Se hizo presente ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, citación que fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti, y denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, al tiempo que denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.

En abogado fue el primero en declarar este jueves en lo que respecta la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lleva a cabo la Comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

En su declaración, Cimadevilla afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti.

Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”..

Y continuó: “Durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial”, y detalló: “Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Por este Decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3. Este habría sido el origen del fondo anticíclico”.

“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.

En ese sentido, relató que denunció e hizo presentaciones al respecto durante la vigencia del mandato en el Consejo de la Magistratura las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó la preocupación de la doctora Elisa Carrió y reconoció su “vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública”.

“El Consejo a instancias de los representantes del estamento judicial se designan a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software del Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la ley de procedimiento administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones y transfirió a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general y se designó al cuerpo de auditores y el secretario de asuntos del Consejo”, explayó en su presentación.

Y resumió: “Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”.

“Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control y las compras que se realicen a través de licitación pública es estas personas, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, sumó.

Cimadevilla apuntó: “Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, apuntó Cimadevilla.

A su vez, explicó que los representantes del estamento judicial tienen un “rol importante en el manejo de las decisiones del Consejo. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros la nueva ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas y se consolidó en las manos del presidente de esa Comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. Una sola Comisión o quien presidía la Comisión tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario de todo el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento judicial en muchos casos me resulta inentendible. No nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del 94’, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura. El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo de los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene cuatro estamentos y que la ley buscó, en estos cuatro estamentos, que haya un equilibrio”, planteó.

Al respecto, opinó que debería ser “objeto de revisión cuál es el equilibrio dentro del Consejo”, y preguntó: “¿Es numérico?”. “La ley que debe reglamentar el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica del funcionamiento. Es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces donde las conductas de los jueces, en la práctica, tienen un rol preponderante”, expresó.

“A mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento”, lamentó.

A su vez, cuestionó que “durante mi permanencia en el Consejo he observado una actitud corporativa que no termino de entender. Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”.

“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.

Al ser consultado si el Administrador General del Consejo, Germán Krieger, tenía vinculación con Lorenzetti, sostuvo: “Eso no lo sé, probablemente por las funciones que desempeñaban haya tenido contacto con los miembros de la Corte”.

“El Comité Ejecutivo de Inversión se creó en abril de 2011 que operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por dos miembros de la Corte y del Consejo, presidido por Héctor Marchi. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, principalmente en materia de infraestructura y tecnología”, detalló el radical.

Sobre cómo se auditaban esos fondos, el exsenador explicó y denunció: “La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo y estaba sometida a una serie de exigencias como la aprobación anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Nunca esto se llevó adelante, nunca se pudo lograr. Cuando pedíamos información no nos daban y después empezaron a aparecer reclamos de empleados que no cobraban”.

“La aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces. He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, criticó.

El exlegislador reiteró que ante las consultas sobre el manejo de los recursos “nunca nos contestaron, cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario nunca nos respondían. Cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas”.

En otro tramo de su testificación, brindó detalles sobre denuncias respecto de distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial que “tenían irregularidades”.

“Para mantenimientos de equipos de aires acondicionados del fuero Penal se habían contratado 1.650.854 pesos traducido a dólares eran 139.000. Otro expediente era sobre remodelación de seis juzgados era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000. Por otro expediente sobre trabajas de higiene y seguridad 2.779.000 pesos es decir 348.000 dólares, entre otros”, detalló y lamentó: “Pedimos información de esto también y nunca tuvimos respuesta. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido”.

Por otro lado, desconoció que a Héctor Marchi lo haya designado Lorenzetti al frente de la Administración General del Corte.

A 90 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, la Legislatura porteña aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves que se llevó a cabo en el Salón Dorado- dos pedidos de informes, mediante los cuales buscarán obtener precisiones acerca de la atención que están brindando los Centros Integrales de la Mujer (CIM) y sobre los bolsones de alimentos se que reciben los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad.

