La jueza federal electoral realizó fuertes cuestionamientos por el estado de las máquinas de votación y la actitud de los técnicos encargados de atender las mismas. Se resolvió extender hasta las 19.30 en algunas escuelas.
Con durísimos cargos contra el Instituto Electoral de la Ciudad, la jueza federal María Servini se quejó por los serios inconvenientes que dijo que hay en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires. “Las máquinas informáticas no las llevaron a tiempo, entregaron algunas equivocadas”, enumeró al ser entrevistada este domingo antes del mediodía por radio Rivadavia.
La magistrada ya se había quejado temprano y lo había documentado a través de una nota enviada a la Cámara Nacional Electoral, haciendo saber su preocupación por “el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral, en entidades que parecen más preocupadas por analizar lo que demora cada elector en votar, pretendiendo inventar mecanismos para que pueda haber dos electores votando a la vez en cada mesa, en lugar de gestionar eficientemente los recursos para que los electores puedan votar”.
Consultada respecto de la posibilidad de extender el horario de votación, habida cuenta de los inconvenientes registrados en CABA, aclaró que esa decisión la tomaría recién pasadas las 17.30. Y finalmente cerca del horario del cierre de la elección, la jueza resolvió extender la elección hasta las 19.30 en aquellas escuelas donde hubiera colas al cierre de los comicios.
La magistrada explicó que “no vinieron ayer los técnicos a instalarlas, dejaron para hoy a la mañana y muchas no andan, otras no imprimen, y tengo más de 200 computadoras que no me funcionan”.
Así las cosas, advirtió que muchos electores se quedan sin votar. “¿Qué van a hacer, van a quedarse a esperar a que vengan los técnicos?”, preguntó, haciendo responsable no al Gobierno de la Ciudad, “sino a la gente que está en el Instituto Electoral de la Ciudad”, que de todos modos depende del Gobierno porteño.
“Nunca me pasó esto”, dijo quien tiene 30 elecciones en su haber. Por eso confesó estar “muy disconforme, muy enojada, porque no hemos dormido anoche… No me imaginaba este escenario; no me imaginé que iban a dejar un montón de lugares sin constatar. Dejaron las máquinas ahí tiradas; aparentemente no han constatado las máquinas que andan, porque no puede ser que manden una máquina nueva que no prenda”.
El precandidato a legislador porteño por la lista Republicanos, Yamil Santoro, denunció ante la Justicia Electoral de la Ciudad que la urna en la que votó el mandatario tenía su faja rota. La jueza María Servini ya labró un acta al respecto.
La imagen del presidente de la Nación, Alberto Fernández, provocó revuelo en las redes sociales dado a que dejaba expuesto que la urna de la mesa 0069 en la sede de la Universidad Católica de Puerto Madero tenía su faja de seguridad rota. Debido a esto el precandidato a legislador porteño por la lista Republicanos, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia Electoral de la Ciudad para denunciar la situación.
A través de sus redes sociales, Santoro manifestó que presentó “una impugnación a la urna donde votó el presidente Alberto Fernández ya que, a simple vista, exhibe rotas las fajas de seguridad (no sólo las iniciales)” y remarcó que “para cuidar los votos es fundamental que se respeten las medidas de seguridad, al máximo”.
Asimismo precisó que “a diferencia de las denuncias penales que hemos presentado por el Olivos Gate y por el Vacunatorio VIP, que si son responsabilidad directa del presidente, hay que entender que en este caso se trataría de un error en la manipulación de la misma por parte de las autoridades” y advirtió que “la Justicia ya tiene observada la urna”.
“En cualquier caso, lo importante es que se respete la voluntad de los votantes independientemente de a quienes voten. La clave está en que los votos estén asegurados y no aparezca nada raro”, sentenció.
Por su parte la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini labró un acta al respecto de lo ocurrido.
“No se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal”, sostuvo el fiscal Ramiro González en el dictamen que le envió a la jueza María Servini.
A raíz de las múltiples denuncias que Horacio Rodríguez Larreta recibió por no haber acatado el DNU que establecía la suspensión de las clases presenciales, el fiscal federal Ramiro González dictaminó este martes que se desestimen las denuncias en contra del alcalde local y remarcó que “no se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal”.
