el radical Víctor Zimmermann sugirió incluir un agregado en el artículo 2°, que -dijo- tiene que ver “con el objeto” de la comisión, porque explicó que “si bien ahí está establecido claramente todo lo que tiene que ver con la transición, concesión y el tema de la licitación, me parecería muy importante que pudiéramos agregar la cuestión del desarrollo regional, la integración y la oportunidad que tendremos todos, no solamente los del norte, sino todo el país, con respecto al desarrollo productivo”.
Es así que el senador chaqueño señaló que el artículo en cuestión dice que “la comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del sistema de navegación troncal”. Y ahí es donde pidió agregar “de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones”. Y más adelante, dondeese mismo artículo dice “y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte”, Zimmermann pidió agregar “la integración, el desarrollo económico y el crecimiento productivo”. Con lo cual, dijo estar incorporando lo que previamente habían dicho los senadores Ernesto Kueider y Jorge Taiana “y todos los que vemos como una oportunidad el desarrollo que tiene que ver con la hidrovía”.
Por otra parte, el senador radical preguntó sobre el artículo 3°, referido a la integración, donde se habla de 6 diputados y 6 senadores. “Las provincias que suscribimos somos siete, por eso pregunto cómo tienen pensada esa integración, para que ninguna provincia quede fuera”.
La senadora Sacnun aceptó “de buen grado” el planteo referido al artículo 2°, que consideró “absolutamente correcto”, por cuanto dijo que “se compadece” con lo que allí se expresa, y “no está de más incorporarlo dentro del objeto de la comisión bicameral”. Con relación a la composición de la comisión, dijo que habían tomado un formato correspondiente a las bicamerales. Estimó que al haber doce legisladores “la representación provincial queda ampliamente completa” y agregó que “ese equilibrio territorial clarametne se puede alcanzar con esta conformación de miembros que estamos proponiendo”. Luego apuntó que son siete las provincias ribereñas, pero consideró que todas las provincias deberían tener representación, por cuanto “estamos hablando del desarrollo de la Nación”.
Fue en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que fueron ratificadas sus autoridades.
Tal cual lo previsto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ratificó este jueves por unanimidad a sus autoridades, con lo que continúa en la presidencia María de los Ángeles Sacnun (FdT-Santa Fe), en la vicepresidencia Laura Elena Rodríguez Machado (JxC-Córdoba) y en la secretaría Alberto Edgardo Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). En cuanto a la agenda de trabajo, la modalidad seguirá siendo por videoconferencia y con modalidad flexible para establecer días y horarios.
Trascartón, Sacnun puso en tratamiento el proyecto de ley que suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos para su funcionamiento operativo en el marco de la declaración de pandemia emitida por la OMS (DAE 137/2020).
“De ninguna manera será aplicable esta disposición en aquellos casos donde los partidos políticos, pese a la pandemia, hayan iniciado su proceso de internas y establecido su cronograma electoral, porque de ninguna manera la intención es obturar el proceso de debate interno y de democracia interna de los partidos políticos sino, por el contrario, garantizar que tengan continuidad en cuanto a sus autoridades”, señaló la presidenta de la comisión.
El senador Juan Mario Pais también defendió el proyecto al sostener que “es necesario legislar en materia de prórroga de mandatos, de suspensión de caducidades, máxime que tenemos un año electoral. Es impostergable darle dictamen a esta norma y darle pronta sanción. Es una forma de contribuir a la vida democrática de Argentina” y al afirmar que “los partidos políticos que son sujetos fundamentales y necesarios en la sociedad, necesitan de un dispositivo legal que los ampare adecuadamente”.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado adelantó el apoyo de Juntos por el Cambio a la medida y resumió los dos principales obstáculos con los que se encontraron los partidos políticos: la afiliación personalmente y la elección de autoridades, aunque en algunos lugares sí se han permitido los procesos electorales.
Los senadores coincidieron en la necesidad de hacer circular el dictamen para su firma con el objetivo de que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto en la próxima sesión.
A través de la norma en tratamiento se prorrogarán los mandatos de las autoridades en los partidos políticos hasta el 31 de diciembre de este año, sin sanciones, aunque se dejó en claro que aquellas fuerzas que ya tengan un proceso interno fijado “continuarán hacia su realización”, sin modificaciones.
Durante el debate, el cordobés de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez planteó la ausencia en el proyecto del aspecto “económico-financiero” de los partidos políticos, referido a “las cuentas” de los mismos.
“En Argentina hay blanqueo y moratorias para todos pero para los partidos políticos jamás y esto me parece una injusticia sustancial que debe repararse. Los partidos políticos son parias frente a un sistema económico que siempre soluciona sus problemas mientras que los partidos políticos son permanentes objetos de impugnaciones”, subrayó Martínez.
La postura del cordobés fue respaldada de inmediato por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por lo que la presidenta de la comisión le solicitó a Martínez que envíe un borrador con la sugerencia a incorporar al proyecto, a fin de ver la posibilidad de agregarlo para el momento en que se trate el tema en el recinto.
Finalmente se dio lectura a las notas recibidas por la presidencia de la comisión y sus respectivas respuestas a las mismas referidas al pedido del senador Luis Naidenoff para que se convoque al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que informe sobre el supuesto vacunatorio VIP en el ministerio de Salud y la falta de vacunas, y sobre la solicitud de designar cónsules y vicecónsules realizada por las senadoras Rodríguez Machado y Silvia Giacoppo.
María de los Angeles Sacnun propuso la creación de una comisión de seguimiento y control de la licitación y funcionamiento de dicho emprendimiento.
Un proyecto de ley presentado por la senadora nacional por la provincia de Santa Fe María de los Angeles Sacnun prevé que la comisión a crearse en el ámbito del Congreso tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del Sistema de Navegación Troncal, y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte fluvial.
La iniciativa de Sacnun, propone que dicha comisión, integrada por 6 senadores y 6 diputados, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara legislativa, pueda solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales.
Tendrá la facultad de citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, como así también a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía. También podrá requerir información vinculante a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.
El propósito, señala la senadora Sacnun, será elaborar informes con propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones a seguir, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente, auditando las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía, ejerciendo el contralor del proceso licitatorio.
Sacnun, recordó que “Como es de público conocimiento, se aprobó por unanimidad una petición de mi autoría el 25 de noviembre del año pasado, previendo la celebración de una Audiencia Pública en el marco de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este cuerpo, para conocer detalles sobre diversos aspectos de la licitación del Sistema de Navegación Troncal de la Argentina previéndose escuchar las voces de todos los sectores y niveles gubernamentales, así como representantes del Movimiento Obrero Organizado y de la Sociedad Civil”, sostuvo la legisladora santafesina.
“En dicha oportunidad fundamenté mi iniciativa y destaqué la relevancia que tiene la Hidrovía, considerando importante que el Senado de la Nación pueda generar una plataforma de debate, de diálogo respetuoso en torno a una de las grandes políticas de Estado que tenemos que poner en la agenda de la República Argentina, aportando una mirada federal y con perspectivas de arraigo y desarrollo” destacó.
Luego de participar del primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía celebrado este lunes en la ciudad de Rosario, la senadora Sacnun, obtuvo el acompañamiento de sus pares de bancada al proyecto presentado, entre ellos, de los senadores Carlos Caserio, Beatriz Mirkin, Silvia Sapag, María Inés Pilatti de Vergara, Oscar Parrilli, Ana Almirón, María Ianni, Jorge Taiana, Norma Durango, Cristina Valverde, Silvina Larraburu, Alfredo Luenzo, Sergio Leavy, Eugenia Catalfamo y Nora Giménez.
Para la senadora oficialista, generará “un doble impacto” en Santa Fe.
“Queremos que Santa Fe sea una de las grandes beneficiarias del plan de viviendas dignas” que lanzó el Gobierno Nacional, sostuvo la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, durante el acto de adhesión de la provincia al Fondo Nacional Solidario de Vivienda y al Programa Casa Propia – Construir Futuro que tuvo lugar en Casa de Gobierno, en la capital provincial.
Sacnun destacó lo que significa un plan de viviendas para el país y que para la provincia de Santa Fe “genera un doble impacto: el derecho de acceso a la vivienda de miles de familias y la decisión política del gobierno de crear un ministerio de la vivienda que tiene que ver con el arraigo, con el uso del suelo, con la urbanización y con crear empleos”, dijo la legisladora santafesina.
La legisladora santafesina también remarcó el efecto económico que genera el plan de viviendas del gobierno nacional en cada una de las provincias argentinas, que “en el caso de Santa Fe implica construir, en una primera instancia, unas 4.500 casas y una inversión de 7.800 millones de pesos para el Plan Procrear con más de 12.000 beneficiarios sorteados, que generará empleo y activará la economía santafesina”.
Finalmente reflexionó acerca de la posibilidad de que los sectores medios y populares puedan acceder a la vivienda y que las paguen con un porcentaje de sus ingresos. “Esto significa un cambio copernicano en la política habitacional y del modelo económico del Gobierno de Alberto Fernández”, remarcó.
El acto fue encabezado por el gobernador, Omar Perotti, y estaban presentes el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la Senadora Nacional santafesina, María de los Ángeles Sacnun, el secretario de Hábitat, Vivienda y Urbanismo de la provincia, Amado Zorzón, la Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, Magdalena Sierra, la Vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, la Diputada nacional por Santa Fe, Patricia Mounier, el presidente del PJ de Santa Fe y Diputado provincial Ricardo Olivera, además de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, intendentes y presidentes comunales, que participaron vía zoom, del encuentro organizado por el gobierno santafesino.
El secretario de Energía de la Nación recibió a la senadora santafesina, quien le presentó su proyecto para desarrollar el sector.
La senadora María de los Angeles Sacnun fue recibida en la Secretaría de Energía de la Nación, por su titular, Darío Martínez, a quien le presentó una propuesta para impulsar el desarrollo del sector de los biocombustibles.
Sacnun señaló que en el encuentro planteó que “es fundamental volver a poner eje en el fomento y la potenciación de los biocombustibles en términos de sus contribuciones y ventajas y agregó que “estamos en contacto permanente con los trabajadores y trabajadoras y las cámaras del sector trabajando para el desarrollo de las economías regionales de todo el país y para mi provincia de Santa Fe donde tenemos que cuidar los puestos de trabajo y a las pequeñas y medianas empresas”.
La senadora santafesina, autora de la prórroga de la Ley 26093 que tiene media sanción del Senado, dijo que “esta ley, que nació durante el gobierno de Néstor Kirchner, es una pieza clave en el desarrollo energético y federal de la Argentina”.
“Los biocombustibles suman al autoabastecimiento energético, sin por ello dejar de lado ninguna fuente energética, y al mismo tiempo, crean nuevos productos y nuevas industrias y en el marco de la situación pandémica, la industria también brinda un aporte sanitario, dijo Sacnun.
Y finalmente agregó: “Estamos trabajando intensamente para poner en marcha una necesaria industrialización de la ruralidad en cabeza PyME, generando empleo de calidad, arraigo y fomentando el desenvolvimiento de las economías regionales. Para eso es necesario tomar urgente medidas por la situación en que se encuentra el sector”.
En el marco de un plenario de comisiones en el que se puso en discusión el carácter o de “provincia” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pasó a la firma el dictamen del proyecto vuelto en revisión desde Diputados.
Dos días después de haberse aprobado en Diputados el proyecto que reduce los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió este jueves bien temprano un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar las modificaciones que en la Cámara baja se hicieron.
El debate de este jueves fue más allá de la cuestión puntual de las modificaciones planteadas por Diputados, sino que evolucionó incluso hacia planteos sobre si CABA puede o no ser considerada una provincia. Como sea, más allá de la discusión que se extendió por más de dos horas, a la postre se pasó a la firma el dictamen para dejar el proyecto listo para ser debatido en el Senado la próxima semana. Aceptando el mayoritario oficialismo las modificaciones propuestas, para dejar el proyecto en condiciones de convertirlo en ley la próxima semana, habida cuenta del número que ostenta el Frente de Todos.
Está en discusión puntualmente el proyecto de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016. La reunión arrancó a las 8.07, con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, anunció el regreso a ese seno de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien por cuestiones personales había sido reemplazada brevemente por la senadora Ana Almirón, en tanto que la presidenta de Asuntos Constitucionales habilitando el ingreso de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri por Luis Naidenoff.
