La defensa de la exmandataria sostuvo que “el celular aportado es un teléfono que Milman no tenía al momento del atentado, sino que lo adquirió tres meses después”. De todos modos, se mostró optimista de que “aparezca algo”.
A cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la Cámara de Casación Penal ordenó este viernes la apertura de uno de los teléfonos celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro) en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el 1ero. de septiembre del 2022.
A principios de mes, la jueza había rechazado un recurso presentado por la defensa del diputado. Por otro lado, el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal, expresó que “no van a encontrar nada en el celular, tenemos la esperanza de que en otros sí”.
“Acá hubo un engaño manifiesto de Gerardo Milman, ya que ese dispositivo -que abrieron un año tarde- el diputado lo entregó directamente cuando la Cámara Federal ordenó el secuestro de teléfonos”, continuó el letrado.
Del mismo modo, señaló que “a raíz de la información que aportaron diversas compañías telefónicas que recabó la fiscalía, podemos ver que el celular aportado es un teléfono que él no tenía al momento del atentado, sino que lo adquirió tres meses después, y además es un modelo que ni siquiera existía en ese entonces. Salió después del hecho”.
Esta referencia se debe a que el móvil aportado por Milman es un modelo iPhone 14 Pro-Max, el cual “es un dispositivo que las maquinarias disponibles no pueden abrir sin tener la contraseña, que el diputado tampoco otorgó”, agregó Aldazabal.
De todas formas, el abogado que representa a CFK se mostró confiado en “encontrar algo”, ya que todavía “hay dos celulares más que sí tenía al momento del atentado y todavía los jueces no los secuestraron”.
Con relación al secuestro y peritaje del celular, Aldazabal expresó que “no creo que lo den por cerrado, ya que el juez dijo que debían secuestrarse todos los teléfonos”.
“El problema es que el secuestro de los celulares lo pedimos hace un año, es decir, está claro que hoy todos los dispositivos -si todavía conserva alguno- están vacíos. Obviamente confiamos en los peritos y que se pueda extraer algo, pero obviamente es difícil en la complicidad que hubo para que Milman pueda borrar toda la información que tenía disponible”, concluyó.
El diputado Gerardo Milman comenzó a ser observado en la investigación, cuando el 23 de septiembre pasado un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y relató que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
La frase que Abello le cargó a Milman fue “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, la cual declaró haberla oído en el bar Casablanca el 30 de agosto, dos días antes de que ocurra el hecho contra CFK. En aquel momento, el legislador se encontraba acompañado de sus dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.
La Cámara Federal de la CABA habilitó el secuestro, pero deberá ser autorizado por la Cámara baja para poder ser analizado. Desde la querella de CFK creen que “son muy bajas” las posibilidades de encontrar pruebas, debido a que ya pasó un año desde que ocurrió el hecho.
En el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner del primero de septiembre, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) puso este martes su teléfono a disposición de la justicia federal, pero lo adjuntó a una petición para que no sea revisado interiormente.
El abogado del diputado, Manuel Barros, llevó personalmente el dispositivo móvil a la jueza María Eugenia Capuchetti, donde anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.
No obstante, desde la Justicia deben aguardar la autorización de la Cámara baja para avanzar con la apertura del teléfono celular, el cual fue guardado en una caja fuerte en el despacho de Capuchetti.
La Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del teléfono celular el jueves 17 de agosto y había sido solicitado por la querella de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aunque quedaba sujeta a la autorización de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, a menos de diez días de cumplirse un año desde que ocurrió el hecho, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja.
Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron por autorizar la medida, explicaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal (abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023)”.
La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron.
Por último, sostuvieron que “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo – imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
Pese a la postura de la querella, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó clausurar parcialmente la instrucción, tal como lo había solicitado anteriormente el fiscal.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este lunes elevar a juicio oral la parte central de la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el cual serán juzgados los tres detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
Días antes, el fiscal Carlos Rívolo había solicitado que se pase a juicio oral y acusó como coautores del intento de magnicidio a Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, como partícipe secundario.
Por su parte, la querella de la vicepresidenta había reclamado por más medidas de prueba antes de pasar al juicio, sobre todo en relación al posible financiamiento de los acusados y a la vinculación del diputado del Pro Gerardo Milman.
Aunque las demás líneas de investigación quedarán abiertas, Capuchetti ordenó: “En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”.
“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”, sostuvo la magistrada en su escrito.
También resaltó que “las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados”.
