Marisa Graham expuso ante la Comisión de Familias

La defensora de los Derechos de los Menores expuso respecto del Presupuesto para el sector.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes, recibió a la defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien disertó sobre el Presupuesto en la materia. También expusieron especialistas y organizaciones.

Graham comenzó explicando que es “es muy importante de donde partimos para analizar la Ley de Leyes”. “Tenemos la obligación de dar continuidad a las observaciones que nos hace el Comité de los derechos humanos de la ONU y éste manifiesta su preocupación por sobre la continua disminución drástica de las asignaciones presupuestarias para niños”.

“Más allá de los esfuerzos que se hagan no logramos salir de la pobreza e indigencia de los niños”, dijo y aportó que “las asignaciones familiares formales no reciben los aumentos de las Asignación Universal por Hijo (AUH) y el peligro qué vemos presupuesto en el art 68. se desacopla el aumento automático con los aumentos mensuales de IPC”.

Respecto a la Tarjeta Alimentar dijo que "saluda que cobren las familias con jóvenes de 17 años, es decir cubre toda la minoría de edad”. “Los desafíos que tenemos; primero implementar un mecanismo de actualización, evaluar la incorporación de los trabajadores registrados  y en este contexto también vamos a solicitar que en la Tarjeta Alimentar se quite el tope de los tres hijos”, puntualizó.

Por su lado, Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicitó que "el programa 1.000 Días  tenga un mecanismo automático de actualización”. “En materia de políticas educativas muestra una caída del 60% en todos los programas. Cuesta mucho avanzar en políticas de niñez y cuando logramos avanzar, es importante no retroceder”, apuntó.

Javier Adrián Curcio, director departamento de Economía FCE/UBA, dijo que “La situación de ajuste de este año es de una profundidad y velocidad muy amplia, por distintos aspectos, representará una caída del sector público  en el cierre del presupuesto cercano a 6% PBI”.

La representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, contó que la organización viene “realizando una serie de análisis presupuestario desde el 2020, justamente para informar el debate presupuestario, para proteger los recursos para la niñez de la Argentina”. “El análisis tiene por objetivo ser un insumo para informar el debate y no ahonda en otras dimensiones que también consideramos fundamentales del análisis presupuestario”.

Julia Frenkel, experta en Inversión Social, dijo que “aumentan en el presupuesto 2025 las partidas para las políticas de nutrición y seguridad alimentaria”.“En relación con las políticas educativas el presupuesto global de la cartera educativa para los programas de niñez se fortalecen en 2025, tras la caída registrada en 2024”.

En representación de la Asociación Por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Francisco Rodríguez, se refirió al tema educativo “la principal preocupación sobre el artículo 27 del proyecto de Presupuesto que suspende el financiamiento del sistema educativo en un 6% del PBI”. “Por eso hay que darle un seguimiento a la ejecución en materia educativa que viene muy mal”.

En el inicio de la reunión, pasaron a la firma distintos proyectos de resolución y declaración sobre campañas de bien público para fomentar la adopción, declarar de interés jornadas y programas, encuentros nacionales, publicaciones de libros, entre otros.

Defensoras rechazaron bajar la edad de imputabilidad

En un nuevo plenario, el neurocientífico Facundo Manes expuso que la adolescencia es una etapa de “oportunidad, pero de vulnerabilidad”, y aseveró que “es un tema crucial y cómo se legisla nos va a definir como sociedad”.

Se llevó a cabo un nuevo encuentro plenario entre las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para ampliar el debate sobre la baja en la imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil. La continuación del tratamiento será el próximo martes 3 de septiembre.

La primera expositora fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien remarcó que “en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Argentina una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención: Que la privación de libertad sea utilizada como último recurso sin recurrir a la baja de imputabilidad penal”. Enfatizó su rechazo al proyecto de ley y sumó: “Si seguimos con esto, la Corte podrá denunciar al Estado argentino por incumplimiento ante la OEA”.

Lanzó puntuales objeciones a la baja de imputabilidad a 14 años y “a la contemplación de cualquier delito porque aquel niño que roba una manzana puede quedar detenido en una celda a metros de un homicida serial”. De ese modo, amplió que “ponemos a los menores en un sistema carcelario desbordado, donde hay más de 2.000 presos en las comisarías y un total de 11.933 presos”.

Para cerrar su exposición, amplió detalle sobre porqué rechaza la modificación al Código Penal: “Vamos a entregar a los niños a un sistema (carcelario) que está impulsando a delinquir a los adultos y los vamos a mandar a la ‘’escuela de la delincuencia”. “Esto va a generar lo que los jueces están reconociendo que pasa con los adultos que es generar nuevos delincuentes”, concluyó Martínez.

En la misma línea, la titular de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un documento y sumó que “es dificl legislar sobre un sujeto que no se conoce”. Mencionó que las mejoras son “con un Estado presente”, y agregó que “los índices de criminalidad no bajan, bajando la edad de imputabilidad o cortando el eslabón más débil, bajan evitando la reincidencia y la reiterancia”.

“Es contradictorio bajar la edad de imputabilidad, pero liberar el acceso a las armas”, señaló y adhirió a las palabras de Martínez. También mencionó las sugerencias de los organismos internacionales y cerró: “El régimen no resuelve la violencia social y hay que trabajar desde los barrios con los jóvenes para conocer”.

Además, en su rol de integrante de la Cámara de Diputados reflexionó que “tenemos responsabilidad de que nuestro sistema proteja a los jóvenes”, y agregó: “Los invito a legislar en medidas que ayuden al desarrollo del cerebro”, en alusión a la nutrición en los jóvenes. “Tengamos cuidado de que esta ley (modificación del Régimen Penal Juvenil) no sea la miopía del futuro”, cerró.

Desde la óptica judicial, la jueza de Garantías y presidente de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, María José Lescano, explicó que "la responsabilidad penal juvenil debe ir de la mano de instancias previas como la intervención consumos problemáticos, la deserción escolar”. “Son temas que como adultos tenemos que afrontar para prevenir", agregó.

En defensa de la iniciativa, el especialista en “Desarrollo de Políticas Públicas Federales”, Kurt Ottosen, celebró el debate e indicó que “deberíamos debatir cómo aplicar las penas para no caer en un sistema perjudicial, para lograr un desarrollo restaurativo que promueva un proyecto de vida lícito, que no atente a la moral ni al orden público"

También realizaron aportes a la reunión la presidente de la Fundación Sur, Laura Musa; representantes de la CENAF de Río Negro; el psiquiatra forense, Ezequiel Mercurio; la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, Amalia López; y la Socióloga, Ana Laura López.

Sin dictaminar, el Senado trató el artículo para endurecer las penas en casos de compraventa de niños

Los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales recibieron a letrados y defensores de los Derechos del Niño. Hubo diferentes propuestas respecto a la redacción del artículo para que sea incorporado el concepto de "entrega ilícita". Marisa Graham explicó que "en Argentina la compraventa de niños es con fines adoptivos".

Fotos Comunicación Senado

Luego de ser aprobado en el recinto, pero devuelto para un tratamiento en particular para modificaciones en la redacción, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles para tener encuentro informativo sobre el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la comisión que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto recibió a diferentes invitados para ampliar el debate sobre la redacción del artículo 1ero. que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

En la sesión del jueves pasado fue este punto el que tuvo discrepancias y derivó en el regreso del despacho a comisiones para su tratamiento en particular. La iniciativa había recibido media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en el recinto.

Entre los expositores estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.

En el inicio de la reunión de Justicia y Asuntos Penales, el titular anunció dos modificaciones en la nómina de senadores que la componen: En primera instancia, la pampeana María Victoria Huala reemplazó a al misionero Martín Göerling Lara; y el radical Daniel Kroneberger hizo lo mismo con el catamarqueño Flavio Fama.

El objetivo de esta comisión es arribar a un despacho en conjunto entre todos los integrantes ya que el tema tiene el aval del oficialismo, los dialoguistas y la oposición. Al finalizar las exposiciones, el riojano Pagotto anunció el pase a un cuarto intermedio para volver a reunirse y así unificar un dictamen que sea llevado al recinto nuevamente.

El debate

El primer expositor fue Mariano Borinsky, quien destacó los proyectos de Antonio Rodas y Carolina Losada. Luego, indicó: “Son delitos de extrema gravedad que deben estar tipificados en el Código Penal con una categoría independiente y me parece adecuada la tipificación en los delitos contra el Estado civil”.

De igual manera, continúo: “El Código habla de apoderamiento y el delito está en el carácter de ese apoderamiento”. A su vez, sugirió: “Poner entrega -como palabra- entra en adopción. Prefiero poner ‘entregar’ e incluir ‘ilegítimamente’ porque le da la tipificación de las conductas ilegítimas”.

Ratificó, además, que “va a ser delito con o sin precio o premiso·, pero advirtió que “el precio es agravamiento de la pena y ambas conductas consideradas delictivas”.

“Cuando hay precio debe ser agravada y la conducta sin precio es delito y es más grave la conducta por precio”, reiteró Borinsky, y remarcó: “con este sencillo agravado estamos mostrando que la compra y venta es más grave cuando hay precio”.

En el cierre de su intervención, añadió: “Destaco que sea la competencia federal quien intervenga porque es pertinente el agregado de tipificación y los de acción penal”. Terminó que “las situaciones de vulnerabilidad e ignorancia son hipótesis que no debieran ser agregados”.

La santafesina Carolina Losada planteó una duda sobre el concepto de entrega legítima y el letrado le explicó: “Son las adopciones por un tiempo breve cuando el padre o madre dejó al hijo porque viajó y así queda subsanado”.

La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además, cargó que “aquel que compra un niño, siempre va a tener un papel de origen ilegitimo”.

Ejemplificó con el caso Forneron y recordó: “El acta lo labra una defensora de los derechos del niño porque siempre hay un documento, y se siguen entregando a pesar de estar prohibido en el Código Civil”.

Con relación al modo de operar de estos ilícitos, señaló: “Es un conglomerado que se organiza para captar mujeres embarazadas y pagar una suma que no es significativa”. En ese caso puntual, acusó que “un defensor de menores labró un acta un sábado a la tarde se comprueba que hubo compraventa, pero no está tipificado”.

Respecto a este debate, fue concreta: “Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”. Exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y mencionó que se pagan hasta 10.000 dolares en estos casos.

Del mismo modo, relató que “Forneron tuvo un acta labrada por un defensor de menores y eso legitimó la compraventa”. Agregó, además que “la coacción es describirles (a los vendedores) las condiciones en que viven y prometerles condiciones mejoras de vida, pero la remuneración nunca es la que se promete porque el intermediario se lleva la mejor parte”.
Para cerrar, reiteró que “la Convención Interamericana nos dice que, sino aclaramos que se hace con fines adoptivos, seguiremos yendo por la lateral o por la colectora”.

En tercer lugar, el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman, expresó: “A mi juicio debería tener penas efectivas que superen los 3 años de prisión porque estamos hablando de hechos graves”. También, señaló que en los casos que se busca “tratar de lograr un aval son aun más grave y debieran tener una escala de 4 a 12 y penas de inhabilitación a funcionarios públicos y profesionales”.

"En materia de penas, mi opinión en relación al delito de venta de menores es que debería tener penas efectivas, que haga improcedente la condena condicional y la 'probation', porque estamos hablando de hechos muy graves", remarcó Freedman.

A su turno, el abogado Horacio Romero Villanueva, abogado y profesor en Derecho Penal, manifestó que “la fórmula normativa objetiva y subjetivamente tiene que afectar un bien jurídico especifico”.

Del mismo modo, planteó que “el delito tiende a punir la adopción ilegal, no la entrega de un menor contra una contraprestación". También, sostuvo que “lo legitimo o ilegitimo es una cuestión de hecho, no de derecho y abarca un supuesto de hecho que es de valoración judicial”. Pidió reestudiar la redacción.

Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación, señaló que “si uno quiere una ley que ataque a los eslabones más gruesos de este delito debería poder investigar los dispositivos burocráticos más allá de hechos individuales”. “Más allá de una compraventa puntual, poder perseguir a los dispositivos de la venta de menores”, añadió.

También, Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó: “Es muy grave forzar, a partir de la demanda, la decisión de poner a un niño en situación de adaptabilidad sin que haya habido un trabajo de acompañamiento. La responsabilidad del cuidado de los derechos de los niños por parte de los adultos sigue vigente”.

Brevemente, la fundadora y directora de la Fundación Red por la Infancia, Paula Watcher, agregó: "Es interesante poder pensar en la figura del arrepentido que menciona uno de los proyectos de ley. Un atenuante para quienes puedan aportar datos bilógicos sobre el niño y sobre sus apropiadores ilegítimos. Eso contribuye desde una perspectiva de infancia".

En última instancia, el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en los Penal, Ignacio Mahiques, explicó que "se tiene que tipificar la entrega ilegítima de un menor y la escala salarial tiene que ser grave, proporcional al daño provocado. No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos”.

Diputados debatió sobre la compra y venta de menores

Mientras el país sigue conmovido por la desaparición de Loan, en la Comisión de Familia se trató, con invitados, proyectos para incluir en el Código Penal una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

Con la desaparición de Loan como telón de fondo y en vísperas de la aprobación en el Senado de un proyecto sobre el tema, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal recibió este martes a expertos que expusieron sobre los proyectos que modifican el Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

En el arranque de la reunión, la presidenta de la Comisión de Familias, la radical Roxana Reyes aseveró: “Tenemos la obligación internacional, hemos sido intimados en el caso Fornerón a cumplir con esta legislación. Sin dudas es un flagelo que requiere que demos un marco normativo”.

Respecto del despacho de un proyecto en el Senado, abogó por “conseguir la mejor ley, que no deje ningún flanco libre a quienes cometen este delito”.

La primera oradora fue la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien celebró que “se haya encarado por fin la tipificación del delito de compra-venta” en ambas cámaras en simultáneo. También mencionó que “estamos condenados por el fallo Fornerón desde el año 2012”, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso María” nos “condena por algo igual o peor”. En esa causa, “se inició un proceso de una adopción ilegal de un bebé por nacer, de una niña abusada a los 12 años” y “todavía estamos esperando el fallo de la Corte Suprema” de Argentina.

“Nosotros queremos que el término de adopción esté en el texto que se sancione, porque en la República Argentina la mayoría de los casos de compra y venta de niños son para una adopción”, apuntó la funcionaria.

Por otra parte, sugirió que “se utilicen las reglas de Brasilia y se excuse a la persona que entrega cuando está en situación de vulnerabilidad”. En ese sentido, lamentó que los menores sean “una transferencia de activos de las clases más pobres a las clases más favorecidas de la sociedad. Ese activo, que algún día fue la fuerza de trabajo, hoy lo único que le queda a los más pobres es entregar a sus propios hijos para que otros puedan cumplir con su deseo razonable, excusable, respetable de ser madre o padre”. Por eso, pidió que “las que son, en general, mujeres niñas sean exoneradas o no sean perseguidas penalmente, salvo que formen parte de una red delictiva”.

Graham también señaló que “la tipificación tiene que ser, haya remuneración o no haya remuneración”, porque “los niños no se compran, pero tampoco se reciben como regalo”, subrayó.

“Nosotros queremos que el término de adopción esté en el texto que se sancione”, dijo Marisa Graham. (Foto: HCDN)

A su turno, Martha Pelloni, rectora y religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo estar “emocionada” por el tratamiento de esa cuestión, porque “fue el primer tema con el que me encontré al llegar a Goya, después del caso de María Soledad. Me encontré con empleadas domésticas de casas de ricos que para poder sostener el trabajo cama adentro tenían que entregar el hijo que venía al mundo porque estaban embarazadas”, relató.

La coordinadora de la Red Infancia Robada recordó que recién después de ocho años pudo conseguir las pruebas de los casos. “No podíamos hacer nada, porque nadie le daba credibilidad”, expresó. A su vez, alertó que para este delito hay “una mafia enquistada en el poder político, judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

“Esta ley tiene que salir. Es cierto que se regalan los niños, yo lo he visto en el campo. Cuántos niños se han vendido durante tantos años”, exclamó y mencionó al ex intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Víctor Cemborain, “quien se candidateaba para gobernador y compraba los bebés para rituales. La misma fiscal iba a los rituales de estas creencias donde se ofrecían bebés”. “Hoy vemos en el caso Loan que la abuela mezcla la creencia católica con la Virgen de Itatí con el Pomberito”, agregó Pelloni.

A su lado,  Gloria Machado, abogada de Infancia Robada, afirmó que “la compra-venta es una clara violación a los derechos humanos, es transversal a muchos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”. “Es necesario un cambio de paradigma socio-cultural en la mirada hacia las infancias, en la perspectiva de infancias y en el cuidado”, sostuvo y apuntó contra “la connivencia de los poderes públicos, de los encubrimientos y complicidades de distintos efectores”.

Luis Fernando Velasco, especialista en Derecho Penal y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, aseguró: “No hay partidismo en esto, sino lo que tenemos que lograr es una muy buena técnica legislativa para evitar que la modificación genere problemas de los delitos que ya están tipificados, porque cuando modificamos o reemplazamos un artículo esto puede implicar una aplicación de ley penal más benigna para otras personas ya condenadas”.

“Las figuras que tenemos en el 139 y 139 bis (del Código Penal) son muy amplias”, admitió, pero explicó que “el proyecto que tiene dictamen del Senado reemplaza el 139 bis, pero elimina de alguna manera casos que hoy están tipificados”. En este sentido, advirtió sobre un “efecto contrario” y aseveró que hay que ser “muy cuidadosos de no reformar un texto con el cual ya hay condenas y está siendo aplicado”.