En ese sentido consideró que “la judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención” y sostuvo que “no debe soslayarse que, de los hechos puestos en conocimiento, de ningún modo se vislumbra un alzamiento público por parte de los denunciados sino que más bien nos hallamos ante la mera descripción de planteos -por las vías institucionales correspondientes a todo estado democrático- efectuados por los nombrados relacionados con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 241/2021”.
En el dictamen que presentó a la jueza federal María Servini indicó que el conflicto por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires está por ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que “debe considerarse que la cuestión actualmente se encuentra en manos de nuestro más alto tribunal de justicia, quien tiene en definitiva la tarea de poner un punto final al conflicto aquí suscitado”.
“Entrar en consideraciones acerca de los temperamentos adoptados por los diferentes magistrados que hasta el momento han intervenido, no sólo no corresponde a esta instancia sino que, además, supondría inmiscuirse en cuestiones que resultan ser de exclusiva competencia de nuestra Corte”, aseveró y concluyó señalando que “pretender que esta instancia evalúe cuál de las resoluciones debe acatar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar si hubo algún delito no sólo resulta impertinente, sino que además atentaría contra la eficaz solución de un conflicto”.
La Cámara baja todavía no le aprobó la renuncia al diputado, que tampoco juró aún como secretario de Energía. La CNE debe decidir sobre una apelación presentada por Asunción Miras Trabalón.
La banca que deja vacante Darío Martínez permanece aún entre signos de interrogación. Es que tras un fallo en su contra, Asunción Miras Trabalón, la mujer que pretende reemplazar al nuevo secretario de Energía, apeló ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que todavía no falló al respecto.
El pasado 21 de agosto, Martínez fue elegido para asumir en la Secretaría de Energía en lugar de Sergio Lanziani, quien fue desplazado del cargo. Sin embargo, el neuquino todavía no pudo jurar porque su banca sigue en disputa entre Miras Trabalón, la segunda de la lista de candidatos de 2019, y Guillermo Carnaghi, el suplente.
Según consta en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de Diputados, Martínez presentó su renuncia a partir del 28 de agosto, pero ésta todavía no fue aprobada por el pleno, y a su vez el Gobierno sigue sin contar con el secretario en funciones, en un área clave.
La pelea se originó porque Miras Trabalón, referente de Nuevo Encuentro en Neuquén, presentó un amparo ante la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini, para evitar la asunción de Carnaghi, a quien le correspondería el lugar según la Ley de Paridad de Género, que establece que los reemplazos deben hacerse respetando el sexo.
En efecto, el artículo 3 de esa ley señala que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.
Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.
En esa línea, Servini falló en favor de Carnaghi el pasado 31 de agosto, pero Miras Trabalón redobló la apuesta y apeló ante la Cámara Electoral, con el respaldo de numerosas dirigentes políticas, incluso legisladoras del propio Frente de Todos, que cayó en una disyuntiva interna.
La CNE todavía no se pronunció al respecto y, a su vez, la Cámara baja tampoco aprobó la renuncia de Martínez. Es que en la antesala del tratamiento de proyectos clave, como el Presupuesto o el impuesto a la riqueza, dejar una banca vacía sería, para el oficialismo, un despropósito.
Había sido impulsada por un abogado particular por la sesión que Juntos por el Cambio impugnó.
La jueza María Romilda Servini desestimó la denuncia impulsada contra un abogado contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por la escandalosa sesión del pasado 1 de septiembre.
Se trata de la sesión virtual que Juntos por el Cambio impugnó en rechazo al procedimiento por el cual se renovó, “sin consenso”, el Protocolo de Funcionamiento Remoto.
En aquella jornada, que terminó de madrugada, la Cámara baja aprobó un proyecto contra la pesca ilegal y sancionó la ley de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien advirtió que Massa “hizo sesionar a la Cámara de Diputados como presidente fuera de las normas vigentes en nuestra Constitución, ya que el protocolo de sesiones que se había adoptado por la pandemia estaba vencido”.