La propia Sacnun detalló a continuación las modificaciones planteadas en el seno de la Cámara baja, con un artículo 2° donde se incorpora un período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional puedan iniciar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar la emisión de la opinión técnica en cuanto a los montos requeridos, como también se establecen las facultades de la CFI para que intervenga en el proceso de acuerdos. “La Comisión Federal de Impuestos tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, detalló, puntualizando que “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.
El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.
A su turno, el senador Caserio aclaró que la comisión que él preside no tenía nada que analizar en tanto no surgieran de las negociaciones qué iban a hacer en cuanto a los fondos. “Lo único que queda es esperar los 60 días y ahí se verá o no si existe un cambio de presupuesto”, señaló.
Intervino entonces el senador Martín Lousteau, quien recordó que el fondo de la cuestión ya había sido debatido en profundidad oportunamente, con expositores que “dejaron muy claras algunas cosas”, tales como que “esto que se hace con la Ciudad no afecta la distribución secundaria, pero sí la coparticipación. De la misma manera que el mecanismo que se usa para detraer fondos es inconstitucional”, razón por la cual la Ciudad fue a la Justicia.
“Llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación, que se debería haber abierto antes y no se abrió. ¿Por qué se abre ahora un proceso que involucra al CFI? Porque la unilateralidad del Gobierno nacional con la Ciudad solo tuvo un freno a la hora de conseguir quórum y votos, que hizo que otros actores exigieran esto”, señaló el senador porteño, recordando a continuación lo que dijeron los miembros de la Comisión Federal de Impuestos cuando pasaron por ese ámbito: el presidente del CFI, recordó, que ese organismo solo se limita a controlar la efectiva distribución de la recaudación de los montos fijados por los decretos; el vicepresidente dijo que no les correspondía emitir opinión, y su director ejecutivo aclaró que la facultad y competencia del CFI es para “controlar, pero una sola jurisdicción no les puede dar esa competencia, porque son un órgano supraestatal y suprafederal. “Todas las decisiones son de los 25 integrantes y no de uno solo”, aclaró.
Así las cosas, Lousteau concluyó que se llegó a esta situación “no por espíritu de negociación, sino que se hace porque un grupo de diputados exigió que exigiera una mímica de negociación, por eso se incluyó al CFI”. Y agregó: “No entiendo cómo ahora el CFI va a decidir estas cuestiones o va a tener una posición diferente”.
Para el senador de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mostró esa “falta de negociación”, como así también “cómo se le siguen detrayendo recursos a la Ciudad en medio de la pandemia, cuando perdió el 20% del presupuesto por la pandemia… No solamente no existió esa voluntad de dialogar desde el principio, sino que además, mientras se invita a negociar, se siguen descontando 150 millones de pesos por día. Mientras se trata que la Ciudad de Buenos Aires firme un consenso fiscal en el cual retira sus demandas presentes y futuras, cuando le acaban de sacar la plata en el medio de la pandemia. Así que esto que viene de Diputados, que altera la media sanción increíble que se dio en nuestro seno, no tiene variaciones reales”.
Recordó a continuación que este conflicto se inició con un conflicto en la provincia de Buenos Aires con su policía, que se hubiera solucionado si por ejemplo “coparticiparan el impuesto PAIS, si coparticiparan la emisión, el impuesto inflacionario… Y ni siquiera tendrían que reclamar nada si entre 2003 y 2015 se hubieran dignado a actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que a valores de hoy equivaldrían a 52 mil millones de pesos”.
“Esa plata que la Provincia no tiene equivale a un presupuesto y dos meses de la provincia de Buenos Aires”, agregó, puntualizando luego que “la provincia de Buenos Aires estuvo ampliamente gobernada por peronistas, en ciclos de gobiernos peronistas, y en el 94 les transfirieron la salud y la educación a las provincias sin transferirles los fondos. Es evidente que cuando hay gobiernos que dicen que son federales, en el fondo terminan concentrando los recursos en el Gobierno nacional para poder someter a las jurisdicciones”.
“Lo que tiene que haber es una verdadera negociación, y eso no estuvo en el ánimo del Gobierno, sino que hay que debilitar a una jurisdicción y a un gobernador que no es afín a ustedes y de hecho tiene una alta popularidad”.
A continuación, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri ratificó que a juicio de la oposición no había “ninguna modificación”. Y comparó lo sucedido en el ámbito de las deliberaciones que hubo sobre ese tema con lo que sucedió con las modificaciones al Ministerio Público: lo expuesto en las audiencias, “no se incorpora, no se considera. Si hubiera sido una negociación, la podríamos haber hecho acá. Se hizo con el espíritu de conseguir los votos que no tenían… Hacen como que se modifica algo, pero no se modifica nada. Nos invitan a negociar mientras la quita sigue diariamente”.
“A la única provincia que le quitan fondos en lugar de ayudarla en pandemia es a la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la senadora porteña, que consideró “erróneo” el cálculo sobre el que se estimó la suma que se le dará a la Ciudad. Y además, dijo, “nos ponen un árbitro que no es imparcial, porque ya se han manifestado, porque además conforman parte de las provincias que también están en dificultades económicas (…) Ponen a la Ciudad de Buenos Aires en situación de ir a negociar la voluntad política del funcionario político para negociar el dinero. Así tuvo que hacer (Daniel) Scioli con (el ministro de Economía Axel) Kicillof, que no le giraban los fondos, que era la forma de extorsionarlo, de ponerlo de rodillas”.
Y en ese marco alertó que hay diputados que han planteado que “la autonomía es reversible. ¿Hasta tanto se puede llegar? La verdad, en el medio de la pandemia hemos ofrecido trabajo conjunto, gestión, planificación, y la devolución es asalto a mano armada y que la autonomía es reversible. No entiendo cómo en el Senado podemos considerar que ese es un comentario menor y no estamos indignados”.
María de los Angeles Sacnun respondió la acusación de Lousteau, que habló de “una especie de extorsión”, señalando que los cambios hubieran sucedido porque de lo contrario no se hubiera votado el proyecto en Diputados. “Ese es el trámite parlamentario, forma parte del proceso de elaboración y formación de las leyes para lograr las mayorías requeridas, no veo qué es lo negativo”, repuso la senadora santafesina.
En cuanto a la cuestión de “inconstitucionalidad”, dijo que la misma “la podemos advertir en el decreto del expresidente Mauricio Macri que de un plumazo aumentó del 1,40 a 3,75%, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. Debiera haber fundado en todo caso eso, no lo hizo. Se celebró un convenio que nunca fue ratificado por el Parlamento de la Nación, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución. Esto se subsana con la media sanción que le dimos a esta norma”.
En otro pasaje Sacnun fue enfática en la cuestión de no asimilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias. “Encuadremos correctamente, no estamos hablando de convencionalidad, sino de aprobación del Congreso en cuanto a que este convenio que han celebrado las partes nunca había sido sometido al Congreso”, apuntó, como así también que el artículo 2 establece que el CFI va a tomar intervención a los efectos de emitir “solamente opinión técnica en cuanto a la determinación de monto anual por la transferencia de la seguridad”.
En ese sentido aseguró que Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad 86 mil millones de pesos adicionales por decreto. “Entonces cuando hablan de federalismo, tengamos en cuenta esas cuestiones. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo discutir coparticipación, que discutir tranferencia: hoy estamos discutiendo transferencia”, remarcó.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo por su parte que “todos deberíamos ponernos con luces de alerta y no permitir meter la mano en el bolsillo de una provincia, sea la que sea: mañana te toca a la tuya. Recordó que “cuando Macri le dio más fondos a la Ciudad, le transfirió competencias, y transfirió fondos nacionales, no coparticipables. Y luego por el Consenso Fiscal aprobamos ese decreto”.
“Quedó claro que lo que están mostrando es un simulacro de negociación, para tratar que la cara sea menos horrenda, que parezca realmente negociación. Acá se negocia con la espada de Damócles, detrayendo fondos”, sostuvo. “Por un lado aprietan con un consenso fiscal y por otro lado dicen abrir una negociación… Estoy en contra de que a los gobernadores se los arrodille, se los someta. Me parece tremendo hablar de autonomías reversibles; me da envidia a mí cuando veo provincias tan bien administradas como la Ciudad de Buenos Aires y eso también molesta y duele cuando además son gobernadores que se destacan”, concluyó.
Fue el turno del senador del Frente de Todos Jorge Taiana, que usó una imagen que él mismo aclaró que no tenía que ver, pero que era “bastante común”. La de la violencia de género: “transformar al victimario en víctima”. Y fue el término que usó para ejemplificar la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos que recibió de manera que consideró ilegal por parte de Mauricio Macri. Se viene en cambio ahora a “reparar una arbitrariedad manifiesta insolente, amiguista, con los que menos tienen, que realizó Macri, como todas sus obras de gobierno, que ha tenido cómplices. Para gastar y hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes”.
Para Taiana, Rod´riguez Larreta aceptó 2dineros que no le correspondían, y en una cifra que no le correspondía”.
“Se quejaban de que no había negociación… Por favor, menos hipocresía y dejen de robarse Costa Salguero”, disparó sobre el final.
Su compañero de bancada Dalmacio Mera dijo que a él la situación lo hacía acordar ya no a la violencia de género, sino a alguna novela: “Los ricos no piden permiso”. Y explicó: “Lo que hizo Macri con Larreta, no le pidieron permiso a ninguna provincia argentina; se juntaron, establecieron un fondo y se pasaron los fondos como si fuera el dinero de ellos”.
El senador Esteban Bullrich rechazó la utilización del término “violencia de género” para este caso. Y apuntó que “hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso”. Por el contrario, consideró que “acá hay una realidad que quedó muy expuesta en el debate en Diputados: quieren dominar al opositor que más los preocupa. Hablan de debido proceso y a la par hablan de hipocresía: están haciendo que una provincia cada año tenga que negociar su política de seguridad con el Gobierno nacional que es de signo opositor”.
Volvió a intervenir el senador Lousteau para recordar que Santa Cruz recibió durante los gobiernos kirchneristas “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos”, en tanto que Guadalupe Tagliaferri señaló que “cuando el senador (Taiana) plantea que los recursos fueron sacados a las provincias para su amigo de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no saben o mienten. La Policía Federal la pagaba el Gobierno nacional, no se le sacó un centavo a ninguna provincia”.
Luego enfatizó que “si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no, es algo que debe estar saldado. Lo dijo la Corte, es lamentable y preocupante que en este ámbito nos importe poco el federalismo y empecemos a discutir la Constitución y el carácter jurídico de la Ciudad como provincia”.
La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos) sostuvo que “todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, de Juntos por el –Cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad a la Ciudad de Buenos Aires. Que les sacamos los fondos que son para los argentinos que pasan por la Ciudad y que le sacamos a Larreta los fondos en medio de la pandemia…”. Y señaló en cambio que “esos son fondos que “le entregó bajo la manda delincuencialmente” el expresidente Macri, citando que son “tres veces más que lo que se necesitaba para la policía, pudiéndole haber entregado esos fondos de Nación a otras provincias, o quedándoselos para políticas públicas para la totalidad del país”.
“No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. En cada artículo de la Constitución está bien diferenciado”, aclaró Dalmacio Mera, y agregó: “Que la Corte en alguna discusión en particular le dé estatus de provincia no le da las veces de tal. Y tampoco olvidemos que los primeros intérpretes de la Constitución somos el Congreso de la Nación”.
Para Julio Cobos, “estamos abordando la coyuntura permanentemente; hemos perdido la planificación a largo plazo. No sabemos salir de la coyuntura, es como el juego de la oca”, a lo que la senadora kirchnerista Nancy González respondió diciendo que planificación era lo que se proponía el Gobierno actual, pero no pudieron hacerlo “primero porque nos agarró la pandemia, y después porque encontramos un país endeudado como nunca en la historia del país nos había sucedido. ¿Entonces cómo podemos ordenarnos”.
Y se quejó luego porque el Gobierno anterior dejó “fundir” su provincia (Chubut) durante cuatro años, “mientras le pasaban recursos irrisorios a la Ciudad de Buenos Aires, pero no fueron para nada federales”.