Y, sobre las hipótesis que sostiene la defensa de CFK, la jueza respondió que “aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
La vicepresidenta de la Nación emitió un comunicado donde cuestionó al fiscal y a la jueza Capuchetti por “pretender cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
Este lunes se conoció que el fiscal Carlos Rívolo le solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti enviar a juicio oral a los tres detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
En un dictamen de casi 200 fojas, el funcionario judicial acusó como coautores del intento de magnicidio a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Gabriel Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, figura como partícipe secundario.
Tras ello, la vicepresidente emitió un comunicado contra el fiscal y la jueza: “Ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
Con esa idea, la presidenta del Senado agregó: “Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”.
“Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea (Gerardo) Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo”, siguió la exmandataria.
Así también, CFK afirmó en el comunicado que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”. Del mismo modo, planteó que “está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.
Respecto del imputado Carrizo, sostuvo que “es quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado”. “Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó”, aseveró.
En el final, expresó: “Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, y cerró: “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.
En el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta, la jueza Capuchetti argumentó que el diputado no está imputado en la causa del atentado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti denegó este lunes la solicitud de secuestro del teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Carlos Rivolo había solicitado esta medida como parte de la llamada “pista Milman”.
La resolución de la jueza también incluyó la extracción de información de otro teléfono que pertenece a Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado del Pro, con el objetivo de buscar pruebas relacionadas con la posible conexión del diputado con el ataque a la exmandataria.
La decisión de rechazar el secuestro del teléfono de Milman se basa en el hecho de que el diputado no está imputado en la causa del atentado, tal como consta en el expediente. La jueza destacó que, para llevar a cabo esa medida, debería presentarse una solicitud ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, en caso de existir una imputación penal contra el legislador. La falta de imputación contra Milman fue mencionada también en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
La solicitud del fiscal Rivolo surgió luego de que una exsecretaria de Milman declarara ante los tribunales federales de Comodoro Py, ampliando su testimonio y mencionando que había entregado su teléfono a un “perito”, supuestamente proporcionado por Milman, para que borrara información personal que no deseaba que se hiciera pública.
Además del secuestro del teléfono, la fiscalía también había solicitado un cruce de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco, así como con los imputados del caso. Sin embargo, la jueza consideró que, por el momento, no corresponde llevar a cabo esa diligencia, ya que en el expediente se encuentran registradas las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados durante el período solicitado por el fiscal.
La resolución de la jueza permite la extracción forense de la información del teléfono de Gómez Mónaco por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta información será analizada con el objetivo de encontrar cualquier referencia a los dichos atribuidos a Gerardo Milman y cualquier otra mención relacionada con el atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El análisis se limitará al período comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2022 y se realizará con estricta confidencialidad, eliminando cualquier información no relevante una vez finalizado el estudio.
A raíz del testimonio de una exasesora del legislador del Pro en la causa del atentado contra CFK, el oficialista opinó que “efectivamente esta vez la Cámara de Diputados la tendrá que considerar”.
El oficialismo volvió a la carga contra la figura del diputado del Pro Gerardo Milman, a partir de la declaración de Ivana Bohdziewicz, exasesora del macrista, en el marco de la causa sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“La conducta de Milman es una conducta que efectivamente esta vez la Cámara de Diputados tendrá que considerar”, opinó Moreau este lunes, y anticipó que seguramente esta semana habrá reuniones de la bancada del Frente de Todos “para ver qué se hace”. En diciembre pasado, un grupo de diputadas habían presentado un proyecto para excluir a Milman del Cuerpo.
El radical K enfatizó que “es una conducta muy grave, más allá de lo que se tenga que dilucidar en la justicia” sobre si fue “beneficiado en la maniobra del borrado de los celulares”, lo que significaría “un encubrimiento gravísimo”.
Según publicó este fin de semana el diario Página/12, Bohdziewicz se presentó espontáneamente a declarar en los tribunales de Comodoro Py, donde aseguró que sufrió presiones para entregar su celular y que le fuera borrada toda información. Eso habría ocurrido en las oficinas de Patricia Bullrich, actual precandidata a presidenta y por ese entonces presidenta del Pro.
De acuerdo relató la exasesora, se habría hecho lo mismo con los teléfonos de Milman y de Carolina Gómez Mónaco, la otra mujer que aparecía en el vídeo en el bar de Casablanca junto al diputado, horas antes del intento de magnicidio contra CFK y cuando alguien lo habría escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
Para Moreau, “ya no estamos solamente frente a una deliberada desidia por parte del Poder Judicial de investigar, sino que aquí estamos ante la posible complicidad entre funcionarios judiciales y quienes debían ser investigados”.
