Un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos para liberalizar actividades económicas, reducir requisitos regulatorios y avanzar en la digitalización de procedimientos. La iniciativa abarca desde la venta de medicamentos y el transporte marítimo hasta los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales.
El Gobierno nacional comenzó a hacer circular en diversos ámbitos un extenso anteproyecto de ley de desregulación económica que avanza sobre sectores muy diversos de la actividad productiva y comercial. El texto al que accedió parlamentario.com contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y propone una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, normas vinculadas con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías, además de derogar leyes históricas vinculadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
El objetivo declarado es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Corretaje: apertura total de la actividad
Uno de los primeros capítulos elimina buena parte de las restricciones para ejercer como corredor.
El proyecto establece que para ejercer el corretaje sólo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario. También habilita expresamente que puedan actuar tanto personas humanas como jurídicas.
Asimismo, permite que la actividad se realice mediante plataformas digitales y autoriza a los corredores a organizarse bajo cualquier forma societaria.
Entre los cambios más significativos, se prohíbe que futuras regulaciones establezcan:
Además, se derogan los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y el artículo 1355 del Código Civil y Comercial.
Gas licuado: desaparece la regulación económica
El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad.
La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se prohíbe expresamente regular:
La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector, y del artículo 74 de la Ley 24.076.
Libros y doblaje: eliminación de regulaciones históricas
La iniciativa modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y elimina distintos organismos y mecanismos regulatorios.
La Secretaría de Cultura pasa a ser la autoridad de aplicación y se derogan numerosos artículos de la Ley 25.446.
Además, se eliminan dos normas emblemáticas:
❌ Ley 23.316, vinculada a la industria del doblaje.
❌ Ley 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro.
La derogación de esta última habilitaría una mayor libertad comercial en la venta de publicaciones.
Traductores públicos: fin de la obligatoriedad general
Otro de los cambios apunta al régimen de traducciones.
Se deroga el artículo 6 de la Ley 20.305 y se establece que el Poder Ejecutivo sólo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales, cuando existan razones técnicas, jurídicas o derivadas de compromisos internacionales.
Farmacias: venta digital y medicamentos de venta libre en comercios
Uno de los capítulos más sensibles modifica profundamente la Ley 17.565 (Ley de Farmacias).
Entre las principales novedades figuran:
También se habilita que las farmacias adopten cualquier forma societaria permitida por la legislación vigente.
Las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias.
Por otra parte, se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente.
Agro: cambios en carne vacuna, arrendamientos y vitivinicultura
El anteproyecto introduce una transformación importante en distintas cadenas agroindustriales.
Carne vacuna
Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) serían eliminadas definitivamente a partir del 1 de octubre de 2027.
El organismo pasaría a sostenerse mediante:
Arrendamientos rurales
El Gobierno propone derogar integralmente:
❌ Ley 13.246.
❌ Ley 14.432.
Ambas regulan desde hace décadas los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales.
Los contratos actualmente vigentes seguirán rigiéndose por esas normas hasta su vencimiento.
Vino y alcoholes
Se introducen modificaciones amplias en las leyes de vinos y alcoholes.
Entre ellas:
Fin de la COVIAR
Uno de los puntos de mayor impacto político es la derogación de la Ley 25.849.
Esa norma dio origen al Plan Estratégico Vitivinícola y a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
La entidad deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y proceder a su liquidación.
Los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Cabotaje: apertura a buques extranjeros
El capítulo dedicado a la marina mercante implica una de las reformas más profundas del sector en décadas.
Se habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje dentro del territorio argentino.
Las exigencias de tripulación nacional serán graduales:
También se deroga el histórico Decreto Ley 19.492 de 1944, eje de la reserva de carga nacional.
Entre otros beneficios:
Revolución digital en garantías y mercado financiero
La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales.
Las reformas incluyen:
Prendas y garantías
Warrants
Pagarés y letras
Se habilitan cláusulas de actualización e indexación y se reconoce plenamente la validez de los instrumentos digitales.
Fideicomisos
Se flexibilizan las reglas de constitución y funcionamiento.
Los créditos garantizados mediante fideicomisos adquieren mayor protección frente a concursos y quiebras.
