El oficialismo rechazará la cuenta de inversión del primer año de Macri

El tema aparece en el temario de la sesión de este miércoles en el Senado. El Frente de Todos ya mostró su postura durante la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en la que cuestionó en duros términos los manejos presupuestarios del Gobierno de Cambiemos en 2016.

En plena campaña electoral, las embestidas contra el Gobierno anterior volverán a estar a la orden del día, cuando en el recinto se trate este miércoles la cuenta de inversión correspondiente al año 2016. Es que, contrariamente a lo que se estila y sobre todo respecto de un primer año de gestión, el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.

Las cartas se mostraron el 26 de agosto pasado, cuando se realizó la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En esa oportunidad, los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen. Obviamente el de mayoría es el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.

La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, quien anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.

“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.

Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.

Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.

Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.

“Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, lanzó José Mayans en referencia al primer año de Cambiemos.

Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.

“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.

La postura de la oposición

A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.

El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.

Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.

González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.

González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.

El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.

“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.

Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.

“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, precisó Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.

Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Luego Alvaro González adelantó que enviarían al día siguiente los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google dónde queda Comodoro Py”.

E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.

Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.

Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.

Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.

El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.

El oficialismo anticipó su rechazo a la cuenta de inversión del primer año de la gestión macrista

Lo hizo durante la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en la que el Frente de Todos cuestionó en duros términos los manejos presupuestarios del Gobierno de Cambiemos en 2016. Habrá entonces dos dictámenes.

En el marco de una reunión que se extendió durante una hora exacta, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizó este jueves la cuenta de inversión correspondiente al año 2016, y en ese marco el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.

Los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen que presentarán este viernes. Obviamente el de mayoría será el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.

La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, se inició con el anuncio de la inclusión en esa comisión del senador rionegrino Martín Doñate en reemplazo de Jorge Taiana, quien renunció al Senado para asumir como ministro de Defensa. Tras ello, el presidente de la comisión anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.

“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.

Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.

Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.

Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.

Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.

“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.

La postura de la oposición

A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.

El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.

Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.

González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.

González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.

El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.

“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.

Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.

“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, preciso Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.

Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Luego Alvaro González adelantó que enviarían este viernes los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google d´nde queda Comodoro Py”.

E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.

Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.

Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.

Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.

El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.

Avalan en comisión el Programa de Acción 2021 de la AGN

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprobó el plan de unas 500 auditorías que tiene previstas el organismo de control.

comision bicameral parlamentaria mixta revisora de cuentas

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador Mario Pais (FdT), avaló este martes el Programa de Acción 2021 de la Auditoría General de la Nación, donde el organismo de control tiene previsto realizar unas 500 auditorías.

En el arranque de la reunión, Pais explicó que este programa suele aprobarse a fin de año o en el comienzo del período ordinario, pero esta vez, a diferencia de otras, se retrasó debido al cambio de autoridades en la AGN y también “tuvo un trámite medio especial por la pandemia”.

En ese sentido, recordó que el programa siempre ingresa en septiembre, pero este último fue girado en noviembre y, tras su análisis, se detectó que algunas auditorías -alrededor de un 10%- no tenían especificado el objeto, con lo cual hubo un nuevo pedido al órgano para que complete esa información. Y esas precisiones recién llegaron el pasado 13 de mayo.

Por otra parte, el oficialista dijo que en “la mayor brevedad posible” intentarán aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la AGN, que va de la mano con el Programa de Acción Anual. No obstante, se impulsó una resolución “requiriéndole (al organismo) algunas precisiones del POA que están faltándonos” y que “en el plazo de 30 días complete el Plan”.

En apoyo a esa resolución, el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, coincidió con que la AGN “tiene que aclarar los objetos de la auditorías” y “está bien darle estos 30 días para que informe y la comisión tenga precisiones”.

Pais insistió que el pedido de esta información se debe a que “podamos ejercer adecuadamente las potestades de control que nos demanda la Ley de Administración Financiera”.

En tanto, el diputado Álvaro González (Pro) pidió “tiempo” para leer la resolución, que afirmó le llegó este mismo martes, y consultarla con el jefe de su interbloque, Mario Negri, y “ver lo que usted está proponiendo, que no dudo será lo que corresponde”.

Pero Pais le solicitó que “no dilatemos y suscribamos este requerimiento para poder a medidos de julio aprobar el POA”. Por eso, dijo que lo iban a pasar a la firma. Entonces, González y también la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) se comprometieron a dar su respuesta en las próximas 24 horas, al tiempo que expresaron que seguramente lo apoyarán.

En el final de la reunión se pasaron a la firma un total de 103 dictámenes unánimes; y otros cinco -de mayoría y minoría- vinculados al programa de Corredores Viales, y a estados contables del Banco Nación sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Pedido de información de auditorías sobre “gastos Covid”

En el encuentro, el diputado Álvaro González adelantó que presentará un requerimiento a la AGN para que informe avances de los resultados de auditorías sobre “todo lo que tiene referido a los gastos Covid, al IFE, ATP, y las vacunas”.

“Venimos trabajando muchísimo más que de manera presencial”

La senadora Ana Almirón destacó el teletrabajo en el marco de la reunión de conformación de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

La Comisión de Derechos y Garantías del Senado ratificó autoridades este jueves por unanimidad en una reunión remota. Continúa como presidente Julio Martínez (UCR-La Rioja), como vicepresidente Mario Pais (FdT-Chubut) y como secretaria Ana Almirón (FdT-Corrientes).

Los senadores José Mayans (FdT-Formosa) y Mario Fiad (UCR-Jujuy) solicitaron la palabra para confirmar a las autoridades y agradecer por el período transcurrido. “La verdad que esta comisión creo que se conformó recién para septiembre y tuvieron un arduo trabajo en el tema de la Ley de Defensa al Consumidor. Les deseo éxitos para este año parlamentario”, comentó Fiad.

El flamante presidente agradeció por “la ratificación de la confianza” a todos los senadores y opinó que la comisión es “muy importante y con temas pendientes interesantes”.

Foto: Comunicación Senado.

Mario Pais también dió las gracias y coincidió en que “tenemos muchas iniciativas muy dispersas en materia de modificar y mejorar la legislación de protección a los usuarios y los consumidores”. Además, recordó el pendiente del proyecto en revisión por el cual “se aprobó la necesidad de reconstruir los legajos de aquellos trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que fueron desaparecidos”.

