Buscan eliminar toda excepción que permita el matrimonio antes de los 18 años

Presentaron un proyecto para modificar el Código Civil y Comercial con el fin de prohibir sin excepciones el matrimonio de menores de edad. La iniciativa también elimina las disposiciones sobre emancipación por matrimonio y adecua las normas vinculadas a nulidad matrimonial y responsabilidad parental.

La diputada nacional María Inés Zigarán impulsa una reforma del Código Civil y Comercial destinada a consolidar los 18 años como edad mínima e inderogable para contraer matrimonio en la Argentina. El proyecto deroga las excepciones actualmente vigentes que permiten, en determinados casos, que adolescentes menores de esa edad puedan casarse con autorización de sus representantes legales o mediante dispensa judicial.

La iniciativa propone eliminar el artículo 404 del Código Civil y Comercial, que habilita esas excepciones, y adecuar una serie de normas vinculadas con los efectos jurídicos que genera el matrimonio de personas menores de edad. Entre ellas se encuentran las disposiciones referidas a la emancipación por matrimonio, cuya regulación también sería derogada.

Además, el proyecto modifica los artículos relativos a la nulidad matrimonial para adaptarlos a la nueva regla y establece cambios en el artículo 645 sobre responsabilidad parental, manteniendo la necesidad del consentimiento expreso de ambos progenitores para determinados actos vinculados con hijos menores de edad.

En los fundamentos, Zigarán sostiene que la reforma busca fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes y adecuar la legislación argentina a estándares internacionales de derechos humanos. Señala que, aunque el Código ya establece los 18 años como edad mínima general para contraer matrimonio, la existencia de excepciones permite que ese límite pueda ser dejado de lado mediante autorizaciones parentales o decisiones judiciales.

La legisladora argumenta también que la eliminación de las excepciones constituye una herramienta preventiva frente a situaciones de matrimonios infantiles, arreglados o forzados, y cita recomendaciones formuladas a la Argentina por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2024 y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2026, que instaron al país a fijar los 18 años como edad mínima para el matrimonio sin excepciones.

El texto aclara que la reforma no tendrá efectos retroactivos. Por ello, las personas ya emancipadas por matrimonio conservarán esa condición y los matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la eventual ley mantendrán su validez conforme a la legislación vigente al momento de su celebración.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General y de Familias, Niñez y Juventudes.

Ya son 52 los proyectos sobre sobreendeudamiento: Zigarán presentó una iniciativa para crear un régimen de prevención y tratamiento

En medio del debate abierto en la Comisión de Finanzas y con el telón de fondo de una sesión que la oposición quiere hacer la semana que viene, la diputada jujeña María Inés Zigarán presentó un proyecto para crear un régimen nacional de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de personas humanas.

Mientras continúa creciendo la preocupación parlamentaria en torno al aumento del endeudamiento de las familias argentinas, la diputada nacional María Inés Zigarán presentó un proyecto de ley que crea un “Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas”, sumando una nueva iniciativa a una agenda que ya reúne 52 proyectos en ambas cámaras del Congreso.

La presentación se produce en paralelo al comienzo del tratamiento del tema en la Comisión de Finanzas de la Cámara baja y en vísperas de la sesión que sectores de la oposición procuran impulsar el miércoles próximo para acelerar el abordaje legislativo de los distintos expedientes vinculados al endeudamiento familiar.

Según el texto de la iniciativa, se considera sobreendeudamiento a la situación en la que la carga financiera de una persona resulta objetivamente imposible de afrontar en condiciones razonables, poniendo en riesgo su subsistencia y la de su grupo familiar. El proyecto busca establecer herramientas destinadas a prevenir, gestionar y superar esos escenarios, garantizando la rehabilitación económica de los consumidores.

Entre sus puntos centrales, la propuesta impone a bancos, emisores de tarjetas de crédito, billeteras digitales, mutuales, cooperativas y demás entidades otorgantes de crédito la obligación de realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de conceder financiamiento.