Mercado de capitales
La reforma redefine gran parte de la Ley 26.831.
Entre sus principios rectores incorpora:
También amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores y permite que numerosos instrumentos financieros puedan emitirse y negociarse en formato digital.
Derogaciones destacadas
Además de las reformas sectoriales, el anteproyecto elimina íntegramente varias normas relevantes:
❌ Ley 26.020 (Gas Licuado de Petróleo).
❌ Ley 13.246 (Arrendamientos rurales).
❌ Ley 14.432 (Aparcerías rurales).
❌ Ley 25.849 (Creación de COVIAR).
❌ Ley 23.149 (Fraccionamiento o envasado de vinos en origen).
❌ Ley 23.316 (Ley de doblaje para televisión).
❌ Ley 25.542 (Precio Uniforme del Libro).
❌ Diversas disposiciones de las leyes 27.418 y 27.419 sobre marina mercante.
❌ Normas históricas sobre sociedades de capitalización y ahorro.
Una nueva etapa desreguladora
El anteproyecto constituye una nueva avanzada del programa de desregulación impulsado por Javier Milei y Federico Sturzenegger. A diferencia del DNU 70/23, esta vez se trata de un proyecto de ley que modifica en forma simultánea actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.
De prosperar en el Congreso, implicaría una de las mayores reestructuraciones regulatorias de los últimos años, con especial énfasis en la apertura de mercados, la eliminación de contribuciones obligatorias, la digitalización de trámites y la reducción de facultades estatales para intervenir en precios y condiciones comerciales.
Durante el encuentro, los sindicalistas alertaron que la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei podría provocar la "desaparición de la marina mercante nacional".
Miembros del interbloque Popular del Senado mantuvieron este miércoles una reunión con dirigentes de los gremios de la Marina Mercante nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), en la que analizaron el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre el sector y advirtieron sobre el riesgo de su virtual desaparición.
El encuentro fue encabezado por el senador formoseño José Mayans y contó con la participación de los legisladores Gerardo Zamora, Florencia López, Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski, Adán Bahl, María Teresa González y José Neder. Por el lado sindical asistieron representantes de los distintos gremios de la actividad marítima y fluvial, entre ellos el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Maquinistas Navales, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Asociación de Capitanes y Baqueanos, entre otros.
Durante la reunión, los sindicalistas señalaron que la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei podría provocar la desaparición de la marina mercante nacional, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y graves consecuencias sociales. En ese marco, recordaron que la desregulación del cabotaje, similar a la promovida en la actualidad, ya se aplicó durante la década del ’90 y afectó tanto al sector estatal como al privado.
Los representantes gremiales coincidieron en remarcar el carácter estratégico de la marina mercante para la defensa de la soberanía nacional, al permitir la presencia argentina en el mar territorial, la Antártida y las Islas Malvinas, además de generar mano de obra calificada y brindar servicios esenciales en situaciones complejas. También alertaron que el país pierde unos 3.600 millones de dólares anuales en fletes que podrían realizarse con buques de bandera nacional construidos en astilleros argentinos.
En ese sentido, reclamaron recuperar una marina mercante fuerte, capaz de hacerse cargo de los llamados “fletes sensibles”, como el transporte de combustibles, y expresaron su preocupación por los intentos del Ejecutivo de avanzar sobre la Ley Nacional de Pesca y de cerrar las escuelas de formación del sector. Además, plantearon la necesidad de un proyecto de desarrollo nacional que incluya a la navegación civil y la sanción de una ley de transporte federal que articule de manera integral los sistemas marítimo, fluvial, terrestre y aéreo.
Finalmente, cuestionaron lo que definieron como la “falsedad ideológica” del discurso oficial, al sostener que bajo la promesa de desregulación se avanza, en realidad, en regulaciones que favorecen a los poderes económicos concentrados.
El decreto forma parte del temario de la sesión del próximo miércoles. Recuerdan que la Justicia lo suspendió y advierten por los puestos de trabajo.
Los gremios marítimos, fluviales y pesqueros manifestaron su pedido a la Cámara de Diputados para que avance en el rechazo del DNU 340/25, por el cual el Gobierno nacional desreguló la actividad en aguas argentinas.
