La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados avanzó con la ley de la danza

Hubo un dictamen de mayoría para la iniciativa unificada entre la izquierda y el oficialismo, y otro de minoría de JxC. Deberá ser tratado ahora en Presupuesto y Hacienda, donde se debatirán los costos fiscales.

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por Hernán Lombardi (Pro), se reunió este jueves para dar dictamen favorable al proyecto de ley de la creación del Instituto Nacional de la Danza, el cual es producto de la unificación de iniciativas impulsadas por las diputadas nacionales Romina Del Plá (PO) y Marisa Uceda (FdT).

A su vez, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en el cual proponen lo mismo, pero difieren en cuanto a los costos fiscales que requiere la creación del mencionado instituto.

Siendo la sexta vez que el proyecto ingresa en el Congreso, en este caso establece la creación de un Instituto Nacional de la Danza, con la conformación de un directorio, con representación de las provincias y el financiamiento del mismo. Además del fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara baja, Hernán Lombardi (Pro), expresó: “Despues de tantos años, poder dar dictamen es una reivindicación para poder estimular esta actividad en todo el país y es una tranquilidad que esto salga”.

En tal sentido, anticipó que con la prórroga de sesiones ordinarias, “nuestra intención es hacer alguna reunión más de la comisión, porque varios proyectos quedaron sin tratamiento y así poder redondear la tarea del año”, y amplió: “Al menos habrá una reunión más de comisión”.

Del mismo modo, Lombardi le dio la bienvenida a las diputadas nacionales Gabriela Pedrali, Mónica Macha, Natalia Souto, Mara Brawer, Lía Caliva y Silvana Ginocchio, quienes pasaron a ser parte de la Comisión de Cultura.

Así las cosas, la diputada nacional Marisa Uceda (FdT), impulsora de una de las iniciativas que conforman el dictamen unificado, señaló que “tomamos el reclamo legítimo de las escuelas de danza”, y les agradeció a las organizaciones que son autoras y protagonistas del reconocimiento de la ley de la danza.

“Este es el resultado de un profundo trabajo democrático, porque los trabajadores de la danza empezaron a manifestar la necesidad y encontraron en dos espacios políticos la oportunidad de avanzar”, enfatizó Uceda, quien añadió que “esta ley define su valor social en el desarrollo cultural de este país”.

Asimismo, explicó que el proyecto se redactó “con un criterio profundamente federal, porque estarán representadas las 7 regiones del país”, y manifestó que “cada pueblo celebra su tradición a través de la danza que es la más federal de las artes”.

Brevemente, la diputada nacional Lía Caliva (FdT) adhirió a las palabras de Uceda y agregó que las organizaciones que lucharon por este proyecto “nos dieron una lección de ciudadanía, militancia y perseverancia”. “Esta ley busca ampliar derechos fundamentales de un espesor de nuestra cultura. Que la danza sea ley”, afirmó.

A su turno, la diputada nacional Romina del Plá (PO), también impulsora de esta iniciativa, se mostró emocionada y expresó que la comunidad de la danza “está esperando esto hace 15 años con reclamos, pedidos, movilizaciones, lobby parlamentario, audiencias, petitorios y recorridas de cada rincón del pais donde se realiza la danza”.

“Es un gran paso adelante y resultado de esa lucha”, indicó Del Plá, y explicó que “lo primero, fundamental, es que el Instituto tiene que tener el fomento de la danza independiente, el segundo punto es el carácter federal con representación de las provincias y por supuesto tiene que tener presupuesto”.

Del mismo modo, planteó que “me parece clave que demos este paso, pero es un paso para luego tener dictamen en Presupuesto y Hacienda, lograr que entre al recinto, tenga media sanción y que el Instituto de la danza sea ley”.

También la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) celebró el dictamen y expresó que “es un ejemplo de como se conquistan derechos y mas aun en una época donde se escuchan tantos cesamientos de derechos. Esto es fundamental”.

Sin embargo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI) dijo que celebraba “el reconocimiento de esta deuda”, pero puso énfasis en “remarcar la importancia de resolver esto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para resolver el costo fiscal porque la Oficina de Presupuesto del Congreso muestra una diferencia del 100% en los costos”.