En ese sentido, se preguntó: “¿Cómo se enteró la excompañera de trabajo de esta chica que ella iba a ir a declarar si no es por información que le dio la misma fiscalía? Es increíble que cuando se presentó a declarar espontáneamente le hayan dicho que se presente más adelante porque el fiscal estaba por salir de vacaciones”.
“O son unos irresponsables o lo hicieron deliberadamente”, manifestó el legislador del FdT, quien sospechó que “la citaron para el 10 de mayo” a Bohdziewicz, porque “le estaban dando tiempo a los que han participado en este atentado para que la coaccionaran e intimidaran para que no fuera a declarar”.
Además, el oficialista apuntó contra la Corte Suprema: “¿Qué va a hacer la Corte, en este retazo de Corte que queda, también va a mirar para otro lado en el intento de asesinato de una vicepresidenta? ¿O se van a dejar ganar por el rencor contra Cristina que tienen en la Corte, particularmente (Juan Carlos) Maqueda? ¿O van a seguir haciendo empandas a ver cómo se protegen frente a los chancullos que se están descubriendo?” en alusión al juicio político.
El diputado afirmó que “la Corte se tendría que pronunciar en 48 horas separando a (María Eugenia) Capuchetti de esta investigación”. “¿Qué esperan para separar a Capuchetti, qué otra evidencia de que no quieren investigar?”, agregó en declaraciones a Radio 10.
Cuestionando a la jueza que lleva adelante la causa, Moreau se quejó de que “se negó a unir la causa con la de Revolución Federal, que sin dudas tuvo un papel preponderante en la preparación del atentado, en términos de opinión pública, con todos los actos que llevó adelante e intimidación y en algunos casos explícitos de amenazas contra Cristina” y “se negó durante un mes a abrir los celulares”. “Fue para darles tiempo a lo que ahora sabemos que hicieron”, remató.
La querella de la vicepresidenta había solicitado que se corra a la jueza federal por incompatibilidades en su función.
Por segunda vez, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
La semana pasada, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal habían reclamado que se aparte a la magistrada por “incompatibilidades en su función”, por tareas realizadas como investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad desde 2014.
Los letrados habían señalado que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.
Además, la querella remarcó que “no sólo se trata de tareas incompatibles con su función” sino que marcarían “un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la solicitud al considerar que los argumentos son “ajenos” al proceso y responden a la “creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado”.
El juez evaluó que no se probó que “la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.
“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, señaló en el escrito según publicó la agencia Télam.
Además, Bruglia agregó que “resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite”.
“Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este”, concluyó.
También, en el escrito, Bruglia realizó una “nueva advertencia” a José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, “ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”, entendiendo que se trata de “opiniones carentes de efecto jurídico alguno” y “revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”.
Ubeira y Aldazábal argumentaron que la magistrada cobraba un salario como investigadora de la Policía de la Ciudad, a la que la querella definió con “actitud omisiva” la noche del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, reafirmaron este jueves ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio que sufrió el primero de septiembre del 2022.
En la exposición de los abogados ante el camarista Leopoldo Bruglia desarrollaron las nuevas razones por las que buscan recusar a la magistrada en la causa por el atentado que sufrió CFK y por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, quien gatilló frente a la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, la persona que lo acompañó esa noche.
Ubeira definió como “incompatible” que la jueza Capuchetti continue al frente de la investigación por tener un nexo con estamentos de formación de la Policía de la Ciudad, donde está registrada como “investigadora”. En la causa es la fuerza policial porteña la que debe ejecutar diferentes procedimientos de la investigación.
“Nos parece incompatible que perciba un salario como investigadora violando el reglamento interno de la Justicia Nacional, que sólo autoriza a los jueces a ejercer la docencia en universidades”, enfatizó Ubeira. A su vez, el abogado aclaró que es una cuestión “funcional”, pero consideró que hubo “una actitud omisiva” de la Policía porteña en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta.
Capuchetti había delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, tras rechazar la recusación afirmando que tal vínculo con la Policía de la Ciudad no afectaba a su imparcialidad ni comprometía sus decisiones en el marco de la investigación.
