Muy querida por todos sus pares, dejó su banca el 10 de diciembre pasado. Ella misma había confirmado en mayo pasado que padece un complicado y muy extraño tipo de cáncer. Se armó una cadena de legisladores solicitando dadores.
María Luján Rey culminó su mandato como diputada nacional del Pro el año pasado. Sus últimos meses estuvieron opacados porque debió atender un serio problema de salud que ella misma dio a conocer con un mensaje conmovedor a principios de mayo de 2023.
Previamente había confirmado la mala noticia el viernes 5 de mayo con el siguiente mensaje en la red social X: “Pintando libélulas para hacer más llevadera la primera quimioterapia! Gracias a todos los que me acompañan en esta nueva lucha!!!”.
Al día siguiente ella misma posteó una serie de tuits en los que detalló cómo se había enterado de la mala noticia. Allí, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, contó que el viernes 18 de marzo, después de una jornada de reuniones y recorridas por la provincia de Buenos Aires, regresó a su casa al caer la tarde y al terminar de cenar vio sus tobillos muy hinchados. Y si bien no tenía ningún dolor, ni se sentía mal, decidió acercarse a una guardia, para mayor tranquilidad.
Allí se sorprendió de tener la presión arterial elevada, puesto que toda su vida fue hipotensa. Finalmente le diagnosticaron hipertensión, y comenzaron a aparecer otros síntomas: falla renal, arritmias, inflamación del hígado, entre otras cosas.
Tras más un mes y 20 días de estudios, terminaron sabiendo que padece de dos enfermedades poco frecuentes: mieloma múltiple y amiloidosis. “Esta última afecta, al momento, mis riñones, mi hígado y mi corazón. El tratamiento es quimioterapia, y estoy siendo atendida por un excelente equipo de especialistas en amiloidosis, lo que me permite estar tranquila y confiada”, señaló en esos días en los que reveló públicamente su enfermedad.
Transfusión de plaquetas
Este fin de semana largo, la exdiputada contó en sus redes sociales que viernes y sábado necesitó transfusión de plaquetas. Por suerte había, pues “hay gente que donó su sangre”, contó a través de X, y agregó: “Hoy quiero pedirles que lo hagan o que me ayuden difundiendo este pedido, puedo seguir necesitándolo yo u otros pacientes. Gracias!!!”, fue el mensaje de María Luján Rey.
Ayer y hoy necesité transfusión de plaquetas, había porque hay gente que donó su sangre. Hoy quiero pedirles que lo hagan o que me ayuden difundiendo este pedido, puedo seguir necesitándolo yo u otros pacientes. Gracias !!! #DonarSangre pic.twitter.com/pqv0stbvWg
— María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) March 30, 2024
“Donar sangre salva vidas. Todos los que puedan hacerlo, háganlo! Vamos @MariaLujan_Rey mucha fuerza !!”, tuiteó la diputada nacional del Pro María Sotolano. Muchos otros colegas se sumaron, como Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic y Fernando Iglesias, quien calificó a María Luján como “una de nuestras mejores diputadas y gran luchadora contra la corrupción en la tragedia de Once”, pidiendo a continuación que “donemos sangre”.
También lo hizo la exdiputada Soher El Sukaria: “¡¡¡Por favor donemos sangre!!! ¡Vamos amiga @MariaLujan_Rey muchas fuerzas, desde Córdoba te mando un fuerte abrazo!”, tuiteó.
“Vamos! Todos los que puedan donar sangre, háganlo. Salva vidas. Ayuda a nuestra inmensa amiga @MariaLujan_Rey y hace bien: al cuerpo y al corazón. #DonarSangre”, posteó Karina Banfi, cosa que también hicieron Alvaro González, Mariana Stilman, Matías Bagnato, y muchos más.
Amigos les pido por favor si me dan una mano para difundir y donar sangre para ayudar a mi amiga @MariaLujan_Rey
Vamos amiga que esto también pasará !
Te ❤️
Gracias por RT 🙏 pic.twitter.com/X0ylZAAKdx— Matias Bagnato (@MatiBagnato) March 30, 2024
Qué enfermedades la aquejan
La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que se produce cuando una proteína llamada amiloide se acumula en los órganos. Esta acumulación de amiloide puede hacer que los órganos no funcionen correctamente.
Los órganos que pueden verse afectados incluyen el corazón, los riñones, el hígado, el bazo, el sistema nervioso y el tracto digestivo.
Algunos tipos de amiloidosis se producen junto con otras enfermedades. Estos tipos pueden mejorar con el tratamiento de las otras enfermedades. Algunos tipos de amiloidosis pueden provocar una insuficiencia orgánica que pone en riesgo la vida.
El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. El sistema inmunitario se compone de varios tipos de células que funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. Los linfocitos (células linfáticas) son uno de los tipos principales de glóbulos blancos del sistema inmunitario e incluyen a las células T y células B. Los linfocitos están en muchas áreas del cuerpo, tal como en los ganglios linfáticos, la médula ósea, los intestinos y el torrente sanguíneo.
La diputada nacional que el viernes anunció en sus redes que padece cáncer, detalló cómo se enteró de su enfermedad y que le dará lucha.
“Ayer publiqué un tweet sin tener presente la posibilidad de que se transformara en noticia. En virtud de ver que sí lo fue, considero necesario explicar un poco cómo llegué hasta aquí. No tuve nunca intención de ocultar nada, pero llegar al diagnóstico llevó tiempo, y comencé el tratamiento apenas tuve la confirmación”. Este es el primer párrafo de un extenso hilo de tuits de la diputada nacional María Luján Rey, en referencia al anuncio que parlamentario.com publicó el viernes pasado, solo después de que ella misma confirmó la especie a través de un tuit en el que contaba que había pasado su primera sesión de quimioterapia.
Las versiones sobre problemas de salud de la diputada del Pro ya circulaban desde que se ausentó en aquel plenario de las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal, que ella preside. Ahora ella misma dio detalles de la nueva lucha que le toca emprender, y eso se transformó en noticia trascendente.
La madre de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once, contó que el viernes 18 de marzo, después de una jornada de reuniones y recorridas por la provincia de Buenos Aires, regresó a su casa al caer la tarde y al terminar de cenar vio sus tobillos muy hinchados. Y si bien no tenía ningún dolor, ni se sentía mal, decidió acercarse a una guardia, para mayor tranquilidad.
“Allí me sorprende tener la presión arterial elevada, puesto que toda mi vida fui hipotensa. Intentan bajarme la presión con medicación y me hacen un electrocardiograma que no sale muy bien”, comentó, agregando que terminó internada para observación en la unidad coronaria, donde le diagnosticaron hipertensión, a partir de lo cual comenzaron a aparecer otros síntomas: falla renal, arritmias, inflamación del hígado, entre otros temas.
Tras más un mes y 20 días de estudios, terminaron sabiendo que padece de dos enfermedades poco frecuentes: mieloma múltiple y amiloidosis. “Esta última afecta, al momento, mis riñones, mi hígado y mi corazón. El tratamiento es quimioterapia, y estoy siendo atendida por un excelente equipo de especialistas en amiloidosis, lo que me permite estar tranquila y confiada”, señaló.