Asimismo, contempla una instancia de mediación administrativa optativa y gratuita, que podrá ser solicitada por el deudor con patrocinio letrado. Durante ese proceso, las partes podrán acordar planes de reestructuración de hasta cinco años, con intereses compensatorios limitados a la tasa activa del Banco Nación y sin capitalización de intereses.

Si no hubiera acuerdo, o si el deudor decidiera no recurrir a esa etapa, podrá iniciar un procedimiento judicial específico ante los tribunales civiles, comerciales o de consumo de su domicilio. Para ello deberá presentar una declaración jurada de bienes e ingresos, detallar acreedores y obligaciones vigentes y acompañar la documentación respaldatoria correspondiente.

La iniciativa de Zigarán se incorpora así a un amplio conjunto de propuestas legislativas orientadas a regular las situaciones de mora y sobreendeudamiento. Entre ellas figuran proyectos que promueven regímenes de reestructuración de pasivos, alivio financiero para familias, tratamiento especial para deudores de tarjetas de crédito y mecanismos integrales de saneamiento económico.

El expediente fue girado a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y Justicia, donde deberá iniciar su tratamiento junto con el resto de las iniciativas que buscan dar una respuesta legislativa a un fenómeno que se instaló con fuerza en la agenda parlamentaria.

Diputada propone una consulta pública digital sobre inteligencia artificial y protección de niñas, niños y adolescentes

La diputada nacional Mariela Coletta presentó un proyecto para convocar a una consulta pública participativa y no vinculante sobre entornos digitales, inteligencia artificial y derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa apunta a recoger opiniones y experiencias de la ciudadanía para elaborar futuras propuestas legislativas y políticas públicas.

La diputada nacional Mariela Coletta (Provincias Unidas), acompañada por María Inés Zigarán, presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados convoque a una consulta pública participativa digital sobre los desafíos que plantean los entornos digitales y la inteligencia artificial para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El expediente fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Familias, Niñez y Juventudes.

La propuesta establece la realización de una consulta abierta y no vinculante en el ámbito de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, con el objetivo de recabar opiniones, experiencias y propuestas de distintos sectores de la sociedad sobre los usos, oportunidades y riesgos asociados a las tecnologías digitales y a la inteligencia artificial.

Según el texto, podrán participar familias, docentes, profesionales de la salud, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector tecnológico y ciudadanía en general. Asimismo, prevé mecanismos específicos para promover la participación de niñas, niños y adolescentes, respetando su autonomía progresiva y adecuando los instrumentos de consulta a cada grupo etario.

Entre los fundamentos de la iniciativa se señala que la creciente digitalización de la vida cotidiana ofrece oportunidades para el aprendizaje, la creatividad y el acceso a la información, pero también plantea riesgos vinculados al ciberacoso, la violencia digital, la exposición a contenidos nocivos, la pérdida de privacidad y los impactos sobre la salud mental.

En ese sentido, el proyecto cita datos del informe Kids Online Argentina 2025 de UNICEF y la UNESCO, según el cual el 95% de los niños, niñas y adolescentes cuenta con un teléfono celular con acceso a internet, mientras que la edad promedio de acceso al primer dispositivo conectado es de 9,6 años. Además, destaca que el 46% de los encuestados manifestó haber experimentado consecuencias negativas derivadas del uso problemático de internet, teléfonos móviles o videojuegos durante el último año.

La iniciativa también menciona que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años admitió haber realizado apuestas online alguna vez, mientras que el 32% afirmó haberse encontrado personalmente con alguien conocido únicamente a través de internet.

El mecanismo propuesto contempla la apertura de la consulta durante diez días corridos y la posterior elaboración de un informe de sistematización de aportes, que serviría de base para una audiencia pública en la Cámara de Diputados y para la eventual presentación de proyectos legislativos.

Asimismo, se prevé la conformación de un equipo técnico interdisciplinario integrado por especialistas en tecnología, educación, salud, inteligencia artificial, protección de datos y derechos de la niñez, encargado de analizar la información recolectada y formular recomendaciones.

