Ingresaron por Diputados los proyectos que proponen el juicio en ausencia para delitos graves como el atentado a la AMIA

Con la firma de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, la iniciativa establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación hasta la elevación a juicio”.

Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, firmado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), para establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

La modificación al Código en el articulo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

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De igual manera, también ingresó el texto del Poder Ejecutivo que toma de referencia anteriores iniciativas impulsadas por el ministro de Defensa, Luis Petri; y los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Alberto Asseff (MC) y Graciela Camaño (MC).

Esta redacción menciona que el juicio en ausencia se aplica en naciones como España, Italia, Alemania, Austria y Francia y propone que “bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva”.

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El Gobierno presentó el proyecto de juicio en ausencia, que permitiría juzgar a los acusados por el atentado a la AMIA

El ministro Cúneo Libarona afirmó que “esto no es un invento, esto existe en el mundo”, mientras que Bullrich destacó la decisión de que sea impulsado por primera vez desde el Poder Ejecutivo. 

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunciaron el envío de un proyecto de ley para establecer el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA. 

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Bullrich destacó que esta es “la primera vez” que la iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”. 

La ministra recordó que en el Congreso se debatieron distintos proyectos, y “de todos se sacaron ideas”, pero esta vez hay “un salto de calidad”. “Algunos apoyarán este proyecto porque tendrán la consciencia de no ser parte de la impunidad y otros dirán ‘bueno, pero el derecho tradicional’… El derecho siempre está vivo y crece con las necesidades de la sociedad”, sostuvo. 

Si bien mencionó la causa AMIA, la funcionaria aclaró que “este no es un proyecto con nombre y apellido, va a caber para muchas más causas de las que podemos imaginar. Sería mal de nuestra parte legislar por una causa”.

La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez

En la conferencia, Cúneo Libarona mencionó que cuando los imputados se fugan y eluden el accionar de la justicia, “el proceso puede seguir varios caminos, pero todos los caminos son injustos, porque el expediente se paraliza, no avanza, o lo hace poco y sin rumbo, o directamente se archiva. La víctima o los familiares que sufrieron el delito se quedan un largo tiempo sin respuestas ni justicia” mientras el acusado “transita su vida por el mundo, hace pito catalán y se burla de la administración de justicia, la víctima y toda la sociedad”. 

Tras mencionar los “principios rectores” del Gobierno en materia judicial, el ministro abogó por pasar de “una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”. 

Sobre la iniciativa, explicó: “El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”

“La prueba no se pierde, esto es fundamental”, subrayó y reiteró que “se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio” con la provisión “al imputado de un adecuado asesoramiento legal; no se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia”. 

El proyecto está planteado para delitos graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad), desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. 

“Esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado: en España, Alemania, Austria, Francia, Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal”, afirmó Cúneo Libarona, quien cerró: “Esperamos que los diputados y senadores nos acompañen. Vamos por mucho más, esto es solo una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán”. 

Al comenzar su intervención, Bullrich recordó: “Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el Pacto con Irán. Lo que hacía era poner a los autores de un hecho, buscados por la Justicia argentina, con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Lo votaron para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia para las víctimas”. 

No obstante, apuntó que “mucha gente puede pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, pero lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual”. 

“Me encantaría como ministra de Seguridad que esto le caiga también a narcotraficantes, que se esconden con su plata y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas, que viven defraudando al Estado, pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso”, expresó y señaló que se seleccionaron “los delitos gravísimos, los que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad”. Pero, prometió que buscarán luego avanzar con “delitos de crueldad, de muerte o de crimen organizado”. 

Bullrich añadió que “esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia para todos aquellos que de lejos están viendo a los asesinos y están sintiendo la impunidad”. 

Bullrich y Cúneo Libarona presentaron el proyecto para la baja de imputabilidad para enviar al Congreso

Lo anunciaron de forma conjunta en conferencia de prensa los ministros de Seguridad y de Justicia, respectivamente, quienes expresaron: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad”. El detalle de la iniciativa.

Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la ministra Bullrich.

En tanto, agregó: “A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas”.

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.

La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.

Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.

Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.

Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.

Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.

“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.

“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.

PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO

  • PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
  • COMUNICACIÓN A LOS PADRES: De la imputación y demás actos procesales.
  • PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
  • CONDENACIÓN CONDICIONAL: Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
  • PENAS DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos, p.ej.), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.
  • CONTROL DE CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si así lo desea.
  • MÁXIMO DE PENAS: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.
  • INCUMPLIMIENTO DE LA PENA: Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
  • SUPERVISOR: El juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
  • INIMPUTABILIDAD: En los casos de menores no imputables (p.ej., menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
  • DILACIÓN DEL PROCESO: La dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave.
  • VÍCTIMAS: Recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
  • RITERIO DE OPORTUNIDAD: El fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviera prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieran otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.
  • MEDIACIÓN: Cuando el delito tuviera una pena prevista inferior a seis (6) años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.
  • PROBATION: En las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres (3) años. Si las condiciones fueran incumplidas, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

Un diputado cruzó a Cúneo Libarona por Lijo y lo llamó “viejo degenerado judicial”

Juan Manuel López reaccionó airado luego de la defensa del ministro de Justicia al juez propuesto para la Corte Suprema y que criticara a los que lo cuestionan.

Previsiblemente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona defendió la postulación que hizo el Gobierno del juez federal Ariel Lijo para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia.

Frente a los múltiples cuestionamientos que a diario se escuchan contra el magistrado, Cúneo Libarona dijo que escuchó a “gente que no tiene ni idea de lo que está opinando”, señalando que por el contrario Lijo “no solo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores”.

En su encendida defensa, Cúneo dijo que todas las denuncias que se hicieron contra el juez federal “fueron juzgadas, terminadas y archivadas”. Además, agregó que “todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito”.

Los primeros en emprenderla contra el juez Lijo fueron los diputados de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, quien nunca quiso a este magistrado y fue la primera en objetarlo.

Los dirigentes de su partido anunciaron la presentación de una impugnación al pliego afirmando que “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, afirmando que “fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y el dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”.

“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa  por el vaciamiento de YPF”, recordaron los dirigentes de la CC.

Lo cierto es que ahora el diputado Juan Manuel López salió al cruce del ministro diciendo: “Para Mariano Cúneo Libarona los que los que hablamos de Ariel Lijo no tenemos ni idea. Esa soberbia le sirvió en los 90 para hacer plata reventando el prestigio de su familia. Ahora este viejo degenerado judicial está matando lo poco que queda de transparencia, de eso él tiene idea”.

El ministro de Justicia explicó el uso de la toga

Mariano Cúneo Libarona justificó la introducción de ese uso y costumbre en el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara baja.

En un pasaje de su exposición, Mariano Cúneo Libarona se refirió al uso de la toga por parte de los jueces, y trató de explicar su propuesta.

¿A qué obedece la toga? “Hay que estudiar historia -recomendó-. En el año 1919, el año que nacía mi papá, hubo un famoso escritor español, de Barcelona, Osorio Gallardo, que escribió un libro que se llamaba ‘El alma de la toga’.  ¿Y a qué obedece la toga? Es distinción, ante las personas que integran un juicio. En 28 capítulos y ahí está el fundamento”.

El ministro de Justicia continuó señalando que “la toga ya existe en varias provincias. Los motivos: en 28 capítulos, Osorio Flores, ya funda en el alma de la toga las 28 razones de la toga, que seguro las estudió mucho mejor que cualquiera de nosotros”.