En tal sentido, el titular de la Comisión de Cultura, Hernán Lombardi, remarcó que “hay un dictamen de minoría de JxC, para que el presupuesto salga del mismo Ministerio de Cultura”, y concluyó: “Hay cuestiones por el enfoque presupuestario, pero la estructura es la misma. Me parece central que facilitemos esto y que no seamos un obstáculo”.

Tras seis períodos truncos, la iniciativa busca llegar al recinto

El anteproyecto de Ley Nacional de Danza fue presentado por primera vez el 3 de septiembre de 2012, y vuelto a presentar en 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022.

Luego de perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente el 29 de abril de 2014, Día internacional de la Danza, en el Senado de la Nación. La presentación fue realizada por la comunidad de la danza, y respaldada por más de diez mil firmas de adherentes de todo el país. El ingreso del proyecto al Parlamento se llevó a cabo en el marco de un multitudinario acto en la Plaza de los Dos Congresos, y por eventos en apoyo que se replicaron en más de 60 localidades de todo el país. Legisladores de todo el arco político se comprometieron públicamente a acompañarlo y posteriormente lo hicieron suyo, oficializando una nueva presentación a cargo de miembros del Senado.

En el año 2016, tras haber perdido estado parlamentario, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza volvió a realizar la presentación en la Cámara de Diputados con el acompañamiento, nuevamente, de actos multitudinarios en todo el territorio nacional.

Durante el año 2017, a pedido de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó una modificación del proyecto en conjunto con este colectivo y asesores legislativos, volviendo a ser presentado.

El tratamiento de este proyecto tampoco prosperó y en el 2018, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza junto a la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, realizó una nueva presentación, el cual perdió estado parlamentario en diciembre del año 2019.

En 2020, en medio de la pandemia, la Comisión de Legislación del Movimiento por la Ley Nacional de Danza realizó una nueva revisión para una nueva presentación del proyecto, que nuevamente perdió estado parlamentario en diciembre de 2021.

Este es entonces el sexto intento por impulsar esta iniciativa que nunca pudo llegar a uno de los recintos del Congreso.

Diputada kirchnerista denunció al gobernador mendocino

Marisa Uceda le endilgó a Rodolfo Suárez y otros funcionarios desvíos de dinero. Fue por una denuncia anónima, según contó en las redes sociales.

La diputada nacional mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos) anunció que decidió denunciar al gobernador de su provincia Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

A través de una denuncia anónima, Uceda dijo haber tomado conocimiento de “desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico”.

En esta se apunta al presidente de EMESA como supuesto responsable de “autorizar transferencias millonarias en dólares a 3 agentes de bolsa desde la cuenta del Fideicomiso para la Ejecución de la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, detalló la diputada oficialista.

“Lo que agrava esta situación es que dos de estos tres agentes de bolsa (Max Capital, TPCG Valores y PP Imversiones) son parte de los denunciados por el ministro (Sergio) Massa como responsables de la corrida cambiaria que hemos presenciado los últimos días en nuestro país”, agregó Uceda.

Según la diputada Uceda, el contrato firmado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de Mendoza estableció que el destino de los fondos es exclusivo para Portezuelo en sí mismo u otra obra hídrica y no para un destino diferente al que se ha establecido.

Uceda concluyó asegurando que “es fundamental conocer qué está pasando con los fondos de Portezuelo del Viento que están contenidos en dicho fideicomiso y cuál es el destino que han tenido las transferencias, sobre todo si se destinan a la especulación financiera”.

Con un sector de la oposición, el Frente de Todos logró aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional

La norma quedó sancionada por 134 votos a favor y 107 en contra. Juntos por el Cambio defendió su dictamen de minoría. Qué establece la flamante ley.

Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

La norma se sancionó con 134 votos a favor, 107 en contra y ninguna abstención.

Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa los cuatros diputados aliados del interbloque Provincias Unidas; los cuatro legisladores del Frente de Izquierda; y 7 del interbloque Federal (no estuvo presente Florencio Randazzo). Votaron a favor también Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (MPN) Estos mismos fueron los que facilitaron la apertura de la sesión aportando al quórum.

Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el texto y defendió su dictamen de minoría. Todos sus miembros presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La Libertad Avanza.

