El ex diputado nacional, peronista de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó un pedido de Juicio Político para remover al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por su declarada decisión de eliminar el 'femicidio' del Código Penal.

Rodríguez se presentó en el trámite en su calidad de particular, como "ciudadano argentino y profesor universitario", y argumentó que el titular de la cartera de Justicia “argumentó falsamente de que hoy se le está otorgando un privilegio a las mujeres en detrimento de los varones, cuando en realidad se sanciona especialmente a quien mata a una mujer por el hecho de ser mujer".

"Cúneo Libarona debe ser removido de su cargo. La decisión del Ministro implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de 'mal desempeño en el ejercicio de sus funciones', en los términos que fija el artículo 53 de la Constitución Nacional, como causal para someter a Juicio Político a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional", sostiene la presentación, que ya lleva el número de Expediente 0141-P-2024 en el trámite de la Cámara de Diputados.

LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL PEDIDO

Entre los principales fundamentos que avalan el pedido de Juicio Político, presentado ante las autoridades de la Cámara de Diputados y dirigido al presidente de ese cuerpo, Martín Menem, se destacan los siguientes:

"Cuando el Ministro de Justicia anuncia que van 'a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional', lo que de manera siniestra se pretende instalar es que el femicidio constituye la acción de quitarle la vida 'a una mujer', cuando en realidad se trata de algo muy distinto: quitarle la vida a una persona precisamente por 'ser mujer'", argumenta Rodríguez en su presentación.

"Matar a mujeres por ser mujeres es la máxima expresión de la violencia machista, una realidad que el Ministro de Justicia niega, de manera imperdonable", afirma el escrito.

Y agrega: "La evidencia lleva a pensar que al Ministro no le importa que el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su informe del año 2023, haya señalado que 'entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 322 víctimas de femicidio confirmadas' en Argentina, y que la misma oficina, en su último informe parcial, detectó 147 víctimas de femicidio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024".

"El Juicio Político se solicita porque el Ministro quiere cambiar el Código Penal para perjudicar a las mujeres, con el falso argumento de que hoy están siendo privilegiadas. Esa decisión, por parte de un altísimo funcionario público, genera un grave peligro social", expresa "Topo" Rodríguez.

Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado nacional

Y continúa: "Es clarísimo lo que establece el Código Penal: se impondrá reclusión perpetua, o prisión perpetua, al que matare a una mujer cuando en el hecho mediare violencia de género. Por lo tanto, el Código Penal vigente no viola la igualdad ante ley, sino que pretende proteger a la mujer en un país en el que, entre otras razones, se mata por cuestiones de género".

El escrito también señala que "la posición del Ministro se contrapone con los lineamientos conceptuales y la experiencia práctica del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Ese Registro dependiente de la Corte -agrega Rodríguez en su presentación- adhiere al concepto que proviene de la Declaración sobre el Femicidio, aprobada en la IV Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), de 2008, y lo entiende como 'La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión'. Dicho concepto fue actualizado en 2018, incorporando la noción del 'hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer'", planteó.

LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá expedirse sobre el pedido para remover de su cargo a Cúneo Libarona, se constituyó el 10 de abril de 2024 y está presidida por la diputada oficialista Marcela Pagano, la vicepresidenta primera es Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica; y Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, es el vicepresidente segundo.

Además, integran esa comisión, entre otros: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Hugo Yasky y Guillermo Snopek (todos ellos del bloque Unión por la Patria); Fernando Carbajal, radical del bloque Democracia para Siempre; Oscar Zago, del MID; Lisandro Almirón y Nicolás Emma, de La Libertad Avanza; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; así como Juan Brügge y Emilio Monzó, del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Para avanzar en el trámite, la comisión comienza su trabajo con una etapa de "análisis previo" y, luego, continúa con un "proceso informativo". Según establece su reglamento interno, la comisión puede convocar "a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad".

En esa instancia, podría citar al propio ministro Cúneo Libarona, al ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y a testigos o representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan elementos para aportar. Posteriormente, en su "etapa resolutiva", la Comisión emite su dictamen definitivo.

Si se encontraran motivos fundados para avanzar con el Juicio Político, el trámite se elevará a la Cámara de Diputados para tratar la acusación. De aprobarse en esa instancia, deberá remitirse al Senado para su tratamiento final.

Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.

El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.

La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.

En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.

Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.

“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.

Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.

Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.

Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.

El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.

Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.

“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.

Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.

“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.

Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.

En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.

Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.

El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.

En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.

El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.

“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace?  para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.

Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".

"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.

“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.

El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.

“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.

El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.

“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.

Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.

“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.

Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.

“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.

El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.

“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.

Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.

“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley tendiente a la modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, "ante la necesidad de producir en el funcionamiento judicial mejoras de orden cualitativo que se consideran indispensables con fundamento en las disponibilidades existentes en materia tecnológica", argumentó.

La iniciativa -que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- formaba parte de un capítulo que quedó afuera de la original Ley de Bases, al igual que la propuesta de divorcio simplificado.

En los escuetos fundamentos, el Poder Ejecutivo resumió que se busca: dotar de mayor simplicidad a las tramitaciones judiciales para agilizar procesos tales como el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación para aliviar la carga sobre el sistema judicial, promover la competencia y la libertad de los depósitos judiciales y establecer mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales.

