Si bien el proyecto de Falsas Denuncias quedó desestimado de la agenda parlamentaria de la Cámara alta, Zigarán, Coletta y un grupo de legisladores señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”.
Integrantes del bloque Provincias Unidas se hicieron presentes en el Anexo del Palacio Legislativo este jueves y presentaron un proyecto de declaración que expresa profunda preocupación y enérgico rechazo frente a los proyectos de "falsas denuncias", como por ejemplo el que impulsó la senadora radical Carolina Losada. El texto, además, reiteró el apoyo a la posición del Comité de Expertos de la Convención Belém Do Pará.
Inicialmente, este tratado internacional era conocido como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres. La República Argentina lo adoptó en 1994 y fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.
La presentación del proyecto de declaración estuvo a cargo de las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta, quienes contaron con el apoyo de la cordobesa Carolina Basualdo, Pablo Juliano, el santafesino Esteban Paulón, Mónica Frade la Coalición Cívica y de Martín Lousteau, excompañero de bancada de la senadora santafesina de la Unión Cívica Radical.
Cabe recordar que la propuesta de modificación al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias y el aumento de las penas previstas, que las eleva de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores obtuvo dictamen en la Cámara alta el pasado 8 de abril pasado. Sin embargo, fuentes del oficialismo y de los bloques aliados confirmaron a parlamentario.com que el texto no corre, por lo que su tratamiento quedará nulo.
En aquella oportunidad, el proyecto de la santafesina tuvo un tratamiento casi sigiloso debido a que la reunión de comisión se convocó a la misma hora en que la Cámara de Diputados debatía la modificación a la Ley de Glaciares. Por la presentación y defensa, Carolina Losada fue denunciada penalmente por un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos, y cuestionada en público por diferentes espacios políticos del Congreso, incluido el radicalismo, al que pertenece.
El texto presentado por Provincias Unidas, también, exhorta a todos los Poderes del Estado a mantener los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por la República Argentina, en particular los establecidos en las Convenciones de Belém do Pará y de los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Contra el texto de Losada, manifestaron que “la promoción de iniciativas legislativas que focalizan de manera desproporcionada en la eventual falsedad de las denuncias en contextos de violencia de género y hacia personas menores de edad constituye una forma indirecta de discriminación, en tanto se apoya en prejuicios estructurales que históricamente han puesto en duda la credibilidad de las mujeres”.
Y siguieron: “La instalación de este enfoque no es neutra: produce un efecto inhibidor concreto, en la medida en que introduce un riesgo adicional para quienes evalúan denunciar, generando un contexto de temor que opera como una verdadera mordaza sobre las víctimas”.
Por último, señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, compromete las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y expone al país a eventuales responsabilidades internacionales por la adopción de medidas que obstaculizan el acceso a la justicia y debilitan la protección de las víctimas”.
A través de una nota enviada a las autoridades, un grupo de legisladores exigió que se adopten "las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva".
La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.
A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".
Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".
AUDIENCIA PÚBLICA – LEY DE GLACIARES
Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más.
Ya somos 18.000 en la audiencia pública.Vamos por más pic.twitter.com/OJizjZtvFk
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 9, 2026
Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".
"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.
A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".
"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.
NO VALE UN “COMO SI” 🤷🏻♀️
Ya con 18.000 inscriptos es evidente que los días previstos para la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares tendrán que extenderse si el gobierno quiere cumplir con el Acuerdo de Escazú tal cual lo manifestaron en el plenario de comisiones… https://t.co/92w6C5YcDv
— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 10, 2026
En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".
"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.
Se trata de la legisladora jujeña María Inés Zigarán quien ponderó que el acuerdo “es un instrumento para orientar inversiones y estándares productivos en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales”.
Tras la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que llega luego de años de negociaciones y que apunta a crear una zona de libre comercio y un marco amplio de cooperación, la diputada nacional María Inés Zigarán (Provincias Unidas) destacó el proyecto porque “puede representar una oportunidad concreta para el desarrollo productivo y la inserción internacional del país”.
La legisladora subrayó, en particular, los beneficios que podría traer para Argentina en términos de exportaciones, acceso a insumos estratégicos y alineamiento con estándares ambientales: “Permitirá un acceso ampliado al mercado europeo para las exportaciones agroindustriales de las distintas regiones del país; también la importación desde Europa de bienes de capital e insumos, lo que puede reducir costos y mejorar productividad, de modo que será una muy importante herramienta de integración”.
