La diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) y miembro de la Comisión de Educación, Marina Kienast, participó de un mano a mano con parlamentario.com para analizar la propuesta del Gobierno Nacional de entregar váuchers educativos para evitar la migración de alumnos del sistema de educación privado al público.

– Usted forma parte de la Comisión de Educación. ¿Qué iniciativas tienen pensado impulsar desde el Frente Liberal Republicano para el área educativa?

– Continuamos promoviendo el proyecto de mecenazgo educativo, entendiendo la importancia de la colaboración entre el sector privado y el público para proporcionar la mejor educación posible a los estudiantes. También enfatizamos la importancia de poner fin al adoctrinamiento en las aulas y proponemos la creación de un sistema de alertas anónimas similar al utilizado para los casos de corrupción. Además, vamos a seguir formulando propuestas para personalizar más la educación y mejorar la formación docente, que está muy atrasada. Hay una gran deuda con los estudiantes y tenemos que pensar fuera de la caja para saldarla. Me comprometo a llevar todos los debates necesarios a la comisión para que podamos lograrlo.

– Recientemente, el Gobierno de Javier Milei anunció que implementará los váuchers educativos para la clase media. ¿Qué opinión le merece la iniciativa?

– Es una medida alentadora a nivel educativo, pero queda mucho por trabajar. El programa propuesto por el Gobierno podría prevenir la migración masiva a escuelas públicas, ya saturadas y no preparadas para un aumento repentino de estudiantes. Para el Estado es más rentable pagar un váucher de 27 mil pesos que costear el 100% de la educación para aquellos que se ven obligados a cambiar a la escuela pública y eso es beneficioso para todos. Pero es importante cuestionar a quién se le otorga el beneficio y considerar medidas para las poblaciones más vulnerables. Si no se extiende a los estudiantes de escuelas públicas que desean unirse, estaríamos favoreciendo a un grupo de la sociedad sobre otro. La implementación de este programa puede ser una experiencia valiosa y podría ser el inicio de una nueva era en la educación de nuestro país.

– ¿Cree que el sistema de váuchers podría ampliarse a los otros niveles educativos? ¿Por qué?

– Absolutamente. Esto podría ser especialmente aplicable en el nivel superior y universitario, donde la competencia es mayor y la ubicación geográfica tiene menos impacto en la elección de la institución. En un momento en que también hay un gran debate sobre los presupuestos universitarios, el váucher educativo surge como una excelente alternativa. Si el presupuesto que se destina a la universidad se basara en la cantidad de estudiantes, podría aportar mucho orden si se implementa de manera transparente. En este nivel, el váucher debería estar vinculado a la regularidad de los estudiantes para evitar financiar a quienes se inscriben, pero no cursan las carreras. Por lo tanto, insisto en que para que funcione, debe implementarse de manera muy transparente.

– Por último, ¿cree que una medida de este estilo podría prevenir el colapso del sistema educativo público? Ya que se está viendo una fuerte migración de alumnos del sistema privado al público debido a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

– La escuela pública no da abasto para un chico más. Por eso una medida como los váuchers pueden traer alivio no solo al sistema público, sino a miles de familias que no llegan a pagar la matrícula de la escuela privada.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei lanzara los váuchers educativos para la clase media, la diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast analizó la propuesta y aseguró que, si bien hay desaciertos, “es alentador ver una administración pública que se anime a implementarlos”.

A través de sus redes sociales, la legisladora planteó: “antes que nada, hay que entender que existen diversas formas de aplicar los váuchers y su éxito va a depender de cómo lo hagamos” y remarcó que “es alentador ver una administración pública que se anime a implementar los váuchers educativos. El programa del Gobierno beneficia a estudiantes de escuelas privadas con subvenciones del 75% o más y que no superen los 54 mil pesos de cuota”.

“La medida puede evitar un éxodo masivo de estudiantes desde las escuelas privadas más baratas a escuelas públicas, empujados por la situación económica actual, que el sistema no está preparado para absorber tan repentinamente”, añadió.

No obstante, Kienast advirtió que “si bien también deja mucho que desear, hoy todos los indicadores de calidad educativa en Argentina marcan una clara ventaja en la gestión privada, con lo cual, evitar esa migración ofrece una mejor perspectiva a largo plazo a tener un mejor nivel de capital humano a nivel país” y destacó que “un punto a considerar, podría ser el cuestionamiento de la población seleccionada para brindar el beneficio. En caso de no extenderse a alumnos de escuelas públicas que quisieran adherirse, estaríamos privilegiando arbitrariamente a un grupo de la sociedad sobre otro”.

“Sería recomendable que el gobierno también analice implementar medidas para amortiguar el efecto de las crisis en las poblaciones más vulnerables que asisten a las escuelas más olvidadas”, continuó.

Sobre esa misma línea, la legisladora consideró que “es hora de implementar iniciativas que incorporen el aporte del sector privado, a cambio de exenciones impositivas, lo que significaría una oportunidad de brindar equipamiento tecnológico a las escuelas y capacitación a los docentes con calidad y rapidez”.

“La implementación de este programa es una experiencia valiosa de la cual se puede aprender mucho. Analizar los incentivos que genera, rediseñar políticas y profundizar el modelo para llevarlo a todas partes.  Puede ser el comienzo de una nueva era en la educación de nuestro país”, completó.

Con la intención de fomentar los programas educativos, la diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley sobre “mecenazgo educativo”.

La iniciativa en cuestión tiene como objetivo principal es captar y generar recursos económicos de privados para garantizar la concreción de propuestas inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor calidad educativa en los distintos niveles de la educación.

De esta manera, el texto procura incentivar la formación de un vínculo de interacción mixta tripartita, compuesta por la Autoridad de Aplicación, los Patrocinadores (representados por aquellas personas humanas o jurídicas interesadas en ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los Beneficiarios (instituciones y organizaciones).

Respecto de esta iniciativa, Kienast afirmó que su “objetivo es diseñar iniciativas que generen los incentivos apropiados para abordar los desafíos de la educación, y creemos que contar con una Ley de Mecenazgo Educativo, que le dé la opción a los contribuyentes de elegir destinar parte de sus impuestos directamente a proyectos educativos, nos ayudará a mejorar la calidad educativa en todos sus niveles”.

“En estos momentos difíciles, donde escuchamos que los recursos públicos no alcanzan, aprobar esta Ley permitiría aumentar el presupuesto educativo considerablemente, sin que esto represente una mayor presión fiscal en los porteños. Con mecenazgo educativo ganamos todos”, siguió.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de los legisladores Pablo Donati (FLR), Silvia Imas, Patricia Glize, Sergio Siciliano (VxM), Lucía Montenegro y Rebeca Fleitas (LLA).

Cabe recordar que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, ya existen leyes de mecenazgo que permiten a empresas hacer aportes directos al desarrollo de la cultura y el deporte a cambio de exenciones impositivas. Es una situación en la que ambas partes salen beneficiadas, por un lado, los ciudadanos cuentan con una mayor libertad a la hora de elegir a dónde van sus impuestos. Y por el otro, la cultura (o deporte) recibe un mayor presupuesto sin aumentar la presión fiscal de los ciudadanos.

Buscando incrementar la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca crear el Sistema de Alertas mediante Comunicaciones Electrónicas (SAMCE), el cual está pensado como un elemento de seguridad pública que permite a los clientes que poseen teléfonos inalámbricos y otros dispositivos móviles compatibles recibir mensajes con una ubicación geográfica específica, y los alerta sobre las inminentes amenazas a la seguridad en su área.

De esta manera, el SAMCE será un elemento más de prevención y servicio al ciudadano alertando sobre riesgos inminentes o inesperados en el ámbito de la CABA y ayudando en su prevención o en evitar la zona de riesgo facilitando además el mejor acceso por parte de los servicios de emergencia de la ciudad.

El proyecto en cuestión establece que “ante acontecimientos imprevistos que puedan poner en riesgo la seguridad, salud o vida de las personas o que puedan producir graves inconvenientes en la circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u otras situaciones críticas conforme lo determine la reglamentación, el SAMCE emitirá una alerta advirtiendo de dicho acontecimiento y su localización”.

“El mensaje de alerta será cursado indistintamente a través de aplicaciones, mensajes cortos de texto (SMS), servicios de mensajería, redes sociales u otros medios electrónicos”, agrega el documento.

En los fundamentos del mismo, la legisladora explicó que “el SAMCE permitirá a las autoridades de gubernamentales competentes dirigir las alertas de emergencia a áreas geográficas específicas. Por ejemplo, el barrio de Constitución”.

“Creemos que el SAMCE será un elemento más de prevención y servicio al ciudadano alertando sobre riesgos inminentes o inesperados en el ámbito de la CABA y ayudando en su prevención o en evitar la zona de riesgo facilitando además el mejor acceso por parte de los servicios de emergencia de la ciudad”, completó.

La iniciativa también lleva la firma de la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast.

En las vísperas de la movilización a Plaza de Mayo, la diputada del Frente Republicano Liberal (FRL) Marina Kienast se refirió a los dichos del legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano acerca de la presencia de niños en las movilizaciones, por lo que condenó la “utilización” de los menores “como escudo humano para cortar las calles”.

“Esta misma gente que priva a menores a educarse llevándolos a marchas, es la que nos quiere hacer creer que son los máximos defensores de los derechos humanos”, manifestó la oficialista y remarcó que “un legislador, que fue elegido por los ciudadanos, no puede decir semejantes barbaridades. Por eso aplaudo las nuevas reglamentaciones, que buscan ponerle fin a la presencia de niños en las manifestaciones”.

Además, señaló que “es inaceptable el comentario de Solano, quien confiesa con total naturalidad como utilizan a los chicos como escudo humano para cortar las calles”.

En tanto, y en medio de la polémica desatada por el nuevo protocolo de seguridad pronunciado por el Gobierno nacional, Kienast aseguró que “esta iniciativa se encolumna a las propuestas presentadas por nuestro bloque en la Legislatura de la Ciudad, que consiste en un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad cuenten con indicaciones claras a la hora de lidiar con un piquete”.

Cabe señalar que el proyecto al que hace mención contempla que se apliquen las sanciones establecidas por el código contravencional de la CABA el cual sanciona, entre otras cosas, la obstaculización a la vía pública, la vandalización de bienes, y si la manifestación deriva en el lucro de una actividad por parte de los participantes.

También se detalla que, en caso de cometer las infracciones mencionadas, las organizaciones sociales serán sancionadas con el pago de una multa por el valor de entre 100 y 300 salarios mínimo vital y móvil (SMVM); en caso de destruir físicamente bienes públicos, la multa ascenderá a valores de entre 200 a 500 SMVM. Además, si los responsables se encontrarán identificados, deberán cumplir con trabajo comunitario enfocado en la limpieza, restauración y reparación de los bienes afectados. Por último, el proyecto habilito a las fuerzas de seguridad a utilizar armas no letales en caso de ser necesario.

Asimismo, contempla que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa, garantizando la protección de su integridad física. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.

A su vez, los operativos serán filmados y fotografiados para que la Justicia disponga de material filmográfico en caso de ser requerido y para evaluar el desempeño del personal interviniente.

Horas después de que se conociera el triunfo de Javier Milei, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas se manifestó a través de las redes sociales a favor de eliminar las imágenes partidarias de los edificios públicos; por lo que la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast no dudó en darle su apoyo.

Todo comenzó cuando la libertaria les pidió a sus seguidores de X -ex Twitter- que le mencionaran edificios públicos que tuvieran ese tipo de imágenes. “Mencionen los edificios nacionales a los que hay que quitarles imágenes partidarias y cambiarles nombres, porque son edificios públicos que mantenemos con impuestos y no deben funcionar como unidades básicas”, comenzó diciendo mientras ella mencionaba el Ministerio de Desarrollo Humano, el cual luce una imagen de Eva Perón, y el Centro Cultural Néstor Kirchner.

Atenta a esta situación, Kienast manifestó: “¡Coincido con Rebeca! Los edificios públicos no son de los políticos de turno, por eso este año presenté un proyecto para tener limpias las fachadas de nuestras instituciones. ¡Desde la Legislatura sumemos fuerzas para que sea una realidad!”.

Cabe recordar que en agosto, la legisladora de RU impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará prohibir “la utilización de las fachadas de los inmuebles de dominio público del Estado, pertenecientes a la administración porteña y nacional, para fines proselitistas”.

La iniciativa en cuestión entiende como proselitismo al “empeño de una institución o partido político de tratar de convencer, imponer ideología o ganar simpatizantes para una causa o doctrina”. Por lo que en su articulado detalla que, en caso de no cumplir la ley, la sanción será de una multa mensual, equivalente al salario de un Juez de Primera Instancia con jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires, y que las mismas serán ejecutadas por los respectivos representantes judiciales.