A continuación, la secretaria Ana Almirón mostró su gratitud y aseguró que “en todas las comisiones venimos trabajando muchísimo más que de manera presencial”. 

Como días de reunión, Martínez propuso martes y jueves a las 11 horas, aunque con posibilidad de flexibilidad. Luego, dio por finalizada la reunión.

Pais continuará como presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas

El senador chubutense informó que se le dará tratamiento al Plan Operativo Anual 2021 de la Auditoría General de la Nación.

comision mixta revisora de cuentas 23 marzo 2021

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este martes para ratificar al senador chubutense Mario Pais (FdT) como presidente; al diputado porteño Álvaro González (Pro) como vicepresidente; y al senador formoseño José Mayans (FdT) y el diputado cordobés Mario Negri (UCR) como secretarios.

Al comenzar la reunión, Pais puso en valor el trabajo realizado por la comisión el año pasado e informó que el pasado 22 de febrero giró “una nota al presidente de la AGN (Jesús Rodríguez), que entiendo va a ser respondida indirectamente cuando se remita el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2021”.

El oficialista detalló que “el POA del 2021 ha sido aprobado, según he podido verificar y me ha informado el director de la comisión”.

“Inmediatamente se reciba lo vamos a girar a los asesores, a los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras y a todos ustedes para que integrado con el Plan de Acción Anual podamos cuanto antes, si es posible en el mes de abril, revisarlo y si así lo consideramos pertinente aprobarlo en una reunión que incluso, como es de práctica, se invitaría al Colegio de Auditores Generales de la Nación”, sostuvo.

Por otra parte, el chubutense informó que “está en estudio, en el ámbito de asesores, ya la rendición de cuentas del año 2016”, primer año de la gestión Cambiemos. Y recordó que “se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación el informe requerido en relación al Correo Argentino”. El legislador del Frente de Todos instó a “avanzar y concluir con ese expediente que desde el año 2018 está en trámite en el ámbito de las comisiones”.

Almirón fue ratificada como presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado

También continúan Silvia Giacoppo como vicepresidenta y Juan Mario Pais como secretario.

La Comisión de Legislación General del Senado ratificó a sus autoridades este lunes en una reunión remota. Ana Claudia Almirón (FdT-Corrientes) continúa en la presidencia, Silvia Del Rosario Giacoppo (UCR-Jujuy) en la vicepresidencia y Juan Mario Pais (FdT-Chubut) en la secretaría. Además, se organizaron algunas cuestiones del plan de trabajo de la comisión.

Almirón destacó del año pasado que “estuvimos a la altura de las circunstancias en cada uno de los temas que se han establecido” en “un año sumamente intenso con temas inéditos”. En cuanto al día y hora de reuniones se apeló a la flexibilidad según disponibilidad, al igual que en las demás comisiones. Las reuniones de asesores, por su lado, serán los jueves a las 15 hs.

Fotos: Comunicación Senado.

La senadora Eugenia CatalfaMO (FdT-San Luis) pidió la palabra para expresar la necesidad de “dar pronto tratamiento de la Ley Nacional de Juventudes”. “Es una ley que nosotros hemos presentado en 2019 y que la volvimos a presentar ahora. El objetivo es que nuestro país cuente con una Ley Nacional Federal de Juventudes. La hemos adaptado a los nuevos tiempos respecto de 2019. Le pido presidenta que podamos darle pronto tratamiento”, solicitó la senadora.

Por último, el senador Pais también pidió tratamiento a un proyecto propio. En su caso, sobre la modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. “Considero que es muy urgente por los recientes fallos y por la necesidad de que todos los tribunales del país, empezando por la Corte en todos sus fallos, aún cuando aceptan la jurisdicción o cuando la rechazan. tengan una decisión suficientemente fundada. Constituye un derecho constitucional de todos los ciudadanos”, argumentó el senador.

El Senado aprobó los números del último año de CFK

El oficialismo impuso su mayoría para aprobar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015 y que pasó así a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Senadores aprobó este viernes la cuenta de inversión correspondiente al último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 2015. El Frente de Todos impuso su mayoría, por 42 votos afirmativos, con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, contra 24 negativos, de los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

El senador chubutense Mario Pais fue el único expositor que tuvo este tema, que consideró en su exposición a este como “un acto institucional de suma importancia política y parlamentaria”, por cuanto representa el control parlamentario de las cuentas de inversión, el análisis de la ejecución presupuestaria. Esto es, la forma como el Ejecutivo ha administrado los gastos.

En tono didáctico, el senador oficialista explicó que esos números son girados a la Auditoría General de la Nación, cuya presidencia es siempre ejercida por un representante de la principal oposición parlamentaria.

“Este acto jurídico parlamentario es el que hoy vamos a tratar con este proyecto de ley que no elabora ningún legislador, ni el Poder Ejecutivo Nacional, sino la Comisión Mixta Revisora de Cuentas luego de analizar el dictamen de la Auditoría General de la Nación”, expresó Pais.

El senador oficialista aclaró que este ejercicio presupuestario corresponde a dos presidentes, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, en este caso por los últimos 20 días de 2015; como así también la ejecución de tres jefes de Gabinete: Jorge Capitanich, que ejerció hasta febrero de 2015, Aníbal Fernández, quien se desempeñó hasta el 9 de diciembre, y con posterioridad Marcos Peña, quien ejerció el cargo durante los cuatro años de mandato de Cambiemos.

Pais detalló que el jefe de Gabinete debe remitir al Congreso y a la AGN antes del 30 de junio la cuenta de inversión del Presupuesto anterior. “Se inicia así el proceso arduo de control parlamentario”, abundó, aclarando luego que no se trata de una ley como las demás. Para algunos juristas, “es un acto administrativo de naturaleza especial; otros dicen que no es un acto administrativo sino de naturaleza política. Para Bidart Campos no puede ser objeto de veto, el Poder Ejecutivo solo puede promulgarla, porque sería interferir con una facultad exclusiva del Congreso de la Nación”.

Mario Pais contó además que la cuenta de inversión puesta en discusión fue analizada y dictaminada por la AGN, un organismo que tiene un rol de asistencia técnica del Congreso de la Nación. “Este dictamen fue aprobado por unanimidad, con algunas observaciones”, agregó, puntualizando que “se encuentra pendiente de dictaminar la cuenta de inversión de 2016, que está en el ámbito de la comisión, esperemos que el año próximo podamos avanzar con eso; los posteriores todavía no han sido recepcionados en el ámbito de la Comisión Mixta Revisora de cuentas”.