Velasco sumó: “Yo recomendaría no ir al texto específico de la compra-venta, sino avanzar en una forma agravada de estas figuras que no implique la derogación de lo que ya esté”. Y reiteró que hay que ser “muy cuidadosos” en las reformas.

José Atilio Álvarez, titular de la Defensoría Pública de Menores, coincidió en la visión sobre la técnica legislativa y pidió “cuidar el tipo que van a incorporar, no sea cosa que, de buena fe, terminemos con una enmienda peor”.

De igual modo, remarcó en la necesidad de “atenuar la situación de la parte vulnerable, de la madre que no participa de una organización”.

“En 45 años que voy a cumplir -en ejercicio del derecho-, el temor del apropiador de niños es el arrepentimiento de la madre. Dejar la puerta abierta para que la madre se arrepienta y ayude a recuperar la identidad de su hijo es un elemento preventivo fundamental en la apropiación de los niños”, indicó.

En la reunión informativa, Álvarez le reclamó a los legisladores que “tengan el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere los escapes de una mafia”.

Diputados y especialistas alertaron por el incremento de la ludopatía infantil y solicitan al Congreso medidas urgentes

La Defensora Nacional de los derechos de los niños, Marisa Graham, expuso ante la comisión y alertó que “el juego en red es tan adicto como cualquier otra droga y es la primera adicción que padecen nuestros niños”.

Ante la creciente preocupación por la ludopatía infantil, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, se reunió este martes para debatir sobre el tema.

Al encuentro, que se extendió por más de dos horas, asistieron la Defensora Nacional de los derechos de os niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, el defensor adjunto de la Defensoría, Juan Facundo Hernández; y la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo; Paula Wachter, directora de Red por la Infancia; Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación; Facundo Bianco, de Bienestar Digital; Aldo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales.

La ludopatía en el caso de niños y adolescentes forma parte de más de una decena de proyectos que comenzaron a tratarse días atrás en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, cabecera de los mismos.

Antes de las exposiciones, la comisión procedió a designar como secretaría segunda a la diputada María Fernanda Araujo (LLA) en reemplazo de la neuquina Nadia Márquez que ha renunciado.

Araujo agradeció la postulación y avizoró: “Vamos a trabajar duro y estoy segura que vamos a estar de acuerdo porque los niños y adolescentes y las familias necesitan de todos nosotros y que trabajemos en este tema de la ludopatía que nos preocupa cada vez más”.

Reyes alertó que es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”.

La primera en exponer su proyecto fue la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) quien planteó que “la problemática principalmente que se está dando de la ludopatía abarca a los menores de edad, por ende, es clave que esta comisión se aboque al debate para generar un marco legal que prevenga y aborde este problema en crecimiento y trae inconvenientes muy graves a quienes son los más vulnerables de la población”.

La radical lamentó que no haya estadísticas oficiales sobre el tema, pero hay algunas consultoras que se han abocado y señaló: “Los datos son alarmantes”. Según la consultora “Opina Argentina” arrojó que 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% hablan de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

También comentó que en su iniciativa tomó en cuenta un decreto que tiene España porque “ha avanzar en la regulación publicitaria de los juegos de azar”.

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“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

“Padres, autoridades escolares y ámbitos religiosos plantean que la ludopatía ya está en sus casas, en los recreos. Los niños y adolescentes hablan de que plantan la merienda por jugar estos juegos de azahar apostando dinero”, alertó la radical y agregó: “Esto amerita que urgentemente tengamos que abocarnos a esta problemática compleja”. Así, abogó por un dictamen integral que no solo sea de sanción, sino también de prevención y que tenga en cuenta la parte que habla de adicciones.

La cordobesa alertó que “el 80% de los sitios de apuestas en Argentina son ilegales, es decir, no pagan impuestos, no se controlan gastos y ni siquiera se controla quiénes acceden, es uno de los grandes problemas que tenemos que analizar de quién tiene la responsabilidad de las plataformas y del rol del Estado”.

“Tenemos que hablar de prevención y por eso mi proyecto intenta crear un plan de prevención y abordaje que conste de campañas de concientización, información, para generar herramientas”, contó y planteó que tiene que haber sanciones del Código Penal, administrativas y que haya una autoridad de aplicación profesionalizada y activa.

“La ludopatía y los comportamientos compulsivos hacia los juegos de apuesta online se han transformado en un asunto de alta gravedad y preocupación mundial y nuestro país no es ajeno a esa realidad”, destacó Brouwer de Koning y pidió abocarse urgentemente y tratar de llegar a buen puerto unificando criterios para llegar al recinto una idea clara de cómo prevenir y abordar la problemática que está inserta en la sociedad.

A continuación, expuso Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien alertó sobre la temprana exposición de los niños a dispositivos digitales y se refirió a la ludopatía infantil como “la adicción al juego en los entornos digitales, aunque no se juegue es algo que va a ser complejo para poder pensar en un proyecto de ley que sea eficiente y eficaz tanto para prevenir y atender a la infancia y adolescencia que está pegada al celular”.

“El tema es la adicción a la pantalla”, señaló y pidió hacer hincapié en analizar “cómo el mundo adulto utiliza la pantalla para entretener a los niños”, al remarcar “el perjuicio que esto conlleva. Hay un montón de riesgos que los nenes tienen en los entornos digitales”.

La funcionaria explicó que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla utilizando las debilidades de los niños y adolescentes”. “Vamos a tener que dar una batalla importantísima y va a costar tanto como costó regular la publicidad del tabaco en el país porque la ludopatía en el mundo maneja millones y millones de dólares, por lo cual atrás de esto hay un negocio que gana con la salud de nuestros niños que están incentivados por las redes que los incita a jugar y a apostar. El juego en red es tan adicto como cualquier otra droga y es la primera adicción que padecen nuestros niños”, consideró.

“Los últimos modelos de cochecitos de alta gama para bebés incluyen un pequeño monitor para que el bebé, que aún no sabe ni hablar, ya esté atento a lo que pasa en una pantalla”, criticó Graham, subrayando la relación entre esta sobreexposición y el desarrollo de conductas adictivas y planteó que “antes de la pandemia los entornos digitales ya eran un problema” porque “todos los riesgos que puede haber en la calle se multiplican a través de un celular, de las redes”.

Graham celebró que haya 23 proyectos que aborden el tema -16 en Diputados y 7 en senadores- pero manifestó: “Es importante que tengan giro a la Comisión de Educación y a esta comisión también porque los más perjudicados y vulnerables son los niños”, y cerró: “Lo importante es sacar a los chicos de esta adicción y pelear contra los ilegales y los legales”.

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El defensor adjunto y psicólogo clínico especialista en entornos digitales, Juan Facundo Hernández, añadió que “es necesario un marco regulatorio de apuestas en líneas” y que “es clave prohibir y regular las publicidades sobre este tema”.

“Hace falta que el Congreso regule una ley de estándares mínimos como lo hace con otros temas. No hay una normativa nacional que regule el juego en línea, y es importante unificar lineamientos”, planteó y explicó: “El marco regulatorio debe hablar más bien de juego problemático como consumo; es clave la prohibición o regulación de la publicidad; prohibición de auspiciar en eventos o clubes deportivos; el vínculo con el registro nacional de las personas para un mejor acceso y control biométrico y la autenticación del acceso para la transacción e inicio; regular los modos de pagos”.

Luego, Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, dio su opinión al respecto y sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

En su disertación, desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

A su turno, Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. "Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema," enfatizó Watcher.

En el mismo sentido, Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación, pidió “escuchar a los niños y adolescentes para conocer su mirada”, y propuso “modificar la Ley de consumos problemáticos e incorporar la temática de la adicción al juego”.

Por último, Facundo Bianco de Bienestar Digital citó que, según lo refleja un estudio realizado este año por la consultora Opina Argentina, “el 16% de los jóvenes reconoce que realiza apuestas online”.

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La reunión resaltó la urgencia de legislar y tomar medidas concretas para proteger a los menores de edad de las crecientes amenazas del juego online y la adicción a dispositivos digitales. La Cámara de Diputados seguirá trabajando en conjunto para implementar políticas efectivas que garanticen el bienestar de los niños y adolescentes del país.

En tanto, la diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Moran afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

La diputada Marcela Campagnoli (CC) definió algunos puntos de su proyecto e hizo hincapié en "controlar el acceso de los chicos al uso de las billeteras virtuales”, ya que -aclaró- “son muy utilizadas para al juego online".

Finalmente, la diputada Karina Banfi (UCR) adelantó que, en consonancia con lo expresado por las diputadas Margarita Stolbizer (HCF) y Victoria Tolosa Paz (UP), "vamos a solicitar que se arme una sub comisión de trabajo para abordar este tema conjuntamente con las distintas Comisiones que tratan proyectos sobre ludopatía”, porque -subrayó- “la complejidad de la problemática lo amerita".

Graham estuvo en Diputados y detalló el informe de la Defensoría Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes

En una reunión informativa, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la Defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Defensor adjunto, a fin de brindar el informe trimestral de la Defensoría.

Marisa Graham expuso una vez más en el Congreso de la Nación. (Fotos HCDN)

La Comisión de Familias, Niños y Juventudes de la Cámara baja, presidida por la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), recibió a la doctora Marisa Graham y al defensor adjunto Facundo Hernández quienes presentaron el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.

En el inicio de la reunión -se llevó a cabo en el Anexo “A”-, culminó el proceso de constitución y fueron designadas Victoria Tolosa Paz (Up – Buenos Aires), como vicepresidenta primera y Nilda Moyano (UP – Santiago del Estero) en la Secretaría tercera.

En la primera visita de la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes visitó la Cámara de Diputados desde la asunción del presidente Javier Milei, la misma celebró los decretos que otorgaron aumentos a los montos de la Asignación Universal por Hijo y al Plan 1000 Días.

“Es importante asistir a las comisiones en la Cámara de Diputados y el Senado porque hemos legitimado nuestro rol desde el 2020 y trabajamos para garantizar el derecho a las prestaciones básicas”, señaló Graham en la presentación del informe de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Mediante una presentación de imágenes diapositivas, el primer tema trató sobre la cantidad de menores de edad que hay en la población argentina distribuidos por el territorio nacional: “El 26,6% de la población (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes”. Asimismo, agregó un dato aún más profundo: “El 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia”.

En esa línea, presentó el esquema del último período con relación a las prestaciones abonadas por la ANSES: “Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones (4.081.178 con AUH y 5.520.650 otras asignaciones) y 1.516.504 que cobran programas provinciales”. En tal sentido, la doctora destacó que “el Gobierno nuevo duplicó la AUH”.

No obstante, señaló que la prestación pasó de 41.322 pesos a 52.554 de enero a marzo 2024 “si es que abona el 100%”.

También, explicó la relación entre la AUH y el valor de Canasta Básica Familiar: “Solo cubren el 72% de la canasta aquellos cobren el Plan 1000 Días, la Tarjeta Alimentar y la AUH”, y amplió: “de 3 a 5 años, cubren el 50%; de 5 a 14, el 37,7%; y 15 a 17, solo el 16,5%”.

En esta parte, la doctora Graham remarcó el pedido que realizó hace unas semanas en la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a elevar la edad a 17 años para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (actualmente es hasta los 14 años). “Los adolescentes de 15, 16 y 17 años son los más desprotegidos”, aseveró.

Para sintetizar los reclamos anexados en el informe 2023 de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes explicó que “se busca mensualizar el mecanismo de actualización y lograr armonía y equidad en las diferentes prestaciones”.

Con relación a la seguridad alimentaria, Graham criticó que los kioscos de colegio y cantinas “venden chatarra y no cumplen con la Ley de Etiquetado Frontal”. Y añadió que “2.300.000 niñas y niños que viven bajo la línea de indigencia acuden a 223 comedores”.

Luego, doctor Facundo Hernández amplió más datos del informe: “un 44,9% de las niñas y niños acuden al sistema de salud pública”. También, pidió por la optimización del sistema de vacunación para que sea “como era antes de la pandemia”.

Por otro lado, se refirió al cierre, por parte del Gobierno nacional, del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado una notable disminución de embarazos no deseados en adolescentes.

“Es un plan que se monitoreó y tuvo una enorme reducción en la fecundidad adolescente que fue del 52% (35.000 a 16.000) y en niñas del 61%”, explicó Hernández. “No es que se está reordenando, no está funcionando”, remarcó.

Como solución al cierre del plan, el defensor señaló que “es esencial que se mantenga”, y propuso que haya una ley que garantice la continuidad del Plan ENIA.

Respecto a la salud mental en menores, indicó que “es fundamental fortalecer la atención porque impacta en suicidios, autolesiones y adicciones”. A su vez, presentó un dato negativo: “Los suicidios en menores venían a la baja, pero hubo repunte en el 2022. Se dio en más varones que mujeres”.

En el tramo final de la presentación, se refirió al programa Becas Progresar que permite que adolescentes “permanezcan en la escuela”. En esa línea, sugirió que “se incorpore a chicas y chicos de 15 años”.

Para terminar su exposición, Facundo Hernández concluyó que “las leyes, aunque no tengan la palabra niña, niño o menor impactan directamente en la vida de cada uno”.

Graham asistirá a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe tras el cambio de Gobierno

La defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes se presentará ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes el próximo miércoles a las 16.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Defensor adjunto, Facundo Hernández, asistirán el próximo miércoles a las 16 para brindar su informe anual ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), a fin de brindar el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.

El último informe lo brindó en agosto de 2023 ante la Bicameral que controla al organismo. En esa oportunidad, alertó que en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza y habían remarcado que “la AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”.

Además, habían planteado que “hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”.

La defensora se presentó el pasado 16 de enero en el marco del tratamiento de la fallida Ley Ómnibus y había solicitado a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar”.

Graham solicitó a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar”

La titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes planteó que la AUH y la tarjeta alimentar “son derechos a la seguridad social”. También, expresó preocupación por “los nuevos tipos penales” porque “es atrasar como 100 años”.

La titular de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, participó del plenario de comisiones de Diputados en medio del debate por la ley ómnibus y solicitó a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar” porque “son derechos de seguridad social”.

En su intervención, Graham expresó: “Venimos a hablar en nombre de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria. Soy la defensora de una institución pública de derechos humanos, autárquica, autónoma, independiente y con amplias facultades jurisdiccionales”.

“Preparamos con las defensorías provinciales un documento sobre nuestras observaciones técnicas y algunas preocupaciones que nos genera tanto el DNU como la ley que estamos discutiendo”, informó y señaló: “Tenemos la misión de cumplir con los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061. También en las observaciones generales que emite este comité al cual debemos rendir como República Argentina en el 2024 nuestro informe que se rinde cada cinco años”.

Retomando las palabras del Comité leyó: “Las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño. El Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tiene sobre los niños los programas de ajustes estructurales y la transición a una economía de mercado”.

La invitada destacó: “Vemos con satisfacción el aumento del 100% de la AUH y el 50% de la tarjeta alimentar”, pero expresó preocupación por “la supresión de la movilidad jubilatoria trimestral a la cual está atada también automáticamente la AUH y las asignaciones familiares que no son ni planes ni programas, son derechos a la seguridad social que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en virtud del artículo 26 de la Convención”.

“Venimos a pedir que se mejore esa actualización trimestral porque si no la inflación se va a terminar licuando cualquier aumento. Pedimos a ambas cámaras que revean la posibilidad de mantener e incluso mejorar el aumento automático de esta prestación de seguridad social y sostener políticas que garanticen un precio accesible a los alimentos porque es lo que más aumenta los alimentos que consumen los nenes”, solicitó.

Por otro lado, se refirió al título tercero de seguridad y defensa y expresó preocupación por “la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis. Primero porque en la técnica legislativa no tienen nada que ver en el medio de esos artículos porque hablan de la seguridad interior. Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales”.

“Nos preocupa mucho nuevos tipos penales para nosotros demasiados abiertos que también incluye un 194 bis y dice ‘el hecho de encontrarse una persona menor de 13 años sin adulto responsable en peligro inminente a su integridad física y que deberá recurrirse a la autoridad que lo encuentre en esa situación. Esto es atrasar 100 años y volver a la Ley Agote de 1919”, indicó y resaltó que “tenemos que reconocer la autonomía progresiva de niños y niñas”.

En educación, sostuvo que “la escuela es un factor de protección donde se aprende y se enseña ahí los chicos dicen lo que no dicen en la casa. Es la socialización nos negamos rotundamente para que no sea ley el artículo 550 del proyecto. Hay más de 4 millones de chicos que concurren al primario presencialmente”, y pidió: “Escuelas abiertas los 190 días, presencial y con docentes”.

Desde la fundación, también cuestionaron el juicio por jurados porque “vulnera el principio de especialidad porque tienen que ser jueces especializados en adolescencia y niños y esto contradice a Tratados internacionales”.

“Nos preocupa la eliminación de la ley de mil días y la unidad ejecutora que es algo central porque es una política trascendental. La reforma es regresiva y esto va a ser aún peor. Hay que implementar en su totalidad la ley de salud mental”, cerraron.

Informe anual de la defensora Marisa Graham

Fue ante la Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo marco la funcionaria dio detalles de la pobreza de los menores en la Argentina.

Marisa Graham: en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes brindó el informe anual ante la bicameral que controla el organismo. “La AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”, advirtió. Anunció que lanzarán un documento de cara a las presidenciales.