Uno de los artículos establece que "los fondos depositados judicialmente solo pueden ser removidos por embargos o transferencias, mediante orden del juez o tribunal a cuya disposición fueron anotados”. Aquí se quita "por extracciones", algo que indica la legislación actual.

Respecto a la publicación de edictos judiciales, propone que ya no sea a través de los diarios sino en el Boletín Oficial.

Por otro lado, a la actual normativa que establece que el Archivo General del Poder Judicial de la Nación organizará y llevará al día un Registro de Juicios Universales, donde se deben inscribir, ordenadamente, los juicios de concurso preventivo, quiebra, protocolización de testamentos y sucesiones testamentarias y 'ab intestato' que se inicien ante los Tribunales de la Capital Federal", agrega que este registro público "estará disponible para su consulta por medios electrónicos".

"El Archivo General del Poder Judicial de la Nación estará formado por documentación en papel o en formato electrónico. Los expedientes correspondientes a nuevos juicios deberán archivarse en formato electrónico", suma.

El proyecto busca eliminar la obligación de que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectúen únicamente en el Banco Nación. El texto promovido por el Ejecutivo habla de que la entidad bancaria será "a elección de los tribunales, en la que el Estado Nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan participación accionaria".

"Podrán ser denominados en moneda local o en moneda extranjera. El Banco Central de la República Argentina podrá determinar las condiciones que las entidades deberán respetar para dichos depósitos", indica el texto y prevé que "los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en una institución se adecuarán a este régimen".

A su vez, "el juez interviniente a iniciativa de parte y previa conformidad de los actuantes en la causa, podrá optar por depositar en otra institución bancaria”, señala el articulado.

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

Puntos principales del proyecto

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto para sancionar una nueva ley de Decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos.

El funcionario disertó ante un seminario organizado por el estudio Marval, O'Farrell, Mairal, en donde defendió las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei en la lucha contra la corrupción y planteó: “No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”.

“El Gobierno de Javier Milei quiere que haya un profundo cambio y convertir a la Argentina en un país serio en el largo plazo. Estamos achicando el Estado y eso en sí mismo es luchar contra la corrupción", sostuvo en la apertura del encuentro sobre anti-corrupción e investigaciones organizado por la firma de abogados y sumó: “Menos Estado es menos delito”.

Cúneo Libarona sostuvo: “Nuestra legislación es clara en referencia al tema del compliance. Están claros en nuestra legislación los alcances y las responsabilidades, tal vez falten incluir delitos como el lavado de dinero”, y opinó: “Para mí el centro del tema está en impulsar programas de integridad con responsabilidades y procedimientos claros. Nuestra ley responde a los compromisos internacionales y es un avance en la lucha contra la corrupción pública y privada. Es una nueva cultura de cumplimiento positiva, que fomenta los valores éticos”.

En otro tramo de su discurso, el ministro llamó a la UIF (el organismo anti lavado) a "despertarse de la siesta del pasado, para encarar una sería negociación con el GAFI". En ese sentido, el ministro hizo un anuncio sobre un cambio que espera conducir en ese rubro: "Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado en el Congreso para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito”.

También adelantó que impulsará una ley de "ficha limpia", para limitar que las personas involucradas puedan presentarse como candidatos en las elecciones. Además, el ministro dijo: "Estamos luchando contra los juicios falsos y estafas procesales para obtener beneficios del estado de forma irregular".

Según Cúneo, el decomiso de bienes obtenidos mediante delitos "debe ser rápido, no tiene sentido que haya autos o aviones en un depósito".

Por su parte, el presidente del estudio, Santiago Carregal, manifestó: "El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto. No podemos aspirar a insertarnos de nuevo en el mundo sin mejorar nuestros indicadores en esta materia. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público, porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos trabajar para un futuro mejor".

Los diputados de Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Confianza Pública (CP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevén expresar su “más enérgico repudio” a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acerca de la diversidad sexual.

En los fundamentos de la iniciativa los legisladores plantearon que observaron “con mucha preocupación que la persona que tiene a su cargo la Cartera de la cual dependen las políticas de prevención de las violencias por motivos de género y contra la discriminación, sostenga un discurso abiertamente misógino, biologicista, discriminatorio y anacrónico”.

“Las expresiones construyen sentido y eso en sí mismo constituye un peligro en términos del efecto social legitimador que implica. Esa es la batalla cultural que se está librando en contra de la igualdad y la justicia social. Pero, además, estas ideas tienen un correlato concreto que se refleja en la retirada deliberada del Estado del objetivo de erradicar la violencia con motivos de género a través del recorte y el ajuste de programas y equipos destinados a eso”, continuaron.

Al mismo tiempo que indicó que “estas declaraciones implican un retroceso de décadas y un ataque directo a conquistas históricas de derechos y consensos que no pueden volver a discutirse y a ponerse en cuestión. No hay más lugar para la violencia y la intolerancia”.

La iniciativa lleva la firma de Juan Pablo Modarelli, Matías Barroetaveña, María Bielli, Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Juan Pablo O´Dezaille, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Delfina Velázquez, Franco Vitali (UP), Aldana Crucitta, Francisco Loupias, Lucio Lapeña, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev) y Graciela Ocaña (CP).

La Universidad de Buenos Aires, a través de una resolución, manifestó el repudio a las recientes declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en las que cuestionó la diversidad de identidades sexuales.

Durante una intervención ante la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, el ministro Cúneo Libarona afirmó: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología; son inventos subjetivos”.

