Por María José Lubertino. La exdiputada nacional (2003) hace referencias a “los peligros” que implicaría la repetición de resultados en las elecciones generales.
Javier Milei habla de “la casta” y ha logrado sintetizar allí una realidad que la gente percibe y enoja. Desde el “que se vayan todos”, esta bronca ya estaba presente y en los momentos críticos de mayor angustia económica vuelve a aflorar.
El hiperpresidencialismo acentúa que el líder máximo de cada fuerza termina definiendo las estrategias y armando listas con sus más fieles seguidores. A quienes desde dentro y fuera de las instituciones somos críticos y venimos denunciando contubernios no se nos ha escuchado. La mayoría de los políticos aparecen como privilegiados. Aunque no son los únicos, sus privilegios molestan porque ellos deberían ser “servidores públicos”. En política y en diferentes fuerzas hay “parásitos”, “chorros” e “inútiles”.
La política nos va expulsando. Generalmente quedan muchos obsecuentes, los “levanta manos” y funcionales con sus eternas reelecciones. Muchos de los que van quedando en esos cargos se van apartando de la vida cotidiana de sus electores: no mandan sus hijos a la escuela pública, no usan la salud pública, no toman el transporte público. Muchos se van a vivir a countries o torres de lujo.
Ya en 2021 hubo una alarma que no se quiso atender. Cuatro millones no votaron. En esta ocasión el voto a Milei fue un voto castigo a los aparatos. Con los millones que puso Larreta y el uso del aparato del Estado de la Ciudad no pudo ni siquiera ganarle a Bullrich. El voto a Milei debe ser un llamado de atención para todas las fuerzas políticas y para
quienes pretendamos aportar a ella. Se puede tener más o menos patrimonio: no se trata de que los políticos sean pobres, pero si hay que vivir con austeridad. Hay que rendir cuentas y mostrar en que se contribuyó.
La revolución liberal que propone Javier Milei está hecha de slogans con fuerte impacto emocional. Nos plantea con claridad meridiana que es una atrocidad pensar que “donde hay una necesidad hay un derecho” y que “la justicia social está precedida de un robo”. Cuestiona la existencia del Estado y promueve una lógica individualista e insolidaria. Un peligro impredecible en todos los aspectos.
El cambio total que propone Bullrich ofrece mano dura para ordenar un ajuste insensible, aún peor que el que estamos viviendo. Los que tenemos memoria recordamos el recorte en la educación pública y la baja de las jubilaciones del equipo que terminó yéndose en el helicóptero y nos condujo a la crisis del 2001. Ni que hablar de los retrocesos durante los cuatro años del mandato de Mauricio Macri y del retorno al endeudamiento que nos vuelve a someter al FMI. Es la crónica de una muerte anunciada.
La brutal disyuntiva de “Derecha o Derechos” sobre la cual deberemos militar en estos meses no nos hace olvidar todo lo que falta y el debate de fondo sobre una modelo de mal desarrollo injusto a nivel global y local.
Tanto Sergio Massa como el oficialismo deben mostrar honestidad y austeridad y promover los cambios que venimos exigiendo para garantizar mayor transparencia y prevenir la corrupción y los privilegios. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de mejorar en concreto la actual situación económica y debe escuchar a la clase media que también la está pasando mal. Debe atender el debate de fondo que planteamos desde muchos sectores ecologistas, jóvenes y feministas para una transición justa y sostenible sin dilapidar nuestros bienes comunes.
Por María José Lubertino. La presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos explora los resultados de adoptar políticas de Estado con perspectiva de género.
Uno de los ejes de la gestión del presidente Alberto Fernández donde se está dejando huella y donde se recoge la historia de aportes del movimiento de mujeres, feminista y LGTTBI es el que transversaliza las políticas de géneros. Esto es reconocido por oficialistas y opositoras, pero también por organismos internacionales, como por ejemplo cuando Naciones Unidas ubica a la Argentina entre los países del mundo que mejor incorporaron la perspectiva de género en el abordaje de la pandemia del Covid-19.
No se trata sólo de la creación del Ministerio o de un área de Género en el Ministerio de Economía o de gestos como la designación de feministas en todos los ministerios o de personas trans en funciones de relevancia, sino de políticas concretas como ponerse al frente el propio Presidente de los cursos de la Ley Micaela para capacitar a funcionarios, asumir la temática de los cuidados como una política de Estado, la paridad de género a la hora de constituir asociaciones civiles, o el cupo laboral trans en el empleo público.
Ahora un nuevo hito trascendente es la creación del programa interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Economía de la Nación para promover la incorporación del enfoque de géneros y diversidad en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional.
El presupuesto con perspectiva de género es un concepto que comenzó a tener relevancia en los años 80 del siglo pasado, con Australia como país pionero en su aplicación. La metodología de la Unión Europea establece que el presupuesto de género debe ser aplicado a todos los niveles de ingresos y gastos del presupuesto. Así en el Reino Unido, Sudáfrica, algunos países de Europa como España y Austria, y otros de América Latina fueron sumándose experiencias. Hoy 15 de los 34 países de la OCDE tienen alguna medida para incentivar los presupuestos con perspectiva de género.
