El juez Ramos Padilla sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965, a la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $ 34.395.

Para la presidenta del bloque de senadores bonaerense del FdT María Teresa García el hecho “es un avance” y en relación a “multar o sancionar económicamente al PRO”, pero en rigor se multó a lo que hoy es Juntos en la provincia o fue luego Juntos por el Cambio en 2019, respecto del incumplimiento de Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, “pero hay que seguir con la causa penal”, agregó García.

La senadora provincial Teresa García denunció en 2018 a la ex gobernadora por usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad. 

La denuncia de García alcanzó también a los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) -en su carácter de vicepresidentes 1º y 2º del partido-, al jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai -en tanto secretario general- y a María Fernanda Inza, tesorera de la fuerza política a nivel local.

“Hubo una vulneración de las bases de datos que fue público. Público entre algunos, no demasiado público porque hubo una voluntad de ocultar este tema”, dijo.

Además, la senadora peronista detalló que los datos “se tomaron de bases de datos de programas sociales, automáticamente se afilió a esas personas, sin su consentimiento y luego ese listado de personas apareció como aportantes de la campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en el 2017”.

“Costó muchísimo encontrar el acta de constitución del PRO en la provincia, juro que estuve cerca de dos meses buscándola. El acta que la consignaba a María Eugenia Vidal como presidenta del partido había desaparecido de todos los archivos”.

“La manipulación de algunos medios de comunicación y la voluntad expresa de Vidal, hizo que el hilo de los aportantes truchos se corte por lo más fino, en aquel momento se buscó presentar a Inza como cuentapropista como pasa con los argumentos con los que intentan ocultar el entramado del espionaje ilegal”.

Por último, la jefa de bloque del FdT en el Senado bonaerense, Teresa García, valoró las novedades reportadas en la causa que investiga los aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos de 2017 y recordó la responsabilidad que habría tenido el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, en el desmembramiento del expediente.

“Conte Grand era el procurador en ese momento cuando la denuncia por los aportantes truchos fue desmembrada. Los fiscales debieron haber actuado, pero no hicieron nada porque el jefe era el mismo que está acusado por espionaje ilegal, por eso insistimos con el juicio político, porque no sólo tiene que ver con las denuncias por maniobras de inteligencia sino también sobre esta causa”, según concluyó Teresa García.

La voz cantante del bloque oficialista en la Cámara alta bonaerense consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal “se la pasó diciendo que venía a terminar con las mafias, que era ‘la leona’ y actuaba como lo más transparente del mundo. Pero nada de esto era cierto”.

La senadora se refirió a la investigación por el supuesto funcionamiento de una “mesa judicial” bonaerense durante la gestión de Vidal y cuestionó que haya definido al encuentro que mantuvieron en junio de 2017 funcionarios de su gestión, agentes de la AFI y empresarios de la construcción en la sede porteña del Banco Provincia como “una reunión de trabajo”.

Además, para la senadora bonaerense y ex integrante del gabinete de Axel Kicillof advirtió sobre la justificación que hizo Vidal de “su ministro (de Trabajo, Marcelo Villegas). Hacerse la brava en televisión, no la va a eximir de las explicaciones que tiene que dar en la Justicia”.

“Eso no puede ser una reunión de trabajo. Allí, sus ministros y funcionarios definieron una estrategia para extorsionar y armar causas a cualquiera. No importa si eran dirigentes sindicales o políticos. (el expresidente Mauricio) Macri uso la misma metodología con algo tan doloroso como fueron los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”, recordó.

El registro audiovisual que registró ese encuentro fue hallado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y su actual interventora, Cristina Caamaño, decidió presentar una denuncia ante la Justicia Federal de La Plata.

Para García, aunque la reunión se celebró en la sede porteña del Banco Provincia, se trata de un hecho que ocurrió “en territorio bonaerense con actores del distrito e intencionalidad en el territorio de esa jurisdicción”.

“No hay ninguna discusión sobre el tema de la territorialidad. Hay que insistir con hacer público este tema para que se comprenda, para que nadie diga después que ‘estas cosas’ no le interesan a la gente”, observó.

García reclamó además dilucidar la vinculación con estos hechos que tuvo el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que supuestamente es mencionado durante el trascurso de la reunión.

“La administración de la Justicia está afectada en cuanto está involucrado el procurador de la Provincia en estos hechos. El objetivo era desarmar la posibilidad que los dirigentes sindicales cumplieran con su rol. No querían que representaran a sus afiliados. Necesitaban un mundo del trabajo precarizado para poder llevar adelante el modelo económico que tenían”, apuntó.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados analiza, por estas horas, avanzar en el juicio político al Procurador General de la Corte Julio Conte Grand a partir de una presentación realizada por el bloque del FdT.