El debate sobre el Régimen Penal Juvenil regresa a la agenda legislativa luego de un nuevo asesinato cometido por menores. Tras años de intentos fallidos y proyectos que perdieron estado parlamentario, el oficialismo busca otra vez llevar la discusión al recinto.
Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.
Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.
En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.
La presentación del proyecto original por parte del Gobierno de Milei.
Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.
“El que la hace, la paga”
Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.
Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.
No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.
El pedido presidencial
En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.
Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.
El crimen de Kim Gómez llevó al Presidente a pedir públicamente por la edad de imputabilidad en la apertura de sesiones.
El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.
Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.
El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.
El dictamen alcanzado el año pasado modificó de 13 a 14 la edad de punibilidad propuesta por el Ejecutivo.
Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.
A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.
¿La tercera es la vencida?
Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.
Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.
Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón.
La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.
Así lo advirtió el senador radical Maximiliano Abad al presentar una cuestión de privilegio contra Cúneo Libarona y Amerio. "Que asuman las responsabilidades", reclamó.
El senador radical Maximiliano Abad planteó en la sesión de este jueves una cuestión de privilegio contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, por la demora en el envío de pliegos judiciales, las "falencias" en la aplicación del Código Procesal Penal y el escaso presupuesto destinado para infraestructura de la Justicia Federal.
El bonaerense habló de una situación de "extrema gravedad" que "amenaza el orden institucional y funcionamiento republicano de la Argentina".
En ese sentido, dijo que un primer punto tiene que ver con "la demora que tiene el Poder Ejecutivo en mandar los pliegos al Senado de la Nación para cubrir juzgados, cámaras nacionales y federales, y tribunales orales".
"El presidente tiene en su despacho 184 pliegos para firmar y mandar al Senado", subrayó y señaló que "son más de 300 las vacantes en el Poder Judicial, un 40% aproximadamente". "Esto erosiona la institucionalidad en la Argentina, pero también limita la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a una justicia eficiente", sostuvo.
En cuanto a "las falencias en la aplicación del Código Procesal Penal Federal", el legislador destacó que el nuevo sistema acusatorio "es muy bueno porque las investigaciones son más transparentes y eficientes, pero es más bueno en la medida que tenga los recursos necesarios para poder aplicarse como corresponde, porque sino le estamos abriendo las puertas a la impunidad en Argentina".
Sobre la falta de recursos, Abad afirmó que en el presupuesto 2026 se exhiben "recursos por un 70% menos del mínimo indispensable" para "recuperar, mantener y modernizar la infraestructura judicial". "La justicia se encuentra dentro de esas listas de áreas que el Gobierno también desfinancia", resaltó.
En su intervención, el radical manifestó que "la situación es alarmante" porque "estamos hablando de la justicia federal para investigar la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. Para que las causas avancen, para que los delincuentes vayan presos se necesitan medios y recursos. Esto no se hace con simple voluntad. Hay que poner lo que hay que poner para que la justicia federal funcione".
"El Estado se está pegando un tiro en los pies, pero cuando lo hace involucra al conjunto de los argentinos", agregó y aseguró que "los jefes de las organizaciones criminales se regocijan porque el Estado no logra fortalecer sus capacidades".
Finalmente, el senador le reclamó a Cúneo Libarona y Amerio que "asuman las responsabilidades" porque "la sociedad está viendo que no se dan respuestas y adquiere enojo y bronca, porque sienten que el Estado los abandona a su suerte".
La diputada radical también le propuso al funcionario la creación de un Tribunal Federal en la ciudad de Río Tercero. “Significaría un avance institucional de enorme importancia para la región”, adelantó la cordobesa.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning recibió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y le propuso avanzar en una agenda legislativa que proteja integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales. También, pidió por la creación de un Tribunal Federal en la ciudad de Río Tercero.
“Necesitamos un marco legal especial y actualizado para que quienes atenten contra la integridad sexual de los menores no queden impunes", afirmó la legisladora, quien puso a disposición del ministro todos sus proyectos con perspectiva de niñez, para que sean analizados y puedan incorporarse luego al nuevo Código Penal”, señaló la legisladora radical.
En esa lista de delitos a incorpora, la diputada cordobesa incluyó al grooming digital, al maltrato infantil, a las deepfakes con contenido abusivo, a la compra y venta de menores, la prohibición de contacto con menores para acusados o condenados por delitos sexuales y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.
Durante la reunión, Brouwer de Koning advirtió que las cifras internacionales son alarmantes: “Una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños sufren abuso sexual, y Argentina no es la excepción. La creciente exposición temprana de menores a dispositivos electrónicos los coloca en riesgo frente a nuevas formas de agresión que aún no están contempladas en el Código Penal”.
En otro tramo, añadió que “el objetivo es claro: dar herramientas concretas para prevenir, sancionar y erradicar estas violencias. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes ni que las víctimas queden desprotegidas”.
En el mismo encuentro, Brouwer de Koning presentó al ministro el proyecto de creación de un Tribunal Federal en Río Tercero, un reclamo histórico del Colegio de Abogados de la 10° Circunscripción. “De aprobarse significaría un avance institucional de enorme importancia para la región”, consignó la diputada.
La diputada socialista reclamó la renuncia del ministro de Justicia, luego que se viralizara una reunión que mantuvo con el exagente estadounidense Tim Ballard, en la que le ofrece "lavar" su imagen.
La diputada nacional Mónica Fein (Encuentro Federal) reclamó este jueves la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien quedó envuelto en polémica a raíz de un video en el que se lo ve reunido con el exagente estadounidense Tim Ballard, a quien ofrece contactos y ayuda para "lavar" su imagen.
Para la legisladora, el funcionario "no fue por la suya". "Es una persona provocadora, que cree que es impune. Pero yo no creo que no fue a título personal, alguien por encima de él lo mandó. Esto es lo que hay que investigar", subrayó.
"Nosotros le pedimos que renuncie y le decimos al Gobierno, pídale la renuncia, haga algo que lo deje a salvo de este escándalo y no quedar implicado en esta vergüenza nacional que hemos visto todos", reclamó.
En declaraciones a radio Splendid, la socialista consideró que la difusión de ese video puede "ser parte de una interna del Gobierno que lo expone a Cúneo Libarona", pero insistió que "la actitud del ministro demuestra que alguien lo mandó a hacer ese trabajo".
Fein remarcó que Ballard “está investigado por fraude en Estados Unidos por 50 millones de dólares. Creó fundaciones contra la trata, pero en realidad fue denunciado por más de 20 mujeres abusadas por esta excusa y fue echado de estas fundaciones".
"La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, plantea que no lo recibió por estos antecedentes, pero el ministro de Justicia va y le ofrece una ley a medida, contactos para lavar su imagen, reunión con legisladores y jueces para hacer un Código Penal que se adapte a las actividades que él hace. Fraude, trata de personas, abuso sexual... Bueno, la verdad que es imposible no pedirle la renuncia al ministro de Justicia y, en nuestro caso como diputados, no plantear un juicio político a un ministro que ofrece una ley a medida para alguien que está siendo investigado en Estados Unidos por estas estas actividades”, enfatizó.
Además, la diputada mencionó que el exagente firmó “un convenio” con Javier Milei “cuando ya era presidente electo”, y señaló que al mandatario “se lo presentó Laura Arrieta, la persona que entró al país con las valijas que no se pudieron controlar, para asistir a la reunión de la CPAC”, un foro de derecha que se realizó en Buenos Aires.
Luego de conocerse la reunión entre el ministro de Justicia y Tim Ballard, la diputada de Izquierda Socialista cuestionó la propuesta de reforma al Código Penal y el proyecto contra las “falsas denuncias”. “Llamamos al movimiento feminista a retomar la organización y las calles contra la agenda reaccionaria”, cargó.
La diputada nacional Mercedes de Mendieta (Frente de Izquierda) criticó duramente al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, a quien se lo vio conversando con Tim Ballard, exagente de la CIA y acusado de abuso sexual. “Básicamente le ofrece 'ayuda' para garantizar su impunidad”, denunció la legisladora.
A través de X, la diputada de Izquierda Socialista continúo con las críticas hacia diferentes sectores: “Nada que sorprenda, Libarona niega la violencia de género y se rodea de organizaciones como Observatorio de Falsas denuncias (que niega la violencia de género), la Asociación de padres alejados de sus hijos (que argumenta en favor del falso SAP) y de abogadas como (Patricia) Anzoátegui, conocida defensora de pedófilos”.
Mientras el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona elimina todo tipo de políticas para combatir la violencia de género, incluso llegando a decir que no existe la violencia machista, un video muestra como le ofrece protección a un ex agente de la CIA y ex asesor de Trump llamado…
— Mechi de Mendieta (@MechiDemen) July 30, 2025
En abril pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entrevistada en NG Federal había recordado que el exagente “tiene 23 causas por abuso sexual y fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte”. “Se aprovechó en 23 oportunidades de mujeres a las que ponía como pantalla para procedimientos de (lucha contra la) trata y después las abusaba”, remarcó la funcionaria.
En sintonía, De Mendieta cargó: “Estamos hablando de un ministro de Justicia acorde a un Poder Judicial ‘patriarcal’ que reproduce mecanismos que revictimizan y en algunos casos hasta criminalizan a las denunciantes y a las madres protectoras, lo que trae como consecuencia que la mayoría de los femicidios y abusos sexuales, que ocurren todos los días, no sean denunciados”.
Respecto al boceto del Ejecutivo Nacional, la diputada remarcó: “Cuneo, ahora también, impulsa una reforma del Código Penal bajo el mito de las 'falsas denuncias' que buscan acallar a las víctimas de violencia de género y perseguir a las madres protectoras”.
En esa línea, sumó que se trata de “un proyecto que desde el Frente de Izquierda repudiamos por su carácter reaccionario”, y concluyó: “Llamamos al movimiento feminista a retomar la organización y las calles contra Libarona y toda la agenda reaccionaria contra las mujeres y disidencias”.
El ministro de Justicia quedó en el centro de la tormenta tras la difusión de un video en el que promete respaldo político, mediático y judicial al polémico exagente estadounidense Tim Ballard. La oposición exige su renuncia inmediata o juicio político por tráfico de influencias y violación de la Ley de Etica Pública.
Un escándalo de proporciones involucra directamente al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, captado en un video ofreciéndole ayuda a Tim Ballard, ex agente federal estadounidense y figura central de la película Sonido de Libertad.
La grabación fue realizada en Nueva York y difundida este martes por el canal C5N, y allí se escucha al funcionario argentino ofrecerle a Ballard su ayuda para mejorar su imagen pública en Argentina, asegurando que puede intervenir para revertir la percepción negativa que existe sobre él en el país.
La novedad generó una inmediata reacción de legisladores de la oposición que pidieron la inmediata salida de Cúneo Libarona del Gobierno, amenazando en caso contrario con un juicio político.
Durante la conversación, Cúneo Libarona menciona su disposición a facilitar contactos con periodistas, como una posible referencia al comunicador Rolando Graña, con el objetivo de “armarle algo lindo” a Ballard. Además, el ministro va más allá al prometerle reuniones con jueces y legisladores, e incluso se ofrece a revisar un proyecto de ley antes de su presentación en el Congreso. Estas declaraciones generaron una fuerte polémica, ya que sugieren un uso personal de su influencia institucional.
