Los que se ilusionan pensando que el tiempo que lleva Alberto Fernández sin definir qué hacer con la cartera de Justicia es una buena señal para la relación futura entre los poderes Ejecutivo y Judicial, deberían moderar sus expectativas. Nada indica que la embestida del gobierno anunciada el 1° de marzo vaya a menguar en los tiempos por venir.
Por José Angel Di Mauro
La insistencia ante el funcionario fue estéril. Sincero, aseguró que todos los nombres circulantes para reemplazar a la ministra de Justicia deben tomarse como “globos de ensayo”, y ante la conclusión de que “solo el Presidente debe saber con certeza quién será el que termine jurando esta semana, se encogió de hombros, advirtiendo: “No estaría tan seguro de eso”.
Y sonó convincente, porque difícilmente Alberto Fernández tenga algo decidido en la materia, pues en ese caso no se entendería que siga dilatando la resolución. De hecho, nadie recuerda en la Rosada un caso similar: un presidente anunciando la salida de un funcionario, pero dejándola supeditada a la elección de su sucesor, y extendiendo una semana el misterio. Si ya implica un fuerte costo político haber resignado a su persona más cercana en el Gabinete, ni qué decir sobre las dudas para resolver la situación.
Tiene cierto sentido si se ve la película completa, que más que drama asemeja a una comedia de enredos. Veamos, el viernes de la semana anterior sonaba fuerte la versión de la salida de Marcela Losardo, pero el fin de semana desde Olivos se aclaró muy especialmente que el Presidente retendría a su amiga un tiempo más, para dar al menos la sensación de una salida elegante. Cuando el lunes se supo que esa noche Alberto F. saldría al aire con Gustavo Sylvestre, se esperaba un respaldo que, por el contrario, se transformó en la confirmación de lo que todo el fin de semana había mandado a desmentir.
Semejante viraje fue lo que llevó a algunos a filtrar cierto enojo de las personas cercanas al Presidente precisamente con él. Por la forma que le suelta la mano a sus funcionarios más cercanos: siempre queda claro que los que se van lo hacen a instancias del Instituto Patria. Salvo el caso de Ginés González, aunque precisamente esa renuncia fue también reprochada desde el entorno presidencial. No por la decisión en sí, pero sí por la forma.
Tanta demora en la definición diluye los nombres lanzados originalmente. En el citado reportaje, Alberto Fernández dio crédito a la versión de que un diputado podría convertirse en ministro, y avaló los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Este último -bueno es decirlo- no tiene ninguna chance, por provenir del massismo y haber trabajado en proyectos cuestionados desde el kirchnerismo. Por eso es que en boca del Presidente debió interpretarse esa cita como el intento de diluir un poco la figura del otro legislador, muy próximo al kirchnerismo.
Aunque Fernández buscó despegar a Soria de la vicepresidenta, con el argumento de que su hermana María Emilia votó a favor de la suspensión de Julio De Vido. Un argumento que hasta podría calificarse de “machirulo”, según la visión K, pero en rigor de verdad, el que nunca estuvo en el kirchnerismo fue Carlos Soria, el padre de Martín y Emilia, quien fuera asesinado por su esposa en Año Nuevo de 2012. Muy cercano a Eduardo Duhalde, tuvo sí una buena relación con Cristina Kirchner, con la que integró la bicameral investigadora de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel; ambos eran las cabezas visibles de esa comisión.
María Emilia estuvo a punto en 2016 de pasarse al bloque Justicialista. En la reunión constitutiva de esa bancada que se referenciaba en los gobernadores, la joven Soria dio uno de los discursos más contundentes y al concluir se fue del Sindicato de Taxistas al Congreso para anunciarle al bloque FpV su decisión de irse, y dijo que volvería seguramente con más legisladores. Todavía la están esperando.
Cuando Soria ensayó un enroque de puestos con su hermana, que quedó al frente de la intendencia de General Roca, Río Negro, mostró de inmediato un fuerte alineamiento con el bloque que conduce Máximo Kirchner. Y adoptó un lenguaje judicial que cayó muy bien en el Instituto Patria, al punto tal de ser viable para el cargo hoy disponible. Pero como hemos dicho, la demora conspira contra los nombres tempranamente mencionados.