De todos modos, Ubeira insistió: “Nos parece incompatible que pueda investigar a la Policía de la Ciudad siendo parte de ese poder político”. Tras la audiencia de este jueves, la Cámara debe resolver si ratifica la continuidad de Capuchetti en el expediente o si dispone su apartamiento como los abogados de la vicepresidenta solicitaron.
Así también, Ubeira afirmó: “No tendremos justicia con esta mujer”. Tras sostener que la jueza Capuchetti no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.
Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon en esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.
“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, lanzó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada. “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, indicó.
El abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que consideró que no es una actividad habilitada para jueces.
En tal sentido, Aldazabal señaló: “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación es una violación inédita a la independencia de poderes”.
En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que indaga si el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) hizo referencias al atentado fallido antes de que ocurriera.
Esa pista se investigó a partir de que un asesor de un diputado oficialista relató haber oído una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un potencial ataque (posiblemente contra la vicepresidenta) antes de la noche del jueves primero de septiembre, día que ocurrió el intento de magnicidio.
Tras la aparición de esa pista fue que se produjo la ruptura de la relación entre la querella y la Capuchetti. A partir de ahí, rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, habló del ataque.
Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. Por su parte, los abogados pretenden que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no, solo del 30 de agosto, día en el que oyeron a Milman referirse al hecho.
De tal modo, Aldazabal planteó: “Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”.
las asesoras de Milman habían declarado como testigos y negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego, una filmación de las cámaras de seguridad confirmo que si estuvieron reunidos.
“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no, y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”, cerró el abogado Ubeira.
La Cámara Federal resolvió que sea “presencial”, pero no quedó claro que acepte el pedido de la vicepresidenta de que se transmita en vivo.
Concluida la feria judicial, este jueves 2 de febrero al mediodía se realizará la audiencia en la que la Cámara Federal deberá tratar el planteo de recusación elevado por los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti. Se sabe que desde hace tiempo la exmandataria pretende apartar a esa magistrada de la causa que investiga el atentado en su contra.
Ante el planteo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal de que la audiencia se transmita en vivo por alguna plataforma de streaming, el juez Leopoldo Bruglia resolvió que la misma se celebre de manera presencial, “para garantizar la publicidad de la audiencia”.
Empero, la resolución no dejó claro si se hizo lugar al planteo referido a la transmisión en vivo. Es que la misma no menciona específicamente si medios de comunicación podrán transmitir en vivo esa instancia.
En su planteo, los abogados de Cristina abogaron porque “la publicidad de una audiencia oral como esta se funda en su trascendencia e interés públicos”.
Cabe recordar que originariamente, la audiencia estaba prevista para la modalidad remota, mediante el programa informático Zoom.
La magistrada, que investiga el atentado contra la vicepresidenta, respondió al cuestionamiento planteado por la querella a raíz de su vinculación con el Ministerio de Seguridad porteño.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, rechazó la última recusación planteada por la querella de la vicepresidenta, en relación a su vínculo con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad.
El pasado 9 de enero, la titular del Senado compartió en sus redes sociales el escrito, junto al mensaje: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.
En la presentación, que había sido realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, se señaló que Capuchetti se desempeñaba de manera rentada como investigadora del Instituto de Seguridad Pública (ISPP) porteño; al tiempo que se cuestionó la imparcialidad de la jueza.
En su escrito, difundido por la agencia Télam, Capuchetti expresó que “la parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados”.
Esta no es la única de las recusaciones planteadas contra la magistrada, ya que la primera que se presentó llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde se encuentra a cargo del juez Guillermo Yacobucci.
Cuestionan el funcionamiento del Observatorio del Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA y las designaciones directas de docentes, profesores e investigadores en este organismo.
El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos solicitó la interpelación del director del Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA (ISSP), Gabriel Unrein, para que sea interpelado por el funcionamiento del Observatorio de este organismo y las designaciones directas de docentes, profesores e investigadores en el Instituto (INSSP).
Los legisladores advierten que, el pasado 2 de enero del 2023, por Resolución N° 6/2023 del ISSP, se designaron investigadores en el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Ciudad entre los cuales se encuentra la jueza federal dra. María Eugenia Capuchetti; quien actualmente tiene a su cargo la causa acerca del intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el año 2019, la magistrada tiene el rol de “investigadora senior” en el Observatorio y se pretende conocer los motivos que sustentan su designación “considerando que no se han efectuado en base a un concurso público de oposición y antecedentes” y resulta relevante “conocer en qué consisten sus tareas como investigadora, desde qué fecha fue designada, por cuántos períodos”, sostienen los legisladores del Bloque del Frente de todos en los fundamentos del proyecto.