El decreto forma parte del temario de la sesión del próximo miércoles, en la que también se tratarán los proyectos sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan, entre otros.
Aunque el decreto fue suspendido preventivamente por la Justicia laboral, los trabajadores advierten que "no es suficiente" y exigen "su nulidad definitiva por parte del Congreso". En ese marco, se espera una importante presencia de trabajadores frente al Palacio Legislativo.
"La postura de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del DNU 340/25 debería ser un llamado de atención para los diputados y diputadas que votaron los superpoderes a Javier Milei", sostuvo el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y representante de la ITF para el sector fluvial argentino.
El dirigente resaltó que "la suspensión preventiva no garantiza ni la seguridad laboral ni que el Gobierno no vuelva a intentar desmantelar la actividad marítima, fluvial y pesquera". "Por eso, como trabajadores, como argentinos y como votantes, les exigimos que este miércoles se sienten a dar quórum y dicten la nulidad del Régimen de Exención de la Marina Mercante", reclamó.
Los gremios remarcaron que el DNU 340/25 implica "una entrega de soberanía" ya que "al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".
"No estamos discutiendo una reforma técnica. Estamos defendiendo los puestos de trabajo, la soberanía sobre nuestros ríos y mares, y el futuro de una marina mercante nacional que aún podemos recuperar", concluyó Moreno.
En una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, representantes sindicales y del sector naval discutieron el impacto del decreto que rechazan y coincidieron en la necesidad de fortalecer la Marina Mercante nacional.
En el marco de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, representantes gremiales y referentes del sector analizaron los alcances del DNU 340/25.
La comisión fue presidida por el diputado de La Libertad Avanza César Treffinger, quien es vicepresidente de la comisión y contó que el titular de la misma, el santafesino Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad), no pudo viajar a Buenos Aires por el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas.
“Manuel Belgrano, creador de nuestra Escuela Náutica, comprendía que sin barcos propios la independencia era apenas un papel”, evocó Marcelo Giuliani al inicio del encuentro, “porque una Nación que deja hacer por otra lo que puede hacer por sí misma, compromete su soberanía y lesiona gravemente la economía de sus habitantes”.
Hubo consenso en la ronda expositora respecto a la potencialidad de retomar proyectos de complemento a la Ley de Marina Mercante (n° 27.419), que registran estado parlamentario en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Al respecto, Eduardo Baglietto, vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, sintetizó: “Tenemos un primer proyecto de ley donde se apoya la creación de un segundo registro, y además corrige cuestiones como la del combustible, para competir en un nivel más igualitario con el resto de los países eximidos de tales requisitos e impuestos argentinos. Y contamos con otro proyecto de ley, del fallecido diputado Héctor Stefani, que sería una alternativa. Debemos, en definitiva, abocarnos a la creación de un segundo registro de bandera, y darle todas las herramientas a la Marina Mercante para que sea, al fin, competitiva ante los ojos del mundo”.
Asimismo, en refuerzo a la moción del Secretario General del SICONARA, Mariano Vilar, de “defender la Marina Mercante como Paraguay, la más emblemática de la región y tercera flota del mundo”, Baglietto postuló el ejemplo de “todos los países razonables y serios que protegen su cabotaje nacional, como los casos de la Unión Europea, Australia y los EEUU, que cuenta con la Ley Jones y una nueva ley bipartidaria llamada ‘Ships for America’, que va aumentar hasta 450 buques tripulados por norteamericanos alrededor de todo el mundo”.
Por último, el diputado César Treffinger apeló “a todas las partes intervinientes en este conflicto para tener la mejor resolución posible, una que sea para el bien de la actividad, y para que podamos salir a pescar en las condiciones más beneficiosas para la industria”.
Participaron además, de la reunión informativa, los diputados Gustavo González (UP), Julia Strada (UP) y Christian Castillo (PTS – FIT U); el presidente Ejecutivo de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales; el secretario general del Centro de Patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimos, Mariano Moreno; el representante del Sindicato Nacional de dragado y balizamiento, Roberto Millo; el secretario de Relaciones Laborales del SOMU, Alejandro Vargas; el secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, y el referente del Astillero Río Santiago, Denis Vilardo.