Entre los principales temas que buscará relevar la consulta figuran el acceso y uso de tecnologías digitales por parte de menores de edad, los riesgos en línea, el impacto de las plataformas sobre la salud física y mental, la alfabetización digital y en inteligencia artificial, la protección de datos personales, la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y la capacidad de respuesta de los sistemas educativo, sanitario y judicial.

La presentación se inscribe en un debate cada vez más presente en distintos parlamentos y organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar los marcos regulatorios frente a la rápida expansión de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales, especialmente en aquellas cuestiones vinculadas a la protección de la infancia y la adolescencia.

Diputados jujeños impulsan la legalización integral de la hoja de coca y su comercio regulado

El proyecto de Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán propone autorizar la importación, distribución y venta minorista de hoja de coca en estado natural, excluirla del régimen de estupefacientes y derogar el decreto que hoy prohíbe su ingreso al país.

Los diputados de Provincias Unidas Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen integral de importación y comercialización de la hoja de coca en estado natural, con el objetivo de resolver las contradicciones legales vigentes y formalizar un mercado que hoy opera mayormente en la informalidad.

La iniciativa reconoce a la hoja de coca como parte de prácticas culturales arraigadas en diversas regiones del país, especialmente en el norte argentino, y propone autorizar expresamente su importación, almacenamiento, transporte, venta y consumo, destinados al coqueo o a su uso en infusión. En ese marco, plantea modificar la Ley 23.737 de estupefacientes para excluir de su alcance estas actividades cuando se realicen en las condiciones que establezca la nueva normativa.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la derogación del decreto 648/78, vigente desde la última dictadura, que prohíbe la importación de hoja de coca. Según los autores, esa norma genera una contradicción con la legislación posterior que habilitó el consumo, produciendo un vacío que termina abastecido por circuitos ilegales.

“El ordenamiento jurídico permite consumir un producto cuyo ingreso está prohibido, lo que deja el mercado en manos del contrabando”, advierten los fundamentos de la iniciativa, que estiman en más de un millón y medio los consumidores en la Argentina.

El esquema propuesto prevé un sistema de licencias y control estatal a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá regular y fiscalizar toda la cadena. Se establece además la creación de un Registro Especial de Importadores, con requisitos comerciales, fiscales y penales, y se delimitan los puntos de ingreso y acopio a granel en Jujuy, Salta y Formosa, desde donde el producto deberá distribuirse en envases autorizados.

El texto fija un tope de hasta 200 gramos por unidad de venta al consumidor final y contempla un régimen sancionatorio que incluye multas, suspensión y revocación de licencias para quienes incumplan las disposiciones. También dispone la incorporación de la hoja de coca al Código Alimentario Argentino, con el fin de establecer estándares sanitarios, de calidad y trazabilidad.

Los autores fundamentan la propuesta en cuatro objetivos: brindar seguridad jurídica, recuperar recaudación fiscal, garantizar controles sanitarios y diferenciar la hoja de coca de los estupefacientes derivados. En ese sentido, sostienen que la regulación permitiría reducir el mercado informal, mejorar el control estatal y abaratar el precio para los consumidores al eliminar la llamada “renta de frontera”.

Asimismo, el proyecto invoca principios constitucionales vinculados a la libertad personal, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, y señala que el consumo tradicional de la hoja de coca ya está reconocido tanto a nivel nacional como en tratados internacionales.

Ante proyectos sobre "falsas denuncias", reiteran el apoyo a la Convención Belém Do Pará

Si bien el proyecto de Falsas Denuncias quedó desestimado de la agenda parlamentaria de la Cámara alta, Zigarán, Coletta y un grupo de legisladores señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”.

Integrantes del bloque Provincias Unidas se hicieron presentes en el Anexo del Palacio Legislativo este jueves y presentaron un proyecto de declaración que expresa profunda preocupación y enérgico rechazo frente a los proyectos de "falsas denuncias", como por ejemplo el que impulsó la senadora radical Carolina Losada. El texto, además, reiteró el apoyo a la posición del Comité de Expertos de la Convención Belém Do Pará.

Inicialmente, este tratado internacional era conocido como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres. La República Argentina lo adoptó en 1994 y fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.