Asimismo, cuestionan la designación como profesor titular de la materia “Seguridad Pública Ciudadana”, correspondiente al “Curso de Formación Inicial para Aspirante de la Policía de la Ciudad de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, al ministro, Marcelo D’Alessandro; quien tiene entre sus funciones la designación del director del ISSP y “se encuentra actualmente de licencia por una serie de escándalos respecto a posibles hechos de corrupción y maniobras junto a jueces federales y empresarios de medios que no resultan éticas para un funcionario público”, aseguran los legisladores.
Vale destacar, además, que el actual vicedirector del Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA (ISSP) es el fiscal general de la Ciudad, dr. Juan Bautista Mahiques, designado por resolución Nº 209/ISSP/2020 “se encuentra imputado junto al ministro D’Alessandro en la causa derivada del viaje que llevaron adelante a Lago Escondido (FGR 17.869/2022) y que es investigada por la fiscal Etchepare de San Carlos de Bariloche”, sostienen.
“Cabe preguntarse si el director del ISSP, Gabriel Esteban Unrein, consideró esta serie de hechos a la hora de firmar las distintas resoluciones que los designan y si realizó una valoración ética acerca de dichas designaciones teniendo en cuenta el rol del Instituto”, concluyeron los legisladores en pedido de interpelación.
A través de un documento de 33 hojas, la vicepresidenta afirmó que la magistrada que investiga el intento de magnicidio “depende laboralmente” del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunció este lunes que presentó una recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta el primero de septiembre.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta expresó: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.
En los últimos días, la magistrada había sido denunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que la acusaba de tener un contrato como investigadora senior en un instituto que depende del Gobierno porteño y dar clases en un instituto de la Policía de la Ciudad.
En la redacción de la recusación -de 33 páginas- que presentaron por los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Adzabal, relacionaron directamente a Capuchetti con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro por “dependencia laboral”.
El ministro se encuentra de licencia, luego de la filtración de supuestas conversaciones entre él y un hombre cercano a la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, previo al fallo de que le devolvió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Del mismo modo, el documento recordó los incidentes ocurridos previo al ataque contra la vicepresidenta cuando a su hijo, Máximo Kirchner, se le negó el paso por agentes de la Policía de la Ciudad “entre insultos y golpes”.
“Queda más que claro el interés que Capuchetti puede tener respecto del resultado del proceso”, señaló la recusación, en alusión a que la vicepresidenta Cristina Kirchner observó vínculos claros entre la jueza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Recusacion-_-Jueza-CapuchettiLa vicepresidenta de la Nación compartió un video de cuatro minutos en su red social de Twitter apuntando contra la jueza que tenía a cargo la investigación de la causa del intento de magnicidio que sufrió a principios de septiembre.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a apuntar contra la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación en la causa de intento de magnicidio que sufrió el pasado 1ro de septiembre en la puerta del edificio donde vive en Recoleta.
Luego de haber publicado la recusación de la jueza hace tan solo dos días, la titular del Senado volvió a la carga contra la funcionaria judicial a través de las redes sociales. En esta ocasión, compartió un video de “cuatro minutos cuatro segundos” para que conozcan “las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti”.
En el video, recuerda que el lunes 14 Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. Al tiempo que se muestra la tapa del diario ‘La Capital de Mar del Plata’ que titula ‘El teléfono de Sabag Montiel fue formateado y podría perderse información importante’, una voz en off expresa que “la investigación comenzó muy mal”.
“A las pocas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Sabag Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina”, suma al relato en paralelo a una noticia de elDiarioAr titulada “Decretan secreto de sumario mientras investigan si el teléfono se borro de manera remota o por impericia de los peritos”, junto con imágenes del día del atentado.
Además, relata que “durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado”. En ese momento, se muestran imágenes del diputado Gerardo Milman -a quien acusan de estar implicado en el hecho- junto a sus asesoras ingresando a Casablanca.
En otra escena denominada “Carrol y otro celular borrado”, cuyo detalle saliente son los colores amarillo y blanco que hacen alusión a JxC, junto a una foto de Hernán Carrol continúan relatando: “Capuchetti rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carrol, miembro de un grupo de extrema derecha a quien Sabag Montiel, de puño y letra, indicó como ‘la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados’”.
