Por José Angel Di Mauro

Cuando la vicepresidenta mencionó en su tan comentada carta pública a “los funcionarios y funcionarias que no funcionan”, comenzaron a circular listas con los nombres que podía incluir semejante referencia. En todos figuraba María Eugenia Bielsa, la ya renunciada ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Propios y extraños pensaban en ella, más allá de ser muy ponderada por el propio presidente, al que le dolió mucho eyectarla. Pero cuando en los días previos a esa salida quien esto escribe le preguntó a una figura del Gobierno sobre los funcionarios que funcionan, nuestro interlocutor dijo que para él la manera de verificarlo es siempre analizar el gasto del presupuesto de cada área.

Era innegable de quién estaba hablando, pues a la hermana del técnico del Leeds le reprochaban la falta de ejecución de sus partidas presupuestarias, lo que es decir que un área clave como es vivienda no estaba rindiendo lo esperado. Hay explicaciones para semejante mora, la mayoría atribuibles a la pandemia, que entre otras cosas puso un freno a la construcción. Pero la suerte de la exvicegobernadora de Santa Fe estaba echada, para muchos desde que la carta de Cristina Kirchner vio la luz.

En su lugar asume Jorge Ferraresi, quien es intendente de Avellaneda, pero a partir de que se confirmó que era el elegido para reemplazar a Bielsa se hizo más hincapié en su cargo cuasi honorífico: vicepresidente del Instituto Patria. Pareciera entonces una regla no escrita que todo funcionario renunciante sea reemplazado por un cristinista. En efecto, a Alejandro Vanoli lo sucedió al frente de la ANSeS la camporista Fernanda Raverta; a Sergio Lanziani lo reemplazó en la Secretaría de Energía Darío Martínez, primer denunciante de Mauricio Macri por los Panamá Papers.

¿En quién pensará Cristina si terminara yéndose Marcela Losardo?… La referencia encuentra un rechazo rotundo en Olivos  -donde el presidente cumple riguroso aislamiento luego de que el positivo de Gustavo Beliz dejara fuera de circulación a medio gabinete-, pues la ministra de Justicia es socia y amiga de Alberto Fernández y entregar su cabeza sería una capitulación que no está dispuesto a conceder. Pero lo cierto es que cerca del mandatario tomaron como una señal muy negativa la fuerte crítica que días pasados lanzó otro muy allegado a CFK como Leopoldo Moreau, que le reprochó a la ministra que “haya aparecido solamente para esto”, en referencia a su defensa de la postulación de Daniel Rafecas, cuando “hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales como el caso de Stornelli, la situación del procurador Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos”.

No hay una oposición… hay cada vez más oposiciones. Hay falta de personería jurídica en la oposición”, ironizó una fuente.

A propósito, salvo esa referencia, casi no se habla ya de la reforma judicial. El presidente ha dicho que sigue esperando que la Cámara de Diputados “se digne” a tratarla, pero no sonó como un reproche hacia Sergio Massa, sino a una oposición que en este caso logró reunir una masa crítica suficiente para que el oficialismo no se arriesgue a tratarla y perder. “Estamos esperando una propuesta de la oposición respecto de qué cosas está dispuesta a reformar y qué no, entendiendo que la justicia está en deuda con la sociedad argentina”, señaló a este medio alguien del Gobierno. El problema, razonó, es que “no hay una oposición… hay cada vez más oposiciones. Hay falta de personería jurídica en la oposición”, ironizó la fuente.

Esa propuesta no llegará, como tampoco quieren en Juntos por el Cambio complicarse con el tema Rafecas: “Hace 8 meses que el pliego está en el Senado y no lo mueven, así que es el Gobierno el que debe resolver qué quieren hacer con él”, explicó a este medio uno de los jefes de la oposición parlamentaria.