Con respecto a la atención de los CIM, los legisladores buscarán conocer cuáles de esos centros se encuentran funcionando en la actualidad y cuál es la demanda y cantidad de participantes asistidas por esos centros. También se exige información sobre si hay un dispositivo de seguimiento de las participantes y cuáles son las campañas de visibilización de los servicios que prestan estas instituciones; entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida -que había sido impulsada por los diputado del Frente de Todos (FdT)-, recordaron que “la Ciudad cuenta con 16 CIM distribuidos en 15 Comunas que ofrecen información y asesoramiento sobre sus derechos, como así también las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de violencia” y precisaron que “los CIM brindan asistencia gratuita a mujeres víctimas de violencia de género a través de equipos profesionales interdisciplinarios que generan contención psico-emocional, social y asesoramiento jurídico”.

Al mismo tiempo que indicaron que en medio de la pandemia del Covid 19 y “en compromiso con la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y sin violencia, se considera de suma relevancia la posibilidad de contar con estos centros, los cuales deben funcionar de manera activa y eficiente”.

Por otro lado, el Parlamento avanzó con otro pedido de informes impulsado por el trotskista Gabriel Solano (PO) mediante el cual se prevé obtener información al respecto de la Canasta Escolar Nutritiva. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad deberá informar la cantidad de Canastas Nutritivas discriminando por desayuno, almuerzo y refrigerio, entregadas durante los primeros cinco operativos.

Asimismo se exigieron preciciones sobre el costo unitario de estos bolsones alimentarios y el costo total de las canastas entregadas; el contenido de las mismas y su valor nutricional; los términos del acuerdo con los concesionarios para la reformulación de los contratos de concesión vigentes; los protocolos vigentes adoptados en el contexto de la emergencia sanitaria, y si se están ejecutando normalmente; entre otras cuestiones.

Por José Angel Di Mauro

La armonía entre el oficialismo y la oposición duró lo que duró, y fue bastante. La ilusión que generó el alineamiento general frente a un enemigo común ya se esfumó, aunque todavía persistan algunos rasgos de cordialidad entre las  partes. Pero a esta altura ya quedó claro que más allá de promesas discursivas, la grieta sigue vigente. Si tenía dudas, la oposición terminó de sacárselas la semana que pasó.

Fue en el Congreso, lugar donde se dirime la  política, pero más específicamente en el Senado. Convengamos que el Parlamento es territorio dominado por el kirchnerismo. Porque si bien Diputados es presidido por Sergio Massa, la vicepresidenta es omnipresente en las dos cámaras. Y el Senado nacional es el patio trasero de Cristina. Allí fue donde el kirchnerismo duro mostró todas sus cartas.

Quedó claro cuando se diagramó la agenda de las comisiones que de manera virtual siguen reuniéndose cada vez con mayor frecuencia. Para el martes 26 de mayo se programó temprano la reunión de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa para analizar el endeudamiento contraído durante la gestión macrista. El último turno de ese mismo día fue reservado para la Bicameral de Trámite Legislativo, para tratar una serie de decretos entre los cuales se incluyeron sorpresivamente dos de Mauricio Macri. Al día siguiente la Comisión de Justicia que preside el senador Oscar Parrilli -mano derecha de la expresidenta- convocó al radical Mario Cimadevilla -quien se fue de la Unidad de Investigación del atentado contra la AMIA en tiempos de Macri dando un portazo- para ventilar sus duras críticas a esa administración. Ese mismo día, pero en forma secreta, se reunió otra bicameral: la de Seguimiento y Control de los organismos de Inteligencia, para analizar la denuncia presentada el día anterior por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, sobre espionaje ilegal durante la gestión Cambiemos. Todo un arsenal coordinadamente alineado en dirección hacia la anterior administración.