El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto del año pasado, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

El festejo de Fernanda Raverta en los palcos.

El debate

A la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

A su turno, la mendocina Marisa Uceda dijo que la norma “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Por el dictamen de minoría, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace sostuvo que “el diputado Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre del mercado de trabajo por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”. En ese sentido, planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

A su turno, el cordobés Rodrigo De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En su intervención, la diputada Romina Del Plá señaló que “la canasta básica de la Tercera Edad medida por la defensoría de CABA hoy supera los $170000. La mínima que cobran más del 70% de los jubilados es un tercio de eso, o menos. Un Estado que abandona así a los mayores es un Estado criminal”. En referencia al proyecto sobre moratoria votado agregó que: “Hoy se votó una ley por la cual a la jubilación mínima de indigencia se les descontarán aportes que les fueron robados a las y los trabajadores. La votamos a favor porque serán muchas las personas que tendrán este paliativo para hacer frente al hambre y a la inflación del 100% de este gobierno del FMI. Desde nuestro bloque presentamos un dictamen por minoría y un proyecto de ley para que todos los y las adultos mayores tengan acceso a una jubilación universal que cubra la canasta básica de la tercera edad”.

El radical cordobés Víctor Hugo Romero detalló: “De la población activa hay un 7,1 por ciento desocupado, un 28 no asalariado y 4 de cada 10 que perciben salarios no perciben no están registrados formalmente”. A su vez, añadió: “Los trabajadores informales, el 63 trabaja en empresas de no más de 5 empleados y el 89 con menos de 25. Solo pueden cumplir las grandes empresas”.

“Desde 2005 se establecen leyes de moratoria, pero siempre con parches, nunca con solución de fondo”, aseveró. Y concluyó: “En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000, pero solo 94.000 corresponde con trabajadores con aporte de 30 años, solamente creció en 2.030.000 el trabajador registrado y 7 de cada 10 cobra por bajo de la línea de pobreza”. “Este nuevo proyecto de plan de pago requiere un análisis más profundo y está lejos de generar derechos”, cerró.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), en su alocución, afirmó: “Queremos sostener esta ley de plan de pago previsional para beneficiar a 800.000 argentinos y en mi caso a 17.000 trabajadores entrerrianos”.

El diputado oficialista recordó que en 2003 el 40 por ciento no accedía a la jubilación y explicó: “Si no analizamos la perspectiva a futuro es difícil analizar el sistema previsional”.

“Estamos de acuerdo en que exista algún remedio legal para que aquellos a los que les faltan años de aporte o edad jubilatoria puedan compensar esa diferencia, pero sin exterminar el sistema jubilatorio. Estamos asistiendo al derrumbe y ruptura total del sistema previsional argentino en detrimento de nuestros jubilados con esta, mal llamada, moratoria”, señaló a su turno la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro). Y agregó: “Si tuvieran una genuina preocupación por la justicia social no se llevarían puesta a la caja de jubilaciones del país, el ANSeS, con este tipo de leyes incoherentes. Debieran generar un sistema que permita verificar que quienes quieran acceder al sistema previsional, y no tienen aportes, realmente lo necesiten. No les importa que se pueda jubilar un millonario que nunca aportó, ya que no tuvo la necesidad de trabajar. Generan injusticias bajo una supuesta ley que beneficia a todos, pero en realidad es una verdadera trampa parlamentaria que lo único que hace es desfinanciar a los jubilados de la Argentina”.

Asimismo lanzó que “si el kirchnerismo tuviera un legítimo interés por defender la justicia social no callaría que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, percibe 67 jubilaciones mínimas por mes o haya reclamado en la Justicia un aporte correspondiente a 2971 jubilaciones mínimas. Ante estas grandes inequidades de una de las principales representantes de su coalición, el Frente de Todos mira para otro lado”.

Para Alejandro “Topo” Rodríguez, las mujeres “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. Y advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.

En su discurso, el oficialista santafesino Eduardo Toniolli señaló que “las moratorias permiten incluir a argentinas y argentinos que, después de haber trabajado toda su vida, no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. En ese sentido son un acto de justicia. No estamos hablando de regalar nada, si de reconocer el laburo de 800 mil compatriotas”.