Precisamente en el plano legislativo es donde los últimos días el oficialismo mostró fisuras. Son conocidas las diferencias entre los presidentes de ambas cámaras, preexistentes a la llegada del Frente de Todos al poder. Así y todo conviven. Pero la vicepresidenta no es de olvidar rencores, y lo dejó escrito en la carta del 26 de octubre en la que recordó lo que su par de Diputados decía de ella en el pasado. La crítica esta vez no la expresó ella, sino los senadores, que se quejaron en privado del jefe de la Cámara baja y el papel que tuvo con el Presupuesto, en cuyo debate -recordemos- no hubo discurso de cierre de Máximo Kirchner. En la sesión del jueves no fue CFK la que hizo público el error al omitir el envío de un anexo con planillas de obras proyectadas, sino el miembro informante por el oficialismo, que al concluir su exposición sorprendió al anunciar que el proyecto volvería en revisión a Diputados.

¿Le habrán avisado al ministro de Economía que la sanción del Presupuesto se iba a retrasar, o se enteró al escucharlo desde uno de los palcos del Senado?

Pero aún faltaba una sorpresa más para ese jueves cargado. Cuando el debate por la ley de leyes llegaba a su fin, desde el propio Senado el kirchnerismo anunció que el oficialismo de la otra Cámara había pedido una sesión especial para el martes venidero, para tratar el postergado impuesto a la riqueza. El proyecto de “aporte solidario” estará acompañado por otro proyecto de Máximo Kirchner no menos polémico: el que prohíbe por 60 años los desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, y también cualquier uso diferente al que tenía antes de un incendio.

El tema es que el proyecto conocido como “impuesto a la riqueza”, anunciado a poco de iniciada la pandemia por el periodista Horacio Verbitsky en un reportaje que le hizo al presidente -quien puso cara de enterarse ahí-, sufrió mil postergaciones. Su presentación se fue dilatando, y su dictamen se alcanzó recién a fines de septiembre; pasaron casi dos meses sin que llegara al recinto. Es que Alberto Fernández nunca estuvo convencido de esa iniciativa de Máximo K que redactó Carlos Heller, y todo indica que prefería cajonearla. La semana anterior una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a este medio que la demora en el tratamiento del proyecto tenía que ver con la necesidad de aguardar a la presentación de la reforma tributaria, “para que no se pisen” en sus artículos. “Lo mejor para trabajar es tener terminado el proyecto de reforma tributaria y ahí Heller y Máximo puedan comparar y ver entre especialistas tributaristas que no se produzca ninguna distorsión en el sistema”, confiaba nuestra fuente.

Toda una sorpresa debe haber sido para el presidente, Martín Guzmán y Sergio Massa, enterarse el jueves del pedido para tratar en sesión especial ese tema este martes. Una señal muy impactante respecto de lo parcelado que está el poder dentro de la coalición gobernante, con intereses que se contraponen entre los propios poderes.

En tren de dar señales, la sanción del Presupuesto tuvo una demora imprevista ante los ojos de los representantes del Fondo que por estos días nos visitan, y será aprobado el mismo día en que se trate un proyecto que es visto con preocupación por los inversores. Cierto es que al FMI no le incomoda que el Estado recaude más con nuevos impuestos, pero sí que haga los ajustes a los que se comprometa.

Comenzó a cumplir el Gobierno con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se anunció esta semana y se debatirá en los  próximos días en el Congreso. A diferencia de la fórmula aprobada bajo catorce toneladas de piedras, esta no contempla a la inflación, aunque sus auspiciantes aseguren que “es absolutamente reparadora”. Cálculos que expuso el diputado Luciano Laspina (PRO) en el debate en comisión determinan que el Gobierno se ahorró 100 mil millones con el cambio de fórmula.

Y en este marco es que el Gobierno anunció a través de Vilma Ibarra que mandará antes de fin de mes el proyecto para legalizar el aborto. Fue una verdadera sorpresa para propios y extraños, aunque no faltan quienes vinculen su impulso con el ajuste en ciernes. Cerca de Massa confiaban hace pocos días que al menos este año el tema sería postergado: en medio del estrés sanitario que representó la pandemia, poner otro tema de política sanitaria en discusión sería cuanto menos complejo, razonaban.