Veamos los detalles. Habitualmente mesurado, quien presidiera durante los cuatro años de Cambiemos la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, escribió tras la convocatoria para analizar el endeudamiento el siguiente tuit: “El país entra en default después de 5 meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente… para debatir la ‘fuga’ de divisas de 2016-2019. Nos toman el pelo”, y anticipó que como vicepresidente pediría cambiar el temario y citar al ministro de Economía. Fue lo que hizo sin éxito la oposición en esa reunión en la que Laspina perdió los estribos ante el presidente de la comisión, José Mayans. Pese a los reclamos porque la investigación de la deuda abarcara hasta 2003 -pero sobre todo el segundo mandato de Cristina, en el que el drenaje de divisas fue similar al de Macri, aun con cepo-, el oficialismo impuso un dictamen para investigar los últimos cuatro años.

El país entra en default después de 5 meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente…para debatir la “fuga” de divisas de 2016-2019. Nos toman el pelo. Como VP de esa Bicameral pediré se cambie el temario y se cite al Ministro de Economía.

— Luciano Laspina (@LaspinaL) May 22, 2020

Ese martes se cerró con otro escándalo, cuando los miembros de JxC se retiraron de la reunión de la Comisión de DNU en medio de gritos y acusaciones cruzadas por la decisión del Frente de Todos de tratar dos decretos de Macri, para traspasar las escuchas telefónicas a la Corte. Se recordó que ambos ya habían tenido dictamen en su momento, si bien es cierto que nunca llegaron al recinto. Y esos dictámenes no caducan. El oficialismo quiere llevarlos a sesión y derogarlos, cosa que nunca sucedió desde 1983.

La oposición cuestionó también la presencia de Cimadevilla en una comisión “que no es investigadora” y donde el presidente de la misma -Oscar Parrilli- es “un actor interesado en la causa”. El exsenador sostuvo allí que el gobierno de Macri nunca tuvo interés en saber qué pasó en la AMIA. Convengamos que las denuncias que hace no son nuevas y en su momento tuvieron la anuencia de Elisa Carrió. El oficialismo ahora aprovecha para echar sal a esa herida.

Es sabido que el kirchnerismo duro está molesto porque a esta altura quisiera ver a los exfuncionarios macristas desfilando por los Tribunales, comenzando por el expresidente. Esa rémora comenzó a enmendarse al final de la semana, cuando Mauricio Macri fue imputado en la investigación del supuesto espionaje ilegal registrado durante su gestión.

Ese reproche fue uno de los que expuso el humorista Dady Brieva en ese “editorial” en el que sugirió al Presidente llevar ya a la Argentina a la estación Venezuela. En ese comentario el Midachi se lamentó porque tantas investigaciones periodísticas que revelan la supuesta corrupción macrista quedan “en la nada”. “Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos, a evasores, medios, jugadores, comunicadores, Justicia, entidades financieras, fuimos”. Y a continuación, reclamó: “Es ahora Alberto. Vos fuiste elegido y vos sos el responsable”.

Luego de dos meses de parálisis legislativa, matizada con zooms en las que todo el gabinete desfiló de manera remota por las comisiones, y sobre todo la anuencia de la oposición a aceptar el statu quo impuesto por el coronavirus, finalmente se puso en marcha al Congreso, aunque con las limitaciones que la distancia impone. En ese marco se estableció un acuerdo tácito para que en semejante contexto solo se trataran temas consensuados y relacionados con el Covid-19. Pero ese límite solo abarcaba las sesiones, no -lógicamente- las reuniones de comisión. Fue notorio que la vicepresidenta celebrara que una fuerte discusión entre los senadores Carlos Caserio y Martín Lousteau permitiera demostrar que los temas más ríspidos podían ser dirimidos como si estuvieran cara a cara.

Quedó claro que la relación oficialismo-oposición ya es a cara de perro, sin contemplaciones. Aun cuando el oficialismo está muy ajustado en los números en la Cámara baja. Más botones de muestra: en otra bicameral, la de Comunicación Audiovisual en la que se impuso la designación de Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público, el oficialismo designó presidenta a Gabriela Cerruti, mas no concedió a la oposición la vicepresidencia, como suele establecerse. Ungió allí al senador Alfredo Luenzo, respetado por todos… pero también oficialista.