Después de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió que esta ley “está lejos de solucionar cualquier problema de los argentinos”.

En ese sentido, la legisladora analizó la propuesta: “lo primero que me llamó mucho la atención es que en los fundamentos manifiestan, entre otras cosas, que en Argentina no hay abandono escolar. ¿En qué país vive?”, aseguró. “Pero bueno, yendo a la ley en sí, lo que todos sabemos es que fijaría un mínimo de gasto educativo en un 8% del PBI. Ahora bien, la ley actual impone un 6% que el gobierno de Sergio Massa no cumplió. ¿Cómo van a gastar el 8 si no llegan ni al 6? Misterio…”, añadió.

“Además, en un país como el nuestro, ligar el gasto educativo al PBI es de una irresponsabilidad absoluta. El gasto educativo no debe depender de cómo nos va en lo económico”, continuó y precisó que “en el resto del articulado la ley está llena de afirmaciones que no se entiende de dónde salen, objetivos a los que no se sabe cómo van a llegar, etc”.

Sobre esa misma línea, Kienast remarcó que “ya que están, cambian otra ley distinta y establecen un calendario escolar con 190 días de clase. Volvemos a lo mismo, si no pueden asegurar 180 días, ¿cómo van a llegar a 190? Los escucho, en serio” e indicó que “encima todavía nadie pudo explicarme por qué más días de clase solucionarían los problemas que tenemos en educación. Sigo esperando…”.

Massa ingresó un proyecto de ley en el Congreso que dice que es para aumentar el gasto educativo. Veamos bien de que se trata. Abro hilo 🧵

— Marina Kienast (@kienast_marina) September 20, 2023

“Aseguran que el aumento de inversión se destinará al logro de varios objetivos, entre ellos, la erradicación del analfabetismo. ¿Cómo? Con el aumento, también asegurarían el establecimiento de mecanismos para que haya 190 días de clase. ¿Cuáles mecanismos? ¿Es necesario más gasto para definir los mecanismos? ¿Ningún empleado de Perczyk puede ir definiendo esos mecanismos?”, siguió la oficialista.

A la vez que detalló que “para asegurarse de cumplir con todo lo que proponen, crean una comisión de seguimiento que no solo implica la existencia de otro organismo estatal más, sino que además imponen que tenga representantes gremiales” y explicó que “los gremios, que están detrás de los paros docentes, ¿son los que garantizarán que se cumpla con el calendario escolar y los que harán el seguimiento de los recursos educativos? Solo en Argentina”. “Además, como si no fuera poco, quieren definir POR LEY que se “negocie” el calendario escolar con las entidades gremiales”, agregó.

“En fin, como todo lo que viene de Sergio Massa y sus secuaces, esta ley está lejos de solucionar cualquier problema de los argentinos. Espero que no sigan haciendo más daño del que ya han hecho y se vayan en diciembre para siempre”, completó Kienast.

En medio de la crisis educativa que atraviesa la Argentina, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast analizó la propuesta del candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, acerca de los vouchers educativos e insistió en la necesidad de avanzar con el debate acerca de las políticas educativas.

En ese sentido, la diputada manifestó que “la educación pública en la Argentina está tan mal, que no me parece serio dinamitar alternativas solo porque surjan de otro color político” y agregó: “la idea de este modelo, denominado financiamiento de demanda, es promover la competencia entre las escuelas, y así elevar la calidad educativa”.

“Lo que necesitamos es terminar con la burocracia del Estado, que es malgastador por naturaleza, y que los recursos lleguen de manera directa a los alumnos y a las escuelas, para que puedan asignarse de manera más eficiente, y poder atender a las necesidades propias de cada estudiante, lo que se conoce como personalización o libertad de elección”, siguió.

Para finalizar, Kienast aseguró que “lo importante es que se dé el debate, que se empiecen a discutir ideas. Sea vouchers, escuelas autónomas, o créditos impositivos, tenemos que lograr que gradualmente los directivos y los docentes tengan mayor margen de decisión sobre a qué destinar los recursos, haciéndose responsables de los resultados y brindando información al respecto para que los padres puedan elegir a qué escuela inscribir a sus hijos”.

Cabe recordar que la diputada, que respalda la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, viene trabajando en diversos proyectos en materia de educación, los cuales ya fueron ingresados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se destacan el proyecto de educación alternativa, que propone dos opciones que podrían adaptarse al sistema de educación pública: la educación desde casa, y las escuelas de gestión autónoma; el proyecto de mecenazgo educativo, que busca permitir que las escuelas reciban ayudas económicas del sector privado a cambio de exenciones impositivas; el proyecto de adoctrinamiento escolar; entre otros.

La legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará prohibir “la utilización de las fachadas de los inmuebles de dominio público del Estado, pertenecientes a la administración porteña y nacional, para fines proselitistas”.

La iniciativa en cuestión entiende como proselitismo al “empeño de una institución o partido político de tratar de convencer, imponer ideología o ganar simpatizantes para una causa o doctrina”. Por lo que en su articulado detalla que, en caso de no cumplir la ley, la sanción será de una multa mensual, equivalente al salario de un Juez de Primera Instancia con jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires, y que las mismas serán ejecutadas por los respectivos representantes judiciales.

En ese sentido, la oficialista resaltó que el proyecto “no busca atacar ideología alguna, sino que busca que el Estado proteja la pluralidad y actúe de forma neutral” e indicó que con el mismo “buscamos, no solo evitar abusos de poder, sino también robustecer las instituciones públicas, fortaleciendo así a la democracia”.

Además, agregó que “promover ideologías en edificios públicos persigue claramente un fin particular, y es algo que no puede ser aceptado”.

“Nosotros, como legisladores, debemos trabajar en la construcción de la paz social. Por esa razón, debemos incorporar estas herramientas para dejar atrás la violencia y la provocación entre las diferentes ideologías”, destacó Kienast. “Si está prohibido hacer propaganda personal con la publicidad oficial, también debe ser delito el hecho de utilizar establecimientos públicos para publicitar ideologías”, cerró.

La diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca incorporar al sistema educativo dos nuevas modalidades, aumentando así el poder de elección de padres, estudiantes y docentes a la hora de recibir e impartir educación. 

Se trata de dos modelos que ya existen y funcionan en muchos países del mundo. Por un lado “Escuelas de Gestión Autónoma”, es decir escuelas públicas que son administradas y gestionadas por privados. Si bien está financiada por el Estado, funciona de manera independiente del sistema escolar estatal, esto le permite tener una mayor flexibilidad en cuanto a los contenidos, contrataciones, métodos y orientaciones educativas.

 Por otro lado “Educación en Casa”, que brinda la alternativa para que los niños reciban educación en el contexto del hogar, y que los padres o responsables de los niños sean los encargados de su educación.

El proyecto en cuestión fija los lineamientos mediante los cuales los estudiantes deberán dar cuenta de los conocimientos obtenidos, la forma en la que se deberán hacer las presentaciones, los materiales con los que deberán contar, entre otros puntos.

Respecto de esta propuesta, Kienast aseguró que “esta propuesta busca brindar a las familias nuevas alternativas de educación, para que los niños puedan estar preparados para el futuro que viene, fortaleciendo el derecho de los padres de optar por la educación que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos”.

Al mismo tiempo que afirmó que “esta oferta será aún más beneficiosa en aquellos contextos socioeconómicos más desfavorables”.

A su vez la legisladora y referente en educación remarcó que de ningún modo esta Ley pretende desplazar a las modalidades convencionales ni afirmar que una sea mejor que otra pero sí “que ambas posibilidades son válidas para el ejercicio de los derechos de enseñar y aprender, en la medida en que cada alumno encuentre en alguna de ellas la manera más adecuada de lograrlo”.

Debido a los constantes cortes de calles a raíz de las manifestaciones, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast insistió en la necesidad de avanzar con la aprobación de un proyecto de ley que busca establecer un protocolo “antipiquetes”, a fin de establecer el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas y las sanciones para los involucrados.

En este sentido la legisladora que responde a Ricardo López Murphy, recordó en las redes sociales que “el 2022 fue un año record en piquetes, superando los 9000 cortes a lo largo del año. A pesar de que esto ya es moneda corriente, las fuerzas de seguridad no tienen un protocolo de actuación claro sobre cómo proceder en estos casos” y precisó que “pasan las horas, prendemos la tele y vemos miles de imágenes desafortunadas: gente peleándose en la calle, nuestra ciudad sucia y rota, la policía deteniendo a personas que quieren circular, conflicto entre vecinos y piqueteros”.

“¿No será esto evitable? ¿No podrían convivir, el derecho a manifestarse con el derecho de transitar libremente por la ciudad?”, se preguntó y advirtió que “ningún derecho es absoluto, sino que todos están limitados por los derechos de los demás.  El derecho a la protesta es legítimo, pero esto no quiere decir que se pueda ejercer indiscriminadamente y pisoteando los derechos, igual de legítimos, de otros ciudadanos”.

Sobre esa misma línea, Kienast concluyó señalando que “este proyecto busca regular el derecho constitucional a la huelga para que las marchas puedan transcurrir en un marco de respeto y libres de violencia. Y sin privar a los millones de argentinos que a diario se desplazan por CABA de circular libremente”.

Cabe recordar que la iniciativa en cuestión fue presentada en conjunto con Roberto García Moritán (RU) y plantea armonizar el derecho a circular con el derecho a manifestarse y la Modificación del Código contravencional. Para llevar adelante este protocolo, Republicanos Unidos presenta un proyecto con un anexo de actuación adicional. Primero, avanza en la modificación del Código Contravencional en lo referente a multas: en los casos en que los responsables puedan ser identificados individualmente se les aplicará las sanciones establecidas por el código contravencional de la Ciudad.

Mientras que para el caso de obstaculización masiva a la vía pública se aplicará artículo 89, para los que manchen o ensucien bienes se aplicará el artículo 93, en el caso de que se fijen volantes, el artículo 94 y, si la manifestación deriva en el lucro de una actividad por parte de los participantes, se aplicará el artículo 99. Asimismo establece que estas acciones se verán agravadas si hubieran sido provocadas o incitadas por organizaciones sociales en afán de provocar disturbios y destrucción en el territorio de la Ciudad. En dicho caso, las organizaciones sociales serán sancionadas con el pago de una multa por el valor de entre 100 mil y 300 mil Unidades Fijas. En caso de destruir físicamente bienes públicos, la multa ascenderá a valores de entre 200 mil a 500 mil.  

También se crea el “Fondo Especial de Compensación Policial”, cuyos recursos (provenientes de las multas) serán destinados a fortalecer las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad, mediante adquisición de equipamiento.

Resuelto esto, define el protocolo de actuación de la siguiente manera: ante un corte de calle, la policía deberá comunicar a las autoridades competentes, a la justicia y se abrirá un espacio de negociación. Sea que se resuelva positiva o negativamente la situación, las fuerzas de seguridad instruirán a los manifestantes que deben desistir de cortar las vías de circulación, debiendo retirarse y ubicarse en una zona determinada para ejercer sus derechos, siempre que garantice la libre circulación de al menos dos carriles derechos en avenidas (uno en el resto de las vías), el metrobus y carriles y contracarriles exclusivos.

Si no cumplen se les ordenará que depongan el corte bajo apercibimiento de accionar por los delitos cometidos en flagrancia. Además establece que ante la resistencia se hará uso de la fuerza, al mínimo posible, para vencer la resistencia, y de todo lo actuado se libra un acta.

En el marco de las constantes movilizaciones que afectan el quehacer diario de los ciudadanos, la legisladora porteña Marina Kienast presentó un proyecto de ley para aplicar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del “Protocolo de Actuación ante Manifestaciones Públicas en el Territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“A pesar de que en la Ciudad tenemos un promedio de dos manifestaciones por día, hoy las fuerzas de seguridad no tienen un protocolo o una forma de proceder clara frente a los piquetes. Esto deja lugar a la improvisación y con ella al mal manejo de estas situaciones”, expresó Marina Kienast, impulsora de la medida -que es acompañada por su compañero de bloque Roberto García Moritán-, aclaró que “con este protocolo no queremos prohibir las manifestaciones públicas, que son un derecho legítimo, pero sí asegurarnos de que no impidan la libre circulación del resto de los ciudadanos”.

“Esta iniciativa se encolumna a las propuestas realizadas por nuestro candidato a jefe de Gobierno, Ricardo López Murphy”, manifestó la diputada liberal.

