Los bloques del Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la no renovación de 1400 contratos de personal de salud en diferentes instituciones de la salud pública. Exigen el detalle de las causas de esos vencimientos y “el ahorro” por la no renovación.

“El sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”, acusaron en el texto que encabezó el diputado tucumano Pablo Yedlin.

Asimismo, detallaron el pedido en varios ítems: Informe detallado de la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de porqué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024; y metas y acciones planificadas para este año 2025.

En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.

Por el lado del texto que firmaron los cinco integrantes del FIT-U, en primera instancia rechazaron a los 1400 despidos mencionados y denunciaron que las medidas del Gobierno ejecutadas por el ministro de Salud, Mario Lugones, “implican el desmantelamiento en instituciones fundamentales de la salud pública”.

El proyecto encabezado por Vanina Biasi, aseveró entre los fundamentos que “esta política tiene como principal blanco de ataque el Hospital Posadas, el Bonaparte, el Instituto del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, Andis, Anlis-Malbrán, Anmat e Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur)”. “En el Somer ya se notificó el despido de 130 trabajadores, mientras que en el Bonaparte contabilizan 200 despidos”, acusaron.

“El plan motosierra de presidente Milei, de Stuerzenegger y Lugones no solo se aplica sobre los trabajadores del área de salud, sino que lo hace sobre áreas sensibles de atención. Estos despidos completan una política de destrucción de la salud pública que incluye salarios por debajo de la línea de pobreza, desmantelamiento de los hospitales públicos y los programas sanitarios, e incluso el arancelamiento en distintos municipios por la colaboración de otras fuerzas políticas”, concluyeron en el proyecto de resolución.

La diputada nacional Marcela Campagnoli y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentan una denuncia por abuso de autoridad por cambiar el consejo directivo del Hospital Garrahan.

La denuncia será presentada este miércoles en los tribunales federales.

En el texto de la misma piden investigar la posible comisión de un abuso de poder por parte del flamante ministro de Salud, Mario Iván Lugones y quienes resulten responsables de los hechos que han tenido lugar en el Hospital Garrahan.

Recuerdan las denunciantes que Lugones, en su calidad de  ministro de Salud habría solicitado el pasado 2 de octubre la renuncia de la totalidad del consejo directivo del hospital, lo que obedecería a la entrega de un “bono” al personal.

Dicha orden habría sido emitida directamente por Lugones -en anuencia con sus superiores- con motivo de que dicho bono (que es una facultad discrecional del consejo directivo) no habría sido consultado con él en su calidad de máxima autoridad de la cartera.

Lo cierto es que dicha suma obedecería a una cantidad que habitualmente se le entrega a los profesionales de la salud que prestan funciones en el mencionado nosocomio, la que obedecería al excesivo trabajo y los bajos sueldos que estos cobran por sus funciones, reza la denuncia, que aclara que dicha suma proviene de un fondo que el consejo administra y del cual puede decidir discrecionalmente y sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

Asimismo se aclara que “dicha suma no corresponde a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de Salud nacional”.

Según Campagnoli y Carrió, “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión claramente arbitraria  y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo, posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios, ya que se ha recortado el presupuesto de Salud”.