La presentación del proyecto de declaración estuvo a cargo de las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta, quienes contaron con el apoyo de la cordobesa Carolina Basualdo, Pablo Juliano, el santafesino Esteban Paulón, Mónica Frade la Coalición Cívica y de Martín Lousteau, excompañero de bancada de la senadora santafesina de la Unión Cívica Radical.

Cabe recordar que la propuesta de modificación al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias y el aumento de las penas previstas, que las eleva de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores obtuvo dictamen en la Cámara alta el pasado 8 de abril pasado. Sin embargo, fuentes del oficialismo y de los bloques aliados confirmaron a parlamentario.com que el texto no corre, por lo que su tratamiento quedará nulo.

En aquella oportunidad, el proyecto de la santafesina tuvo un tratamiento casi sigiloso debido a que la reunión de comisión se convocó a la misma hora en que la Cámara de Diputados debatía la modificación a la Ley de Glaciares. Por la presentación y defensa, Carolina Losada fue denunciada penalmente por un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos, y cuestionada en público por diferentes espacios políticos del Congreso, incluido el radicalismo, al que pertenece.

El texto presentado por Provincias Unidas, también, exhorta a todos los Poderes del Estado a mantener los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por la República Argentina, en particular los establecidos en las Convenciones de Belém do Pará y de los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Contra el texto de Losada, manifestaron que “la promoción de iniciativas legislativas que focalizan de manera desproporcionada en la eventual falsedad de las denuncias en contextos de violencia de género y hacia personas menores de edad constituye una forma indirecta de discriminación, en tanto se apoya en prejuicios estructurales que históricamente han puesto en duda la credibilidad de las mujeres”.

Y siguieron: “La instalación de este enfoque no es neutra: produce un efecto inhibidor concreto, en la medida en que introduce un riesgo adicional para quienes evalúan denunciar, generando un contexto de temor que opera como una verdadera mordaza sobre las víctimas”.

Por último, señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, compromete las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y expone al país a eventuales responsabilidades internacionales por la adopción de medidas que obstaculizan el acceso a la justicia y debilitan la protección de las víctimas”.

Ley de Glaciares: ya hay 18 mil inscriptos y la oposición reclama ampliar las audiencias públicas

A través de una nota enviada a las autoridades, un grupo de legisladores exigió que se adopten "las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva".

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.

Diputada del bloque Unidos destacó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea tras la media sanción

Se trata de la legisladora jujeña María Inés Zigarán quien ponderó que el acuerdo “es un instrumento para orientar inversiones y estándares productivos en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales”.

Tras la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que llega luego de años de negociaciones y que apunta a crear una zona de libre comercio y un marco amplio de cooperación, la diputada nacional María Inés Zigarán (Provincias Unidas) destacó el proyecto porque “puede representar una oportunidad concreta para el desarrollo productivo y la inserción internacional del país”.

La legisladora subrayó, en particular, los beneficios que podría traer para Argentina en términos de exportaciones, acceso a insumos estratégicos y alineamiento con estándares ambientales: “Permitirá un acceso ampliado al mercado europeo para las exportaciones agroindustriales de las distintas regiones del país; también la importación desde Europa de bienes de capital e insumos, lo que puede reducir costos y mejorar productividad, de modo que será una muy importante herramienta de integración”.

En la oportunidad recordó, además, que Jujuy tuvo una experiencia muy positiva con la EU, a través de su banco estatal, el BEI y la Comisión Europea, para la implementación del proyecto GIRSU que incluyó un crédito y una donación. Así, subrayó que esa relación no sólo ha sido financiera o de cooperación, “sino que nos ha permitido compartir valores comunes en materia de democracia, derechos humanos, ambiente, transparencia y compromiso con el desarrollo local”. Por eso consideró que este Acuerdo “generará una multiplicidad de beneficios con un bloque con el que Argentina comparte valores y una visión de un mundo multipolar”.

