Con el objetivo de prevenir accidentes, las legisladoras de Vamos Juntos (VJ) Natalia Fidel y María Sol Méndez impulsaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscarán evitar episodios de intoxicación por monóxido de carbono en establecimientos públicos.

De esta forma, la iniciativa prevé establecer la obligatoriedad para todos los establecimientos públicos, que cuenten con artefactos a gas, de contar con uno o más dispositivos de detección de monóxido de carbono, de acuerdo a la cantidad de artefactos a gas dispuestos en el lugar. El texto establece que “el Poder Ejecutivo priorizará, dentro de los 60 días de sancionada la presente, la instalación de dispositivos de detección de monóxido de carbono en Hospitales y Centros de Salud de la Ciudad”.

En los fundamentos del proyecto, las legisladoras recordaron que “el pasado 19 de abril en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez una filtración de monóxido de carbono generó la evacuación de 17 niños y 13 médicos. En el mismo episodio uno de los menores fue ingresado a terapia intensiva por contener en el organismo 23 unidades de monóxido de carbono. Gracias a la intervención de las autoridades el niño se encuentra fuera de peligro”.

Por lo que precisaron que “en Argentina, mueren unas 250 personas al año debido a la intoxicación por monóxido de carbono, la mayoría de las muertes ocurren durante el invierno debido al frío y el mal uso de artefactos de calefacción” y advirtieron acerca de que el “monóxido de carbono es un gas altamente tóxico y peligroso que puede ingresar al organismo mediante la respiración, causando dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte”.

“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es esencial garantizar la correcta instalación de los artefactos de gas por un gasista matriculado y asegurar una ventilación adecuada de los ambientes. Además, es importante incorporar detectores de monóxido de carbono en todos los establecimientos públicos que cuenten con artefactos de gas, como cocinas, estufas y calentadores”, señalaron y recordaron que “las instalaciones deficientes, la insuficiente ventilación del ambiente, la instalación de artefactos en lugares inadecuados, los conductos de evacuación de los gases de combustión en mal estado o la acumulación de hollín en el quemador son las principales causas de emisión de monóxido de carbono”.

Sobre esa misma línea, las oficialistas concluyeron señalando que “para poder prevenir accidentes como estos en la Ciudad, es importante tomar este tipo de medidas que tienen por objeto garantizar la seguridad personal de todas las personas que transitan por los establecimientos públicos de la Ciudad”.

Debido a la alta demanda que sufren centros de salud, los diputados de Confianza Pública (CP) -el espacio liderado por Graciela Ocaña– presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer la “obligatoriedad de otorgar prioridad de turnos a personas mayores de 65 años en todo establecimiento de salud pública dependiente del Gobierno de la Ciudad”.

En los fundamentos de la iniciativa –que es de autoría de María Sol Méndez (VJ)-, afirmaron que “las personas mayores son los usuarios más frecuentes de los servicios que brinda el sistema de salud pública. En la actualidad, la asignación de turnos para las personas mayores no cuenta con ningún trato preferencial por sobre cualquier otra cita, dando como resultado consultas, estudios y/o operaciones programadas con tiempos de espera que sobrepasan lo aconsejable según su edad” e indicaron que “las personas mayores deberían tener un régimen preferencial en la atención médica pública debido a su mayor nivel de vulnerabilidad, frecuencia de enfermedades, necesidad de medicamentos y además, por los beneficios que proporciona a la sociedad en general”.

“La prioridad al momento de turnos no solo genera beneficios en cuestiones de santidad, sino que representa una forma de reconocer y dignificar la trayectoria de vida de todas las personas mayores”, agregaron y precisaron que “esto garantiza que reciban la atención adecuada y oportuna, necesaria para mantener su salud y calidad de vida, mientras se reduce la carga del sistema de salud y se mejora el sistema en general”.

Sobre esa misma línea, los legisladores informaron que “las personas mayores, por su estadio avanzado de edad, en general son las que mayor celeridad requieren al momento de acceder al sistema de salud. En la actualidad, los turnos médicos otorgados a personas mayores pueden demorar largos plazos de tiempo, lo que en muchos casos agrava el estado de salud del paciente” y destacaron que “como parte de una política integral basada en el mejoramiento continuo de su calidad de vida, la atención prioritaria en el ámbito de la salud pública para este grupo etario configura una política fundamental a tomar para lograr el objetivo antes mencionado”.