El proyecto, que fue acompañado por su compañero de bloque, y por legisladores que responden a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, contempla que se apliquen las sanciones establecidas por el código contravencional de la CABA el cual sanciona, entre otras cosas, la obstaculización a la vía pública, la vandalización de bienes, y si la manifestación deriva en el lucro de una actividad por parte de los participantes.

También se detalla que en caso de cometer las infracciones mencionadas, las organizaciones sociales serán sancionadas con el pago de una multa por el valor de entre 100 y 300 salarios mínimo vital y móvil (SMVM); en caso de destruir físicamente bienes públicos, la multa ascenderá a valores de entre 200 a 500 SMVM. Además, si los responsables se encontrarán identificados, deberán cumplir con trabajo comunitario enfocado en la limpieza, restauración y reparación de los bienes afectados. Por último, el proyecto habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas no letales en caso de ser necesario.

Es importante remarcar que el proyecto contempla que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa, garantizando la protección de su integridad física. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.

Asimismo, los operativos serán filmados y fotografiados para que la Justicia disponga de material filmográfico en caso de ser requerido y para evaluar el desempeño del personal interviniente.

En el marco de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora porteña de Republicanos Unidos (RU) y referente en educación, Marina Kienast, encabezó una charla denominada “Educación en Democracia”, en la que dio a conocer un sistema para terminar con el adoctrinamiento en las aulas.

Además de alertar sobre los peligros que hoy “amenazan” a la educación argentina, Kienast brindó detalles de cómo Alemania pudo dejar atrás los fundamentalismos y avanzar contra las prácticas de adoctrinamiento. “Es un caso de éxito que no requirió gastos o movilizaciones enormes, pero sí, compromiso, tolerancia y consenso de todos los sectores”, aseguró.

Se trata del acuerdo de Beutelsbach, “un gran consenso sobre la importancia de una enseñanza en un marco ético que garantice el respeto a la autonomía y que promueva el pensamiento crítico dentro de las aulas” sostuvo la diputada, quien además agregó que “supone los beneficios de dotar a la educación pública de una apertura para la pluralidad de opiniones para lograr una comunidad libre y democrática”.

Este acuerdo prohíbe abrumar al alumno con objeto de lograr su adhesión a una opinión política determinada; dispone que si en las ciencias y en la política una cuestión resulta controvertida, así tiene que tratarse en el aula, no pueden pasarse por alto ni dejar de discutir alternativas; y apunta a que el alumno pueda estar en condiciones de analizar una situación política concreta y sus intereses más fundamentales, y buscar así buscar las soluciones más adecuadas.

Por último, la diputada liberal aseguró que “la educación es el único camino a través del cual un pueblo se asegura de tener una democracia sana y duradera a lo largo del tiempo”.

Los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast y Roberto García Moritán presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará derogar el artículo 56 de la Ley Tarifaria sobre “Contribución por Publicidad”.

También prevé derogar los artículos de dicha Ley que regulan los “anuncios colocados en el mobiliario urbano y los colocados por el “Sistema de Transporte Público en Bicicleta”, los “anuncios colocados en los medios de transporte público de pasajeros y en los servicios urbanos especiales”, los “anuncios colocados en automóviles de alquiler con taxímetro” y los títulos de “contribución por publicidad”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores aseveraron que “el cobro de la contribución y la segmentación adoptada por la norma parecen injustificados” y consideraron que “se debe comprender que el comerciante o privado que asigna parte de sus recursos a cualquier tipo de publicidad lo hace con el único fin de generar mayores ingresos futuros a partir de esa inversión. Por lo tanto, si el Estado incrementa los costos de la publicidad (a través del cobro de tasas), estaría desincentivando la inversión, porque estaría elevando el precio de un medio idóneo (la publicidad) para hacer crecer su mercado”.

Asimismo afirmaron que “cualquier tipo de ‘mala publicidad’, es decir, cualquier tipo de publicidad que pueda generar una externalidad negativa (por ejemplo: contaminación visual) que el Estado busque desincentivar al elevar sus costos, en realidad es innecesaria, ya que si así fuera el caso, el mismo proceso de mercado limpiaría las ‘malas publicidades’ debido a que nadie quiere destinar recursos en una publicidad ‘más grande’ o ‘más iluminada’ que genera costos extras, si está al final no le genera un efecto positivo sobre las ventas y es castigada por el público en sus decisiones de compra”.

“Si asumimos que al elevar los costos de la publicidad exterior, el Estado busca desincentivar la ‘mala publicidad’, podríamos proponer que se utilicen otros medios para alcanzar este objetivo, en lugar de cobrar contribuciones por publicidad. Dado que, estas contribuciones se aplican tanto a la ‘mala publicidad’ como a la ‘buena publicidad’ (aquella que implica beneficios para el privado sin generar externalidades negativas), perjudicando así a los emprendedores, las pymes y grandes empresas que quieran promocionar sus bienes y servicios”, continuaron.

Sobre esa misma línea, Kienast y García Moritán explicaron que “cobrar distintos coeficientes según las diferentes zonas geográficas genera distorsiones en los incentivos de inversión y da lugar a un trato desigual basado exclusivamente en las preferencias de un planificador central, que no posee información perfecta, y por lo tanto,  no se alcanzará un óptimo en el bienestar social” y destacaron que “si pensamos en su objetivo recaudatorio, todo este tipo de trabas burocráticas y costos que se le ponen a los comerciantes y privados no generan otra cosa que mermar sus beneficios y motivaciones a invertir, reduciendo la renta y así la base imponible de otros impuestos cómo ingresos brutos”.

“La contribución por publicidad en el presupuesto 2023 proyecta una recaudación de $1.051.540.676, lo cual representa un 0,05% del total de los recursos de la ciudad en 2023. Con lo cual, su eliminación inmediata no representaría un desequilibrio en las cuentas fiscales y se quitarían costos y principalmente trabas burocráticas al comerciante”, sentenciaron los oficialistas.

A pocos días del inicio de clases en la Ciudad, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast sostuvo que la educación debe modernizarse, atender de forma directa los intereses de cada alumno y enseñarles a pensar de manera crítica.

En ese sentido, la legisladora aseveró que “deberíamos poder personalizar la educación de cada chico, que es único y que tendría que aprender de la manera más apta para sus capacidades, su ritmo y sus intereses. Con eso en mente, el año pasado pudimos sacar un proyecto de ley -que se aprobó- sobre altas capacidades y otro sobre cooperadoras”.

“El camino es adaptar mucho mejor los recursos para el desarrollo de estas necesidades. En Ciudad de Buenos Aires hay realidades muy distintas y las escuelas tienen que estar atendiendo diferentes necesidades coyunturales y tal vez si la zona es más vulnerable no es lo mismo que una zona en donde la cuestión alimentaria o habitacional está resuelta”, agregó.

Al mismo tiempo que reveló que desde su espacio continúan trabajando “en el proyecto de ley de adoctrinamiento en establecimientos educativos, que es algo donde estoy poniendo mucho esfuerzo. Queremos que el pensamiento crítico sea lo que se fomente, que se enseñe a los chicos a sacar sus propias conclusiones, a justificarlas. No las bajadas de línea ideológicas que hay, que son tremendas y preocupan a los padres”.

 Asimismo, indicó que “los centros de estudiantes tienen que ver con eso: en vez de ser una agrupación que propone cambios que les puedan servir para prepararlos para el futuro, lo que hay es militancia partidaria”.

“El problema no es solamente cómo está la educación dentro del aula, sino que están creciendo la pobreza y la indigencia, y para los chicos que viven en ese contexto es muy difícil que puedan aprovechar la escuela para salir de esa situación”, completó.

Los legisladores de Republicanos Unidos (RU), Marina Kienast y Roberto García Moritán, se refirieron a los dichos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, durante la inauguración del año parlamentario y coincidieron con él en la necesidad de transformar los planes sociales.

En ese contexto Kienast indicó que “el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, se centró en los logros de su espacio en la Ciudad. Y si bien la ciudad ha avanzado mucho en comparación con otras jurisdicciones, creemos que hay otras maneras más eficientes de administrar, ni hablar de la necesidad urgente de quitarle de verdad la presión estatal al sector privado. Ese será nuestro camino” y remarcó que “por otro lado, más allá del tinte político que caracterizará este año legislativo, vamos a seguir trabajando en proyectos que mejoren de manera directa la vida de los porteños”.

Mientras que García Moritán opinó: “me parece que fue un discurso correcto, que tuvo dos enfoques. El primero fue un balance de gestión del Pro en la Ciudad, de los últimos 15 años; y una segunda parte, más orientada a lo que sería el plan de gobierno de Rodríguez Larreta ya pensando como candidato a presidente”.

“En los ejes centrales hay algunas similitudes entre lo que dijo el jefe de Gobierno y Republicanos Unidos, después las diferencias se ven en la parte técnica. Hablo de Educación, elemento central e igualador de oportunidades, que nosotros consideramos que es la columna vertebral en el desarrollo de una Nación; el Trabajo, Producción, transformar planes en trabajo, que esa es la política social en la que cree”, añadió y concluyó señalando que “a priori, con esos slogans, Republicanos Unidos se siente cómodo. Ahora, en algún momento vamos a tener que discutir el cómo y seguramente ahí aparezcan diferencias”.

Tras el asesinato de la oficial Maribel Salazar en la estación Retiro de la Línea C del subte, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast, junto a otros dirigentes de ese espacio, encabezaron una denuncia contra funcionarios del Gobierno Nacional por trabar la compra de armas taser.

De esta manera, los Administrativos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, por dilatar de manera arbitraria la autorización de importación de armas de baja letalidad (pistolas taser) por cuestiones “ideológicas”.

Luego de que ANMaC autorizara la adquisición de las taser por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable, Ramiro Urristi, debió renunciar al cargo y, a partir de ese momento, el organismo comenzó a “dilatar injustificadamente” la autorización de importación; en una demora que ya lleva más de un año y medio.

En la denuncia se explica que “en el expediente EX-2021-16188685-APN-DNRYD#ANMAC, DAJ N° 0547/21, Expte. N° 4-9383000, la ANMaC habría previamente autorizado la adquisición de un lote de sesenta armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego de ello, el funcionario autorizante fue desvinculado del organismo, quedando _sic tunc_ ‘trabada’ la importación”.

Además recordaron que el Gobierno porteño ya cuenta con una sentencia de primera instancia favorable, dictada recientemente en un amparo por mora, con el objetivo de obligar a la ANMaC a resolver el pedido de autorización para importación.

Respecto de esta situación, García Moritán se preguntó: “¿Cuándo van a entender que las mezquindades políticas, así como la corrupción, cuestan vidas? ¡Hagan su trabajo y cuidemos a quienes nos cuidan!”.

Por su parte, Kienast señaló que “con las Taser podríamos evitar muchas muertes porque es una herramienta más con la que cuenta la Policía para poder realizar bien su trabajo. Es absolutamente ridículo que no se puedan usar por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional”.

Los diputados de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast presentaron su informe de gestión correspondiente a la tarea realizada en 2022 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destacaron que la fuerza aprobó un 45% de los proyectos que presentó.

Según sostiene el documento, se presentaron 32 proyectos de ley, declaraciones y resoluciones, consiguiéndose 13 aprobaciones y un dictamen. Entre las leyes más destacadas que logró el espacio de Ricardo López Murphy en la Legislatura, se erige la del Servicio de Grúas. El proyecto fue presentado por García Moritán y tuvo su correspondiente aprobación. Esa nueva ley impide a las grúas llevarse a los autos que estén mal estacionados a menos que estos obstruyan el tránsito, estableciendo que el acarreo es la excepción y no la norma.

Además, dentro de otras prioridades como bajas de impuestos, simplificaciones de trámites, habilitaciones y permisos, se logró la aprobación de otro proyecto bisagra que fue presentado por Kienast: la aceleración para alumnos con altas capacidades intelectuales. Esta ley facilita la promoción de niños con altas capacidades intelectuales en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Busca ayudar a la detección temprana y al acompañamiento de los menores que estén en condiciones de acceder a la aceleración, así como también a aquellos que ya hayan accedido a la misma o que a pesar de cumplir con las condiciones decidan no hacerlo.

En ese contexto, García Moritán explicó que “bajo la insignia de Republicanos Unidos buscamos representar al contribuyente, al laburante, al emprendedor, a quienes consideramos que hay un potencial enorme en cada persona que habita el suelo argentino y que lo que necesita es mayor libertad, confianza y reglas claras para desarrollarse”.