“Carrol, el mismo que había viajado al exterior con el jefe de Gabinete de la Dirección de Inteligencia a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Cuando lo citó a declarar ya era tarde”, denuncian y suman: “El día anterior Carrol, había borrado todo el contenido de su celular”.
También señalan que en el escrito de recusación se “aportaron otros nuevos elementos”, entre ellos titulan “la obsesión de Milman con la seguridad de Cristina”, y explican que “el diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios”.
Y se preguntan: “¿Para qué quería Milman tener acceso a esta información tan sensible sobre la seguridad de Cristina?”, y responden: “Aún no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo investigó. La jueza tampoco investigó una pisa fundamental sobre la planificación del atentado”.
Recuerdan que durante el allanamiento a Brenda Uliarte “se encontró una nota manuscrita sobre la regla tueller”, y explicaron que “es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen”.
En tanto recuerdan que “se enseña a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y fue traía como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro”.
“¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada?”, preguntan nuevamente en el video y contestan: “Al parecer si, y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó”.
En otro pasaje del video, vinculan a Capuchetti con la AFI y recuerdan que “durante el gobierno de Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. En esos años estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ambos actualmente procesados por espionaje al instituto Patria, las oficinas de Cristina”.
Por último, relacionan a la jueza con Comodoro Py y el diario Clarín: “En los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, la jueza habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación”.
La vicepresidenta de la Nación lo compartió en redes sociales en el que fundamentó que el pedido de apartamiento se debe a “un cúmulo de irregularidades” y “actuaciones negligentes”.
Tal como lo había anticipado el pasado jueves, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, formalizó la presentación de la recusación este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti por la supuesta “inacción” en la investigación de la causa abierta tras la tentativa de homicidio del pasado 1ro de septiembre en la puerta de su departamento en Recoleta, y la acusó de que “no sabe ni quiere investigar”.
Desde su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta compartió el escrito realizado por sus abogados en el que detallaron las presuntas “irregularidades” que consideraron que fueron cometidas en el marco de la investigación.
“Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel”, escribió la vicepresidenta en las redes sociales.
En el escrito que consta de 37 páginas, la vicepresidenta sostiene que “la falta de imparcialidad” es la causa principal de la recusación y agrega que “el apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, e indica que se “detectó actuaciones negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación”.
“A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, cuestiona en otro tramo del texto y suma: “La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”.
Además, la querella sostiene que “por la naturaleza del caso, su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.
“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar“, dice en otro de los duros pasajes.
También plantea que la jueza no investigó a la Policía Federal Argentina (PFA) cuando “esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar”.
“La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción”, argumenta.
En otro pasaje, apunta: “Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”, y denuncia que “la prueba más relevante que pasó por las manos de Capuchetti terminó destruida, tardó semanas en hacer los allanamientos más básicos”.
“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, finaliza.
Así lo expresó la senadora oficialista, quien además cuestionó que el presidente Alberto Fernández podría “expresarse un poco más” contra el accionar de la Corte.
Tras el pedido de recusación de Cristina Kirchner contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la causa por intento de magnicidio, la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara (UC-FdT) lanzó que “la Justicia es el brazo político del Pro”.
“La jueza se circunscribió a las dos o tres personas que tuvieron relación directa con el hecho, que se dejó de investigar”, señaló sobre las críticas al manejo de la causa, por la que se encuentran detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
En diálogo con AM750, la kirchnerista apuntó que “la corporación judicial y los servicios de inteligencias son manejados por el macrismo”.
“Gran parte de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia viene degradándose”, observó la chaqueña y agregó: “Es escandaloso y genera escalofríos ver como manipulan toda la Corte Suprema”.
Sobre el reciente fallo de la Corte a favor de Luis Juez, por el reclamo de la banca en el Consejo de la Magistratura, la consejera consideró que “la Justicia actuó evidentemente a favor la oposición”. “La división de bloques fue igual en ambos casos, solo que si lo hace el peronismo lo consideran escándalo, si lo hace el Pro es válido”, señaló.
Al ser consultada sobre la postura del presidente Alberto Fernández en torno a la Justicia, Pilatti Vergara respondió que “él está indignado como todos los integrantes del Frente de Todos, pero quizás podría expresarse un poco más”.
“Si hay algo que debimos aprender es que las cosas esenciales se hacen los primeros 100 días de gobierno”, dijo, sugestivamente, y confesó que le da “rabia” no tener “número en Diputados” para avanzar con las reformas judiciales que salieron del Senado.