Intervino entonces Adolfo Rodríguez Saá, que aclaró que no quería plantear “la vieja lucha entre provincianos y porteños”, pero aclaró que estos últimos “siempre nos despreciaron”. “No quiero entrar en ese debate”, insistió, pero apuntó en referencia a los porteños: “Siempre primero ellos y después nosotros; las necesidades elementales que tienen las provincias del interior son muy dolorosas… Mientras ustedes discuten la abundancia, nosotros discutimos la pobreza”.
Pero a lo que quería referirse puntualmente, aclaró, era a una cuestión de “vocabulario”. “Reiteradamente dicen jurisdicción en vez de llamar a las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia; las provincias tenemos que respetar un régimen municipal, todas las provincias tenemos municipios, la CABA no es una provincia, no tiene municipios”.
La senadora jujeña Silvia Giacoppo negó que se estaba buscando atacar la autonomía de CABA, a la cual la Corte reconoció que “tiene un estatus de provincia” en un fallo que representa un precedente claro.
Carlos Caserio se quejó a continuación por la insistencia en hablar de varios senadores, poniendo el ejemplo de Guadalupe Tagliaferro. Y usó esa custión para referirse al estilo de los porteños: “Siempre hablan ellos, siempre tienen razón. Siempre creyeron que eran los primeros en todo, hasta para hablar. Ojalá tengamos la suerte algún día de que la administración central se vaya de Buenos Aires, para que el país sea más federal, para que nos dejen hablar”.
“Si yo no puedo debatir sobre mi jurisdicción, no sé cuándo tendría que hablar… No estoy opinando de Jujuy, Salta o Tucumán, y lo hago con mucho respeto”, aclaró Taglaferri, quien negó a continuación que los vecinos de la Ciudad no discutieran sus temas vecinales. Tenemos 15 comunas elegidas por los vecinos, en la 4 y en la 5 gobierna el Frente de Todos”.
Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “falta de respeto y no federalismo es exactamente lo que ocurrió con el decreto de Macri dándole más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión la deberíamos haber tenido cuando se transfirió la policía, en 2016, y no un DNU entre gallos y medianoches, a espaldas de las provincias”.
“Cuando hablamos d etransferencia, tiene que ser con recursos, pero con los recursos que se necesiten para esa transferencia”, señaló, y luego puso como ejemplo que su mamá le había enseñado a que cuando iba a comprar el pan, y como vuelto le devolvían de más, ella tenía que devolverlo. “El jefe de Gobierno sabe que a través de un DNU el expresidente le dio dinero de más”, concluyó.
Cerró la reunión María de los Angeles Sacnun, cuando el dictamen ya estaba circulando entre los senadores. Y apuntó que “de ninguna manera podemos admitir que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y que quede asentado en una taquigráfica. Que se la trate en alguna cuestión concreta en pie de igualdad con algunas provincias, no los instituye con estatus jurídico de provincia. Para eso habría que pasar a una constituyente… Por ejemplo ‘la provincia de la Victoria’, recordando la plaza de la victoria y las epopeyas federales que han habido en esa plaza de la victoria, y elevarla al estatus de provincia”.
En el inicio de una breve reunión de comisión, la titular de la misma se tomó un momento para referirse a la noticia que causó tanta consternación.
La primera actividad oficial que tuvo lugar en el Congreso luego de conocida la conmocionante noticia del deceso de Diego Armando Maradona fue una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La misma fue muy breve, estaban previstos temas como la autorización al ciudadano argentino Andrushchak Yuriy para ser cónsul honorario de Rusia en Ushuaia, pero previsiblemente, en el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión hizo referencia a la noticia.
“Como argentinos, todos y todas estamos muy consternados por la noticia que acabamos de recibir, del fallecimiento de Diego Armando Maradona”, arrancó una conmovida María de los Angeles Sacnun, que agregó: “Y la verdad es que es un ídolo popular, al que todos y todas le tenemos un enorme aprecio, por lo tanto quiero rendir un sincero homenaje a su memoria, en honor a las glorias que nos hizo conseguir a los argentinos, a las enormes alegrías que a través del futbol , este gran deporte nacional, nos permitió compartir como país, como nación, como patria”.
Y concluyó: “Así que quiero que me permitan que pueda tomarme el atrevimiento de hacer este breve y sencillo homenaje, pero me parece que vale la pena, porque en los rostros de todos creo que se nota la consternación que tenemos”.
Elaboró un dictamen que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador de 2/3 a mayoría absoluta, e impone un control de dicho organismo a través de la Bicameral del Ministerio Público. Piensan darle media sanción la semana que viene.
Tal cual se preveía desde que el oficialismo anunció la intención de analizar los proyectos presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para reformar la Ley de Ministerio Público, el Frente de Todos avanzó este viernes con un dictamen de mayoría que contempla elementos propuestos en las citadas iniciativas, como así también una del senador Alberto Weretilneck que se agregó en el transcurso del debate, pero sobre todo modificaciones elaboradas por el propio Frente de Todos. Dicho dictamen suscripto sobre el cierre de los tiempos para el tratamiento antes que finalice el período ordinario, elimina el carácter vitalicio para el procurador general de la Nación, como así también los dos tercios necesarios para su designación. Mantiene en cambio una mayoría agravada para la destitución del procurador.
Con críticas a lo hecho por sus pares del oficialismo, los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que presentarán un dictamen de minoría, mientras que el rionegrino Weretilneck dijo que quería leer primero el texto elaborado por el oficialismo para decidir si acompañaba el mismo, o presentaba otro dictamen de minoría con su proyecto original.
La reunión arrancó con una exposición del presidente de la comisión, Oscar Parrilli, quien se refirió al “grave error político” cometido por la gestión anterior, que “embistió” contra Alejandra Gils Carbó, quien “como el Estado la perseguía se vio en la necesidad imperiosa de renunciar”.
“Y durante el año 2018 y 2019 no se pudo resolver el problema y se recurrió a un mecanismo que voy a calificarlo simplemente de anormal, como fue apelar a un procurador interino, con todas las características que esto significa. Y sujeto a las presiones obviamente del poder político, de los poderes económicos de todo tipo”, apuntó Parrilli, reiterando entonces sus consabidas críticas al procurador Eduardo Casal.
Ante ello fue que el Senado y la comisión que él preside se abocaron a tratar de resolver el problema, señaló Parrilli, contando que habían apelado a los proyectos de Lousteau y Crexell y también al de Alberto Weretilneck presentado más recientemente. “Se debatieron aquí distintas posturas que fueron transmitidas públicamente. No se escondió absolutamente nada”, enfatizó Parrilli, que agregó que el último miércoles tomaron conocimiento de que el consejo de expertos que había designado el presidente de la Nación para emitir una opinión nno vinculante acerca de temas que hacen al funcionamiento de la justicia, entre ellas la del funcionamiento y la legislación que atañe al procurador general de la Nación. “Allí se han vertido opiniones, algunas coincidentes con lo que aquí se ha expresado, otras no, pero a nosotros nos parece como bloque que están dadas todas las circunstancias, las condiciones y fundamentalmente las necesidades de que este es un problema que tenemos que resolver y no escaparle, ni ir por acuerdos espúreos, fuera de lo transparente, e intentar resolver este problema”, señaló el presidente de la comisión.
Parrilli señaló entonces que el camino es “dictar una nueva ley, no solamente el mecanismo de remoción y nombramiento, sino también cosas que hacen a la necesidad de que exista un control de la función del procurador, igual que existen controles a otros poderes, nos parece que también las funciones del procurador también deben merecer una suerte de controles intrapoder”.
A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun detalló los aspectos fundamentales del dictamen elaborado por el oficialismo, con una larga exposición en la que destacó que la necesidad de reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa “no se nos ocurrió a nosotros solamente”, y en ese sentido recordó que había un proyecto presentado oportunamente durante la gestión de Cambiemos, con las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, dos iniciativas de Crexell, una de Lousteau y por último el presentado por Weretilneck.
Sacnun aclaró que muchos de los expositores que pasaron por esa comisión plantearon “discutir el rol de los ministerios públicos no es solamente hablar de la periodicidad en cuanto a la designación, a las mayorías para su designación, o el juicio de remoción y la posible destitución. Esa es una mirada parcial de un proyecto que debe ser mucho más amplio. Debemos incluir también el abordaje del federalismo, la igualdad de género; nos parece que es importante fortalecer los controles. Porque muchos de los expositores, cuando abordaron estos temas, entendieron que nuestra mirada era parcial, pero la verdad que la mirada tiene que ser mucho más integral, porque estamos hablando del diseño de la política criminal en la Argentina y de quienes la van a llevar adelante y cómo se van a relacionar con el resto de los podres del Estado”.
Luego se mostró contraria al carácter vitalicio que le asiste al procurador, “porque la perpetuidad de alguna manera es un resabio monárquico. Creo que no debiera existir ningún instituto desde el punto de vista jurídico e instrumental en la Argentina que se conforme con absolutos resabios de la monarquía”.
“Nosotros tenemos una justicia y un sistema judicial pensado en la edad media, esta es la realidad. El delito evolucionó y el Estado no ha evolucionado”, enfatizó, considerando que “para implementar el modelo acusatorio y avanzar contra el narcotráfico, el lavado de activos, es fundamental una política criminal de Estado que sea absolutamente controlada por el Congreso de la Nación”.
A continuación, la senadora kirchnerista resumió el dictamen de mayoría, planteando en primer lugar la institución en el artículo 6 de la Ley 27.148 de algunas cuestiones, “haciendo fundamental hincapié en que la relación con el Poder Legislativo se va a realizar a través de la Comisión Permanente de Control del Ministerio Público de la Nación”.
En el artículo 7 de esa ley, se plantea en el último párrafo que siguiendo los términos de la Ley de Inteligencia, que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia. “Y lo vamos a incorporar en el ámbito de las faltas graves en que pueden incurrir los miembros y causales también de destitución”, agregó.
En el artículo 9 de la Ley 27.148, se habla de perspectiva de género, “para promover la diversidad de género como una de las apuestas importantes que también debatimos en su momento cuando debatíamos la ley de reorganización de la justicia”. Sacnun comentó al respecto que en la actualidad en las fiscalías generales hoy hay apenas un 20% ocupado por mujeres.
“Con lo cual, las procuradorías debieran tener un equilibrio”, sugirió, agregando que “allí también queremos introducir uno de los incisos planteando el federalismo por el que hay que velar claramente a la hora de las designaciones”.
El proyecto modifica el artículo 11 de la Ley 27.148, en el cual Sacnun señaló que ahí tomaron lo que se planteaba en el proyecto de ley de Pinedo, Pichetto y urtubey, de mayoría absoluta para la designación del procurador general. “Lousteau y Crexell pedían dos tercios, nosotros ahí tomamos lo que plantearon en su momento algunos expositores, como (Maximiliano) Rusconi y (Daniel) Erbetta”, reconoció la senadora santafesina, aclarando que esa mayoría absoluta debe ser tomada como “piso”. “Eso no significa que no construyamos unanimidad, por ejemplo. Me encantaría que el próximo procurador sea elegido por unanimidad, que construyamos ese consenso político que necesitamos para discutir las grandes causas, pero la verdad que me parece que el énfasis hay que ponerlo en el control del Congreso de la Nación”.
“Así que allí vamos a introducir esta modificación: van a ser designados por mayoría absoluta de sus miembros y vamos a tomar algo que planteaba el senador Lousteau, que nos pareció correcto, que estas designaciones no se realicen en años electorales, en años en que se elijan presidentes. Nos parece eso fundamental”, comentó la senadora Sacnun.
Habló a continuación de la posibilidad de introducir algunas procuradorías especializadas, como la de Seguridad Social, una contra la violencia de género, y una de crímenes contra la humanidad. “Creemos que tiene que haber una unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, allí nos quedan todavía cuentas pendientes que saldar” destacó.
Entre las modificaciones sugeridas, mencionó el artículo 23, referido a los titulares de la procuradoría, para que pueda aplicarse la paridad de género; y el artículo 33, referido a las direcciones generales.
En cuanto al artículo 49, Sacnun habló de introducir un concurso público de antecedentes. “Allí volvemos a retomar lo que discutimos oportunamente en el ámbito de la reorganización de la justicia. Entendemos que tiene que haber una primera instancia anónima y escrita y una segunda instancia que tiene que ser pública y oral”.
En cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento, citado en el artículo 50, el oficialismo plantea la necesidad de que esté formado por un fiscal, seleccionado por sorteo público; dos juristas invitados o invitadas, y un integrante de la comisión bicameral. Con relación a la estabilidad, citada en el artículo 62 de la Ley 27.148, “estamos planteando que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad. En cuanto a la duración del cargo, allí planteamos una duración de 5 años; por supuesto que la designación no debe coincidir con el año electoral, y con una posibilidad de reelección, siempre con acuerdo del Senado y que no supere los 75 años”, explicó. Agregó en cuanto a los traslados que no p ueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.
En cuanto a los mecanismos de remoción, “allí creemos que hay una vía que upede ser la de que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Ahí nos pareció que era importante mantener esa mayoría agravada para el caso de su remoción”, remarcó la senadora Sacnun.
En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero “tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito”.
“Obviamente que el hecho de que vamos a introducir una periodicidad en la extensión del ministerio público por supuesto que hace que también, al no ser vitalicio en el cargo, haya un mayor empeño y una menor delegación en las tareas que se llevan adelante, y vamos a evitar que se pierda el contacto con la comunidad, que muchos de los expositores que han pasado por la comisión lo han planteado como una de las cosas fundamentales”, agregó la senadora del Frente de Todos.
En el artículo 77 se hace referencia al tribunal de enjuiciamiento, que estará integrado por 7 miembros. “Nosotros hacemos un planteo de quiénes deben ser: 5 vocales, uno del Ejecutivo, 3 de la bicameral, dos representantes de la mayoría y uno de la minoría, y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. Un vocal abogado de la matrícula federal, designado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro que deberá ser elegido por sorteo público entre los fiscales con no menos de diez años de antigüedad”, detalló.
En cuanto a la Ley de Ministerio Público de la Defensa, la 27.149, allí plantean un proyecto en espejo, sin modificar sustancialmente las faltas que se han tenido en cuenta para el Ministerio Público Fiscal.
Al concluir su exposición, Sacnun aseguro que el desarrollo de ese proyecto fue “una enorme tarea” llevada a cabo por los integrantes de la comisión y del bloque del Frente de Todos y agradeció especialmente a la vicepresidenta del mismo, Anabel Fernández Sagasti, y a Martín Doñate, presidente de la Bicameral del Ministerio Público, que trabajaron específicamente en este tema.
A su turno, el senador Alberto Weretilneck dijo esperar leer una copia del dictamen del oficialismo para decidir si se sumaba con su firma o iba con un dictamen de minoría con su proyecto. “En términos generales, hay algunas cosas que compartimos”, adelantó el exgobernador rionegrino.
“Acá se está diciendo que esta ley tiene como finalidad afectar los juicios que están en marcha, que tienen finalidad de trabar… Miren, está absolutamente claro que ninguna ley va a dar una instrucción particular puntual sobre un integrante del Ministerio Público y todos sabemos que un procurador no puede dar ninguna instrucción particular a ningún fiscal sobre una causa puntual. Porque es un delito y puede ser denunciado. Así que desmitifiquemos que estas leyes son para garantizar ciertas cosas”.
Y continuó: “Si yo tengo un procurador de 5 años (de duración en el cargo) y un fiscal con cargo a perpetuidad, ¿a usted le parece que un fiscal le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato? Ningún fiscal de carrera que tenga 15 años por delante le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato en 3 o 4 años, carece de sentido común… Es no conocer cómo es el funcionamiento del Estado y la estabilidad”.
Luego Weretilneck defendió la designación del procurador por mayoría absoluta: “En todos los países es así, creo que hay dos países que no”, señaló, para recordar luego que cuando el 4 de abril de 2016 el entonces presidente Mauricio Macri elevó al Congreso el plan de Justicia 2020, en el mismo el mandato del procurador era de 4 años. Ese proyecto fue modificado en la Cámara de Diputados y tuvo dictamen, fijándose un plazo de 5 años. “Es decir que la temporalidad no es un tema que se le haya ocurrido a este senador o al Frente de Todos, porque nos queremos llevar puesta la autonomía del Ministerio Público”, aclaró el exgobernador rionegrino, que consideró como algo nuevo los controles de la bicameral, aunque aceptó que “no hay un órgano de la República que no pueda ser controlado”.
Desde la oposición, la radical Silvia Giacoppo aclaró a continuación que les hubiese gustado tener el dictamen, para analizarlo, porque “de esa forma podríamos quizá haber aportado, o haber dicho qué compartíamos o no”.
Adelantó entonces que Juntos por el Cambio presentaría un dictamen de minoría, y admitió que compartían algunas cosas del nuevo proyecto y otras no, según lo que había escuchado, pero advirtió que “de los 16 expositores solo dos estuvieron de acuerdo con uno de los temas que hacen al debate político de esta reforma en lo que hace a la designación por los dos tercios. Catorce dijeron que no debía tocarse la composición actual de una mayoría agravada para la remoción”.
A su vez, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de Giacoppo por la falta de acceso al dictamen y advirtió que era la primera vez que participaba de una comisión en la que “todos los que son autores de los proyectos, incluido Weretilneck, no conocían lo que ahora nos están proponiendo como dictamen”.
Reconoció de todos modos que había cosas que compartían, por ejemplo que el cargo de procurador tuviera una limitación de tiempo, mas criticó que sacaran la necesidad de los dos tercios. “Hasta un exprocurador de la Nación ha dicho acá que le quita la fuerza necesaria a quienes queremos poner en ese lugar, y esto es absolutamente innecesario. Creo que es necesario un verdadero consenso”, expresó.
La senadora tucumana alertó a continuación que lo que consideraba más grave era la propuesta de lo que consideró un “cogobierno” con la bicameral. “Porque una cosa es control y otra es cogobierno, y lo que ustedes nos están proponiendo como dictamen es la enorme cantidad de atribuciones que le dan a la bicameral, que pone en jaque no solamente al procurador, sino también a todos los fiscales. La verdad que los van a poner a tiro de este nuevo tribunal de enjuiciamiento, donde ponen juristas amigos. No sé, realmente le quita la estabilidad a todos los fiscales”, sostuvo.
Se alegró en cambio de que hayan mantenido los dos tercios en cuanto a la remoción.
Por su parte, el correntino Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, consideró “fundamental” la necesidad de llegar a un acuerdo, pero observó en cambio que recién esta semana terminaron de escuchar los testimonios en esa comisión, “y ya estamos hoy votando un dictamen de mayoría que seguramente va a ser el que va a tener todos los votos necesarios, y seguramente lleguemos a sesión la semana que viene”. Cuestionó entonces semejante prisa “en este contexto en que la ciudadanía está preocupada y angustiada por otras cosas”.
“Escuchamos a especialistas, pero viendo el día de hoy, es muy difícil pensar que el resultado no estaba puesto de antemano”, observó Martín Lousteau, autor de uno de los proyectos en los que se basó el proyecto transformado ahora en dictamen. Empero, consideró que de los proyectos puestos a debate, el resultado “tiene que ver poco” con los mismos. Lo cual lo llevó a decir que “está claro que había un trabajo por otro lado mientras estábamos escuchando a los expositores”.
Destacó en ese sentido que solo dos expositores coincidieron en reducir la mayoría agravada.
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez hizo un irónico reconocimiento a Oscar Parrilli, al que le encontró “alguna característica común conmigo: que no se enoja cuando dice las cosas. Y otra cosa, su sinceridad. El se plantea objetivos políticos, transita hacia ellos, busca lograrlos, y las anécdotas, irse por las ramas, no le interesan, porque va directamente al arco a hacer un gol. Eso es bueno, porque a mí me facilita la sinceridad en lo que tengo que decir”.
“Se habló de organismos especiales, de paridad de género, lo que no se ha discutido y mucho menos reforzado es la independencia de actuación del procurador general de la Nación -observó-. Y tengo para mí que en política no se llora, se lucha, y cuando del otro lado, como es su caso senador Parrilli y el actual oficialismo, no se da cuartel, yo tampoco puedo venir en un tono lastimero a decir porqué pasó esto y porqué no pasó lo otro… Aquí y ahora opino y contesto: este proyecto transforma al procurador general de la Nación en un empleado del Ejecutivo. Que en cualquier momento puede ser puesto en crisis, ya sea por el presidente de la Nación, o por cualquier diputado que tenga las mayorías de la Cámara de Diputados. Y esto se evitó hacerlo central en las exposiciones, no todos son como usted Parrilli, pero este es el eje. Es lo que se quiere buscar, una persona que a tiro de la presidencia, de inmediato con una comunicación se encuentra en la picota y pongamos en el fango de la política a aquellos que no están acostumbrados ni con el cuero duro como ustedes a soportar aquellos condicionamientos y desmedros justos o injustos”.
Para Martínez, “con esta manera de remoción, la acusación será lo que quiera el Poder Ejecutivo siempre, y la defensa o mismo. Simplemente tendrá que contar con su mayoría ocasional en Diputados y alcanzarla en el Senado de la Nación, que por otro lado ya parte de una base desde 1983 que le facilita las cosas”.
La senadora oficialista admitió que “seguramente esta prórroga no va a alcanzar” y será necesario un gran acuerdo con todos los sectores para abordar las políticas de esa industria.
En el marco del debate de la prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, la senadora nacional María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos – Santa Fe) habló de la necesidad de abordar la problemática del sector y “ensayar una solución” que si bien aclaró que “no será la integralidad”, destacó que “un aumento del 10% de los precios es una señal de que el Parlamento y el Estado nacional se abocan a solucionar la problemática de un sector que ha sido muy dinámico para nuestra economía”.
La senadora recordó que desde que se sancionó la ley en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, “hubo avances muy importantes”, y destacó que esa actividad ayuda a la industrialización de la ruralidad.
Sacnun sostuvo que “el federalismo tiene que ver con las economías regionales, está directamente relacionado a cómo generamos riqueza, valor agregado y empleo en cada provincia argentina”. La actividad, agregó, “no está subsidiada, está regulada y que desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican y que ponen en vilo los miles y miles de puestos de trabajo que esta industria genera”.
La senadora kirchnerista destacó que “acá no se trata de reemplazar” a otra industria, como la del combustible, sino de “generar una sinergia positiva para poder motorizar la economía argentina”. En ese sentido admitió que hay “dos proyectos de país en pugna, pero un solo proyecto de nación, que es el que industrializa, el que genera valor agregado, genera empleo”.
“Seguramente que esta prórroga no va a alcanzar, va a ser necesario un gran acuerdo de los sectores económicos, sociales, las provincias, las economías regionales, para que de verdad abordemos las políticas de los biocombustibles; pero sinceramente creo que hemos iniciado el camino, estoy convencida que esta ley fue mucho más lejos de lo que se creía y de lo que se pensaba. Nos permitió arraigar un montón de pueblos y ciudades del interior de nuestras provincias que no tenían una sola industria y que hoy la única industria que tienen es la industria ligada a los biocombustibles”.
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia […]
Continuó este jueves el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el senador cordobés Carlos Caserio. Durante la reunión, realizada por videoconferencia, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo que aprueba el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el Estado nacional y el gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016.
Concluida esta tercera audiencia con invitados, el dictamen pasó a la firma para quedar listo para su tratamiento en el recinto.
Los primeros en exponer fueron representantes de la Comisión Federal de Impuestos. La presentación fue iniciada por su presidente, y ministro de Economía de la provincia de Catamarca, Sebastián Veliz, quien sostuvo que “no hay una modificación del índice de distribución de coparticipación para las provincias”, sino que “únicamente se modifica el índice de participación del Poder Ejecutivo nacional haciendo uso del Art. 8 de la Ley 23.548 y el Art. 4” y detalló tanto que “el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos establecida por la ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria” como que “lo que está afectando este Decreto, y que dio lugar a este proyecto de ley, es la distribución primaria”.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión y ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, Ignacio Perincioli resaltó que “nosotros como representantes de las 25 jurisdicciones nos atenemos a opinar lo mismo que se ha opinado en el año 2016”, que “no es una cuestión que nos correspondía a nosotros emitir una opinión, porque no hay una modificación de la coparticipación”.