En su conmovedor mensaje, María Luján Rey confiesa que, equivocadamente, creía que “ya tenía saldada la cuota de sufrimiento en esta vida, ya que el que me tocó es perpetuo, sin embargo parece que quedaba un resto, y aquí estamos aprendiendo, luchando y agradeciendo todo lo bueno que tengo: profunda fe, una hija que ilumina mis días y un hijo que ilumina mis noches”.
La diputada nacional sabe que “es un proceso que lleva su tiempo, que habrá momentos más duros, y otros más llevaderos, pero también sé que la lucha que se pierde es la que no se da”.
El extenso posteo de María Luján concluye con agradecimientos “a todos aquellos que se han preocupado, a todos los que a través de mensajes, llamados, visitas, me hacen sentir contenida y acompañada”, y una frase final llena de esperanza: “¡Esto también pasará!”.
La diputada del Pro dio a conocer la noticia de su enfermedad a través de sus redes sociales. Había llamado la atención su ausencia en el último plenario cuando se debatió el lavado de activos.
La diputada nacional María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) confirmó a través de sus redes sociales que padece cáncer y que comenzó el tratamiento de quimioterapia para luchar contra dicha enfermedad.
En un breve posteo, informó: “¡Pintando libélulas para hacer más llevadera la primera quimioterapia!”, y agradeció “a todos los que me acompañan en esta nueva lucha!!!”.
Como titular de la Comisión de Legislación Penal, había llamado la atención su ausencia en el último plenario que tuvo la comisión cuando debatieron junto a la de Legislación General y la de Finanzas sobre la reforma a la Ley de Lavado de Activos el pasado 18 de abril. En esa ocasión, la diputada Mónica Litza en carácter de vicepresidenta la reemplazó.
También fue raro no verla en la Comisión de Defensa del consumidor, del Usuario y de la Competencia de la cual es miembro que se reunió el martes pasado.
La última vez que Luján Rey pudo estar presente en una comisión fue el 8 de marzo en un plenario con Justicia en donde debatieron sobre el fortalecimiento de la justicia santafecina.
Además, estuvo ausente con licencia en las sesiones de la Cámara de Diputados del 28 y 29 de marzo y la del 19 de abril.
Tras el posteo, la titular de la Cámara de Diputados, la oficialista Cecilia Moreau, le comentó: “Vas a poder, ¡mucha fuerza!”, mientras que la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, le colocó tres corazones rojos. Desde parlamentario.com le deseamos pronta recuperación.
Se trata de Legislación Penal, que está presidida por la diputada del Pro María Luján Rey, para tratar un proyecto que el Gobierno necesita tener aprobado cuanto antes. El FdT hizo lo mismo con Facundo Manes.
Quedó demostrado esta última semana que un problema del que no debe preocuparse el oficialismo es el de hacer andar las comisiones. Esto, en el marco de la decisión de la principal oposición de retacear el quórum hasta tanto el Frente de Todos persista en su embate contra la Corte Suprema de Justicia. En la reunión de Recursos Naturales de la Cámara baja realizada el miércoles pasado, el oficialismo contó con la anuencia de la diputada Graciela Camaño, que en los últimos tiempos se ha manifestado muy a favor de los temas ambientales y que en este caso, para tratar el proyecto de creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, anticipó que con toda lógica iba a dar quórum.
Como dato anexo, vale recordar que no fue alguien de los “bloques del medio” quien terminó completando el quórum, sino un oficialista, Máximo Kirchner, el último en llegar a seis minutos del plazo de espera para dar por caída la sesión.
Para alivio del oficialismo, también cabe destacar que cuenta con la ventada de poder hacer las modificaciones que necesite en la composición de la comisión en cuestión, de modo tal que si por motivos relacionados con las vacaciones alguno no puede estar, se lo cambia y listo. Es lo que hizo el Frente de Todos en el inicio de la reunión de la comisión del miércoles pasado, cuando anunció cuatro reemplazos.
Pero no todo está solucionado para el oficialismo: el problema lo tiene cuando alguno de los proyectos incluidos en extraordinarias debe pasar por una comisión manejada por la oposición, que en ese caso tiene la potestad de no convocar. Pasará, por ejemplo, con la ley de agrobioindustria, que tanto viene reclamando el ministro Sergio Massa, y que no consiguió dictamen el año pasado. Una de las comisiones en las que debe recoger el visto bueno es Agricultura, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile. Ahí tendrá entonces un gran problema el Frente de Todos.
Otra comisión en manos de la oposición por la que debe pasar un proyecto en este caso clave para el Gobierno, es la de Legislación Penal, que encabeza la diputada del Pro María Luján Rey. Es una de las comisiones que debe dar dictamen a la modificación del proyecto de ley sobre lavado de activos. El proyecto del Ejecutivo fue enviado al Congreso el pasado 31 de mayo, con giros a Legislación General, Finanzas y Legislación Penal. El 30 de noviembre pasado, oficialismo y oposición avanzaron hacia un consenso de esa iniciativa que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. En esa oportunidad estuvo presente el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien no solo escuchó las propuestas de la oposición, sino que también se mostró dispuesto a aceptarlas, de modo tal que todo indicaba que se podría llegar a buen puerto, pero al día siguiente estalló la guerra en la Cámara de Diputados por el conflicto generado en torno a las designaciones de miembros para el Consejo de la Magistratura.
El tema quedó en stand by, y el 20 de diciembre habían sido convocadas las comisiones de Legislación General y de Finanzas para darle dictamen al tema, pero el Gobierno dispuso un feriado para ese día (por el triunfo argentino en el Mundial), con lo cual al proyecto le falta todavía el dictamen correspondiente. Y que Legislación Penal se sume también, que es lo que solicitaron por nota la diputada nacional Mónica Litza y otros legisladores del frente de Todos, para que la diputada Rey “ponga en tratamiento la modificación de la ley vinculada a la prevención y represión del lavado de activos.
A la iniciativa de Litza se sumaron sus pares Bernardo Herrera, Mara Brawer, Carolina Gaillard, Leonardo Grosso, Aldo Levia, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Eduardo Valdés y Natalia Zaracho.
Luego de la nota a María Luján Rey, se conoció otra enviada por Mara Brawer para que la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovacion Productiva, que preside el radical Facundo Manes, también ponga en tratamiento el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030.
Consultado este viernes por la noche en el programa La Rosca, de TN, Manes respondió: “A mí no me gusta que me aprieten”.
Acompañan a Brawer sus pares del FdT Tomás Ledesma, Brenda Vargas Matyi, Roberto Mirabella, Constanza Alonso, Daniel Gollán, Dante López Rodríguez, Eduardo Fermández, Julio Pereyra, Lía Caliva, Lisandro Bormiolli, Pablo Carro, Susana Landriscini, Rogelio Iparraguirre y Rossana Chahla.
La madre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió luego de ser atropellado en Laferrere, será una de las que expondrá en la reunión de la Comisión de Legislación Penal que se realizará este martes.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá este martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.
Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.
El temario de la comisión señala que la reunión será “a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales”.
La madre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió luego de ser atropellado en Laferrere, será una de las que expondrá en la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá el próximo martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.
Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.
El temario de la comisión señala que la reunión será “a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales”.
La diputada del Pro aseguró que “esto permite mayor control”. Además, apuntó contra el Gobierno por la falta de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.
En medio de una crisis que golpea al transporte de pasajeros en el interior del país por la falta de equilibrio en el reparto de los subsidios, sumado a la falta de combustible, la diputada nacional y vicepresidente segunda de la Comisión de Transporte, María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) dialogó con parlamentario.com sobre el tema y opinó que “los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros”. Por otro lado, la legisladora de la bancada opositora apuntó contra el Gobierno por la escasez de combustibles: “Es una gestión que improvisa todo el tiempo”.
Al ser consultada por la reunión informativa de este martes, a la que estaba invitado el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, a la Comisión homónima, pero que por cuestiones de agenda comunicó que no asistirá y en su lugar irán secretarios del área, Luján Rey manifestó sus expectativas: “Mañana esperábamos escuchar por parte del ministro las razones por las cuales están demorados los subsidios a las provincias. Que nos expliquen cuáles son los motivos por los que no ha llegado todavía ese dinero a las provincias”.
“También cómo tienen pensado ampliar el fondo que ha quedado insuficiente, entendemos. Pero que también sabemos que cuenta con todas las herramientas para resolverlo sin necesidad que se genere una ley”, remarcó la diputada. Por consiguiente, contó que “se han presentado proyectos en este sentid” y bregó por “avanzar en algún proyecto consensuado que declare la emergencia y amplié el fondo destinado a los subsidios al transporte del interior”.
En esa línea, apuntó: “También es cierto que el Ejecutivo Nacional podría estar dando una solución sin esperar todos estos plazos”, y lamentó: “Nos iba a venir bien escuchar al ministro mañana para saber los motivos por los cuales llegamos a esta situación y cómo piensa salir de ella y de aquí en más regularizar la situación para los transportistas del interior”.
“En cuanto a la distribución de los subsidios hay varios proyectos presentados, algunos en esta redistribución que plantean afectarían a los subsidios que hoy reciben el AMBA. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, pero como diputada nacional también entiendo que es algo que se tiene que debatir y estudiar en profundidad escuchando a todas las partes involucradas”, remarcó Luján Rey.
Además, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Transporte consideró que “no es la urgencia de hoy, la urgencia es solucionar el problema que atraviesan los transportistas del interior, pero la redistribución es un tema pendiente sin duda que hay que discutir y hay que buscar los mejores consensos para que se mejore la situación de todos los transportistas”.
“En lo personal creo que tenemos que pensar que los subsidios deben dejar de ser a las empresas y tiene que ir directamente a los pasajeros, esto permite mayor control y evitar situaciones que ya hemos visto y vivido en el transporte público nacional cuando se entregan subsidios a los empresarios y después no se los controla”, opinó la diputada del Pro e insistió: “Entiendo que más allá de discutir la redistribución de los subsidios, también tendríamos que poner en cuestión a quiénes vamos a subsidiar y en lo personal, insisto en que debe ser el pasajero y no el empresario”.
Por último, al ser consultada por la falta de combustibles que afecta a gran parte del país, advirtió que “la situación es cada vez más preocupante”, y disparó contra el Ejecutivo porque “es una situación que se venía anunciando que hace tiempo el Gobierno debió haber tenido en cuenta y evidentemente no lo hizo, es una gestión que improvisa todo el tiempo y estos son los resultados”.
“Un país que hoy se encuentra con 19 provincias sin gasoil, lo que dificulta, no solo el traslado de las mercaderías, sino también las cosechas, la siembra”, indicó. En tanto, recordó el informe que brindó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Senado y lanzó: “Más allá de lo que manifestó el jefe de Gabinete, la realidad es que es con acciones que se resuelven las situaciones y no con palabras nada más”.
Y cerró: “Sería bueno que el jefe de Gabinete se acercara a la Cámara de Diputados a darnos los informes que corresponden como dice la Constitución Nacional y poder preguntarle por qué llegamos a esta situación, por qué hoy nuestro país esa a punto de estar paralizado por falta de gasoil”.
Este martes se terminó de completar el cuadro de labor legislativo en la Cámara baja tras la conformación de las comisiones de Legislación Penal; Transportes; Minería; Energía y Combustibles; y Defensa Nacional.
La jornada de este martes en Diputados se abrió con la conformación de la Comisión de Legislación Penal que, como acordaron oficialismo y oposición, pasó a manos de Juntos por el Cambio su conducción. Como presidenta resultó electa la bonaerense María Luján Rey (Pro), quien agradeció a su bloque “por darme esta responsabilidad que asumo con el mismo compromiso que vengo trabajando desde hace mucho”.
La legisladora aspira a que “podamos avanzar en los proyectos que hoy están esperando y en todos los que se puedan seguir presentando para mejorar la calidad de vida de nuestros argentinos”, así como “trabajar mucho y bien, y que podamos encontrar los consensos necesarios”.
En la vicepresidencia primera fue designada la bonaerense Mónica Litza (FdT), quien recordó que durante su mandato anterior también integró esa comisión, e incluso con Rey “trabajamos mucho en la Ley de Víctimas, hicimos un trabajo muy importante en aquella oportunidad”, ya que la ahora presidenta de la comisión era una de las máximas referentes de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once.
“Estoy segura que vamos a trabajar en sintonía con lo que necesita la ciudadanía y para lo que fuimos electos, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas”, agregó la massista.
El resto de las autoridades se completó con el correntino Manuel Aguirre (UCR) como vicepresidente segundo; y el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) y la bonaerense Mariana Stilman (CC-ARI) como secretarios. La tercera secretaría, para el bloque Pro, quedó en reserva.
La siguiente comisión conformada este martes fue la de Transportes, que quedó en manos de un miembro de Juntos por el Cambio, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, quien sostuvo que esta es una comisión que va a tener mucho trabajo y expresó su voluntad “en favor de los argentinos y el federalismo”. Destacó en ese sentido lo difícil que es el sistema de transporte en un país tan vasto como la Argentina. Adelantó además que este miércoles al mediodía ya arrancarán con la tarea con una reunión con la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la UTA, para hablar del tema subsidios al transporte y la crisis que atraviesa el transporte automotor del interior.
La vicepresidencia 1° fue para la diputada del Frente de Todos María Jimena López, que al hacerse cargo de su puesto expresó su deseo porque esa sea “una comisión activa, de debate, de propuestas, y poder trabajar de manera conjunta”. Vicepresidenta 2° fue elegida María Luján Rey, quien al ser propuesta fue destacada por su papel en el reclamo de justicia por la tragedia de Once, en tanto que como primer secretario fue designado otro miembro del Pro, el rionegrino de Aníbal Tortoriello. Segundo secretario fue elegido Jorge Antonio Romero (Frente de Todos-Corrientes). La tercera secretaría quedó para el diputado Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy).
Luego fue el turno de la Comisión de Minería que quedó en manos del oficialista por San Juan Walberto Allende, mientras que su coterránea Susana Laciar (JxC)quedó en la vicepresidencia primero y el santacruceño Jorge Guillermo Verón (FdT) fue elegido al cargo de vicepresidente segundo. Como secretarios fueron designados Karina Bachey (Pro – San Luis), Dante López Rodríguez (FdT -Catamarca) y el radical Francisco Monti (Catamarca).