En referencia a estos dichos, la Universidad de Buenos Aires manifestó su repudio a través de una resolución “ad referéndum del Consejo Superior”. Entre los considerandos de la misma afirma que tales expresiones “desconocen las bases legales y constitucionales de nuestra Nación y los derechos que tienen todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual“.

Además, destaca que “en la Universidad de Buenos Aires se profesa la libertad, el respeto y la dignidad de las personas sin importar su orientación sexual, identidad de género, etnia o religión y se promueve la autonomía y la inclusión de las personas”. Y enfatiza: “La perspectiva de género es una herramienta que se trabaja en forma transversal en todas las políticas desarrolladas en esta Universidad a fin de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades”.

La UBA resolvió expresar su repudio a estas expresiones y reafirmar así el compromiso de la Universidad con los derechos de las mujeres y diversidades, así como el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y de género.

Silencio. Así reaccionó la Casa Rosada ante otra mala semana impensada para el presidente Javier Milei y su mesa chica de gobierno; la anterior, el Congreso le rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el aumento de fondos para la nueva SIDE y sancionó un aumento a los jubilados, acorde a la alta inflación de meses atrás, pero en estas horas le sumó “errores no forzados” -como se dice en el tenis- a la sangría que sufrió con la baja de una diputada y un senador libertarios y la desprolija presentación que hizo en comisión el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Para colmo, las desprolijidades -es difícil caracterizar tantos errores no forzados- pusieron en el ojo de la tormenta nada menos que a Santiago Caputo, el mentor de Milei e integrante ahora de la mesa chica junta a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Caputo es cuestionado tanto en Casa Rosada como en el Congreso porque mientras se resolvían dos temas claves como el avance opositor sobre el DNU de la SIDE -idea suya la de engrosar astronómicamente sus fondos para esta época de vacas flacas- y la reforma y aumento de la movilidad jubilatoria, él estaba de “vacaciones” en la Patagonia.

Pero también el senador Francisco Paoltroni, quien estuvo a punto de ser presidente provisional del Senado por La Libertad Avanza (LLA) al elegirse autoridades en diciembre pasado, puso el dedo en la llaga con fuertes dardos dirigidos milimétricamente hacia el asesor Caputo.

Mes a mes, últimamente son cada vez más los que salen del secretismo y se animan a criticarlo. Y en Casa Rosada los que están furiosos son los ministros, ya que toma decisiones por ellos en temas legales en los que él, finalmente, no pone la firma.

En paralelo, uno de los dos candidatos a la Corte Suprema, el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, ingenuamente, ante una pregunta de un senador, blanqueó que fue Caputo el que le ofreció el cargo para integrar el máximo tribunal de justicia de la Nación.

“Nunca vi al presidente Javier Milei. Fue Santiago Caputo el que me ofreció el cargo y lo volví a ver hace poco en Casa Rosada, porque él quería saber cómo me estaba preparando para esta audiencia en el Senado”, sostuvo, naif, García Mansilla.

De esa forma, Santiago Caputo -quien siempre se manejó entre bambalinas y en estricto secreto- quedó en el tapete: cuestionado por dentro y también por fuera, incluso por el expresidente Maurcio Macri, otro que lo eligió como blanco para castigarlo, cansado de sucesivas reuniones que, según el líder del Pro, nunca terminaron en algo concreto.

La Casa Rosada tomó nota de esa mini catarata de contrastes y el martes y este jueves no realizó la habitual conferencia de prensa diaria del vocero presidencial Manuel Adorni.

“La teníamos servida con Alberto Fernández y Fabiola y la complicamos nosotros mismos”, rezongó un funcionario en la Casa de Gobierno.

Por eso, este jueves la mesa chica evaluó que había mucho para perder y poco para ganar si se daba la tradicional conferencia de prensa diaria, a sabiendas que las preguntas de los periodistas estarían probablemente enfocadas en esos problemas.

Asimismo, no quedó claro aún y hay disparos internos hacia uno y otro lado sobre la responsabilidad que hubo en el oficialismo ante los contrastes por la SIDE y la movilidad jubilatoria.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no participó en esos temas. Y se sabe que él negocia cuando lo habilitan. Caputo estaba en la Patagonia. Y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedó también cascoteado por las críticas de la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien lo responsabilizó por la visita de legisladores de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

Precisamente, el tema de los negociadores ante el Congreso ha sido un problema recurrente de la mesa chica libertaria. Entran unos a negociar, los retiran, vuelven a entrar y así sumaron contrastes ya desde la primera etapa de discusión de la Ley de Bases.

Tras la polémica presentación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, un grupo de diputadas del Pro emitieron un comunicado en el que expresaron su "preocupación" y le recordaron al funcionario que "no puede desconocer la normativa vigente".

Silvia Lospennato, Belén Avico, María Sotolano, Silvana Giudici y Sofía Brambilla, todas integrantes de dicha comisión, manifestaron su "profunda preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia" en "abierta oposición a la normativa vigente en nuestro país en materia de violencia e identidad de género".

"Desde nuestra Constitución Nacional el Estado argentino asumió la defensa de las mujeres víctimas de violencia y ampliación de derechos en sus artículos 16, 43, 75 inc. 22,23. Asimismo nuestro país contrajo obligación internacional suscribiendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer", resaltaron.