A continuación, el senador del Frente de Todos dio lectura a los números que incluye esta Cuenta de Inversión, en donde se detalla que el total de recursos y gastos muestra una ejecución presupuestaria superior al 95%.

Luego hizo referencia a las críticas que en 2017 expresó un sector de la prensa que incluyó entre “los que reivindicaban el periodismo de guerra”, que entonces cuestionó que la Auditoría General de la Nación hubiera aprobado esa cuenta de inversión.

Puntualmente citó a los diarios La Nación y Clarín, que les apuntó a auditores de entonces y que todavía integran la AGN, como los radicales Alejandro Nievas y Jesús Rodríguez. Pais leyó entonces que el primero de los citados diarios había considerado “sugestivo” que la decisión fuese unánime. “¿Cómo se explica que lo haga, cuando arrecian las acusaciones y denuncias de Cambiemos sobre corruptelas en los manejos de los recursos públicos?”, le preguntaron entonces a Nievas, quien respondió que “esto es un informe técnico; en términos contables significa que los números de 2015 cerraron razonablemente, pero esto no significa que se apruebe la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa es el balance y otra la gestión, que es una valoración política y que para nosotros fue mala y por eso planteamos varias observaciones”.

“Pero el dictamen fue aprobado unánimemente”, dejó claro Pais.

Luego reseñó la crítica que el diario Clarín hizo entonces, interrogando al radical Jesús Rodríguez, actual titular de la AGN, quien sostuvo que “la ejecución presupuestaria de 2015 subestiman el déficit por la manipulación del INDEC y los excesos de contabilidad creativa, y si hubieran hecho bien las cuentas el déficit en la última gestión kirchnerista hubiera sido del 6 y no del 3,8 como dibujaron”.

“Lo concreto es que el déficit fue 3,8 y no del 6%”, enfatizó Pais, que al concluir señaló que “la ejecución presupuestaria aparece como razonable, se han contestado todas las observaciones, y la Comisión Revisora Mixta, al igual que la AGN aconsejan la aprobación de la misma. Es lo que estamos haciendo”, concluyó.

Con rechazo del grueso de la oposición, el Senado prorrogó las sesiones virtuales hasta marzo

Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron a la extensión del sistema remoto, dispuesto por un nuevo decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con el rechazo de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, el Senado renovó este viernes el sistema de sesiones virtuales hasta el 1ro. de marzo del año próximo, según dispuso la vicepresidenta Cristina Kirchner en el decreto presidencial 18/20.

Al Frente de Todos lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. En tanto, el grueso de la oposición se manifestó en contra de continuar con el sistema remoto cuando el Gobierno ya levantó el aislamiento obligatorio. La votación resultó así con 41 votos positivos y 26 negativos.

En el decreto, la titular de la Cámara alta mantiene la realización de “sesiones en carácter remoto o virtual, mediante videoconferencia y a modo excepcional, hasta el día 1 de marzo de 2021”.

El documento establece que “el plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del decreto de la Presidencia del Senado”, firmado originalmente el 4 de mayo.

Esta se trata de la cuarta prórroga del sistema virtual, que ya se había extendido en julio, en septiembre y en octubre, en el marco de la pandemia de Covid-19.

En defensa de la medida, el oficialista Mario Pais explicó que el aislamiento decretado por la pandemia provocó que el Senado adoptara “mecanismos de sesiones legislativas y aún trabajo de comisiones virtual”. Recordó, además, que todavía existe la “restricción de personal”, en referencia a las personas de grupos de riesgo.

El chubutense señaló que es inminente el anuncio a sesiones extraordinarias por parte del presidente, por lo que “es una debida y adecuada prevención” renovar “la continuidad de sesiones virtuales”.

El legislador del Frente de Todos mencionó que los primeros dos decretos fueron sancionados por unanimidad, y remarcó la potestad que tiene el propio Senado para resolver cómo será su funcionamiento.

En alusión al decreto 30 del reglamento, Pais sostuvo que éste “no prevé con exclusividad y en forma excluyente que solo pueda haber sesiones en el Congreso, en el recinto”. “Es absolutamente aconsejable la prórroga de la virtualidad en el cumplimiento de nuestros mandatos”, continuó.

“Este DP, al igual que los otros, resulta absolutamente necesario, es pertinente”, afirmó y consideró que “sigue manteniéndose la gravedad institucional”, y hay restricciones “en la circulación, en los contactos, en la forma de prestación de los trabajos, por personas exceptuadas”.

El oficialismo impuso su mayoría a la hora de votar. (Foto: Comunicación Senado)

Argumentando la posición en contra, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, mencionó que en la última reunión de Labor Parlamentaria se habló de la posibilidad de “establecer prórrogas acotadas hasta el 15 de enero”.

También subrayó que todavía no se conoce el temario de extraordinarias, pero se sabe que la Cámara de Diputados iniciará debate de envergadura como es la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“¿Cómo puede ser que digamos que estamos bajo los mismos parámetros?”, se preguntó el radical, para enfatizar que “la situación sanitaria cambió en la Argentina” y en varias provincias “hemos dejado el ASPO y avanzamos en el distanciamiento, lo que se conoce como DISPO”. Incluso, el formoseño destacó que “el transporte interjurisdiccional está solucionado, como así también el terrestre y el aéreo”.

Para Naidenoff, “no hay razones para mantener este sistema” y en todos los decretos anteriores “el plazo fue de 60 días”, ampliándose en el último la presencialidad de senadores. “No se puede convalidar un decreto de la Presidencia que sorprendió a todos los que participamos de la reunión de Labor Parlamentaria”, insistió.

El presidente de la bancada opositora abogó entonces por continuar con el sistema de rotación de bancas dentro del recinto y “el que por factores de riesgo no pueda estar presente, no estará presente”.

“No vamos a acompañar este decreto, sí dejamos constancia que vamos a sesionar”, aclaró y reclamó “un decreto que contemple la realidad y la agenda que se viene en el Congreso”.