En un vídeo publicado en su Twitter, la vicepresidenta cuestionó que cuando “aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque en su contra, la magistrada “paralizó y boicoteó la investigación”.
La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció este jueves, a través de sus redes sociales, que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye en la causa que se lleva adelante por el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1ro. de septiembre cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara en la puerta de su casa.
En un vídeo publicado en Twitter, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, la presidenta del Senado apuntó contra el diputado nacional del Pro Gerardo Milman, involucrado en la causa por la declaración de un testigo que, dos días antes del atentado, lo habría escuchado decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.
La pieza audiovisual arranca recordando lo sucedido y señala que “este hecho fue el más grave de una serie de acciones violentas contra Cristina registradas este año”. Al preguntarse, “¿quién estuvo detrás del atentado?”, se revela que “un testigo se presentó ante Capuchetti y declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: ‘Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa'”.
“Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo”, se asegura, al enumerar que “el testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó”, Milman también “estaba en el bar”. “Se comprobó que las mujeres eran sus asesoras”, se agrega y remata que “al otro día Milman viajó a la costa. A los dos días quisieron asesinar a Cristina”.
Luego se resalta que las asesoras primero negaron la reunión y después lo admitieron, pero que pese a haber mentido en un primer momento, “la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando” y “Milman todavía no fue citado a declarar en la causa”.
A través del vídeo, CFK recuerda que Milman “fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del Pro y es diputado nacional por el mismo partido”.
Pero también se precisan datos sobre Carolina Gómez Mónaco, una de sus asesoras, quien fue “Miss Argentina en el año 2012” y “en 2017 Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal”.
Además, Gómez Mónaco “es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria” y socia de María Mroue, panelista de Crónica TV, donde “llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabag Montiel y Brenda Uliarte semanas antes del atentado”.
“¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina?”, se pregunta, para indicar después que “el 18 de agosto, 13 días antes del atentado” Milman “presentó un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los co-firmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina”.
Esa iniciativa “finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: ‘Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina'”, agrega.
Finalmente, se escucha en el vídeo que “pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política con el ataque la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación”. “Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta”, cierra.
A través de una carta abierta, el diputado nacional del Pro se manifestó a disposición de la Justicia y rechazó acusaciones.
Los abogados que representan a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el atentado perpetrado en su contra, aportaron a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, datos extraídos del programa de C5N “Argenzuela” en el que se busca reforzar la línea de investigación que vincularía al diputado nacional Gerardo Milman a la causa.
El citado informe vincula a una vinculación de una de las colaboradoras de Milman con el autor material del intento de homicidio, Fernando Sabag Montiel, y su supuesta pareja, Brenda Uliarte.
En ese marco y ante la insistencia del kirchnerismo en vincularlo a la causa, el diputado nacional difundió una carta abierta en la que advierte sobre una búsqueda de “ensuciar” su imagen y la de su partido, y habla de complicidad de medios kirchneristas.
A continuación, el texto de la misiva firmada por Gerardo Milman:
“Quiero que sepan que no tengo miedo y que toda esta absurda persecución no me va a correr ni un centímetro de mi compromiso por transformar la Argentina. Estoy, como siempre, a disposición de la Justicia para desarmar esta ridícula operación. Que investiguen todo lo que quieran.
Lamento, por todos los que buscan ensuciar mi imagen y la de mi partido, que no van a encontrar nada. Cada falso rumor que se difunde de forma cómplice en los medios kirchneristas es una muestra de la desesperación de un gobierno que se cae a pedazos.
Ya no queda nada por romper, sin embargo, el oficialismo se las ingenia para inventar noticias y correr el eje de la conversación. Intentan distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país, pero no pueden esconder bajo la alfombra lo que está frente a nuestros ojos”.
La vicepresidenta formalizó este martes su solicitud ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado registrado el 1 de septiembre.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, formalizó este martes su solicitud ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti para ser tenida como querellante en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra.
Con el patrocinio de los abogados Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, la exmandataria hace uso del derecho que le otorga el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, e informó que ejercerá los derechos que le corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación, más allá de los imputados hasta ahora Fernando Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte.
Asimismo Cristina Kirchner solicitó acceso urgente al expediente electrónico para sus abogados.
Por otra parte la vicepresidenta anticipó que, cuando lo considere oportuno, se constituirá como actora civil, con el patrocinio del doctor Gregorio Dalbón.
