Se trata de una ampliación de denuncia presentada por Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, contra quienes fueran la 1 y el 2 de la INAI.
La presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el diputado nacional Ricardo López Murphy y la abogada penalista y exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico, presentaron una ampliación de denuncia contra Magdalena Odarda, Luis Alberto Pilquimán y otros por traición a la patria y asociación ilícita.
La denuncia impulsada contra los citados exfuncionarios, miembros de la anterior cúpula del INAI, se basa en “los acontecimientos ilícitos obrados por pesudo mapuches en estos días y a solicitar que los hechos investigados en más de 100 casos penales que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, al (MAP) Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una ‘Nación Mapuche’, reciban la agravante prevista en el art. 41 quinuies del Código Penal”.
Le atribuyen a esos hechos la finalidad de “infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza, desafiando el estado de derecho, a la autoridad del Gobierno provincial primero y nacional después, apropiándose de territorios pertenecientes a ambas jurisdicciones, como así de un sinnúmero de particulares, habiéndose alzado en armas -propias como impropias- contra las fuerzas de seguridad provinciales, y federales, incluso contra funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial de Río Negro, como así contra funcionarios del Ministerio Público Provincial como Federal quienes resultaron atacados en medio de operativos propios de sus funciones, todo lo cual ha constituido una obstrucción al libre ejercicio de sus facultades constitucionales (artículo 120 de la Constitución Nacional)”.
Sostienen que este accionar, podría ser encuadrado en las previsiones de los artículos 213 bis, 214, 215, y 226 del Código Penal, ello, independientemente de todos los otros delitos que han cometido y están siendo investigados en contra de la población en general como los daños, usurpaciones, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones, daños, abuso de armas”.
Cabe consignar que el artículo 213 bis establece que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
El 214 reprime “con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”; en tanto que el 215 reprime con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes: 1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; 2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República; 3° Si perteneciere a las fuerzas armadas”.
Por último, el artículo 226 reprime “con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.
Insisten los denunciantes en que todos los hechos son llevados a cabo con “una ultrafinalidad distinta de la finalidad propia de cada uno de los delitos en particular, cual es la de infundir terror para lograr su objetivo ‘superior’, que es lograr establecer la Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad”.
Destacan además que todo este accionar, se vio potenciado en los últimos años “por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que se mencionan y que los funcionarios han quebrantado los deberes inherentes a su función y su actuar ha sido desleal con los intereses de la Nación, han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público, desafiando las normas del estado de derecho a sus instituciones y a la integridad territorial”.
Mencionan que “el colmo de esta cobertura funcional sucedió con dos hechos alarmantes, la presencia del embajador en Chile de Rafael Bielsa en un trámite judicial donde el hoy prófugo de la justicia chilena Jones Huala pedía su libertad condicional o, el llamativo error del Ministerio de Defensa en un trámite que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino”.
Finalmente piden la inscripción de las comunidades ilegales MAP, RAM y otras personas identificadas a las que también piden investigar por art. 306 inc. 1 del Código Penal (financiación de la organización o de personas asociadas) en el Registro Público de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET) conforme el Decreto 918/12 y finalizan diciendo: “La inscripción y el tratamiento de estos grupos como lo que son, organizaciones terroristas, debilita de modo determinante su poder de fuego, neutralizando además todo apoyo material que puedan recibir pues sería hechos de financiación de terrorismo”.