En ese pasaje el ministro le dice a su interlocutor: “te voy a mandar la semana que viene… vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, para que lea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película; yo empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer al rol que ayuda, al rol del que financia, al rol del que se vale… hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso nacional”.
Cúneo Libarona debe renunciar.
No puede ser Ministro de Justicia una persona corrupta, que promete hacer leyes para lavar la imagen de un personaje como Tim Ballard, y que se jacta de tener jueces y medios a su disposición.
Si no deja el cargo, impulsaremos su juicio político. https://t.co/WPl2SFH2f4
— Mónica Fein (@MonicaFein) July 29, 2025
“Cúneo Libarona debe renunciar”, dijo al conocerse esta información la diputada socialista Mónica Fein. Para ella, “no puede ser ministro de Justicia una persona corrupta, que promete hacer leyes para lavar la imagen de un personaje como Tim Ballard, y que se jacta de tener jueces y medios a su disposición”.
Y advirtió que “si no deja el cargo, impulsaremos su juicio político”.
Lo mismo planteó el también socialista Esteban Paulón, para quien el ministro “no tiene aptitud ni integridad”. Y como su compañera de bloque dijo que si Milei no le pide la renuncia “deberá enfrentar el juicio político que estamos presentando en los próximos minutos en Diputados.
De hecho, el exdiputado nacional Alejandro “Topo”Rodríguez recordó que él mismo presentó el pasado 27 de enero un pedido de juicio político contra Cúñeo Libarona por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “Cúneo Libarona no pude seguir siendo ministro de Justicia”. En un extenso posteo en X, dijo: “La que le faltaba al ministro de Justicia. Fue grabado en una reunión con Tim Ballard, exagente de la CIA acusado de abuso sexual, trata de personas y fraude. Le ofreció una ley penal ‘a medida’, contactos políticos y respaldo mediático para lavar su imagen en la Argentina. Un escándalo de proporciones que exhibe tráfico de influencias, violación a la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses”.
“El ministro no puede seguir ni un minuto más en su cargo. Lo de hoy se suma a un historial y prontuario oscuro que lo inhabilita moral y políticamente para ejercer cualquier función pública: detenido por encubrimiento en la causa AMIA, defensor de Alperovich en un caso de abuso sexual, abogado de empresarios imputados en Cuadernos y en la tragedia de Time Warp, y promotor de discursos misóginos y homofóbicos”, planteó Ferraro, tras lo cual insistió: “Cúneo Libarona debe renunciar, ser removido por el presidente o enfrentar juicio político”.
“Este es un gobierno reñido permanentemente con la ética e integridad pública. No entienden los límites ni las restricciones que tienen como funcionarios públicos”, concluyó.
Quién es Tim Ballard
Tim Ballard es un exagente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, conocido por su trabajo en la lucha contra el tráfico de personas, especialmente de menores. Su figura se popularizó a nivel mundial gracias a la película Sound of Freedom (Sonido de Libertad), donde es interpretado por el actor Jim Caviezel.
Ballard fundó la organización Operation Underground Railroad (O.U.R.), dedicada a realizar operaciones de rescate de niños víctimas de trata en distintos países, incluyendo Colombia, donde encabezó una operación en 2014 que rescató a más de 50 menores.
Sin embargo, su figura también ha sido objeto de controversias. En los últimos años, ha enfrentado acusaciones de conducta inapropiada y cuestionamientos sobre la veracidad de algunas de sus operaciones y métodos, lo que ha generado divisiones entre quienes lo consideran un héroe y quienes lo ven como un personaje polémico.
Marcela Campagnoli presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia para esclarecer las causas del faltante y la demora en la entrega de chapas patente. La legisladora responsabilizó al Gobierno nacional por la situación, que afecta a miles de ciudadanos en todo el país.
La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un pedido formal de acceso a la información pública al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que solicita explicaciones sobre el faltante de chapas patente para vehículos en todo el país. La iniciativa se enmarca en la Ley 27.275 y busca obtener datos precisos sobre las demoras en la entrega de estos elementos registrales, cuya provisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.
Campagnoli expresó su preocupación por el impacto que esta situación tiene sobre los ciudadanos que cumplen con la ley y se ven imposibilitados de circular legalmente por la falta de patentes definitivas. “Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Estado”, sostuvo.
Entre los puntos requeridos, la diputada solicita conocer:
🔵 Las causas de la demora en la entrega de chapas.
🔵 La cantidad de dominios provisorios vigentes y si se respeta su plazo legal.
🔵 Detalles sobre la licitación que adjudicó la provisión a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A.
🔵 Los antecedentes de dicha empresa y los motivos por los cuales fue seleccionada.
🔵 Información sobre proveedores anteriores y razones por las que dejaron de operar.
Además, Campagnoli cuestionó que, pese a que el ministerio había asegurado que el problema estaría resuelto en mayo, el faltante persiste. “Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y cuándo se normalizará la situación”, reclamó.
El pedido fue acompañado por otros diputados nacionales y se suma a una creciente preocupación por la falta de insumos básicos en áreas clave del Estado.
Fue a través del decreto 332/2025 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Así, disolvió la Unidad de Tareas de Investigación que se “encargó de recabar información” sobre el escándalo $LIBRA.
El Gobierno nacional decidió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado para autoinvestigarse en el escándalo alrededor del caso $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente desde sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa por la suba y caída de su precio en minutos.
Fue a través del decreto 332/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La UTI había sido creada el día 19 de febrero, cinco días después del tuit presidencial en el que se presentaba el criptoactivo.
La tarea de dicha Unidad era "recabar información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal". La UTI estuvo a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, dependiente del propio Ministerio de Justicia.
Según argumentó el Gobierno, la comisión ya emitió un informe que fue presentado al Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual ordenan disolver la Unidad investigadora. La misma estuvo en función apenas tres meses para confeccionar el informe.
A raíz de esto, la oposición salió al cruce en redes y exige que con urgencia se ponga en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso cuya conformación quedó trabada por la maniobra del oficialismo que, al dividir los bloques aliados sumó sillas y provocó que la elección del presidente de la comisión terminara en empate 14 a 14. Frente a esta situación, la oposición buscará este miércoles, en el marco de una sesión que sería convocada para tratar proyectos previsionales, que el cuerpo designe al titular de la comisión cripto.
Milei estafó a miles con la cripto $Libra. Creó una 'Unidad de Tareas' para que su propio ministro lo investigue. Ahora, por decreto, la cierra. ¿Y el informe? Bien, gracias. Todo en absoluta normalidad.
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 20, 2025
El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, preguntó: “¿QUÉ ESCONDE MILEI Y CUNEO LIBARONA?”, y planteó: “El gobierno sostiene que la Unidad de Investigación LIBRA cumplió su tarea y, por eso, la elimina. Sin embargo, ni el Congreso ni, mucho menos, la sociedad argentina, hemos visto informe alguno con los resultados de su trabajo”.
“Una vez más, el gobierno demuestra que está haciendo todo lo posible para impedir el esclarecimiento real de los hechos”, denunció y exigió: “Es urgente poner en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso. Los funcionarios deben venir a dar explicaciones y presentar toda la supuesta información recolectada por la UTI, cuya existencia nadie puede acreditar hasta ahora”.
MILEI DISOLVIÓ POR DECRETO LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESTAFA $LIBRA
Justo cuando la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei. No hicieron público el informe de la UTI y la disuelven. Milei acomoda sus fichas para… pic.twitter.com/yA3NNvvxqu
— Pablo Carro (@PabloCarroOk) May 20, 2025
La diputada nacional Julia Strada (UP) señaló que la UTI “de la estafa $LIBRA siempre fue una pantalla, igual la eliminaron”, y acusó: “Nunca nos dieron los resultados de la supuesta Unidad de Tareas de Investigación (los pedí desde el Congreso). Nunca quisieron reconocer lo que ahora terminan reconociendo Novelli y Terrones Godoy en la justicia: que Hayden Davis hizo una estafa. (Con ellos, con Karina y con el Presidente, claro). Ahora eliminan la Unidad de Tareas de Investigación, único órgano que, dijeron, existió para investigar. Siempre fue un decorado”.
Su par de bancada, Sabrina Selva sostuvo: “La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que fue creada para investigar el caso $LIBRA, cuyo informe pedimos y desconocemos”, y planteó que “la tarea no puede estar cumplida cuando recientemente la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei y salieron imágenes de familiares vaciando las cajas de seguridad de uno de los gestores de la estafa, Mauricio Novelli, casi inmediatamente después de aquel tweet del Presidente”.
Selva también pidió con urgencia que “la Comisión Investigadora empiece a funcionar, porque está claro que el gobierno tiene mucho que esconder”.
Desde la UCR, la diputada Mariela Coletta expresó: “El Gobierno cerró por decreto la unidad que había creado para autoinvestigarse por el caso $LIBRA. No compartió informes ni resultados, pero dice ‘haber dado cumplimiento a la tarea encomendada’”.
Ahora por decreto disolvieron la Unidad de Tareas de Investigación dedicada al escándalo de Libra. Otro principio de revelación más: siempre fue un fake, nunca se animaron a investigar absolutamente nada, y se cubren entre ellos porque están completamente hasta las manos. pic.twitter.com/yQONDdZUgJ
— Itai Hagman (@ItaiHagman) May 20, 2025
“Milei sigue escondiéndose y evadiendo respuestas, con mayor impunidad después de los resultados del domingo”, apuntó y sumó: “En Diputados, el oficialismo quiere presidir la comisión para que la investigación no avance y, otra vez, ser protegido por los propios. Es urgente un control real y transparente”.
El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación: “Sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la impunidad de Milei”.
“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.
El formoseño disparó: “Así que esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.
“MileiEstafador disolvió por decreto la unidad de investigación (que le mismo creó) sobre el caso $Libra. Nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”, escribió el diputado del FIT Nicolás Del Caño. Su par, Christian Castillo agregó: “La disolución por decreto de la Unidad de Investigación sobre el escándalo de $LIBRA es una muestra más que el gobierno solo busca tapar su evidente complicidad en la estafa. Milei, Karina y Adorni tienen que venir a dar explicaciones al Congreso. MileiEstafador".
La diputada socialista Mónica Fein afirmó que se trata de un "golpe a la institucionalidad" porque "hace tres meses el gobierno se jactaba de ser el garante de la institucionalidad, pero hoy disuelve la unidad encargada de investigar la cripto estafa $LIBRA. Es necesario conocer las conclusiones de esa investigación. No vamos a aceptar el silencio".
CHAU CHAU ADIÓS, COMISIÓN $LIBRA
Estoy sorpresa (dijo nunca, nadie)
El Presidente @JMilei y el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona cerraron la investigación del gobierno por la crypto estafa. Se caen las caretas sobre el compromiso con la transparencia.
Expertos en impunidad pic.twitter.com/KQiZRbtc3o— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 20, 2025
Ante la falta de confirmación de la asistencia de los funcionarios citados, la reunión directamente no fue oficializada y quedó sin efecto. La oposición analiza los pasos a seguir.
“Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cúneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados. Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, posteó en la red social X el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuando ya todos daban por descartada la sesión de este miércoles.
Desde la semana pasada persistían las dudas respecto de la asistencia de los ministros de Justicia y de Economía. De Caputo, los diputados opositores han asumido que nunca asistirá al Congreso, siquiera para presentar los presupuestos. Menos lo haría en este caso para exponer sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA. En cuanto al ministro de Justicia, pensaban que sí lo haría, dado que nunca ha mostrado resistencia para concurrir a las comisiones. Sin embargo, diputados de la oposición suponen que desde la propia Casa Rosada los han instruido para desestimar la convocatoria del Parlamento.
Cuando en la convocatoria del 29 de abril solo acudió al llamado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se leyeron las notas remitidas por Cúneo Libarona y Caputo justificando sendas ausencias. En el caso del titular de la cartera de Justicia, explicó que “en virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto el día 29 de abril de 2025. En relación con las competencias de la cartera a mi cargo en las cuestiones vinculadas con el criptoactivo $LIBRA, comunico que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada mediante decreto número 114/2025, ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la Justicia. Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa Honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que considere oportuna”.
En el caso de Caputo, informó que “por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025, conforme lo ha requerido esa Honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente año. Sin perjuicio de que el ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA, ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esa Honorable Cámara e informar por escrito, si la urgencia lo amerita, en el marco de las competencias que me son propias en lo que se considere oportuno”.
Esto es, en ambos casos dejaron expresamente clara su disposición a informar por escrito, mas en ningún momento propusieron asistir en otra fecha.
Ante la indefinición, el lunes diputados de todos los bloques mandaron una carta formal al presidente de la Cámara baja para requerirle que convocara oficialmente a sesionar este miércoles para escuchar a los funcionarios convocados. Y este martes directamente le requirieron que una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, le confirmaran su comparencia, él convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.
Pero en caso de que no se asegurara la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, Menem lo comunicara a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.
Lo cierto es que los funcionarios no dieron señales de interés sobre esa cita y la sesión quedó suspendida de hecho, por cuanto no había tampoco interés de parte de los diputados exponerse a sesionar igual, con el riesgo de no alcanzar siquiera el quórum este miércoles, ante la certeza de que no habría expositores.
Así las cosas, los legisladores de la oposición se plantean ahora cómo seguir y en principio trabajarán en la realización de una sesión la próxima semana para tratar la emergencia en discapacidad, como así también los proyectos previsionales que ya cuentan con dictamen. Es idea también tratar en esa misma sesión lo referido a la comisión investigadora del caso $LIBRA, cuya conformación quedó trabada por un empate inamovible que impide la conformación de autoridades.
La idea de la oposición es que en esa sesión, o en otra en cualquier caso, se pueda destrabar el tema en el recinto. Recordemos que en su momento el diputado Nicolás Massot aseguró que contaban con al menos 140 votos para inclinar la balanza a favor y poner un presidente que responda a la oposición más dura.
Para entonces buscarán resolver también qué pasos a seguir con las interpelaciones frustradas. Y este miércoles sin duda juntarán presión cuando vean, tanto a Caputo como a Cúneo, presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni, de cara a las elecciones de este fin de semana en la Ciudad.
Ante la falta de precisiones sobre si los ministros convocados para ser interpelados asistirán a la Cámara baja, un grupo de diputados reclamó una definición, a los efectos de adoptar las medidas correspondientes para el caso de que los funcionarios no asistan.
A 24 horas de la sesión en la que debería tener continuidad la interpelación de funcionarios por el caso de la criptomoneda $LIBRA, un grupo de diputados opositores envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a fin de que se defina si habrá o no sesión.
Un día después de haber enviado una nota reclamándole convocar formalmente a la sesión, los diputados ahora quieren que, una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, confirmaran su comparencia, se convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.
Pero en caso de que no se haya asegurado la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, le requirieron a Menem comunicarlo a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.
Suscriben la nota los diputados Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez, Paula Penacca (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño y Vanina Biasi (Frente de Izquierda).
Hay mucho fastidio entre los legisladores de la oposición no solo por la presumible ausencia de los funcionarios, sino también y sobre todo porque trascendió que en lugar de ir al Congreso, al menos los ministros estarán presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni este miércoles a las 17.30 en el Parque Mitre.
pedido sesión 14 5 25En ese marco, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, señaló por la tarde, dando por sentado que no habría sesión: “Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cuneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados”.
“Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, cerró el diputado santafesino.
Los cuatros bloques interesados en avanzar con la investigación del caso $LIBRA presentaron una carta en Presidencia de la Cámara baja, donde reclamaron que ambos ministros irán al cierre de campaña en CABA y no al recinto.
Luego de la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre los detalles que involucran al entorno presidencial con el caso $LIBRA, los presidentes de bloques de la oposición presionan al titular de la Cámara baja, Martín Menem, para que oficialice la citación a los ministros Luis Caputo, de Economía; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; y a la cabeza de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Por medio de una carta, los representantes de la oposición recordaron que los tres funcionarios estuvieron ausentes en la última sesión informativa del 30 de abril. Asimismo, citaron una nota periodística en la que trascendió que los ministros en cuestión irían al cierre de campaña de La Libertad Avanza en la fecha que se supone deberían ser interpelados: miércoles 14 de mayo.
El texto presentado a las autoridades de la Cámara de Diputados lleva la rúbrica de Germán Martínez y Paula Pennaca de Unión por la Patria; Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal; Pablo Juliano y Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la de Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica.
Cabe remarcar que la citación a los dos ministros se aprobó en la primera sesión que trató los proyectos de resolución relacionados al criptogate que involucra al presidente Javier Milei desde el 14 de febrero por la difusión del token $LIBRRA a través de un tuit. Por el hecho, Diputados resolvió crear una comisión investigadora e interpelar a los funcionarios.
Con el fallecimiento del papa Francisco y la postergación de todas las actividades parlamentarias, la sesión informativa que interpeló a Francos se llevó a cabo el 29 de abril. En esa jornada, el inicio se empantanó por la discusión sobre la ausencia de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.
Luego de una jornada de idas y vueltas entre la oposición y el jefe de Gabinete, cerca del final, el Cuerpo volvió a aprobar la citación de los ministros de Justicia y Economía de la Nación para este miércoles 14 de mayo a las 14.
Una fuente consultada por este medio, no confirmó la presencia de ambos ministros en el recinto de la Cámara de Diputados, sobre todo porque ambos van a estar en el cierre de campaña de Manuel Adorni a las 17.30 en el Parque Mitre.
Compacer ministros 12 5 25Así se resolvió promediando la sesión de este martes, luego de la polémica abierta en el inicio de la sesión por la no asistencia de los ministros a la interpelación.
Dos horas demandó, en el inicio de la sesión de interpelación de este martes en la Cámara baja, la discusión que se centró finalmente en la ausencia de ministros para responder sobre el caso $LIBRA. En ese marco, desde la oposición presentaron una moción para hacer al final de la reunión un cuarto intermedio para citar para el próximo martes a los ministros ausentes este martes, pero ardió Troya cuando se propuso votar eso a continuación, y no al final de la sesión.
A eso último se opuso fervientemente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y si bien en el fragor de la discusión hubo en el debate un momento en el que contra su voluntad pareció estar a punto de ceder, finalmente se procedió a postergar el tema y arrancar de una vez con la interpelación a Guillermo Francos.
Al cabo de uno de los cuartos intermedios realizados a lo largo de la sesión, pasadas las 20.30, el presidente Martín Menem anunció que, tal cual lo acordado con los jefes de bancadas se había resuelto citar puntualmente a los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía) para el próximo miércoles 14 de mayo a las 14 horas. Con lo cual quedó resuelto el entuerto que tantos cruces generó a lo largo de esas dos horas calientes del principio.
Caputo y Cúneo Libarona habían sido citados para este martes, pero se ausentaron argumentando razones de agenda y mostrando disposición a exponer por escrito, cosa que la oposición rechazó de plano. El artículo 71 de la Constitución Nacional habilita al Congreso a convocar a los ministros del Poder Ejecutivo a su sala para recibir explicaciones e informes cuando lo considere conveniente.
Unión por la Patria quería votar un cuarto intermedio antes de escuchar a Guillermo Francos y esto fue resistido fuertemente por Menem.
La sesión de interpelación a funcionarios por el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados arrancó con una fuerte discusión reglamentaria, a raíz de la ausencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
Desde Unión por la Patria pidieron votar una moción para pasar a un cuarto intermedio para el próximo 13 de mayo a las 14, pero Martín Menem, presidente del Cuerpo, resistió con fuerza -alegando al reglamento- una votación de ese tipo en el arranque de la reunión.
Toda la discusión hizo retrasar una hora y media el ingreso al recinto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el único en asistir para ser interpelado. Tampoco vino el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Al tomar la palabra en primer lugar, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal rechazó la “comunicación informal e inmotivada sobre la ausencia a esta sesión de los ministros que han sido convocados. Esto es un hecho de extrema gravedad”.
“Aparentemente el señor jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales”, cargó y agregó: “La obligación de comparecer que tienen los ministros está establecida en un artículo expreso de la Constitución Nacional y el incumplimiento de la Constitución es una falta de ética grave”.
Así, el radical pidió que “se trate un voto de censura al señor jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer inasistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad”. Sin embargo, su pedido no se votó en ningún momento.
Luego, el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, leyó las notas enviadas por Caputo, quien argumentó “cuestiones de agenda impostergables” y dijo que el Ministerio a su cargo “no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA”, al tiempo que manifestó su “disposición” a informar por escrito; y la de Cúneo Libarona, que justificó “compromisos urgentes asumidos previamente”.
“Antes que exponga el jefe de Gabinete, esta Cámara debería decir algo y tomar una decisión sobre los ausentes”, planteó el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez. Le siguió entonces su par Cecilia Moreau, quien propuso: “Finalizada la exposición del jefe de Gabinete pasemos a un cuarto intermedio hasta el martes 13 a las 14 para continuar con la interpelación de los funcionarios que hoy no se pudieron acercar por cuestiones de agenda”.
Carbajal apoyó la propuesta y rechazó “los términos de las notas de los ministros”. “No son ellos los que deciden si evacuan las respuestas por escrito”, aclaró. En tanto, Martínez pidió que se vote, pero Menem dijo que debía hacerse al final de la sesión, “tal cual lo establece el artículo 210” del reglamento, que leyó entre gritos de quejas y un clima que empezaba a caldearse.
“Yo entiendo que usted defiende lo que tiene que defender”, le contestó Moreau a su sucesor, y lo cuestionó por respaldar que Caputo nunca venga al Congreso. “La moción se tiene que votar ahora. Presidente, sabe que está haciendo las cosas mal”, enfatizó.
💰 Cripto-escándalo. A la interpelación de Diputados faltaron los ministros Caputo y Cúneo Libarona.
🇦🇷🤝❌ Le faltan el respeto al pueblo argentino que confió y hoy le dan la espalda. pic.twitter.com/eW7g2wm0Io
— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) April 29, 2025
Por el Pro, Silvana Giudici opinó: “No corresponde un cuarto intermedio, corresponde recibir al jefe de Gabinete”. Y le recordó a la oposición que este miércoles se pondrá en marcha “una comisión investigadora donde pueden hacer desfilar y hacer que vengan”. “¿Por qué intentamos esta trampa del cuarto intermedio?”, se preguntó.