Al brindar el informe anual de su gestión en el Salón Illia del Senado, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, advirtió este martes que “en la República Argentina la Asignación Universal es un derecho, no es ni un programita, ni un plan, no se puede retroceder en ese derecho” que va en línea, además, con “el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

En su presentación ante la bicameral que controla al organismo, presidida por la senadora riojana Clara Vega, la funcionaria precisó que “hay 53% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en la República Argentina”, de los cuales “el 16,5% con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre”, mientras que “con políticas inadecuadas hay un 12,5% que está más cerca de la línea de pobreza”. 

En tanto, un “12,7% de los niños son indigentes” de los cuales “un 6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica. Y, viceversa, hay un 7,6% que con políticas inadecuadas o alta inflación, podrían pasar a ser indigentes”. 

Al exhibir gráficos, la abogada señaló que la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa “Mil Días” tienen un mayor impacto en los menores de 13 años, pero “los que peor están son los pibes de entre 15 y 17 años”. “De 13 a 17 años hay que encarar una política nacional, provincial y municipal que llegue y convoque a todo los chicos”, enfatizó. 

Graham aseguró que la Defensoría continúa insistiendo con que la Tarjeta Alimentar “aumente automáticamente como la AUH”. “Ya logramos pasar de que cubra a familias con hijos hasta los 6 años, a que cubra a familias que tienen hijos hasta los 14 años. Pero no bajamos la pretensión de que cubra hasta los 17 años, es el objetivo”, agregó y defendió que “el impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”. 

Sobre el trabajo realizado, la defensora celebró que “el año 2022 ha sido el año de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a “la legitimidad y el rol, que nos costó al principio”, y también “de mucho fortalecimiento institucional, hemos crecido mucho porque la demanda nos obliga a crecer”. 

“También tenemos mayor conocimiento en el resto de las provincias, venimos haciendo un trabajo federal importante”, continuó y destacó que elaboraron su propio “estatuto de personal, que debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos que puedan encontrar” en los distintos sectores. 

Respecto de la labor federal, la funcionaria apuntó que llegaron a todas las provincias y que en ocho de ellas se reunieron con las máximas autoridades. “Hay algunos gobernadores y gobernadoras y tribunales superiores (de Justicia) que han tomado muchas de nuestras observaciones y recomendaciones”, dijo. 

En otro tramo resaltó el trabajo de la “red de legisladores provinciales por los derechos de niñas, niños y adolescentes”, al tiempo que afirmó que con los defensores provinciales “tenemos muchísimo vínculo y trabajamos en casos particulares y pronunciamientos generales”. 

En su exposición, Graham anunció que la semana próxima lanzarán un documento diseñado sobre “cuáles son los derechos que la Defensoría va a defender, los derechos alcanzados en los cuales no vamos a permitir que se retroceda”, de cara a las elecciones presidenciales. “Es fundamental para todos los candidatos y candidatas”, aseveró. 

Tras referirse a “alianzas estratégicas” de la Defensoría con otros organismos y las acciones en relaciones internacionales, la abogada apuntó que “en 2022 ingresaron 559 casos” de las 24 jurisdicciones sobre educación, salud, salud mental, pobreza, seguridad alimentaria, violencias, niñez indígena, niñez migrante, compra y venta de niños, entre otros.

“Este año ya vamos 368 requerimientos”, indicó e informó: “Nos hemos constituido en querellantes en algunas causas. Hay fallos de la Justicia Federal y provincial que toman recomendaciones de la Defensoría, esto es sentar jurisprudencia”.  

Otro de los aspectos que resaltó fue la ampliación de las becas Progresar, que “bajaron su piso a los 16 y 17 años y fueron un éxito. Hay alrededor de 650 mil chicos y chicas que están hoy en el Progresar y es muy importante, son el 45% de los chicos y chicas de 16 y 17 años”. “Cuando hay una política pública eficiente y eficaz, los chicos y las chicas la toman. Les tenemos que dar esa oportunidad”, subrayó. 

Y añadió que insistirán “ante el Gobierno nacional y el ministro de Educación (Jaime Perczyk), que ha tenido una buena predisposición, para que se incorpore a los chicos y chicas de 15 años”. 

Por otra parte, la defensora de NNyA señaló que se ha “avanzado mucho en campañas de concientización que tienen como objetivo visibilizar los problemas de niños, niñas y adolescentes y desnaturalizar algunas cuestiones”, como el caso de “la crianza con violencia”. 

A su turno, Facundo Hernández, defensor adjunto, se refirió a las acciones realizadas en cuanto a la niñez indígena, asunto en el que se ha logrado llegar por primera vez con un amparo colectivo a la Corte Suprema de Justicia de Salta. “No nos quedamos solo con lo que nos dice el gobierno (provincial), vamos a recorrer in situ a ver si esto se está cumpliendo”, manifestó sobre el plan que se puso en marcha para garantizar el acceso al agua. 

El funcionario habló además: del impulso de la Defensoría para que se active un protocolo especial en las fuerzas de seguridad nacionales sobre los derechos de NNyA; y para que el tema de salud mental en NNyA sea tomado como eje central por los Ministerios de Salud de la Nación y todas las provincias. 

Hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”, apuntó y reveló que hay acuerdos mutuos con otros organismos para recomendar que “se modifique sin bajar la edad de imputabilidad”. 

Sobre la cuestión legislativa, reclamó que “es necesario la sanción de la ley que tipifica la compra y venta de niños, porque fue pedida por la Corte Interamericana” y una “legislación que regule la restitución interprovincial de niñas y niños”. 

Foto: Comunicación Senado

Advertencia de una oficialista y una opositora por los derechos

En la primera reunión de una comisión después de las PASO, y atento a la sensibilidad de los temas a tratar, al tomar la palabra, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri sostuvo que la temática sobre niñas, niños y adolescentes “cruje y duele”, porque “aún como Nación tenemos mucho por crecer y avanzar”.

La macrista confesó su “preocupación respecto al futuro próximo de nuestra Nación y de las problemáticas de infancia y adolescencia, y la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”. “Estamos en un momento bisagra y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de las infancias no nos durmamos”, alertó. 

En la misma línea, la oficialista Paola Vessvessian remarcó que “más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no los podemos perder porque a una persona que tiene alguna intencionalidad política se le ocurra”, en alusión al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei

La santacruceña observó que “a veces dicen que mucho de lo que se propone no lo va a poder llevar a cabo, pero con que haga 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los que son los más indefensos, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores”. 

“Nos merecemos un repensar de qué nos está pasando. Yo y muchos de los que estamos acá defendemos lo público, en el sector público no están los vagos, están los que realmente van a bregar porque esos chicos y chicas que no tienen donde ir, puedan tener sistemas alternativos”, defendió. 

Y cerró: “¿Hay errores? Hay errores. ¿Hicimos cosas mal? Hicimos cosas mal. Pero nunca dañando al otro. Yo sí creo que donde hay una necesidad hay un derecho. Y es obligación nuestra, de las políticas públicas, garantizar que ese derecho se cumpla”. 

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes brindará el informe anual en el Congreso

Marisa Graham se presentará ante la bicameral competente, presidida por la senadora Clara Vega. El encuentro será este martes a las 13 en el Salón Illia.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentará el informe anual de su gestión ante la bicameral que controla el trabajo del organismo y está presidida por la senadora riojana Clara Vega.

El encuentro se realizará este martes, a partir de las 13, en el Salón Illia de la Cámara alta. Será la tercera reunión que mantenga la comisión, en lo que va de este año.

La bicameral, integrada en su totalidad por legisladoras, se constituyó el pasado 1ro. de junio, mientras que el 11 de julio recibió al titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

En esa jornada, el funcionario expuso sobre el proceso de reglamentación de la Ley Lucio, que establece la capacitación obligatoria para funcionarios y agentes que trabajan con las infancias en derechos de NNyA.

Reclaman intervención de Marisa Graham por los paros docentes

Diputados de Juntos por el Cambio hicieron una presentación ante la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante las consecuencias de medidas que afectan la enseñanza.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución), junto a 26 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron una nota a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que tome intervención ante los días perdidos de clases por paros docentes en el país.

“Necesitamos cambiar el enfoque sobre cómo se protege el derecho a la educación en Argentina. Niñas, niños y adolescentes tienen consagrada la más alta protección en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la práctica, sus derechos terminan siendo vulnerados como consecuencia de los conflictos entre adultos. Este paradigma es el que se dejó atrás con la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de 2005. Desde entonces la prioridad es su interés superior, pasan a ser sujetos de derecho. La mesa de negociación gremial no puede ser el aula”, dijo Carrizo.

“La defensora tiene no solo las herramientas, sino la responsabilidad de intervenir. Su función es ser la voz y la representación pública de aquellos niños y niñas que no pueden incidir en las discusiones individualmente", agregó la diputada.

La Ley 25.864 sancionada en 2003 estableció un piso mínimo de 180 días efectivos de clases que jamás se ha cumplido. Por su parte, el Consejo Federal de Educación, mediante Resolución CFE N° 431/22 dispuso los 190 días efectivos de clases para el calendario lectivo 2023, objetivo que muchas provincias ya no cumplirán. Hasta el 31 de mayo de este año, sumando todas las provincias, se cuantifican 235 días de clase perdidos producto de medidas gremiales. Las provincias con más días perdidos fueron Santa Cruz (38 días), La Rioja (27 días) y Tucumán (23 días).

Países como Alemania, España o Ecuador han establecido que la educación es un servicio público que no puede verse afectado por los reclamos laborales. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de una Resolución del Ministerio de Trabajo del año 2001 que iba en esa dirección. Al hacerlo así, sostuvo una mirada adultocéntrica que hoy ya se encuentra perimida, producto de la sanción en 2005 de la Ley 26.061. Con posterioridad a la sanción de esta ley, existieron fallos de Santa Fe (2005) y Río Negro (2009) en los que se obligó a las provincias y a los gremios a mantener el servicio educativo.

La carta fue firmada por los diputados nacionales Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Marcela Campagnoli, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Lidia Ascarate, Martín Tetaz, Karina Bachey, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Alberto Asseff, Martín Berhongaray, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gerardo Cipollini, Danya Tavela, María Sotolano, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Marcela Coli, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning y Gabriela Lena.

Para cumplir con una demanda de la CIDH, arranca el debate sobre compra y venta de niños

Una década después de una condena del organismo internacional, en el Senado comienzan a discutir una reforma del Código Penal. Cuál fue el caso desencadenante.

Seis meses después de haber recibido el presidente Alberto Fernández el anteproyecto elaborado por una comisión creada para tal fin, arranca finalmente en el Senado el debate de un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de tipificar las conductas conocidas como “compra” y “venta” de niños, niñas, y de las concernientes a la intermediación de tales hechos.

La iniciativa ingresó a la Cámara alta el pasado 23 de agosto, pero ya en el mes de abril el tema había sido expuesto públicamente cuando se realizó en Casa Rosada un acto en el cual el presidente Alberto Fernández recibió esa iniciativa. Del mismo participaron el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.

Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.

También estuvieron la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

En esa ocasión se anticipó que la sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.

El episodio disparador de esta iniciativa sucedió hace 22 años, a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. A raíz del mismo, hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.

En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

La presentación en Casa Rosada se realizó precisamente al cumplirse justamente una década de esa demanda.

Imagen del acto en el que se le entregó al presidente de la Nación el anteproyecto de ley elaborado.

Este miércoles a partir de las 12.30, el tema comenzará a ser discutido en el seno de la Comisión de Justicia que preside el neuquino Oscar Parrilli, en cuyo marco se tratarán, además del proyecto del Ejecutivo, otros dos: uno oficialista y otro de Juntos por el Cambio.

Uno es del chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos), que agrega el artículo 145 quater al Código Penal de la Nación, que introduce de manera explícita el delito de compra-venta de niños o niñas recién nacidos hasta los doce meses de edad.

El otro es de la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), que modifica el art. 139 del Código Penal de la Nación tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

La Comisión de Justicia que preside Oscar Parrilli analizará los proyectos existentes sobre el tema.

A la reunión han sido invitados a exponer Leonardo Fornerón, actor y damnificado en la causa “Fornerón e hija vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, y Margarita Nicoliche, abogada interviniente en el proceso internacional de la causa Fornerón.

El caso que motivó la reacción de la CIDH

El caso Fornerón refiere a un hecho que se inicia con el nacimiento de “M”, el 16 de junio de 2000. M es hija de Diana Elizabeth Enríquez y de Leonardo Aníbal Javier Fornerón.

Precisamente este último no tuvo conocimiento del embarazo sino hasta avanzado el mismo y, una vez enterado de ello, preguntó varias veces a la señora Enríquez si él era el padre, lo cual fue negado por la madre en toda ocasión.

Al día siguiente del nacimiento, la madre biológica entregó su hija en guarda provisoria con fines de adopción al matrimonio “B-Z”, en presencia del defensor de Pobres y Menores Suplente de la ciudad de Victoria, quien dejó constancia de ello en un acta formal.

Tras el nacimiento de M, y ante las dudas sobre el paradero de la niña y sobre su paternidad, Leonardo Fornerón acudió ante la Defensoría de Pobres y Menores, manifestando que deseaba, si correspondía, hacerse cargo de la niña.

Un mes después del nacimiento de M. el señor Fornerón reconoció legalmente a su hija.

El 1 de agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la guarda judicial de M. En el procedimiento judicial sobre la guarda, Leonardo Fornerón fue llamado a comparecer ante el juez, y en la audiencia manifestó en todo momento su oposición a la guarda y requirió que la niña le fuera entregada. Asimismo, se practicó una prueba de ADN que confirmó su paternidad.

El 17 de mayo de 2001 el juez de Primera Instancia otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z, e indicó que se podría instrumentar en un futuro un régimen de visitas para que el padre pudiera mantener contacto con la niña.

El señor Fornerón recurrió la sentencia, y ésta fue revocada en apelación dos años después. El matrimonio B-Z interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley contra esta decisión.

El 20 de noviembre de 2003 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, declaró procedente el recurso, revocó la decisión de la Cámara y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia.

Finalmente, el 23 de diciembre de 2005 se otorgó la adopción simple de M. al matrimonio B-Z.

El proyecto del Ejecutivo

El anteproyecto en base al cual el Gobierno elaboró el texto definitivo que comenzará a debatirse en el Senado fue elaborado en conjunto entre funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y organismos de derechos humanos.

Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón; las comisiones de Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, y de Legislación Penal de Diputados, a cargo entonces de la entrerriana  Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.

El texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

Cabe consignar que la Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.

Graham aclaró que no evalúa denunciar a Massa

La Defensoría que ella encabeza aclaró que plantearon sus inquietudes y se reunirán próximamente con el ministro.

Luego de su presentación ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, se generaron numerosas versiones en torno a la relación entre la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y el Palacio de Hacienda, Marisa Graham, y el Ministerio de Economía, en torno al suministro de fondos.

Ante ello, esa Defensoría publicó un tuit para aclarar la situación y aventar especulaciones.

“Frente a los trascendidos, cabe aclarar que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no denunció ni evalúa denunciar al ministro de Economía, Sergio Massa. Se le ha enviado una carta y por las inquietudes planteadas, concretará prontamente una reunión”, plantearon desde esa dependencia.

Piden al ministro de Economía cumplir con los fondos que debe recibir la Secretaría de Niñez

Marisa Graham expresó su preocupación ante los diputados, aunque luego la Defensoría aclaró que no denunció, ni evalúa denunciar por el tema a Sergio Massa.

Vicepresidente segundo de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Martín Maquieyra (Pro-La Pampa) cargó este miércoles contra el Gobierno nacional al sostener que este mes “dejó sin fondos a los hijos de madres asesinadas por femicidas, a los chicos sin cuidados parentales y a los profesionales de los centros de desarrollo infantil”.

Así las cosas, reclamó que con urgencia el ministro de Economía, Sergio Massa, “cumpla con los fondos para estos niños y solicitamos que nos informen cuándo mandarán esas partidas. El Gobierno tiene que dejar de perjudicar a quienes más lo necesitan”.

La reacción del legislador pampeano vino a cuento de los dichos de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, que al presentarse el martes ante la Comisión de Familias sostuvo que hay en este momento en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) “partidas faltantes” que impiden que ese organismo “pueda cumplir el mes que viene con el PAE, con la Ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil”.

En ese sentido contó que “le hemos mandado una carta al ministro de Economía expresando nuestra preocupación y para que se resuelva el mes que viene este presupuesto destinado a estos programas destinado a la niñez, adolescencia y familia. Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda para que la SENAF tenga ese presupuesto para cumplir con lo mínimo, que es el PAE, que es el plan de adolescentes de egreso y con la Ley Grisa, que son las hijas y los hijos de casos de femicidio”.

Sin embargo, este miércoles la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aclaró a través de sus redes sociales que “no denunció ni evalúa denunciar al ministro de Economía, Sergio Massa. Se le ha enviado una carta y por las inquietudes planteadas, concretará prontamente una reunión”.

Ante esta situación, el diputado Martín Maquieyra presentó un proyecto de resolución en el que pide que el Poder Ejecutivo Nacional brinde un informe sobre si existen o no partidas presupuestarias faltantes; qué acciones se prevén desde el Palacio de Hacienda para cumplir en término con las obligaciones surgidas de los programas que lleva adelante la SENAF, y si recibió el ministro de Economía una misiva de parte de Marisa Graham solicitando la resolución inmediata de la falta de pago de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los programas.