“Hemos sido exitosos no sólo en sancionar leyes de nuestra autoría que bajan el nivel impositivo, la cantidad de regulaciones y achican el nivel de gasto público (siendo el único espacio liberal con resultados concretos para mostrar en tal sentido); sino que también logramos evitar que se sancionen normas que generan efectos indeseables”, completó, refiriéndose a la cantidad de ahorros fiscales que beneficiaron a las Pymes y contribuyentes y que se estiman por alrededor de 500.000.000 de pesos.

Por su parte, Kienast concluyó señalando que cuando vio “materializados los primeros proyectos de ley, que nacieron de los reclamos y las ideas que nos trajeron los vecinos, supe inmediatamente que tenía sentido el coraje que tuvimos de emprender un proyecto distinto para la Ciudad. Pude ver los brotes asomando de las semillas que sembramos y cuidamos con mucho esfuerzo desde 2020”.

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Luego de que se conociera el fallecimiento de Hebe de Bonafini, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast defendió en las redes sociales un amparo judicial impulsado por el espacio del que forma parte, a través del cual se buscó se aplique el decreto de duelo nacional establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En ese sentido, la oficialista aseguró que “a lo largo de los últimos años, actitudes autoritarias, xenófobas y violentas de Hebe de Bonafini tomaron de rehén una causa muy relevante para nuestra historia, desvirtuando la importante y fundamental lucha histórica de la Asociación Madres de Plaza de Mayo”.

“Reivindicar dentro de las escuelas a alguien que militó en contra de los valores democráticos y republicanos más básicos, es contrario a nuestra política educativa de Estado”, agregó y concluyó precisando que “tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que damos a los chicos y ese es el sentido del amparo”.

Cabe recordar que el amparo lleva la firma del abogado José Lucas Magioncalda (quién también patrocina al grupo como letrado) y de los miembros de la Juventud de “Republicanos Unidos” Rodrigo Forlenza, Facundo Sapienza, Florencia Ravelo Niglia, Sebastián Pedrozo, Jonthan Tolisano y Federico Kaufman.

Referentes de Republicanos Unidos ingresaron en las últimas horas un amparo con medida cautelar en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar que este martes se aplique el decreto de duelo nacional establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras la muerte de Hebe de Bonafini.

La presentación lleva la firma de la legisladora porteña Marina Kienast, del abogado José Lucas Magioncalda (quién también patrocina al grupo como letrado) y de los miembros de la Juventud de “Republicanos Unidos” Rodrigo Forlenza, Facundo Sapienza, Florencia Ravelo Niglia, Sebastián Pedrozo, Jonthan Tolisano y Federico Kaufman.

Con el amparo, se busca que la bandera argentina no sea izada a media asta, al entender que “las características autoritarias, xenófobas, violentas e intolerantes de Hebe de Bonafini, vulneran las políticas de Estado en materia educativa, instauradas por la ley 26.206; además del derecho a la educación y la integridad psíquica y moral de los niños”.

Como fundamento, los firmantes citan diversas declaraciones públicas de la madre de Plaza de Mayo; entre ellas cuando manifestó su alegría por el atentado a las Torres Gemelas, o los insultos a personas de nacionalidad boliviana, apelando a su nacionalidad; y las amenazas para utilizar pistolas Taser con los hijos menores de edad de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, entre otras.

El escrito destaca: “[…] resta señalar que lo que la norma pretende, como fin último, es instalar en los niños […] reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos […], razón por la cual, no basta con que la Sra. Hebe Pastor de Bonafini haya sido presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para su reivindicación oficial en las escuelas, sino que resulta imprescindible que sus expresiones públicas hayan estado consustanciadas con dichos valores, lo cual, lamentablemente, no ha ocurrido”.

La diputada de Republicanos Unidos (RU) y miembro de la Comisión de Educación, Marina Kienast, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para regular la constitución y funcionamiento de las Cooperadoras Escolares en los establecimientos educativos del distrito capitalino.

De esta manera se buscará promover la participación de las familias a través de las Cooperadoras Escolares, a fin de acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes.

La iniciativa en cuestión plantea que las cooperadoras serán reconocidas como asociaciones civiles y que solo podrá haber una por colegio. Además confeccionarán sus estatutos estableciendo en él sus objetivos, derechos y obligaciones, funcionamiento, patrimonio, socios, disolución, liquidación, entre otras cuestiones que se especifiquen.

“El rol principal de las Cooperadoras Escolares será promover la participación familiar dentro de los establecimientos educativos generando acciones que favorezcan las trayectorias escolares de las/os estudiantes y contribuyan a la mejora de la calidad educativa, siendo de esta forma verdaderos agentes de cambio”, sostuvo la legisladora en el cuerpo del proyecto.

Al mismo tiempo que enumeró entre sus principales responsabilidades, entre las cuales se encuentran: desarrollar actividades culturales, recreativas destinadas a que los estudiantes fortalezcan el proyecto educativo institucional; participar de acciones de capacitación y fortalecimiento promovidas por la autoridad de aplicación; desarrollar acciones solidarias destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad para colaborar materialmente con las necesidades escolares o de los establecimientos; promover el respeto de los acuerdos y normas de convivencia escolar; entre otras cuestiones.

El proyecto recientemente presentado también establece que “los integrantes de las familias o representantes legales que tengan hijas/os en las escuelas podrán revestir carácter de socio de la cooperadora escolar. También podrán asociarse otros actores que tengan participación directa y legítima en la comunidad educativa a partir del pago de la cuota social, como socios adherentes”.

En los fundamentos del texto, Kienast afirmó que “es fundamental el esfuerzo por jerarquizar la tarea llevada a cabo por las cooperadoras escolares. Queremos concebir la educación como una obra de la comunidad entera: maestros, autoridades, padres y alumnos” y destacó que una iniciativa de este estilo “fortalecerá el propósito de Ley de Educación Nacional, Nro. 26.206, en el sentido de robustecer la participación apolítica de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles, para trabajar en el fortalecimiento de la escuela”.

“El desafío es, afianzar la cultura de la participación familiar en la escuela y crear conjuntamente herramientas y prácticas saludables que inviten a los padres y madres a ser una parte activa de la transformación educativa”, sentenció.

La iniciativa también lleva la firma del legislador de RU Roberto García Moritán.

En medio de la toma del Colegio Nacional Buenos Aires, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast criticó con dureza esa forma de reclamo por parte de los estudiantes, la cual se dio en medio del debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, que según la oposición contempla un ajuste en Educación.

Tan es así que la oficialista planteó que “las tomas de colegio fogoneadas por el kirchnerismo son el resultado de décadas de adoctrinamiento y un sistema educativo radicalmente politizado” y consideró que “mientras la escuela siga siendo vista como un lugar para moldear las mentes de futuros votantes, estas situaciones no van a terminar”, aseguró.

Luego, refirió que “la comunidad educativa no puede ser rehén de las decisiones que toman unos pocos” e indicó que “no podemos quedarnos al margen de una generación que cree que tomar colegios es la única solución para resolver conflictos; esta situación es el resultado directo del adoctrinamiento que padecen nuestros chicos dentro de esas mismas instituciones”.

“Tenemos que repensar el sistema educativo de manera urgente para que podamos dar a cada chico la educación que quiere y necesita en lugar de forzarlos a adaptarse a un sistema que no les sirve”, sentenció la legisladora.

Cabe recordar que Kienast presentó varios proyectos vinculados al tema educativo, entre los que se destacan el de mecenazgo para escuelas, de denuncias contra adoctrinamiento y para los chicos con Altas Capacidades Intelectuales.

Después de que su compañero de bloque Roberto García Moritán presentara un proyecto para reducir el acarreo en la Ciudad, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast defendió el texto en cuestión y planteó que el mismo permitirá “proteger al máximo la propiedad privada”.

En ese sentido, la oficialista recordó que desde ese bloque presentaron “un proyecto de Ley para reducir al máximo posible los acarreos de autos. Que sólo funcione cuando el vehículo esté  poniendo en riesgo la seguridad o el orden público”.

“¿Esto qué significa? Que si te olvidás de pagar el estacionamiento medido, te van a cobrar una multa sin llevarse tu auto. Pero si estacionás en una parada de colectivo, probablemente tu auto no esté ahí cuando vuelvas”, continuó Kienast.

Al mismo tiempo que expresó su deseo de que en la Ciudad haya “un sistema que funcione. Hoy, por cualquier infracción, el ciudadano se ve obligado no sólo a abonar la multa correspondiente, sino también el acarreo” y concluyó señalando que “lo que proponemos es tan sencillo como proteger al máximo la propiedad privada siempre y cuando no interfiera con los derechos del resto”.

Cabe recordar que el proyecto en cuestión plantea que la intervención de las grúas debería darse en situaciones graves. Para eso, propone una serie de mejoras concretas y prácticas que buscarán hacer el servicio más eficiente.

La iniciativa propone modificar el Código de Tránsito y Transporte (Ley N° 2148) en los articulados referidos a las grúas, limitando los motivos por los que se puede acarrear un vehículo: “La razón de ser de que existan las grúas tiene que ser exclusivamente para garantizar un ordenamiento del espacio público y facilitar la convivencia en la Ciudad”, sostiene el texto.

“Mientras nuestros mandatarios se preocupan por lo que pasa en Gran Hermano, las tasas de abandono en las escuelas están por las nubes”, manifestó la legisladora porteña por Republicanos Unidos Marina Kienasta a través de las redes sociales.

“No estamos exagerando; son datos del Ministerio de Educación”, escribió la legisladora, al tiempo que compartió el siguiente dato: “El 36% de los chicos que ingresaron este año a la primaria podrían abandonar la escuela antes de terminar la secundaria”. 

“De 100 chicos que empiezan la escuela en CABA, 36 no la terminan. Si tomamos como ejemplo provincias como Formosa, Misiones o Chaco, el porcentaje de deserción se eleva por encima del 50%. Sí, de cada 100 chicos que comienzan 50 no terminan. Una locura que no podemos naturalizar”, agregó. 

En este sentido, consideró “urgente” la necesidad de “repensar el sistema educativo para que podamos dar a cada chico la educación que quiere y necesita en lugar forzarlos a adaptarse a un sistema que no les sirve”. 

“¿Cuántos chicos tienen que ser eyectados del sistema para que la Educación sea puesta de una vez por todas en agenda? Pero en agenda de verdad, agenda resolutiva y no meramente mediática”, concluyó. 

La legisladora porteña por Republicanos Unidos Marina Kienast presentó un proyecto de ley que busca crear un mecenazgo y patrocinio a las instituciones educativas de gestión pública o privada -como así también a cualquier proyecto educativo dentro del ámbito de la CABA-, con el objetivo de aumentar el presupuesto de las instituciones sin que se vea afectado el bolsillo del contribuyente.  

“Si se aprueba el sistema de mecenazgo, los contribuyentes podrán direccionar parte de los impuestos que ya deben pagar a un fin específico de su preferencia. En otras palabras, sin aumentar la carga tributaria, el contribuyente tiene una mayor libertad a la hora de elegir a dónde van a parar sus impuestos”, sostuvo la diputada liberal. 

Los destinatarios principales de la iniciativa son las instituciones educativas de gestión pública o privada, las personas jurídicas y las personas humanas, domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrollen sus actividades, en todo o en parte, en el ámbito del sistema educativo porteño. 

“Es fundamental que desde el Estado se deje de poner palos en la rueda de la articulación público-privada. Y que empecemos a diseñar formas más simples de recaudar y asignar los recursos públicos”, señaló Kienast. 

En ese sentido aseguró que “es una manera más simple de asignar la plata de nuestros impuestos sin que se pierda en burocracia, yendo directamente a la escuela”, pero consideró que “podría hacer que las escuelas sean más competitivas debido a que les daría un incentivo para atraer inversiones del sector privado”. 

Por último, quienes decidan aportar, podrán además actuar como patrocinadores de las escuelas y proyectos que financien. Con respecto a ello, la funcionaria sostuvo: “Este sistema ya existe en la ciudad para proyectos que tienen que ver con cultura y deportes así que, ¿por qué no aplicarlo a educación?”. 

Días después que los bloques de la oposición convocaran a una sesión especial en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, los diputados de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast aseguraron que se presentarán en el recinto este jueves para dar quórum, aunque no será suficiente ya que se necesitan 31 legisladores para darle inicio al encuentro.

Es que los legisladores de Ricardo López Murphy se sumarán a los 19 diputados del Frente de Todos (FdT), los tres del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), los cinco de La Libertad Avanza (LLA) y el monobloque Consenso Federal (FdT). Esto daría un total de 30 legisladores, por lo que faltaría una persona más para poder dar el quórum.