A continuación, el director ejecutivo Juan Chirino se refirió a la “función jurisdiccional que efectuó la Comisión Federal de Impuestos”, señalando que “la Comisión administrativamente lo que realizaba era recepcionar los informes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran presentados por la Secretaría de Hacienda todos los años y ponerlo a disposición de las jurisdicciones sin intervención porque la intervención no corresponde por competencia que así se determinara”, afirmó.
A continuación, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Mura, recordó que “estamos hablando de una transferencia de competencias y funciones”, y realizó un resumen del análisis realizado en el año 2016 para determinar el valor porcentual transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en base al valor de esa prestación en el año 2015”.
Además, consideró que el Decreto 735 es “unilateral” y que tiene un “impacto enorme para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lo que queda del año y para el próximo”, luego de lo cual hizo mención de “lo que está mal de ese presupuesto o ese informe que hizo el Ministerio del Interior para establecer ese número”.
Luego, el director de Relaciones Institucionales AFIP, Alejandro Otero, resumió que el proyecto “transparenta el valor el costo que tiene esta prestación”, “endereza situaciones que requerían ser enderezadas” y “establece un régimen de transición para asegurar los recursos transitoriamente y readecuándolos a la situación prevista en el proyecto para no dejar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires frente a la prestación de este servicio en tanto no se apruebe y no tenga vigencia la ley”.
Asimismo, destacó que “no hay duda de que la Ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancemos hacia una nueva ley de coparticipación. En tanto en el régimen actual queda claro que las transferencias de competencias deben estar acompañadas de los correspondientes recursos vía transferencia presupuestaria”.
A su turno, el director del Departamento de Economía de FCRE-UBA, Javier Curcio, afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad Autónoma, al igual que las 23 provincias, tiene derecho a contar con transferencias automáticas”, y que “seguramente la mayor riqueza relativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires implicará que esta jurisdicción va a recibir proporcional recursos participables sensiblemente menores a los que aporta a través de sus bases imponibles al igual que otras jurisdicciones que también cuentan con mayores recursos propios, recursos naturales o con otros factores que hacen que dentro de ese esquema tengan que recibir menos de lo que aportan y hagan primar el criterio redistributivo por sobre el criterio devolutivo”.
“En este contexto la transferencia que propone el proyecto de ley rompe esa característica de automaticidad que tienen estas asignaciones y puede generar por el acceso de esos recursos para la Ciudad dificultades respecto de la continuidad y la sostenibilidad de estos recursos además de ponerla en un pie de desigualdad frente a otras jurisdicciones que reciben fondos equivalentes de forma automática”.
Por su parte, el diputado mandato cumplido y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Ricardo Gil Lavedra subrayó que “la Ciudad tiene la misma jerarquía en este punto que las provincias y es un actor dentro del federalismo fiscal argentino”.
“Yo creo que el Convenio tiene una vigencia absolutamente legitima” y que “esta perfectamente convalidado”, afirmó a continuación, para luego considerar que “esto no puede ser dejado sin efecto unilateralmente y por varias razones”. Al respecto, reflexionó que “dicen que se le dio mucho, que se le dio en exceso o que no hay una ley. Dos caminos: o un nuevo acuerdo o un nuevo Convenio, que es posible para renegociar, o del contrario el otro camino es judicial no hay otra salida”.
“El proyecto que ustedes tienen en tratamiento es exactamente lo que la constitución no quiere, que es una transferencia con asignación unilateral de recursos. Eso es inadmisible en términos constitucionales por eso digo que esto es pre constitucional”.
Por último, el director del Banco de la Nación Argentina Raúl Garré observó que en el Decreto 194 “no existe claramente una estimación específica de los fondos que estamos poniendo en juego y que permiten sostener cual es efectivamente la asignación de recursos que va a llevar implícito y el cuantum” y que el mismo “no discrimina con claridad entre la diferencia provenientes de la coparticipación y la transferencia de los recursos necesarios para sostenerlo”.
También consideró que “nosotros seriamente debiéramos concebir que el AMBA excede el pleno análisis de suponer que la Avenida General Paz divide literalmente la distribución y la asignación de recursos”. “Que no solamente prime el principio devolutivo sino el que también prime el principio distributivo en la asignación y los recursos de la coparticipación”, concluyó.
Los senadores de JxC participaron de la reunión de comisión de este lunes argumentando que era el último día de vigencia del protocolo aprobado en julio. Se verá qué hacen en el futuro.
El debate irresuelto en torno al protocolo para el funcionamiento del Senado de manera remota continuó este lunes durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, cuando la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado anunció que participaban de esa reunión porque este lunes 21 de septiembre “es el último día del reglamento válido que fuera convalidado por unanimidad el 27 de julio de 2020. A nuestro criterio, todo lo que se defina hoy está cubierto por ese reglamento”.
La legisladora cordobesa aclaró que “será otra la decisión que tomemos a partir de la presentación judicial” a partir del planteo hecho por la aprobación que para ellos fue antirreglamentaria de un nuevo protocolo.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, le contestó reiterando que “esta discusión ya fue dada en la última sesión”, en la cual “dejamos muy claro que el artículo 227 del Reglamento del Senado creemos que es muy claro”. Agregó que “no correspondía de ninguna manera que se pidieran los dos tercios, a los fines de la excepcionalidad de este tipo de reuniones, porque no estábamos reformando el reglamento. Si hubiéramos tenido que reformar el reglamento, se debía haber llevado adelante en ese momento un proyecto, que debía haberse discutido en el seno justamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y luego sí aprobado por el pleno”.
Y concluyó: “Entendemos que o solo no se ha reformado el reglamento, sino que hay una situación de excepcionalidad convalidada a partir de la declaración de certeza que pidió la presidenta de esta Cámara a la Corte Suprema”.
Fue en el marco del inicio del debate en esa Cámara sobre el recorte de fondos coparticipables de CABA. El oficialismo coqueteó con la idea de que la Ciudad restituya a las provincias “lo que percibió de más”.
Con la presencia de la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se inició formalmente este lunes en el Senado el debate en torno al proyecto por el cual se establecerá un monto fijo para ser transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar los gastos que demande la Policía Federal, llevando a su vez al 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito.
El proyecto establece reducir al 1,4% la coparticipación de CABA, más un monto fijo para la policía que se actualizará anualmente. Dicho monto surgirá de una fórmula que establece el 80% del índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20% por el índice de precios al consumidor. Inicialmente ese monto ha sido calculado en 24.500 millones de pesos.
El debate se desarrolló en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda y fue dirigido por la santafesina María de los Angeles Sacnun, quien al inicio del encuentro contó que habían solicitado por nota a Frente de Todos y Cambiemos (SIC) de manera tal que puedan elevar sendos listados de expositores. “Aún no hemos recepcionado la propuesta”, aclaró la titular de Asuntos Constitucionales, aunque sobre el final del encuentro la cordobesa Laura Rodríguez Machado anunció que ya habían enviado una lista de 14 expositores propuestos por Juntos por el Cambio.
El titular del bloque oficialista, José Mayans, dejó claro al cerrar el debate que la discusión en comisión y el posterior debate en el recinto será un mero trámite, pues el oficialismo volverá a imponer su mayoría. “Nosotros ya estaríamos emitiendo hoy despacho… Esta es una pequeña discusión que es más mediática que importante para el país. Hay cosas que son mucho más importantes. Yo le digo a la presidenta de la comisión que nuestro bloque está en condiciones de acompañar sin ningún retaceo. Si hoy tuviéramos que firmar el despacho, ya estábamos firmando el despacho, porque es muy sencillo el tema”. Y luego confesó que le hubiese gustado que el presidente Alberto Fernández lo llamara para consultarlo su opinión y le hubiera dicho lo mismo sin ninguna duda.
La secretaria Silvina Batakis realizó en el inicio de la reunión una presentación sobre los detalles del proyecto, en cuyo transcurso defendió la medida al calificar de “excesivos” los fondos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires a partir del decreto de 2016 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. En ese marco, desde el oficialismo reclamaron un detalle para saber “si se ha pagado de más”.
“Queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos”, apuntó la senadora Anabel Fernández Sagasti.
En su exposición, Batakis contó que se estaba poniendo a consideración el proyecto de ley que propicia la aprobación de un Convenio de transferencia progresiva de facutladees y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho convenio fue celebrado entre el Estado nacional y CABA el 5 de enero de 2016. La funcionaria del Ministerio del Interior recordó que el convenio fue aprobado por la Legislatura porteña el 18 de enero de 2016, “y contrario a lo que se esperaba, la gestión nacional no envió al Congreso el convenio para la aprobación”, precisó Batakis en referencia a un detalle que varias veces se mencionó a lo largo del extenso debate.
Batakis recordó además que el artículo 75 de la Constitución dice que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, que tiene que estar aprobada por el Congreso y la provincia interesada”. Recordó asimismo que “fueron varios los legisladores que intentaron subsanar esa omisión y se presentaron diversos proyectos de ley”.
La Constitución no solamente exigió que haya una ley, sino que también exigía que hubiera un recurso monetario para poder contemplar esas mayores erogaciones, señaló la funcionaria, que agregó que “lo que la Constitución no establece es cuál es la vía para hacer esa transferencia de recursos. Lo deja para que lo regule el Gobierno nacional, o las partes”.
En el marco de su exposición, Batakis señaló que hasta 2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había recibido recursos de coparticipación de los recursos nacionales en el orden del 1,4%, hasta que Macri elevó ese número a 3,75% primero y luego a 3,50%. La diferencia debía ser destinada a la seguridad de la Ciudad, sin que quedara claro “porqué se establecieron esos guarismos. Lo que nosotros quisimos hacer es establecer cuánto es el monto que le corresponde recibir a la Ciudad por aquellos servicios transferidos por la policía”.
Una consulta recurrente que se le hizo a la funcionaria fue la de cómo se haría el traspaso de fondos y cómo sería su actualización. La primera en plantearlo fue la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferro, quien consideró que el presupuesto sobre el cual se había hecho el cálculo para la erogación de fondos para la policía estaba mal, pues era en base al informe preliminar del traspaso de 2016, cuando “hubiera sido mucho más lógico comparar la estructura del gasto y costos de 2015 vs. 2016”.
Martín Lousteau fue el senador opositor más activo durante la reunión, participando en tres rondas de preguntas. Hizo varias veces eje en la comparación con el caso de Tierra del Fuego, a la que casi se le duplicó la coparticipación primaria cuando pasó a ser provincia. “Fue convenio, si no recuerdo mal, nunca hubo ley. En este caso hubo ley, no entiendo porqué se hace un tratamiento distinto”.
Lousteau advirtió que en el proyecto de ley puesto a consideración no se hablaba de ningún automatismo para el traspaso de los fondos. “Este proyecto de ley va a contramano -señaló Lousteau en otro pasaje-. Cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, se le duplica el porcentaje que recibe, mientras que a la Ciudad de Buenos Aires, que percibía el 1,8%, desde 2002 pasó a 1,4%, así que cuando se transforma en una provincia más, baja”.
No vimos ni una sola fundamentación de donde salen los números. Nos gustaría discutir en base a números”, enfatizó el senador Lousteau.
Batakis aclaró que el tema venía siendo conversado entre Nación y CABA desde diciembre pasado, pero las reuniones se terminaron cuando empezó la pandemia. “Veníamos trabajando también en otros temas: un plan de desarrollo que ya habíamos hablado con Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión final es informada por el ministro Wado De Pedro, pero veníamos teniendo diálogo, y seguimos teniéndolo”, aseguró Batakis.
La secretaria de Estado aclaró varias veces que “no estamos tratando acá la Ley de Coparticipación, sino se confunden las partes. Lo que estamos tratando no es un cambio en el régimen de Coparticipación Federal. Nuestra Constitución dice que esa transferencia de recursos se haga a través de u na ley y que se dictamine cuáles son los recursos”.
En cuanto a la fuente de financiamiento, Batakis dijo que la forma de actualizacón será trimestral, en base a la metodología de actualización que propuso el Poder Ejecutivo, “pero se puede proponer otra”. Será una asignación presupuestaria del Gobierno nacional, mensual, agregó.
“No estaban de acuerdo”, aclaró Lousteau en referencia a Nación y Ciudad, recordando que en marzo se cortó el diálogo, pero negó también que hubiera habido un trabajo conjunto, y negó también que existiera “un cálculo riguroso”.