“Los datos muestran que la gran mayoría de las beneficiarias de las primeras moratorias fueron mujeres humildes, que habían pasado años desempeñando tareas de cuidado que nunca fueron reconocidas”, señaló el legislador nacional del Frente de Todos, y agregó: “así cómo reconocemos la justicia de esta medida, también señalamos que la asignatura pendiente es la recuperación del nivel de los haberes previsionales, que guarda estrecha relación con el problema estructural de ingresos y de condiciones laborales de la población activa”.

En su intervención, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

En segunda instancia, explicó: “La suma de las moratorias nos lleva a gastar 12 puntos del PBI”. “Me resulta inadmisible si esto no estaba previsto en la Ley de Presupuesto”, siguió.

Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.

El diputado del Pro Luciano Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, sostuvo por su parte Javier Milei. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Bien sobre el final del debate, Silvia Lospennato se refirió al tema como “un problema que tenemos y que no hemos podido reparar”. Al punto tal de recordar que ha habido 1.273 normas que en la historia han modificado la ley original.

Habló de un sistema que exige 30 años de aportes y que “excluye al 80% de los argentinos que tienen la posibilidad de jubilarse y acumular esos años. Ese es el problema en serio que tenemos que elaborar y que seguimos procastinando”.

Lospennato advirtió que “no se puede seguir especulando electoralmente cuando está en juego la sostenibilidad del sistema previsional argentino”, al tiempo que reivindicó a la gestión de Cambiemos, que –dijo- le devolvió a los jubilados con la Reparación Histórica “lo que el Frente de Todos les robó durante muchos años”. reivindicó también la PUAM y la movilidad aprobada en medio de 14 toneladas de piedras. “Soportando el silencio cómplice de estos tres años en los que los jubilados no han dejado de perder mes a mes”, dijo, reconociéndole al oficialismo el “relato” que les permite erigirse a sí mismos como defensores de los  jubilados.

“Ustedes saben que hoy están votando un aumento brutal del déficit fiscal de la Argentina. No podemos dejar de señalárselo. Están gobernando, por lo menos tengan algo de responsabilidad fiscal… Siempre son pan para hoy y hambre para mañana”, disparó la diputada, que agregó que “esta nueva irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo la van a pagar los jubilados. El único ajuste que sabe hacer el kirchnerismo lo hacen sobre los jubilados”.

A continuación, la diputada Graciela Camaño recordó que venía a votar la prórroga de la moratoria que estableció en 2017 Mauricio Macri, que a su vez tenía que ver con la primera moratoria del primer gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a ser consecuente”, afirmó.

“No le estamos robando los aportes a nadie”, aseguró, negando que esta crisis venga de la década del 90, sino que la atribuyó a la del 80. “Sabemos que lo que tenemos que cambiar es de una profundidad que requiere acuerdos que no podemos lograr”, agregó, advirtiendo finalmente que “si alguien cree que con esta miseria que van a hacer van a conseguir votos, no han leído el proyecto”.

El penúltimo orador fue Máximo Kirchner, quien no estaba anunciado en las listas que circularon durante el día. Y en su mensaje negó el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Los jubilados no generan déficit”, aseguró, agregando que hay no más de 10 o 15 países en superávit fiscal en el mundo. “La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”, cerró.

El cierre del debate del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien valoró en primer lugar que se hubiera podido sesionar y agradeció puntualmente no solo a sus diputados, sino a los de los otros bloques: Provincias Unidas, los socialistas Santafesinos, Identidad Bonaerense y los de la izquierda “que nos acompañaron en el quórum, que es tan o más importante que el voto final”.

“Dimos un debate muy honesto, donde pusimos posiciones políticas muy fuertes; no sé si nos escuchamos tanto, pero hubo argumentos que también demuestran a quiénes intentamos representar”, señaló.

Reconoció finalmente que esta ley no representa una solución de fondo. “Probablemente no, pero me parece que estamos dando un paso muy importante y vamos cerrando puertas, así como reafirmamos un determinado camino, con un no a la capitalización, no a recortes a jubilados, ni al fraccionamiento del sistema previsional”.