“Tener en cuenta estas necesidades forma parte de dar una respuesta rápida, real y efectiva a una problemática que afecta a una enorme parte de la población”, completaron.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de Natalia Fidel y Diego García Vilas (VJ).

Tal y como lo anunció días atrás parlamentario.com, un grupo de vecinos entregaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un total de 429 mil firmas de la ciudadanía a través de las cuales exigieron a esa Casa que ponga en debate el proyecto sobre “ficha limpia”, el cual busca inhabilitar a presentarse a elecciones a aquellas personas condenadas por corrupción.
Además, presentaron una carta dirigida al presidente de la la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura, Javier Andrade (FdT), para exigirle que habilite “de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley que busca evitar que condenados por corrupción o delitos contra la integridad sexual puedan ser electas para cargos públicos”.
Las firmas se juntaron a través de la plataforma Change.org, gracias a una iniciativa impulsada por el profesor de la UBA Gastón Marra. En los fundamentos de la iniciativa, los vecinos recordaron que el texto impulsado por Natalia Fidel, Gastón Blanchetiere (mandato cumplido), Diego Mariano García de García Vilas y María Sol Méndez, ya cuenta con dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Del evento participaron Graciela Ocaña, diputada nacional y presidenta de Confianza Pública; Hernán Reyes, legislador de la CC ARI; la periodista Fanny Mandelbaun y los autores del proyecto.
Respecto de esta situación, Fidel afirmó que “dentro del sistema político argentino hay quienes actúan como si la corrupción no fuese uno de los problemas más graves que afectan a nuestro país” y concluyó señalando que “es hora de preguntarse qué intereses defienden aquellos que sistemáticamente bloquean los proyectos legislativos que intentan evitar que personas condenadas por corrupción o por delitos contra la integridad sexual puedan ser electas para cargos públicos”.
Por su parte, Reyes expresó: “queremos que la ficha limpia sea ley en la Ciudad. Vamos a insistir una y mil veces para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. El frente de todos y el frente de izquierda son los responsables de que no podamos avanzar.”
En tanto, García Vilas, coautor del proyecto, manifestó que “esta junta de firmas tan importante expresa que la sociedad está exigiendo claramente al sector político mayores acciones contra la problemática de la corrupción. Nosotros, desde Confianza Pública y todos los espacios de Juntos Por el Cambio, vamos a insistir para que sea Ley en la Ciudad, porque estamos convencidos de que el proyecto es una herramienta más en el camino hacia una administración más transparente”.
“Nos pone muy orgullosos que la ciudadanía se una, más allá de cualquier grieta partidaria, para reclamar por una causa común pensando en el futuro de todos los argentinos. Son un ejemplo de participación”, sentenció.

El presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, junto a otros legisladores del oficialismo presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que esa Casa exprese su “profundo pesar” por el fallecimiento del abogado y juez federal, Claudio Bonadio, cuyo deceso se produjo el pasado 4 de febrero a sus 64 años.

En ese sentido, los oficialistas aseguraron que Bonadio  “hizo de la búsqueda de la verdad y la justicia columnas en el ejercicio de la magistratura” y resaltaron que “como funcionario judicial estuvo a cargo de causas importantes por delitos de corrupción y en ese marco desarrolló un arduo camino en el que demostró su compromiso”.

“Su labor  ha sido cumplida con prontitud, diligencia y pericia. Características éstas que deben cubrir a cualquier magistrado federal, en donde reside la delicada y peligrosa tarea investigar a los actores políticos y de asegurar la transparencia en el manejo de la cosa pública”, aseveraron en los fundamentos de la medida e insistieron en que “es responsabilidad de todos defender la independencia de poderes, indispensable para fortalecimiento de nuestra República; esperamos que las causas que llevaba adelante, sigan el curso normal de los procesos judiciales para que no sean borradas con impunidad”.

El juez nació el 1 de febrero de 1956 en San Martín, Provincia de Buenos Aires y cursó sus estudios de abogado en la Universidad de Buenos Aires culminando en  1988. En 1993 fue nombrado juez federal en la localidad de Morón y desde 1994 se encontraba a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11. Al momento de su muerte, Bonadio se encontraba cursando una dura enfermedad que lo había obligado a alejarse de su trabajo.

La medida presentada en el Parlamento porteño también lleva la firma de Gastón Blanchetiere, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Natalia Fidel, Agustín Forchieri, María Luisa González Estevarena, María Sol Méndez, Lucia Romano, Claudio Romero y Gonzalo Straface (VJ).