Recogió el guante el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien afirmó que pedir un cuarto intermedio correspondía “porque nota del ministro Cúneo Libarona es una falta de respeto. Es abogado, es un sacapresos histórico de la Argentina. Sabe que si una persona no puede ir a una audiencia pide que le fijen una nueva fecha. Lo que no quiere es comerse la denuncia penal”. “Es una burla de un ministro que sabe. Ya es una burla que sea ministro de Justicia ese señor”, disparó.
En medio de numerosas intervenciones, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer indicó que “las mociones de orden están definidas en el reglamento” e incluso las que son para “votar un cuarto intermedio, con preferencia”. El artículo 128 del reglamento señala que “serán previas a todo otro asunto, aún el que esté en debate”, subrayó y expresó que “debe ser votada ya, sin más”.
“No podemos hacer lo que se nos antoje. Esto no es cuestión de ponerse de acuerdo, sino aplicar el reglamento cuando corresponde”, sostuvo el diputado libertario Nicolás Mayoraz.
Al hablar, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtió: “Cuando se constituya la comisión investigadora, el reglamento interno de la investigadora, historia y precedente de este Parlamento, establece la facultad de la comisión de citar a cualquier testigo y si es reticente convocar a la fuerza pública, como también es posible llevar adelante allanamientos mediante decisión judicial”.
“Es grave que no vengan (los ministros), pero arranquemos porque hace dos horas que estamos discutiendo”, pidió.
Tras una intervención de la cívica Mónica Frade, Menem se mostró visiblemente molesto. “¿Cómo vamos a pedir un cuarto intermedio al comienzo, cuando no empezó la sesión todavía?”, enfatizó y continuó: “Si no vinieron los vuelven a citar y listo. Soy abogado, no me falte el respeto, cuarto intermedio es cuando algo empezó, se solicita un cuarto intermedio para que algo continúe con posterioridad; esta la naturaleza jurídica del cuarto intermedio. Salvo que quieran especular con el quórum y no puedan sostener el quórum hasta el final para pedirlo como corresponde”.
En medio de una discusión que no se resolvía, el radical Julio Cobos le dio “la derecha” a Menem en que “el cuarto intermedio lo pedimos cuando está por terminar una sesión”. “Le pido a los que pidieron la moción, que yo voy a acompañar, que la hagamos al final, si todos vamos a estar presentes. No demoremos más”.
“Haga entrar al jefe de Gabinete. Le pido a todos los compañeros, escuchémoslo, y después vamos a ver qué hacemos con estos señores que faltaron”, avaló Pichetto y se dio finalmente el asentimiento para el ingreso de Francos.
La convocatoria es para este martes 22 de abril, a partir de las 14. Quiénes son los funcionarios convocados para hablar sobre la causa $Libra, que involucra al presidente Javier Milei. Solo uno confirmó hasta ahora su presencia.
Tal cual lo votado en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril, se realizará este martes 22 la sesión prevista para escuchar a un grupo de funcionarios que serán interrogados sobre la causa abierta por la criptomoneda $Libra. Según lo establecido en esa sesión, los funcionarios convocados para exponer a partir de las 14 son el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
La oficialización de la reunión fue realizada este miércoles al caer la tarde a través de una nota que el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, circuló a todos los diputados nacionales. Se trata de una interpelación, un método que solo fue utilizado dos veces en estos más de 40 años de democracia; la última vez en 1995, con el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.
La convocatoria se hace en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.
Esta citación fue acordada a partir de la aprobación del proyecto de resolución correspondiente, por 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones. En la previa, se eliminaron del texto original los nombres de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial Manuel Adorni.
El único nombre confirmado hasta ahora por el propio funcionario es el de Guillermo Francos, quien aseguró que estará este martes contestando preguntas en el recinto, razón por la cual optó por no responder sobre el tema durante su informe del miércoles último.
“Como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso $LIBRA las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me formulen en dicha interpelación”, señaló en el inicio de la sesión Francos.
Se sabe que también concurriría el ministro de Justicia, aunque no sucedería lo mismo con los otros dos convocados: Luis “Toto” Caputo y Roberto Silva. Al menos Caputo, quien está claro que tiene decidido no concurrir al Parlamento durante esta gestión.
Cuando durante la sesión de este miércoles el diputado de UP Juan Marino le preguntó si concurrirían todos los funcionarios citados, Francos omitió responder.
“Dejá de apretar fiscales y jueces por redes”, lanzó el formoseño Fernando Carbajal, compañero de bloque del radical que denunció a Santiago Caputo por amenazas.
Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, otro de los funcionarios que salió a cuestionar la denuncia realizada por el diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Lo del diputado Manes recurriendo a la Justicia Federal, que tiene a su cargo entre otras cuestiones importantes juzgar los delitos del crimen organizado, como la trata de personas y el narcotráfico, es una nueva demostración de lo alejados que están de la gente”, expresó el funcionario en su cuenta de la red social X.
Para el titular de la cartera judicial, “los políticos tienen que entender que el país destruido que dejaron se encuentra envuelto en una emergencia general que requiere mucha seriedad”. “Parecería que la oposición no está teniendo la madurez que los tiempos que vivimos requieren”, agregó.
Al cruce le salió Fernando Carbajal, compañero de Manes dentro del bloque Democracia para Siempre. “El PEN no debe meterse en causas judiciales en trámite. Lee el artículo 109 y cumplilo. Dejá de apretar fiscales y jueces por redes y dedícate a cumplir tu función. Los trolls que pagan con plata sucia se ocupan de justificar la violencia política que promueven”, lanzó el radical.
Manes presentó formalmente este miércoles una denuncia judicial contra Santiago Caputo, quien durante la Asamblea Legislativa y al finalizar la misma lo increpó de manera desafiante, quedando todo registrado ante testigos y registro fílmico de celulares.
El rionegrino Martín Doñate acusó al ministro de Justicia de “no entender” la Carta Magna, respecto de las atribuciones presidenciales en relación a la designación de los jueces de la Corte.
Luego del intercambio en redes que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo con la legisladora porteña Graciela Ocaña -una de las tantas voces opositoras que se manifestó en contra de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto-, el senador kirchnerista Martín Doñate lo cruzó: “Ministro, lea la Constitución que no muerde”.
A través de un posteo en X, el legislador de Unión por la Patria afirmó que efectivamente la Constitución Nacional “es clara en artículo 99”. “Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto”, lanzó.
El rionegrino explicó que en el inciso 4 de dicho artículo, “reformado por la constituyente del ‘94, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial”.
“El inciso 19 del mismo artículo, invocado por (Javier) Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc.”, señaló.
En ese sentido, Doñate enfatizó que “confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y no entender la Constitución Nacional. De aplicarse el criterio interpretativo forzado del gobierno, que se niega a aceptar la literalidad de la letra constitucional, llegaríamos a la locura de sostener que no sólo los jueces, sino también los legisladores, seríamos empleados del Poder Ejecutivo, porque es el Estado quien paga nuestras dietas”.
“No se puede ni se debe confundir Estado con Gobierno. El Estado es uno sólo con tres poderes diferentes e independientes entre sí. Cada uno de ellos tiene un procedimiento específico para su nombramiento regulado por esa misma Constitución. El Poder Ejecutivo, que es precisamente el Gobierno, se designa por elección directa del pueblo, al igual que los miembros del Poder Legislativo”, remarcó entre mayúsculas.
Finalmente, el senador indicó que “los integrantes del Poder Judicial y de su órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se designan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional”.
Este miércoles, a través de un ida y vuelta en X, Cúneo Libarona le había contestado a Ocaña: “Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri, entre muchos otros presidentes”.
El pedido fue realizado por Alejandro "Topo" Rodríguez hacia las autoridades de la Cámara baja al argumentar: “El ministro debe ser removido de su cargo. La decisión implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de 'mal desempeño en el ejercicio de sus funciones’”.
El ex diputado nacional, peronista de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó un pedido de Juicio Político para remover al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por su declarada decisión de eliminar el 'femicidio' del Código Penal.
Rodríguez se presentó en el trámite en su calidad de particular, como "ciudadano argentino y profesor universitario", y argumentó que el titular de la cartera de Justicia “argumentó falsamente de que hoy se le está otorgando un privilegio a las mujeres en detrimento de los varones, cuando en realidad se sanciona especialmente a quien mata a una mujer por el hecho de ser mujer".
"Cúneo Libarona debe ser removido de su cargo. La decisión del Ministro implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de 'mal desempeño en el ejercicio de sus funciones', en los términos que fija el artículo 53 de la Constitución Nacional, como causal para someter a Juicio Político a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional", sostiene la presentación, que ya lleva el número de Expediente 0141-P-2024 en el trámite de la Cámara de Diputados.
LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL PEDIDO
Entre los principales fundamentos que avalan el pedido de Juicio Político, presentado ante las autoridades de la Cámara de Diputados y dirigido al presidente de ese cuerpo, Martín Menem, se destacan los siguientes:
"Cuando el Ministro de Justicia anuncia que van 'a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional', lo que de manera siniestra se pretende instalar es que el femicidio constituye la acción de quitarle la vida 'a una mujer', cuando en realidad se trata de algo muy distinto: quitarle la vida a una persona precisamente por 'ser mujer'", argumenta Rodríguez en su presentación.
"Matar a mujeres por ser mujeres es la máxima expresión de la violencia machista, una realidad que el Ministro de Justicia niega, de manera imperdonable", afirma el escrito.
Y agrega: "La evidencia lleva a pensar que al Ministro no le importa que el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su informe del año 2023, haya señalado que 'entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 322 víctimas de femicidio confirmadas' en Argentina, y que la misma oficina, en su último informe parcial, detectó 147 víctimas de femicidio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024".
"El Juicio Político se solicita porque el Ministro quiere cambiar el Código Penal para perjudicar a las mujeres, con el falso argumento de que hoy están siendo privilegiadas. Esa decisión, por parte de un altísimo funcionario público, genera un grave peligro social", expresa "Topo" Rodríguez.
Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado nacional
Y continúa: "Es clarísimo lo que establece el Código Penal: se impondrá reclusión perpetua, o prisión perpetua, al que matare a una mujer cuando en el hecho mediare violencia de género. Por lo tanto, el Código Penal vigente no viola la igualdad ante ley, sino que pretende proteger a la mujer en un país en el que, entre otras razones, se mata por cuestiones de género".
El escrito también señala que "la posición del Ministro se contrapone con los lineamientos conceptuales y la experiencia práctica del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Ese Registro dependiente de la Corte -agrega Rodríguez en su presentación- adhiere al concepto que proviene de la Declaración sobre el Femicidio, aprobada en la IV Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), de 2008, y lo entiende como 'La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión'. Dicho concepto fue actualizado en 2018, incorporando la noción del 'hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer'", planteó.
LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá expedirse sobre el pedido para remover de su cargo a Cúneo Libarona, se constituyó el 10 de abril de 2024 y está presidida por la diputada oficialista Marcela Pagano, la vicepresidenta primera es Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica; y Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, es el vicepresidente segundo.