Batakis insistió luego en que la participación de los recursos coparticipables “van a ser automáticos en forma diaria. Estábamos de acuerdo con el ministro Mura en que la coparticipación no era el vehículo para transferir los recursos”.
Esteban Bullrich habló de su provincia, Buenos Aires, que fue el disparador para desviar fondos de CABA hacia ese distrito, y lamentó entonces que “estemos apelando una vez más al parche. Ninguna de esas cosas soluciona el problema de la provincia de Buenos Aires. Se le sacan recursos a un distrito opositor, pero no se soluciona el problema de fondo”.
“No solamente se nos anuncia de la noche a la mañana que se nos va a transferir menos plata,, sino que además el mecanismo va a ser distinto que con las demás jurisdicciones, no va a ser automático. Será distinto al giro de otros recursos con las provincias argentinas”, se quejó en otra intervención Martín Lousteau.
Por el oficialismo habló luego Anabel Fernández Sagasti, que intentó darle al tema un contexto. Recordó la manera como Mauricio Macri le proporcionó a CABA fondos adicionales, razón por la cual “muchos senadores e incluso la mayoría de los gobernadores le hicieron un planteo al expresidente respecto de la injusticia que significaba esto. No que tenga que financiarse la policía, sino lo que significaba para el resto de las provincias ese dinero que yo considero que era excesivo y que ahora este proyecto de ley repara”.
La senadora mendocina recordó que “Alberto Fernández dijo en campaña que esto lo iba a solucionar, y lo estamos haciendo”.
A continuación, Fernández Sagasti le pidió a la Oficina de Presupuesto un informe para determinar “cuánto dinero de más le transfirió la Nación por esos 2,5 puntos que hace ya varios años está financiando la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Si se ha pagado de más, queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos. De cuánta plata de más estamos hablando”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, se mostró dispuesto a pedirle a la Oficina de Presupuesto conocer cuánto le correspondería recibir de la Nación, como pedía la oposición, no sin cierto fastidio. “Estamos hablando de 24.500 millones y le está dando un índice que si bien no es automatico, se le va a dar todos los años. No sale del presupuesto de las provincias, sino de la coparticipación que le toca a la Nación”, dijo.
“No tengo problema en pedir nada. Tengo grandes dudas de si cuando Macri le dio esta masa totalmente desconsiderada de recursos le pidió a la Oficina de Presupuesto que le haga el cálculo”, disparó, para agregar a continuación que “en el último año, 2019, los recursos de origen nacional que percibió la Ciudad de Buenos Aires eran 3,50%. Fueron 84.270 millones; si a eso se le descuenta 1,4%, 33 mil millones, se quedó la Ciudad con 51 mil millones. Me parece un poco excedido para pagar el traspaso”.
“La realidad es que si hiciéramos todos las cuentas, la Ciudad de Buenos Aires tendría que empezar a devolverle al Estado nacional”, sugirió, para concluir: “Le vamos a pedir a la Oficina de Presupuesto, pero también le vamos a pedir cuánto debería devolver el dinero de más que se quedó”.
A su turno, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “estamos tratando de resolver un conflicto, el de la provincia de Buenos Aires, generando una quita discrecional a la Ciudad de Buenos Aires, y esa es la diferencia con los momentos anteriores, porque por ejemplo hoy sí se cuestionan los 3,75, o 2 y pico extras que se coparticiparon a la Ciudad de Buenos Aires, pero los años anteriores no se ha dicho nada, porque en la Argentina avanzó en un federalismo de concertación con los pactos fiscales, y lo que vemos aquí es que se intenta avanzar ahora en un federalismo de confrontación. Y hay una gran diferencia entre concertar y confrontar con la propia Ciudad de Buenos Aires, donde no ha concertación, sino imposición”.
Y a propósito de la Oficina de Presupuesto, sugirió que informe “cuánto fue la ayuda discrecional de la Nación a cada una de las provincias argentinas. Yo recuerdo que en 2015 había provincias que no podían pagar sueldos, por ejemplo Santa Cruz. A partir de 2015 también la Nación se tuvo que hacer cargo de un fallo de la Corte Suprema que otorgó la devolución del 15% en concepto de coparticipación de los fondos de la ANSeS”.
La subsecretaria Laura Manin habló a su turno de la necesidad de “corregir un cálculo que para nosotros fue excesivo y fue infundado. Deben obrar los cálculos que se hacen y que fundamentan esos porcentajes. Esos cálculos no están en los expedientes y tampoco existen en el informe de Auditoría de la Ciudad. La inexistencia de un cálculo previo fue puesto de manifiesto por la Auditoría de la Ciudad y es lo que pretendemos corregir. No se pretende conculcar presupuestariamente a otras provincias, sino corregir una cuestión que para nosotros resultaba incorrecta”.
Tras ella, Batakis remarcó que la Ciudad recibió a partir de la determinación adoptada en 2016 “excesivos recursos. Ojalá todas las provincias pudiesen tener la policía de excelencia, la salud de excelencia y la educación de excelencia”, pero aclaró que eso no es posible por cuestiones presupuestarias.
Al cerrar el debate, José Mayans enfatizó que a la Ciudad “le aumentaron de un saque el 170% la coparticipación”, y lo que está haciendo ahora el Gobierno nacional es “recuperar la plenitud de sus recursos. Acá no se está tocando la coparticipación, la Nación dice lo que corresponde es lo que vamos a pagar”.
Esto sabemos que es un pago político: la Ciudad le hizo la campaña a Macri y le paga con la pobreza y la indigencia en muchas provincias”, aseguró Mayans.
“Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque para eso nos eligió la gente. Nosotros le dijimos a la gente que íbamos a tener una distribución más justa”, concluyó el jefe del bloque oficialista.
La presentó la senadora Rodríguez Machado, que reclamó porque no le dieron la palabra la semana pasada, cuando sobre el final se leyó una gran cantidad de modificaciones al dictamen de la reforma judicial.
Previsiblemente el incidente del final de la sesión de la semana pasada, con la lectura durante 14 minutos que hizo la senadora María de los Angeles Sacnun de las correcciones al dictamen de la reforma judicial, tuvo eco en la sesión de este jueves. Encargada de exponer la protesta fue la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado.
La senadora cordobesa presentó una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, y la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Sacnun, por lo sucedido en el final de la sesión anterior. Admitió la senadora que imaginaban que podría haber algunas modificaciones al despacho, pero cuestionó que a último momento los senadores que integran ambas comisiones que manejaron el proyecto en cuestión se enteraron “a último momento” de una serie de cambios que no conocían, cuya lectura demandó “un lapso no menor a 10 minutos”.
Recordó entonces haber pedido hacer uso de la palabra de manera reiterada, sin que la presidenta del cuerpo reparara en ella. Reconoció que por la vía remota puede resultar muy difícil ver quién habla, no se identifica a los senadores que piden hablar, e irónicamente deslizó que “sí ver a quien supuestamente lee, pero no cuando alguien pide uso de la palabra. La pedí en reiteradas oportunidades, y la respuesta (de la presidenta del cuerpo) fue, y voy a ser textual: ‘Por favor’, ‘a ver’, ‘parecemos un gallinero’, ‘les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y solamente cuando el secretario les diga los abran’”.
“No podemos hablar, hacer uso de la palabra… A mi criterio esto amerita una cuestión de privilegio”, apuntó la senadora de Juntos por el Cambio que denunció la utilización de “formas que creía desterradas”. Y agregó: “No poder hacer uso de la palabra e identificarnos como un gallinero es una falta de respeto a los senadores de este cuerpo. Además de conocer a último momento una modificación de este despacho, cuando durante horas estuvimos hablando de otro texto”.
“Esto no puede pasar más, amén del sentido positivo o negativo de este voto: que se nos cercene la palabra, que se nos compare con un gallinero, y no saber lo que se va a votar después”, resumió.
Así lo expresó María de los Angeles Sacnun al defender la cláusula agregada a instancias del senador Parrilli en el proyecto de reforma judicial.
Sobre el final de su exposición, la miembro informante del oficialismo, María de los Angeles Sacnun, se refirió a la cláusula agregada en el dictamen por el senador nacional Oscar Parrilli, que agregó la obligación de los jueces de denunciar presiones “de los poderes mediáticos”.
Al respecto, la senadora santafesina señaló que esa cláusula pretende “salvaguardar los intereses de la sociedad, del estado de derecho, es para salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no solamente del poder político; también lo deben ser del poder económico, y del poder mediático, que está incluido dentro del poder económico”.
“Porque no estamos hablando de los periodistas y las periodistas que puedan hacer una nota de opinión, llevar adelante una investigación periodística, o que puedan hablar en un editorial. Estamos hablando de un poder económico que se da de bruces con la libertad de expresión”, apuntó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Para Sacnun, “quieren hacer parecer al poder mediático a la libertad de expresión, y justamente el poder mediático y la concentración de los medios es la que vulnera la libertad de expresión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo”.
La senadora concluyó ese pasaje recordando que durante la gestión de Cristina Kirchner “se eliminó el delito de calumnias e injurias”.
Así lo expresó la senadora María de los Angeles Sacnun, que atribuyó la inseguridad en su provincia a la ausencia de una articulación que tiene que haber entre la seguridad y la justicia.
La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, quien tuvo la responsabilidad de conducir el plenario de comisiones donde se aprobó el dictamen por la reforma judicial, sostuvo que “con el Gobierno de la provincia y el senador Roberto Mirabella hemos construido un proyecto que fortalecerá a la Justicia Federal en nuestra querida Santa Fe”.
La legisladora, que recibió el reconocimiento de todos los bloques por el manejo del debate, afirmó que “la inseguridad que vivimos en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe es fruto de la ausencia de una articulación que tiene que haber entre la seguridad y la justicia y en este caso de la justicia federal que está vinculada a los delitos de narcotráfico, trata y lavado de activos”.
Sobre el trabajo realizado en el plenario, Sacnun afirmó: “Hemos llevado adelante una enorme tarea con seis plenarios de comisiones. Tuvimos 50 expositores y expositoras propuestos por todos los bloques, muchos que solicitaron formar parte de la misma y la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo”.
Sacnun finalizó diciendo que “este proyecto de reforma judicial tiende a cumplir con la promesa electoral del Presidente de la Nación Alberto Fernández, se trata de un proyecto que no llegó cerrado al Senado sino que arribó para que pudiera ser discutido e introducirles aquellas modificaciones que fortalecen a la Justicia Federal en todas nuestras provincias”.
Tras varias horas en las que la oposición elevó su voz para quejarse y el oficialismo explicó que el texto estaba circulando para la firma, el documento fue difundido. Conozca qué dice.
Tras una prolongada reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto de ley de reforma judicial pasó a la firma este miércoles, con el objetivo de que poder sesionar la próxima semana para debatirlo, habiendo pasado los siete días correspondientes y no tener que reunir sino los dos tercios para habilitar el tratamiento. Pero pasaron las horas y el texto brillaba por su ausencia, ante lo cual la oposición elevó su protesta.
Lo hizo desde temprano, a través entre otros de la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que se quejó porque los senadores de la oposición no habían podido acceder al texto que, de todas formas, no pensaban firmar.
La senadora macrista relató que el día anterior la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnun, “oralmente nos manifestó algunos cambios, pero no hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la comisión el texto del dictamen. Así que no sabemos si eso se hizo, si hay otros puntos a modificar y cuál es el dictamen”. En diálogo con CNN Radio, la legisladora señaló que “el nuevo texto que se tenía que someter a votación” y “ese es el que no hemos podido conseguir”. “Los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece”, agregó la vicepresidenta de la comisión.
La cordobesa contó que se comunicó con Sacnun, quien le dijo que “cuando estén las firmas lo va a publicar, pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión”. “Lo firmemos o no firmemos tenemos derecho a conocer cómo se expidió la comisión que integramos”, sostuvo.
La explicación que le dio la senadora Sacnun fue que “el trabajo de borradores es una tarea que requiere ajustes hasta último momento, sobre todo en un momento que no se dictamina a ‘libro cerrado’, que cuenta ocn un articulado de más de 80 artículos y múltiples anexos, sino que tal como ha quedado claro se realizaron múltiples cambios de forma y otros de fondo que fueron informados”.
El dictamen del proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias ingresó pasadas las 21 a Mesa de Entradas de la Cámara alta conteniendo 19 firmas.