En la oportunidad recordó, además, que Jujuy tuvo una experiencia muy positiva con la EU, a través de su banco estatal, el BEI y la Comisión Europea, para la implementación del proyecto GIRSU que incluyó un crédito y una donación. Así, subrayó que esa relación no sólo ha sido financiera o de cooperación, “sino que nos ha permitido compartir valores comunes en materia de democracia, derechos humanos, ambiente, transparencia y compromiso con el desarrollo local”. Por eso consideró que este Acuerdo “generará una multiplicidad de beneficios con un bloque con el que Argentina comparte valores y una visión de un mundo multipolar”.
Al poner el foco en los aspectos ambientales, Zigarán destacó que el Acuerdo incorpora el principio precautorio y un compromiso de no regresión, es decir, la obligación de no bajar estándares ambientales o laborales con el objetivo de atraer comercio o inversión.
“Contiene una prohibición expresa del comercio de productos obtenidos ilegalmente, incluido madera talada ilegalmente, en el marco de un objetivo genérico de protección de los bosques, combatiendo la tala ilegal y la deforestación”, destacó.
La diputada también hizo hincapié en el diseño institucional previsto para sostener esos compromisos en el tiempo: “Prevé mecanismos de cumplimiento específico para el capítulo de desarrollo sostenible (consultas, panel de expertos, informe público) y hay un incentivo fuerte a la trazabilidad y el cumplimiento, de modo que el Acuerdo va a significar inversión en controles, certificación y cadenas libres de deforestación”.
Para cerrar, sostuvo que el entendimiento abre una ventana relevante en materia de cooperación internacional: “Constituye una gran herramienta para la cooperación en tecnologías verdes, cadenas sostenibles y biodiversidad”.
La media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se inscribe en una discusión más amplia sobre competitividad, reglas de acceso a mercados y exigencias de calidad y trazabilidad en el comercio global. En ese marco, Zigarán planteó que el Acuerdo no debe leerse solo como una reducción de aranceles, sino también como un instrumento capaz de orientar inversiones y estándares productivos, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales.
Con el cierre del plazo para la presentación de listas, Jujuy definió a sus candidatos. Siete frentes competirán por tres bancas en Diputados, con figuras del oficialismo, la oposición y espacios emergentes.
Los candidatos del oficialismo provincial: María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise. Suplentes: Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans
Con el cierre del plazo oficial para la presentación de candidaturas, los siete frentes que competirán en Jujuy ya definieron quiénes buscarán ocupar las tres bancas disponibles en la Cámara de Diputados de la Nación. El domingo por la noche fue el momento clave en el que las alianzas políticas formalizaron sus listas ante la Justicia Electoral.
El oficialismo provincial participó con el nombre Frente Jujuy Crece y apostó por figuras con experiencia en gestión pública. Encabeza la lista María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente y referente en políticas climáticas. La acompañan Mario Pizarro, secretario de Energía, y Malena Amerise, legisladora provincial que culmina su mandato en diciembre. Este frente forma parte de la alianza nacional Provincias Unidas, anunciada por cinco gobernadores, entre ellos el de esta provincia, Carlos Sadir.
Por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco y dirigente con trayectoria en el sector productivo, lidera la nómina. En segundo lugar figura Valeria Valente. Esta fuerza busca consolidarse como una alternativa con fuerte arraigo en el interior jujeño2.
La izquierda jujeña presentó una lista diversa y militante. Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el actual diputado nacional irá por la reelección, seguido por Natalia Morales, Julio Mamani, Natalia López, Leonardo Rivero y Fernanda Giribone, representantes de distintas agrupaciones como el PTS, PO, MST e IS.
En cuanto a La Libertad Avanza, este espacio confirmó a Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, como cabeza de lista. Lo acompaña Bárbara Andreussi, en una propuesta que busca representar los valores libertarios en el Congreso.
A su vez, el Frente Liberal se presenta con la Lista 507, integrada por Unir y el Partido Renovador, y lleva como candidatos principales a Raúl Attie, Celia Yolanda Díaz y Juan Carlos Mamani. Los suplentes son Sonia Méndez, Daniel Macías y Karina Rodríguez.
A su turno, el Frente Transformación Libertaria conformado por el Partido Pura Militancia y el Partido Libertario, propone a Mercedes Cravero de Savio, Leonardo Ríos y Jorgelina Noelia Daza como sus principales postulantes.
Por último, Fuerza Patria Jujuy figura con la lista 506, está integrada por el Partido Justicialista y otras agrupaciones afines, y será encabezada por la diputada Leila Chaher. La siguen Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe. Entre los suplentes figuran Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.