Una hora más tarde se conformó la Comisión de Energía y Combustibles que quedó a cargo el oficialista chubutense Santiago Igon, mientras que los neuquinos Francisco Sánchez (Pro) y Guillermo Carnaghi (FdT) fueron elegidos vicepresidentes primero y segundo respectivamente. En tanto, como secretarios fueron nombrados Jimena Latorre (UCR – Mendoza), Ana Clara Romero (Pro – Chubut) y Adolfo Bermejo (FdT – Mendoza).
Completó la nómina la Comisión de Defensa Nacional que presidirá el diputado del Pro Alberto Asseff, cuya vicepresidencia primera quedó a cargo de la oficialista Agustina Propato, mientras que Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) fue elegido para vicepresidente segundo.
Por el lado de las secretarías, fueron nombrados el oficialista Aldo Leiva (Chaco), el fueguino Federico Frigerio (Pro) y el santafesino Eduardo Toniolli (FdT).
Asseff se mostró emocionado al dar por inaugurada la comisión y dijo que “es un orgullo para mí cumplir poder cumplir con uno de los más grandes mandatos que dicta el Preámbulo de nuestra Constitución nacional, que es el de fortalecer la defensa común; tarea que es el principal interés de la Comisión que presido”.
La diputada nacional dialogó con parlamentario.com y recordó el accidente ferroviario que le costó la vida a su hijo Lucas Menghini y a otras 51 personas. ¿Cuál es la situación de los condenados?
Por Déborah Noely González
En la mañana del 22 de febrero del 2012, cientos de pasajeros aguardaban en el andén de la estación de Once la llegada del tren de la línea Sarmiento para abordarlo y dirigirse cada cual, a su lugar de destino, pero eso no sucedió. A las 8.30, la tragedia sacudió al país luego de que la formación que ingresaba -a una velocidad superior a la permitida- a la plataforma número dos de la estación con 1.500 pasajeros a bordo no detuvo su marcha y colisionó contra los paragolpes de contención. El accidente dejó un saldo de 52 personas fallecidas y más de 780 heridos.
A 10 años de la tragedia ferroviaria más impactante, la diputada nacional María Luján Rey recordó ante parlamentario.com el suceso que le costó la vida a su hijo Lucas Menghini de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado dos días después entre el tercer y cuarto vagón.
“Llegar a los 10 años es algo que uno sabía que iba a ocurrir, pero en lo personal quería que no pase. Obviamente cada aniversario es un poco revivir aquel día es muy movilizante, y que ya sean 10 años es fuerte… Sobre todo cuando uno convive con esto de sentir que pasó mucho tiempo, y lo veo cuando veo a mi nieta, la hija de Lucas, que hoy está preparando sus 15, y por otro lado parece que fue ayer y que estos 10 años no hubieran pasado”, recordó la legisladora del Pro.
Las pericias, incluidas en el fallo y recolectadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), constataron que de los ocho vagones, sólo seis contaban con los compresores de aire comprimido para operar los frenos; que para siete de los ocho vagones se habían diferido tareas de mantenimiento; que los paragolpes no contaban con su sistema hidráulico en funcionamiento; que estaba desactivado el sistema de frenado de hombre muerto -que se activa si el maquinista pierde la conciencia y que el conductor Marcos Córdoba confesó haber anulado- y que los frenos manuales fueron activados, pero no lograron detener la formación a tiempo.
En febrero de 2013 el juez Claudio Bonadio elevó la causa a juicio oral, y se realizaron dos, en 2015 y en 2017. El primero se hizo contra el motorman, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano, y los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Este debate oral en 2015 derivó en condenas a prisión para 21 personas: Sergio Cirigiliano recibió una pena de 9 años de prisión; Schiavi de 8 años (reducida luego a 5 años y seis meses); Jaime de 6 años (elevado luego a 7 años y en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción), y Córdoba de 3 años y 3 meses.
Un segundo juicio en 2018 llevó a la condena del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido, a cinco años y 8 meses de prisión por “administración fraudulenta”, aunque se lo absolvió de responsabilidad por las muertes. En concreto se lo acusó de no haber intervenido para controlar la gestión TBA, lo cual habría sido parte de su rol.
El 31 de diciembre pasado quedó en libertad condicional el expresidente de TBA al momento del choque, Carlo Michelle Ferrari, quien había sido condenado a 5 años de prisión por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “estrago culposo agravado”. Al igual que otros condenados, el exdirectivo de TBA tenía ya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir penas que vencen entre 2023 y 2024.
Otros beneficiados con la libertad condicional entre diciembre de 2021 y enero último fueron los exdirectivos de TBA Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone y Carlos Pont Verges. En otro de los casos, Jorge Álvarez, también directivo de la concesionaria al momento de la tragedia, quien había sido condenado a seis años de prisión, recibió la libertad condicional el 9 de diciembre último y salió de la cárcel de Ezeiza, donde cumplía la condena que vencerá el 4 de octubre de 2024.
Schiavi, por su parte, salió en libertad condicional el 15 de noviembre pasado, al cumplir dos tercios de su condena a cinco años y seis meses de prisión, cuya pena vencerá el 4 de abril de 2024. Por su parte, el maquinista Córdoba, con una pena de tres años y tres meses de cárcel, obtuvo la condicional en septiembre de 2020 y salió de la cárcel de Marcos Paz. En cuanto al máximo responsable de la empresa TBA, Claudio Cirigliano, está con condena firme a 7 años de cárcel y tiene arresto domiciliario desde abril de 2021 por cuestiones de salud.
A diez años de la tragedia, María Luján Rey precisó: “Después de que se llevaron adelante dos juicios, todos los responsables fueron condenados, pero la mayoría de ellos tiene una condena ratificada por la Corte Suprema de la Nación y solo resta que la Corte ratifique la condena que se le impuso a Julio De Vido en el segundo juicio. Todos los condenados están gozando de algún beneficio, excepto Ricardo Jaime, que está cumpliendo condena por otros delitos. De todos los beneficios que han ido obteniendo, el que más nos genera indignación es el de Juan Pablo Schiavi porque tiene que ver con el uso de una herramienta que ha sido utilizada con otro espíritu favoreciéndose por el estímulo educativo previsto en la Ley de Ejecución de la Pena redujo su condena y hoy esta con libertad anticipada. Genera bronca e indignación, porque las penas están para cumplirse sino carecen de sentido”.
“Después de la tragedia de Once y por la lucha que llevamos los familiares acompañados por gran parte de la sociedad el Gobierno en ese entonces se vio obligado a hacer un cambio en el material rodante. Se han hecho algunas obras tendientes al cambio de vías, en la gestión del gobierno anterior se trabajó mucho con los talleres, reabriendo el taller de Tolosa, de Mechita, obviamente falta mucho y el sistema ferroviario requiere de un trabajo constante y de todos los días. Los trenes tienen que tener un mantenimiento diario, rutinario y eso es lo que nos da la seguridad a los pasajeros a la hora de subirnos. No es una tarea que ese empieza y se termina, sino que es una tarea que se debe continuar todos los días con la misma responsabilidad”, remarcó la diputada.