La última demostración de poder la dio el oficialismo el jueves, al no reunir quórum Juntos por el Cambio para la sesión convocada para debatir las facultades especiales otorgadas al jefe de Gabinete. Un resultado previsible que permitió verificar con quiénes cuenta el Frente de Todos a la hora de medir fuerzas en la Cámara donde está más ajustado. En esa sesión en minoría, JxC hizo más reproches a los ausentes que al gobierno. De hecho, el diputado Pablo Tonelli explicó que esas facultades especiales que otorgó el DNU cuestionado eran “innecesarias”. Simplemente porque el artículo 39° de la Ley 24.156 que modificó el decreto establece que “el Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar cosas no incluidas en la ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”.

Tal vez valía la demostración de fuerza por aquello de que “es ahora, Alberto”, como declama Dady Brieva en nombre del kirchnerismo duro. “Tenemos la oportunidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo”, expresó en ese sentido el Presidente en su paso por Formosa, donde ponderó con énfasis al gobernador de una de las provincias más pobres, en la que el  tan declamado “Estado presente” es “omnipresente”. Allí el Estado es el principal empleador, aunque es la provincia que menos incrementó la cantidad de agentes estatales entre 2003 y 2015.

Alberto anduvo allí a los abrazos con el gobernador Gildo Insfrán. Más allá del mensaje contradictorio de esos gestos en tiempos de aislamiento y distanciamiento social, el Presidente busca construir para la agenda post pandemia, y reforzar lazos con los gobernadores como siempre deseó. Pero allí siguió haciendo equilibrio, cuando dijo que “un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas idas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos… No, no, no: queremos hacer un país más justo, simplemente”.

Casi como una expresión de deseo muchos interpretaron que estaba desautorizando la propuesta de Fernanda Vallejos. No lo hizo: la diputada nunca habló de quedarse con empresas, sino con  parte accionaria de los grandes grupos auxiliados. Las “ideas locas” a las que refirió el Presidente son, a su  juicio, las interpretaciones que se hacen de esa propuesta y del proyecto para cobrar un impuesto a las grandes fortunas.

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de “usar el Senado para ejercer el revanchismo”, luego de la reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a la que fue convocado Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, enfrentado a sus exsocios de la UCR y el Pro.

“El kirchnerismo intenta utilizar el Senado para instalar falsedades y confusión en torno a las causas judiciales que investigan el atentado a la AMIA”, denunció la bancada presidida por Luis Naidenoff en un comunicado.

En la reunión citada por Oscar Parrilli (Frente de Todos), que además fue acusado en la causa por encubrimiento, Cimadevilla denunció que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además habló sobre el audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pidió protección para un exfiscal.

Tras mantener duros cruces con Cimadevilla, los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “en lugar de utilizar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para discutir propuestas que posibiliten que la Justicia reanude sus actividades paralizadas a raíz del establecimiento de la cuarentena, el kirchnerismo pretende utilizarla para arrogarse funciones propias del Poder Judicial”.

“Lamentamos que el exsenador Mario Cimadevilla, conocedor del reglamento del Senado, se haya prestado a esta puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial”, expresaron.

Además, consideraron “evidente” que “estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del memorándum con Irán, al pretender generar la caída de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado”.

“El gobierno de Cambiemos dejó sin efecto el memorándum con Irán, que ya había sido declarado inconstitucional por la Justicia y permitió que se avance en el juzgamiento de la causa por encubrimiento, a consecuencia de lo cual, después de más de 20 años de demora se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal”, recordaron desde Juntos por el Cambio.

Por último, instaron al Frente de Todos a “abandonar el uso del Senado para ejercer el revanchismo sembrando aún más divisiones entre nosotros, en un momento en que nuestros ciudadanos necesitan que nos aboquemos de lleno a los problemas que la pandemia y la cuarentena nos están provocando.

La reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se convirtió en escenario de durísimos cruces y pases de factura entre el radical Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, y senadores de Juntos por el Cambio, que además cuestionaron la citación al exfuncionario.

Cimadevilla fue convocado por el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, luego de que se conociera un audio de la exvicepresidenta Gabriela Michetti donde le pedía protección para un exfiscal “amigo” del gobierno de Mauricio Macri en la causa por encubrimiento del atentado.

“¿Cuál es el motivo por el que traemos a la Comisión de Justicia al exsenador Cimadevilla a hablar de un tema que no está en tratamiento de esta comisión?”, arrancó la radical Silvia Elías de Pérez, quien aclaró que “esta no es una comisión investigadora”.

Además recordó que el propio Parrilli “es un actor interesado en la causa” -como él mismo aclaró al inicio de la reunión- por ser uno de los acusados por el juez fallecido Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento del ataque a la mutual judía.

También se sumó a la embestida otra radical, Silvia Giacoppo, quien le preguntó a Cimadevilla “qué avances tuvo la causa” y “cuántas audiencias presenció”. El exsenador respondió: “No era mi función ir a las audiencias. Era un equipo de diez abogados con quienes nos juntábamos para seguir la marcha de la querella”.

Tras repasar que el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, decidió apartar abogados de la Unidad y nombrar nuevos, señaló: “Yo me fui cuando a mi me quisieron hacer decir algo de lo que no estaba convencido. Yo soporté todo, pero cuando me dijeron ‘tenés que decir tal cosa’, me fui”.

Remató con un mensaje a Giacoppo y al Pro: “Usted me va a entender porque es del mismo partido que yo. Los radicales hemos predicado con el ejemplo sobre cómo debe actuar el poder político respecto del Poder Judicial. No crea que quienes estuvieron aliados a nosotros en 2015 piensan lo mismo en estos temas. Piensan totalmente distinto”.

La jujeña no se quedó callada y, tras mencionar que “el ADN del radicalismo” está en “la ética y la moral”, aseveró: “No me cierra por qué el doctor no se fue antes, por qué no lo denuncio antes, y por qué no fue a ninguna audiencia”.

Cimadevilla se defendió: “No voy a aceptar que vayan a una causa judicial a hacer algo que no corresponde. Eso no es diferencia de criterios, es violentar los deberes de un funcionario público”. Y repitió: “No estaba entre mis funciones ir a las audiencias, sino coordinar el trabajo de la Unidad”.

Más adelante intervino Esteban Bullrich (Pro), quien coincidió con Elías de Pérez en que Parrilli es “parte interesada” en la causa y eso “tiñe a la comisión de un manto que no es el correcto”. “Esta comisión no está al servicio de resolver problemas de interés personal, sino problemas de interés general”, dijo.

Bullrich retomó el tema de la relación entre el Pro y la UCR. “Yo soy parte de esa alianza y usted dice que no se valora la Justicia, y no es cierto. Yo valoro la Justicia, tanto la valoro que he hecho denuncias de corrupción contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No acepto que usted se tiña de radical para justificar una mirada”.

“No me tiño de radical; soy radical de los que no quieren que me tiña de amarillo”, retrucó Cimadevilla, y aclaró que en 2015 “el radicalismo decidió concurrir a una alianza electoral en función de las urgencias que atravesaba el país: la necesidad de cambiar el signo político y de lograr un equilibrio parlamentario”.

Según el exsenador, ambos objetivos se lograron, “pero luego no gobernó Cambiemos; gobernó el Pro. Pensábamos que íbamos a ser partícipes en algunas decisiones del Gobierno, por eso yo me sumé en consonancia con mi partido”.

“No quiero teñir a nadie de amarillo. Sus correligionarios pueden decir”, se defendió Bullrich, y trajo a la memoria la convención donde se selló aquella alianza: “Si quiere dirimir Gualeguaychú en una comisión del Senado, estamos en problemas”.