4701-D-2022-1

Lena informó a defensora nacional sobre las irregularidades en el Copnaf 

La diputada nacional pidió que se intervenga el Copnaf a fin de garantizar “los derechos, la integridad, la salud y el bienestar de los chicos que están bajo su guarda”.

La diputada nacional Gabriela Lena presentó a la defensora a nivel nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, un informe sobre denuncias e irregularidades que se vienen produciendo en el ámbito del Copnaf. 

Lena participó de una reunión de la Comisión de Familias, la Niñez y las Juventudes de la Cámara de Diputados en la que se recibió a Graham. Al término de la sesión, Lena entregó a la defensora una carpeta con información sobre las situaciones irregulares que se producen en el organismo provincial encargado de tutelar los derechos de niñas y niños entrerrianos. 

“La defensora Graham se mostró sorprendida por toda esta información que desconocía y prometió que personalmente se iba a ocupar de este tema que tanto nos preocupa y nos horroriza. En el Copnaf se han producido situaciones de abuso, maltrato, menores que huyen de hogares y hasta casos de chicas que han sido prostituidas y que la Justicia ha emitido condena”, subrayó la legisladora. 

Lena viene denunciando públicamente esta situación desde hace tiempo y ha pedido que se intervenga el Copnaf a fin de garantizar “los derechos, la integridad, la salud y el bienestar de las chicas y chicos que están bajo la guarda del Consejo”. 

En ese sentido, concluyó: “No voy a desistir en mi reclamo de que se tome una intervención efectiva y concluyente en el Consejo a fin de garantizar que se ponga un freno al abuso, el maltrato y la desprotección de quienes son los más vulnerables, los más desprotegidos y que deberían ser los privilegiados”. 

Del Plá criticó los recortes en discapacidad y advirtió: “La situación de la niñez en el país es de extrema gravedad”

Eso expresó la diputada de izquierda al consultarle a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sobre los recortes en el área de discapacidad y en el área educativa.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) criticó los recortes en discapacidad y en el área educativa ante la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja a la que asistió la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le consultó por la intervención de la institución en esos temas.

En su intervención Del Plá advirtió: “Podemos partir de la consideración que la situación de la niñez en nuestro país está en un cuadro de extrema gravead y vulnerabilidad”, y se refirió a los recortes en el área de discapacidad.

“En medio de los varios recortes, si bien mañana se va a abordar en la Comisión de Salud el tema, está claro que estamos frente a una situación aguda en relación a que ya había muchas dificultades en el abordaje de la discapacidad en la que muchos niños y niñas padecen esta dificultad, pero ahí vemos en dos aspectos y preguntamos si ha habido alguna intervención en relación a los recortes que están afectando a las prestaciones de tipo privadas en cuanto a acompañantes terapéuticos, especialistas”, explayó la diputada.

También, se refirió al área educativa: “La falta de docentes para la inclusión, la enorme limitación que hay en este sentido y el reforzamiento de las escuelas especiales que en muchas jurisdicciones está en pleno proceso de desmantelamiento en lugar de reforzarlas”.

Al responder, Graham informó: “Tenemos denuncias en este momento sobre obras sociales que no cubren determinadas prestaciones, y allí estamos exigiendo que se cubran esas prestaciones a las obras sociales”.

“Hay un margen de prestaciones a las cuales las obras sociales están obligadas, por ejemplo, algunos apoyos que tienen que ver con acompañamiento terapéutico, pero hay otros apoyos que tiene que ver con talleres como talleres de música para niños autistas que es para ese niño, eso no esta cubierto”, explicó la funcionaria.

Además, contó: “Venimos trabajando con algunas expertas psicólogas y psiquiatras que trabajan el espectro autista porque son los que más complicaciones tienen en las coberturas que es que las obras sociales cubran aquello que por ley si tiene que cubrir como el acompañante terapéutico, porque no se toman en cuenta los talleristas que son para esa patología y más contundentes para acompañar ese proceso”.

“Un tema es exigirle a la obra social que cumpla, ahora entraron tres casos de CABA, y también exigir una reforma de la Ley para tener en cuenta que la terapia no es solamente aquello que hace un médico o psiquiatra, sino que también hay terapias de otro tipo”, remarcó Graham.

Sobre las escuelas especiales, señaló que “hay un debate histórico. Hay un sector que respetamos mucho que dice que hay que salir de esta idea de anormal y normal y entonces poner anormal en una escuela especial y por eso hablan de escuelas con apoyo. Y hay otros que dicen que los niños especiales tienen que ir a una escuela y estar integrados y tener el apoyo dentro del ámbito escolar”.

Al respecto, consideró: “Tenemos que terminar este debate que empezó por lo menos hace 20 años. O salimos por arriba o encontramos alguna tercera solución que, por ejemplo, que algunos niños necesitan alguna escuela especial y otros pueden ser absolutamente integrados con un acompañamiento porque no todas las discapacidades motrices ni mentales son iguales. Un proyecto de ley podría superar este debate histórico porque si hablas de niños especiales estas discriminando, entonces hay que bajar todo eso”.

Graham: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron las denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”

Además, la defensora de los Derechos de los Niños sostuvo que "la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo", y que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, asistió este martes a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), para brindar su informe anual en el que alertó: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”.

En su ponencia, también sostuvo que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia”, y pidió que “hay que reformarlo”. También que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

En su exposición inicial, Graham recordó que la Defensoría "es un organismo de derechos humanos, de un tercio de la población que son las personas hasta 17 años; es autónoma, autárquica e independiente. No depende ni responde a ninguno de los poderes, e incluso puede interpelar al Poder Judicial".

Al recordar que ella junto a los defensores adjuntos juraron en febrero de 2020 y luego vino la pandemia, mencionó que la tarea "fue muy difícil" porque era "un organismo que se creó desde menos diez, no desde cero". Sin embargo, "a pesar de esa dificultad hicimos muchísimo en el 2020 y mucho más en el 2021", destacó.

Y sobre ese 2022, año en que se retomó la presencialidad a pleno, "hubo como una explosión de la Defensoría, nos instalamos más en la población y se definió un poco más cuál es nuestro rol", resaltó.

La funcionaria agregó que estuvieron "un año y medio armando equipos que no se conocían", lo cual "fue un obstáculo, pero también una fortaleza" que "generó una cohesión importante". A continuación, detalló la estructura del organismo, compuesto por una diversidad de profesionales. "Somos el 60% mujeres y el 40% varones", detalló.

Graham subrayó: "Hemos dado un salto cualitativo teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hemos cumplido tres años de existencia como institución". Y reveló que poseen un "estatuto interno de avanzada", a partir del cual, por ejemplo, "hay paridad absoluta" en cuanto a las licencias por paternidad, maternidad, adopción o distintos cuidados para todos los trabajadores.

"Trabajamos fundamentalmente con pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; con campañas de difusión y sensibilización; con mesas de trabajo, con aportes técnicos y con convenios marco con distintas organizaciones", contó, a la vez que enumeró las "redes" que "acompañan la gestión de la Defensoría" tales como "defensores provinciales, legisladores provinciales por los derechos de los niños, organizaciones territoriales, y promotores de derechos de los niños" que son "150 chicas y chicos de todas las provincias del país".

En un tramo de su presentación, la defensora aseguró que desde el inicio de la gestión "nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, lo cual es un tema de alta preocupación. Creo que tiene que ser de preocupación para toda la sociedad".

Al relatar uno de los casos en los que más trabajó la Defensoría, la funcionaria se refirió a la niñez indígena, de la cual hay un proyecto del diputado Daniel Arroyo al cual expresó su apoyo. "Si hay un nene o una nena, un chico o una chica vulnerable en la República Argentina, son los niños de los pueblos originarios", señaló.

Sobre el trabajo realizado con la comunidad wichí en el Chaco Salteño, contó que la Defensoría fue "a hablar con las autoridades, con el gobernador, con los ministros" y que viajaron a visitar el territorio muchas veces. Se armaron mesas interministeriales y "logramos reducir un poquito la mortalidad infantil", apuntó. Sin embargo, "en septiembre de 2021 ese círculo virtuoso que de alguna manera se había gestado, se rompió, dejó de funcionar".

A partir de ello iniciaron un amparo a la provincia de Salta, que respondió con medidas cautelares. "Nosotros pedíamos garantizar agua, conectividad, caminos, salud, alimentación oportuna y de calidad", expresó, y agregó: "Se requiere de decisión política, presupuesto y un acompañamiento del Gobierno nacional a estas políticas que tiene que desarrollar la provincia".

Actualmente aguardan por un fallo de la Corte de Salta, y de ello dependerá si presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó Graham. "Lo pongo de ejemplo no para estigmatizar, sino para mostrarles como venimos trabajando", dijo y ponderó que entre las cosas que sí se lograron, se otorgaron 3.500 DNI entre la niñez indígena. "Siguen esos operativos, eso funcionó y funciona, lo que no funciona es lo otro, que es vital", sumó.

La defensora también mencionó que trabajaron con la niñez migrante; con gestiones para que la Tarjeta Alimentar se ampliara a familias con hijos hasta 14 años; y con bajar el piso del Progresar. "Hay cuestiones que todavía quedan de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico", indicó, y remarcó que uno de ellos es la salud mental.

"La Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo", afirmó Graham, al igual que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil. Asimismo, hay que "aggiornar la Ley 26.061, que fue un salto cualitativo en su momento, pero hay cosas que podríamos incorporar, por ejemplo, el tema de trabajo infantil".

Graham ratificó: "Estamos trabajando mucho para que haya defensores en todas las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

A su turno el defensor adjunto de la Defensoría, Facundo Hernández, procedió a explicar cómo actúan en la defensa de los derechos: “Tenemos un área de admisión de casos porque no podemos intervenir en todos porque haríamos mal nuestro trabajo. Tenemos que rejerarquizar el sistema de protección porque después deben transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son los casos. Solo en los casos donde no obtenemos respuesta en tiempo y forma ahí interviene la Defensoría”.

“Junto con los litigios estratégicos, lo que se busca es fortalecer y jerarquizar el sistema de derecho que es lo que debería funcionar bien en Argentina y además estamos yendo hacia un sistema federal independiente de todos los dispositivos donde haya niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Y sumó: “En materia de admisión de casos es de mayo de 2021 a mayo de 2022 son 441 casos. Este año hubo un salto de un 40% entre 2020-2021 y 2021-2022. De mayo a este año hay 112 nuevos casos. El total de casos que tiene la defensoría desde su creación es de 756 que muchos no son individuales”.

“El grueso de los casos tiene que ver con procedimientos con cuestiones de familia que están siendo abordadas de manera conflictiva en el Poder Judicial. En materia de requerimientos hay una fuerte preponderancia en la provincia de Buenos Aires algo que nos interesa revertir y para lo cual estamos pensando distintas alternativas”, explicó Hernández y agregó: “En materia de quiénes nos requieren hay una preponderancia de que sea un familiar o el referente afectivo del niño o niña. El segundo caso que tomamos de oficio tiene que ver con violencia institucional”.

En esa línea, precisó que “de los 441 casos que ingresaron se llevaron a cabo 4.400 gestiones que van desde pedidos de informes, notas judiciales, articulaciones, asesoramiento, mesas de trabajo. De estos casos 65 son los que forman parte del litigio estratégico donde ponemos mayor peso de las herramientas defensoriales con mayor profundidad”.

Sobre la Ley 22.278, comentó que “hay dos proyectos de ley actualmente con estado parlamentario, pero los dos con edad de 14 años porque no corresponde bajar la edad de imputabilidad porque es algo que reclama el Comité de Naciones Unidas”.

“Una Ley Nacional de reparación histórica de niñez indígena es importante porque es algo que vimos como problema en la falta de un diagnóstico, de planificación, de coordinación y de evaluación de políticas públicas provincias y nacionales. Hay mucho trabajo de terreno, pero falta coordinación”, cuestionó.

En materia de nudos críticos, señaló que “tres provincias no cuentan con la Ley de Protección Integral, nueve provincias tienen algún grado de adecuación de leyes procesales penales, 15 provincias no receptan normativamente la figura de Defensor y, de las 9 que si, 4 no la implementan. Hay una falta de centralidad del sistema de diseño de políticas públicas”.

Entre los obstáculos que se les presentan para el ejercicio de su función precisó que “principalmente pasan por el Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa que no nos reconocen la legitimidad”.

Graham asistirá a la Cámara de Diputados

La defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes asistirá este martes a las 13 a la Comisión homónima de la Cámara baja.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a las 13 a brindar su informe anual ante la Comisión homónima de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

La funcionaria asistió a fines del mes de agosto a la Bicameral que controla la defensoría ante la que brindó su informe anual de gestión y detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%. As u vez, defendió la AUH porque “es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Por otro lado, lamentó que “para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, y cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.

“Para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, lamentó Graham

Eso expresó la funcionaria en respuesta al pedido de la diputada Carla Carrizo por una Ley de Salud Mental que incluya a niños, niñas y adolescentes. Fue en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral de Defensoría.

Durante la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a cargo de la riojana Clara Vega, que se llevó a cabo este martes en la que la titular de la Defensoría, Marisa Graham, se presentó a brindar su informe anual la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) le pidió “recomendaciones” para avanzar con una Ley de Salud mental para niños.

Al comienzo de su intervención, Carrizo celebró los “avances en los datos precisos” que se dieron durante la exposición de Graham porque “siempre son por aproximación y poder tener una franja de la edad de chicos que quedan fuera de algún programa para poder asignar políticas es un avance”.

A continuación, expresó: “Necesitamos recomendaciones en el tema de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Se que hicieron conversaciones, charlas y encuentros, pero nosotros necesitamos una ley, necesitamos avanzar en los 24 distritos del país porque la verdad que ningún gobierno desde que se sancionó la Ley de Salud Mental ha cumplido con que 10% de lo que se asigna para Salud, siendo para el área de salud mental el 2,4%”.

“El 10% no se cumple y eso se divide entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Necesitamos recomendaciones efectivas”, reclamó la diputada y sumó: “Necesitamos que no se subejecuten ningún programa dirigido a niño, niña y adolescente en ningún área, salud, educación, que no haya ninguna excusa. Este país es el que más impuestos cobra”.

En respuesta, Graham se lamentó e informó: “La mala noticia es que de ese 2,4% la mayoría va a adultos porque hay algo, que es una rémora típica, de pensar que los Ministerios de Salud nacionales y provinciales en el tema salud mental lo delegan en el área de infancias”.

“De ese 2,4% a los niños y niñas les llega cero. Entonces para los chicos y chicas salud mental no hay porque no está pensando que los niños, niñas y adolescentes puedan tener padecimientos subjetivos”, cuestionó la funcionaria en coincidencia con lo propuesto por Carrizo.

A su vez, cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.

La secretaría de la Comisión, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), se sumó al pedido de su par porque es “fundamental”.

Graham informó que “la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%”

Además, titular de la Defensoría del niño respaldó la AUH porque "es un derecho, no es un plan, no es un programa”, y consideró que “debe universalizarse”.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se presentó este martes ante la Comisión Bicameral homónima, presidida por la senadora riojana Clara Vega, para brindar su informe anual en el que detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%”.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio Alfredo Palacios de la Cámara alta, la titular de la Comisión Bicameral señaló que “con esto queremos cumplimentar lo que dice la Constitución. Es el trabajo de un año desde 2021 hasta abril de 2022”.

A su turno la vicepresidenta de la Comisión, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), expresó: “Esperábamos con ansiedad hace tiempo esta presentación porque estamos claramente atravesando una situación muy compleja como país y creo que el rol de esta institución es vital”.

La secretaría, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), sostuvo: “Nosotros que ya venimos en la Bicameral vemos los avances, los procesos”, pero remarcó que “el informe y el poco tiempo no permiten mostrar todo lo que uno hace y es fundamental sostener el diálogo porque el tema de las infancias y la niñez implica un vínculo permanente y continuo”.

“Desde la Comisión nosotros venimos a respaldar y garantizar que se apliquen y garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No somos intervencionistas y tampoco venimos a obstaculizar porque sabemos que trabajar con los niños siempre falta, pero lo importante es estar, tener presencia y sobre todo con una mirada federal”, cerró la santacruceña.

En su alocución, Graham celebró ser la primera presentación presencial y remarcó que “se nos junta casi un año de lo que tendríamos que informar el año que viene”, y precisó que el informe contiene un total de 800 páginas.

En primer lugar, describió: “Somos una Defensoría de Derechos Humanos independiente, autónomos, autárquico. Eso implica que no somos de ninguno de los tres poderes ni del Ministerio Público y por eso siempre nos confunden".

A su vez recordó que se hicieron tres presentaciones: la primera en julio de 2020 que fue trimestral, la de julio de 2021 que fue por zoom y la actual. “Nosotros tenemos un tiempo límite para cumplir más allá de que se constituya o no la Bicameral por eso le enviamos el informe a la presidencia de Diputados y del Senado en tiempo y forma”, explicó Graham.

“Durante el año 2021 logramos una visibilidad en nuestra institución que no habíamos tenido el año anterior. La presencialidad nos ayudó a constituir equipo porque estuvimos trabajando un año conformando equipos que no se conocían personalmente y el conocimiento del personal y tener un espacio de trabajo permitió adquirir mayor potencia y coherencia y una instalación de nuestra estructura”, precisó la funcionaria y sumó: “No hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de la Defensoría, tanto en casos individuales como en casos colectivos”.