Cabe recordar que el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner retiró la concesión a TBA y el Estado argentino se hizo cargo de la operatoria de la línea Sarmiento y también se hicieron reformas al sistema de transporte.
“Como diputada nacional y en función de la experiencia vivida no solo por la tragedia sino en la búsqueda de justicia he presentado proyectos que tienen por ejemplo como fin que la Cámara de Casación tenga estipulados plazos para resolver un fallo. Hemos visto como algunas causas cuando llegan a estas instancias después de que un Tribunal, con lo que cuesta que una causa llegue a juicio y después de que se desarrolla y un Tribunal condena, esas condenas son apeladas y la Cámara de Casación al no tener plazos puede dejar pasar años lo hemos visto en Cromañón más de 10 años y esto hace que nunca se tenga una sentencia firme. Uno de los proyectos que he presentado y que afortunadamente fue acompañado de forma unánime en el recinto fue imponerle tiempos a la casación. Este año espero el mismo acompañamiento a un proyecto que impulsa a que la Corte Suprema tenga estipulados los tiempos para resolver”, contó María Luján Rey a parlamentario.com.
Además, explicó que ha “presentado un proyecto que tiene que ver con lo del estímulo educativo para que al momento de otorgar la reducción de penas quienes hayan tenido algún tipo de instrucción intramuros tenga presente el grado de preparación de estudios que tiene el condenado al ingresar al penal, porque no todos los condenados tienen la misma preparación no son iguales y por ejemplo en el caso de Schiavi si tiene un título universitario pueda acceder al beneficio de reducción de la pena si hace algún post grado o maestría algo que sea de un nivel superior al título que tiene al ingresar a cumplir pena y que se tenga en cuenta que hasta cierto porcentaje de la pena puede ser reducida. Espero tenga pronto tratamiento”.
“Se sigue adelante poniéndole mucha garra, muchas ganas. A veces es más difícil, cuesta más, pero hay que poner la mirada en los que están en mi caso mi hija y mis nietas. Pensar qué hubiera querido Lucas de todos nosotros me ayuda a levantarme cada día y tratar de transformar el dolor que uno siente en algo que sirva para todos de una u otra manera transformarlo en cambios para el bien común con ese espíritu peleamos con otras víctimas por la Ley de Víctimas y hoy las víctimas tienen derechos que antes no tenían. Esas son las pequeñas cosas que impulsan para seguir adelante”, cerró la legisladora.
La diputada nacional y madre de una víctima de la Tragedia de Once se manifestó entristecida por el beneficio al que se ha hecho acreedor Juan Pablo Schiavi.
La Justicia brindó este miércoles una nueva “sorpresa” que despertó indignación en algunos ámbitos. Se conoció que el ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi consiguió un beneficio que le permitirá adelantar en más de seis meses su acceso a la libertad condicional, a partir de haber hecho cursos en la cárcel.
Puntualmente Schiavi consiguió reducir en 192 días su tiempo en prisión, según dispuso el Tribunal Oral Federal N° 2, que en su momento lo había condenado a 5 años y medio de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
¿Qué cursos hizo? La lista es extensa, y en ella figuran “Mecánica básica del automotor”, “Manejo de celulares”, “Introducción a la informática”, “Producción de alimentos artesanales: conservas, confituras y productos lácteos”, “De peones a reyes – ajedrez avanzado”, “Introducción de peluquería”, “Servicios turísticos”, “Confección, arreglos y reciclado de indumentaria”, “Síntomas sociales en las series de televisión del siglo XXI”, “Gestión operativa de servicios de alojamiento”, “Formación docente en género y violencias – Ley Micaela” y “Clases de guitarra y ukelele en casa”. Pero hay más: el último que realizó se denomina “Liderazgo trascendendente: ampliar la perspectiva del éxito”.
Previsiblemente los familiares de la Tragedia de Once reaccionaron indignados al conocerse la noticia. Entre ellos, la diputada nacional María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, quien resultó ser la víctima fatal número 52 de ese episodio.
En diálogo con parlamentario.com, la diputada de Juntos por el Cambio señaló: “La verdad es que entristece que acceda a un beneficio que reduzca la pena alguien que no decidió delinquir por falta de herramientas que le inserten en la sociedad. Era secretario de Estado cuando con sus decisiones llevó a la muerte a 52 inocentes”.
“Utilizar los cursos para reducir su pena es vergonzoso, puede estudiar lo que quiera desde jardines verticales hasta entrenamiento en casa, y puede hacerlo hasta el último día de condena, que lo aproveche… Pero eso no debería implicar pasar un día menos en prisión”.
Y concluyó: “Desde los familiares de las víctimas repudiamos fuertemente está decisión”.
Precisamente los familiares difundieron este miércoles un comunicado expresando que la reducción de la condena de Schiavi por cursos cumplidos en la cárcel y enmarcados en el régimen de estímulo por estudio previsto en el artículo 140 de la Ley 24.660 modificada por la Ley 26.695, “merece nuestro mayor repudio”.
“No porque la decisión sea ilegal, sio porque la aplicación taxativa de dicha norma es contraria al espíritu que debe reinar de reinserción del preso”, apuntaron, agregando que “no es este el caso”.
“Schiavi no es un preso común, por sus características personales y por su formación. El estímulo tiene que tender a la reinserción social posibilitando que el condenado obtenga una salida laboral cumplida la pena”, agregaron los familiares, para quienes el hecho de que “el condenado y corrupto Schiavi realice cursos de ‘Reparación y mantenimiento de nuestra computadora personal’, ‘Programación visual de imágenes: introducción a Processing’, así como otros de botánica o electricidad, no apuntan a su reinserción sino a disminuir su pena”.
En conclusión, “que el condenado se aproveche de u na ley que necesariamente debe ser mejorada, es una burla y una nueva agresión a este colectivo y a la sociedad toda”, concluyeron los Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Once.
La diputada del Pro, madre de Lucas Menghini Rey, quien perdiera la vida en el accidente de 2012, celebró el proyecto de beneficio extraordinario para las familias del ARA San Juan, pero habló de “una implícita discriminación frente a otras víctimas”.
A pocos días que se cumpla el noveno aniversario de la tragedia de Once, la diputada nacional María Luján Rey reclamó por una indemnización para los familiares de las víctimas del fatídico accidente ocurrido en 2012.
Fue en el marco del debate de una ley para otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, iniciativa que aseguró celebraba “doblemente” como “familiar de víctima y como legisladora nacional”.
Incluso, la macrista remarcó que “la importancia que este beneficio sea dado en un plazo razonable”, porque “es necesario darle las herramientas a esas familias que, en muchos casos, perdieron a quien era el sostén del hogar”.
“No puedo no decir que hace casi 30 años felizmente me convertí en la mamá de Lucas (Menghini Rey) y hoy va a ser casi nueve años que me convertí en la mamá de una de las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente”, expresó.
Rey recordó que “junto con lucas se fueron 51 vidas más” y “a partir de ese momento formo parte de una gran familia que son los familiares de las víctimas de la tragedia de Once”.