Al momento de confirmar su decisión, García Moritán señaló que “desde Republicanos Unidos, vamos dar quórum en la sesión que busca eliminar el Impuesto a los Sellos en las Tarjetas de Crédito, el cual sólo existe por la quita intempestiva de la coparticipación que sufrió la CABA por parte del Gobierno Nacional” e insistió en que “vamos a bajar. A nuestro bloque siempre lo van a encontrar trabajando por la baja de impuestos, la quita de regulaciones, la derogación de trámites y la reducción del gasto público”.

“Pero quiero dejar algo en claro de la sesión del jueves: los legisladores kirchneristas no van a defender los intereses de los porteños. Al kirchnerismo de CABA sólo le interesa figurar mientras su gobierno sigue reventando PyMEs y trabajadores”, continuó el oficialista y remarcó que “si al kirchnerismo realmente le interesaran los vecinos de la Ciudad, buscarían resolver el tema de fondo: exigirían que sus socios nos devuelvan los fondos de la coparticipación que nos robaron a los porteños para favorecer a Axel Kicillof”.

Sobre esa misma línea, Moritán destacó que “hemos formulado como coalición el compromiso de eliminar este impuesto. Varían las visiones sobre la oportunidad y la forma de hacerlo, pero el impuesto será derogado” y detalló que “JxC es una coalición que se potencia a partir de las distintas miradas, teniendo en cuenta un objetivo claro: fortalecer la unidad, trabajar para transformar al país y terminar con el populismo en Argentina”.

Asimismo Kienast planteó que la postura de Republicanos Unidos “frente al tema es clara desde el 28 de marzo cuando presentamos un proyecto al respecto. Actuamos por convicción, no por oportunismo” y concluyó aseverando que “en las últimas semanas estuvimos trabajando el tema desde lo económico y fiscal. Espero que los legisladores kirchneristas se sumen al pedido para que el Gobierno Nacional devuelva el dinero quitado ilegalmente a CABA de la coparticipación. Responsabilidad y gobernabilidad”.

Cabe recordar que desde RU presentaron a principios de año un proyecto de ley mediante el cual buscarán derogar varios artículos de la Ley Tarifaria de este año y modificar otros de la misma, a fin de que se fije “en el 1,20% la alícuota a la que se refiere el artículo 343 y el Capítulo II del Título III del Código Fiscal referido a las operaciones monetarias”.

Al mismo tiempo que indicaron que, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Parlamento local, “la ley entrará en vigencia si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la acción de amparo (Expediente N° 1141/2020) promovida por ésta contra el Estado Nacional”.

En el marco de un contexto educativo complejo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un Conversatorio sobre alternativas educativas, en el que se escucharon las voces de políticos, especialistas en educación y el conjunto de la comunidad educativa. El evento fue organizado por la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast y tuvo como oradores al diputado nacional Ricardo López Murphy, y al ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, entre otros.

El encuentro tuvo como objetivo el debate y la presentación de propuestas alternativas para mejorar el sistema educativo argentino. En esa línea, se escuchó la palabra de actores políticos, especialistas en educación y también de estudiantes, docentes y padres de los alumnos. 

Constó de tres paneles, en los que se trataron los siguientes temas: “la educación argentina hoy”, “sistemas de educación alternativa”, “transparencia y costo por alumnos”, “sindicalismo”, “rol docente” y “la actualidad del alumnado”.

En ese contexto, Kienast manifestó que “la educación no puede ser una caja del Gobierno de turno” y consideró que “en el país los ministerios acaparan y distribuyen a discreción gran parte de los recursos destinados a educación, derrochando mucho en burocracia que nada tiene que ver con brindar una mejor educación”.

“Los chicos se encuentran altamente desmotivados al ir a la escuela. La formación que se les da está desfasada con el mundo de afuera, su vida y proyectos. Por eso hacemos foco en la descentralización y en mecanismos de financiamiento con el objetivo de que las escuelas poco a poco vayan aprendiendo a ser autónomas y a administrar los recursos que se les asigna”, continuó.

En tanto, López Murphy sostuvo que “el examen es un dato informativo, pero un dato valiosísimo. Facilita el acceso a becas, facilita el acceso a empleos, y revela cuál fue el alcance de la educación que recibí. Sarmiento decía ‘eduquemos para la civilización, eduquemos para la convivencia respetuosa de las leyes de la Constitución’. Nosotros hoy necesitamos algo más: educar para la empleabilidad”.

Por su parte, Finocchiaro remarcó que “hacer reformas educativas cuesta mucho, y no hablo sólo de presupuesto. Cuando uno quiere modificar un sistema que ha perdido su eje, que no es otro que el de la enseñanza de los chicos, y se ha transformado en un sistema sindical. Ese costo se lleva en la piel, quedan cicatrices. Hablar hoy de educación es un acto de valentía insuperable: educar es el primer acto de libertad que hacen todas las naciones del mundo”.

Por último, el diputado Sergio Siciliano señaló que “la realidad de la educación hoy en el país nos duele, los datos son críticos, pero la buena noticia es que somos muchos los que trabajamos para que esta realidad cambie”.

Participaron además Analía Luce (profesora), Valentino Díaz Fontau (estudiantes organizados), Ana Stelman Carolina Giménez (de la Fundación Varkey) y Facundo Lancioni (Seduca).

Tal y como lo anunció parlamentario.com días atrás, la legisladora por Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast encabezó un acto en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el que presentó su proyecto de ley para chicos con “Altas Capacidades Intelectuales”, orientado a los menores cuyo coeficiente intelectual sea mayor a 120.

Se trata del “Programa Educativo de Aceleración para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales”, cuya autoridad de aplicación tendrá, entre otras tareas, elaborar junto a instituciones que se especialicen en esta temática, cursos de formación docente de carácter obligatorio para el abordaje programático; y ayudar a la detección temprana y al acompañamiento de los menores que estén en condiciones de acceder a la aceleración, así como también a aquellos que ya hayan accedido a la misma o que a pesar de cumplir con las condiciones decidan no hacerlo.

Durante el evento, profesionales, madres y jóvenes dieron testimonio de sus vivencias en el sistema actual y las problemáticas con las que se encuentran a diario.

En ese sentido, la legisladora afirmó que “tener un coeficiente intelectual mayor a 120 significa tener altas capacidades, y corresponde aproximadamente a un 5% de la población. Con uno mayor a 130, pertenecés al 2% de superdotados del mundo. El problema está en que el sistema educativo actual está diseñado según patrones estandarizados, con poco margen para quien no encaja en su molde”.

“Este proyecto, que es un primer paso, nos reúne con un propósito claro: la visibilización de una minoría a la que el sistema educativo actual no favorece, al contrario, escapa completamente de su radar”, remarcó Kienast y concluyó precisando que “por eso prevé la posibilidad de acelerar grados o años superiores al correspondiente a la edad cronológica del alumno, sin la necesidad de tener que recurrir a instancia judicial, camino sinuoso y traumático, que nada tiene que ver con el cuidado y bienestar de nuestros chicos”.

Entre los oradores estuvieron Daniel Abarquero, psicólogo especializado en ACI; Daniel Ricart, propietario de un colegio para chicos con ACI; Héctor Roldán, miembro de las ONG Mensa y Creaidea; Cinthia Allega, miembro de Mensa y madre de un chico con ACI; Alejandro Carrasquillo, funcionario del Ministerio de Educación de Panamá; y Mabel Sottano, profesora de la Fundación Evolución del Talento y la Creatividad.

Con la intención de fomentar una mejora en la calidad educativa, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast encabezará este martes a las 14.30 un acto en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad, en el que se presentará un programa de educación para niños con Altas Capacidades (ACI).

En el acto de presentación también estará presente el experto en educación de niños con capacidades especiales, Daniel Ricart, quien explicó que este programa “dará respuesta a un universo de niños y familias que hoy no tienen contención adecuada en el sistema educativo y son el 2% de la población. Si hoy un niño presenta un problema de bajo rendimiento pedagógico existen equipos profesionales y protocolos para actuar. Pero si presenta Alta Capacidad, nadie sabe que hacer”.

Respecto de esta situación, Ricart explicó en diálogo con parlamentario.com que “este proyecto de ley es muy importante porque es la primera vez que se va a legislar en la CABA sobre está temática, que es algo en lo que la Ciudad está en deuda”, aunque advirtió que “es un primer paso pero es como querer curar a un enfermo de cáncer con una aspirina, es decir, esto aborda una temática muy particular que es que los padres tengan que dejar de asistir a la Justicia para que los jueces hagan lo que la escuela no hace. Esto es que los chicos puedan pasar a un grado más alto si acreditan que tienen los conocimientos y la capacidad de hacerlo”.

“Esto es una solución necesaria e imprescindible pero no es suficiente, porque no sé contempla todas las otras variables, especialmente la contención psicológica y la discincronía madurativa respecto de la parte cognitiva”, sentenció.

Por su parte, el proyecto de la legisladora de RU propone “sin generar ningún nuevo gasto presupuestario capacitar a los docentes para ello y crear ad- honorem un órgano asesor al respecto”.

En los fundamentos del mismo se explicó que “la aceleración en la enseñanza, consiste en la reducción de la escolaridad obligatoria para aquellos alumnos que posean los conocimientos necesarios para su avance a grados superiores. Esta metodología, aplicada en algunos casos particulares, es considerada la más adecuada por los especialistas en la materia. Así, al permitirle a los niños con altas capacidades sostener la motivación académica, se ajusta su ritmo acelerado de aprendizaje con desafíos de nivel y ritmo apropiados para sus necesidades. Esto mejora la ejecución escolar, social y la autoconfianza del/la alumno/a”.

Cabe recordar que Ricart es fundador de tres colegios para niños con Altas capacidades y el mismo ha sido un alumno con estas condiciones, habiéndose recibido de Contador en la UBA en 22 meses, continuando su formación en la universidad de Harvard.

“El nivel de cinismo de esta gente no tiene límites”, fue la frase que la diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos Marina Kienast utilizó en respuesta al mensaje que el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyc publicó en sus redes por los 1.000 días de Gobierno del Frente de Todos. 

En esa línea, Kienast replicó que “los días se pueden contar, a diferencia de la cantidad de fracasos de este gobierno” en materia educativa, e hizo hincapié en la necesidad de impulsar una reforma educativa y de terminar “con el adoctrinamiento a los alumnos”. 

Para la legisladora, “los chicos tienen que aprender a pensar, a decidir y justificar sus opiniones teniendo muy claro por qué piensan de una manera y qué es lo que defienden. Eso, hoy, no ocurre en la mayoría de las escuelas y universidades”.  

En cuanto al proyecto que presentó para denunciar “adoctrinamiento y abuso de poder” por parte de docentes y directivos militantes o “presiones sindicales”, sostuvo que “solo con presentarlo, tuvo reacción de algunos legisladores de otros partidos que tienen más contacto con sindicatos, y no fue bien recibido. Es necesario el diálogo para llegar a un acuerdo, porque si quieren modificarlo en comisión, se puede hacer. Pero tenemos que llegar a un punto en común en el que nos aseguremos que a los chicos se les va a enseñar a pensar por sí mismos, que es lo que a mí más me preocupa”. 

“El adoctrinamiento en los más chicos se identifica cuando llegan a la casa y cuentan, cuando les miran los cuadernos. Con los más grandes pasa otra cosa: algunos se han animado a reclamarle al mismo docente en el momento. Ante esto, el proyecto es una herramienta que yo encontré para alertarnos y saber que esto está sucediendo y discutirlo”, explicó. 

“Las reformas educativas tardan muchísimos años en verse. Pero estudiamos en otros países las transformaciones que se llevan a cabo con la comunidad como protagonista, incorporando a los alumnos, docentes y padres, y observamos que en cuatro o cinco años ya hay resultados”, agregó. 

Y concluyó: “Esto puede ser factible siempre que las reformas se trabajen localmente, que se descentralice un poco su proceso, porque es muy difícil desde la centralidad de los Ministerios. Y debemos incorporar a la ciudadanía”. 

Tras haber pedido terminar con el adoctrinamiento en las escuelas, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast participó del acto de presentación del libro “50 docentes que están transformando Latinoamérica” realizado en conjunto por la Fundación Varkey y editorial Santillana, y destacó la necesidad de lograr que “el sistema educativo se vuelva dinámico para adaptarse a los cambios de la sociedad y a las necesidades de los chicos”.

Según explicaron los responsables del proyecto, el mismo “surgió de los docentes que son parte de una selecta red conocida como Global Teacher Prize Ambassadors” que “sólo puede ser integrada por los docentes finalistas del Global Teacher Prize, el mayor reconocimiento educativo del planeta”.