Rosario, desde el 2002 lleva adelante el Programa Presupuesto Participativo con participación ciudadana, rendición de cuentas y perspectiva de género como pilares. En 2003 como Diputada Nacional presenté un proyecto de ley en el Congreso de la Nación al respecto y durante los años 2006 – 2010 volvimos a proponer debates sobre el tema desde el INADI.
En el 2017 hasta el FMI se ocupó del tema. Con motivo de la Reunión del G7 en Italia de aquel año hasta Christine Lagarde habló de ellos diciendo que “las estrategias de género a largo plazo deben involucrar todos los aspectos del proceso presupuestario”. Paralelamente en Argentina recién en 2017 el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) coordinó una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete y en 2018 incorporó como parte del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 una iniciativa de inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Se identificaron 23 actividades presupuestarias vinculadas a esta temática y la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC), a finales del 2018 introdujo en su agenda de trabajo el análisis de presupuesto con perspectiva de género.
En la Ciudad de Buenos Aires desde 2018 se hace un seguimiento de género del presupuesto y en 2019 se aprobó la Ley 6170 de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El actual Gobierno nacional será el primero en concretar el Presupuesto 2021 con esta perspectiva gracias a este programa interministerial, y fue la diputada Carolina Moisés (FdT Jujuy) quien presentó una iniciativa en este sentido para que se plasme en una ley. La perspectiva de género se efectivizará a partir del uso de los instrumentos, como el etiquetado de los programas, proyectos y actividades, siempre que incluya acciones dirigidas a las mujeres y/o a promover la igualdad entre los géneros. Hay que aplicarlo a las llamadas “partidas duras”, a las grandes partidas de gasto presupuestario como pueden ser infraestructuras. Suponemos que se irá evolucionando y todo ello permitirá achicar las brechas de género.
La gran expectativa del movimiento feminista es cerrar este año parlamentario con el tratamiento y sanción del proyecto de ley de Aborto legal, seguro y gratuito. Confiamos en que ello ocurra, porque el presidente es un hombre de palabra y se comprometió a enviar un proyecto del Ejecutivo al iniciar el año parlamentario. Las cabezas de ambas cámaras y varias presidencias de los bloques apoyan la iniciativa y tienen la capacidad de generar consensos, porque además hay un activo espacio transversal de legisladoras/es de todos los bloques cada vez más comprometidos/as con nuestra causa y porque además estamos las mujeres atentas y movilizadas para que esto suceda. ¡Será Ley!
Por María José Lubertino. La abogada y especialista en derecho ambiental advierte la importancia de modificar radicalmente el sistema por el cual producimos y alimentamos a nuestra población.
Cuando asumió el actual Gobierno planteó como uno de sus objetivos prioritarios la “lucha contra el hambre” en el marco de una sociedad en la que la pobreza monetaria continuaba incrementándose, con particular afectación de los sectores más vulnerabilidades y con grave impacto especialmente en las infancias. Este objetivo prioritario coincide con uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el “Hambre cero”, a los que la Argentina adhiere. Hay inseguridad alimentaria cuando las personas afrontan incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de recursos. Hay inseguridad alimentaria grave cuando se han quedado sin alimentos, han experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, han pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave riesgo.
La inseguridad alimentaria entre 0 y 17 años alcanzó al 30,1% en 2019 y dentro de esta una situación de inseguridad alimentaria severa afecta al 14%. La estabilización en los indicadores de inseguridad alimentaria en la infancia y adolescencia responde al sostenido incremento de la protección social y la asistencia alimentaria directa y gratuita en comedores escolares y comunitarios. En 2019 un 42,2% de población de entre 0 y 17 años accede la Asignación Universal por Hijo u otros planes sociales y casi un 40% a asistencia alimentaria gratuita (Observatorio de la Deuda Social, UCA).
El modelo agroindustrial dominante es un modelo violatorio entre otros derechos humanos del derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud, que genera además enfermedades crónicas no transmisibles. Plantea que es necesario producir de esta manera para alimentar al mundo y ni siquiera alimenta a nuestra propia población. Recientemente se aprobó la Ley de emergencia alimentaria y nutricional como prueba acabada de ello.
El derecho a una alimentación adecuada es el derecho a tener acceso de una manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Tiene cuatro componentes: 1) disponibilidad: que haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población, 2) accesibilidad, tanto física como económica, es decir que los alimentos puedan trasladarse desde donde se producen a donde deben ser consumidos, 3) adecuación cuantitativa -o sea, cantidad suficiente para todes y cada une-, cualitativa -alimentos libres de sustancias nocivas que puedan dañar nuestra salud- y cultural -que se corresponda con nuestras tradiciones como comensales- y 4) sustentabilidad: que nuestra posibilidad de alimentarnos no ponga en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de generar y consumir alimentos.