“Por eso no puedo dejar de manifestar, con mucho dolor, que siento que en este proyecto que estamos tratando, que valoro, que celebro, que acompaño, hay una implícita discriminación frente a otras víctimas”, consideró.
Y señaló que las víctimas de muchas tragedias, “todas han tenido respuesta, excepto la tragedia de Once”. La diputada retrató que muchos chicos se quedaron “sin papá, sin mamá, sin el que traía la comida a casa”. Asimismo, “los trabajadores y estudiantes que venían en el Sarmiento, muchos de ellos eran trabajadores precarizados que no tenían ni contaron con ART, ni con la obra social, ni con un seguro de vida”.
“Hubo familias que por años no tuvieron para tener una lápida arriba de la tumba” de su familiar, reveló y mencionó también que “hubo familias que tuvieron que dejar la casa en la que vivían porque no tenían para pagar el alquiler; hubo enfermedades que devinieron con la tristeza, con la depresión, y no hubo plata para los acompañamientos y tratamientos psicológicos, para las prótesis, para las rehabilitaciones”.
En su discurso, la legisladora de Juntos por el Cambio enfatizó que “las víctimas somos todas iguales”. A continuación, le reconoció a Sergio Massa haber sido autor de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, y manifestó que “gracias a esa ley del 2017, los familiares del ARA San Juan contaron con un acompañamiento que celebramos y sabemos que hay mucho más para seguir trabajando en pos de los derechos de las víctimas”.
“Pero no es discriminando, ni jerarquizando, y creo que se desluce y desmerece el tratamiento de este proyecto como el de todos los que han nombrado, para los familiares de AMIA, de la embajada (de Israel), de Río Tercero, hasta los familiares de Cromañón en la Legislatura porteña también tienen su reconocimiento y resarcimiento”, añadió.
Rey reclamó entonces que los proyectos para beneficiar a los familiares de Once “nunca tuvieron tratamiento”. En este sentido, insistió que “implícitamente la discriminación al darle un reconocimiento a algunos sí y a otros no genera un mensaje que es doloroso, que erróneo y que no vamos a permitir“.
“Hoy se salda una deuda con los familiares del ARA San Juan, sé que esta casa tiene la posibilidad de hacer lo mismo para los familiares de la tragedia de Once”, dijo y completó: “Espero que el presidente de esta casa, el diputado Sergio Massa, no borre con el codo lo que ha escrito con la mano. Sé de su compromiso para con las víctimas y espero que traiga a este recinto el expediente que ha sido ingresado por el presidente de mi bloque, Cristian Ritondo”.
Luego de su intervención, la oficialista Cecilia Moreau, que se encontraba presidiendo la sesión, le transmitió -por pedido de Massa-: “El presidente de la Cámara ratifica el compromiso que asumió con usted de incluirlo en extraordinarias”.
La decisión de la Cámara de Casación despertó expresiones de alivio desde Juntos por el Cambio.
La Cámara de Casación Penal ratificó este martes la condena a cinco años y ocho meses de prisión que Julio De Vido había recibido oportunamente por su responsabilidad en la tragedia de Once.
Así lo dispusieron los integrantes de esa Cámara, Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Hornos, quienes por mayoría resolvieron que la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 debía ratificarse. El juez Hornos propuso extender la sentencia contra el exministro por su responsabilidad en el estrago.
“Una noticia esperada!”, destacó la diputada nacional María Luján Rey, madre de una de las víctimas de esa tragedia, remarcando la ratificación de la condena a 5 años y 8 meses.
Su par Paula Oliveto destacó por su parte que “confirmaron la condena a De Vido x su responsabilidad en la tragedia de Once. Llámenlo como quieran. Yo celebro el fallo y espero que esto les brinde un poco de tranquilidad a los familiares que siguen sufriendo las ausencias”.
También celebró la diputada provincial Carolina Piparo, quien señaló que “De Vido es responsable de la Tragedia de Once y de las 52 vidas arrancadas, mi admiración a la lucha de cada familiar y en especial a la de mi amiga @MariaLujan_Rey”. Y agregó: “Esta condena muestra que la corrupción mata y que cuando el compromiso es con la verdad, hay justicia”.
También desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro destacó este martes que “se hizo Justicia. Celebro el fallo que confirma la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once. Nuestro reconocimiento a todos los familiares y en particular a @MariaLujan_Rey por la perseverancia y lucha de tantos años”.
La iniciativa, impulsada por la diputada María Luján Rey, incorpora un artículo al Código Procesal Penal de modo de establecer que los fallos deberán conocerse con un tiempo máximo de 90 días hábiles, prorrogable por 20 días más.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, avanzó con el dictamen -unánime- de un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.
La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.
Asimismo, el texto, al que tuvo acceso parlamentario.com, indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.
“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.
Durante la reunión, la diputada del Pro María Luján Rey -madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once-, expresó que “hemos escuchado muchas veces que la justicia lenta no es justicia”, y esto lo “padecen los acusados y de igual forma o más las víctimas y familiares”, quienes “ven que solo avanzan las causas por su propio empuje”.
“La búsqueda de justicia desgasta al ciudadano común, lo pone en una situación en la que el tiempo se detiene en la búsqueda de responsables y, en ese recorrido, se ve afectada la salud física y emocional”, subrayó la autora del proyecto, que agregó los casos de “depresión o suicidios” de personas “esperando fallos que nunca llegan”.
La legisladora señaló que “es en Casación donde las causas se detienen” y los tiempos de espera son “los que a las víctimas revictimizan”.
Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que pese a “las buenas intenciones” del proyecto, “no hay ninguna posibilidad de que la Cámara de Casación Penal cumpla con esto, si no cumplen con un montón de normas que ya están vigentes desde hace muchos años”.
“La Cámara de Casación no funciona mal solamente porque tardan años en sacar sentencias”, dijo y lanzó: “Para mí es un bochorno. Hay jueces trasladados ilegalmente, como (Carlos) Mahiques. Hay jueces que todavía no sé qué siguen haciendo como jueces de la Cámara, Liliana Catucci, Eduardo Righi, que dejan en libertad a los represores; Righi, sospechado de haber participado de un acto de corrupción contra la causa de Mariano Ferreyra”.
Para el oficialista, “ahí están los principales problemas de la Cámara de Casación”. “Si tuviéramos jueces más o menos serios no sería necesario que desde la Cámara de Diputados le estemos poniendo un plazo a que cumplan con su trabajo”, completó.
Más tarde, el macrista Jorge Enríquez rechazó que “se quiera poner un manto de sospecha sobre distintos funcionarios judiciales que tienen una trayectoria intachable”. “No puedo dejar pasar por alto esta situación”, expresó y rechazó las “chicanas absurdas”.
El proyecto de María Luján Rey busca proteger a las víctimas a través de la reinserción social y evitar la reincidencia.
Legisladores de Juntos por el Cambio buscan que se imponga la obligatoriedad de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico para autores de delitos de violencia y género en instituciones especializadas. La iniciativa fue presentada por la diputada María Luján Rey y tiene como objetivo la protección para actuales y futuras víctimas mediante la reinserción social y evitar la reincidencia de aquellos que estén cumpliendo libertad o condena condicional.