La reunión de la Comisión de Intereses Marítimos se llevó a cabo este martes. Los expositores invitados alertaron que "estamos atravesando una situación grave en nuestro sector". Cuando será la próxima reunión.
Foto: HCDN
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunió este martes para ampliar el debate sobre la situación del sector y cuestionar el espíritu del DNU 340/2025 por el que el Gobierno nacional estableció el nuevo Régimen de la Marina Mercante y la declaración de servicio esencial.
El encuentro estuvo presidido por el diputado santafesino Gabriel Chumpitaz y fueron recibidos referentes de la sociedad civil y sindical, quienes expusieron sobre la situación del sector pesquero y la Marina Mercante.
En el final de la reunión, la diputada nacional Sabrina Selva, secretaria de la comisión, anticipó que en la próxima reunión que sería el 3 de junio se debatirá sobre la posibilidad de tratar los proyectos de resolución vinculados al DNU 340 que presentaron integrantes de Unión por la Patria.
La directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, expresó: “Hay temas de gravedad en el sector naval y pesquero. La trazabilidad es un tema muy importante porque el paradigma del comercio de alimentos está cambiando y el segmento de la pesca es uno de los que más está sufriendo los cambios porque se aumentaron los requerimientos para la importación sobre trazabilidad del producto de la pesca”.
Bilbao recordó que “desde la organización venimos hace 6 años solicitando por la sanción de una ley que implemente un sistema nacional de trazabilidad de la pesca. Tuvo distintas instancias en el ámbito de esta comisión. Llegó a tener despacho de mayoría en dos ocasiones, entró a recinto, pero no tuvo quórum y por eso la necesidad de que esté en agenda porque es un tema muy importante”.
“Desde el año pasado hay dos proyectos que están acá que levantan los textos de dictámenes de mayoría. Uno es el de la diputada Marcela Passo y el otro de Maximiliano Ferraro que van a perder estado parlamentario si no son tratados en el seno de esta comisión. Por eso apelamos a que se les dé un tratamiento particular a estos proyectos, y que se pueda articular con el Senado donde también se está tratando de que esté en agenda la trazabilidad”, pidió.
Bilbao precisó que el sistema de trazabilidad “es importante porque es una estrategia que tienen las naciones para combatir la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada. Es un flagelo que sufre nuestro país en la milla 201. Es un instrumento que permite distinguir la pesca legal, la que tiene trazabilidad la que es legal y garantiza el origen de esa captura, de esa pesca que es ilegal y sin regulación”.
“Los países que son destino del producto de exportación argentino están aumentando su requerimiento en los últimos años. Sabemos que hasta 2028 hay algunas normativas a nivel internacional que van a ir ampliando los sistemas que van a controlar la importación y por eso la trazabilidad es muy importante”, sostuvo.
También indicó que la trazabilidad “ayuda a la sostenibilidad de la pesquería poniendo luz, transparentando a la actividad pesquera”. Así, remarcó que “es una demanda a nivel global hoy empezar a valer de transparencia en el sector pesquero”.
En esa línea, señaló que hay que “generar mayor información” e informó que en Argentina “los índices sobre transparencia están muy por debajo de lo que es la región. Por eso es importante la trazabilidad porque implica generar datos desde la captura, desembarque, procesamiento, comercialización, hasta que llega al consumidor final”.
“Lo que busca este sistema es poder tener datos de legalidad y de inocuidad. Otro de los impulsores de la trazabilidad, y que no es menor porque en Argentina también lo sufrimos, es evitar el fraude de alimento. Hoy la comercialización en las grandes ciudades de la Argentina aproximadamente el 36% viene mal etiquetado. Esto quiere decir que se está vendiendo una especie que puede tener o no tiene plan de manejo, que puede estar en peligro de extinción y que son etiquetados con el nombre de especie comercial porque no tenemos acceso a información sobre el origen y la inocuidad de estos productos”, explayó Bilbao.
Además, explicó: “Lo que buscamos es justamente tener, desde la ciudadanía, derecho acceso a la información sobre lo que consumimos. Además de estar generando mayor competitividad al sector pesquero en los mercados del mundo que cada vez están exigiendo más información, más transparencia y hablar de trazabilidad es hablar de transparencia del pro
Luego, Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, hizo referencias a las desregulaciones establecidas por el Gobierno nacional y consideró que la situación es “dura”: “Estamos atravesando una situación grave en nuestro sector, terminal si esto prospera”.