En esa línea informó que agregaron a la institución la secretaria Administrativa y Financiera, el área de Legal y Técnica y de Informática y una “potente” área de comunicación porque “la visibilidad de la institución también tiene que ver con la visibilidad e invisibilidad de un tercio de la población que son las personas hasta los 17 años de edad también es un grupo bastante invisibilizado atravesado por profundas desigualdades”. “Incorporamos personal en las tres áreas sustantivas Protagonismo y Participación de chicos, chicas, nenas y nenes es una actividad central porque sin ellos no podríamos abarcar todos los temas”, contó.

Foto: HCSN

“También el área de redes con las organizaciones sociales, esto es muy importante, también organizaciones territoriales, tenemos un registro que al año pasado eran 2000 organizaciones porque no solo trabajamos con las de la Ciudad y el Área Metropolitana, sino que también trabajamos con organizaciones que están en todo el país porque son una polea de transmisión de lo que está pasando en el territorio más allá de los informes de las autoridades provinciales”, agregó Graham.

Por otro lado, destacó que la institución está compuesta por “muchos profesionales” de distintas áreas porque “el abordaje de los niños, niñas y adolescentes nos impone que la composición sea así”. Entre las herramientas con las que cuentan para la gestión, la funcionaria enumeró: “Pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; mesas de trabajo; aportes técnicos y convenios; herramientas defensoriales como pedidos de informes y acciones judiciales”.

Respecto a la dinámica de trabajo, contó: “En todas nuestras agendas dinámicas de trabajo sabíamos cuál era la agenda inacabable de niños, niñas y adolescentes, pero estos dos años y medio no solo confirmaron esa agenda sino que también la dinamizaron y, pasó algo que nosotros dimos a llamar de los casos a los temas y de los temas a los casos, teníamos un plan de trabajo que en el periodo anterior fue intervenido por la pandemia, teníamos los temas prioritarios que tuvimos que refocalizar como niñez indígena y abuso sexual infantil, pero se vieron fortalecidos y focalizados por la cantidad de enuncias en la Defensoría sobre vulneración de niñez indígena y también muchos casos de abuso sexual interfamiliar”.

“La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Entre los temas relevantes Graham enumeró: “Además de la visibilidad y la invisibilidad sigue siendo la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, los ingresos de las familias con niños. En segundo orden por la afectación de la pandemia es la justicia juvenil seguimos teniendo una Ley 22.278 que creemos que hay que derogar y sustituir por una adecuada a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, también tuvimos denuncias por trataos malos y degradantes en algunos lugares de encierro. El otro tema es la violencia institucional en los lugares de encierro, alojamiento de niños, niña y adolescentes por sobre todos aquellos lugares por algún padecimiento mental o problema de acción”.

“Adquirieron su derecho por la asignación universal por hijo 137.815 chicos y chicas, nenes y nenas cuyo derecho estaba suspendido, la eliminación del tope de 5 hijos y eso implicó que en 2021 se sumaran 23.015 chicos; la reducción de permanencia de chicos para tener la AUH, logramos bajarla a 2 años y eso implicó el ingreso de muchos niños migrantes a la asignación que fueron 8.204”, detalló y remarcó que “la Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa por lo cual debe universalizarse y no debe confundirse con otros programas. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Respecto a la Tarjeta Alimentar informó: “Solo cubría familias con niños hasta 6 años, logramos la aplicación hasta los 14 años. Eso tuvo un impacto importante sobre todo en los niveles de indigencia”, y señaló que “seguimos pidiéndole al Gobierno que extienda la Tarjeta Alimentar a familias con chicos hasta los 17 años”.

“Logramos bajar el piso del programa Progresar a los 16 y 17 años porque era absurdo ni razonable pensar que, si la deserción en la escuela es fundamentalmente de chicos de 16 y 17 que ellos no estuvieran incluidos en un programa específico de la escuela para retener a los chicos de esa edad”, ponderó Graham y observó que “hay una vacancia en políticas dirigidas en la franja que va desde los 14 a 17 años”.

Por otro lado, contó que desde la Defensoría hicieron aportes “importantes” en la redacción de la Ley de Etiquetado Frontal y que ahora tendrán un “trabajo importante” porque deberán controlar los alimentos etiquetados en los supermercados y escuelas. “Es algo que aparece entre las demandas de chicos y chicas”, expresó y advirtió que “en la República Argentina el sobrepeso y la obesidad es una epidemia, no significa que los niños están bien alimentados, están subalimentados”.

A su vez, informó que en el 2021 estuvieron “trabajando mucho en la vacunación para la vuelta a la escuela”, y consideró que “se pudo haber vuelto antes a la escuela. Si hubiese sido intermitente el regreso al colegio hubiese sido mejor para niños, niñas y adolescentes, pero vino la segunda oleada y se volvieron a cerrar las escuelas”. “Tenemos una campaña para que se cumpla con el calendario de vacunación obligatorio porque tenemos un problema allí”, sostuvo.

FOTO: HCSN

“La vuelta a la escuela tenía que ser una gesta patriótica porque todos tenemos que hacer que niños, niñas y adolescentes que dejaron la escuela por la pandemia o antes, porque la pandemia lo que hizo fue acentuar la deserción escolar y agravarla, tenemos que ir a buscarlos y analizar la situación, pero también tenemos que tener una escuela que los reciba y los retenga, que les de una proyección a futuro. Ahí tenemos el Plan ‘Volvé a la escuela’ y estamos haciendo un monitoreo de eso”, explayó la titular de la Defensoría de niños.

Al cierre de su ponencia, Graham habló sobre la niñez indígena y el chaco salteño: “Lo primero que hicimos poner mesas interministerial que funcionó un año y medio y entendemos que la situación es difícil y vienen pasando con todos los gobiernos, con el cambio climático, el desmonte que desertificó el suelo de Salta, hemos trabajado mucho en esa provincia, pero no podemos resolver el tema como hubiésemos querido, sino porque tenemos que evitar las muertes evitables por deshidratación y posterior desnutrición de un población que es la más discriminadas de todas, las más invisibilizadas. Otra de las mesas que aún funciona es la de identidad y hemos logrado una incidencia clara 3.342 niños wichis y criollos adquirieron su documento de identidad nacional”.

Facundo Hernández, defensor adjunto y especialista en Derecho Penal, informó que “la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40% son 441 casos que merecen la gestión nuestra, desde que empezamos son 756 casos. Hay 112 casos nuevos desde marzo de este año. Hay un grueso muy fuerte que tiene que ver con el procedimiento judicial y cuestiones de familia, otro 12% de vulneración de derechos”.

Otra de las integrantes de la Defensoría, precisó que “los chicos y las chicas son el 29% de la población, pero el total de población de pobres los chicos y las chicas son el 38% y cuando miramos el total de indigentes son el 45%. Hacemos relevamientos exhaustivos para no repetir lo hecho y poder asesorar y brindar conocimiento a partir de una mirada concreta y lo más desagregada del problema para aplicar la mejor política pública”.

“Construimos un sistema de monitorio de la defensoría que es convergente y toma el plan de trabajo de la defensora y hay una mirada amplia, igualitaria y abarcativo. Nos interesa el seguimiento de la situación socioeconómica de la niñez, un seguimiento de las políticas públicas”, comentó.

En una breve intervención, Graham sumó que “empezamos con un presupuesto de 22 millones de pesos y llevamos ejecutados 376 millones de pesos”.

Marisa Graham asistirá al Congreso a dar un informe anual

Luego que se suspendiera su presentación ante una bicameral la semana pasada, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes expondrá este martes desde las 14.30.

marisa graham bicameral defensor del nino 22 junio 2021

Luego que se suspendiera -sin motivos- su presentación, que estaba prevista para el día en que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó su descargo judicial desde el Senado, y se vieron afectadas todas las actividades de comisiones, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a brindar su informe anual.

La funcionaria asistirá en el marco de una reunión de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Illia de la Cámara alta desde las 14.30. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

Días atrás, en la bicameral que recibirá a Graham fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, la defensora fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

Graham dará su informe anual ante la Bicameral del Niño

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asistirá a una reunión que se realizará en el Salón Eva Perón este martes desde las 14.30.

marisa graham bicameral defensor del nino 22 junio 2021

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes desde las 14.30 al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

Graham dará su informe anual ante la Bicameral del Niño este martes

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asistirá a una reunión que se realizará en el Salón Eva Perón, desde las 14.30.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

Piden que intervenga la defensora de los Derechos de los Niños por las muertes de bebés en Córdoba

La solicitud es encabezada por la diputada nacional Roxana Reyes que, junto a sus pares del interbloque, solicitaron una “urgente intervención en la situación acaecida en el Hospital Materno Neonatal Dr. Ramon Castillo”.

Ante el fallecimiento de al menos cinco bebés recién nacidos entre marzo y junio de este año en la ciudad de Córdoba, diputados nacionales de Córdoba e integrantes de Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR- Santa Cruz), presentaron este martes un pedido urgente de intervención de la defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Marisa Graham.

Acompañan el pedido los diputados nacionales Mario Negri, María Soledad Carrizo, Víctor Hugo Romero, Marcos Gustavo Carasso, Rodrigo de Loredo, Gabriela Brouwer De Koning, Soher El Sukaria, Héctor Baldassi, Adriana Ruarte, Laura Rodríguez Machado, Leonor Martínez Villada, Gabriela Lena, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Mario Barletta, Marcela Coli, Gabriela Besana, María Sotolano, Camila Crescimbeni, Martin Maquieyra, María de las Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri.

“Según ha trascendido en los medios de comunicación, los fallecimientos se vinculan a la presencia de valores de potasio mayor a los normales, siendo esto solo posible, a consideración de los especialistas, a través de la intervención de personas que tomaron contacto con los niños y niñas”, sostuvieron los legisladores.

Los días previos de hacerse pública esta situación, el Gobierno anunciaba una inversión de 72 millones de pesos en equipamiento en el Hospital Materno Neonatal, lugar en donde acontecieron los hechos.

En el petitorio, los diputados resaltan las personas que fueron designadas por la provincia de Córdoba para desempeñarse como interventora del hospital y de quien debía llevar adelante el monitoreo de mortalidad infantil, siendo esta última la encargada de advertir “la irregular situación de los fallecimientos de los y las bebes”.

“Este contexto profundiza la gravedad de los hechos, abonada por la escasa claridad del gobierno en el manejo de la información de los hechos, evidenciando deficiencias en el sistema de atención sanitaria de la provincia de Córdoba que atentan contra los derechos de las NNA protegidos por la Constitución Nacional y la Ley 26.061”, sostuvieron los legisladores.

En tal sentido, manifestaron que “las familias tienen el derecho de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales locales para que se esclarezcan los hechos y, a la intervención de los organismos que integran el sistema de protección de los derechos de las NNA con todas sus instituciones”.

Por último, los diputados de JxC reiteraron su “compromiso indeclinable con las infancias”, solicitando la intervención de la Defensora Nacional “para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de derechos poniendo en resalto la necesidad de que se asuman las responsabilidades pertinentes y se garantice la tranquilidad de las familias cordobesas sobre la protección de los derechos”.

Graham destacó el proyecto sobre crianza con ternura y buen trato

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se refirió a la iniciativa que se impulsa desde el Poder Ejecutivo.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, destacó este martes el proyecto de ley para la Crianza con Ternura y Buen Trato, impulsado por el Gobierno nacional, y precisó que un estudio reveló que el 64% de las familias ejercen microviolencias sobre sus hijos.

En ese sentido, la abogada explicó que la iniciativa -presentada en un acto la semana pasada pero que todavía no ingresó formalmente al Parlamento- busca “la capacitación a todos los funcionarios y no funcionarios que atienden a niños, niñas y adolescentes, para promover nuevos paradigmas sobre niñez y adolescencia”.

“Los derechos de los niños son primordiales en una sociedad, siendo los primeros derechos que hay que atender desde las políticas públicas, hasta las normas y el trato en la vida cotidiana”, expresó en diálogo con radio AM990.

Sobre el estudio de las microviolencias hacia hijos, la funcionaria mencionó "los gritos, el zamarreo, tirarles del pelo, en aras de la educación y la crianza, pensando que de esa manera van a aprender”.

Graham citó frases “populares” para ejemplificar la violencia verbal que usan los adultos, como “la ley con sangre entra” o “un buen cachetazo dado a tiempo”.

“Con los más chicos se utiliza la violencia física, por ejemplo, un domingo de lluvia en el shopping: los niños se cansan, están aburridos, y las mamás y los papás pierden la tolerancia que tienen que tener con ellos cuando se ponen fastidiosos”, ejemplificó.

En tanto, la defensora señaló que “a los adolescentes no se le ejerce esta violencia sobre el cuerpo, sino se utiliza el insulto, a las mujeres se les dicen locas, y a los varones boludos”.

Graham añadió que el proyecto del Poder Ejecutivo busca “que (a los niños) se los considere como ciudadanos, cosa que no es menor". "La otra cuestión es que se puedan remover obstáculos de todo tipo, sobre todo culturales, y que se deconstruyan las prácticas cotidianas que los adultos llevamos adelante de violencia contra los niños”, concluyó.

Reclaman a la Defensoría del Niño sobre la situación de menores en Salta, la conectividad y la ESI

En una serie de recomendaciones al organismo que conduce Marisa Graham, organizaciones que integran Infancia en Deuda elaboraron un informe sobre el primer año de gestión.

Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.

Entre las recomendaciones "urgentes", alertaron por "la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061".

También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED "considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos".

Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.

"El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos", señalaron.

En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron "convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados".

Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse. 

Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país. 

Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.

En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.

"Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron", se agregó en este sentido.

Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada. 

En la Bicameral del Defensor del Niño, Graham enfatizó que "la escuela estuvo presente" en pandemia

Al responder preguntas de una diputada de la oposición, la funcionaria pidió "cambiar el discurso adulto" y valorar a los niños y adolescentes que "continuaron con sus trayectorias". Se comprometió a consultar a la ministra Vizzotti sobre la vacunación para los menores.

marisa graham bicameral defensor del nino 22 junio 2021

Por más de dos horas, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, rindió un informe ante diputadas y senadoras, durante el que afirmó que "la escuela estuvo presente" en la pandemia y pidió no subestimar "el esfuerzo" de los alumnos que continuaron con sus trayectorias educativas. Además, se comprometió a consultar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la vacunación contra el Covid para los menores.

Al responder preguntas de la diputada Carmen Polledo (Pro), sobre "el duro impacto de algunas medidas que se tomaron en la educación" como "la falta de clases y la asistencia a la escuela", la funcionaria enfatizó: "La escuela estuvo presente, y me parece que el discurso del mundo adulto en general tiene que decir que la escuela estuvo presente, porque sino dejamos afuera el esfuerzo que han hecho muchos niños, niñas y adolescentes en las peores condiciones para sostener sus trayectorias escolares".

"El problema es qué pasa con el cierre de los establecimientos y los vínculos que se generan; para los más chicos los vínculos interpersonales son de un valor incalculable", continuó la abogada y remarcó que "esos 80 mil fallecidos o más, que lamentamos cada uno, son abuelos, padres, tíos de niños, niñas y adolescentes que han padecido la muerte de un ser cercano".

La defensora reveló que en el organismo se han reunido "con los padres que estaban a favor de la presencialidad, pero también con padres y madres que estaban a favor de la no presencialidad, algunos pertenecientes a los mismos establecimientos escolares".

Por otro lado, señaló que "siempre el gran problema de Argentina fue la escuela secundaria", en la que "tenemos una deserción que siempre es la misma, incluso antes de la pandemia".

"Casi el 100% de los niños que terminan la primaria entran a la secundaria", apuntó, pero precisó que de ese total, "un 30% no la terminará nunca; y del 70% que sí la termina, la mitad la termina con sobreedad y con mucha repitencia". "No es un problema de la pandemia, sino un problema que la pandemia desnuda y agrava", sostuvo.

Al brindar el informe anual ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Vanesa Vessvessian (FdT), Graham resaltó que "son muy pocos los países que están vacunando" a menores de 18 años contra el Covid, al tiempo que se comprometió a trasladar esta inquietud a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Además, la funcionaria aseguró que el organismo continuará trabajando por garantizar el acceso a la conectividad de niños y adolescentes, y advirtió que la asimetría digital existe no solo en el interior más profundo del país, sino también dentro de las grandes ciudades.

Al contestarle a la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), la abogada admitió: "No sabemos cuál es la causa por la cual las vacunas no pueden ser aplicadas a niños y adolescentes. Lo que sí que la vacunación se está llevando adelante en todas las jurisdicciones del país por edades. Es una de las preguntas a hacerle a la ministra (Vizzotti)".

Y se comprometió a pedir que las vacunas estén garantizadas "por los menos para aquellos (menores) que tiene comorbilidades existentes". No obstante, aclaró que "no hay ninguna organización que se ya presentado en pedirnos vacunas para los chicos".

Respecto a la conectividad, la abogada subrayó que "en algunas provincias de nuestro país, la conectividad no resuelve el tema" porque hay familias que viven en parajes, y allí "es presencialidad o nada".

Pero también remarcó que tanto en la Ciudad de Buenos, como en Córdoba Capital o Rosario, "hay lugares donde hay conectividad y lugares donde no". "La exigencia que venimos teniendo sobre la conectividad la vamos a seguir teniendo, incluso después de la pandemia", prometió.

Informe anual

En el inicio de su exposición, Graham habló de "los obstáculos" que enfrentó la Defensoría en su comienzo como institución, sumado a la pandemia, "se convirtieron en fortaleza". "Conseguimos un aumento importante del presupuesto destinado para el 2020", destacó.