Además, integran esa comisión, entre otros: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Hugo Yasky y Guillermo Snopek (todos ellos del bloque Unión por la Patria); Fernando Carbajal, radical del bloque Democracia para Siempre; Oscar Zago, del MID; Lisandro Almirón y Nicolás Emma, de La Libertad Avanza; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; así como Juan Brügge y Emilio Monzó, del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.
Para avanzar en el trámite, la comisión comienza su trabajo con una etapa de "análisis previo" y, luego, continúa con un "proceso informativo". Según establece su reglamento interno, la comisión puede convocar "a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad".
En esa instancia, podría citar al propio ministro Cúneo Libarona, al ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y a testigos o representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan elementos para aportar. Posteriormente, en su "etapa resolutiva", la Comisión emite su dictamen definitivo.
Si se encontraran motivos fundados para avanzar con el Juicio Político, el trámite se elevará a la Cámara de Diputados para tratar la acusación. De aprobarse en esa instancia, deberá remitirse al Senado para su tratamiento final.
JUICIO POLITICO CUNEO LIBARONAEl proyecto contó con el apoyo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo, candidato del oficialismo a la Corte Suprema, para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas.
Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.
El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.
La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.
En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.
Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.
“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.
Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.
Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.
Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.
El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”.
El ministro de Justicia expuso ante la comisión homónima del Senado sobre el proyecto de ley que busca castigar las denuncias falsas por violencia de género. Al respecto, afirmó que hay que “sanear” la justicia porque “está en un desprestigio tremendo” y sostuvo: “El Código Penal necesita una reforma urgente tiene más de 100 años”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.
Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.
“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.
Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.
“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.
Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.
En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.
Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.
El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.
En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.
El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.
“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace? para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.
Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".
"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.
“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.
El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.
“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.
El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.
“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.
Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.
“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.
Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.
“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.
El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.
“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.
Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.
“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.
A continuación, Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra Falsas Denuncias, afirmó que "las falsas denuncias no discriminan género", y que "cumplen en todos los casos con un objetivo: atentar contra sus derechos humanos, su honor y buen nombre". Asimismo, dijo que "la depresión, la angustia, el daño psicológico es grave" y que "esto va a proteger a las verdaderas víctimas de violencia".
En tanto, la abogada especialista en cuestiones de género, María Fátima Silva, señaló que "la contracara de la ideología de género es la falsa denuncia que el daño también es a los afectos porque destruye a las familias completas y las falsas denuncias se dan en dos ámbitos: penal y civil".
"No existirían las falsas denuncias si la justicia y los fiscales investigaran cada denuncia profundamente y como corresponde, porque deberían detectar que la denuncia es falsa", prosiguió, al tiempo que instó a conformar la Comisión Nacional de Revisión de Causas.
Al finalizar el tratamiento de dicho proyecto de ley, la comisión debatió en conjunto, y pasó a la firma, un proyecto de ley de autoría de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) que modifica el código penal en lo relativo a delitos de homicidio culposo y lesiones culposas cometidos por la conducción de un vehículo con motor.
También se trató el proyecto de las senadoras María Victoria Huala (Pro) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) que modifica el Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales, el incremento de su escala punitiva, agravantes y excepción de suspensión del proceso a prueba.
"Me parece importante remarcar el trabajo que vienen haciendo las agrupaciones de familiares que fueron víctimas en casos de siniestros viales. Buscamos justicia”, afirmó Huala.
Por último, también pasó a la firma otro proyecto de ley de autoría de la senadora Losada sobre el delito de bloqueos extorsivos. La radical santafecina informó que "la ley antibloqueo trata de generar una figura penal para aquellos que bloqueen una empresa", y que "sanciona más gravosamente a una persona que es parte de un sindicato y está bloqueando la entrada. También genera la posibilidad de despido para la persona que genere el bloqueo del acceso a la empresa".
El Poder Ejecutivo envió una iniciativa que era parte de un capítulo de la original Ley de Bases. Depósitos judiciales, publicación de edictos y digitalización, entre los puntos.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley tendiente a la modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, "ante la necesidad de producir en el funcionamiento judicial mejoras de orden cualitativo que se consideran indispensables con fundamento en las disponibilidades existentes en materia tecnológica", argumentó.
La iniciativa -que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- formaba parte de un capítulo que quedó afuera de la original Ley de Bases, al igual que la propuesta de divorcio simplificado.
En los escuetos fundamentos, el Poder Ejecutivo resumió que se busca: dotar de mayor simplicidad a las tramitaciones judiciales para agilizar procesos tales como el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación para aliviar la carga sobre el sistema judicial, promover la competencia y la libertad de los depósitos judiciales y establecer mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales.
Uno de los artículos establece que "los fondos depositados judicialmente solo pueden ser removidos por embargos o transferencias, mediante orden del juez o tribunal a cuya disposición fueron anotados”. Aquí se quita "por extracciones", algo que indica la legislación actual.
Respecto a la publicación de edictos judiciales, propone que ya no sea a través de los diarios sino en el Boletín Oficial.
Por otro lado, a la actual normativa que establece que el Archivo General del Poder Judicial de la Nación organizará y llevará al día un Registro de Juicios Universales, donde se deben inscribir, ordenadamente, los juicios de concurso preventivo, quiebra, protocolización de testamentos y sucesiones testamentarias y 'ab intestato' que se inicien ante los Tribunales de la Capital Federal", agrega que este registro público "estará disponible para su consulta por medios electrónicos".
"El Archivo General del Poder Judicial de la Nación estará formado por documentación en papel o en formato electrónico. Los expedientes correspondientes a nuevos juicios deberán archivarse en formato electrónico", suma.
El proyecto busca eliminar la obligación de que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectúen únicamente en el Banco Nación. El texto promovido por el Ejecutivo habla de que la entidad bancaria será "a elección de los tribunales, en la que el Estado Nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan participación accionaria".
"Podrán ser denominados en moneda local o en moneda extranjera. El Banco Central de la República Argentina podrá determinar las condiciones que las entidades deberán respetar para dichos depósitos", indica el texto y prevé que "los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en una institución se adecuarán a este régimen".
A su vez, "el juez interviniente a iniciativa de parte y previa conformidad de los actuantes en la causa, podrá optar por depositar en otra institución bancaria”, señala el articulado.
El proyecto de ley contemplado en el “paquete Bullrich” impulsado por el Poder Ejecutivo tiene media sanción de Diputados desde el 14 agosto pasado. El artículo modificado en el recinto de la Cámara baja que vincula a la ministra. Qué funcionarios asisten a debatir.
Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
Así lo confirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona ante un seminario internacional organizado por un estudio de abogados. También anunció que impulsará la ley de Ficha Limpia.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto para sancionar una nueva ley de Decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos.
El funcionario disertó ante un seminario organizado por el estudio Marval, O'Farrell, Mairal, en donde defendió las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei en la lucha contra la corrupción y planteó: “No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”.
“El Gobierno de Javier Milei quiere que haya un profundo cambio y convertir a la Argentina en un país serio en el largo plazo. Estamos achicando el Estado y eso en sí mismo es luchar contra la corrupción", sostuvo en la apertura del encuentro sobre anti-corrupción e investigaciones organizado por la firma de abogados y sumó: “Menos Estado es menos delito”.
Cúneo Libarona sostuvo: “Nuestra legislación es clara en referencia al tema del compliance. Están claros en nuestra legislación los alcances y las responsabilidades, tal vez falten incluir delitos como el lavado de dinero”, y opinó: “Para mí el centro del tema está en impulsar programas de integridad con responsabilidades y procedimientos claros. Nuestra ley responde a los compromisos internacionales y es un avance en la lucha contra la corrupción pública y privada. Es una nueva cultura de cumplimiento positiva, que fomenta los valores éticos”.
En otro tramo de su discurso, el ministro llamó a la UIF (el organismo anti lavado) a "despertarse de la siesta del pasado, para encarar una sería negociación con el GAFI". En ese sentido, el ministro hizo un anuncio sobre un cambio que espera conducir en ese rubro: "Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado en el Congreso para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito”.
También adelantó que impulsará una ley de "ficha limpia", para limitar que las personas involucradas puedan presentarse como candidatos en las elecciones. Además, el ministro dijo: "Estamos luchando contra los juicios falsos y estafas procesales para obtener beneficios del estado de forma irregular".
Según Cúneo, el decomiso de bienes obtenidos mediante delitos "debe ser rápido, no tiene sentido que haya autos o aviones en un depósito".
Por su parte, el presidente del estudio, Santiago Carregal, manifestó: "El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto. No podemos aspirar a insertarnos de nuevo en el mundo sin mejorar nuestros indicadores en esta materia. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público, porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos trabajar para un futuro mejor".
Legisladores porteños de las diversas bancas impulsaron un proyecto en la Legislatura porteña en el que prevén condenar las declaraciones del ministro de Justicia. “No hay más lugar para la violencia y la intolerancia”, aseveraron.
Los diputados de Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Confianza Pública (CP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevén expresar su “más enérgico repudio” a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acerca de la diversidad sexual.
En los fundamentos de la iniciativa los legisladores plantearon que observaron “con mucha preocupación que la persona que tiene a su cargo la Cartera de la cual dependen las políticas de prevención de las violencias por motivos de género y contra la discriminación, sostenga un discurso abiertamente misógino, biologicista, discriminatorio y anacrónico”.
“Las expresiones construyen sentido y eso en sí mismo constituye un peligro en términos del efecto social legitimador que implica. Esa es la batalla cultural que se está librando en contra de la igualdad y la justicia social. Pero, además, estas ideas tienen un correlato concreto que se refleja en la retirada deliberada del Estado del objetivo de erradicar la violencia con motivos de género a través del recorte y el ajuste de programas y equipos destinados a eso”, continuaron.
Al mismo tiempo que indicó que “estas declaraciones implican un retroceso de décadas y un ataque directo a conquistas históricas de derechos y consensos que no pueden volver a discutirse y a ponerse en cuestión. No hay más lugar para la violencia y la intolerancia”.
La iniciativa lleva la firma de Juan Pablo Modarelli, Matías Barroetaveña, María Bielli, Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Juan Pablo O´Dezaille, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Delfina Velázquez, Franco Vitali (UP), Aldana Crucitta, Francisco Loupias, Lucio Lapeña, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev) y Graciela Ocaña (CP).
Es por los dichos del funcionario expresados en la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde puso en tela de juicio a la diversidad de identidades sexuales.
La Universidad de Buenos Aires, a través de una resolución, manifestó el repudio a las recientes declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en las que cuestionó la diversidad de identidades sexuales.
Durante una intervención ante la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, el ministro Cúneo Libarona afirmó: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología; son inventos subjetivos”.
En referencia a estos dichos, la Universidad de Buenos Aires manifestó su repudio a través de una resolución “ad referéndum del Consejo Superior”. Entre los considerandos de la misma afirma que tales expresiones “desconocen las bases legales y constitucionales de nuestra Nación y los derechos que tienen todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual“.