Asimismo contó que “en el país existe, no fue un invento”. Puso el ejemplo de Mendoza, donde comenzó a regir en 2020. Contó además que “lo ha sostenido el doctor Rozenkrantz en la Corte, y en el ámbito internacional, existe: Yo lo he visto en la CIDH, en la Corte Penal Internacional, en el tribunal de derechos humanos, en La Jaya,. Y es respeto”. ¿Quienes usan toga? Los jueces británicos, la jueza Carmen Argibay, es algo aceptado en todo el orden mundial.

Y cerró el tema: ¿Cambia algo? “Nada, ¿vamos a dejar sin efecto el juicio por jurado?”.

La respuesta de Cúneo a Castillo: “Nunca corté una calle”

El diputado de izquierda arrancó su intercambio con el ministro de Justicia preguntándole si había participado alguna vez de una manifestación.

En la parte final de la extensa jornada en la que se discutió sobre la ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado Christian Castillo quiso hacerle al ministro de Justicia una pregunta que Mariano Cúneo Libarona contestara en ese momento. No fue posible, porque el presidente del plenario le aclaró que debía esperar a que a la hora de las respuestas, el funcionario le sacara su duda. Que no era otra que saber “si él o gente de su entorno participó alguna vez de una movilización donde se cortó la calle”. Quería la respuesta para continuar con su argumentación, por cuanto sostuvo que “él afirmó algo que es absolutamente falso, que una persona que corta una calle está cometiendo un delito, es decir que es un delincuente”.

Luego abundó contando que él mil veces fue a marchas y que nunca le pasó nada. Pero a la hora de las respuestas, el ministro de Justicia fue taxativo: “Yo nunca corté una calle, ni participé de una manifestación en la calle; yo siempre trabajé , no tuve tiempo para ir a cortar calles, tenía que trabajar para pagar el colegio de los chicos”.

“Y tenemos una visión de la atipicidad bastante distinta. La atipicidad es la adecuación de una conducta a una figura legal. A mi juicio, con todo respeto, usted confunde lo que es el derecho a la protesta y la manifestación, con lo que yo consideré el derecho a huelga, que es lícito, con lo que es la perturbación, entorpecimiento, cortar una calle, amenazar, dañar y las distintas conductas punitivas que se prevén, por eso en cuanto a temas de tipicidad, con todo respeto, diputado Castillo, yo no voy a discutir con usted; lo invito, hay libros de autores de Derecho Penal parte especial, que prevén la descripción de las conductas del artículo 194 y a ellas me remito”.

Rodolfo Barra se suma a los funcionarios que se presentarán en Diputados

Serán tres entonces los representantes del Poder Ejecutivo que expondrán este martes en el plenario de comisiones que comienza a analizar la ley de Bases.

A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).

La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.

Por la trascendencia del evento, estará presente y también hablará en la apertura el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tal cual informó temprano parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La novedad se conoció pasado el mediodía, al informarse que también se presentará este martes el procurador del Tesoro Rodolfo Barra.

Para este miércoles, y posiblemente el jueves también quedarán los restantes funcionarios que concurrirán al Congreso: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.

No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

El Gobierno de Milei solicitó al Senado el retiro de pliegos de jueces y fiscales que habían sido enviados por Alberto F.

En un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, el pedido abarca a funcionarios del Poder Judicial de CABA , 5 provincias y de la Defensoría General de la Nación.

En su segundo día de gestión, el Gobierno de Javier Milei le solicitó al Senado el retiro de pliegos de 62 funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de Defensa (MPD). Los mismos habían sido enviados por el jefe de Estado saliente, Alberto Fernández.

El pedido fue coordinado entre el presidente de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De ese modo, Cúneo Libarona expresó: “Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”.

La medida trata sobre 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.

Cabe recordar que en los primeros del gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández ordenó retirar 200 pliegos que aguardaban ser votados en el Senado, después de haber recibido tratamiento por parte de la Comisión de Acuerdos durante la gestión de Mauricio Macri.

El trámite para la designación de jueces inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, 4 senadores y diputaciones nacionales, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.

Luego, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.

Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.

Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.