El oficialismo pidió avanzar con la aprobación de la Cuenta de Inversión 2015 antes de fin de año

Tiene dictamen de comisión y el jefe del bloque FdT, José Mayans, solicitó tratarla en el recinto antes de que termine el período ordinario. Juntos por el Cambio recordó que se iba a aprobar en conjunto con la de 2016, la primera de la gestión Cambiemos, que todavía no tiene despacho.

En el marco de una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el chubutense Mario Pais (FdT), el oficialismo pidió avanzar antes de fin de año con la aprobación de la Cuenta de Inversión 2015, que ya cuenta con dictamen.

Los representantes de Juntos por el Cambio recordaron que se iba a tratar en conjunto con la de 2016, la primera de la gestión de Cambiemos. Sin embargo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, dijo que discutirá dentro del bloque qué “criterio” fijarán al respecto.

Durante el encuentro, Mayans mencionó que el despacho de la Cuenta de Inversión 2015 estaba firmado y solicitó “si podemos tratarlo en el curso de este mes, porque después no vamos a poder ingresarlo en (sesiones) extraordinarias”. Y Pais aseguró que iba a pedir su preferencia en la próxima sesión.

“Habíamos conversado en su momento de que íbamos a ir en paralelo con la de 2015 y 2016”, apuntó el diputado Álvaro González (Pro), conectado desde su auto. Entonces el secretario de la comisión confirmó que falta dictaminar, y Pais afirmó que será puesta a consideración de “los nuevos integrantes de la comisión”, que el año pasado no intervinieron en su evaluación.

Dejo sentada su alerta el salteño Juan Carlos Romero, quien insistió a Mayans “si está la posibilidad de tratar las dos cuentas, porque tengo miedo que el senador (Oscar) Parrilli que siempre inventa comisiones investigadoras, denuncias intempestivas, termine frustrando esta idea de aprobar las cuentas 2015 y 2016”.

El presidente del interbloque Parlamentario Federal, aliado de Juntos por el Cambio, rogó que “se mantenga el criterio de juego de buena fe” de la bicameral y “si una (cuenta) está antes que la otra, o esperemos, o se garantice que van a ser tratadas ambas”.

Juntos por el Cambio recordó que el año pasado habían acordado tratar las cuentas de 2015 y 2016 en paralelo. (Foto: Comunicación Senado).

También dirigiéndose a Mayans, el diputado González le preguntó: “¿Vamos a cambiar el criterio que teníamos conversado?”. A lo que el formoseño recordó que esa propuesta “la encabezó en su momento (el exsenador Miguel) Pichetto”. “No fue un tema ahora conversado por nuestro bloque, que es nuevo -respecto al año pasado-. Tengo que hacer ese tipo de consulta. Vamos a trabajar en el tema para ver cuál es el criterio que se tiene”, sentenció Mayans.

Si bien “pueden cambiar el criterio”, aceptó Romero, le señaló también que durante el gobierno anterior “no hubo una voluntad de la comisión de trabar o dificultar el tratamiento” de las Cuentas de Inversión 2013 o 2014, del gobierno kirchnerista. Y reiteró que si se busca “dejar las cuentas como rehén para la investigación del senador Parrilli, bueno, que por lo menos lo sepamos”.

Por otro lado, Pais informó que desde la Auditoría General de la Nación se pidió una prórroga para la presentación del Plan de Acción Anual 2021, algo que siempre “según usos y costumbres” se hace paralelamente con la presentación del Presupuesto.

Igualmente, el senador reveló que el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, ya informó que el PAA fue aprobado por el colegio de auditores el viernes pasado, con lo cual se prevé que esta semana será remitido y dentro de “10 a 15 días” se realizará la presentación formal en el marco de la comisión.

Discuten un proyecto para que las mujeres tengan prioridad en el cobro de asignaciones familiares

La iniciativa comenzó a ser discutida en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Consultarán a la ANSES antes de emitir dictamen.

Comenzó a discutirse este martes en el Senado un proyecto de Beatriz Mirkin (Frente de Todos) para que las mujeres tengan prioridad en el cobro de asignaciones familiares.

La iniciativa se debatió en una reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el oficialista Daniel Lovera, donde se decidió consultar a la ANSES antes de emitir dictamen.

El proyecto de Mirkin modifica la Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones Familiares, agregando el artículo 20 bis para que las mujeres sean quienes cobren prioritariamente la asignación.

“El artículo hoy le da el derecho a recibir la asignación a quien realiza el trabajo en relación de dependencia, y las mujeres que tienen los hijos tienen que ir a juicio para poder ser las que cobran”, argumentó la tucumana.

Sin embargo, desde el propio oficialismo Mario Pais planteó objeciones: si bien coincidió en el espíritu de la iniciativa, dijo que corre el riesgo de tener “dificultades importantes en cuanto a su implementación” y propuso consultar a la ANSES.

Pais explicó que el régimen se asignaciones familiares es “un subsistema contributivo de la seguridad social” y comentó que pueden darse “múltiples situaciones”, como por ejemplo que la tenencia de los hijos esté a cargo del padre.

El senador consideró que el actual artículo 20 de la ley podría modificarse sin mayor problema para que, en caso de que los dos progenitores trabajen, sea la mujer la titular del cobro.

Para el caso de que solo trabaje el hombre, “se podrá establecer que lo percibirá la mujer si tiene la responsabilidad parental”, pero antes de avanzar en esa modificación “sustancial” Pais pidió tener la opinión de la ANSES.

Mirkin aceptó la sugerencia pero pidió firmar el dictamen en cuanto haya acuerdo. “Las encuestas dicen que son los varones los que se piran solos y las mujeres quedan con los hijos”, dijo.

Para Mario Pais, lo de la Corte no tiene “efecto suspensivo”

El senador por Chubut se manifestó optimista en cuanto a que la Corte termine convalidando lo resuelto por el Senado.

Quien durante los debates celebrados en el Senado llevó la voz cantante por parte del oficialismo en este tema, el senador chubutense Mario Pais, dio por descontado este martes que la Corte Suprema terminará convalidando lo resuelto por el Senado respecto de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Esto es, que sus traslados fueron “irregulares”.

En declaraciones radiales, el legislador del Frente de Todos sugirió esperar la resolución final que vaya a adoptar la Corte Suprema, pero estimó que “en última instancia va a terminar confirmando que estos trasladados fueron de forma irregular”, y se terminará así “esta incertidumbre”.