Pero los problemas para aprobarlo no están en esa Cámara, sino en el Senado, donde el rechazo se impuso 38 a 31 hace dos años y desde entonces la composición del cuerpo no ha variado sustancialmente. Se juega mucho el Gobierno, que apuesta a la aprobación. Dependerá de Cristina Kirchner, que manda en la Cámara alta y en cierta forma será su responsabilidad conseguir los votos.

¿O acaso es una devolución de atenciones para con la exmandataria, que se ha mostrado ajena a cualquier responsabilidad en esta coyuntura crítica? ¿Tendrá que ver que el anuncio lo haya hecho Vilma Ibarra, otra de las apuntadas en la carta pública de la vicepresidenta?

Omar De Marchi, diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, analizó la reciente salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el nombramiento de Jorge Ferraresi, que se desempeñaba como intendente de Avellaneda, como su reemplazante.

“Este cambio marca dos aspectos: primero, que el Gobierno evidentemente nunca tuvo un plan de viviendas; y segundo, es que es un nuevo avance del entorno de Cristina sobre la gestión de Alberto Fernández”.

El legislador señaló que “el día que comprendamos que uno de los ejes centrales para que Argentina crezca en armonía, es el desarrollo de una política habitacional y de infraestructura urbana acorde a las necesidades que hoy la sociedad requiere, vamos a empezar a transitar por un camino de crecimiento y desarrollo humano en el país”. Y agregó: “Pero mientras tengamos como herramienta de gestión la improvisación permanente, nunca podremos resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

De Marchi analizó que a casi un año de haber asumido Alberto Fernández, no hay un plan integral de desarrollo habitacional en la Argentina. “Quien viene a ocupar ese lugar tiene menos idea aún por que ha estado hasta ayer gestionando clientelismo en un municipio como Avellaneda. Hasta ahora el único plan conocido es el plan Grabois”, cerró el diputado nacional por Mendoza.

María Eugenia Bielsa adelantó este martes que “el 30 de septiembre habrá un nuevo sorteo en el Plan Procrear” y ante una pregunta sobre los criterios que utiliza el ministerio que ella conduce para la distribución de los fondos, subrayó que “ningún municipio o provincia que haya presentado los certificados de obra, no ha dejado de recibirlos”.

Así lo expuso la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitad de la Nación, al presentarse este martes ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside la senadora formoseña María Teresa González.

Al responder a las preguntas que le formularon los integrantes de la comisión, la funcionaria precisó que los datos sobre el déficit habitacional, estimado en 3.600.000 viviendas, son una proyección, pues “el censo que estaba previsto para octubre de este año, a partir de la pandemia, ha sido postergado y probablemente se realizará en marzo del año que viene”. Bielsa comentó que de acuerdo con esos datos proyectados se calcula que “las viviendas desocupadas se acercan a  la mitad de la demanda”.

La ministra explicó los diferentes programas oficiales que se llevan adelante para cumplir con los objetivos del ministerio. Entre ellos destacó al plan Argentina Construye, al Plan Procrear, al Plan Nacional de Suelos y al Plan Letrinas.

Subrayó el “carácter virtuoso del Plan Procrear” ya que “es una manera de acceder a la vivienda para los sectores medios y bajos, además de haber generado mucho trabajo”, dijo. En referencia a ese punto destacó que cuando inició su gestión “había 11 mil viviendas sin entregar y 8 mil lotes disponibles, algo que claramente mostraba falta de gestión”.

Ante preguntas de los miembros de la comisión, Bielsa señaló que “venimos siguiendo de manera cercana el aumento de las cuotas de los créditos UVA y también hemos mantenido reuniones con adjudicatarios del Plan Procrear”.

