La abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Parlamentario señala que "la deslegitimación de políticas de género y el desmantelamiento de organismos especializados forman parte de una misma matriz política destinada a restaurar viejas estructuras de sospecha sobre las víctimas".
En los últimos años comenzó a consolidarse en la Argentina un fenómeno político, judicial y cultural profundamente regresivo: la instalación de una narrativa orientada a construir sospecha estructural sobre quienes denuncian violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Bajo la aparente defensa del debido proceso y las garantías constitucionales, determinados sectores políticos, mediáticos y judiciales empezaron a instalar la idea de que existiría un uso generalizado e instrumental del sistema judicial mediante denuncias falsas.
Lo que inicialmente aparecía como la exposición aislada de determinados casos terminó convirtiéndose en una maquinaria discursiva organizada capaz de producir efectos concretos sobre el funcionamiento institucional y el acceso a la justicia. El eje de la discusión dejó progresivamente de concentrarse en las enormes dificultades que enfrentan mujeres, niñas y niños para acceder a mecanismos efectivos de protección y pasó a focalizarse en la posibilidad de que las denuncias sean falsas, manipuladas o utilizadas estratégicamente.
Ese desplazamiento no es neutro. Produce consecuencias institucionales concretas. Cuando la sospecha se instala como punto de partida del análisis judicial, las dinámicas protectorias comienzan a invertirse: la víctima potencial pasa a ser observada como posible manipuladora; las madres protectoras son reinterpretadas bajo categorías de obstrucción o alienación; y la palabra de niñas y niños empieza a ser filtrada a través de hipótesis previas de manipulación o fabulación.
La gravedad del fenómeno aumenta cuando estas narrativas se articulan con constructos pseudocientíficos como el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), utilizado reiteradamente para desacreditar denuncias de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar pese a carecer completamente de reconocimiento científico y haber sido rechazado por organismos internacionales especializados.
La utilización judicial del SAP constituye una de las formas más sofisticadas de lo que podría definirse como “judicialización del descrédito”: el desplazamiento del análisis desde la violencia denunciada hacia la credibilidad emocional, psicológica o moral de quien denuncia. El conflicto deja entonces de organizarse alrededor de la posible existencia de violencia para reconfigurarse alrededor de la sospecha sobre la víctima.
En este contexto, el propio sistema judicial corre el riesgo de transformarse en un espacio de reproducción institucional de la violencia. La reiteración de procesos desgastantes, las denuncias cruzadas, las revinculaciones compulsivas y la litigación abusiva generan dinámicas de revictimización capaces de desalentar futuras denuncias incluso sin necesidad de sanciones penales concretas.
Sin embargo, el dato más importante es que toda esta construcción política y mediática no encuentra respaldo en la evidencia empírica. El relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales reveló que las causas por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del universo penal analizado. Por el contrario, el principal problema estructural continúa siendo la subdenuncia.
Las estadísticas nacionales e internacionales muestran que una enorme proporción de mujeres y víctimas de violencia sexual nunca llega siquiera a formular denuncia formal, fundamentalmente por miedo, desconfianza institucional y temor a procesos revictimizantes. Según datos de la Iniciativa Spotlight, el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja no realizó denuncia alguna. En casos de violencia sexual, el porcentaje de no denuncia asciende todavía más.
La pregunta entonces resulta inevitable: ¿por qué el debate público comenzó a girar alrededor de las falsas denuncias cuando el verdadero problema sigue siendo que miles de víctimas no denuncian?
La respuesta no es jurídica, sino política y cultural.
La expansión contemporánea de estas narrativas forma parte de un proceso más amplio de backlash anti-género orientado a cuestionar consensos democráticos construidos durante décadas en materia de igualdad y derechos humanos. La deslegitimación de políticas de género, el desmantelamiento de organismos especializados y la reinstalación de discursos sobre supuestos abusos del feminismo forman parte de una misma matriz política destinada a restaurar viejas estructuras de sospecha sobre las víctimas.
La verdadera amenaza democrática no es entonces el exceso de denuncias. Es el miedo a denunciar.
El miedo de miles de mujeres a no ser creídas.
El miedo de niñas y niños a que sus relatos sean reinterpretados como manipulación.
El miedo de madres protectoras a perder vínculos filiales por intentar denunciar violencia.
Porque el verdadero triunfo de estas narrativas no ocurre cuando una denuncia es archivada. Ocurre mucho antes: cuando miles de personas deciden callar. Cuando denunciar deja de percibirse como un derecho y empieza a sentirse como un riesgo.
Y cuando una sociedad logra que mujeres, niñas, niños y adolescentes deban preguntarse si denunciar violencia puede destruirles la vida más que la propia violencia denunciada, entonces la sospecha ya dejó de ser un discurso. Se convirtió en una forma de disciplinamiento social profundamente incompatible con un Estado de Derecho comprometido con el acceso efectivo a la justicia y la protección integral frente a las violencias.