En ese sentido, detalló que también se logró que "los fondos de reserva de los años anteriores, 2018-2019, se constituyeran en nexo y ya está reservados para la compra de bienes de uso de informática y tecnología, lo más caro que tenemos que enfrentar como compra".

La abogada celebró que el organismo está presente en todas las redes sociales y consiguió "una gráfica que nos identificara, desde el logo hasta la estética de nuestra página web, que es otra gran noticia para nosotros".

"Empezamos a tener más presencias en otros lugares del país, no solo en la Ciudad y el Conurbano. Estamos teniendo relación con las 24 jurisdicciones", aseguró la defensora.

Sobre el personal de la Defensoría, Graham precisó: "Hoy por hoy somos 70, somos pocos para el volumen de trabajo que tenemos. Hay 50 (personas) en las áreas sustantivas y 20 en las áreas de apoyo". "Estamos ahora esperando que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) nos firme una nueva resolución con la inclusión de once personas más", añadió.

La funcionaria recordó que con la pandemia los temas de agenda se reenfocaron sobre "seguridad alimentaria; el tema de los ingresos en los hogares; deserción escolar, sobre todo en el secundario; y la cobertura insuficiente para la primera infancia".

En referencia a la Asignación Universal por Hijo, la abogada ponderó el pronunciamiento de la Defensoría sobre los requisitos para acceder a este beneficio y el diálogo encarado con el Poder Ejecutivo para lograr los cambios que se dieron a través del decreto 840/2020. Asimismo, mencionó el pronunciamiento realizado sobre la necesidad de ampliar la cobertura de la tarjeta Alimentar.

Graham enumeró que el organismo actuó en casos de "restitución internacional de menores; interrupción legal del embarazo en niñas menores; el caso del asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay; y el desalojo en Guernica".

Además, el jefe de Gabinete de la Defensoría viajó a Formosa y mantuvo diálogo con autoridades provinciales, como con denunciantes, y luego se presentó "un informe a UNICEF Argentina, al Comité de Prevención contra la Tortura, y a la Secretaría de Derechos Humanos".

A continuación, se refirió a "un caso emblemático para nosotros" como es el trabajo en el Chaco Salteño con niños de la comunidad wichi donde, entre otras cosas, se llevaron adelante operativos de identidad y Renaper entregó "2.166 documentos nuevos", al tiempo que "170 chicos fueron registrados" y "ANSeS incorporó 5.871 chicos a la AUH".

Por otra parte, la titular de la Defensoría anunció que se está trabajando para que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires "tengan su propio defensor", como es el caso de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa.

"Hemos avanzado en 12 provincias sensibilizadas en el tema del defensor", dijo, y afirmó que hay "cuatro que están más cerca" como Jujuy, San Juan, Catamarca y Mendoza. "Tenemos la expectativa de llegar a fin de año con por lo menos dos defensores más", agregó.

En otro tramo, la funcionaria apuntó que algunos de los "obstáculos" con los que se encontraron fue "con la confusión sobre nuestro rol" y "las resistencias" de "jueces y juezas que no nos dejaron intervenir en algunos expedientes, no reconociéndonos legitimidad", al igual que algunos fiscales y defensores.

Sin embargo, remarcó que, como contrapartida, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Nacional ha tomado pronunciamientos de la Defensoría como "base argumentativa para sus fallos". "El Poder Judicial siempre es más resistente a los cambios por su estructura, y también el Ministerio Público", cuestionó.

Graham estuvo acompañada por el defensor adjunto, Facundo Hernández; y la directora de Investigación Aplicada, Vanesa Salgado; quienes también contestaron preguntas. Además, la defensora aseguró que enviarán más respuestas por escrito.

Lospennato se expresó defraudada de la defensora de los niños

La diputada opositora cargó contra Marisa Graham y la acusó de haber "deshonrado" su compromiso con los niños y adolescentes.

En el marco de la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción y Salud Pública de este jueves para discutir el proyecto de ley de emergencia Covid, la diputada Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires) centró su discurso en torno a las clases presenciales y le apuntó en ese marco a la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, a quien tildó de “ausente” en este debate sobre la presencialidad en las esculeas. También consideró que la defensora “tenía una oportunidad enorme de hacer bien su trabajo y lamentablemente no lo ha hecho”.

La diputada de la oposición cargó contra Graham al declarar que “la gran ausente en este debate también es la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Argentina”. En el mismo sentido, continuó: “Me duele especialmente, porque fui una de las personas en esta cámara, junto a la diputada Carla Carrizo, a la diputada Soledad Carrizo, a la diputada Samanta Acerenza, que ya no forma parte de este cuerpo, a la diputada Carmen Polledo, que más trabajamos para lograr tener una defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que por catorce años estuvo vacante en la Argentina”.

“Catorce años le debió este Congreso a los niños, las niñas y los adolescentes en la Argentina una persona que los defendiera. Y seguí personalmente ese proceso, que nos llevó más de un año. Hicimos un concurso público extraordinario, tomamos exámenes, cosas que nunca suceden en la Argentina, las hicimos posibles las mujeres que queríamos que nuestros niños tuvieran una voz”, se lamentó Lospennato.

La legisladora bonaerense admitió haberle pedido a Graham: “Espero que honres este compromiso de ser esa voz que millones y millones de niños no tienen en la Argentina”, y a continuación sentenció: “Ese compromiso fue deshonrado en este proceso. ¿Por qué no está la defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes litigando en todos los tribunales del país el regreso a la presencialidad?”.

Pusimos a una persona proveniente de las filas de la oposición, tenía una oportunidad enorme de hacer bien su trabajo y lamentablemente no lo ha hecho. Espero que sea una de las personas que en defensa de los niños se presente como amicus a la Corte Suprema cuando esta ley llegue a esa instancia para ser declarada inconstitucional”, concluyó la diputada opositora.

La Bicameral de Defensor del Niño citará a Marisa Graham

La comisión espera contar con la presencia de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes el 22 de junio.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se reunió este lunes de forma virtual por segunda vez en lo que va del año. En esta ocasión se eligieron autoridades y se planificó la visita de la  Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, para el 22 de junio próximo. Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) es la flamante vicepresidenta de la bicameral.

La presidenta de la comisión, la diputada Paola Vessvessian (Frente de Todos-Santa Cruz), abrió el encuentro al resumir: “Mi idea de trabajo es que podamos generar un proceso junto, con agenda activa y positiva. Poder aportar a la construcción de la política de la infancia desde la mirada legislativa”. 

Al momento de la elección de autoridades, la diputada Carmen Polledo (Pro-CABA) propuso a la senadora Guadalupe Tagliaferri para la vicepresidencia, quien fue designada por decisión unánime. “Creo que es una persona más que idónea y que ha entregado su compromiso fuertísimo en el trabajo de la defensa de los niños, de las cuestiones de género, de las mujeres”, argumentó la legisladora porteña, que luego la tildó de “la candidata ideal”.

Para la secretaría, la senadora Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) propuso a Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) por su “amplia trayectoria de militancia y trabajo en su territorio por los derechos de los niños y jóvenes, con una basta experiencia y formación”. Desde Diputados, Carla Carrizo (UCR-CABA) presentó a Carmen Polledo para la posición. “Tiene mucha experiencia en cómo construir consensos en políticas que no tienen que estar partidizadas porque no tienen partidos sino derechos”, consideró. Ambas fueron aprobadas por unanimidad.

Tras la conformación de la comisión, la presidenta de la bicameral sostuvo: “Estamos constituyendo todas las autoridades, así que con lo cual solo resta ponernos en acción, tener una agenda activa, positiva y que esté pensando en las infancias”. A continuación, Vessvessian propuso citar a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, el 22 de junio para que dé su Informe Anual y responda preguntas.

También se aprobó el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de los derechos del niño y adolescente. La diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos-Buenos Aires) pidió avalar la estructura “tal como la presentó la defensora”, idea secundada por la oposición a través de la voz de Guadalupe Tagliaferri, que expuso: “No tenemos una objeción con la estructura”.

Por su lado, la senadora Eugenia Duré aprovechó la ocasión para conmemorar el Día del Periodista. “Quería saludar a los periodistas en su día, teniendo en cuenta que desde la comunicación se deben garantizar los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes”, consideró.

En la reunión también se aprobó la Declaración “La protección de la salud integral de las infancias y adolescencias es prioridad”.

La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos-Tucumán), por su parte, debió ausentarse por una reprogramación de su vuelo de regreso a Tucumán, por lo que envió un escrito en donde expuso su posición acerca de los temas pertinentes a la reunión: “Adhiero a los temas propuestos, en especial lo referido a aprobar el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de la Defensoría”.

Piden informes a Marisa Graham sobre el caso de la niña detenida en Santiago del Estero por no usar barbijo

Los diputados Negri, Ritondo y López enviaron una nota a la defensora del Niño para saber si tomó intervención y exigieron protocolos específicos para la minoridad.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio solicitó a la defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, que informe si intervino en el caso de la niña de 10 años que fue detenida durante unos minutos en Santiago del Estero por no utilizar barbijo para protegerse del coronavirus.

En una nota enviada a la defensora, los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) advirtieron sobre “la ausencia de protocolos respetuosos de la Convención de los Derechos del Niño, a pesar del rango constitucional y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)”.

Los legisladores además solicitaron “la intervención del gobierno de la provincia de Santiago del Estero para establecer pautas y protocolos de actuación policial en procedimientos donde exista la presencia de niñas, niños y adolescentes para procurar su efectivo cumplimiento con el firme objetivo de prevenir, evitar e impedir prácticas de privación de libertad” en este sector etario.

Por último, manifestaron su compromiso de “trabajar para erradicar cualquier práctica institucional que avasalle sus derechos y que permita ir hacia un trato acorde a su desarrollo bio/psicosocial, garantizando que todo efector de la ley y el orden público conozca y tenga la capacidad de evaluar con criterio su intervención en cada situación que involucre a niños, niñas y adolescentes”.

Marisa Graham dio cifras alarmantes sobre embarazos de niñas de entre 10 y 12 años

Al exponer ante diputados, valoró el plan “de los mil días” y consideró que la ley va a requerir de una importante movilización estatal en todos sus niveles.

La defensora de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, consideró “muy auspiciosa, muy ambiciosa” la ley de los mil días, detallando en su exposición los puntos importantes de la misma y las sugerencias de ese organismo para mejorarla, confiando en que a la hora de la reglamentación se puedan corregir ciertas carencias.

Entre otras cosas, Graham consideró “muy importante” entre otras el sistema de detección temprana de la inscripción e identificación inmediata, expresando su deseo de que “también el otorgamiento del DNI fuera tan inmediata como la inscripción, sería un salto cualitativo importante”.

También saludó “la desjudicialización de las inscripciones tardías, que ha generado que haya una gran cantidad de niños y niñas sin poder registrarse durante muchos años”, y agregó algo que consideró inherente a “la dignidad” de los niños: “quitar el tema de la presentación del certificado de pobreza”.

“El Estado que las empobrece luego les pide que presenten un certificado de pobreza”, deslizó.

Graham consideró que el proyecto “tiene mucha base sanitarista” y manifestó su preocupación por la malnutrición de los niños. Y fundamentalmente consideró un gran desafío la escasa información que hay sobre las comunidades rurales y las poblaciones indígenas, y “la prevalencia de la desnutrición aguda de niños menores a 5 años, del 1,6%; pero cuando vamos a determinadas regiones de nuestro país, NEA y NOA, esas cifras suben a 2,5% y llegan en algunos casos hasta el 5%. Esa es una situación que nos preocupa mucho”.

“Me parece muy importante el cumplimiento del artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño: el Estado como garante de las familias que tienen algún déficit en el cuidado. A la ley le falta sumar algo que tenga que ver con el cuidado. La asignaciones familiares las saludamos, nos parecen muy bien; estamos totalmente de acuerdo con los controles de salud; estamos totalmente de acuerdo en que haya unidades de salud, pero nos parece que también uno de los centros del territorio donde se cumpla con esta ley tienen que ser los centros de cuidado. Nos parece que hay una ausencia de los centros de cuidado o los centros de desarrollo infantil, la importancia del acompañamiento en la crianza. Fíjense que la palabra crianza está solamente en el artículo 27 y la palabra cuidado y crianza me parece que tienen que estar más presentes en esta ley, si eso fuera posible”, señaló.

En un pasaje se refirió a los embarazos de las niñas, sobre todo las de 10, 11 y 12 años. “Han muerto niñas de 10 años y los niños por nacer… No me gusta estigmatizar regiones, pero en Salta hubo 27 partos de niñas de 10 a 14 años en el primer trimestre de este año; hubo 723 consultas de atención de niñas de 10 a 14 años, entonces nos preocupan mucho algunas regiones de nuestro país”, alertó.

A la hora de las sugerencias, pidió “linkear más esta ley con el plan que lanzó el Ministerio de Obras Públicas de 300 centros de desarrollo infantil nuevos, más los que ya existen en la Argentina; nos parece muy bien que los trabajadores de esos centros de desarrollo comunitario reciban alguna remuneración en el potencial trabajo, pero también que se mejoren los salarios de los organismos de protección en nuestras provincias. Y por último, en la unidad de gestión, donde están diversos ministerios, no entendemos la ausencia del Ministerio de Educación, ya que tiene muchos jardines de infantes y además nos parece absolutamente necesaria la participación de ese ministerio, porque tenemos que pensar que todo aquello que los niños de 0 a 3 acumulen les va a ser fundamental para el ingreso a la sala de 4, que recordemos es obligatoria y que estamos en una cobertura todavía muy, muy deficiente en sala de 4, aunque bastante universalizada en sala 5. Por lo cual abogamos para que la reglamentación nos muestre esa ingeniería que va a tener el Estado para poder ser eficiente en esa articulación”.

Abigail: la oposición pide la intervención de la defensora Graham

Diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio solicitaron que la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tome cartas en el asunto.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio le exigen a la defensora nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, que interceda en el abordaje del caso de Abigail Jiménez, una nena de 12 años que, luego de realizarse un tratamiento oncológico en la provincia de Tucumán, regresaba a su hogar en Santiago del Estero y las autoridades le prohibieron ingresar en el vehículo en que se trasladaba por trámites meramente burocráticos.

Esto derivó en que el padre tuviera que alzar a la niña y caminar kilómetros con la niña en brazos, con su pierna herida y en evidente estado de shock emocional.

A través de la nota presentada por el interbloque, encabezada por la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, los legisladores manifiestan que el interés superior del niño, el criterio de singularidad en la aplicación de las normas y los principios bioéticos tales como el de la protección de la vida humana, la integridad física, y el principio de subsidiariedad, deben priorizarse aún ante las medidas preventivas dispuestas por el Covid-19.

Los integrantes del interbloque que acompañan la nota alegaron que el respeto a los Derechos Humanos no puede estar sujeto a una emergencia, y por lo tanto exigen que se aclare el grado de responsabilidad que ha tenido cada funcionario público que con su accionar ha vulnerado los derechos fundamentales de la niña y de su familia.

Por último, los legisladores de JxC que firman la nota manifestaron su inquebrantable compromiso en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de cada rincón del país y quedaron a la espera de una pronta y favorable respuesta de la defensora Marisa Graham.

Firman la presentación Roxana Reyes, Claudia Najul, Lorena Matzen, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Alicia Fregonese, Carolina Castets, Virginia Cornejo, Gustavo Menna, Ximena García,  Alicia Terada, Albord Cantard, Karina Banfi, Omar De Marchi, Mercedes Joury, Mariana Stilman, Leonor Martínez Villada, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni, Eduardo Cáceres, Pablo Torello, Héctor "Tito" Stefani, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Julio Sahad, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro y Alberto Aseff.

ONGs advirtieron sobre la “gravísima situación” de la Defensoría del Niño a solo ocho meses de funcionamiento

Las ONG que integran el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la bicameral presidida por Beatriz Mirkin, en alarma por la reciente renuncia del defensor adjunto, que denunció “sesgos partidarios y discrecionales”.

Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por Beatriz Mirkin (Frente de Todos), para advertir sobre la “gravísima situación” en la que se encuentra el organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto.

La misiva fue firmada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Che Pibe, CIPPEC, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), FEIM (Fundación para el Estuido e Investigación de la Mujer), Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina.

Además de la nota a la bicameral, las organizaciones enviaron otra dirigida a la propia Defensoría, encabezada por Marisa Graham desde febrero de este año, luego de más de 14 años de vacancia en el cargo.

En ambos casos, solicitaron que “se tomen todas las medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El reclamo se originó debido a la reciente renuncia de Repetto, quien denunció que en la breve gestión de Graham la Defensoría adquirió “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional”.

“La gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del defensor adjunto darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda.

Y agregó que “ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por eso, las organizaciones exigieron que la Defensoría cumpla con los estándares de autonomía e independencia; que se realicen concursos públicos transparentes para la designación de funcionarios; que se transparenten todas las acciones llevadas adelante; y que la bicameral intensifique su rol de control.

“A tan solo ocho meses de su puesta en funcionamiento, la Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, concluyeron en la nota enviada a la comisión.

La carta a la bicameral

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Marisa Graham expuso sobre el Presupuesto 2021

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expuso sobre la ley de leyes junto a representantes de Unicef Argentina y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), analizaron los recursos destinados a la niñez.

A través de videoconferencia, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes (UCR), recibió este viernes a Marisa Graham, defensora de los Niñas, Niños y Adolescentes y a referentes de organizaciones que abordaron el Presupuesto 2021.