Asimismo, enumeraron que "el Congreso Nacional a lo largo de estos años dictó normas como la Ley 23.592 contra Actos Discriminatorios, la Ley 25.087 de Delitos contra la Integridad Sexual, Ley 26.791 Femicidio, Ley 27.039 Línea 144, Ley 27.363 quita de responsabilidad parental a femicidas, por mencionar sólo algunas de ellas".

"En un Estado de Derecho se garantiza la aplicación imparcial de las normas. Es por eso que afirmamos que la autoridad máxima del Ministerio de Justicia no puede desconocer la normativa vigente ya que es su obligación ineludible velar por su cumplimiento independientemente de sus preferencias personales", concluyeron las legisladoras del bloque Pro.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien despachó una serie de críticas contra el ex Ministerio de la Mujer y detalló cuál es la política del Gobierno nacional en función de repeler la violencia. Acusó a la gestión anterior de tener “hipocresía de género e hipocresía gubernamental”.

Los diputados de la oposición presentes cuestionaron duramente al ministro por sus dichos respecto a que “nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexual que no se alinea con la biología”, cuando parafraseó dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, y exhortó que “se acabó la diversidad de género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.

Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Vanina Biasi, del Partido Obrero; la radical Carla Carrizo; Gabriela Estévez y Brenda Vargas Matyi, de Unión por la Patria cuestionaron las palabras de Mariano Cúneo Libarona en su interpelación.

Acompañaron al funcionario, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Florencia Zicavo, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Previo a responder las inquietudes de los legisladores presentes, el escándalo se hizo presente en la Sala del 2º piso del Anexo “C”, cuando un grupo de militantes, invitados desde el bloque oficialista, se cruzó con diputados opositores en medio de gritos y desorden.

La presidenta de la comisión Mónica Macha pidió saber quienes eran las personas invitadas, pero Cúneo Libarona respondió que no vinieron con él. De inmediato, solicitó al personal de seguridad el retiro de este grupo de mujeres, mientras la diputada libertaria Lorena Villaverde daba anuncio de que estaban invitadas por La Libertad Avanza.

Las mujeres invitadas que aplaudían los dichos del funcionario y se cruzaron con los opositores son integrantes del "Observatorio de falsas denuncias", una organización encabezada por Patricia Anzoátegui, abogada penalista especializada en causas de falsas denuncias. El cruce más duro se dio con la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien, en medio de los gritos, pidió que “saquen a esta barra de pedófilos”.

La exposición del ministro de Justicia

Comenzada su exposición, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó en detalle la situación en la que el nuevo gobierno encontró al organismo conocido como ministerio de la mujer devenido en una Secretaría dependiente de su cartera. “La juventud está harta del garrote ideológico porque el kirchnerismo despilfarró una oportunidad y la violencia no disminuyó y se incrementó”, inició.

Propuso brindar un informe de esta índole cada tres o cuatro meses y señaló que las denuncias por violencia “en el ámbito judicial son el 40% de las causas que están entrando”. Asimismo, cargó que “en 2023 hubo una paulatina desinversión y la violencia siguió latente”. Por otro lado, remarcó que “este es un tema que concierne al derecho”

Con relación al funcionamiento del organismo, Cúneo Libarona reveló: “Encontramos 1.000 empleados, pero solo 70 estaban trabajando presencialmente. Había 930 que trabajaban por zoom”. En detalle, relató que “consultamos quienes eran y la respuesta fue ‘no los conocemos’. Eran monotributistas que nunca se presentaron e ingresaron en los días previos al cambio de gobierno”.

“Nos encontramos con 48 direcciones, pero no existían planes (de trabajo), producción y no evaluaban casos. Se trató de personal no capacitado. Está probado un fracaso absoluto”, remarcó el ministro de Justicia, quien a su vez amplió que “no había botones antipánico, no se asistían a las víctimas y se abandonó en plena pandemia donde hubo un máximo de violencia”.

Sin nombrarlo, Libarona hizo una clara referencia al expresidente Alberto Fernández, quien está procesado por una denuncia por violencia de género realizada por su exesposa Fabiola Yañez: “Hubo parlanchines políticos que decían que se iba a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no es lo que sucedía”, y agregó: “El pueblo quiere concluir con este nefasto período de hipocresía de género”.

A colación trajo frases de Milei y añadió: “La falta de personal, estructura, misiones y planes de cómo se trató la violencia motivó el cierre a un organismo que no dio soluciones a sus tareas”. “La prevención de la violencia pasa por la prevención, la educación y el castigo y nuestro compromiso es con la sociedad”, enfatizó.

Por otro lado, sumó que “recibimos un país con millones de pobres y una economía devastada, niños pobres y mayores vulnerados, y estos son los problemas reales de los argentinos”. Con relación a las tareas que dejaron de hacerse en el ministerio cerrado, reiteró que se trató de una ·superposición de tareas de distintos poderes que no debe justificarse”.

“La violencia es violencia sin importar el género, el Estado no fue la solución, fue la problemática y la hipocresía progresista por la que se beneficiaron unos pocos no prestaba utilidad y era un gasto inútil para los argentinos”, remarcó el ministro de Justicia, quien señaló que los casos por violencia de género “nunca se redujeron en estos años con el ministerio, por el contrario, aumentaron sistemáticamente”.

En medio de la tensión entre los diputados de la oposición y las mujeres presentes del “Observatorio de falsas denuncias”, el funcionario lanzó que el Gobierno nacional “rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alineen con la biología”, y añadió: “Son inventos subjetivos. Se acabó el género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.