En relación a la modalidad de los créditos UVA, afirmó que “no es ni bueno, ni malo. Es una herramienta difícil de llevar adelante en un país con una inflación descontrolada”. Resaltó la realidad que están viviendo los beneficiarios de esos créditos y dijo que “está claro que tenemos que buscar una salida en la que vamos a trabajar con los hipotecados”. En ese sentido aclaró que “eso no significa licuar la deuda”.

En otro pasaje, Bielsa señaló que su ministerio a día de hoy ha ejecutado “la mitad de nuestro presupuesto y calculamos que a fin de año se ejecutará el 90 por ciento del mismo”.

Recordó que la pandemia hizo del año 2020 un año particular en el que muchas obras en construcción no han podido retomar sus actividades con normalidad. En números dijo que “el presupuesto de 29.400 millones de pesos se amplió en más de 7.500 millones para el Plan Procrear”.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, afirmó que “va a ser muy importante el rol que la industria de la construcción tenga en la salida de la crisis de la pandemia”, al exponer este martes ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, presidida por tucumano Domingo Amaya (Pro).

La funcionaria detalló los distintos planes y programas que lleva adelante la cartera, la cual sostuvo que tiene “el objetivo central” de “reducir el déficit habitacional”, pero “no únicamente visto en términos de cantidad, sino también de cualidad”.

Al comienzo de la reunión -realizada de manera remota-, Bielsa remarcó que durante su gestión será “un camino importante a explorar” el “trabajo coordinado entre inversión pública y privada”. Asimismo, dijo que todos los planes que se encaren tendrán carácter “federal” y deberán ser “equitativos”.

Para la ministra, el aislamiento obligatorio y la pandemia han obligado “a repensar el país”. “Nos quedan muchas enseñanzas, y una es que debemos volver a valorar las ciudades pequeñas y medianas, inclusive las áreas rurales, y llegar allí con la infraestructura y los beneficios que tienen las grandes ciudades”, expresó.

En su alocución, la funcionaria garantizó que el tema de viviendas para sectores aborígenes y población de zonas rurales están en la carpeta del Ministerio. Sobre este último punto, informó que es un tema consultado con su par Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y no descartó que el Congreso pueda llegar a intervenir con una ley.

También, en referencia a una eventual ley de desarrollo territorial, señaló que es un tema “que estamos trabajando” y en el cual se va a necesitar “una interlocución permanente con las provincias y los municipios, y hacer audiencias públicas”. “Es una de las bases que queremos debatir en las Cámaras y que efectivamente va a requerir de una legislación”, subrayó.

Luego de haber recibido preguntas por escrito, Bielsa respondió consultas e intercambió diálogo con los legisladores de la comisión por videoconferencia durante cuatro horas.

Respecto al Plan Federal Argentina Construye, manifestó que es un plan de “contingencia” que “tiene como objetivo principal generar empleos”, a partir de obras con una magnitud no tan grande. Sobre esto, precisó que ya se enviaron los convenios a todas las provincias y solo faltan que lo firmen Tucumán, San Luis, Salta y la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, en referencia al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) -creado por ley en 2018-, la titular de la cartera de Desarrollo Territorial indicó que “sobre el listado nacional de barrios hay 523 mil certificados disponibles (los que se emitieron) y 201 mil impresos (los que se entregaron)”.

“Ojalá a la salida de esta crisis nos preguntemos qué inequidad estamos dispuestos a tolerar como sociedad”, enfatizó, y agregó que “cuando surge una crisis, aún esta que es inédita, todos ponemos la mirada en la vulnerabilidad de los barrios populares”, pero cuando termina la crisis “tendemos a no poder asumir en su totalidad esta problemática”.

En ese sentido, consideró que “el gran desafío que tenemos ahora es la posibilidad de repensar el país, donde todos tengamos un piso mínimo de justicia social”.