Además, destaca que “en la Universidad de Buenos Aires se profesa la libertad, el respeto y la dignidad de las personas sin importar su orientación sexual, identidad de género, etnia o religión y se promueve la autonomía y la inclusión de las personas”. Y enfatiza: “La perspectiva de género es una herramienta que se trabaja en forma transversal en todas las políticas desarrolladas en esta Universidad a fin de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades”.
La UBA resolvió expresar su repudio a estas expresiones y reafirmar así el compromiso de la Universidad con los derechos de las mujeres y diversidades, así como el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y de género.
Malestar por los fuertes ruidos internos que no cesan en el seno del oficialismo, en tiempos en que bastaría con limitarse a contemplar las cuitas de la oposición.
El paso de Mariano Cúneo Libarona por la Cámara de Diputados dio mucho para hablar (mal).
Silencio. Así reaccionó la Casa Rosada ante otra mala semana impensada para el presidente Javier Milei y su mesa chica de gobierno; la anterior, el Congreso le rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el aumento de fondos para la nueva SIDE y sancionó un aumento a los jubilados, acorde a la alta inflación de meses atrás, pero en estas horas le sumó “errores no forzados” -como se dice en el tenis- a la sangría que sufrió con la baja de una diputada y un senador libertarios y la desprolija presentación que hizo en comisión el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Para colmo, las desprolijidades -es difícil caracterizar tantos errores no forzados- pusieron en el ojo de la tormenta nada menos que a Santiago Caputo, el mentor de Milei e integrante ahora de la mesa chica junta a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Caputo es cuestionado tanto en Casa Rosada como en el Congreso porque mientras se resolvían dos temas claves como el avance opositor sobre el DNU de la SIDE -idea suya la de engrosar astronómicamente sus fondos para esta época de vacas flacas- y la reforma y aumento de la movilidad jubilatoria, él estaba de “vacaciones” en la Patagonia.
Pero también el senador Francisco Paoltroni, quien estuvo a punto de ser presidente provisional del Senado por La Libertad Avanza (LLA) al elegirse autoridades en diciembre pasado, puso el dedo en la llaga con fuertes dardos dirigidos milimétricamente hacia el asesor Caputo.
Mes a mes, últimamente son cada vez más los que salen del secretismo y se animan a criticarlo. Y en Casa Rosada los que están furiosos son los ministros, ya que toma decisiones por ellos en temas legales en los que él, finalmente, no pone la firma.
En paralelo, uno de los dos candidatos a la Corte Suprema, el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, ingenuamente, ante una pregunta de un senador, blanqueó que fue Caputo el que le ofreció el cargo para integrar el máximo tribunal de justicia de la Nación.
“Nunca vi al presidente Javier Milei. Fue Santiago Caputo el que me ofreció el cargo y lo volví a ver hace poco en Casa Rosada, porque él quería saber cómo me estaba preparando para esta audiencia en el Senado”, sostuvo, naif, García Mansilla.
De esa forma, Santiago Caputo -quien siempre se manejó entre bambalinas y en estricto secreto- quedó en el tapete: cuestionado por dentro y también por fuera, incluso por el expresidente Maurcio Macri, otro que lo eligió como blanco para castigarlo, cansado de sucesivas reuniones que, según el líder del Pro, nunca terminaron en algo concreto.
La Casa Rosada tomó nota de esa mini catarata de contrastes y el martes y este jueves no realizó la habitual conferencia de prensa diaria del vocero presidencial Manuel Adorni.
“La teníamos servida con Alberto Fernández y Fabiola y la complicamos nosotros mismos”, rezongó un funcionario en la Casa de Gobierno.
Por eso, este jueves la mesa chica evaluó que había mucho para perder y poco para ganar si se daba la tradicional conferencia de prensa diaria, a sabiendas que las preguntas de los periodistas estarían probablemente enfocadas en esos problemas.
Asimismo, no quedó claro aún y hay disparos internos hacia uno y otro lado sobre la responsabilidad que hubo en el oficialismo ante los contrastes por la SIDE y la movilidad jubilatoria.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no participó en esos temas. Y se sabe que él negocia cuando lo habilitan. Caputo estaba en la Patagonia. Y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedó también cascoteado por las críticas de la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien lo responsabilizó por la visita de legisladores de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Precisamente, el tema de los negociadores ante el Congreso ha sido un problema recurrente de la mesa chica libertaria. Entran unos a negociar, los retiran, vuelven a entrar y así sumaron contrastes ya desde la primera etapa de discusión de la Ley de Bases.
Luego de la polémica presentación del ministro de Justicia ante la Comisión de Mujeres, un grupo de legisladoras de la bancada amarilla emitió un comunicado.
Tras la polémica presentación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, un grupo de diputadas del Pro emitieron un comunicado en el que expresaron su "preocupación" y le recordaron al funcionario que "no puede desconocer la normativa vigente".
Silvia Lospennato, Belén Avico, María Sotolano, Silvana Giudici y Sofía Brambilla, todas integrantes de dicha comisión, manifestaron su "profunda preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia" en "abierta oposición a la normativa vigente en nuestro país en materia de violencia e identidad de género".
"Desde nuestra Constitución Nacional el Estado argentino asumió la defensa de las mujeres víctimas de violencia y ampliación de derechos en sus artículos 16, 43, 75 inc. 22,23. Asimismo nuestro país contrajo obligación internacional suscribiendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer", resaltaron.
Asimismo, enumeraron que "el Congreso Nacional a lo largo de estos años dictó normas como la Ley 23.592 contra Actos Discriminatorios, la Ley 25.087 de Delitos contra la Integridad Sexual, Ley 26.791 Femicidio, Ley 27.039 Línea 144, Ley 27.363 quita de responsabilidad parental a femicidas, por mencionar sólo algunas de ellas".
"En un Estado de Derecho se garantiza la aplicación imparcial de las normas. Es por eso que afirmamos que la autoridad máxima del Ministerio de Justicia no puede desconocer la normativa vigente ya que es su obligación ineludible velar por su cumplimiento independientemente de sus preferencias personales", concluyeron las legisladoras del bloque Pro.
En la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Vanina Biasi se cruzó con un grupo de invitadas del oficialismo. El ministro Mariano Cúneo Libarona brindó detalles sobre la situación en que encontraron al ministerio de las mujeres.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien despachó una serie de críticas contra el ex Ministerio de la Mujer y detalló cuál es la política del Gobierno nacional en función de repeler la violencia. Acusó a la gestión anterior de tener “hipocresía de género e hipocresía gubernamental”.
Los diputados de la oposición presentes cuestionaron duramente al ministro por sus dichos respecto a que “nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexual que no se alinea con la biología”, cuando parafraseó dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, y exhortó que “se acabó la diversidad de género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.
Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Vanina Biasi, del Partido Obrero; la radical Carla Carrizo; Gabriela Estévez y Brenda Vargas Matyi, de Unión por la Patria cuestionaron las palabras de Mariano Cúneo Libarona en su interpelación.
Acompañaron al funcionario, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Florencia Zicavo, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Previo a responder las inquietudes de los legisladores presentes, el escándalo se hizo presente en la Sala del 2º piso del Anexo “C”, cuando un grupo de militantes, invitados desde el bloque oficialista, se cruzó con diputados opositores en medio de gritos y desorden.
La presidenta de la comisión Mónica Macha pidió saber quienes eran las personas invitadas, pero Cúneo Libarona respondió que no vinieron con él. De inmediato, solicitó al personal de seguridad el retiro de este grupo de mujeres, mientras la diputada libertaria Lorena Villaverde daba anuncio de que estaban invitadas por La Libertad Avanza.
Las mujeres invitadas que aplaudían los dichos del funcionario y se cruzaron con los opositores son integrantes del "Observatorio de falsas denuncias", una organización encabezada por Patricia Anzoátegui, abogada penalista especializada en causas de falsas denuncias. El cruce más duro se dio con la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien, en medio de los gritos, pidió que “saquen a esta barra de pedófilos”.
Comenzada su exposición, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó en detalle la situación en la que el nuevo gobierno encontró al organismo conocido como ministerio de la mujer devenido en una Secretaría dependiente de su cartera. “La juventud está harta del garrote ideológico porque el kirchnerismo despilfarró una oportunidad y la violencia no disminuyó y se incrementó”, inició.
Propuso brindar un informe de esta índole cada tres o cuatro meses y señaló que las denuncias por violencia “en el ámbito judicial son el 40% de las causas que están entrando”. Asimismo, cargó que “en 2023 hubo una paulatina desinversión y la violencia siguió latente”. Por otro lado, remarcó que “este es un tema que concierne al derecho”
Con relación al funcionamiento del organismo, Cúneo Libarona reveló: “Encontramos 1.000 empleados, pero solo 70 estaban trabajando presencialmente. Había 930 que trabajaban por zoom”. En detalle, relató que “consultamos quienes eran y la respuesta fue ‘no los conocemos’. Eran monotributistas que nunca se presentaron e ingresaron en los días previos al cambio de gobierno”.
“Nos encontramos con 48 direcciones, pero no existían planes (de trabajo), producción y no evaluaban casos. Se trató de personal no capacitado. Está probado un fracaso absoluto”, remarcó el ministro de Justicia, quien a su vez amplió que “no había botones antipánico, no se asistían a las víctimas y se abandonó en plena pandemia donde hubo un máximo de violencia”.
Sin nombrarlo, Libarona hizo una clara referencia al expresidente Alberto Fernández, quien está procesado por una denuncia por violencia de género realizada por su exesposa Fabiola Yañez: “Hubo parlanchines políticos que decían que se iba a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no es lo que sucedía”, y agregó: “El pueblo quiere concluir con este nefasto período de hipocresía de género”.
A colación trajo frases de Milei y añadió: “La falta de personal, estructura, misiones y planes de cómo se trató la violencia motivó el cierre a un organismo que no dio soluciones a sus tareas”. “La prevención de la violencia pasa por la prevención, la educación y el castigo y nuestro compromiso es con la sociedad”, enfatizó.
Por otro lado, sumó que “recibimos un país con millones de pobres y una economía devastada, niños pobres y mayores vulnerados, y estos son los problemas reales de los argentinos”. Con relación a las tareas que dejaron de hacerse en el ministerio cerrado, reiteró que se trató de una ·superposición de tareas de distintos poderes que no debe justificarse”.
“La violencia es violencia sin importar el género, el Estado no fue la solución, fue la problemática y la hipocresía progresista por la que se beneficiaron unos pocos no prestaba utilidad y era un gasto inútil para los argentinos”, remarcó el ministro de Justicia, quien señaló que los casos por violencia de género “nunca se redujeron en estos años con el ministerio, por el contrario, aumentaron sistemáticamente”.
En medio de la tensión entre los diputados de la oposición y las mujeres presentes del “Observatorio de falsas denuncias”, el funcionario lanzó que el Gobierno nacional “rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alineen con la biología”, y añadió: “Son inventos subjetivos. Se acabó el género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.
De inmediato, la diputada radical Carla Carrizo cruzó al ministro: “Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a respetar las leyes argentinas, no importa lo que usted piense”. “Estudie y respete todos los derechos porque me parece una falta de respeto a todos los diputados que estamos acá”, agregó.