Eje ambiental: compromisos, control y trazabilidad

Al poner el foco en los aspectos ambientales, Zigarán destacó que el Acuerdo incorpora el principio precautorio y un compromiso de no regresión, es decir, la obligación de no bajar estándares ambientales o laborales con el objetivo de atraer comercio o inversión.

“Contiene una prohibición expresa del comercio de productos obtenidos ilegalmente, incluido madera talada ilegalmente, en el marco de un objetivo genérico de protección de los bosques, combatiendo la tala ilegal y la deforestación”, destacó.

La diputada también hizo hincapié en el diseño institucional previsto para sostener esos compromisos en el tiempo: “Prevé mecanismos de cumplimiento específico para el capítulo de desarrollo sostenible (consultas, panel de expertos, informe público) y hay un incentivo fuerte a la trazabilidad y el cumplimiento, de modo que el Acuerdo va a significar inversión en controles, certificación y cadenas libres de deforestación”.

Para cerrar, sostuvo que el entendimiento abre una ventana relevante en materia de cooperación internacional: “Constituye una gran herramienta para la cooperación en tecnologías verdes, cadenas sostenibles y biodiversidad”.

Un debate con impactos económicos y regulatorios

La media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se inscribe en una discusión más amplia sobre competitividad, reglas de acceso a mercados y exigencias de calidad y trazabilidad en el comercio global. En ese marco, Zigarán planteó que el Acuerdo no debe leerse solo como una reducción de aranceles, sino también como un instrumento capaz de orientar inversiones y estándares productivos, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales.

Así quedaron conformadas las listas en Jujuy

Con el cierre del plazo para la presentación de listas, Jujuy definió a sus candidatos. Siete frentes competirán por tres bancas en Diputados, con figuras del oficialismo, la oposición y espacios emergentes.

Los candidatos del oficialismo provincial: María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise. Suplentes: Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans

Con el cierre del plazo oficial para la presentación de candidaturas, los siete frentes que competirán en Jujuy ya definieron quiénes buscarán ocupar las tres bancas disponibles en la Cámara de Diputados de la Nación. El domingo por la noche fue el momento clave en el que las alianzas políticas formalizaron sus listas ante la Justicia Electoral.

El oficialismo provincial participó con el nombre Frente Jujuy Crece y apostó por figuras con experiencia en gestión pública. Encabeza la lista María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente y referente en políticas climáticas. La acompañan Mario Pizarro, secretario de Energía, y Malena Amerise, legisladora provincial que culmina su mandato en diciembre. Este frente forma parte de la alianza nacional Provincias Unidas, anunciada por cinco gobernadores, entre ellos el de esta provincia, Carlos Sadir.

Por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco y dirigente con trayectoria en el sector productivo, lidera la nómina. En segundo lugar figura Valeria Valente. Esta fuerza busca consolidarse como una alternativa con fuerte arraigo en el interior jujeño2.

La izquierda jujeña presentó una lista diversa y militante. Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el actual diputado nacional irá por la reelección, seguido por Natalia Morales, Julio Mamani, Natalia López, Leonardo Rivero y Fernanda Giribone, representantes de distintas agrupaciones como el PTS, PO, MST e IS.

En cuanto a La Libertad Avanza, este espacio confirmó a Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, como cabeza de lista. Lo acompaña Bárbara Andreussi, en una propuesta que busca representar los valores libertarios en el Congreso.

A su vez, el Frente Liberal se presenta con la Lista 507, integrada por Unir y el Partido Renovador, y lleva como candidatos principales a Raúl Attie, Celia Yolanda Díaz y Juan Carlos Mamani. Los suplentes son Sonia Méndez, Daniel Macías y Karina Rodríguez.

A su turno, el Frente Transformación Libertaria conformado por el Partido Pura Militancia y el Partido Libertario, propone a Mercedes Cravero de Savio, Leonardo Ríos y Jorgelina Noelia Daza como sus principales postulantes.

Por último, Fuerza Patria Jujuy figura con la lista 506, está integrada por el Partido Justicialista y otras agrupaciones afines, y será encabezada por la diputada Leila Chaher. La siguen Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe. Entre los suplentes figuran Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.

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