Los últimos días ganaron espacio en el terreno de las posibilidades Marisa Herrera y Alberto Iribarne. Este último es actualmente embajador en Uruguay, cercano al Presidente y ya fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Su designación dejaría mejor parado a AF, y sería una señal de paz hacia el Poder Judicial. Por eso es que pocos creen que realmente tenga posibilidades; más bien forma parte de la estrategia oficial de mostrar candidatos de a pares, nunca los dos del mismo sector.
Herrera es hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, y se reconoce como “nacional y popular”. Especializada en Derecho de Familia, tiene en su escritorio un retrato de Evita, y una serie de mamushkas que identifican también a Eva Duarte, Cámpora, Néstor y Cristina. Ah, la más grande representa a Hugo Chávez. Investigadora del Conicet, se reconoce como “kirchnerista” y hasta fue candidata a diputada suplente de Unidad Ciudadana en 2017.
Es muy crítica del Poder Judicial, del que descarta que sea “apolítico”, y considera a la Justicia “elitista”. Tiene además muy baja ponderación de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Reúne, en definitiva, “méritos” suficientes para ser tal vez la candidata más probable a suceder a Marcela Losardo, quien firmó su sentencia definitiva cuando relativizó los dichos de Oscar Parrilli respecto de la conformación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial. Si bien el propio Presidente la felicitó primero por haber clarificado la situación, el kirchnerismo no demoró en defenestrarla y su amigo le soltó la mano.
Tendrá su compensación, pues seguirá como embajadora ante la UNESCO en París, un destino top que le habían garantizado a Fernando “Pino” Solanas cuando se alió al Frente de Todos, pero el excineasta falleció por coronavirus y su puesto quedó vacante y tentador. Fernández se lo ofreció en su momento a María Eugenia Bielsa, otra dirigente cercana a la que tuvo que echar a instancias del kirchnerismo, pero la hermana del DT del Leeds lo rechazó. El recurso de las “embajadas consuelo” es habitual en esta administración y ya fue utilizado con Guillermo Nielsen, beneficiado con la embajada en Arabia Saudita. Se barajó también ofrecerle la de Colombia a Ginés, pero alguna voz atinada sugirió abstenerse en ese caso.
Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”, dijo Parrilli sobre Roberto Boico.
Lo cierto es que nada indica que la embestida contra el Poder Judicial vaya a menguar en los tiempos que vienen; será más bien lo contrario. Y complementa el panorama la designación de jueces, instancia que esta semana el Senado cumplió con el nombramiento de otros 22. Entre ellos Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los que fundamentó su postulación fue el senador Oscar Parrilli, quien también fue defendido por el ahora integrante de la Cámara Federal porteña, y en su alegato en el recinto les dijo a los senadores de la oposición que rechazaron ese pliego: “Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”.
No tendrá en cambio ninguna razón para abstenerse de participar en ninguna causa que involucre al gobierno de Mauricio Macri, contra el que el viernes la Oficina Anticorrupción oficializó la denuncia penal promovida por Alberto Fernández contra el gobierno de Cambiemos por el préstamo del FMI en 2018.
Todo vale en esta embestida, y lo demostró el gobierno el 8M, cuando los discursos oficiales tomaron a la violencia de género como argumento para “cambiar la justicia”. “Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Ursulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia”, señaló el Presidente durante la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la Violencia de Género”.
El tema judicial absorbe por lo visto más atención de parte del gobierno que la que se esperaría en tiempos de pandemia, sobre todo cuando los epidemiólogos hablan ya hasta de “tercera ola” y la vacunación avanza de manera lenta. Hace varios días que no llega ningún nuevo cargamento de vacunas y el gobierno anunció para esta semana la llegada de tres millones de vacunas Sinopharm. El tema es que esa vacuna no ha sido autorizada aún por la ANMAT para personas mayores de 60 años, con lo que la beneficiada con esta importante remesa será la franja de entre 18 y 60 años. El sector de mayor riesgo deberá seguir esperando entonces, pues la provisión de la Sputnik V se ha ralentizado y de hecho en la provincia de Buenos Aires ya no la aplican.