Qué establece la flamante ley

La flamante ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

Moratoria previsional: Heller reconoció que se trata de “un parche” mientras se resuelven los problemas de fondo

Al fundamentar el dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Marisa Uceda defendieron el plan de pago de deuda previsional que calificaron como “novedoso y eficiente”.

La defensa del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo de los diputados oficialistas Carlos Heller y Marisa Uceda, a la sazón presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, respectivamente, en las que se debatió el tema.

Allí la cuestión tuvo dos dictámenes y para defender el de mayoría, Heller se refirió inicialmente al debate intenso que acababa de tener lugar, referido al juicio político a los miembros de la Corte Suprema. “Esta Cámara viene padeciendo esta situación que ha hecho que el principal bloque de la oposición ha impedido o se ha opuesto al tratamiento de otras leyes que no tienen nada que ver con el juicio político, y que en definitiva lo que hacen es quitarle derechos a personas”, señaló el diputado porteño.

Dijo Heller haber escuchado el argumento de que “se trata de temas que no le interesan a la gente, pero la inmensa mayoría de los proyectos incluidos en extraordinarias eran temas que le interesan a la gente. Como este, el plan de pago de deuda previsional que intenta permitir y posibilitar que muchísima gente –se habla de 800 mil personas- que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a la jubilación, puedan hacerlo”.

Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

De esta cantidad, “una inmensa mayoría son mujeres”, apuntó. Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, agregó, advirtiendo que “decir que no tienen aportes porque no quisieron es por lo menos referencia de un nivel de desinformación alarmante”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

Ante el pedido de algunos opositores sobre mecanismos alternativos, Heller dijo que “ni siquiera alcanzan para que esa gente pueda acceder a la jubilación mínima, que son bajas y deberían mejorarse, como ofrecerles un beneficio proporcional a los años que aportaron”.

Heller destacó que por el proyecto puesto a debatir los beneficiarios “van a pagar en años sucesivos lo que no pagaron sus empleadores”, y agregó que “este sistema tampoco es gravoso, o significativamente gravoso, como algunos lo quieren presentar”. En ese sentido se apoyó en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que indicaron que el costo fiscal en los dos primeros años es de 0,42 puntos de PBI. “Es muy poquito”, aseguró Heller, que recordó que el rubro Seguridad Social tiene un gasto de 9,5 del PBI.

Siguió rechazando propuestas opositoras, como la que “afectarían Rentas Generales”, dijo. En cambio, aclaró, “esto no va a Rentas Generales, sino al sistema previsional; es mucho más conveniente desde el manejo de políticas públicas”. Y concluyó considerando que “como no son significativos” los gastos, a su juicio resulta “absolutamente razonable” ocuparse de esas 800 mil personas.

“Repiten permanentemente una serie de mitos”

Compartió el tiempo dedicado al dictamen de minoría la mendocina Marisa Uceda, que arrancó remarcando el hecho de que un Gobierno nacional volvía a “elegir un instrumento solidario para responder a necesidades que nos aquejan”. En este caso, dijo, “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“De esto no habla nadie -se quejó-. Porque además de ser novedoso, es altamente eficiente”.

La diputada camporista cuestionó a la  oposición porque “repiten permanentemente una serie de mitos que es importante derribar. Pero hoy estamos tratando un proyecto que recupera ese espíritu solidario con una lógica eficiente que viene de la mano de dos senadores”, dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde, a quienes reivindicó por haber impulsado esa iniciativa.

La titular de la Comisión de Previsión dijo que el hecho de que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no puedan acceder al sistema jubilatorio “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Luego volvió sobre los mitos que según ella habían lanzado desde la oposición. Como el de que se está jubilando a quienes nunca han trabajado. “Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró, y recordó la instauración durante la gestión de Cristina Kirchner de la jubilación a las amas de casa.