En ese contexto, Kienast explicó que “el trabajo docente es de los más importantes de nuestra sociedad y por eso debemos reconocer el esfuerzo y la dedicación de 50 maestras y maestros que con audacia, esfuerzo y vocación, se animaron a innovar y a correr los límites para ofrecer algo más a sus alumnos”.

Al mismo tiempo que aseveró que “como legisladora de la ciudad, soy consciente de la enorme responsabilidad que tenemos para que la situación mejore” e insistió en que “debemos empaparnos del conocimiento y experiencia de los protagonistas de la educación, para no caer en el error colosal de legislar con buenas intenciones pero sin resultados”.

Entre los educadores que protagonizan el libro, once son argentinos. Cuenta con prólogo de Esteban Bullrich y una introducción de Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey, quien lideró junto a su equipo la producción del libro.

Meses después de haber presentado en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se puedan denunciar casos de “adoctrinamiento” en las escuelas, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast advirtió en sus redes sociales al respecto del crecimiento de los casos de “hiper politización” en las aulas y expresó su apoyo a un colegio de Santa Fe que recibió “amenazas sindicales” por no sumarse a un paro.

En ese sentido, la oficialista afirmó que “todos los días me acercan casos de hiper politización, presiones sindicales y adoctrinamiento en distintos colegios de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy les quiero compartir uno que ocurrió la semana pasada y que me impactó mucho”.

“Luego de que SADOP declarase paro docente de 72 horas en Santa Fe, el Instituto Razetto en Cañada de Gómez decidió dar clases con profesores que no se adhirieron y sustitutos. Ante esto, fueron amenazados anónimamente el representante legal, su familia y directivos”, aseguró la diputada y lanzó una dura advertencia: “que no nos engañen, aquellos que se proclaman a favor de los docentes, son los mismos que luego los aprietan cuando estos no acatan sus bajadas. Hoy los docentes ni siquiera tienen el poder de elegir si adherir o no a un paro”.

Al mismo tiempo que se preguntó que “¿cuánto más vamos a aguantar los aprietes de aquellos sindicalistas y gremialistas a los que solo les interesa llenarse los bolsillos a costa del futuro de nuestros jóvenes?” y concluyó felicitando “a los docentes que no se adhirieron y que junto a profesores sustitutos apostaron por la educación y se pararon frente al totalitarismo extorsivo que crece en nuestro país, necesitamos muchos más como ellos”.

Todos los días me acercan casos de hiper politización, presiones sindicales y adoctrinamiento en distintos colegios de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy les quiero compartir uno que ocurrió la semana pasada y que me impactó mucho.

— Marina Kienast (@kienast_marina) September 6, 2022

En medio de la puja al respecto de las movilizaciones que se realizan a diario en la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán presentó en la Legislatura local una iniciativa mediante la cual buscará demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social y así evitar las aglomeraciones que se dan en el lugar.

El texto también lleva la firma de su compañera de bloque Marina Kienast (RU) y plantea que el inmueble sea “demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la Avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”. Además establece que “el Poder Ejecutivo debe solicitar al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación de los bienes dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la presente Ley. La entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de 90 días para la realización de las tasaciones”.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados remarcaron que “este edificio es el único que se encuentra emplazado en medio de la Avenida 9 de Julio” e indicaron que “en un principio, esta estructura no fue un problema para la normal circulación, pero el crecimiento demográfico que tuvo la Ciudad de Buenos Aires (que pasó de tener en 2001 2.776.138 habitantes a tener aproximadamente más de 3.000.000 en el año 2022), sumado al crecimiento del parque automotor,  generó el entorpecimiento del tránsito. Esto, sin considerar los más de 3.500.000 ciudadanos que ingresan desde el gran Buenos Aires a la Capital Federal diariamente”.

Cabe recordar que el edificio nació como Ministerio de Obras Públicas, y actualmente aloja al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación. “Al cambiar las carteras que aloja, el edificio se ha convertido en objeto de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales”, continuaron Kienast y García Moritán, al mismo tiempo que advirtieron que “este trastorno causa demoras de tránsito y en el transporte público, con lo que también se generan protestas de quienes sufren para ir y volver de sus trabajos. Particularmente, desde que comenzó 2022, en la CABA se dieron ya más de 600 piquetes, y las organizaciones sociales protagonizan más del 45% de los cortes que suceden en la Ciudad, siendo que estas organizaciones le reclaman al Estado Nacional. Así como se pueden ver los datos actuales, también se pueden mencionar los del 2021: 713 cortes en la CABA”.

“Por todas estas razones, consideramos que se transforma en una necesidad cumplimentar con lo establecido en la Ley 238 y demoler este edificio, permitiendo así no solo descongestionar el tránsito y promover el normal funcionamiento de una arteria tan importante como lo es la Av. 9 de Julio, sino también ofreciendo la posibilidad de trasladar la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a un lugar donde las protestas y reclamos de diferentes sectores se lleven a cabo sin generar un caos vehicular y/o peatonal, redundando en el reconocimiento del derecho a circular de todos los porteños, bonaerenses y argentinos. Asimismo, y considerando también el tipo de ministerio, tendría sentido su relocalización hacia barrios vulnerables, como lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, dado que su objetivo es la integración social”, sentenciaron.

Las repercusiones del proyecto

Lo cierto es que la presentación de la iniciativa generó revuelo en las redes sociales, por lo que García Moritán debió salir a responderle a sus detractores. “Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, comenzó diciendo el legislador.

Fue entonces cuando la vocera del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, salió al cruce: “el legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la avenida 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico.  Desbloqueó un nivel superior de gorilismo”, planteó. 

Atento a sus dichos, el oficialista remarcó que lo que quiere “es un edificio mal ubicado que se cae a pedazos, interrumpe la circulación y es escenario diario de cortes y piquetes. Como vocera debería ocuparse de explicar el hambre, la inflación, la corrupción y la inseguridad que nos afectan a todos”.

La diputada porteña por Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó un proyecto de ley para facilitar la promoción de niños con altas capacidades intelectuales en las escuelas primarias y secundarias de Ciudad de Buenos Aires.  

Se trata del “Programa Educativo de Aceleración para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales”, cuya autoridad de aplicación tendrá, entre otras tareas: elaborar junto a instituciones que se especialicen en esta temática, cursos de formación docente de carácter obligatorio para el abordaje programático; y ayudar a la detección temprana y al acompañamiento de los menores que estén en condiciones de acceder a la aceleración, así como también a aquellos que ya hayan accedido a la misma o que a pesar de cumplir con las condiciones decidan no hacerlo. 

“El proyecto de ley fue pensado en conjunto con muchas familias de chicos con altas capacidades que se vieron obligadas a adaptarse a un sistema que los limita y que no les permite avanzar según sus conocimientos de manera ágil”, apuntó la legisladora.  

Y agregó: “Esta ley permitiría que los niños con altas capacidades no pierdan la motivación académica al ajustar el aprendizaje, con desafíos al nivel y ritmo apropiados para sus necesidades. Creemos que un sistema educativo amplio y con múltiples alternativas. Que potencie la individualidad de cada chico. Este es el camino hacia una mejor educación, que realmente no deje a nadie afuera”. 

Por otra parte, la medida plantea la creación de un Comité Evaluador de Altas Capacidades Intelectuales (CEACI) que será ad honorem y dependerá del Ministerio de Educación porteño. Estará formado por un/a psicólogo/a, un/a psicopedagogo/a, un/a asistente Social y un/a licenciado en Educación. La función del comité será la de asesorar a los solicitantes durante todas las etapas del proceso de aceleración, y evaluar las solicitudes de aceleración de forma transdisciplinaria y dictaminar si la aceleración será una total o no se corresponde. 

Con la intención de continuar dándole batalla a la corrupción en la Argentina, los diputados porteños de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast participaron del festejo por el tercer aniversario de la creación de la “Fundación Apolo”, la cual pone de manifiesto y denuncia ante la Justicia diversos hechos de esa índole.  

La celebración se llevó a cabo en el club Español, situado en el barrio porteño de Monserrat, y contó con la presencia de diversos letrados de renombre, dirigentes de la oposición, diputados nacionales, periodistas y ciudadanos “afectados por medidas abusivas del Gobierno”. Entre los presentes se encontraban Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi, Waldo Wolff, Carolina Píparo, Federico Pinedo, José Lucas Magioncalda, José Fazio, José Luis Patiño, Mara Pérez Reynoso, entre otros. 

Al respecto de la celebración el presidente de la ONG, Antonio Fratamico, recordó que “en 2016 nos presentamos ante la IGJ (Inspección General de Justicia) para cumplimentar los requisitos legales y finalmente, en el 2019, obtuvimos nuestro reconocimiento jurídico. Tardamos tres años en nacer, y hoy cumplimos tres años”, y destacó que “Fundación Apolo hoy es un equipo consolidado que sigue creciendo. Seguiremos adelante luchando por el país que todos queremos, defendiendo las libertades y denunciando para cuidar nuestros derechos”.  

“Además de las acciones legales, realizamos otras actividades, como Seguimiento Legislativo, nuestra Diplomatura en Gestión Parlamentaria junto a la UAI, y las Tertulias Legislativas en las que conversamos con diputados y senadores”, sentenció.  

Cabe recordar que la Fundación Apolo fue fundada por un grupo de ciudadanos comprometidos con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el diseño de mejores políticas públicas para contribuir al desarrollo de Argentina. Busca contribuir al fortalecimiento institucional de la Argentina mediante el desarrollo de nuevos líderes sociales y comunitarios, así como mediante la intervención directa en la agenda pública mediante el trabajo técnico, judicial y administrativo. 

La Legislatura recibió a la docente estadounidense Keishia Thorpe, que fue distinguida como “la mejor docente del mundo”, quien recibió un mate conmemorativo en su visita al palacio parlamentario. “Confío en que la educación pueda progresar”, indicó Thorpe.

En el marco de un emotivo acto, la Legislatura de la Ciudad contó con la presencia de Thorpe, quien fue premiada por la Fundación Varkley, en colaboración con la Unesco, como “la mejor docente del mundo”.

Allí, las diputadas Natalia Fidel (VJ) y Marina Kienast (RU) le entregaron a la educadora un mate conmemorativo en su visita al palacio parlamentario ubicado en Perú 160.

“Confío en que la educación pueda progresar”, destacó la distinguida docente durante el encuentro que se desarrolló en el Salón Eva Perón, a lo que Fidel sumó que se trataba de un “privilegio” que “gente como usted” concurra a conocer la sede del Poder Legislativo porteño. Además, agregó: “Es realmente un honor y muy inspirador recibirla en la Legislatura de la Ciudad”.

La profesora de inglés da clases en el International High School Langley Park y revolucionó el programa educativo, luego de lograr un verdadero impacto en sus alumnos del 12º curso. El 95% de los mismos se identifican como personas de bajos recursos y, tras las enseñanzas de Thorpe, más de 500 estudiantes lograron becas completas de atletismo.

“Los servicios públicos no son gratuitos. Si bien el consumidor final no abona dinero por su uso, los servicios proveídos  por el Estado son financiados mediante los impuestos cobrados a los ciudadanos”. Así comienza el proyecto presentado por la legisladora de Republicanos Unidos Marina Kienast, atenta a que muchas personas de distintos distritos del país se acercan a la Ciudad de Buenos Aires para hacer uso de esos servicios públicos.

“A sabiendas de esto, es que existen quienes no dan una retribución equitativa por el servicio que reciben”, apunta Kienast, que por eso quiere crear el Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de la República Argentina, que abarca al sistema de salud pública y de educación pública en el ámbito de CABA. De aprobarse el mismo, los establecimientos del sistema de salud pública porteños deberían notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendida en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones.

Así las cosas, según indica el proyecto, mensualmente se remitirían los gastos a la administración de la provincia correspondiente “para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

En el mismo sentido, los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera de la Ciudad, que inscriban alumnos en el sistema de educación pública de CABA, “deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes”.

Una vez sean adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas “para cobrar el reintegro por los servicios prestados mensualmente”.

En su artículo 5°, el proyecto faculta al jefe de Gobierno a suscribir “acuerdos de reciprocidad sanitaria y educativa con ciudades o provincias argentinas a fin de acordar condiciones para la atención sanitaria y educativa de los no residentes en la Ciudad de Buenos Aires”.

Con la intención de digitalizar el acceso al transporte público, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast y Roberto García Moritán presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca implementar un Sistema de Pago Electrónico para el subte y premetro, así como cualquier otro método de transporte que brinde la CABA.