Además, sostuvo que “la Marina Mercante cuenta, actualmente, con más de cuarenta buques navegando nuestras aguas, y genera más de cuatro mil puestos de trabajo argentino”. Y después, le exigió a los diputados nacionales que se rechace el DNU 340/2025 del Poder Ejecutivo, por considerar que “lesiona la soberanía nacional, el trabajo argentino y la competitividad estratégica del sector naval”.
Brevemente, el vicepresidente de la comisión, el oficialista César Treffinger, defendió la medida del Gobierno y agregó que “por el nuevo modelo económico nacional, hay actividades que tienen que reformular su ejercicio económico de negocios”. “Las mejores soluciones van a salir del diálogo”, concluyó.
La diputada massista Marcela Passo se refirió a los cambios realizados por el Gobierno vía decreto y afirmó que "siempre será conveniente mejorar la competitividad de los barcos bajo registro nacional" en lugar de un régimen excepcional para buques extranjeros.
Tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 340/25 por el cual el Gobierno nacional aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que pretende flexibilizar y modernizar la normativa que regula la navegación en aguas argentinas, la diputada nacional Marcela Passo (Unión por la Patria) afirmó que la medida "es una paradoja, dado que en vez de mejorar la competitividad y los costos de los barcos que operan bajo registro de la bandera nacional, crean un régimen de excepción bajo bandera de otro país”.
El decreto modifica diversas leyes y decretos previos, incluyendo -entre otras- la Ley de Navegación N° 20.094, la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante nacional y la Integración Fluvio Regional N° 27.419 y la Ley de Régimen Laboral N° 25.877. Dicha decisión incluye una serie de cambios a las normas vigentes, entre las que están la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, la posibilidad de que los operadores locales puedan acogerse a banderas de conveniencia, la flexibilización para la composición de la tripulación, la extensión del periodo para que buques internacionales hagan cabotaje y la reducción de restricciones para reparar e inscribir buques.
“La medida representa una profunda paradoja ya que, para supuestamente 'salvar' la marina mercante nacional, se recurre a un esquema que va a impactar de forma negativa y va a desplazar aún más a los buques y tripulaciones argentinas en el corto y mediano plazo, generando enormes dudas en cuanto al impacto que busca el Gobierno con estas medidas de flexibilización y de menores costos que se habilitan para los buques extranjeros”, señaló la legisladora.
Integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Porturarios -que en el pasado también presidió-, Passo aseguró que "la medida del gobierno de Javier Milei provoca una creciente preocupación en el sector marítimo y fluvial de la Argentina, y aducen que no fueron consultados ni advertidos de cuándo estas medidas iban a ser llevadas a cabo".
“El decreto dice que busca 'revitalizar' la marina mercante nacional y 'bajar el costo argentino', pero habilita explícitamente a buques de bandera extranjera a operar en cabotaje con matrícula nacional (aunque regidos por las normas de su registro de origen) vía el régimen de excepción”, agregó la diputada massista.
En ese sentido, advirtió que "esto es un riesgo total para la Marina Mercante Nacional, parar sus armadores y trabajadores. Este régimen de excepción 'transitorio y cuasi experimental' de tres años prorrogables, donde según las políticas de este Gobierno lo que busca es la flexibilización del mercado con una reforma profunda para generar competencia y bajar los costos, sólo va a traer desempleo y desinversión de los empresarios nacionales y un claro perjuicio a los trabajadores argentinos”.
“Siempre será conveniente mejorar la competitividad de los barcos bajo registro nacional, y no armar un régimen de excepción que no da solución de fondo y perjudica tanto a empresarios y trabajadores argentinos. Argentina debe volver a tener vocación marítima y fluvial, con fuerte anclaje en la soberanía nacional, y repensar su mirada de la navegación como eje estratégico de desarrollo para el país. Debemos lograr una actividad próspera y eficiente donde la navegación la realicen buques de bandera argentina, con tripulación argentina y con astilleros argentinos”, consideró Passo.