Por otra parte, rechazó que el fallo del Tribunal Superior tenga “efecto suspensivo” respecto de lo resuelto por el Senado. “El fallo de la Corte es para el abocamiento del trámite de la apelación” de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, dijo, y agregó: “No comparto la interpretación que muchos medios han puesto como noticia”, en relación al carácter suspensivo que tendría la resolución del tribunal.

Pais defendió el rechazo a los traslados de Bruglia y Bertuzzi

El senador oficialista recordó que las designaciones de los camaristas “no tuvieron acuerdo del Senado”. “No se presentaron y no cumplieron el trámite”, remarcó.

mario pais sesion senado 3 septiembre 2020

El senador oficialista Mario Pais defendió este lunes el rechazo a los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de la audiencia pública realizada el viernes pasado.

El chubutense indicó que “la Constitución prevé el acuerdo (de la Cámara alta) para la Corte Suprema y para los jueces federales inferiores”.

“El Consejo de la Magistratura observó que a estas designaciones les faltaba ser completadas”, recordó y explicó que “los traslados tuvieron dictamen favorable del Consejo de la Magistratura y por decreto del Poder Ejecutivo, pero no tuvieron acuerdo del Senado”.

En ese sentido, el legislador del Frente de Todos señaló que una acordada de la Corte estableció que “en el cambio de jurisdicción y naturaleza de competencia de un magistrado, todo magistrado para acceder al cargo que tiene debe pasar por el sistema que prevé la Constitución”.

“Todo traslado de un magistrado a un nuevo cargo debe cumplimentar el proceso constitucional”, insistió en diálogo con Radio 10.

Pais consideró que ante el faltazo, Bruglia y Bertuzzi “nos han impedido que podamos ejercer este derecho”. “De los diez pliegos, a los tres que no se presentaron, que no cumplieron el trámite, se les debe rechazar el pliego”, remarcó.

El oficialismo aprobó una resolución que rechaza la orden de una jueza sobre los traslados de Bruglia y Bertuzzi

El proyecto había nacido de una cuestión de privilegio presentada por Mario Pais. Días atrás, finalmente la magistrada Alejandra Biotti no hizo lugar al amparo presentado por los camaristas. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación.

mario pais sesion senado 3 septiembre 2020

El Frente de Todos en el Senado aprobó un proyecto de resolución por el cual rechaza la orden que la jueza María Alejandra Biotti había enviado hace dos semanas atrás, cuando le pidió a la Cámara alta que se abstenga de tratar la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Finalmente, una semana después de ese hecho, la magistrada falló en contra del amparo presentado por los jueces, al considerarlo “manifiestamente prematuro”.

Cabe destacar que este viernes a las 10.30, la Comisión de Acuerdos presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti avanzará con el trámite de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de resolución recibió 41 votos positivos del oficialismo y los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones); mientras que las 27 abstenciones fueron de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

En la sesión de este jueves, el oficialista Mario Pais -quien había presentado la cuestión de privilegio que originó la iniciativa- explicó que “el control de constitucionalidad no puede ser preventivo”, sino que “tiene que ser posterior al acto”.

El chubutense insistió que esa orden de Biotti fue “írrita, inválida, que le trataba de impedir al Senado una atribución que es de su exclusiva esfera constitucional”.

“Los doctores Bruglia y Bertuzzi, en el caso que se sientan agraviados, podrán recurrir a los tribunales, pero una vez que nosotros actuemos. No hay fuerza que le pueda impedir a este Senado que actúe en el marco de su competencia constitucional, so pena de violentar el sistema republicano y la división de poderes”, enfatizó.

Y agregó: “Esta resolución la consideramos pertinente, más allá de que haya quedado sin efecto la medida precautelar”.

Por la oposición, la radical Silvia Giacoppo recordó que “había un derecho subjetivo y un planteo específico” y “podíamos causar un efecto que luego no se podía subsanar”. “En un Estado de Derecho ningún órgano se encuentra exento del cumplimiento de las leyes”, resaltó.

Y al recordar que una semana después de esa cuestión de privilegio la jueza falló en contra de los camaristas, la jujeña consideró que “esta medida se tomó a las apuradas”, porque “cometimos una falta grave como cuerpo”. Entonces, calificó al proyecto como “una aberrante resolución” para “querer subsanar un acto que fue muy grave”.

Se conformó la Comisión de Derechos y Garantías

Por acuerdo de los bloques participantes, eligieron al senador radical Julio Martínez presidente, y como vice al chubutense Juan Mario País.

El senador radical riojano Julio César Martínez y su par del Frente de Todos Juan Mario Pais (Chubut) fueron elegidos presidente y vice, respectivamente, de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

La elección de las restantes autoridades de la comisión quedó pendiente para el próximo encuentro. Oportunamente también se establecerá el temario de trabajo de los legisladores. Aunque a priori, tanto el presidente de la comisión, como su vice, expusieron diferentes criterios alrededor de la Ley de Defensa del Consumidor y de modificaciones que deberían realizarse.

Martínez destacó que “hay muchos proyectos en carpeta y que la comisión entiende en temas de ampliación de derechos, temas de consumidores, temas de servicios”. Exhortó a los restantes integrantes diciendo que “la comisión tendrá la importancia que le queramos dar”.

Participaron del encuentro, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT); por Chaco, María Inés Pilatti Vergara (FdT); por Jujuy, Guillermo Snopeck (FdT); por Catamarca, Dalmacio Mera (FdT); por Tucumán, Beatriz Mirkin (FdT); por Chubut, Alfredo Luenzo (FdT); por San Juan, Cristina López Valverde (FdT); por Chubut, Juan Mario Pais (FdT); por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT); por San Luis, María Eugenia Catalfamo (FdT); por Jujuy, Silvia Giacoppo (JxC); por Jujuy, Mario Fiad (JxC); por Entre Ríos, Stella Maris Olalla (JxC); por Buenos Aires, Gladys González (JxC); por San Juan, Roberto Basualdo (JxC) y por Neuquén, Carmen Lucila Crexell (Bloque Movimiento Neuquino).