Suscribieron el dictamen -el único que será debatido la semana que viene, pues la oposición no presentó uno de minoría- quienes presidieron el plenario, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun; y de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli.
Además, el texto lleva las firmas de los senadores Anabel Fernándz Sagasti, Claudia Ledesma Adbala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder, Carlos Espínola, Ana Almirón, Nancy González, Juan País, Sergio Leavy, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Mariano Recalde, Edgardo Kueider y Antonio Rodas.
Modificaciones en torno al sorteo de las causas: Se avanzará en la transparencia de los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.
Regla democrática o selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.
Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso y administrativo. Se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia que es uno de los temas que el Poder Ejecutivo advirtió a la hora de mandar el proyecto al Senado de la Nación
Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos que nos plantearon que la Secretaría con competencia específica en este tema conserven esta competencia exclusiva.
Proceso acusatorio: La Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo código.
Entre las modificaciones aplicadas al texto se estableció que no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, para avanzar en la transparencia de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.
Asimismo, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.
En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código.
DICTAMEN-PE-104-20.-Firma-Dig-3-comprimidoEs la que presentó Mario Pais al inicio de la sesión del jueves contra María Alejandra Biotti, la magistrada que pidió al Senado suspender el tratamiento de los traslados de dos camaristas.
“Bien. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio formulada por el senador Mario Pais”, señaló la presidenta del Senado el jueves pasado, luego de que el legislador chubutense presentara una cuestión de privilegio contra la jueza María Alejandra Biotti, que había conminado al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Sucedió al inicio mismo de la sesión del jueves pasado y esa fue la primera cuestión de privilegio presentada esa tarde. El trámite con las cuestiones de privilegio es sencillo: se plantean en la primera parte de las sesiones y quien preside las mismas procede a dar traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde inexorablemente dormirán el sueño de los justos, pues nunca se tratan.
Salvo esta cuestión de privilegio, pues en la agenda del Senado figura la misma en el temario a abordar este martes. Será en una reunión que realizará la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora María de los Angeles Sacnun, que a partir de las 13 mantendrá un nuevo plenario con Justicia y Asuntos Penales. Al cabo de esa cita, está previsto que Asuntos Constitucionales siga reunida para tratar una serie de temas entre los que figura la cuestión de privilegio presentada por Mario Pais, quien dicho sea de paso no es afecto a hacer ese tipo de planteamientos, como él mismo dijo el jueves pasado.
Sin embargo en esta oportunidad consideró que correspondía denunciar la “gravedad institucional” de lo que consideraba un “abuso y arbitrariedad” ejercido por la jueza Biotti. “Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios, constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución”, señaló el senador oficialista.
Agregó que “esta jueza, seguramente, está incurriendo en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia de la Nación”.
Durante su intervención, Pais recordó el expediente que oportunamente la titular del Senado elevó a la Corte Suprema, en pos de una acción declarativa de certeza que sirvió -dijo Pais- para “ratificar la trascendencia constitucional de la división de poderes y, fundamentalmente, la incumbencia de la misma Corte para la revisión de los actos de gobierno, que nunca pueden ser previos y menos pretendiendo impedir que se ejerza una potestad propia del Congreso”.
Por el contrario, sostuvo Pais, “esta jueza, con tamaña liviandad y a través de una cautelar, le ordena al Senado de la Nación, un cuerpo que representa la soberanía popular conforme emerge expresamente del artículo 22 de la Constitución, que se abstenga, que no actúe. Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución. Pero, impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero, un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y, eventualmente, después, la presentación de un proyecto de resolución que voy a elaborar en las próximas horas –después de que termine la sesión– para rechazar tamaño abuso, tamaño exceso jurisdiccional que, como ya dije, violenta la forma republicana de gobierno”.
Se espera entonces que este martes surja de parte del oficialismo un dictamen rechazando la actitud de la magistrada.
Así lo expresó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, para quien el pedido de la oposición para retirar el proyecto del Congreso “es una excusa para no debatir”.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun estimó que hacia fin de mes estarán en condiciones en el Senado de debatir el proyecto de reforma judicial que en estos días está siendo discutido en comisión, y con vistas a lo que vaya a suceder luego en Diputados, expresó su deseo de que allí se pueda dar el debate.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales calificó de “muy buen síntoma” la decisión del presidente Alberto Fernández de haber enviado ese proyecto para su discusión en el Congreso y rechazó el planteo del jefe del bloque de diputados de JxC, Mario Negri, quien pidió al primer mandatario que retire la iniciativa, señalando que “ya tiene estado parlamentario y está siendo debatido en el Senado”. A su juicio, “es una excusa para no debatir” el proyecto, reafirmando que “claramente esta es la oportunidad de debatirlo”, pues además “forma parte del ideario” del presidente Alberto Fernández.
En el marco de una conferencia de prensa virtual con periodistas de todo el país, convocada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Sacnun sostuvo que el proyecto del Ejecutivo tuvo en cuenta la iniciativa conocida como Justicia 2020 impulsada en su momento por Cambiemos. “Fueron de alguna forma parte de las bases del proyecto que diagramó el Poder Ejecutivo”, reconoció la diputada santafesina, que en ese sentido consideró que “por eso la verdad que a uno como mínimo le genera algún tipo de interrogante de por qué la oposición no se aviene a trabajar sobre las posibles reformas al proyecto”.
“Me parece que el presidente ha mostrado una enorme apertura, no solo al momento de mostrar el proyecto, sino también al admitir en la propia presentación que el mismo estaba abierto a todas las reformas que se le pretendieran incorporar”, enfatizó.
Agregó que desde el oficialismo están en “un todo de acuerdo con la directriz del proyecto, que es fortalecer la independencia del Poder Judicial, y por otra parte recuperar a través de la tutela judicial que se preserven los derechos y garantías que establece la Constitución nacional”. Y allí la emprendió contra la gestión anterior, al señalar: “Derechos y garantías que nosotros entendemos que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri fueron fuertemente vulnerados, no solamente por la constitución de esa mesa judicial que se había naturalizado en el país”.
“Me parece un buen síntoma para la República que el presidente de la Nación sea el que impulse alcanzar esos principios, cuando muchas veces quien ejerce el poder es quien se hace de ese tipo de recursos para perseguir opositores, como vimos en los últimos 4 años de gobierno, en que se instaló en el país un proceso de lawfare, de persecución judicial, con múltiples actores de la vida política como destinatarios, pero fundamentalmente este lawfare estuvo destinado a horadar a Cristina Fernández de Kirchner, como la líder de la oposición”.
Conductora del debate que se está dando en el Senado, María de los Angeles Sacnun aseguró que “vamos a reformar el proyecto en la Cámara de Senadores, sin modificar por supuesto aquellas líneas que nosotros consideramos centrales”. En ese sentido mencionó “la garantía de los jueces naturales en las causas que están en trámite”, como así también “garantizar fundamentalmente la desconcentración del poder que hoy existe en Comodoro Py”. Se está trabajando también, dijo, en fortalecer la Justicia Federal en las provincias argentinas.
Rechazó a continuación el planteo de la oposición hecho al presidente para retirar el proyecto. “Ya tiene estado parlamentario, ya está siendo ebatido por el Senado de la Nación. ¿Por qué se retiraría un proyecto que ya está en el Parlamento y que ya hemos demostrado que hemos llevado adelante un debate prácticamente igual que el que se genera cuando las reuniones son presenciales?”, se preguntó.
En ese sentido, la senadora del Frente de Todos resaltó que desde el punto de vista del funcionamiento del Congreso en pandemia “el sistema ha demostrado que funciona permanentemente”. “La verdad que es inexplicable la posición que tiene la oposición en torno al debate parlamentario”, expresó, recordando cuando “apenas empezada la pandemia hicieron la ‘caravana de la democracia’ pidiendo que el Congreso funcione. El Congreso está funcionando plenamente, de hecho en la Cámara de Senadores ya tuvimos más cantidad de sesiones que en todo 2019, cuando no hubo pandemia y gobernó Mauricio Macri, y yo sigo sosteniendo que hubo un apagón parlamentario”.
“La verdad que me parece que es simplemente una excusa para evitar debatir este tema tan importante que es el de la justicia”, razonó, considerando también que “la oposición, en lugar de impedir el debate en todo caso debiera plantear motivos, causas, fundamentos por los cuales no quiere que el proyecto avance, o en todo caso proponer cuáles son las modificaciones que quieren hacer”.
Muchos de los que están preguntando el impacto presupuestario de la reforma judicial son los mismos que sostuvieron un modelo económico que pagaba mil millones de pesos por día en Lebacs”.
En otro pasaje, Sacnun descartó que se esté analizando la propuesta del senador Oscar Parrilli de incluir sanciones a los medios y/o periodistas como supuestos actores dentro de las investigaciones. “El senador ha hecho algunas preguntas concretas a algunos de los expositores, pero no ha elevado ningún tipo de propuesta de reforma concreta de ese artículo”, aclaró, enfatizando que a su juicio “debemos preservar la libertad de expresión, es un bien jurídico a proteger; lo que tenemos que tener es también una profunda claridad en torno a la formación de los jueces, los funcionarios, que no deben dejarse presionar por ningún medio de comunicación, pero tampoco por ningún poder fáctico”.
Respecto del costo de la reforma judicial, la senadora citó a la ministra de Justicia al estimar entre un 1% y 1,5% del presupuesto que ya tiene el Poder Judicial de la Nación. “Con lo cual, creo que el impacto es ínfimo”, deslizó, estimando que seguramente tendrán “la información pormenorizada al momento de dictaminar”. Y tras señalar que “la reforma judicial es una inversión para el país, no es un gasto”, remató: “muchos de los que están preguntando el impacto presupuestario son los mismos que sostuvieron un modelo económico que pagaba mil millones de pesos por día en Lebacs”.
Con relación a la finalización del debate de la reforma judicial, Sacnun estimó que “nosotros hacia fin de mes vamos a estar en condiciones de estar debatiéndolo en el recinto. Estamos justamente trabajando para sacar un dictamen con las reformas que estamos analizando, y a fin de mes lo vamos a poder estar tratando en el recinto… Y luego pasará a la Cámara de Diputados de la Nación, que Cámara tendrá que definir el tema del debate en la misma”.
En ese sentido diferenció las actitudes de ambas cámaras, pues mientras en Diputados la oposición anticipa que no habilitará el debate, “en la Cámara de Senadores el debate se ha dado, y más allá de que la oposición no está planteando reformas concretamente, y hay una franca oposición al proyecto, están asistiendo a las comisiones, han presentado expositores, se está dando el debate parlamentario”.
Si bien reconoció como un derecho de la oposición decir que no está de acuerdo y no acompañar, ni introducir reformas, Sacnun considera que “hubiera sido más constructivo que hubieran propuesto algunas reformas al proyecto”. Con todo, reconoció que “están participando de las comisiones y están participando del debate, y de hecho han propuesto expositores que están todos citados: no hemos dejado un solo expositor propuesto por la oposición sin que pueda ir. Con lo cual habrá que ver después en Diputados cómo sigue, pero espero que puedan dar el debate”.
En ese marco, la senadora nacional por Santa Fe estimó que la oposición en el Senado presentará un dictamen propio. “Es lo que por lo menos me han adelantado. He estado en contacto permanente, tanto con el senador (Luis) Naidenoff, como con la senadora Rodríguez Machado; el senador Parrilli en contacto con el senador (Ernesto) Martínez, que es de su comisión, la de Justicia; el jefe de nuestro bloque José Mayans con el senador Naidenoff en su carácter también de jefe del interbloque Cambiemos. Les hemos pedido que se eleven las eventuales reformas o planteos que tengan; no hemos obtenido respuesta en ese sentido, con lo cual presumo que habrá un dictamen de minoría”.
Así lo informó la titular de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, para quien la propuesta oficial “fortalece la Justicia Federal”.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun se refirió a los avances en el análisis de la reforma judicial en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.
“Estamos analizando la propuesta que presentó el presidente de la Nación, una iniciativa que fortalece la Justicia Federal del interior del país, acoplándola también con la aplicación del nuevo Código Procesal penal federal”, destacó Sacnun y a su vez subrayó “Hemos logrado que la provincia de Santa Fe se incorpore al cronograma junto con Mendoza para trabajar la aplicación del nuevo Código Acusatorio”.