Antes de finalizar la picante reunión, Luis Naidenoff consideró que “la investigación de los hechos del pasado compete al Poder Judicial” y que la única vía por la que puede intervenir el Congreso es la del juicio político. “Fuera de esto, no tenemos ningún tipo de atribución”, acotó.

“Como hombre del partido reivindico el Estado de Derecho, y eso significa independencia de poderes. Si hay alguna cuestión que tiene que resolver en el ámbito judicial, será el Poder Judicial el que resuelva, no el Congreso”, insistió el jefe del interbloque Juntos por el Cambio.

Acto seguido, advirtió sobre “la hoja de ruta que se viene marcando desde que el Congreso se ha normalizado” y “la notable embestida de los últimos días por erigir al Congreso como un tribunal fiscalizador”.

“No hay pandemia que frene el ‘ABC’ que el oficialismo se trazó en materia judicial. Lo único que les interesa es el revanchismo”, denunció el formoseño, al referirse a las últimas reuniones de comisiones bicamerales, donde el oficialismo pidió investigar la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri y también volvió a la carga contra dos DNU de la anterior gestión en materia judicial.

Sin embargo, Naidenoff dijo que “nunca les escuchó emitir opinión” sobre declaraciones formuladas por el actual presidente Alberto Fernández en febrero de 2015, cuando aseguró que “el pacto con Irán es un pacto de encubrimiento”.

“En el marco de la pandemia hay una luz verde donde todo vale, pero mientras en las calles los comercios se cierran, muchas familias no tienen respuestas y vemos barrios que están cerrados como ghetos, pareciera ser que el oficialismo está en otro contexto. Cantan y bailan como la orquesta del Titanic, mientras el país se hunde. Pero ojo con el Titanic, porque el comando lo tienen ustedes y el iceberg está ahí”, ilustró.

El exsenador radical y extitular de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, denunció este miércoles que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además reconoció la veracidad de un audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide protección para un exfiscal de la causa.

Cimadevilla fue convocado a exponer, por videoconferencia, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli, acusado por el juez fallecido Caudio Bonadio de haber formado parte del encubrimiento del atentado junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Hace unos días, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer un mensaje de Michetti donde le exigía a Cimadevilla que protegiera al exfiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le decía la exvicepresidenta.

Ante los senadores, Cimadevilla admitió que el audio fue “inapropiado” y dijo desconocer cómo se hizo público, pero de todos modos sostuvo que “no es el hecho más grave que ha ocurrido” ya que durante el gobierno macrista hubo “resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo que apuntaban a obstruir la labor de investigación que estábamos llevando adelante para determinar las responsabilidades de quienes habían investigado el atentado”.

“El gobierno anterior, pese a que declaraba mucho interés, no tenía interés en saber qué había pasado en la AMIA”, lanzó Cimadevilla, y agregó que “cuando pedían la absolución de algunos imputados”, como Barbaccia, el también exfiscal Eamon Mullen, el expresidente de la DAIA José Beraja y el comisario Jorge “Fino” Palacios, “las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o del ministro”.

El relato de Cimadevilla

Cimadevilla recordó que fue designado al frente de la Unidad Especial AMIA en enero de 2016, con la supuesta misión de “determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer y desviar la investigación procuraron la impunidad de los responsables”.

“No acepté la designación en forma individual, sino consensuada con las autoridades del radicalismo”, aclaró de entrada.

Según comentó, la Unidad “tenía dos funciones: apoyar la investigación de jueces y fiscales durante el atentado, y ser querellante representando al Estado en la causa del encubrimiento, donde se investigaba la responsabilidad del doctor (Juan José) Galeano, funcionarios de su Juzgado, fiscales de la causa, jefes de organismos de Inteligencia, e incluso del propio presidente (Carlos) Menem”.