El modelo agroindustrial dominante en Argentina se caracteriza por la producción extractiva de monocultivos; los agronegocios basados en transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, destinados a la exportación para alimentar ganado en otros países; ganadería industrializada; una cadena de intermediación y comercialización concentrada y el consumo de alimentos como meras mercancías. Este modelo genera contaminación del suelo, del aire, del agua, de la fauna silvestre y de los alimentos; deforesta y destruye selvas; implica pérdida de biodiversidad e inundaciones; desplaza campesinos/as y pueblos originarios; genera un éxodo rural y hacinamiento urbano, entre otras.
Otro modelo es necesario, urgente y posible. Desde muchas experiencias en los territorios crece un modelo alternativo a pasos acelerados, que llamamos genéricamente agroecología, y que supone una forma vivir y producir alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Se rescatan los saberes de los pueblos originarios y de las campesinas/os, pescadores/as y pastores/as artesanales.
La soberanía alimentaria es un paradigma introducido por La Vía Campesina, organización internacional que nuclea a más de 200 millones de trabajadores/as de la tierra de todo el mundo; que es antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante.
Se va creando lentamente una Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), a partir de las luchas de sus propias comunidades locales. Se ha constituido un Foro agrario con todas las organizaciones campesinas y algunas urbanas, que elaboró un programa agrario popular y soberano con 21 puntos de propuestas de políticas públicas.
En este contexto, Vicentin es un actor clave en el actual sistema agroalimentario argentino. En 2015 ocupó el puesto número 6 entre las empresas de más facturación en el país. Exporta aproximadamente el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos de la agricultura industrial. A través de empresas propias y participación en otras, se dedica a la molienda de soja transgénica; a la producción de carnes, leches, algodón; proceso industrial de curtido de cueros. Involucra directamente a más de 4.000 trabajadores/as y 70.000 productores/as agropecuarios. Hoy, en concurso, con deudas por más de 99.000 millones de pesos con 1.895 personas físicas y jurídicas. Está denunciada ante la UIF por maniobras fraudulentas que permitieron fuga de capitales triangulando con empresas off shore.
Desde la “Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir” nos expresamos decididamente a favor del salvataje de la Empresa Vicentin. Respaldamos la intervención estatal e incluso el debate parlamentario para su expropiación y reconversión a una empresa estatal o a alguna forma mixta o cooperativa para garantizar las fuentes de trabajo, y el cobro de los escandalosos créditos irregularmente otorgados. Pero al mismo tiempo queremos que esta empresa inicie un camino de transición para nuestro país. Esta acción permitirá incidir en la regulación del mercado de commodities agroindustriales. Pero es necesaria su transformación radical, ya que esta empresa y su entramado son emblema del modelo agroalimentario dominante, que genera degradación, contaminación, muerte y que avanza en la mercantilización y privatización de nuestros bienes comunes. Es necesario un plan de reingeniería de negocios de ese grupo económico para priorizar la compra pública de alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena; poner sus instalaciones de logística, distribución y comercialización al servicio de la economía social; utilizar su infraestructura para producir cereales y harinas para el mercado interno abaratando precios desacoplándolos de los precios internacionales y garantizando el abastecimiento de todo lo que el propio Estado compra para abastecer escuelas, comedores y hospitales.
Este puede ser un paso hacia la construcción de un modelo transicional si se avanza en un pacto ecosocial. Modelo que incluya la consolidación de un ordenamiento territorial que contemple los distintos usos del suelo, respetando los ecosistemas nativos y descentralizando no solo la producción sino también la comercialización. Un sistema agroalimentario soberano debe primero alimentar adecuadamente a nuestra población, y si hay excedente compartir con otros pueblos. En vez de estar anclada su producción intensiva en determinadas regiones con un antieconómico e insustentable extenso transporte de alimentos de una punta a la otra de la Argentina, generar sistemas de producción local con arraigo al territorio para abastecimiento local, y el contacto directo de productor/a a comensal, a un precio justo, y con acceso a un alimento sano.
Debe poder re-pensarse la relación de los territorios con quienes ancestralmente habitan en ellos y con quienes trabajan la tierra. Recuperar el agua como un bien común al servicio de la vida y un derecho humano, no mercancía privatizada o privatizable. Las organizaciones sociales, de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía popular y movimientos ecologistas y feministas tendremos que hacer toda la presión posible para que efectivamente el salvaje de Vicentin no sea sólo una “caja” sino que se ponga al servicio de la soberanía alimentaria.
Muchas de las dificultades en la actual situación de pandemia en la que estamos inmersos se vinculan con la inequidad territorial que lleva a millones de personas a vivir en centros urbanos y su doloroso correlato de migración rural y despoblamiento del campo y de localidades pequeñas y medianas. Abordar la crisis civilizatoria es el camino. Debemos transformar radicalmente el actual modelo insustentable de mal desarrollo productivo. La intervención de la empresa Vicentin es una acción que puede ser direccionada inteligentemente en este sentido.