“En el primer encuentro del plenario de comisiones contamos con la presencia de la ministra Marcela Losardo, que explicitó el proyecto y además respondió cada una de las preguntas formuladas por los senadores y senadoras de todos los bloques”, explicó Sacnun.
“Es ineludible avanzar en la Reforma Judicial, que debe ser el pilar más importante de cualquier República y que reside justamente en ampararse en el derecho y la igualdad ante la ley”, subrayó Sacnun.
“Aceptamos absolutamente todos los expositores que propuso el bloque de la oposición, para generar un pie de igualdad y se puedan escuchar todas las voces”, explicó también la senadora nacional.
Con la presencia de la ministra Marcela Losardo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comienzan este martes la discusión del proyecto. Arman la lista de expositores.
Arranca este martes en la Cámara alta el análisis en comisiones del proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo la semana pasada. Será este martes a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, a los efectos de dar tratamiento el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.
En esta ocasión se hará presente en la reunión la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.
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Obviamente será el puntapié inicial para una discusión que no será exprés, pero tampoco se presume extensa. De hecho, fuentes legislativas adelantaron a parlamentario.com la intención de que el proyecto resuma media sanción en el transcurso de este mes, previéndose su aprobación definitiva en Diputados en el transcurso de septiembre.
De ser así, el proyecto debería recibir dictamen el 18 o 19 de agosto, de modo tal de poder ser debatido en el recinto la semana siguiente. Conforme la resistencia de la oposición, el oficialismo deberá atenerse a la necesidad de esperar una semana a partir de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, para no tener que contar con los dos tercios que no tiene.
Pero en el mientras tanto el oficialismo buscará darle al debate una muestra de convivencia pacífica que en la previa no tiene. Según pudo saberse, durante el fin de semana la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, se comunicó con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y con Laura Rodríguez Machado, con el objetivo de proponerle la confección de un listado de consenso de expositores de cara a la discusión de la ley propuesta por el Ejecutivo.
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En la Cámara baja se espera una mayor resistencia para un proyecto que recibirá entonces la consigna de no modificar nada de lo que se defina en el Senado, una cámara que domina la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí el debate será conducido por dos probados kirchneristas de paladar negro, la mencionada María de los Angeles Sacnun, y Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
En Diputados también manejarán el debate dos kirchneristas duros: Pablo González, exvicegobernador santacruceño, compañero de fórmula de Alicia Kirchner, y el camporista Rodolfo Tailhade, titulares de Asuntos Constitucionales y Justicia, respectivamente.
De acuerdo con la agenda oficial, es de esperar que el proyecto se transforme en ley en el transcurso del mes de septiembre.
El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado el miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, se pasó a la firma el dictamen del proyecto de ley para crear 24 capitales alternas.
Un plenario de comisiones del Senado analizó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado para crear 24 capitales alternas, y este viernes su dictamen pasó a la firma. Las comisiones que analizaron el tema fueron las de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La misma fue presidida por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien al comenzar la reunión recordó que “hemos llevado adelante una discusión importante en torno a este proyecto” que “formó parte de la propuesta electoral”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales enfatizó que “estas capitales alternas que surgieron tienen que ver con las consultas ya realizadas con los poderes ejecutivos de las provincias”, y consideró que “el haber mandado esta iniciativa legislativa al Senado de la Nación como Cámara de origen es claramente un posicionamiento político, una hoja de ruta, una directriz que está señalando el Gobierno nacional en torno a cómo repensamos el federalismo del siglo XXI”.
“Me parece que en la medida que funcionarios, funcionarias, del Presidente para abajo, representantes del pueblo tengan un mayor contacto con cada una de la comunidades, no solamente con los funcionarios públicos de las provincias sino también con las organizaciones libres del pueblo, entidades civiles, gremios; hace que tengamos una democracia mucho más directa en la que el pueblo y sus gobernantes tengan esta gimnasia de ida y vuelta que permita solucionar los problemas”, agregó.
“El plan de trabajo se va a llevar adelante a partir de la sanción de la norma y me parece que eso permite también tener en cuenta que no se va a poder poner en marcha inmediatamente”, prosiguió, luego de lo cual aclaró que “en cuanto al impacto potencial de la relocalización o la instalación, esta normativa se condice con poder romper con lo que ocurre normalmente que es que sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde está instalada toda la administración pública”.
Finalmente, Sacnun informó que “vamos a circularizar el dictamen porque creo que tenemos que otorgarle esta herramienta al ministerio del Interior y al Presidente de la Nación para que se comience a realizar este plan de trabajo y podamos acercar a los gobernantes al pueblo”. “No obstante eso, reconocemos como aportes valiosos lo que está planteando la oposición”, concluyó, en relación a las modificaciones propuestas por la oposición en torno a los artículos 1, 3, 5 y 6.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio (FdT), subrayó que “el Estado nacional yo creo que tiene expresión en la mayoría de las grandes ciudades del país” y que “ahora se está buscando darle a esto un nivel institucional”.
Al respecto apuntó que “lo importante es que el objetivo de la ley se cumpla, que es acercar a cada una de las provincias argentinas al puerto de Buenos Aires”, y sostuvo “creo que es el espíritu del gobierno nacional no es cerrar ningún lugar para abrir otro”.
“Esta es una ley que se va a desarrolla con el tiempo y es una iniciativa política de acercamiento y reconocimiento al interior profundo que se tiene que trasladar a la historia futura”, agregó.
“Cuando tenemos un dictamen que vemos que las diferencias no son grandes, y lo podemos avanzar, tratamos de avanzarlo entonces yo digo que avancemos en la firma y que las consideraciones las vamos analizando hasta el momento que tengamos una sesión para aprobar esto”.
“Creo que la senadora Sacnun puede estudiar estos temas, hablar, discutir y ver si es necesario escribir un cambio o no”, resumió, para concluir: “Deberíamos avanzar dejando abierto un camino de ver si alguna es cosa necesaria lo hagamos pero no paremos es desenvolvimiento del hecho porque en su gran mayoría el hecho está aceptado por nosotros”.
La iniciativa de María de los Angeles Sacnun prevé la continuidad hasta 2024. Recuerda la senadora santafesina que desde la sanción de la ley correspondiente se han generado cuantiosas inversiones y beneficios de diversa índole en todo el país.
La senadora María de los Angeles Sacnun solicitó prorrogar el “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina” hasta el 31 de diciembre de 2024.
“Los beneficios y contribuciones que este Régimen han aportado para el conjunto del país en materia de diversificación de la matriz energética, desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de importaciones y preservación del medio ambiente, justifican y hacen necesario garantizar su continuidad y previsibilidad”, explicó Sacnun.
En el mismo sentido, la legisladora nacional destacó que “la utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades”.
“Desde la promulgación de la Ley Nro. 26.093 se han generado cuantiosas inversiones y beneficios de diversa índole en todo el país en materia social, ambiental y económica y otorgó previsibilidad a los productores de biocombustibles, como así también a todo el entramado productivo del sector agrícola y de la agroindustria promoviendo el arraigo, como una visión de federalismo del siglo XXI”, subrayó Sacnun.
“Hay hoy 54 plantas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), agregando valor en origen, generando y sosteniendo economías regionales con más de 300.000 mil empleos directos e indirectos”, dijo Sacnun y agregó que: “los biocombustibles constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la soja, maíz y azúcar, la industria de los biocombustibles reemplazó importaciones de nafta y gasoil por más de u$s 10.800 millones de dólares en el periodo 2010 – 2019, y durante el mismo periodo el estado nacional giró divisas por más de u$s 23.000 millones por importaciones de gas oil.
La senadora kirchnerista quiere que los aplausos para los profesionales de la salud estén acompañados por medidas protectoras de su seguridad por parte del Estado.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal argentino para proteger a los profesionales de la salud ante el incremento de la violencia que padecen.
“Cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la salud es una prioridad”, sostuvo la legisladora nacional al momento de anunciar la iniciativa en el marco de la charla organizada por el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, 2da circunscripción, en el que participó junto al ministro de Salud de la Nación, Gines González García, y la ministra de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Fe, Sonia Martonaro.
En torno a los fundamentos de su proyecto, Sacnun manifestó que “en el marco de la Pandemia del Covid-19 el derecho humano a la salud se ha puesto en primer plano y resulta fundamental generar condiciones laborales para su acceso, siendo los trabajadores y trabajadoras de la salud los que garantizan la efectividad de ese derecho”.
En el mismo sentido, la legisladora nacional explicó que “hace meses que venimos asistiendo a aplausos en homenaje a la labor de estos profesionales, quienes están en la primera línea de defensa de la sociedad en el marco de esta situación excepcional de la pandemia. Esos aplausos deben ir acompañados de medidas protectoras por parte del Estado”.
La senadora ha entablado reuniones con sectores de la sociedad civil como Colegios Médicos, profesionales técnicos y auxiliares de la salud para conocer sus problemáticas y atender a sus propuestas. “Este proyecto contempla, además, la perspectiva de género, ya consagrada en nuestro orden penal. La protección integral a la mujer trabajadora debe ser un eje que atraviese todas las dimensiones y repercuta en una sociedad más justa e igualitaria. La violencia debe ser siempre condenada”, enfatizó la senadora.
El proyecto que cuenta con el acompañamiento de los senadores Juan Mario Pais y Alfredo Luenzo propone agravar las penas establecidas en el Código Penal según sean amenazas, lesiones leves, graves o gravísimas que se realicen contra los equipos médicos tanto del sector público como privado.
“Cabe destacar el enorme esfuerzo que ha hecho el presidente Alberto Fernández al rejerarquizar al Ministerio de Salud de la Nación, otorgándole los recursos e insumos necesarios para preparar y rearmar el sistema de salud de todo el país, así como también la resolución a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorporó al Covid-19 como enfermedad laboral, un proyecto de ley que también impulsé desde el Senado de la Nación para posibilitar una cobertura amplia de todos los equipos médicos.”, dijo Sacnun.
Por su parte el Congreso Nacional aprobó en forma unánime un proyecto para la exención del pago de Impuesto a las Ganancias para el personal de Salud y de Seguridad y la “Ley Silvio”, para proteger la seguridad del personal sanitario en el contexto de pandemia, eximiendo del Impuesto a las Ganancias las horas extras o guardias realizadas por trabajadores de la salud y de seguridad durante la pandemia del coronavirus y otorgando una pensión graciable a los familiares de los empleados fallecidos en esas tareas.
La senadora oficialista María de los Angeles Sacnun cuestionó la manera como los senadores de Juntos por el Cambio objetaron la creación de una comisión investigadora y dijo que no solo deberían habilitarla, sino también integrarla.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, defendió enfáticamente la creación de una comisión investigadora de la cuestión crediticia de la empresa Vicentin y rechazó que la misma tenga visos de nulidad, como argumentó la oposición.
“Hay que analizar la conducta previa que ha tenido la oposición durante todo este período de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión donde obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer cinco puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas. Y obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley”, sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Parlamentario TV. En ese marco sostuvo que “a comisión investigadora no requiere los dos tercios, porque con la mitad más uno de los presentes se sanciona y pasa a la Cámara de Diputados”.
Sacnun se basó en los antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley, y puso como ejemplo la última, la que se encargó de investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan. En ese caso, recordó, contó con el voto unánime en ambas cámaras.
“De ninguna manera hubiera requerido los dos tercios, como maliciosamente está señalando la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los dos tercios, la mayoría agravada”, puntualizó la legisladora kirchnerista, que recordó que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside se sacaron varios dictámenes de reforma del reglamento y “no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos dos tercios, la reforma del reglamento no se va a tratar en la Cámara, porque no va a contar con la mayoría requerida”.
Por otra parte, la senadora santafesina recordó que la sesión en cuestión duró seis horas, a lo largo de las cuales “tuvieron la oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor… La verdad que no encuentro motivo para generar esta discordia”.
En ese marco, María de los Angeles Sacnun sostuvo que la cuestión de fondo pasa por preguntarse “por qué la oposición no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin. Ahí es donde reside el eje de la cuestión”.
“Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de la comisión, y eso habla mal de la oposición -agregó-. Deberían no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos creen que pueden servir a los fines de esclarecer la situación”.