De esta manera, la iniciativa busca crear la posibilidad de que los porteños puedan abonar sus pasajes del transporte público con aplicaciones móviles como billeteras electrónicas, vía código QR o incluso tarjetas, con tecnología de la denominada “sin contacto”.

Además el documento estipula que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, entidad que será la encargada de celebrar los convenios con los eventuales proveedores.

En ese sentido, Marina Kienast planteó que “todos los días se trasladan por nuestra ciudad más de tres millones de personas, por distintos medios” y remarcó que “el sistema de la tarjeta sube ya cumplió once años y requiere una actualización, de cara a todos los avances tecnológicos existentes”.

“Es fundamental que los servicios de tren, subte o colectivos puedan brindar opciones que faciliten viajar a nuestros vecinos. El pago electrónico de servicios gana usuarios día a día por comodidad y por eficiencia. En este marco, donde la SUBE falla y deja de a pie a miles de vecinos, no podemos darnos el lujo de no utilizarlo”, concluyó la diputada.

Con un acto que tuvo lugar en el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada por Republicanos Unidos Marina Kienast presentó un proyecto de ley que “busca incorporar un sistema de denuncias anónimas para casos de proselitismo, adoctrinamiento, abuso de poder y presiones sindicales dentro de las escuelas”.

El proyecto de ley tiene como objetivo “equilibrar asimetrías de poder” dentro de la comunidad educativa y “garantizar el derecho de defensa”. En esa línea, Kienast explicó que “no se pretende de ninguna manera atacar a los docentes o hacer una persecución sobre ellos, los propios educadores contarán con una herramienta para frenar las presiones sindicales cuando los aprietan al no querer sumarse a un paro, y también los directivos, que no son libres de calificar a los docentes con objetividad”.

Durante el encuentro, del que participaron el legislador porteño Roberto García Moritán y el responsable del área legal de la Fundación Apolo, José Magioncalda; la legisladora refirió que “tenemos que recuperar el terreno de la educación, de fomento del pensamiento crítico de los chicos para que sean libres. Este proyecto de ley busca eso”.

Y añadió: “Cada vez se nos acercan más vecinos a contarnos lo que pasa en las escuelas. Es una situación muy grave que lleva años y si no reaccionamos será tarde. Creo que imponen un pensamiento único porque, en realidad, no tienen nada para ofrecer”.

Más de 60 personas escucharon las experiencias de alumnos, padres y docentes que refirieron cómo habían padecido el adoctrinamiento en las aulas y recintos escolares de la CABA.

Cómo funciona el sistema de denuncias

El “Sistema de Denuncias Anónimas” estará a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA e incluye a “toda institución de gestión y/o administración privada, estatal y/o mixta, de nivel inicial, primaria y secundaria” que funcione dentro del territorio porteño. Asimismo, se informó que las exposiciones podrán realizarse en formato digital acompañadas por escritos, documentos, audios o videos. Una vez hecha la denuncia, la cartera de Educación “reglamentará la investigación administrativa y aplicación sumaria”.

Semanas después de haber impulsado en la Legislatura porteña un proyecto de ley que buscaba fomentar la denuncia anónima para casos de adoctrinamiento y abuso de poder en los colegios, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast cuestionó con dureza la presentación de otra iniciativa del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) en la que repudian el texto que ella promovido.

Molesta por esta situación, la oficialista afirmó que desde que presentó “el proyecto de ley para crear un sistema de denuncias anónimas para casos de adoctrinamiento y abuso de poder dentro de las escuelas, recibí todo tipo de opiniones al respecto” y cuestionó con dureza el accionar de Amanda Martín y Gabriel Solano al presentar la iniciativa de repudio.

“Los diputados presentaron un Proyecto de Declaración en rechazo al proyecto de ley y de paso nos acusaron de declararnos a favor de la dictadura y sus métodos del terror, y justificar la persecución de los militares dentro de las escuelas desapareciendo a docentes y estudiantes”, añadió y precisó que “aún cuando mi compañero de bloque Roberto García Moritán ya lo aclaró en varias oportunidades, lo reitero: repudiamos todo tipo de violencia sin nombres propios, a diferencia de uno de los autores de este proyecto nefasto, que se ha manifestado públicamente en favor de la violencia”.

Al mismo tiempo que señaló que “los negacionistas son ustedes Solano y Martín” y aseguró que no entiende “cómo generó tanto alboroto el proyecto de denuncias anónimas. No puedo creer que alguien en la legislatura convalide acciones de proselitismo, partidismo o adoctrinamiento de cualquier tipo en la escuela pública. Es de una irresponsabilidad increíble”.

“¿Qué ciudadanos queremos formar en las escuelas y universidades? ¿Ejércitos monopensantes, infiltrados de dogmas que les impiden expresarse libremente, o ciudadanos libres, con pensamiento crítico y responsables de justificar sus decisiones y sus actos? En ninguna parte del Proyecto de ley se identifica una ideología en particular, no se condena un partido político o línea de adoctrinamiento. Solo se condena la imposición de una idea, sin posibilidad de cuestionarla”, agregó.

A la vez que remarcó que “la hipocresía con la que critican el proyecto de ley, reivindicando ideas que ‘permean las escuelas’ y determinando que las escuelas son terreno de la lucha de clases es escalofriante” y recordó que presentó “un proyecto de ley que justamente pretende combatir cualquier plan estratégico de ‘permear’ las escuelas con contar la historia de nuestro país desde visiones parciales. En ningún caso se pretende atacar a los docentes o hacer una persecución sobre ellos, porque un docente que cumple con el deber de educar y enseñar a nuestros hijos con objetividad, en nada pueden sentirse perjudicados”.

Sobre esa misma línea, Kienast aseguró que “de hecho, ellos mismos contarán con una herramienta para frenar las presiones sindicales cuando los aprietan al no querer sumarse a un paro, y también los directivos, que no son libres de calificar a los docentes con objetividad, por el mismo motivo” y expresó su deseo de que “el proyecto se debata en la comisión de educación y que en definitiva llegue al recinto. A la hora de votar, sería bueno que todos dejemos de lado las mezquindades de la política y pongamos a los chicos en el centro, como debe ser, como siempre debió haber sido”.

“El resultado de la votación va a dejar muy en claro quién está a favor de la libertad de pensamiento y quien defiende el adoctrinamiento dentro de las aulas. Verán de qué lado de la historia quieren estar”, sentenció.

La legisladora porteña por Republicanos Unidos Marina Kienast presentó un proyecto de ley ante la Legislatura para que cuando se utilice la palabra “gratis” u otras similares, se aclare que el bien o servicio otorgado por el Estado fue financiado con el dinero de los contribuyentes.

El objetivo del mismo es “transparentar el origen de los recursos y vincular su utilización con la política pública realizada, al entender que no hacerlo va en contra de las obligaciones del funcionario público en el marco de la Ley de Ética Pública”. Es coautor de este proyecto el otro legislador porteño del espacio de López Murphy, Roberto García Moritán.

El término “gratis”, sostuvo Kienast, “no es ni honesto ni transparente, llegando a ser impropio que lo use un funcionario público, ya que nada es gratis: todo lo paga el ciudadano con sus tributos”.

Asimismo, precisó que el artículo 2 de la Ley 25.188 exige “actuar de forma transparente y, sobre todo, de forma honesta al funcionario público, quien debe informar a la población con términos claros y correctos, que permitan al individuo saber de las actuaciones de estado sin caer en confusiones y ambigüedades”.

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La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó un proyecto de ley para conformar un registro de denuncias anónimas por casos de proselitismo o adoctrinamiento, hechos de presión sindical contra integrantes de la comunidad educativa y abusos de autoridad en escuelas porteñas.

La iniciativa tiene como objetivo “equilibrar asimetrías de poder” dentro de la comunidad educativa y “garantizar el derecho de defensa”. En tanto, Kienast destacó que “este proyecto de ley busca proteger la libertad de los integrantes de la comunidad educativa y, con especial énfasis, de sus integrantes más vulnerables: los chicos”.

Y agregó: “hemos visto ya decenas de casos donde docentes imponen su pensamiento o visión política a todos sus alumnos. Algunos incluso llegaron a ser tristemente célebres, pero sólo nos enteramos de una parte, donde un padre o un alumno, harto de la situación filma y publica lo ocurrido. Debemos garantizar a todos los chicos la posibilidad de que sean educados en un contexto de pluralidad de ideas”.

El “Sistema de Denuncias Anónimas” estará a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA e incluye a “toda institución de gestión y/o administración privada, estatal y/o mixta, de nivel inicial, primaria y secundaria” que funcione dentro del territorio porteño. Asimismo, se informó que las exposiciones podrán realizarse en formato digital acompañadas por escritos, documentos, audios o videos. Una vez hecha la denuncia, la cartera de Educación “reglamentará la investigación administrativa y aplicación sumaria”.

Tras la viralización de sus declaraciones, los diputados de Republicanos Unidos (RU) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual prevén expresar su “profundo repudio por los insultos propinados por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, hacia el periodista Jorge Lanata, en una entrevista realizada por María O’Donnell en radio Urbana Play.

En el texto –que es de autoría de Marina Kienast (RU)- también se advierte que estas declaraciones  “lo que representan es una actitud reprochable para un funcionario y un claro avance sobre la libertad de prensa”.

De esta manera, en los fundamentos de la iniciativa, Kienast afirmó que “resulta sorprendente que un ministro de Relaciones Exteriores, funcionario del Estado Argentino y con semejantes responsabilidades ante la Comunidad Internacional, tenga el atrevimiento de hacer declaraciones tan perjudiciales que con ellas incluso viola tratados internacionales en materia de libertad de expresión” y remarcó que “la historia contemporánea nos ha demostrado que los derechos humanos cada vez se amplían más, siendo tan esenciales como necesarios para garantizar las libertades que nos corresponden”.

Sobre esa misma línea opinó que el hecho de que “un funcionario se tome el atrevimiento de insultar a un periodista, en este caso, Jorge Lanata, un personaje que no solo tiene el derecho a expresarse libremente por su humanidad, sino que forma parte del cuarto poder por su influencia y fuerza en el sistema mediático y en el periodismo político, demuestra la debilidad y falta de gobernabilidad que estamos sufriendo en nuestra República Argentina”.

Es así como se han dado las cosas a lo largo del último tiempo, que el periodismo argentino se ha visto impedido por los comentarios o denuncias hechas por los políticos de turno, que intentan callar las voces de los argentinos que se levantan ante el avasallamiento de nuestros derechos y la mala imagen que dejan de nuestra Nación ante los ojos del mundo”, sentenció.

Con la mirada puesta sobre los comicios del próximo año, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley que busca simplificar el proceso de votación para los porteños que estén radicados en el exterior.

El texto –que contó con los aportes del exsenador Federico Pinedo– establece que el sistema de sufragio se realizará a través del correo postal y con Boleta Única de papel, que será idéntica para todos los países. Asimismo, otorga la opción de emisión del sufragio por correo postal, para lo cual hay que inscribirse en el registro online que el Tribunal Electoral de la Ciudad habilite a tal fin, hasta noventa días antes de la fecha de la elección.

Según explica el proyecto, el elector recibirá en su domicilio un sobre de envío de documentación electoral. Este contendrá la boleta oficial, el sobre de devolución, el sobre de resguardo del voto, el instructivo y el formulario de declaración jurada de identidad. El uso de la Boleta Única es simple: se marca la agrupación política de preferencia en la categoría electoral correspondiente y luego se introduce en el sobre de resguardo del voto, cerrándolo de forma que asegure su secreto.

A su vez, ese sobre deberá introducirlo en el sobre de devolución que tendrá impreso el domicilio del Tribunal Electoral donde será dirigido, junto a la declaración jurada de identidad suscrita. Por último, el elector deberá enviarlo por correo postal, sin costo, al Tribunal Electoral a más tardar el miércoles anterior a la jornada electoral a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto de la iniciativa, García Moritán señaló que “este proyecto es una ampliación de derechos. Sin duda será generador de más democracia. Fue realizado pensando en la voluntad de todos los ciudadanos porteños de elegir a sus autoridades” e indicó que “si se transforma en ley, haremos llegar la posibilidad de votar a más porteños, de una manera más simple pero igual de segura”.

Al mismo tiempo que concluyó precisando que la iniciativa alcanzará a “los argentinos nativos y por opción desde los 16 años de edad, que residan en el exterior y registren de forma electrónica su Documento Nacional de Identidad con su último domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Luego de que se viralizara una video en el que se lo puede ver a José Schulman golpeando a una trabajadora de la terminal de micros de Santa Clara del Mar, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos para limitar los beneficios que percibe la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre”, organismo que presidia el agresor.