Los miembros de la AGN se presentaron ante la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas

Asistieron el titular del órgano de control, Jesús Rodríguez, y los seis auditores generales. Para el próximo año se incluirán en el plan de acción auditorías relacionadas a la pandemia.

comision mixta revisora de cuentas mario pais

La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas recibió este miércoles, durante una reunión virtual, a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Durante el encuentro se acordó el pedido de auditorías relacionadas a la pandemia de Covid-19, para ser incluidas en el plan de acción del próximo año.

En su exposición, el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, señaló que “estamos frente a un desafío extraordinario que nos impone la pandemia”, a la cual el organismo le “hizo frente, a nuestro juicio, de manera satisfactoria”.

“Fuimos capaces, gracias a los empleados y funcionarios, de producir cambios normativos que nos permitieron el trabajo remoto” y “avanzamos en la digitalización de los procedimientos”, destacó. Además, informó que se realizaron, desde el comienzo del aislamiento obligatorio, “nueve colegios virtuales”.

Por otra parte, el titular del órgano de control resaltó que “el plan de acción anual tiene temas de vanguardia” como “el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”, con “al menos cinco proyectos de auditoría todos los años que atiendan a ese objetivo”.

También reveló que se están atendiendo “requerimientos de la sociedad civil, donde distintas organizaciones formulan propuestas que son discutidas y que finalmente son aprobadas”.

Rodríguez detalló que que este año se aprobaron 75 proyectos de auditoría, mientras que el año pasado para el mismo período fueron 110.

comision mixta revisora de cuentas jesus rodriguez
Foto: Comunicación Senado

Tras su exposición, la auditora Graciela de la Rosa enfatizó que “la cuestión de género en la AGN es fundamental, estamos haciendo auditorías de género”. En ese sentido, indicó que se realizó “una global con todos los países del mundo” y “ahora está en ejecución una coordinada con varios países de Latinoamérica sobre la feminización de la pobreza”.

La exsenadora agregó que “el tema de Reparación Histórica lo tenemos casi terminado” pero “todavía nos queda en estos meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los períodos 2017, 2018 y 2019”. “Es un tema muy importante que vamos a tratar de acelerar”, dijo.

A su turno, el auditor Miguel Ángel Pichetto subrayó que “el Congreso está también con una deuda en la aprobación de las cuentas (de inversión) de 2014, 2015 y 2016”. “El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en ambas Cámaras para la aprobación”, recordó el exsenador y consideró que sería bueno tratarlas en conjunto para avanzar con este “tema pendiente”.

Tomó la palabra entonces el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, que mencionó que la cuenta de 2014 se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.

En tanto, Jesús Rodríguez repasó que las cuentas de 2015 y 2016 tienen despacho “pero no han sido considerados por ninguna de las dos Cámaras”. Abogó por el próximo dictamen de la de 2017 y sostuvo que para la cuenta de 2018 “hemos solicitado un plazo de 90 días para entregarla”.

Pedidos de auditoría sobre la pandemia para 2021

El presidente de la comisión, el senador chubutense Mario Pais (FdT), informó que se recibieron pedidos de auditoría -uno ingresado este mismo miércoles- que “tienen que ver con la emergencia sanitaria por Covid-19”. Al recordar que en menos de un mes la AGN deberá presentar su plan anual para el próximo año, sugirió que estas auditorías se incluyan para 2021 y no se “altere” el plan de este año.

“Seguramente no va a prosperar el tema de los gastos de la pandemia en el transcurso de este año y se podrá presentar en el plan de acción para el año que viene”, coincidió Pichetto.

En esta línea, el auditor consideró que “le hacemos un favor al Gobierno; porque estoy seguro que la AGN va a tener una mirada más conocedora de los mecanismos de la contratación directa, de la urgencia, de los componentes que llevan al Estado a afrontar este tipo de situaciones dramáticas y complejas”.

Sobre esto, opinó que “a veces los jueces y peritos judiciales no tienen esta compresión”, cuando se manda a investigar las contrataciones del Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, adelantó que por nota, y “atento a la excepcionalidad, había solicitado auditar cortes y actos y lo tomé por preocupación pública del propio presidente (Alberto) Fernández, que pidió colaboración por la pandemia para adquirir remedios, recursos y bienes; que hicieran comisiones de legisladores o que la propia AGN contribuyera y lo ayudara a controlar para que no existiesen desvíos en ese tiempo”.

El radical explicó que “con nueve leyes de emergencias aprobadas y prestos a recibir el Presupuesto para 2021 en septiembre, y según algunos hechos ocurridos que el propio Gobierno ha hecho públicos por situaciones de sobreprecios en compras, en nada obsta que la AGN pueda verificar actos administrativos por cortes, mientras tanto”.

“No se puede desconocer la excepcionalidad de un hecho inimaginable y que la temporalidad se va extendiendo por encima de las expectativas que el propio Gobierno y la sociedad argentina tenían. Sería de vital importancia y enorme contribución al Poder Ejecutivo ayudar en este proceso de transparencia y excepcionalidad que estamos viviendo”, concluyó.

“Las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas”, afirmó Pais, que manifestó se remitirán a la AGN los pedidos.

comision mixta revisora de cuentas miguel pichetto
Foto: Comunicación Senado

En otro orden, el senador oficialista planteó que el presupuesto que prepara la AGN y remite al Ministerio de Economía y a la comisión mixta debería ser remitido primero a la bicameral, y luego ser ésta la que lo eleve al Ministerio. “Es lo que corresponde”, expresó Mayans.

Sin embargo, Jesús Rodríguez se comprometió a “abrir toda la información que sea requerida y necesaria”, pero aseveró: “No podemos ahora, hoy, cambiar un procedimiento fundado en reglas, normas y leyes así en una situación imprevista”.

Por eso, Pais aceptó que se continúe “respetando los usos y costumbres”, pero advirtió que “en los últimos ocho años” la comisión no ha revisado ni aprobado el presupuesto, y propuso que el año que viene se evalúe esta situación.

“Comparto con usted el criterio”, sostuvo el vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Álvaro González, que agregó le parece “mejor todavía recuperar atribuciones que son de la comisión, y no tengo duda que el colegio de auditores no tendrá ningún inconveniente en discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita”. “Si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos al organismo que controla los actos de gobierno”, cerró.