La respuesta de la oposición 

De inmediato, la diputada radical Carla Carrizo cruzó al ministro: “Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a respetar las leyes argentinas, no importa lo que usted piense”. “Estudie y respete todos los derechos porque me parece una falta de respeto a todos los diputados que estamos acá”, agregó.

De la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro añadió: “Solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros”. También, le señaló que “usted no puede desconocer que ser gay, lesbiana, travesti, transexual, en los ´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer”.

Mientras el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, exponía ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados en la sala del segundo piso del Anexo “C”, se desató un escándalo que tuvo aplausos, gritos y acusaciones por parte de un grupo del “Observatorio de falsas denuncias” que acompañó la exposición del funcionario, cuyos miembros fueron invitados por La Libertad Avanza.

Primero, el grupo aplaudió al ministro cuando éste refirió que “se acabó el género, vamos por otros valores como la familia y la educación y rechazamos las identidades sexuales con ideología”; y luego hubo un fuerte cruce con la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acusó al grupo militante de “defender a violadores”.

Ante el escándalo y los gritos, la titular de la comisión, Mónica Macha, consultó al ministro respecto de si el grupo había sido invitado por él. Al no tener respuesta, Macha solicitó al personal de Seguridad el retiro del grupo de mujeres que estaba sentado en el fondo de la mesa central de la sala. Ahí fue cuando la diputada rionegrina oficialista Lorena Villaverde dio aviso de que estaban invitadas por el oficialismo.

El caos se adueñó de la sala y los gritos sobrepasaron cualquier exposición. En ese momento, la diputada Biasi le señalaba a la oficialista Juliana Santillán: “Sé muy bien lo que hace la señora (Patricia) Anzoátegui. La conozco muy bien, no son opiniones. Se pone a defender a violadores”, en alusión a una de las referentes del observatorio. Las invitadas del oficialismo portaban remeras con la leyenda “basta de denuncias falsas”.

Biasi fue más allá con sus acusaciones: “Se ponen a defender a violares, por eso tienen candidatos como (Germán) Kiczka ustedes”, al referirse al legislador misionero prófugo de la justicia con pedido de captura internacional acusado de integrar una red de pedofilia. Y cerró, en medio de los gritos de las invitadas: “Saquen a esa barra de pedófilos”.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados recibirá al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocado para ser consultado por las políticas en materia de género encaradas por el Gobierno nacional. El encuentro se realizará desde las 15 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La comisión presidida por la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha había acordado su citación a raíz de la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia.

Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Y desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.

Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yáñez.

Ante la advertencia de la oposición sobre la “falta de políticas de género” por parte del actual Gobierno, la Comisión de Mujeres convocó a Cúneo Libarona.

En la previa de su presentación, se publicó este lunes en el Boletín Oficial una modificación sobre el acceso al programa "Acompañar", destinado a víctimas de violencia de género, mediante el decreto 755/24. A partir de esta reforma, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.

Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Justicia, “se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política”. Sin dudas, será uno de los temas de discusión en la reunión que se espera.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires inauguró este miércoles la 45° Convención Notarial con un acto encabezado por el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y la presidenta del Tribunal de Superintendencia del Notariado, María de las Nieves Macchiavelli Agrelo.

El titular de la institución Jorge De Bártolo destacó el valor de este encuentro académico “que piensa y proyecta los desafíos de tener una profesión acorde a las necesidades de la sociedad”. También auguró “la disponibilidad y la capacidad del notariado de la Ciudad de Buenos Aires para seguir colaborando con la desburocratización del Estado”.

“Nuestro conocimiento y experiencia nos permiten ser actores clave en la modernización de los procesos y en la simplificación de los trámites, para mejorar la eficiencia administrativa”, siguió.

En esa línea, De Bártolo subrayó el ejemplo de países que se encaminaron con procesos exitosos de sucesiones notariales: “Hay antecedentes de implementaciones similares, tanto en países de América (como Chile, México o Perú), como de Europa continental, (España, Francia e Italia): los procesos voluntarios no contenciosos en sede notarial son el más claro ejemplo de esta tendencia a nivel mundial”.

Por su parte, el ministro Cúneo Libarona valoró: “Realmente siento un enorme orgullo y prestigio por parte de los escribanos. Ustedes dan fe, sus manifestaciones se tienen por ciertas en las escrituras, comprobaciones de hechos, certificaciones, son confiables y creíbles por ley. Y ustedes, ojalá, necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el gobierno con divorcios y sucesiones, para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle trámites en la vida. Nosotros contamos con ustedes”.

La conferencia de apertura estuvo a cargo del director general del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, Bernardo Mihura de Estrada, con el tema “Una nueva mirada sobre la actividad registral inmobiliaria”.

La jornada académica continuará este jueves y viernes, que tendrá como protagonista en la conferencia de clausura al Inspector General de Justicia de la Nación, Daniel Vítolo, quien expondrá sobre “Análisis del nuevo marco normativo de la Inspección General de Justicia”.

Fue suspendida la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados a la que había sido convocado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de interrogarlo sobre “la falta de políticas de género” por parte del Gobierno.

La visita del funcionario estaba prevista para este jueves a las 15, pero según reveló la titular de la comisión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha, el funcionario "pidió reprogramar" el encuentro. De esta manera, la nueva fecha es para el próximo 27 de agosto, a las 15.