Una de las iniciativas propone denegarle los subsidios de ahora en adelante a la institución y el otro solicita declararla persona jurídica no grata. En ese sentido, solicitan que la Legislatura se expida y tome “medidas para que ninguna asociación futura, más aún una que trate sobre DD.HH., sea utilizada como medio político para conseguir influencia y que la misma justifique el uso de amenazas y violencia”.

“Esta asociación, recibió en los últimos 10 años la suma exacta de $6.672.824, lo cual es sumamente reprochable que una organización orientada a los DD.HH reciba este monto y que su propio presidente no pueda adherirse a las normas y principios que los propios DD.HH promulgan”, señala el documento que acompaña a la medida.

Los proyectos presentados afirman al respecto que “amenazar con usar el poder estatal de forma arbitraria para conseguir apresarla y cruzar otro límite de convivencia cívica agrediendo físicamente, no solo habla de lo cuestionable, moralmente hablando, del accionar esta persona, sino del cuestionable trabajo y la real intención de esta asociación”.

En tanto el diputado García Moritán afirmó que “es evidente el abuso político que cometen, incluso el hasta hoy presidente amenazó a la trabajadora agredida con meterla presa. Con su renuncia no alcanza. Si usan esta asociación para amenazar gente y solucionar sus problemas personales, no deben recibir apoyo estatal”.

“Que una asociación sea dirigida por una persona que concreta agresiones misóginas de extrema gravedad, resulta un mal ejemplo para la sociedad”, finalizó.

Semanas después de haber asumido como legisladora de la Ciudad por Republicanos Unidos, Marina Kienast participó de un mano a mano con parlamentario.com, en el que se refirió a la necesidad de repensar el sistema educativo y la forma en la que este aborda el trabajo con los niños y adolescentes.

Al mismo tiempo que expresó su apoyo a las últimas medidas impulsadas por la ministra de Educación local, Soledad Acuña, las cuales implican la eliminación de las burbujas, el aislamiento por contacto estrecho y que mantiene la obligatoriedad del barbijo en las aulas para alumnos de cuarto grado en adelante.  “Creo que ya desde el 2021, incluso 2020, había protocolos para poder empezar las clases. Con el avance de la vacunación y los datos existentes, que siempre se han mostrado, si estoy de acuerdo con las medidas que se están tomando”, aseveró.

Además se refirió al rol de la mujer dentro del liberalismo y la política y reflexionó acerca del trabajo parlamentario que viene desarrollando Republicanos Unidos con el oficialismo y la oposición.

-¿Con qué expectativas llegó a la Legislatura? ¿Cuáles son sus intereses?

-Nosotros somos un partido relativamente nuevo, el año pasado comenzamos. Fue todo como una montaña rusa, así que las expectativas son las de cuando uno empieza: muchísimas. Venimos con ganas de poder aportar una visión distinta, pero que creemos que la sociedad está demandando. Es un Estado bien responsable, con participación de la ciudadanía, con mucha cautela en los gastos, más austero. En la cual se proteja la libertad y el fruto del trabajo de cada persona. Estas ideas son las que tratamos de drenar en todas las políticas. Esa es la expectativa, poder traspasar lo que es nuestra idea, la batalla cultural que venimos haciendo en base a esas ideas, en las políticas públicas. Obviamente es imposible abarcar todo. Vamos a tener que ir eligiendo temas o prioridades y una de ellas para mí es la educación y  también un poco el medio ambiente, pero educación sobre todo, porque creemos que es una de las herramientas más fundamentales para salir de la situación de muchas personas que están en esta vulnerabilidad.

-En una nota de opinión reciente planteó que es necesario repensar la forma en la que está planteado el sistema educativo. En ese sentido quería preguntarte: ¿de qué forma se puede modificar? ¿Desde qué políticas activas?

-La educación es una herramienta fundamental. El sistema en el que la Argentina trabaja desde hace muchísimo tiempo, es un sistema en el cual de educación es pública. Estamos totalmente de acuerdo con eso, quiero que quede claro. Es muy importante. Uno de los roles del Estado es este. A través de los recursos del Estado, financiar la educación de aquellos que no pueden pagarla. El tema es cómo la financiamos. Hoy es desde una autoridad central, en la que se decide absolutamente todo: la administración de las escuelas, los contenidos. En este modelo algunas jurisdicciones lo vienen haciendo mejor que otras. De hecho, CABA tiene equipos súper profesionales y que dedican su vida al desarrollo de la educación.

Lo que nosotros planteamos es que ese financiamiento tiene que llegar de alguna manera más directo al beneficiario, que es el alumno. Algunos hablan de vouchers, no es que el nene va a ir con un vale a la parada del colectivo a decir “a qué escuela elijo ir”. Hay que ver de qué manera se llega mejor al alumno, que se pueda elegir un poco más de acuerdo a cómo es cada chico. Los chicos son distintos, no todos aprenden de la misma manera, no todos la pasan igual. El mundo que viene, que es un mundo que cambia rapidísimo. Empezas a estudiar hoy y la carrera no va a existir dentro de 20 años, o va a haber carreras que hoy no estudiamos el contenido. Necesitamos algo más dinámico y que se adapte a las posibilidades de cada uno. Entonces, el que tiene un ritmo distinto o el que tiene un contexto en el que no hay motivación en la casa, puede tener una respuesta distinta al que va más rápido y puede ir acelerando.

La escuela, como está hoy en la Argentina, repite la estructura de una fábrica del Siglo XIX: horarios, timbres, agrupaciones por algún tipo de variable (nosotros elegimos la edad). Ahí te das cuenta que podés agrupar a los chicos distinto, que podes tratar las materias diferente.

-¿Sería una especie de modelo Montessori?

-Montessori está buenísimo. Hay chicos a los que les sirve y hay chicos que no. Es importante que las escuelas tengan un poquito más de maniobra, de autonomía, para poder ir adaptándose a estas particularidades. Los padres junto a los chicos van decidiendo a qué escuela prefieren ir dependiendo de la performance de esa escuela y de los docentes, y de cómo se capacitan. Estamos pensando a mediano plazo. Nadie plantea que mañana podes hacer esto. Pero también hay incentivos que generan que las escuelas empiecen a pensar distinto y a buscar en otros lugares cómo enseñar mejor; cómo adaptarse a las particularidades de los chicos. Generar esa competencia que incentiva a mejorar.

-A partir del anuncio del Gobierno de la Ciudad sobre los protocolos en las escuelas ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está de acuerdo con que se eliminen  las burbujas?

-Creo que ya desde el 2021, incluso 2020, había protocolos para poder empezar las clases. Con el avance de la vacunación y los datos existentes, que siempre se han mostrado, si estoy de acuerdo con las medidas que se están tomando. Siempre la educación para mí está primero, así que estoy de acuerdo. También hay muchas voces que se escuchan en algunas agrupaciones sindicales que no están de acuerdo. Hacen ruido y desde hace tiempo están planteando diferentes protocolos incluso ahora. Hay que privilegiar la presencialidad educativa, por encima de todos los intereses sectoriales.

-Otro de tus intereses es el avance del rol que están tomando las mujeres dentro de la política y sobre todo en el liberalismo. ¿Cómo es esta situación? ¿Crees que tiene que ver también con los cambios que se están dando socialmente?

-Agradezco a las que militaron en el pasado para que tengamos los derechos que tenemos hoy. Porque imagínate que no tenías ni la patria potestad de tus hijos, no podías tener cuenta bancaria, ni hablar de votar. Entonces ahí creo que siempre agradezco esa cuestión histórica. Hoy tenemos la posibilidad legal, somos iguales en derechos, por lo cual tenemos muchísimas posibilidades de demostrar que podemos lograr lo que nos proponemos, aunque culturalmente a veces todavía hay que superar ciertas barreras. Depende de la fuerza que le pongamos nosotras.

Particularmente en el liberalismo, hay escasez de mujeres. Es un espacio que ha sido dominado por los hombres. ¡Pero naturalmente, eh!, no porque nos hayan excluido, al contrario, el liberalismo es muy abierto. Incluso en momentos en los que legalmente la mujer no le estaba permitiendo hacer un montón de cuestiones, padres del liberalismo han publicado libros de sus esposas. Siempre estuvieron a favor de la mujer pero en este momento de “batalla cultural” o la fundación de este nuevo ámbito político, se nota que somos pocas. Creo que un poco tiene que ver con algo más profundo de la mujer: todavía no soltó un montón de roles. No es que decís “bueno, dejo de hacer esto y me voy a la política”, no, la política es 24 horas. Cómo que todas de alguna manera debemos conseguir un plus de horas por día que no sé de donde las sacamos, para seguir luego ocupándote de un montón de cosas. Entonces creo que tiene que ver con eso. Con saber que resignamos cosas como muchos trabajos con liderazgo, con cargos con responsabilidad, resignas cosas y eso es algo que tenemos que asumir.

-Republicanos es un espacio relativamente nuevo, ¿cómo se están preparando para lo que va a ser este año parlamentario y el trabajo con otros espacios del oficialismo y de la oposición?

-Desde lo técnico, armando equipos. Aprendiendo ya desde el año pasado cuestiones que tienen que ver con los sistemas y los procedimientos internos. Metiéndole mucho desde lo técnico y desde lo político. Conformamos una alianza electoral, que en un montón de cosas coincidimos y vamos a sumarnos y potenciar muchísimo. Y en aquellas cosas en las que vinimos a marcar una diferencia, también tratarlas y charlarlas. Porque nuestra idea es tratar de persuadir de que la manera en la que nosotros vemos los problemas es la que los va a solucionar. Entonces, si los planteamos desde afuera y diciendo “no, lo que yo pienso es lo correcto” creo que no sirve. La idea es trabajar mucho en conjunto, marcando las diferencias y charlándolas para ver cuáles son las mejores opciones para la ciudad.

A semanas de que se dé inicio al ciclo lectivo 2022, la diputada de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast analizó el funcionamiento del sistema educativo que rige en todo el país y pidió reflexionar acerca de la forma en la que este podría mejorarse para poner a los estudiantes en centro de la atención.

En ese sentido, la oficialista afirmó que “al poco tiempo de nacer y de acomodarnos a este mundo que nos toca, iniciamos nuestro camino en la educación formal. Hoy ya no se discute que ese inicio es diferente para cada chico, que no todos aprendemos de la misma forma ni tenemos las mismas capacidades o intereses” e insistió en que “cada niño es único y debería poder acceder al tipo de educación que mejor se adapte a su vida y a sus necesidades, sin que lo condicione su contexto. Estandarizar la educación es partir de la base de que todos los chicos crecen y se desarrollan dentro del mismo ámbito y con acceso a herramientas similares. De más está decir que esto no es así”.

Sobre esa misma línea planteó que “al estandarizar la educación solo logramos aumentar la brecha de conocimientos entre aquellos que se logran adaptar al sistema educativo y a los que, por cuestiones socioeconómicas o limitaciones de cualquier tipo, esto no les es posible” y remarcó que “por eso resulta imprescindible que, tanto la educación pública como la privada, sirvan más que nunca como un impulso inicial. Como una escalera cuyos peldaños brinden el conocimiento necesario para desenvolverse de la mejor manera posible en la sociedad adulta. Que les permita optimizar las oportunidades que la vida les presentará”.

Además opinó que “las escuelas tengan la posibilidad de elegir su propia metodología en base a la realidad en la que está inserta, más allá de cualquier mandato burocrático, debería ser la regla” y subrayó que “los niños deben ser lo primero para los gobiernos, docentes, sindicatos y todos los actores del ecosistema educativo. Eso hoy no se está dando”.

“Siempre hay una excusa de por medio: la pandemia, los gremios y muchos otros pretextos más para no encarar las reformas educativas necesarias que realmente impacten de forma positiva en la realidad de millones de chicos. Incluso, muchas veces la dificultad y “el largo plazo” de una reforma educativa es la causa por la cual ningún proyecto político tiene este tema en agenda. Esto no puede esperar; es urgente”, añadió en una nota con Noticias Argentinas.

A la vez que señaló que “la educación se tiene que adaptar a cada niño, no cada chico a una educación única y universal. Esto requiere mayor libertad en su elección” y sentenció que “lo revolucionario está en el coraje de dar esta batalla, darse cuenta de que es posible cambiar la educación para que logre adecuarse a cada chico y no a la inversa. Somos muchos los que estamos dispuestos a encarar el desafío, con visión a largo plazo y sin ningún rédito a título personal. Ojalá en breve abramos la puerta para debatir la educación que Argentina se debe”.