Asó lo dispuso la jueza federal María Eugenia Capuchetti, luego que se recibiera un llamado intimidante al 911. Por otra parte, hay una nueva detenida en la causa por el atentado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó reforzar la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego que se confirmara una amenaza de muerte en su contra en la tarde de este lunes.
La magistrada, a cargo de la investigación sobre el intento de magnicidio contra la exmandataria, dispuso la medida al confirmarse que hubo un llamado telefónico al 911, realizado desde la ciudad de La Plata, en el que la voz distorsionada de una mujer decía que iba a matar a la titular del Senado.
El hecho se produce a más de una semana del atentado ocurrido en la puerta de su departamento en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un revólver a escasos centímetros de su rostro.
Además de Sabag Montiel se encuentra detenida su pareja, Brenda Uliarte, imputada también por el hecho.
Tras la información que surgió de los celulares secuestrados de los detenidos, la justicia detectó hay más personas involucradas y que habrían planeado en ocasiones anteriores el ataque contra CFK.
En ese marco, en la madrugada de este martes fue también detenida una amiga de Uliarte, de apellido Díaz.
El diputado del Frente de Todos opinó que la causa “no debe quedarse un segundo más en Comodoro Py” donde “perdieron la principal prueba”, en alusión al celular de Sabag Montiel.
A propósito del reseteo de fábrica que tuvo el celular de Fernando Sabag Montiel, por el cual se podría perder información clave para la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) enfatizó que “es un escándalo y un bochorno, alguien tiene que salir explicar que sucedió”.
En diálogo por Radio Pilar, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja consideró que “la investigación no debe quedarse un segundo más en Comodoro Py, donde perdieron la principal prueba a las 24 horas del hecho, tardaron tres días para descubrir que la novia del detenido estaba en el lugar y cuatro días para tomarle declaración a los amigos”. “La investigación es un cachivache”, calificó.
“El teléfono es un aparato a prueba de tontos, no se cometen errores con ese celular, o son tontos o pasó a propósito la pérdida de información, y yo dudo totalmente de la negligencia. No hay más que observar una deliberada voluntad de buscar la impunidad de Fernando Sabag Montiel”, denunció Tailhade.
Además, el kirchnerista añadió: “Estamos ante uno de los hechos judiciales más importantes después de la AMIA, se está investigando el intento de asesinato de la vicepresidenta, no hay tontos ni desprevenidos, hay una mano deliberada. Es demencial el trayecto que hizo el celular desde el juzgado hasta PSA, donde advierten que el celular estaba reseteado, es para meterlos presos ya”.
Respecto a las declaraciones de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está al mando de la investigación, cuando manifestó que se trataba de “un lobo solitario”, el legislador oficialista le respondió: “Es una irresponsabilidad decir que fue un hecho aislado a pocos días del hecho, cuando siguen apareciendo pruebas”. “La jueza que dice que no hay banda organizada. ¡Es una irresponsable! Debería ponerse a laburar”, lanzó.
“A cinco días del hecho no se pueden sacar conclusiones cuando resulta que es parte de una organización ‘neonazi’, que montaron falsos mensajes en móviles de televisión y además, sin ser militante kirchnerista, sabía los horarios de CFK. Hay una logística clara, fíjate que estando detenido e incomunicado se le cerraron las redes sociales y al celular se le borraron datos. Acá hubo inteligencia, logística y financiamiento”, aseveró.
El caso es investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Además, en el allanamiento en la casa del detenido se encontró un centenar de proyectiles.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo se encuentran a cargo de la causa sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado en grado de tentativa”.
La Justicia se encuentra investigando si en el ataque a CFK, además de Fernando Andrés Sabag Montiel -el hombre de 35 años que le gatilló en la cara de manera cercana a la cabeza-, hubo más personas involucradas.
En la investigación también intervienen la Procuración General de la Nación y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
Tras el hecho ocurrido este jueves por la noche en la puerta del departamento de la vicepresidenta, desde donde hace diez días hay vigilias de apoyo a CFK, amaneció este viernes con una importante custodia de la Policía Federal Argentina.
Por otra parte, en el allanamiento realizado en la casa donde vive Sabag Montiel, en el partido de San Martín, se secuestraron un total de 100 proyectiles calibre 9 milímetros.
Según informaron fuentes policiales, los proyectiles fueron hallados repartidos en dos cajas de 50 cada una, en una vivienda situada en Uriburu al 700 de ese partido bonaerense, que el detenido alquilaba desde hacía ocho meses como vivienda particular.