En su última reunión, la comisión acordó citar al ministro para consultarlo sobre la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia. También se proponían interrogarlo por la "falta de políticas de género".

Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.

Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente en el ojo de la tormenta por la denuncia por violencia de género que presentó su expareja Fabiola Yáñez. Un tema que sin dudas iba a ser también centro de la reunión que se suspendió este jueves.

Tal cual fue anunciado en el último encuentro, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa para este jueves 8 de agosto a las 15, a la que fue invitado el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

A cargo de Mónica Macha (UP), la citación al funcionario es para que sea interpelado respecto al cierre de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, y sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades.

El 23 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 451/24 que informó que la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género pasaría a estar de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Justicia de la Nación. Así las cosas, la presencia del funcionario no está confirmada aún.

En el mes de junio pasado, la Comisión de Salud Pública y Acción Social había citado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando fue invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera. Sin embargo, la funcionaria desistió de asistir al Congreso en dos oportunidades.

La Comisión de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para recibir a integrantes del colectivo de Periodistas Argentinas en el marco de la denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral contra Pedro Brieger, quien formó parte de diferentes medios de comunicación en la órbita privada y pública.

En el inicio del encuentro, la titular Mónica Macha anunció la intención de formalizar la citación al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para el próximo jueves 8 de agosto a las 15 para que informe sobre el cierre de la Secretaría de Géneros y Diversidades y sobre "la falta de políticas de género" en esta gestión. La petición será elevada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Luego de escuchar a las invitadas de PA, la comisión procedió a dictaminar una serie de iniciativas de resolución, declaración, pedidos de informes y repudios, entre los que se destaca el proyecto de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -Ley 26.485- y modificaciones del artículo 27, sobre facultades de los jueces, impulsado por la diputada radical Karina Banfi y la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Con relación a este texto, la diputada radical explicó que confiere a “órdenes de restricción y alejamiento del agresor, custodia y otras cuestiones” para “que sean obligatorias para el juez, en las 24 horas que se emita la denuncia, para repeler al ataque que está denunciando cada una de las víctimas”. “De los 136 femicidios en 2024, 19 víctimas habían solicitado alguna medida urgente de protección”, informó.

En el final de la reunión, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma más de 20 proyectos de resolución, declaración y expresiones de beneplácito impulsados desde el oficialismo, el radicalismo, Unión por la Patria, el Pro, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

La palabra de Periodistas Argentinas

Desde el colectivo de Periodistas Argentinas, la primera en hablar fue su titular Claudia Acuña, quien informó que “el 84% de las integrantes de PA sufrió violencia y acoso”, y aseveró que “no es ajeno a la política porque venimos a que nos escuchen”.

Del mismo modo, expresó: “Que no suframos violencia depende de ustedes porque para este pedido no hay grieta”. “No venimos para una selfie, venimos a armar un grupo de trabajo y necesitamos que se legisle sobre el acoso porque hay conductas asquerosas que vivimos todos los días”, concluyó.

De la misma manera, la conductora de televisión Agustina Kämpfer se refirió a las denuncias contra Brieger y amplió: “Este hecho no escapa a los ámbitos laborales y académicos, y necesitamos que este problema baje al recinto para proteger a las mujeres”. Sumó, además, que “logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres”.

También, María Cecilia Guardati manifestó que Brieger “actuó durante 20 años de esta forma”, y añadió: “No es el único caso que enfrentamos de este tipo y muchas compañeras dudaban en dar el nombre o no porque siempre hay consecuencias laborales (pérdida del puesto)”. “No pedimos solo el perdón (de Brieger), sino una reparación”, enfatizó.

El abogado Juan Pablo Gallegos agregó que el tema “se ha manejado con seriedad y ha sido efectivo ya que nunca vi a un agresor sexual asumiendo los hechos”. Sumó que “es interesante generar este grupo de trabajo porque tenemos un hombre incurrido en más de 20 hechos con matices distintos”.

La última en exponer fue Inés Hayes, quien afirmó que “todas hemos sufrido acoso”, y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional: “El Gobierno nacional está tirando por tierra todas las políticas de género y en un contexto de crisis, se recrudecen las violencias con la precarización laboral”.

Los proyectos que pasaron a la firma

Al finalizar las expresiones de las integrantes de Periodistas Argentinas, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma 24 iniciativas respecto a declarar de interés el 3° Congreso Nacional Mujeres conductoras a celebrarse del 24 al 26 de mayo del 2024 en Bariloche, de la oficialista Lorena Villaverde; el 36° festival la Mujer y el Cine, a realizarse del 2 al 5 de mayo de 2024 en CABA, de la kirchnerista Gabriela Pedrali; y al observatorio nacional de crímenes de odio LGBT+, de Esteban Paulon.

Avanzaron, también, los beneplácitos impulsados por Micaela Morán respecto al 12º aniversario de la sanción de la Ley N.º 26743, la conmemoración del día internacional de la higiene menstrual, el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y el día internacional del orgullo LGBTTIQ+.

También obtuvieron despacho los repudios contra las declaraciones discriminatorias del escritor Nicolás Márquez relacionadas con las personas homosexuales, presentados por Marilú Quiroz (Pro) y Mónica Frade (CC); y a la decisión del Poder Ejecutivo de cambiarle el nombre al “Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario” de la Casa Rosada por “Salón de los Próceres”, de Gisela Marziotta.