Consultada por el plan ProCreAr, Bielsa apuntó que cuando llegaron encontraron “alrededor de 11 mil viviendas a las que les faltaba muy poca acción para terminar de gestionarlas”. “Se entregaron muchas viviendas entre febrero y marzo, antes de que empezara la cuarentena”, afirmó y anunció: “Tenemos programadas entregar a partir de la semana que viene 1.402 viviendas”.

“No hay ningún impedimento que surja del programa o del Ministerio para entregarlas. Si no sucedía esto del aislamiento, en junio terminábamos de entregar todas. Seguimos haciendo adjudicaciones vía streaming. Lo que no se pudo hacer es visita a la unidad”, amplió.

Durante la reunión, la funcionaria se comprometió a evaluar y “trabajar en conjunto” sobre un proyecto de ley presentado por el radical Fabio Quetglas (UCR), sobre “generación de suelo urbano con servicios” para municipios de menos de 300 mil habitantes. En tanto, el presidente de la comisión, Domingo Amaya, propuso comenzar a abordarlo en una próxima reunión de diputados.

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el tucumano Domingo Amaya (Pro), acordó este viernes citar en una próxima reunión a la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Durante el encuentro virtual, Amaya propuso “establecer una agenda de trabajo” y abogó por alcanzar consensos para, a través de distintos proyectos, “podamos apoyar al Ejecutivo desde nuestro lugar” y “facilitemos las herramientas necesarias”.

Los legisladores también coincidieron en convocar a representantes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y de cámaras empresarias del sector.

Durante la reunión, la legisladora Camila Crescimbeni consideró que “en este contexto más que nunca cobra relevancia que sigamos trabajando” sobre la ley de regularización dominial de villas, sancionada en octubre de 2018 y mediante la cual se creó el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana).

En tanto, el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) celebró la reciente sanción de la Ley de Alquileres -aprobada este jueves en el Senado- y afirmó que “es la voluntad del Ministerio poder juntarse con nosotros”. “Espero que en breve estemos discutiendo proyectos tan necesarios para empezar a avanzar en resolver los problemas estructurales que tenemos en el país”, agregó.

A su turno, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) advirtió que en la actualidad hay viviendas en un 80%, 60% y hasta 40% en proceso de construcción. Por eso, consideró: “Hay que plantearse una política de cómo terminar las viviendas que están en ejecución a través de los distintos programas, ya sean anteriores a 2019 y anteriores a 2015”. “Decimos que hay tres millones de viviendas que se necesitan y, por ahí, no terminamos las que están en ejecución”, señaló.

También por el oficialismo habló la diputada Magdalena Sierra, quien enfatizó que en los procesos de urbanización de barrios populares “hace falta la decisión política fuerte de un Estado presente en sus tres niveles de gobierno, trabajando con la sociedad, con los vecinos”.

“A partir de 2015 solo con recursos del municipio pudimos continuar las viviendas”, resaltó la legisladora en referencia al partido de Avellaneda, gestionado por su marido Jorge Ferraresi.

En ese sentido hizo alusión a Villa Azul, conocida en los últimos días por el aislamiento focalizado que se tuvo que hacer allí a raíz de los casos de coronavirus, y destacó que en la parte del asentamiento del lado de Avellaneda “fue más fácil” porque el 85% de la población “tenían agua, cloaca, gas, luz”. “Nos falta el 15%. La gente quiere vivie bien y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas sostuvo que la ley de RENABAP demanda “un esfuerzo que va a llevar cuatro o cinco mandatos presidenciales para poder regularizar el volumen de suelo no regularizado”.

Además, propuso que se trate un proyecto de su autoría sobre “generación de suelo urbano con servicios” para municipios de menos de 300 mil habitantes. “Esto disminuye la pulsión migratoria del interior hacia Buenos Aires y generaría una urbanización de calidad”, sostuvo y afirmó que “puede ser un instrumento que le puede servir al Ejecutivo Nacional en su relación con los gobiernos locales”.