“Trabajamos este proyecto ya que nos parece que, además de establecer y hacer cumplir una pena, el responsabilidad del Estado que esa persona que no hizo las cosas bien no reincida. El proyecto solo establece este tratamiento para los casos con condena condicional o los beneficiados con libertad condicional, no a todos”, explicó Rey.
“Necesitamos que esas personas puedan volver a la sociedad, que traten sus problemas y no solo que pasen por la cárcel y vuelvan a salir. La problemática de la violencia contra niños, dentro de la familia y de genero es un tema muy grave y necesita una solución integral, sin producir nuevos daños ni víctimas”, agregó la diputada.
El bloque de Juntos por el Cambio, encabezado por la diputada María Luján Rey, presentó la “Ley Kevin”, un proyecto para subir las condenas por participar en carreras ilegales y por conducción imprudente. La iniciativa prevé prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación para conducir por el triple de tiempo de la condena […]
El bloque de Juntos por el Cambio, encabezado por la diputada María Luján Rey, presentó la “Ley Kevin”, un proyecto para subir las condenas por participar en carreras ilegales y por conducción imprudente.
La iniciativa prevé prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación para conducir por el triple de tiempo de la condena a quien participe u organice carreras ilegales. Además propone pena de 8 a 25 años e inhabilitación de por vida a quienes generen víctimas fatales por conducción imprudente. También busca incorporar como agravante de pena la fuga y el consumo de alcohol o drogas en el conductor.
“El desprecio por la norma, que muchas veces aceptamos como cultural, a veces se convierte el desprecio por la vida del otro. Es por eso que presente este proyecto, con el nombre de Kevin, el hijo de Viviam, una luchadora, una madre del dolor que después de lo que vivió solo trato de que no le pase mas a nadie”, explico Rey. “Por mi historia y lo que viví siempre estuve cerca de las ‘Madres del dolor’ y ahora desde mi rol de diputada nacional trabajo sobre este tipo de proyectos”, señaló Rey.
Kevin Sedano tenía 14 años cuando fue atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian, el 1 de mayo de 2002. Luego de una semana de agonía, el 8 de mayo, falleció. Durante los días que estuvo internado, la familia de Sukiassian se dedicó a esconder y borrar todas las huellas que pudieron. El caso de Kevin tardo 5 años en llegar a juicio. El acusado fue condenado en 2007 a tres años de prisión efectiva, sin embargo, a los dos meses, y a pesar de que la ley lo prohibía, pudo recuperar la libertad. Finalmente se dispuso domiciliaria para que pudiera estudiar. Tras cumplir una mínima pena desde su casa, la justicia cerró la causa y Sukiassian tramitó nuevamente el registro para volver a conducir.
Alertaron sobre maniobras de los condenados detrás de las declaraciones de Marcos Córdoba, que habría confesado su supuesta responsabilidad en el siniestro de 2012.
El maquinista condenado por la tragedia de Once, Marcos Córdoba, habría admitido haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, aunque aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales.
Esa información figura en un informe de los primeros días de este mes elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco, en el marco de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena.
Ante ello, los familiares de las víctimas de la tragedia de Once salieron a aclarar que la responsabilidad del motorman de la tragedia ya fue probada y agregaron que esos dichos no son nuevos y ya habían sido demostrados por las pericias técnicas en 2012.
En ese marco, el bloque de diputados nacionales del Pro salió a denunciar la manipulación de los dichos del motorman, que calificaron como “sospechosas y tardías”.
“La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, ha sido una muestra palpable del daño que producen la desidia y la corrupción en la función pública. Cincuenta y dos vidas se perdieron y nos enlutaron. Setecientos ochenta y nueve heridos quedaron marcados para siempre”, expresó el bloque que conduce Cristian Ritondo a través de un comunicado en el que advierten que “los funcionarios del área de transporte de la Nación trataron de embarrar la causa y de deslindar sus responsabilidades notorias e inapelables”.
Los legisladores resaltan la lucha “valiente y perseverante” de los familiares de las víctimas, entre ellas la de la actual diputada nacional de esa bancada, María Luján Rey, lo cual “hizo posible la condena de los responsables”.
Al referirse a las declaraciones del conductor de la formación ferroviaria que produjo la tragedia advierten que “pretenden ser manipuladas por los condenados, como si se hubiera tratado de una persecución revanchista de parte de familiares que exigieron Justicia para sus seres queridos”.
“El día 22 de cada mes devino en un hito de memoria, verdad y justicia que concitó la atención y el apoyo de una sociedad harta de llorar seres queridos por obra y gracia de la corrupción estatal. Poner, por tanto, en dudas la honorabilidad de la lucha de los familiares de la tragedia de Once, ante sospechosas y tardías declaraciones de uno de los protagonistas de aquel hecho luctuoso, constituye un acto de cobardía y una infamia repudiable”, enfatizan los legisladores del Pro, que concluyen pidiendo “que las 52 víctimas de la tragedia de Once descansen en paz y sus responsables cumplan en la cárcel la condena que la Justicia dictaminó”.
Una iniciativa de la diputada María Luján Rey para garantizar la transparencia de ese beneficio.
Se trata de un pedido de informe presentado por la diputada de Juntos por el Cambio, María Luján Rey. En el mismo se solicita al Gobierno nacional, a través de ANSeS, que vuelva a informar los nombres de los beneficiarios del IFE. Esto ocurre después de la denuncia periodística de que en Salta más de 52 funcionarios habían sido beneficiados por el programa.
“Con asombro vimos que en Salta funcionarios provinciales habían cobrado el IFE, que busca proteger a los ciudadanos más postergados en esta crisis que trajo el Covid-19. Después que se descubrió, la página de ANSeS retiró los nombres de los beneficiarios de la web. Entendemos que es muy grave y le pedimos al Gobierno, mediante ANSeS, que vuelva a publicar los datos para que todo sea transparente”, indicó Rey.
Del mismo modo, la diputada explicó que “después de la denuncia se cambió la página de internet y para acceder a la información hoy debe emplearse la clave de seguridad social del beneficiario. La consecuencia directa es el ocultamiento deliberado de la información que era y debía continuar siendo pública”.
Para la autora del proyecto, Mercedes Joury, controles masivos a todo el personal sanitario asegurarían que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad.
Desde el Congreso de la Nación solicitaron al Gobierno que “arbitre” las medidas necesarias para realizar testeos masivos de Covid-19 a todos los profesionales de la salud que se encuentran realizando sus tareas en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, y en particular, que estén en contacto con grupos de riesgo de la enfermedad.
El proyecto de resolución fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, acompañada por sus pares María Luján Rey, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso.
“Si se realizan testeos masivos a todo el personal sanitario se contribuiría a asegurar que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad y más se los necesite, y que a su vez no contagien a otros pacientes y compañeros de hospitales y clínicas”, afirmó Joury, al argumentar que el personal sanitario “es de los más expuestos a una mayor carga viral, a una mayor concentración del virus, y tal como explican los especialistas, eso contribuye a que los médicos y enfermeros tengan más probabilidades de contagiarse”.