El FdT avanzó con un proyecto que rechaza la orden de la jueza que pidió no revisar los traslados de Bruglia y Bertuzzi

La iniciativa, impulsada por el chubutense Mario Pais, fue apoyada por el oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde Juntos por el Cambio denunciaron que “quieren correr a los camaristas de la causa de los cuadernos”.

comision asuntos constitucionales senado 18 agosto 2020

Tras una extensa jornada, que comenzó más temprano con la última ronda de expositores en torno a la reforma judicial, el Frente de Todos avanzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales con un proyecto de resolución que rechaza la orden de la jueza María Alejandra Biotti, quien le pidió al Senado que se abstenga de tratar la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La iniciativa fue impulsada por el chubutense Mario Pais, que en la última sesión presentó una cuestión de privilegio contra la notificación de la magistrada. Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que desde Juntos por el Cambio expresaron su rotunda oposición y denunciaron que “quieren correr a los camaristas de la causa de los cuadernos”.

Pais calificó como un “fallo vergonzoso desde el punto de vista jurídico” a la medida de la jueza, y consideró que en la misma “está acreditando un desconocimiento grave del derecho y eso para un juez es muy grave, porque para todos los cargos públicos se prevé la idoneidad”.

Además, señaló que fue redactada “en tres páginas a doble espacio y sin adentrarse en verificar de qué está hablando cuando se habla del acuerdo del Senado”. El legislador aseguró que la orden es “írrita, abusiva y antijurídica”.

“El ataque efectuado por esta magistrada, en términos absolutamente infundados, con la arbitrariedad que le da el grave desconocimiento del derecho, ha sido un ataque a la democracia, a la Constitución y a la división de poderes”, añadió y dijo que hay que hacer saber de lo resuelto a Biotti -titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5- y al Consejo de la Magistratura.

Por su parte, la radical Silvia Giacoppo alertó que “la actuación del Senado puede afectar derechos subjetivos de terceros”. “No estamos en presencia de una discusión sobre la interpretación del reglamento de nuestro cuerpo”, sostuvo y enfatizó que “en ningún momento la jueza violó potestades de nuestro poder como Cámara”.

Seguidamente, la macrista Laura Rodríguez Machado resaltó que Bruglia y Bertuzzi “tienen al frente nada más y nada menos que la causa de los cuadernos”. En diciembre pasado, ambos jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa.

“Se considera que sus pliegos deben volver a tratarse en comisión desconociendo las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de proceder a trasladar a estos integrantes, debido a que son sus propias competencias y facultades. Desconocen que hay un fallo de la Corte que establece que no es necesaria la aprobación por parte del Senado de la Nación cuando el traslado significa un traslado dentro de un mismo fuero y jerarquía, pero la decisión tomada es porque quieren correr a estos camaristas de la causa de los cuadernos“, argumentó la cordobesa.

En ese sentido, su par Esteban Bullrich consideró que “lo concreto es que se está avanzando contra la Justicia” y que este hecho “se enmarca” en el avance contra el procurador general interino, Eduardo Casal, y el proyecto de reforma judicial. “Creen que la mayoría da la razón y da impunidad”, cargó y rechazó las “acciones que vulneran la república y atacan la división de poderes”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que “estamos ingresando a un terreno que no es beneficioso”. “Lo que resuelva el Poder Judicial puede o no gustarnos, podemos estar o no de acuerdo, pero cuando se trata de la legalidad de los actos, la última instancia es el propio Poder Judicial. Y en este caso, ante una pre-cautelar, lo que tenemos que hacer es cumplir con los días, no tratarlo, y cuando se resuelva la pre-cautelar el Poder Ejecutivo estará en condiciones de discutir los traslados”, expresó el radical.

Cerró la reunión el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien aseguró que “hay un esquema de ilegalidad constitucional” y “una extralimitación por parte de la jueza”. “La jueza no puede decirle al Senado si puede cumplir o no con sus potestades u obligaciones constitucionales”, dijo.

El formoseño se quejó que desde la Coalición Cívica “intiman y amenazan a la presidenta de la Comisión de Acuerdos” a que “no dé tratamiento a lo enviado por el Poder Ejecutivo”. “¿Qué van a hacer? ¿Van a ordenar la detención de la senadora Anabel Fernández Sagasti o van a librar orden de captura para cada uno de los miembros del Senado?”, lanzó.

Y cargó duro contra la oposición: “Realmente es vergonzoso lo que están haciendo; yo esperaba la lealtad parlamentaria”. “Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No pierdan tiempo en amenazarnos ni con sus jueces ni con sus cámaras adictas, no lo vamos a aceptar”, completó.

Por otra parte, en la reunión el oficialismo también impuso un proyecto de resolución para dejar sin efecto las designaciones del vocal titular del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, Mario Laporta, y de su vocal suplente, Juan Emilio Simoni.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti explicó que las designaciones se realizaron durante el gobierno anterior por medio de decretos de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

“Las designaciones en el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal se designan por decreto presidencial. Esta resolución es absolutamente desatinada”, consideró el radical Luis Naidenoff.

Pero Fernández Sagasti retrucó que “la ley dice que son las mayorías del Senado las que tienen que designar a sus representantes. Como Cambiemos no tenía la mayoría se saltearon la voluntad del cuerpo. Nosotros tenemos voluntad de comenzar un proceso de normalización”.

El Senado analiza la cuestión de privilegio presentada contra una jueza

Es la que presentó Mario Pais al inicio de la sesión del jueves contra María Alejandra Biotti, la magistrada que pidió al Senado suspender el tratamiento de los traslados de dos camaristas.

“Bien. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio formulada por el senador Mario Pais”, señaló la presidenta del Senado el jueves pasado, luego de que el legislador chubutense presentara una cuestión de privilegio contra la jueza María Alejandra Biotti, que había conminado al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.  

Sucedió al inicio mismo de la sesión del jueves pasado y esa fue la primera cuestión de privilegio presentada esa tarde. El trámite con las cuestiones de privilegio es sencillo: se plantean en la primera parte de las sesiones y quien preside las mismas procede a dar traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde inexorablemente dormirán el sueño de los justos, pues nunca se tratan.

Salvo esta cuestión de privilegio, pues en la agenda del Senado figura la misma en el temario a abordar este martes. Será en una reunión que realizará la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora María de los Angeles Sacnun, que a partir de las 13 mantendrá un nuevo plenario con Justicia y Asuntos Penales. Al cabo de esa cita, está previsto que Asuntos Constitucionales siga reunida para tratar una serie de temas entre los que figura la cuestión de privilegio presentada por Mario Pais, quien dicho sea de paso no es afecto a hacer ese tipo de planteamientos, como él mismo dijo el jueves pasado.