Por sugerencia de Elisa Carrió, Mariana Stilman -actual diputada de la Coalición Cívica- se incorporó a la Unidad como abogada querellante, tras haber trabajado años atrás en el juicio político contra Galeano.

“A medida que avanzaba la marcha de la querella, empezaron a aparecer los inconvenientes con el ministro (Germán) Garavano y algunos de sus funcionarios”, relató Cimadevilla, y amplió: “Colaboradores del ministro concurrían a las audiencias y permanentemente sugerían cosas a los abogados de la querella, y eso se hizo tan insostenible que terminaron renunciando a representar al Estado por este hostigamiento permanente”.

Según el exsenador, lo que demostraba el Gobierno en los hechos era que en la querella “no había que tener un criterio muy activo, no había que preguntar algunas cosas y no había que interrogar a algunos testigos”. Por ese motivo renunció Stilman, quien habló en ese entonces de los problemas que tuvo con Miguel Inchausti, quien oficiaba de “enlace” con Garavano.

“La actitud de los representantes del ministro impedía búsqueda de la verdad”, insistió Cimadevilla, y recordó que por esa razón Carrió hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la conducta de esos funcionarios, y luego pidió el juicio político contra Garavano.

Pero “la pelea total” con el Gobierno, que motivó la salida de Cimadevilla, fue “cuando revocaron el poder de los abogados de la querella, apoderaron a nuevos abogados y pidieron la absolución de algunos imputados”, los mencionados Barbaccia, Mullen y Palacios.

Sobre el audio difundido por Verbitsky, el exsenador afirmó: “Sí, reconozco que es un WhatsApp que me mandó la vicepresidenta Michetti, que tenía interés en saber, tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella”.

Por otra parte, Cimadevilla advirtió que “hace 20 años que la causa del atentado no se mueve, porque en Argentina existe una ‘tradición jurídica’ que dice que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar, hay iraníes imputados que se niegan a cumplir con los requerimientos de la Justicia argentina, por lo cual la causa está paralizada”.

Por eso, para el exfuncionario, “la reforma judicial no pasa por reformar un Código o por decir si la Corte va a tener dos o tres salas; pasa por que los jueces puedan actuar con total independencia”.

“Al partido radical nos pueden imputar muchas cosas, pero siempre hemos sido muy respetuosos del Poder Judicial, nunca hemos interferido en ninguna investigación”, concluyó Cimadevilla en su informe ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

La última sesión del Senado tuvo la particularidad de anticipar los temas en los que el oficialismo piensa avanzar esta semana en diversas comisiones, varios ligados a la gestión anterior. Pasó con José Mayans, anticipando la avanzada opositora para investigar la deuda contraída por el macrismo en la Bicameral de Deuda, y lo hizo también Oscar Parrilli en lo que este miércoles analizarán en la comisión que él preside. Hablamos de la de Justicia y Asuntos Penales, que se reunirá virtualmente este miércoles a las 16.

En la sesión del jueves, el extitular de la AFI le dijo a la presidenta del Senado: “No sé si usted se enteró de que la vicepresidenta anterior llamó para presionar a quien era el fiscal de la UFI-AMIA, que era un senador  opositor, que era muy bueno como  opositor. Tengo que destacar que, en la oposición, el senador Cimadevilla era una persona impecable. Obviamente, lo llamaron… ello son pensaron que él no tenía que hacer ese tipo de cosas”, señaló Parrilli. En su exposición, Parrilli se refirió a la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA, en el que tanto él como Cristina Kirchner están procesados. “Hemos escuchado un audio, que ha salido por todos lados, en el que la exvicepresidenta le estabamanifestando al titular de la unidad especial de investigaciones de la AMIA, Cimadevilla –del gobierno de Macri-, que cuidara y protegiera a uno de los fiscales acusados por encubrimiento”, agregó en su exposición.

Por eso es que el exsenador radical Mario Cimadevilla fue invitado a exponer ante la Comisión de Justicia de manera remota.