Al respecto, Graham celebró que “por primera vez el Presupuesto contemple un análisis transversal de inversión en niñez y adolescencia”.  

Hacia el futuro, la defensora dijo que “el objetivo es la cobertura, financiamiento, calidad y suficiencia de la AUH y otros programas e instalar el debate hacia una renta básica infantil”. A su vez, manifestó preocupación por la deserción escolar y el impacto de la pobreza infantil, y expresó que “nos debe interpelar para invertir esta pirámide y repensar un nuevo contrato social, cultural y económico para una sociedad más justa”.  

En la misma línea, la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana valoró que “por primera vez, el Presupuesto incluye un análisis transversal de los recursos relacionados con la niñez y la adolescencia, y representa el 2,3% del PBI”.

“La visibilización de la niñez y la adolescencia como colectivo explícito en este instrumento de política pública es crucial para mejorar la asignación de recursos, para la garantía de los derechos de niños y niñas que viven en la Argentina”, aseguró.

Luisa Brumana destacó que el presupuesto relacionado con la niñez y la adolescencia representa el 2,3% del PBI.

Desde ACIJ, Francisco Rodríguez, focalizó su análisis en programas concretos como la AUH, la Tarjeta Alimentar, planes educativos. “La Asignación Universal por Hijo no alcanza a cubrir la alimentación de 1.7 millones de niñas y niños que viven en situación de indigencia”, dijo al referirse al Presupuesto 2021.En cuanto a la Tarjeta Alimentar argumentó que  “se requeriría un 20% más de lo proyectado y eso permitirá mantener un número razonable de asistencia”.

Ante diputados, Graham expuso sobre el impacto de la pandemia en los menores

La defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes disertó ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes sobre la situación de los menores frente al Covid-19 y la cuarentena.

Marisa Graham se pasó buena parte del día en el Congreso de la Nación. En lo que fue su primera visita al Parlamento desde que fue confirmada precisamente en ese ámbito al frente del cargo que ocupará durante los próximos 5 años, la agenda de los legisladores coincidió de tal manera que estuviera este viernes a partir de las 10 de la mañana exponiendo en la Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde permaneció casi hasta el mediodía. Y por la tarde, desde las 15, concurrió a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, invitada por su presidenta, la radical santacruceña Roxana Reyes. Muy predispuesta a responder las preguntas que le hacían, Graham permaneció más de tres horas exponiendo en la Cámara baja sobre la situación de los menores frente a la cuarentena producida a raíz del coronavirus. Además, presentó un informe de los objetivos de la defensoría.

“Es muy importante encontrar este espacio donde podamos escucharnos, en poner en  agenda a los niños que son víctimas silenciosas del coronavirus. Tenemos que afrontar esta agenda especial, transversal y federal articulando con la defensoría”, expresó la presidenta de la comisión, Roxana Reyes (UCR), luego de darle la bienvenida a Graham.  

A continuación, la defensora comentó que tuvieron que elaborar un documento interno para “refocalizar la agenda que se encontró atravesada por la pandemia” y explicó algunas de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.   

“Los niños son víctimas silenciosas del coronavirus, y nosotros debemos afrontar esta agenda especial”, señaló Roxana Reyes.

“La pandemia generó que fuésemos cambiando la focalización de los temas y problemas que habíamos asumido como plan de trabajo y como problemas centrales. Primero tuvimos un plan general, con asuntos desde la emergencia alimentaria hasta los temas de trata de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual o explotación laboral. Una temática muy amplia que era nuestra gran agenda de trabajo, pero tuvimos que comenzar a focalizar porque había derechos que la cuarentena generaba y ponía en mayor riesgo a los niños, como el abuso sexual infantil por el encierro. Estar encerrados con los victimarios es un riesgo de la cuarentena”, explicó.

“La ausencia de la escuela, que también es un factor de protección, en muchos casos es la primera alerta de situaciones de violencia”, agregó, y señaló que “en un principio abogamos porque los comedores escolares se mantuvieron abiertos, pero por cuestiones sanitarias se decidió cerrarlos. Nosotros insistiremos en tenerlos abiertos”.

La funcionaria destacó la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal, los bolsones de comida y “los esfuerzos que se están haciendo para llegar a aquellos niños y niñas”, dijo.

Sin embargo, también subrayó la preocupación por el cierre de comedores escolares durante la cuarentena y el impacto que eso tiene en la seguridad alimentaria. “Seguimos abogando por la apertura de los mismos”, señaló.

“La pandemia ha producido la pérdida de ingresos de las familias, tenemos una propuesta que son algunas modificaciones a la AUH y garantizar que lleguen a todos los niños, niñas, y adolescentes. Unos 350 mil niños no reciben la asignación universal”, aseveró. Paralelamente reiteró lo que había dicho por la mañana en la bicameral: que impulsa una renta universal para niños y adolescentes pospandemia.

“La pandemia generó que fuésemos cambiando la focalización de los temas y problemas que habíamos asumido como plan de trabajo”, comentó Graham.

También confió Graham que los niños tienen mucho temor, y sobre todo en los sectores más vulnerables, con relación a la situación de los adultos del hogar, a que pierdan su trabajo o a tener dificultades económicas.

Respecto a la violencia y el maltrato infantil, consideró que el abuso sexual es el más preocupante durante la cuarentena, ya que los niños conviven con sus agresores. “Fue un tema muy reclamado en las reuniones que se hicieron con chicas y chicos de centros de estudiantes de todo el país”, indicó Graham.

“Con respecto al embarazo adolescente, aseguró que no se puede hablar de consentimiento antes de los 13 años. A los 11 o 12 años solo se puede hablar de violación”, dijo.

Asimismo, la abogada precisó que realizaron un documento que focaliza en el tema del abandono de la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso y que esta situación se “asevera por la pandemia”.

“El desafío de cómo salir de la pandemia con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”, finalizó Graham.

Por el temor al virus, bajó la vacunación de niños

Lo contó la defensora de los Niños Marisa Graham, en su paso por la Bicameral del Congreso.

Ante una pregunta puntual de la diputada Carmen Polledo, la defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, reconoció que como consecuencia de la pandemia y la consecuente cuarentena se ha producido una baja en el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. “Las mamás, las familias, tienen temor en llevar a sus hijos a vacunar”, reconoció la funcionaria al brindar este viernes su informe ante la Bicameral del Defensor de los Niños.

“Pero entendemos también el temor de las familias, por lo que vamos a hacer un plan de comunicación, una campaña para bajar los temores”, anticipó.

También, ante la consulta de la diputada del Pro, Graham explicó que no ha tenido ninguna reunión aún con el ministro de Salud, Ginés González García, “por obvias razones, pero estamos en contacto permanente con Gabriela Bouer, directora de Niñez del Ministerio de Salud”.

Ante otras consultas, la defensora del Niño señaló que el presupuesto para su área será este año de 97 millones, y para el año próximo pidieron 340 millones de pesos.

Sobre los casos de bronquiolitis, contó que bajaron como consecuencia de la cuarentena. “Se contagiaron menos”, precisó.

En otro orden, señaló sobre las “revinculaciones forzadas” que sacaron una recomendación contra la utilización del SAP, síndrome de alineación parental, que es “lo que está generando que no se escuche la voz de los niños y tampoco la de las mamás protectoras. Se cree menos en la palabra de las mujeres que la de los varones, y no se cree en la palabra de los niños, por lo cual en el Poder Judicial es un ‘como sí’: se los cita, pero no se les cree… Vamos a trabajar este tema fuertemente con el Poder Judicial”.

Con relación al derecho a la identidad, que fue una pregunta de la diputada Carla Carrizo, pidieron derogar por inconstitucional un decreto de 2017.

Asimismo señaló que una de las recomendaciones que han hecho fue “evitar las internaciones y aprensiones, por los contagios”.

En la provincia “se logró el egreso de 200 chicos”, comentó, para agregar luego: “No es cierto que los chicos no se contagian; se contagian y hay temor en los chicos, no por ellos, sino por la muerte de algún ser querido”.

Marisa Graham presentó ante los legisladores los objetivos de la Defensoría de los Niños

Ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, la funcionaria expuso los detalles de una función signada por el estallido de la pandemia y la cuarentena. Abogó por una renta básica universal para los niños.

El 3 de marzo, apenas 3 días después de asumir al frente de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y su equipo, se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y ya el día 20 de marzo se inició la cuarentena estricta en todo el país, que impactó fuertemente en el trabajo de esa institución. Así lo consignó este viernes la defensora de los menores al exponer ante la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que preside la senadora Beatriz Mirkin.

Ante ellos, de manera virtual, Marisa Graham expuso por primera vez desde que está en funciones, admitiendo que “nuestra incipiente institución se ve atravesada por esta situación diría dramática en la Argentina y en el mundo”.

“A pesar de eso creo que hemos logrado resultados y entregamos a la presidencia (de la comisión) un anexo con las cosas que hicimos”, comentó Graham, quien a continuación detalló una serie de consensos alcanzados en lo que va de su gestión. Comenzando por el de “diseñar una institución del siglo XXI moderna, capaz de afrontar las distintas funciones, de asumir en un país de estructura federal; asumir lo nacional, pero coordinar, converger con los cinco defensores provinciales que nos preceden, y con la idea de potenciar a estos pares provinciales a nivel nacional”.

En ese sentido mencionó el objetivo de que “todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen a tener una institución como la nuestra: esa es la aspiración que tenemos para nuestros 5 años de mandato”. Un objetivo de que esa función sea “profundamente federal”. Por eso decidieron armar delegaciones en todas las provincias, con el fin de que cada una tenga su propia estructura de defensa, y para tal fin, dijo, “generamos un área federal que nos permita estar instalados y garantizar la presencia, virtual por ahora, en todo el territorio nacional”.

Beatriz Mirkin preside la Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños.

Marisa Graham se refirió luego a “un desafío muy importante” que recordó haber planteado en la primera audiencia pública a la que asistió. “Evitar la superposición con una estructura de protección de derechos de niños llamados Sistema de Protección Integral, que tiene un amplio desarrollo en nuestro país”, precisó. La defensora cree que “una de las cosas que no tenemos que hacer es superponernos y solaparnos, sino, por el contrario, apoyarnos y además rejerarquizarnos. Con el doctor Facundo Hernández, que lidera esta área de protección, pensamos mucho qué verbo utilizar: no era solamente fortalecerlo, sino también rejerarquizarlo”.

En efecto, enfatizó, “más que sustituirlo pretendemos rejerarquizrlo, aunque sabemos que tenemos un rol de control y exigibilidad. Pero preferimos anticiparnos y armar mesas de diálogo y colaborar frente a determinadas situaciones. Nos interesa la salud y la vida de los niños y sus familias, sobre todo en este momento”.

La funcionaria habló de la necesidad de generar políticas públicas que garanticen derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y empezando por un presupuesto asignado. “Cómo exigir que el presupuesto destinado al área y cuánto del PBI se invierte en niños, niñas y adolescentes”, señaló como objetivo, destacando la necesidad de “monitorear ese presupuesto, teniendo en cuenta que las dos terceras partes corresponden a las provincias. Nos hemos propuesto un seguimiento por su intangibilidad, que nos parece fundamental, porque sin presupuesto podemos hacer muchas cosas, pero no se puede estar a la altura de las circunstancias sin una institucionalidad más fortalecida que ha sido desfinanciada en los últimos años”.

El último desafío es, agregó, “construir una institución que asegure credibilidad, pluralismo, independencia, y que se constituya en autoridad en esa materia. Tenemos que diferenciarnos claramente de las funciones que tienen los estados, a nivel nacional y provincial”.

“Decimos en nuestro informe que esta institución no diseña ni aplica políticas públicas, no legisla y tampoco juzga”, aclaró la funcionaria, que precisó que “pretendemos incidir en cuáles son las políticas públicas, cuál es la manera de legislar de una manera respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cuál es la manera de juzgar. Pero sobre todo estar muy atentos a cuáles son las prestaciones positivas que van a garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, que ya sabíamos que antes de la pandemia veníamos en una situación de crisis económica que antes impactaba en el sector”.

Graham habló de construir una institución que asegure credibilidad, pluralismo, independencia.

Graham precisó que la estructura de la Defensoría fue elaborada pensando en tres áreas fundamentales. Comenzando por Coordinación federal, respecto de la cual consideró “fundamental la presencia de la defensoría a nivel nacional; nuestra sede está en Ciudad de Buenos Aires, pero no queremos atender solo casos de la Ciudad y el conurbano; es prioridad para nosotros asumir lo federal y estar presentes fuertemente a nivel nacional”.

Otra área fundamental es la coordinación de las defensorías con las organizaciones sociales, y en ese sentido destacó la importancia de agrupar a esas organizaciones que se dedican a los derechos de niños, como universidades y sobre todo sindicatos -a los que consideró fundamentales-, como así también otras organizaciones cono por ejemplo Unicef.

Y la tercer área gravitante es “la de participación y protagonismo de los niños, niñas y adolescentes, que tienen como función promover y fomentar la escucha de los niños, para hacer también de polea de transmisión de aquellas cosas que los niños piensan y requieren reclamar de la escuela, de la salita, de organismos de protección de derechos”, señaló la defensora.

Sobre el final, Marisa Graham comentó que tenían planes de trabajo que habían sido diseñados mucho antes de que apareciera la pandemia. Ese primer plan incluía una cantidad de temas importantes que hacían a la agenda, entre los que figuraban pedir al Congreso una ley penal juvenil. “Apareció la pandemia y la cuarentena”, recordó la funcionaria, destacando el replanteo que generó eso, que los llevó a refocalizarse. Hay derechos afectados por la pandemia, reconoció, ante lo cual se plantea “el desafío de cómo salir de la pandemia. Cuando lo redactamos pensamos que hoy estaríamos ya en otra situación; lamentablemente seguimos en cuarentena, pero queremos salir con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”.

Marisa Graham considera fundamental la presencia de la defensoría a nivel nacional.

En ese documento que armaron establecían cómo se iban a encarar las enfermedades que afectarían a los niños por la estacionalidad, como la bronquiolitis, y el tema del cumplimiento de las vacunas.

Contó también Graham que hicieron un documento que le presentaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que focaliza en el tema del abandono  y deserción de adolescentes a la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, el tema de asegurar las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso. “Creemos que hay que seguir a partir de la Asignación Universal por Hijo, que creemos que es una de las mejores políticas públicas, que debe seguir fortaleciéndose, ampliándose”, dijo.

Y agregó en ese sentido que “debemos encontrar a aquellos niños que no  han sido ingresados a ese derecho, quitar las condicionalidades, o bien quitar las penalidades a esas condicionalidades, con la idea de marchar para instalar el debate en la Argentina de una renta básica universal para los niños. Esta idea de sacar a los niños que están debajo de la pobreza extrema y que haya un piso mínimo de renta para los niños, lo cual implica un nuevo acuerdo social y un compromiso fiscal y tributario, pero esto es a largo plazo; estos fondos no pueden movilizarse ahora”.

La defensora de los Niños expone ante diputados

Marisa Graham se presentará este viernes temprano ante la Comisión de Familias, convocada para expponer sobre la manera como afecta la cuarentena a los menores.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes, citó para este viernes a la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y a los defensores adjuntos Fabián Repetto y Facundo Hernández.

“Entiendo que debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo a nivel mundial con el Covid-19, y en la Argentina con una cuarentena tan prolongada, nos corresponde poner la mirada en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual será muy importante conocer la forma de trabajo que prevé la Defensoría y las acciones que se están desarrollando o se proyectan”, explicó Reyes.

Recordemos que en el mes de abril, la comisión mantuvo una reunión informativa con el secretario de Niñez de la Nación, Gabriel Lerner, en la que los diputados le plantearon una serie de medidas que resultaban urgentes y necesarias para mitigar las consecuencias del aislamiento social en los niños, niñas y adolescentes.

“Cuando nos reunimos con el secretario de Niñez de la Nación se le preguntó sobre las acciones gubernamentales que apuntaban a morigerar el impacto de la cuarentena en los niños. En este sentido, y a la vez con una mirada del largo plazo, desde la comisión se viene trabajando en varios proyectos para mitigar el efecto de la pandemia, entre ellos la federalización de la línea 102 y la creación de una aplicación para detectar, prevenir y contener las situaciones de abuso y maltrato”, amplió.

“Con un consenso robusto entre los diferentes bloques tanto en la comisión de Familias como de Comunicaciones, logramos dar dictamen favorable a la creación de la aplicación, pero aún nos queda atender la línea 102, que viene a complementar la app y es un recurso indispensable para prevenir la vulneración de derechos de la niñez”, expresó Reyes.

Sin dudas, se espera una reunión muy productiva con la titular de la Defensoría y sus miembros adjuntos. “La idea de este encuentro es conocer las acciones que se despliegan desde la Defensoría, el desempeño en su función esencial de control y el intercambio con los diputados sobre la agenda de niñez que nos ocupa”, dijo.

Por último, la presidenta de la Comisión destacó que "la vulneración de derechos de la niñez se extiende en todo el país, agravado ahora por el aislamiento, lo cual profundiza los problemas de abuso, maltrato infantil, inequidad en el acceso a la educación, grooming y tantos otros flagelos respecto de los cuales debemos trabajar transversalmente y con una mirada federal”.