De igual manera, tuvieron aval los pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; arbitrar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del Consejo Nacional de la Mujer; y la reglamentación de la Ley 27.533, de la radical Carla Carrizo.

También, los pedidos de informe al Poder Ejecutivo de las radicales Natalia Sarapura y Marcela Coli respecto al cumplimento de las leyes nacionales 27.039 -Fondo Especial de Difusión de la Lucha Contra la Violencia de Género- y 26.485 -Protección Integral a las Mujeres-; cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 26.485; y la continuidad de la “línea 144”.

Finalmente, pasaron a la firma el proyecto de Mónica Macha para incorporar concepto de “violencia vicaria” en la Ley 26.485 y la modificación impulsada por Karina Banfi y Pamela Calletti a las facultades de los jueces ante denuncias por violencia de género, que también comprendía un texto presentado por la diputada del Pro, Silvia Lospennato.

Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, firmado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), para establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

La modificación al Código en el articulo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

De igual manera, también ingresó el texto del Poder Ejecutivo que toma de referencia anteriores iniciativas impulsadas por el ministro de Defensa, Luis Petri; y los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Alberto Asseff (MC) y Graciela Camaño (MC).

Esta redacción menciona que el juicio en ausencia se aplica en naciones como España, Italia, Alemania, Austria y Francia y propone que “bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva”.

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunciaron el envío de un proyecto de ley para establecer el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA. 

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Bullrich destacó que esta es “la primera vez” que la iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”. 

La ministra recordó que en el Congreso se debatieron distintos proyectos, y “de todos se sacaron ideas”, pero esta vez hay “un salto de calidad”. “Algunos apoyarán este proyecto porque tendrán la consciencia de no ser parte de la impunidad y otros dirán ‘bueno, pero el derecho tradicional’... El derecho siempre está vivo y crece con las necesidades de la sociedad”, sostuvo. 

Si bien mencionó la causa AMIA, la funcionaria aclaró que “este no es un proyecto con nombre y apellido, va a caber para muchas más causas de las que podemos imaginar. Sería mal de nuestra parte legislar por una causa”.

La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez. 

En la conferencia, Cúneo Libarona mencionó que cuando los imputados se fugan y eluden el accionar de la justicia, “el proceso puede seguir varios caminos, pero todos los caminos son injustos, porque el expediente se paraliza, no avanza, o lo hace poco y sin rumbo, o directamente se archiva. La víctima o los familiares que sufrieron el delito se quedan un largo tiempo sin respuestas ni justicia” mientras el acusado “transita su vida por el mundo, hace pito catalán y se burla de la administración de justicia, la víctima y toda la sociedad”. 

Tras mencionar los “principios rectores” del Gobierno en materia judicial, el ministro abogó por pasar de “una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”. 

Sobre la iniciativa, explicó: “El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”. 

“La prueba no se pierde, esto es fundamental”, subrayó y reiteró que “se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio” con la provisión “al imputado de un adecuado asesoramiento legal; no se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia”. 

El proyecto está planteado para delitos graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad), desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. 

“Esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado: en España, Alemania, Austria, Francia, Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal”, afirmó Cúneo Libarona, quien cerró: “Esperamos que los diputados y senadores nos acompañen. Vamos por mucho más, esto es solo una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán”. 

Al comenzar su intervención, Bullrich recordó: “Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el Pacto con Irán. Lo que hacía era poner a los autores de un hecho, buscados por la Justicia argentina, con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Lo votaron para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia para las víctimas”. 

No obstante, apuntó que “mucha gente puede pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, pero lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual”. 

“Me encantaría como ministra de Seguridad que esto le caiga también a narcotraficantes, que se esconden con su plata y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas, que viven defraudando al Estado, pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso”, expresó y señaló que se seleccionaron “los delitos gravísimos, los que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad”. Pero, prometió que buscarán luego avanzar con “delitos de crueldad, de muerte o de crimen organizado”. 

Bullrich añadió que “esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia para todos aquellos que de lejos están viendo a los asesinos y están sintiendo la impunidad”. 

Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.

En tanto, agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.

La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

pic.twitter.com/QA9iFC92EH

— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 28, 2024

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.

Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.

Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.

Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.

Delito de adulto, pena de adulto.

Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.

Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.

“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.

“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.

PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO

• PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
• COMUNICACIÓN A LOS PADRES: De la imputación y demás actos procesales.
• PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
• CONDENACIÓN CONDICIONAL: Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
• PENAS DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos, p.ej.), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.
• CONTROL DE CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si así lo desea.
• MÁXIMO DE PENAS: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.
• INCUMPLIMIENTO DE LA PENA: Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
• SUPERVISOR: El juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
• INIMPUTABILIDAD: En los casos de menores no imputables (p.ej., menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
• DILACIÓN DEL PROCESO: La dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave.
• VÍCTIMAS: Recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
• RITERIO DE OPORTUNIDAD: El fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviera prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieran otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.
• MEDIACIÓN: Cuando el delito tuviera una pena prevista inferior a seis (6) años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.
• PROBATION: En las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres (3) años. Si las condiciones fueran incumplidas, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

Previsiblemente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona defendió la postulación que hizo el Gobierno del juez federal Ariel Lijo para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia.

Frente a los múltiples cuestionamientos que a diario se escuchan contra el magistrado, Cúneo Libarona dijo que escuchó a “gente que no tiene ni idea de lo que está opinando”, señalando que por el contrario Lijo “no solo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores”.