En la actualidad, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Salud al 14 de abril, se contabilizan 2.443 casos positivos de COVID-19 en Argentina, en 21 jurisdicciones, y 105 fallecidos. En este marco, “una de nuestras principales preocupaciones radica en el bajo número de testeos que se ha realizado en nuestro país, sobre todo si se lo compara con países europeos, que ya alcanzaron el pico de contagios, e incluso con países de nuestra región”, expresó Joury, junto al resto de los legisladores que acompañaron la presentación.
En ese sentido, se informó que actualmente en el país se efectúan 435 testeos por millón de habitantes, mientras que ese número es de 3.800 por millón de habitantes en Chile, y 2.158 por millón de habitantes en Uruguay.
Por su parte, la diputada María Luján Rey, sostuvo que “si bien es cierto que el número de testeos por millón de habitantes ha ido en aumento en nuestro país, entendemos que si la capacidad de testeo sigue siendo tan baja, nunca vamos a poder tomar real dimensión del problema”.
Precisó también que, según las estimaciones de los especialistas, “el 80% de quienes se infecten tendrán síntomas leves; y entre el 30% y el 50% serán asintomáticos”, y agregó que, por ello, “si no se realizan testeos masivos, nunca podremos ver a la enfermedad de manera real, ya que no podremos tener un diagnóstico del escenario completo de circulación del virus”.
Más allá del anuncio presidencial de que se frenó la operación, diputados de JxC reclaman explicaciones información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas
Legisladoras nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional información respecto a determinadas contrataciones de emergencia que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de las medidas adoptadas por el Covid-19. “Notamos que en muchos casos superan los precios de comercialización”, señalaron.
El pedido, presentado a través de un proyecto de resolución por las diputadas Mercedes Joury, María Luján Rey, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri, apunta directamente a irregularidad en los precios.
Como ya se sabe, mediante la emergencia pública sanitaria establecida y en el marco de la pandemia por COVID-19, el Gobierno nacional fue facultado para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social ha promovido la compra de ciertos productos, con el fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado. “Hemos advertido que los precios a los que se han adjudicado las contrataciones exceden los precios máximos minoristas establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo”, sostuvo la diputada Mercedes Joury.
A modo de ejemplo, mencionó que en la página web habilitada por el gobierno (https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/), “el paquete de fideos de sémola de 500 gramos tiene un precio máximo de $54, mientras que en las mencionadas contrataciones se aprueba la compra del mismo producto por precios desde $84 a $85,76”.
“Pedimos al Poder Ejecutivo que remita información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas. El único objetivo de este pedido es el de resguardar los recursos estatales”, expresó por su parte María Luján Rey.
La diputada nacional María Luján Rey expresó su “bronca” e “impotencia” por la liberación del exministro de Planificación, quien está condenado por el accidente ferroviario de 2012.
La diputada nacional María Luján Rey (Pro) afirmó que Julio De Vido “debería estar cumpliendo la pena por la Tragedia de Once”, caso en el que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Al ser consultada por su sensación sobre la liberación del exministro de Planificación, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°1, la legisladora dijo sentir “bronca, impotencia y que esto no se termina nunca, que las víctimas tenemos que estar siempre atrás buscando la Justicia”.
Madre de Lucas Meghini Rey, una de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, María Luján Rey resaltó que De Vido “no pasó un solo día preso por esta causa, en la que fue condenado”.
“Si no está cumpliendo esa pena es porque todavía Casación no lo resuelve”, señaló y consideró “inentendible” que esta Cámara “todavía no se expida”. “¿Por qué a esta instancia superior no se le vencen nunca los plazos? ¿Por qué pueden hacer este manejo de los tiempos?”, se preguntó en diálogo con radio La Red.
En ese sentido, la diputada indicó que “ya lleva un año y casi medio” la revisión de la sentencia, mientras que en ese tiempo “nos hubiéramos ahorrado muchas veces de tener que explicar que De Vido no es un preso político, es un político preso”.
“El sistema está hecho para favorecer a los delincuentes”, agregó.
Se trata de la primera iniciativa presentada por la legisladora del Pro, que penaliza a empresas y choferes que violen la norma.
La diputada nacional María Luján Rey (Pro) presentó su primer proyecto de ley, que consiste en prohibir la habilitación de los micros de doble piso, con el fin de “erradicar y minimizar los riesgos de siniestros viales”.
El pasado 4 de febrero, un ómnibus de esta característica, de la empresa Vía Bariloche, volcó en la Ruta 2, proveniente de Miramar, causando dos muertos y múltiples heridos.
A raíz de este siniestro, Rey -madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de Once- presentó un proyecto donde propone un plazo de tres años (36 meses) para que todos los micros doble piso dejen de circular.
También sugiere en su proyecto promover “choferes con experiencia, horas suficientes de descanso y capacitación”; y realizar un seguimiento y registro de cada viaje.
Además, la iniciativa de la legisladora del Pro penaliza a empresas, particulares, propietarios y choferes que violen las normas.
Desde Juntos por el Cambio recordaron el accidente que hace ocho años provocó 52 muertes.
Con la diputada nacional María Luján Rey a la cabeza, legisladores nacionales recordaron un nuevo aniversario de la tragedia de Once que costó 52 muertes. Madre de una de las víctimas, Lucas Menghini Rey, la legisladora nacional del Pro convocó al acto recordatorio celebrado este sábado y se mostró muy activa en las redes sociales, agradeciendo los saludos y difundiendo el mensaje de los familiares de las víctimas: “Tuvimos que aprender a vivir a regañadientes con ese dolor”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, expresó su “acompañamiento” a “los luchadores que siguen pidiendo justicia por la Tragedia de Once, en especial a @MariaLujan_Rey. ¡La corrupción mata!”.
Su par del Pro Cristian Ritondo tuiteó por su parte: “A 8 años de la #TragediaDeOnce, acompañamos a los familiares de las víctimas en su pedido de justicia”, en tanto que el diputado nacional Alvaro González expresó su “admiración y respeto para todos los que incansablemente buscaron justicia, en especial a mi compañera de bancada @MariaLujan_Rey. Palo de corazones”.
“No fue un accidente, fue la corrupción. 8 años de la #TragediadeOnce”, expresó por su parte la radical Karina Banfi.
El diputado provincial de JxC Alex Campbell escribió por su parte: “#TragediaDeOnce 8 años de un hecho lamentable, donde se perdieron 52 vidas. Mi acompañamiento y admiración a los familiares de las víctimas en su lucha por la verdad y la justicia. Mi especial apoyo a @MariaLujan_Rey en su incansable lucha contra la corrupción”.
A su vez, Graciela Ocaña recordó el hecho “lamentable”, al tiempo que Luis Petri detalló la tragedia en cifras: 52 personas muertas, 789 heridos. “Hoy hay solo 9 de 21 condenados presos y seguimos exigiendo justicia. No fue un accidente, fue corrupción. La corrupción mata”.
A su vez, el senador Esteban Bullrich expresó: “Acompañamos a los familiares y amigos de las víctimas a 8 años de la tragedia de Once. Mantenemos nuestro compromiso de llegar a la verdad y a la justicia y de luchar juntos contra la corrupción”.