Se conformó la Bicameral de la Defensoría del Niño, que citará a Marisa Graham

La comisión quedó presidida por la senadora oficialista Beatriz Mirkin. Las legisladoras acordaron tener un primer encuentro con la funcionaria, designada el año pasado tras 15 años de vacancia. Quejas del Frente de Todos por la convocatoria de Juntos por el Cambio.

bicameral defensor del nino mirkin presidenta

Se conformó este viernes la Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que quedó presidida por la senadora oficialista Beatriz Mirkin, mientras que la diputada radical Carla Carrizo fue elegida vicepresidenta. En tanto, la diputada Claudia Bernazza (FdT) y la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) quedaron designadas como secretarias.

En la primera reunión, las 10 legisladoras que integran la comisión acordaron tener un primer encuentro con Marisa Graham, la abogada que juró ante el Senado en febrero pasado como defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo que estuvo vacante por 15 años.

Durante el encuentro, desde el Frente de Todos se manifestaron quejas a la convocatoria que se le realizó a Graham desde la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes.

Mirkin consideró que se le realizó una "convocatoria terrible", porque "se la citó poco cordialmente", y pidió que se emita "una disculpa pública" al tiempo que solicitó a las diputadas de Juntos por el Cambio que intercedan para que se retire ese pedido "para que la defensora pueda venir tranquilamente a la bicameral como corresponde".

En el mismo sentido, la diputada oficialista Claudia Bernazza sostuvo que hay que cuidar "a estos nuevos institutos que costaron tanto crear", y opinó que la citación debe hacerse "en otros términos, con otro lenguaje". "No podemos pretender que (Graham) tenga todas las soluciones" en el breve tiempo que lleva en la función y en medio de "una tragedia planetaria", señaló.

Por otra parte, al asumir como presidenta, Mirkin expresó que "merecen los niños de nuestra patria tener cada vez más derechos", y en ese sentido hizo hincapié en "el derecho a la identidad" para garantizar que "no quede nadie en Argentina sin tener nombre y apellido, que es el derecho básico cuando uno nace".

A su turno, la diputada Carla Carrizo destacó que la elección de la defensora "fue un trabajo de mucha construcción colectiva", por eso "este el momento donde tenemos que cuidar, proteger y construir ese proceso nuevo que es el comienzo de la institución". También dijo que hay que "llevarla a todos los distritos, hacerla conocer" e "instalarla a nivel nacional".

Durante la presentación de cada una de las integrantes, la senadora oficialista Inés Blas aseguró que esta comisión "cobra una relevancia extraordinaria en virtud de que son nuestros niños y adolescentes quienes son los que más están sufriendo las consecuencias del encierro" y "mucha de la problemática que viven está invisibilizada".

En tanto, la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri valoró que "todas estamos de acuerdo y coincidimos en que lo que estamos hablando es todo construcción", y abogó por "velar y garantizar" los derechos, al tiempo de pensar en políticas públicas sabiendo que "podemos hacer algo para que esa vulneración (de derechos) con nombre y apellido no se replique en más pibes".

La bicameral quedó integrada por las senadoras Beatriz Mirkin, María Eugenia Duré, Inés Blas (Frente de Todos); Pamela Verasay (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro). Y por las diputadas Claudia Bernazza, Jimena López, Paola Vessvessian (Frente de Todos); Carla Carrizo (UCR) y Carmen Polledo (Pro).

Trece senadores que en 2018 rechazaron el aborto legal apoyaron la nominación de Graham

Con 47 votos a favor y 21 en contra, la Cámara alta aprobó la designación de la Defensora del Niño. El detalle.

La división entre “verdes” y “celestes” volvió a hacerse presente este viernes en el recinto del Senado. Fue durante el debate sobre Marisa Graham, la nueva Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, quien está a favor del aborto legal, lo que despertó el rechazo de los senadores que en 2018 votaron en contra de la ley.

El nombramiento fue aprobado con 47 votos a favor y 21 en contra. El dato saliente es que trece senadores que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo, este viernes apoyaron la nominación de Graham, dejando a un lado sus posturas sobre esta ley.

Estos trece senadores fueron Roberto Basualdo (San Juan), Inés Blas (Catamarca), Maurice Closs (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Negro), Cristina López Valverde (San Juan), Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Guillermo Snopek (Jujuy), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Rubén Uñac (San Juan), Sergio “Oso” Leavy (Salta) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).

Cabe aclarar que tanto Leavy como Ledesma Abdala votaron en contra del aborto legal en calidad de diputados, mientras que el resto lo hizo como senador.

Por el contrario, el radical Eduardo Costa, quien acompañó la ley hace dos años, este jueves votó en contra del pliego de Graham, y no fundamentó su posición en el recinto.

Los restantes senadores que rechazaron a la nueva Defensora del Niño fueron Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Esteban Bullrich (CABA), Julio Cobos (Mendoza), Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Mario Fiad (Jujuy), Silvia Giacoppo (Jujuy), Teresa González (Formosa), Julio Martínez (La Rioja), José Mayans (Formosa), Dalmacio Mera (Catamarca), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Reutemann (Santa Fe), Antonio Rodas (Chaco), Juan Carlos Romero (Salta), Belén Tapia (Santa Cruz), Clara vega (La Rioja) y Víctor Zimmermann (Chaco).

Además, en la votación hubo cuatro ausentes: Juan Carlos Marino (La Pampa), Roberto Mirabella (Santa Fe), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) y el tucumano José Alperovich, de licencia.

El Senado saldó una deuda de 15 años y designó a Marisa Graham como Defensora del Niño

En una votación histórica, la Cámara alta aprobó el nombramiento de la abogada por 47 votos a favor y21 en contra. Senadoras de distintos bloques hablaron de un proceso inédito y ejemplar. Fuerte rechazo del sector “celeste”.

Por Carolina Ramos

En una votación histórica tras 15 años de mora, el Senado aprobó la designación de Marisa Graham como Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada, que prestó juramento este mismo viernes, fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló su posición a favor de la legalización del aborto.

Graham durará en funciones cinco años -con posibilidad de ser reelecta una vez-, y tendrá la misión de “velar por la promoción y protección de los derechos de los niños”.

“Esta era una deuda social que hoy estamos empezando a saldar. Los niños no pueden seguir esperando más por la garantía de sus derechos y su defensa ante las instituciones”, resaltó la senadora Norma Durango, expresidenta de la comisión bicameral que seleccionó a Graham.

La pampeana destacó que el proceso se selección fue “histórico, inédito, transparente y ejemplar más allá de los partidismos, con un único y claro objetivo: terminar con esta espera y que las niñas y niños cuentan con una figura que resguarde el cabal cumplimiento de sus derechos”.

Además, subrayó que la candidata “reúne los requisitos necesarios e indispensables en materia de experiencia, idoneidad y compromiso para ocupar el lugar de la primera Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Foto: Comunicación Senado

La discusión sobre el aborto legal no tardó en reaparecer en el recinto. “Oh casualidad, en 2018, todas aquellas que se embanderaron en la designación del Defensor del Niño son las mismas que se embanderaron en el pañuelo verde, que después de pasar una votación tan conflictiva en el Senado se acordaron de tratar el Defensor del Niño”, alertó la riojana Clara Vega.

En la misma línea, el jujeño Mario Fiad (UCR) consideró que “no hay duda de que no encajan las manifestaciones de la doctora Graham como activa militante del aborto invocando el derecho de las mujeres”. “Si hay un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer, genera dudas si efectivamente garantizará los derechos del niño por nacer”, dijo.

La kirchnerista Nancy González, defensora del aborto legal, rebatió las críticas y aclaró que Graham “pasó por todas las circunstancias para tener las cualidades de ser nombrada”. “No podemos, por sus pensamientos, por sus posicionamientos, dejar de nombrar a una persona o juzgarla”, retrucó.

Hubo un caso particular, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, quien a pesar de haber votado en contra del aborto legal en 2018, apoyó la figura de Graham y consideró que “va a honrar el cargo”. “Esta no es una cuestión de verdes o celestes. Hay seres humanos que la votamos y que confiamos en ella, que seguramente va a dar lo mejor como ser humano. Tengo las mejores referencias de ella como persona, que creo que es la mejor carta de presentación”, expresó.

Un proceso inédito

En su discurso, Durango recordó cómo fue el proceso de selección, en el marco de la Ley 26.061, que creó el cargo en el año 2005. El trabajo se realizó en una comisión bicameral de la que participaron cinco senadores y cinco diputados, en su mayoría mujeres. Pasaron por la presidencia la senadora Durango y las diputadas Carla Carrizo (UCR) y Samanta Acerenza (Pro).

En ese marco, con la participación de 90 organizaciones de la sociedad civil, se realizó un concurso de oposición y antecedentes. Los postulantes se sometieron a un examen escrito y luego tuvieron que presentar un plan de trabajo y defenderlo ante los integrantes de la bicameral en una audiencia pública. “Pocas comisiones han hecho un trabajo tan exhaustivo”, acotó Durango.

Marisa Graham fue convocada inmediatamente después de votado su pliego para jurar en el cargo. (Foto: Comunicación del Senado)

En total hubo 68 postulantes, la mayoría mujeres, y se presentaron más de 6.000 adhesiones y solo nueve impugnaciones a las distintas candidaturas. El examen fue aprobado solo por 15 de ellos, y fueron 14 los que expusieron sus planes de trabajo y respondieron preguntas de los legisladores.

Graham fue nominada por unanimidad el 25 de abril del año pasado, y el 26 de junio recibió el aval de la Cámara de Diputados, en una votación a mano alzada. También se dio luz verde a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.

La discusión reglamentaria

Al inicio de la sesión en el Senado se desató un debate técnico en torno a la vigencia del dictamen de Graham. Fue cuando la radical antiabortista Silvia Elías de Pérez intentó frenar el tratamiento del dictamen, advirtiendo que “está vencido” y por lo tanto no se podía votar.

La tucumana se basó en el artículo 106 del reglamento del Senado,  que en su tercer párrafo señala que los dictámenes “se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del Cuerpo”. Es decir que, según esta interpretación habría caído el 10 de diciembre último.

Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Kirchner intervino para defender la vigencia del dictamen, al entender que se rige por la Ley 13.840, denominada “Ley Olmedo”, que regula el trámite de los proyectos de ley. Según esta norma, la vigencia es de dos años, con uno más si es que obtienen aprobación de alguna de las Cámaras.

Elías de Pérez advirtió en que “esto no es un proyecto de ley, es un concurso que se envía a ambas Cámaras en forma conjunta”, por lo que insistió en aplicar el reglamento de la Cámara alta. Pero la senadora Durango aseveró: “No estamos frente a una ley, pero sí ante un acto que requiere tratamiento y aprobación por ambas Cámaras”.

Finalmente, Cristina sometió el tema a votación, y a mano alzada la mayoría de los senadores avaló la interpretación de la Presidencia, que avalaba la vigencia del dictamen.

Desde ACIJ le respondieron a los senadores que dijeron que el pliego de Graham caducó

La organización, que integra el colectivo Infancia en Deuda, sostuvo que tiene “plena vigencia” ya que cuenta con media sanción de Diputados.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), integrante del colectivo Infancia en Deuda, le respondió este viernes a los senadores que advirtieron que el pliego de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes caducó con la nueva composición parlamentaria.

Desde la organización consideraron que para este pliego “no se aplican las reglas de caducidad propia de los dictámenes, puesto que ya cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados”.

“Por lo tanto, se aplican las reglas de la Ley 13.640, que dispone en su artículo 1° que los asuntos considerados por el Congreso de la Nación caducan en un año, salvo que hayan tenido sanción de alguna de sus Cámaras, en cuyo caso tienen validez por un año más”, agregaron.

En ese sentido, afirmaron que “al haber sido aprobado en junio de 2019 por Diputados, no cabe lugar a dudas sobre la plena vigencia de dicha media sanción”.

Por su parte, resaltaron que “el concurso público llevado a cabo por la Comisión Bicameral tampoco ha perdido validez, ya que según su reglamento tiene una vigencia de 180 días hábiles a partir de la elevación” de los propuestos y “ese plazo aún no se cumplió”.

“La pretendida introducción de este tipo de argumentos en estas instancias resulta meramente dilatorio y no aporta a resolver los problemas de la infancia, sino que distraen de lo relevante. El Senado debe poder concentrarse en tener un debate legislativo responsable y garantizar la vigencia de los derechos de las niñas y niños a través de la institucionalidad que nos debe hace más de 14 años”, finalizaron.

El Senado tratará la ley de góndolas y el pliego de Marisa Graham

La Cámara alta cerrará el período de extraordinarias con una reunión que se realizará a partir de las 14. Juntos por el Cambio propondrá cambios a la iniciativa que tiene media sanción de Diputados.

El Senado se reunirá este viernes, a partir de las 14, para realizar la última sesión extraordinaria en el Congreso, en la previa del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.

El temario de la reunión abarca dos temas. El primero de ellos es el pliego de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, trabado desde el año pasado por su posición a favor de la legalización del aborto.

En junio de 2019, la abogada recibió el aval a mano alzada en la Cámara de Diputados para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde hace 14 años, al igual que los adjuntos Facundo Hernández y Fabián Repetto.

La discusión sobre la designación de Graham divide las aguas entre “verdes” y “celestes”, por eso finalmente este viernes habrá que ver si la candidata consigue el respaldo en el recinto.

Por otra parte, el Frente de Todos buscará aprobar la llamada ley de góndolas, que cuenta con media sanción de Diputados. A pesar del mayoritario acuerdo que la iniciativa tuvo en noviembre pasado, el interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara alta pedirá modificaciones al texto.

La norma apunta a regular conductas anticompetitivas en los supermercados, y para ello propone que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola. Además, establece que deberá garantizarse un 25% para la exhibición de productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.

Militantes provida protestan contra Graham

Se movilizarán al Congreso durante la sesión en la que el Senado buscará designar a la defensora del Niño, Niña y Adolescente.

Las organizaciones “provida” lideradas por la Fundación Más Vida convocaron para este viernes a una movilización en la puerta del Senado de la Nación, en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, para solicitar a los senadores que rechacen la postulación de Marisa Graham, como candidata a defensora del Niño, Niña y Adolescente.

Le endilgan a Graham ser “militante verde”, y refieren que en una nota de prensa dijo que solo defendería a los niños en etapa de gestación cuyos embarazos “quieran ser llevados a término”, motivando el repudio generalizado de los “celestes”, quienes presentaron una batería de recursos judiciales impugnando su candidatura, considerándola “inhábil para ejercer dicho cargo”, además de denunciarla por “discriminación” entre niños deseados y no deseados.

La postulación de Marisa Graham para ocupar el cargo que lleva vacante 13 años, ha atravesado un sinfín de complicaciones, que derivaron en tres intentos fallidos de tratamiento en la Cámara alta rechazada, impugnaciones administrativas y judiciales, y el vencimiento del plazo establecido para su nombramiento, lo que motivó una nueva interpretación del reglamento del Senado respecto del cómputo de plazos.

Al respecto, Raúl Magnasco, presidente de la mencionada Fundación expresó: “Ya hemos realizado un sinnúmero de manifestaciones y presentaciones judiciales en torno a la causa Graham, y lo seguiremos haciendo hasta las últimas consecuencias, de ser necesario. Todo el mundo sabe que su postulación está viciada y que ella misma está inhabilitada para asumir tan importante cargo, no solo por el vencimiento de los plazos, sino por su misma confesión sobre cómo discriminaría y no defendería a los más vulnerables”.

Agregó que “queremos un defensor que defienda a todos, sin discriminar a nadie. Apelamos al criterio de los señores senadores para que obren conforme a derecho, la presión de la calle en este tema es muy fuerte y pretendemos que se respete la voluntad del pueblo”.

Si bien la convocatoria está fijada a partir de las 14, los organizadores esperan continuar con la movilización hasta el final de la sesión, que podría darse en las últimas horas del día.

Senadores de Juntos por el Cambio advierten que “caducó” el pliego de Marisa Graham como Defensora del Niño

Integrantes del interbloque presentaron una nota en la previa de la sesión donde se votará la designación.

En la previa de la sesión donde se votará el nombramiento de Marisa Graham como Defensora del Niño, siete senadores -en su mayoría, de Juntos por el Cambio- presentaron una nota ante las autoridades advirtiendo que el pliego de la abogada “caducó” por la renovación parlamentaria, y por lo tanto no podría tratarse en el recinto.

La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de aborto, la cual Graham apoya.

También acompañaron la nota Pablo Blanco -incorporado en diciembre-, Clara Vega -quien integra el Interbloque Federal- y Eduardo Costa -que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo-.

Los senadores citan el artículo 106 del reglamento del Senado, que indica que “los dictámenes de las comisiones permanentes, de que se haya dado cuenta al Senado o que se encuentren en el Orden del Día pendiente, se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del cuerpo, siempre que antes no se produzca la caducidad en virtud de la Ley 13.640 y sus modificatorias”.

El reglamento también indica en dicho artículo que “los dictámenes de las comisiones especiales caducan de acuerdo con las disposiciones de la ley mencionada”.

“El tratamiento de este tema en estas condiciones no solo podría sentar un peligroso precedente para el tratamiento de otros asuntos, sino que además no estaría teniendo el tratamiento apropiado, con el proceso correspondiente para la designación de un cargo tan sensible y relevante”, argumentaron los legisladores.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, la comisión bicameral que propuso a Graham firmó una resolución aclaratoria en la que especificó que para la vigencia del concurso se contabilizan 180 días hábiles legislativos, con lo cual el pliego caducaría en abril próximo.

En la Cámara de Diputados, el pliego de Graham fue aprobado a mano alzada en junio de 2019, y este mes fue incluido por el presidente Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias para completar su tratamiento en el Senado.