De la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro añadió: “Solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros”. También, le señaló que “usted no puede desconocer que ser gay, lesbiana, travesti, transexual, en los ´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer”.
En el marco de la visita del ministro de Justicia a la Comisión de Mujeres, un grupo de mujeres del “Observatorio de falsas denuncias” tuvo un duro cruce con la diputada Vanina Biasi, quien acusó a sus referentes de “defender a violadores”.
Mientras el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, exponía ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados en la sala del segundo piso del Anexo “C”, se desató un escándalo que tuvo aplausos, gritos y acusaciones por parte de un grupo del “Observatorio de falsas denuncias” que acompañó la exposición del funcionario, cuyos miembros fueron invitados por La Libertad Avanza.
Primero, el grupo aplaudió al ministro cuando éste refirió que “se acabó el género, vamos por otros valores como la familia y la educación y rechazamos las identidades sexuales con ideología”; y luego hubo un fuerte cruce con la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acusó al grupo militante de “defender a violadores”.
Ante el escándalo y los gritos, la titular de la comisión, Mónica Macha, consultó al ministro respecto de si el grupo había sido invitado por él. Al no tener respuesta, Macha solicitó al personal de Seguridad el retiro del grupo de mujeres que estaba sentado en el fondo de la mesa central de la sala. Ahí fue cuando la diputada rionegrina oficialista Lorena Villaverde dio aviso de que estaban invitadas por el oficialismo.
El caos se adueñó de la sala y los gritos sobrepasaron cualquier exposición. En ese momento, la diputada Biasi le señalaba a la oficialista Juliana Santillán: “Sé muy bien lo que hace la señora (Patricia) Anzoátegui. La conozco muy bien, no son opiniones. Se pone a defender a violadores”, en alusión a una de las referentes del observatorio. Las invitadas del oficialismo portaban remeras con la leyenda “basta de denuncias falsas”.
Biasi fue más allá con sus acusaciones: “Se ponen a defender a violares, por eso tienen candidatos como (Germán) Kiczka ustedes”, al referirse al legislador misionero prófugo de la justicia con pedido de captura internacional acusado de integrar una red de pedofilia. Y cerró, en medio de los gritos de las invitadas: “Saquen a esa barra de pedófilos”.
El ministro de Justicia asistirá a una reunión informativa este martes, a las 15. En la previa de su visita, hubo cambios en el programa "Acompañar", de asistencia a víctimas de violencia.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados recibirá al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocado para ser consultado por las políticas en materia de género encaradas por el Gobierno nacional. El encuentro se realizará desde las 15 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.
La comisión presidida por la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha había acordado su citación a raíz de la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia.
Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Y desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.
Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yáñez.
Ante la advertencia de la oposición sobre la “falta de políticas de género” por parte del actual Gobierno, la Comisión de Mujeres convocó a Cúneo Libarona.
En la previa de su presentación, se publicó este lunes en el Boletín Oficial una modificación sobre el acceso al programa "Acompañar", destinado a víctimas de violencia de género, mediante el decreto 755/24. A partir de esta reforma, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.
Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según revelaron fuentes del Ministerio de Justicia, “se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política”. Sin dudas, será uno de los temas de discusión en la reunión que se espera.
El Colegio de Escribanos de CABA inauguró la 45° Convención Notarial, encabezado por su titular Jorge De Bártolo, quien destacó el encuentro. La jornada académica continúa estos días.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires inauguró este miércoles la 45° Convención Notarial con un acto encabezado por el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y la presidenta del Tribunal de Superintendencia del Notariado, María de las Nieves Macchiavelli Agrelo.
El titular de la institución Jorge De Bártolo destacó el valor de este encuentro académico “que piensa y proyecta los desafíos de tener una profesión acorde a las necesidades de la sociedad”. También auguró “la disponibilidad y la capacidad del notariado de la Ciudad de Buenos Aires para seguir colaborando con la desburocratización del Estado”.
“Nuestro conocimiento y experiencia nos permiten ser actores clave en la modernización de los procesos y en la simplificación de los trámites, para mejorar la eficiencia administrativa”, siguió.
En esa línea, De Bártolo subrayó el ejemplo de países que se encaminaron con procesos exitosos de sucesiones notariales: “Hay antecedentes de implementaciones similares, tanto en países de América (como Chile, México o Perú), como de Europa continental, (España, Francia e Italia): los procesos voluntarios no contenciosos en sede notarial son el más claro ejemplo de esta tendencia a nivel mundial”.
Por su parte, el ministro Cúneo Libarona valoró: “Realmente siento un enorme orgullo y prestigio por parte de los escribanos. Ustedes dan fe, sus manifestaciones se tienen por ciertas en las escrituras, comprobaciones de hechos, certificaciones, son confiables y creíbles por ley. Y ustedes, ojalá, necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el gobierno con divorcios y sucesiones, para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle trámites en la vida. Nosotros contamos con ustedes”.
La conferencia de apertura estuvo a cargo del director general del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, Bernardo Mihura de Estrada, con el tema “Una nueva mirada sobre la actividad registral inmobiliaria”.
La jornada académica continuará este jueves y viernes, que tendrá como protagonista en la conferencia de clausura al Inspector General de Justicia de la Nación, Daniel Vítolo, quien expondrá sobre “Análisis del nuevo marco normativo de la Inspección General de Justicia”.
Según reveló la titular de la comisión, la diputada Mónica Macha, el ministro de Justicia pidió reprogramar la convocatoria. Lo habían citado ante la alerta por las políticas de género.
Fue suspendida la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados a la que había sido convocado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de interrogarlo sobre “la falta de políticas de género” por parte del Gobierno.
La visita del funcionario estaba prevista para este jueves a las 15, pero según reveló la titular de la comisión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha, el funcionario "pidió reprogramar" el encuentro. De esta manera, la nueva fecha es para el próximo 27 de agosto, a las 15.
En su última reunión, la comisión acordó citar al ministro para consultarlo sobre la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia. También se proponían interrogarlo por la "falta de políticas de género".
Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.
Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente en el ojo de la tormenta por la denuncia por violencia de género que presentó su expareja Fabiola Yáñez. Un tema que sin dudas iba a ser también centro de la reunión que se suspendió este jueves.
La Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia desde mayo y la comisión a cargo de Mónica Macha busca hacer consultas sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades.
Tal cual fue anunciado en el último encuentro, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa para este jueves 8 de agosto a las 15, a la que fue invitado el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
A cargo de Mónica Macha (UP), la citación al funcionario es para que sea interpelado respecto al cierre de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, y sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades.
El 23 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 451/24 que informó que la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género pasaría a estar de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Justicia de la Nación. Así las cosas, la presencia del funcionario no está confirmada aún.
En el mes de junio pasado, la Comisión de Salud Pública y Acción Social había citado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando fue invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera. Sin embargo, la funcionaria desistió de asistir al Congreso en dos oportunidades.
En la reunión de este martes se dictaminaron más de 20 proyectos, entre los que se destaca uno de Karina Banfi que amplía facultades a jueces ante denuncias. La titular Mónica Macha explicó que la convocatoria para con el funcionario es por el cierre de la Secretaría de Géneros y Diversidades y la "falta de políticas" en la materia.
La Comisión de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para recibir a integrantes del colectivo de Periodistas Argentinas en el marco de la denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral contra Pedro Brieger, quien formó parte de diferentes medios de comunicación en la órbita privada y pública.
En el inicio del encuentro, la titular Mónica Macha anunció la intención de formalizar la citación al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para el próximo jueves 8 de agosto a las 15 para que informe sobre el cierre de la Secretaría de Géneros y Diversidades y sobre "la falta de políticas de género" en esta gestión. La petición será elevada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Luego de escuchar a las invitadas de PA, la comisión procedió a dictaminar una serie de iniciativas de resolución, declaración, pedidos de informes y repudios, entre los que se destaca el proyecto de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -Ley 26.485- y modificaciones del artículo 27, sobre facultades de los jueces, impulsado por la diputada radical Karina Banfi y la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.
Con relación a este texto, la diputada radical explicó que confiere a “órdenes de restricción y alejamiento del agresor, custodia y otras cuestiones” para “que sean obligatorias para el juez, en las 24 horas que se emita la denuncia, para repeler al ataque que está denunciando cada una de las víctimas”. “De los 136 femicidios en 2024, 19 víctimas habían solicitado alguna medida urgente de protección”, informó.
En el final de la reunión, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma más de 20 proyectos de resolución, declaración y expresiones de beneplácito impulsados desde el oficialismo, el radicalismo, Unión por la Patria, el Pro, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Desde el colectivo de Periodistas Argentinas, la primera en hablar fue su titular Claudia Acuña, quien informó que “el 84% de las integrantes de PA sufrió violencia y acoso”, y aseveró que “no es ajeno a la política porque venimos a que nos escuchen”.
Del mismo modo, expresó: “Que no suframos violencia depende de ustedes porque para este pedido no hay grieta”. “No venimos para una selfie, venimos a armar un grupo de trabajo y necesitamos que se legisle sobre el acoso porque hay conductas asquerosas que vivimos todos los días”, concluyó.
De la misma manera, la conductora de televisión Agustina Kämpfer se refirió a las denuncias contra Brieger y amplió: “Este hecho no escapa a los ámbitos laborales y académicos, y necesitamos que este problema baje al recinto para proteger a las mujeres”. Sumó, además, que “logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres”.
También, María Cecilia Guardati manifestó que Brieger “actuó durante 20 años de esta forma”, y añadió: “No es el único caso que enfrentamos de este tipo y muchas compañeras dudaban en dar el nombre o no porque siempre hay consecuencias laborales (pérdida del puesto)”. “No pedimos solo el perdón (de Brieger), sino una reparación”, enfatizó.
El abogado Juan Pablo Gallegos agregó que el tema “se ha manejado con seriedad y ha sido efectivo ya que nunca vi a un agresor sexual asumiendo los hechos”. Sumó que “es interesante generar este grupo de trabajo porque tenemos un hombre incurrido en más de 20 hechos con matices distintos”.
La última en exponer fue Inés Hayes, quien afirmó que “todas hemos sufrido acoso”, y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional: “El Gobierno nacional está tirando por tierra todas las políticas de género y en un contexto de crisis, se recrudecen las violencias con la precarización laboral”.
Al finalizar las expresiones de las integrantes de Periodistas Argentinas, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma 24 iniciativas respecto a declarar de interés el 3° Congreso Nacional Mujeres conductoras a celebrarse del 24 al 26 de mayo del 2024 en Bariloche, de la oficialista Lorena Villaverde; el 36° festival la Mujer y el Cine, a realizarse del 2 al 5 de mayo de 2024 en CABA, de la kirchnerista Gabriela Pedrali; y al observatorio nacional de crímenes de odio LGBT+, de Esteban Paulon.
Avanzaron, también, los beneplácitos impulsados por Micaela Morán respecto al 12º aniversario de la sanción de la Ley N.º 26743, la conmemoración del día internacional de la higiene menstrual, el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y el día internacional del orgullo LGBTTIQ+.