“No solo eso, sino que estando diputados del bloque de Juntos por el Cambio presentes en el recinto, (Massa) los hizo pasar como ausentes, violando toda norma constitucional además de incumplir con sus deberes”, planteó el denunciante.
Sin embargo, la jueza, tal cual le había sugerido el fiscal Eduardo Taiano el miércoles pasado, resolvió desestimar la causa sobre “abuso de autoridad” por “inexistencia de delito”.
6807-2020-2En su dictamen, la jueza federal recordó que Taiano “postuló su desestimación por inexistencia de delito”, por cuanto “de la lectura de los sucesos no surgía alguna actividad ilícita que pudiera ser alcanzada por el derecho penal, que la denuncia efectuaba una somera descripción, que mencionaba de forma genérica sesiones, normas vigentes, vencimientos de plazos y normas constitucionales, sin aportar una fecha o al menos un elemento probatorio”.
Asimismo el representante del Ministerio Público sostuvo que “se advertía que la cuestión traída a estudio resultaba ajena al derecho penal, pues no habría afección de algún bien jurídico protegido, y eventualmente debería canalizarse por intermedio de la misma Honorable Cámara de Diputados de la Nación, o en su caso en el fuero contencioso administrativo federal”.
Servini precisó que el artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación asigna la titularidad de la acción pública al Ministerio Público Fiscal, por ende, el poder jurisdiccional se habilita en esos casos ante el impulso de la instrucción, y frente a un dictamen desestimatorio únicamente procede el control sobre el cumplimiento de los requisitos de motivación, legalidad, coherencia y logicidad”.
“Nos encontramos frente a un caso en el cual la denuncia ha sido desestimada por el fiscal sin intervención de particular alguno, por lo cual, más allá del acierto o error, al juez a quo no se encontraba legitimado por su cuenta”, precisa el fallo.
Así lo resolvió la jueza María Servini, que rechazó el planteo realizado por Asunción Miras Trabalón y tuvo en cuenta lo que establece la Ley de Paridad de Género.
Rápidamente se resolvió la controversia planteada en torno a la banca que deja en Diputados el ahora secretario de Energía Darío Martínez. La misma será para Guillermo Carnaghi, quien en la lista de 2019 que encabezó Martínez figuraba como primer suplente.
Así lo resolvió la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien desestimó el planteo realizado por la presidenta de Nuevo Encuentro de la provincia de Neuquén, Asunción Miras Trabalón, quien había presentado la semana pasada un amparo solicitando que no se le tomara juramento a Carnaghi hasta tanto se resolviese la situación.
Miras Trabalón, que consiguió en su breve campaña para acceder a la banca que quedó vacante con el respaldo de numerosas mujeres, muchas de ellas legisladores, y de nada menos que la Comisión Banca de la Mujer, de la Cámara alta, basaba su presentación en el artículo 43 de la Constitución nacional, que establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. La denunciante pedía declarar inconstitucional el artículo 164 del Código Electoral modificado por la Ley 27.413 de Paridad de Género, al interpretar como un accionar “grave, actual e inconstitucional de la Cámara de Diputados consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la banca del Frente de Todos por el Distrito Electoral Neuquén”.
Sin embargo, la Ley de Paridad de Género parece ser bien clara en este tema. En su artículo 3 se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.
Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.
Es a raíz del fallo a través del cual frenó el pedido de investigación del celular del expresidente Mauricio Macri dispuesto por la jueza María Servini.
“Si algo hacía falta para ratificar que un sector de la Justicia federal no sólo estuvo embarcado en la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también está dispuesto a encubrir los delitos de Macri, es una hipótesis que quedó confirmada con el fallo que emitieron Martín Irurzun (dueño de una Cámara Federal) y Leopoldo Bruglia (usurpador de un cargo)”. Así se expresó este viernes el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, diputado Leopoldo Moreau.
El legislador kirchnerista sostuvo que “en su sentencia, le impusieron a la doctora Servini de Cubría severas limitaciones temporales para hacer cruces de llamadas entre el celular de Mauricio Macri y los teléfonos de los delincuentes que integran la asociación ilícita llamada Mesa judicial”.
La jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
“Llama la atención que Martín Irurzun, quien, particularmente ha tenido durante tres años a su cargo la oficina de escuchas de la Corte, no haya puesto el mismo celo cuando se trataba de escuchar los teléfonos de Cristina Fernández de Kirchner a través de la pinchadura del teléfono de Oscar Parrili, que duró casi un año; o de haber entregado a su sola firma, ilegalmente, las escuchas del penal de Ezeiza, a su compinche de aquel entonces Claudio Bonadio”, enfatizó el legislador radical K.
Para finalizar, Moreau recalcó que “efectivamente, Irurzun no tuvo dudas al momento de estampar su firma para dar viso de legalidad a una maniobra judicial y mediática cuyo principal objetivo era proteger a Stornelli y algunos de los mafiosos que todavía pululan por Comodo Py”.
Lo hizo al cargar contra los integrantes de la Cámara Federal que revocó la orden de la jueza Servini de investigar las llamadas del expresidente en el marco de una causa por supuestas presiones al Grupo Indalo.
La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, arrancó este jueves denunciando nada menos que al gigante de Internet Google, y lo terminó fustigando a los jueces que avalaron un pedido del expresidente Mauricio Macri para que no investigaran su teléfono celular.
En efecto, la jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
Así las cosas, la Cámara pidió a la jueza delimitar “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para investigar.
Fue suficiente para que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner le dedicara una serie de tuits al tema, en los que apuntó: “El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente. El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos”.
Para Cristina Kirchner, “los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri”.
La expresidenta concluyó afirmando que “no hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”.
José Luis Patiño, aspirante a ocupar la vacante, denunció “arbitrariedades” por parte de la jueza Servini. Si se respeta la paridad, asumiría Patricia Holzman.
La banca que Elisa Carrió dejará vacante el 1ro. de marzo, día en que se hará efectiva su renuncia como diputada nacional, sigue envuelta en una disputa judicial y José Luis Patiño, el hombre que espera asumir en lugar de “Lilita”, denunció “arbitrariedades” por parte de la jueza María Servini de Cubría.
La jueza federal con competencia electoral había decidido en diciembre pasado que el reemplazo de Carrió correspondía a una mujer, Patricia Holzman, ante lo cual Patiño presentó una apelación por considerar que la Ley de Paridad no era aplicable a su caso, ya que no regía al momento de presentar las listas de candidatos de 2017.
Sin embargo, la apelación fue concedida con efecto “devolutivo” y no “suspensivo”, por lo que Patiño presentó en los últimos días un recurso de reposición. “Si en marzo la Cámara Nacional Electoral no resolvió el caso, la Cámara de Diputados podría tomarle juramento a Holzman, dando por realizado un ardid judicial para conformar a una de las partes sin definir la cuestión de fondo”, advirtió.
El dirigente del Pro expresó a parlamentario.com: “A esta altura mi lucha no es contra la cuestión de fondo, sino contra las arbitrariedades que está cometiendo la jueza Servini en el manejo de este caso”.
En este sentido, recordó que presentó la primera apelación el 17 de diciembre y la magistrada “se tomó trece días para responder”, haciéndolo el 30 de ese mes -justo al borde de la feria judicial-, cuando “el artículo 15 de la Ley de Amparo dice que debía haber elevado el expediente a la CNE dentro de las 24 horas”.
“No sólo se tomó 13 días (más el mes de feria judicial), sino que tampoco lo elevó a la CNE. La jueza se limitó a darle traslado a Holzman y a la Cámara de Diputados, dilatando de esa manera la posibilidad de una decisión de la CNE en tiempo y forma”, explicó Patiño.
En su nueva presentación, el aspirante a ocupar la banca de Carrió expuso a Servini las “arbitrariedades” del caso y habló de una “violación del derecho de igualdad ante la ley y del principio de imparcialidad, agravado por el hecho de que de esta manera se está definiendo la composición de la Cámara de Diputados, algo que la legislación contempla como de gravedad institucional”.
“Apelé la decisión de Servini de Cubría porque percibí el manejo político-judicial que había detrás de esto, pero no termino de asombrarme ante la desprolijidad y el autoritarismo con que se maneja un caso como este”, denunció finalmente Patiño.