En su encendida defensa, Cúneo dijo que todas las denuncias que se hicieron contra el juez federal “fueron juzgadas, terminadas y archivadas”. Además, agregó que “todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito”.

Los primeros en emprenderla contra el juez Lijo fueron los diputados de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, quien nunca quiso a este magistrado y fue la primera en objetarlo.

Los dirigentes de su partido anunciaron la presentación de una impugnación al pliego afirmando que “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, afirmando que “fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y el dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”.

“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa  por el vaciamiento de YPF”, recordaron los dirigentes de la CC.

Lo cierto es que ahora el diputado Juan Manuel López salió al cruce del ministro diciendo: “Para Mariano Cúneo Libarona los que los que hablamos de Ariel Lijo no tenemos ni idea. Esa soberbia le sirvió en los 90 para hacer plata reventando el prestigio de su familia. Ahora este viejo degenerado judicial está matando lo poco que queda de transparencia, de eso él tiene idea”.

No sorprende que el saca presos VIP, abogado de los Narcos y corruptos más grandes de la Argentina, defienda a su cliente. https://t.co/eznjzn0nbH

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 27, 2024

En un pasaje de su exposición, Mariano Cúneo Libarona se refirió al uso de la toga por parte de los jueces, y trató de explicar su propuesta.

¿A qué obedece la toga? “Hay que estudiar historia -recomendó-. En el año 1919, el año que nacía mi papá, hubo un famoso escritor español, de Barcelona, Osorio Gallardo, que escribió un libro que se llamaba ‘El alma de la toga’.  ¿Y a qué obedece la toga? Es distinción, ante las personas que integran un juicio. En 28 capítulos y ahí está el fundamento”.

El ministro de Justicia continuó señalando que “la toga ya existe en varias provincias. Los motivos: en 28 capítulos, Osorio Flores, ya funda en el alma de la toga las 28 razones de la toga, que seguro las estudió mucho mejor que cualquiera de nosotros”.

Asimismo contó que “en el país existe, no fue un invento”. Puso el ejemplo de Mendoza, donde comenzó a regir en 2020. Contó además que “lo ha sostenido el doctor Rozenkrantz en la Corte, y en el ámbito internacional, existe: Yo lo he visto en la CIDH, en la Corte Penal Internacional, en el tribunal de derechos humanos, en La Jaya,. Y es respeto”. ¿Quienes usan toga? Los jueces británicos, la jueza Carmen Argibay, es algo aceptado en todo el orden mundial.

Y cerró el tema: ¿Cambia algo? “Nada, ¿vamos a dejar sin efecto el juicio por jurado?”.

En la parte final de la extensa jornada en la que se discutió sobre la ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado Christian Castillo quiso hacerle al ministro de Justicia una pregunta que Mariano Cúneo Libarona contestara en ese momento. No fue posible, porque el presidente del plenario le aclaró que debía esperar a que a la hora de las respuestas, el funcionario le sacara su duda. Que no era otra que saber “si él o gente de su entorno participó alguna vez de una movilización donde se cortó la calle”. Quería la respuesta para continuar con su argumentación, por cuanto sostuvo que “él afirmó algo que es absolutamente falso, que una persona que corta una calle está cometiendo un delito, es decir que es un delincuente”.

Luego abundó contando que él mil veces fue a marchas y que nunca le pasó nada. Pero a la hora de las respuestas, el ministro de Justicia fue taxativo: “Yo nunca corté una calle, ni participé de una manifestación en la calle; yo siempre trabajé , no tuve tiempo para ir a cortar calles, tenía que trabajar para pagar el colegio de los chicos”.

“Y tenemos una visión de la atipicidad bastante distinta. La atipicidad es la adecuación de una conducta a una figura legal. A mi juicio, con todo respeto, usted confunde lo que es el derecho a la protesta y la manifestación, con lo que yo consideré el derecho a huelga, que es lícito, con lo que es la perturbación, entorpecimiento, cortar una calle, amenazar, dañar y las distintas conductas punitivas que se prevén, por eso en cuanto a temas de tipicidad, con todo respeto, diputado Castillo, yo no voy a discutir con usted; lo invito, hay libros de autores de Derecho Penal parte especial, que prevén la descripción de las conductas del artículo 194 y a ellas me remito”.

A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).

La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.

Por la trascendencia del evento, estará presente y también hablará en la apertura el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tal cual informó temprano parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La novedad se conoció pasado el mediodía, al informarse que también se presentará este martes el procurador del Tesoro Rodolfo Barra.

Para este miércoles, y posiblemente el jueves también quedarán los restantes funcionarios que concurrirán al Congreso: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.

No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

En su segundo día de gestión, el Gobierno de Javier Milei le solicitó al Senado el retiro de pliegos de 62 funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de Defensa (MPD). Los mismos habían sido enviados por el jefe de Estado saliente, Alberto Fernández.

El pedido fue coordinado entre el presidente de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De ese modo, Cúneo Libarona expresó: "Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”.

La medida trata sobre 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.

Cabe recordar que en los primeros del gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández ordenó retirar 200 pliegos que aguardaban ser votados en el Senado, después de haber recibido tratamiento por parte de la Comisión de Acuerdos durante la gestión de Mauricio Macri.

El trámite para la designación de jueces inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, 4 senadores y diputaciones nacionales, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.

Luego, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.

Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.

Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.