También obtuvieron despacho los repudios contra las declaraciones discriminatorias del escritor Nicolás Márquez relacionadas con las personas homosexuales, presentados por Marilú Quiroz (Pro) y Mónica Frade (CC); y a la decisión del Poder Ejecutivo de cambiarle el nombre al “Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario” de la Casa Rosada por “Salón de los Próceres”, de Gisela Marziotta.
De igual manera, tuvieron aval los pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; arbitrar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del Consejo Nacional de la Mujer; y la reglamentación de la Ley 27.533, de la radical Carla Carrizo.
También, los pedidos de informe al Poder Ejecutivo de las radicales Natalia Sarapura y Marcela Coli respecto al cumplimento de las leyes nacionales 27.039 -Fondo Especial de Difusión de la Lucha Contra la Violencia de Género- y 26.485 -Protección Integral a las Mujeres-; cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 26.485; y la continuidad de la “línea 144”.
Finalmente, pasaron a la firma el proyecto de Mónica Macha para incorporar concepto de “violencia vicaria” en la Ley 26.485 y la modificación impulsada por Karina Banfi y Pamela Calletti a las facultades de los jueces ante denuncias por violencia de género, que también comprendía un texto presentado por la diputada del Pro, Silvia Lospennato.
Con la firma de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, la iniciativa establece que "la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación hasta la elevación a juicio".
Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, firmado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), para establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.
La modificación al Código en el articulo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.
De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.
A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.
INLEG-2024-73005764-APN-PTEDe igual manera, también ingresó el texto del Poder Ejecutivo que toma de referencia anteriores iniciativas impulsadas por el ministro de Defensa, Luis Petri; y los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Alberto Asseff (MC) y Graciela Camaño (MC).
Esta redacción menciona que el juicio en ausencia se aplica en naciones como España, Italia, Alemania, Austria y Francia y propone que “bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva”.
INLEG-2024-73005632-APN-PTE
El ministro Cúneo Libarona afirmó que “esto no es un invento, esto existe en el mundo”, mientras que Bullrich destacó la decisión de que sea impulsado por primera vez desde el Poder Ejecutivo.
Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunciaron el envío de un proyecto de ley para establecer el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.
Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Bullrich destacó que esta es “la primera vez” que la iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”.
La ministra recordó que en el Congreso se debatieron distintos proyectos, y “de todos se sacaron ideas”, pero esta vez hay “un salto de calidad”. “Algunos apoyarán este proyecto porque tendrán la consciencia de no ser parte de la impunidad y otros dirán ‘bueno, pero el derecho tradicional’... El derecho siempre está vivo y crece con las necesidades de la sociedad”, sostuvo.
Si bien mencionó la causa AMIA, la funcionaria aclaró que “este no es un proyecto con nombre y apellido, va a caber para muchas más causas de las que podemos imaginar. Sería mal de nuestra parte legislar por una causa”.
La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez.
En la conferencia, Cúneo Libarona mencionó que cuando los imputados se fugan y eluden el accionar de la justicia, “el proceso puede seguir varios caminos, pero todos los caminos son injustos, porque el expediente se paraliza, no avanza, o lo hace poco y sin rumbo, o directamente se archiva. La víctima o los familiares que sufrieron el delito se quedan un largo tiempo sin respuestas ni justicia” mientras el acusado “transita su vida por el mundo, hace pito catalán y se burla de la administración de justicia, la víctima y toda la sociedad”.
Tras mencionar los “principios rectores” del Gobierno en materia judicial, el ministro abogó por pasar de “una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”.
Sobre la iniciativa, explicó: “El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”.
“La prueba no se pierde, esto es fundamental”, subrayó y reiteró que “se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio” con la provisión “al imputado de un adecuado asesoramiento legal; no se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia”.
El proyecto está planteado para delitos graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad), desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva.
“Esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado: en España, Alemania, Austria, Francia, Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal”, afirmó Cúneo Libarona, quien cerró: “Esperamos que los diputados y senadores nos acompañen. Vamos por mucho más, esto es solo una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán”.
Al comenzar su intervención, Bullrich recordó: “Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el Pacto con Irán. Lo que hacía era poner a los autores de un hecho, buscados por la Justicia argentina, con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Lo votaron para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia para las víctimas”.
No obstante, apuntó que “mucha gente puede pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, pero lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual”.
“Me encantaría como ministra de Seguridad que esto le caiga también a narcotraficantes, que se esconden con su plata y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas, que viven defraudando al Estado, pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso”, expresó y señaló que se seleccionaron “los delitos gravísimos, los que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad”. Pero, prometió que buscarán luego avanzar con “delitos de crueldad, de muerte o de crimen organizado”.
Bullrich añadió que “esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia para todos aquellos que de lejos están viendo a los asesinos y están sintiendo la impunidad”.
Lo anunciaron de forma conjunta en conferencia de prensa los ministros de Seguridad y de Justicia, respectivamente, quienes expresaron: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad". El detalle de la iniciativa.
Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.
"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.
En tanto, agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".
“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.
La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.
“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 28, 2024
La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.
Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.
Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.
Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.
Delito de adulto, pena de adulto.
Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.
Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024
Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.
“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.
“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.
PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO
Juan Manuel López reaccionó airado luego de la defensa del ministro de Justicia al juez propuesto para la Corte Suprema y que criticara a los que lo cuestionan.
Previsiblemente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona defendió la postulación que hizo el Gobierno del juez federal Ariel Lijo para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia.
Frente a los múltiples cuestionamientos que a diario se escuchan contra el magistrado, Cúneo Libarona dijo que escuchó a “gente que no tiene ni idea de lo que está opinando”, señalando que por el contrario Lijo “no solo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores”.
En su encendida defensa, Cúneo dijo que todas las denuncias que se hicieron contra el juez federal “fueron juzgadas, terminadas y archivadas”. Además, agregó que “todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito”.
Los primeros en emprenderla contra el juez Lijo fueron los diputados de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, quien nunca quiso a este magistrado y fue la primera en objetarlo.
Los dirigentes de su partido anunciaron la presentación de una impugnación al pliego afirmando que “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, afirmando que “fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y el dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”.
“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”, recordaron los dirigentes de la CC.
Lo cierto es que ahora el diputado Juan Manuel López salió al cruce del ministro diciendo: “Para Mariano Cúneo Libarona los que los que hablamos de Ariel Lijo no tenemos ni idea. Esa soberbia le sirvió en los 90 para hacer plata reventando el prestigio de su familia. Ahora este viejo degenerado judicial está matando lo poco que queda de transparencia, de eso él tiene idea”.
No sorprende que el saca presos VIP, abogado de los Narcos y corruptos más grandes de la Argentina, defienda a su cliente. https://t.co/eznjzn0nbH
— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 27, 2024
Mariano Cúneo Libarona justificó la introducción de ese uso y costumbre en el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara baja.
En un pasaje de su exposición, Mariano Cúneo Libarona se refirió al uso de la toga por parte de los jueces, y trató de explicar su propuesta.
¿A qué obedece la toga? “Hay que estudiar historia -recomendó-. En el año 1919, el año que nacía mi papá, hubo un famoso escritor español, de Barcelona, Osorio Gallardo, que escribió un libro que se llamaba ‘El alma de la toga’. ¿Y a qué obedece la toga? Es distinción, ante las personas que integran un juicio. En 28 capítulos y ahí está el fundamento”.
El ministro de Justicia continuó señalando que “la toga ya existe en varias provincias. Los motivos: en 28 capítulos, Osorio Flores, ya funda en el alma de la toga las 28 razones de la toga, que seguro las estudió mucho mejor que cualquiera de nosotros”.
Asimismo contó que “en el país existe, no fue un invento”. Puso el ejemplo de Mendoza, donde comenzó a regir en 2020. Contó además que “lo ha sostenido el doctor Rozenkrantz en la Corte, y en el ámbito internacional, existe: Yo lo he visto en la CIDH, en la Corte Penal Internacional, en el tribunal de derechos humanos, en La Jaya,. Y es respeto”. ¿Quienes usan toga? Los jueces británicos, la jueza Carmen Argibay, es algo aceptado en todo el orden mundial.
Y cerró el tema: ¿Cambia algo? “Nada, ¿vamos a dejar sin efecto el juicio por jurado?”.
El diputado de izquierda arrancó su intercambio con el ministro de Justicia preguntándole si había participado alguna vez de una manifestación.
En la parte final de la extensa jornada en la que se discutió sobre la ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado Christian Castillo quiso hacerle al ministro de Justicia una pregunta que Mariano Cúneo Libarona contestara en ese momento. No fue posible, porque el presidente del plenario le aclaró que debía esperar a que a la hora de las respuestas, el funcionario le sacara su duda. Que no era otra que saber “si él o gente de su entorno participó alguna vez de una movilización donde se cortó la calle”. Quería la respuesta para continuar con su argumentación, por cuanto sostuvo que “él afirmó algo que es absolutamente falso, que una persona que corta una calle está cometiendo un delito, es decir que es un delincuente”.
Luego abundó contando que él mil veces fue a marchas y que nunca le pasó nada. Pero a la hora de las respuestas, el ministro de Justicia fue taxativo: “Yo nunca corté una calle, ni participé de una manifestación en la calle; yo siempre trabajé , no tuve tiempo para ir a cortar calles, tenía que trabajar para pagar el colegio de los chicos”.
“Y tenemos una visión de la atipicidad bastante distinta. La atipicidad es la adecuación de una conducta a una figura legal. A mi juicio, con todo respeto, usted confunde lo que es el derecho a la protesta y la manifestación, con lo que yo consideré el derecho a huelga, que es lícito, con lo que es la perturbación, entorpecimiento, cortar una calle, amenazar, dañar y las distintas conductas punitivas que se prevén, por eso en cuanto a temas de tipicidad, con todo respeto, diputado Castillo, yo no voy a discutir con usted; lo invito, hay libros de autores de Derecho Penal parte especial, que prevén la descripción de las conductas del artículo 194 y a ellas me remito”.
Serán tres entonces los representantes del Poder Ejecutivo que expondrán este martes en el plenario de comisiones que comienza a analizar la ley de Bases.
A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).
La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.
Por la trascendencia del evento, estará presente y también hablará en la apertura el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tal cual informó temprano parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La novedad se conoció pasado el mediodía, al informarse que también se presentará este martes el procurador del Tesoro Rodolfo Barra.
Para este miércoles, y posiblemente el jueves también quedarán los restantes funcionarios que concurrirán al Congreso: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.
No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.
En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).
En un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, el pedido abarca a funcionarios del Poder Judicial de CABA , 5 provincias y de la Defensoría General de la Nación.
En su segundo día de gestión, el Gobierno de Javier Milei le solicitó al Senado el retiro de pliegos de 62 funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de Defensa (MPD). Los mismos habían sido enviados por el jefe de Estado saliente, Alberto Fernández.
El pedido fue coordinado entre el presidente de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De ese modo, Cúneo Libarona expresó: "Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”.
La medida trata sobre 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.
Cabe recordar que en los primeros del gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández ordenó retirar 200 pliegos que aguardaban ser votados en el Senado, después de haber recibido tratamiento por parte de la Comisión de Acuerdos durante la gestión de Mauricio Macri.
El trámite para la designación de jueces inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, 4 senadores y diputaciones nacionales, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.
Luego, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.
Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.
Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.