Lea también: El Senado dio ingreso a los pedidos de acuerdo para los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi

Sin embargo en esta oportunidad consideró que correspondía denunciar la “gravedad institucional” de lo que consideraba un “abuso y arbitrariedad” ejercido por la jueza Biotti. “Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios, constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución”, señaló el senador oficialista.

Agregó que “esta jueza, seguramente, está incurriendo en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia de la Nación”.

Durante su intervención, Pais recordó el expediente que oportunamente la titular del Senado elevó a la Corte Suprema, en pos de una acción declarativa de certeza que sirvió -dijo Pais- para “ratificar la trascendencia constitucional de la división de poderes y, fundamentalmente, la incumbencia de la misma Corte para la revisión de los actos de gobierno, que nunca pueden ser previos y menos pretendiendo impedir que se ejerza una potestad propia del Congreso”.

Por el contrario, sostuvo Pais, “esta jueza, con tamaña liviandad y a través de una cautelar, le ordena al Senado de la Nación, un cuerpo que representa la soberanía popular conforme emerge expresamente del artículo 22 de la Constitución, que se abstenga, que no actúe. Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución. Pero, impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero, un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y, eventualmente, después, la presentación de un proyecto de resolución que voy a elaborar en las próximas horas –después de que termine la sesión– para rechazar tamaño abuso, tamaño exceso jurisdiccional que, como ya dije, violenta la forma republicana de gobierno”.

Se espera entonces que este martes surja de parte del oficialismo un dictamen rechazando la actitud de la magistrada.

Repudio a la orden judicial de no revisar los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi

La jueza Alejandra Biotti conminó al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas, cuestionado por el kirchnerismo. El senador Pais denunció que la magistrada “incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”.

El senador nacional Mario Pais (Frente de Todos) salió al cruce, en la sesión de este jueves, de la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti de suspender en la Cámara alta la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados desde el kirchnerismo.

Pais informó que este jueves por la mañana, la jueza le envió una notificación al Senado “donde le ordena que se abstenga o que no trate lo concerniente al traslado de los jueces” Bruglia y Bertuzzi.

El legislador advirtió sobre “la gravedad institucional” de esta decisión, que calificó como “arbitraria”.

El chubutense consideró que “como medida cautelar, impedir que funcione el Senado en ejercicio de sus funciones” respecto de “analizar los acuerdos a magistrados y funcionarios” constituye “un alzamiento a la Constitución y una violación de la soberanía popular de los legisladores”.

“Esta jueza incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”, denunció Pais, y agregó que existen “vastos precedentes a nivel jurisprudencial” sobre la competencia del Senado.

Hace quince días, a instancias del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura emitió un dictamen para que se revisen los traslados de Bruglia y Bertuzzi a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con el argumento de que eran irregulares y estaban incompletos.

Avanza un proyecto para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea imprescriptible

La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.

La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.

Foto: Comunicación Senado

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.

En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.

Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.

En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.

Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.

La ley de alquileres obtuvo dictamen en el Senado, pero no descartan cambios

Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.

El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.

Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.

Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.

Proyecto de ley de alquileres by Parlamentario on Scribd

Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.

La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.

En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.

Sociedades Simplificadas

En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.

En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.

El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.

“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.

Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.

Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.

Pais afirmó que en la ley de exención de Ganancias, “todos los trabajadores están incluidos”

El senador del Frente de Todos defendió el proyecto ante las críticas de Juntos por el Cambio y dijo que “a los que menos ganan” se los “incluye especialmente”.

mario pais sesion virtual 21 de mayo

En defensa a las críticas que recibió por parte de Juntos por el Cambio el proyecto sobre exención del impuesto a las Ganancias a trabajadores de actividades esenciales, el chubutense Mario Pais afirmó que “todos los trabajadores están incluidos”.

“Esta exención era prácticamente imposible de ser analizada en términos cuantitativos por la Oficina de Prespuesto, porque es en función del mayor requerimiento que está en curso, en ejecución del trabajo de estos trabajadores”, señaló el senador.

El legislador del Frente de Todos remarcó: “No los exceptuamos del impuesto a las Ganancias, exceptuamos de las ganancias la remuneración que se devengue por el mayor trabajo en horas extra, guardias” durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Estamos exencionando nada más la mayor retribución generada por el mayor esfuerzo relacionado por el trabajo” para la lucha contra la pandemia, expresó.

Pais reiteró que “es una exención realmente imposible de cuantificar en forma previa porque va a depender de las situaciones de emergencia y exigencias” que genere la emergencia.

“Es una exención absolutamente justa”, enfatizó y calificó como “una mentira” decir que hay servidores no alcanzados. “A los que menos ganan se los incluye, y se los incluye especialmente para que en el caso que pasen a ganar un poco más no tributen por esa diferencia”.

El chubutense Mario Pais quedó al frente de la Bicameral Revisora de Cuentas

El senador del Frente de Todos será secundado por el diputado macrista Álvaro González.

marios pais alvaro gonzalez comision mixta revisora de cuentas 2020

Se constituyó este viernes la Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que quedó a cargo del senador chubutense Mario Pais (Frente de Todos), secundado por su antecesor, el diputado Álvaro González (Pro). En tanto, el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans, será secretario; mientras que la otra secretaría quedó vacante.

Mayans solicitó a Pais pedir información a la Auditoría General de la Nación -que ahora estará en manos del radical Jesús Rodríguez- sobre las auditorías realizadas el año pasado, el plan anual y el estado de la cuenta de inversión 2019.

En ese sentido, dijo que la cuenta de inversión de 2015 -último año de la presidencia de Cristina Kirchner- cuenta con dictamen de comisión, pero las de 2016, 2017 y 2018 todavía están pendientes de debate en comisión.

Además de Pais y Mayans, forman parte de la bicameral los senadores del Frente de Todos Mariano Recalde y Jorge Taiana; el radical Luis Naidenoff y el aliado de JxC Juan Carlos Romero.

En tanto, por la Cámara baja integran la nómina Mayda Cresto, Pablo González y Jorge Romero (Frente de Todos); Álvaro González (Pro) y Paula Oliveto (CC-ARI). El radicalismo todavía no designó a su representante.