También dijo que existe el mito de que “le van a dar un beneficio previsional a las personas que nunca aportaron”, advirtiendo que “eso ya está pasando a través de la PUAN”, que impulsó la gestión de Mauricio Macri y que ella citó en tono crítico. Porque sus beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima. Además no es contributiva, no es heredable… Fue una excelente política del macrismo –ironizó-. Reflexionen, porque por ahí hay cosas que se equivocaron”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Convocan a una comisión para hablar del plan de pago de deuda previsional

Se trata de Previsión y Seguridad Social, de la Cámara baja, con el fin de escuchar a una serie de invitados convocados a exponer sobre la temática del proyecto que espera ser tratado en Diputados.

comision de prevision y seguridad social diputados

Uno de los temas que es presentados como más urgentes en el marco de las extraordinarias que comenzaron el lunes pasado y se extenderán hasta el último día de febrero, es el proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional y que en definitiva es el que le permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El tema figuraba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum.

Ahora la Comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la mendocina Marisa Uceda convocó a los integrantes de la misma a concurrir el próximo miércoles 1 de febrero a las 11 a la sala 2 del segundo piso del Anexo A, para escuchar a un grupo de invitados que expondrán sobre la temática “Plan de pago de deuda previsional”.

No se detalló aún quiénes serán los invitados, pero lo cierto es que la finalidad de esta reunión no es la de emitir dictamen, ya que en realidad el proyecto ya cuenta con el mismo y, vale reiterar, figuraba en el listado de temas a tratar en la última sesión del año pasado en la Cámara baja.

El proyecto tuvo dictamen el 30 de noviembre pasado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, ocasión en la que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría.

¿Para qué convoca entonces el oficialismo a esta reunión? Porque una reunión informativa no necesita quórum para realizarse y servirá para agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.

La iniciativa cuenta ya con media sanción del Senado y permitiría que miles de ciudadanos que todavía no reúnen los 30 años de aportes puedan percibir un haber jubilatorio.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Presentaron un proyecto de Régimen de Promoción y Fomento de los sistemas eficientes de riego agropecuario

La iniciativa fue presentada por la mendocina Marisa Uceda y busca incrementar la productividad y la calidad de la producción. También tiene como objetivo combatir y aminorar la sequía.

La diputada nacional Marisa Uceda (Frente de Todos – Mendoza) presentó un proyecto de ley de Régimen de Promoción y Fomento de los sistemas eficientes de riego agropecuario que busca, entre otros aspectos, incrementar la productividad y la calidad de la producción.

La iniciativa va en línea con uno similar presentado por la senadora provincial Cecilia Juri y el diputado provincial Bruno Ceschin.

Entre los objetivos, la norma busca tecnificar y modernizar el aprovechamiento del riego para el uso agropecuario; incrementar la productividad, la calidad de la producción y los ingresos de las economías regionales cuya producción agropecuaria depende del aprovechamiento del recurso hídrico.

“Fomentar y fortalecer el arraigo de la población rural, combatir y aminorar la sequía y la desertificación en los territorios y mantener e incrementar las fuentes de trabajo”, agrega entre los fines principales.

Además, señala las actividades relacionadas a la eficientización de los sistemas de riego: “Implementación de sistemas de riego eficientes intrafinca; acondicionamiento de drenajes y reestructuraciones parcelarias; ejecución de obras hídricas complementarias y obras eléctricas menores; reconversión e inversión para la transición al uso d energías renovables; fomento y apoyo a organizaciones de productores que tengan por objetivo realizar inversiones de riego comunitario y la optimización de obras existentes”.

Al respecto la legisladora provincial Juri detalló que “el 81% del agua de Mendoza se utiliza en riego agrícola y mucho se desaprovecha por no tener sistemas de riego eficientes. Los productores necesitan créditos para poder acceder y el Estado debe impulsar esos créditos”.

Con invitados, siguieron debatiendo en Diputados la moratoria previsional

El proyecto cuenta ya con media sanción del Senado, y se discutió este miércoles en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.

En el marco de un plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda celebrado este miércoles, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley que propone una moratoria previsional y cuenta con el aval del Senado. Obviamente no se avanzó con un dictamen y el tema seguirá siendo debatido en sucesivas reuniones.

Así lo adelantó la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, quien al ser entrevistada por Diputados TV al cabo de la reunión, precisó que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

Resaltó también que el ministro de Economía, Sergio Massa, conoce el texto del proyecto lo cual “nos allana un poquito la discusión”, aunque aclaró que se le está dando “un poquito de tiempo” al debate.

Previamente, a la hora de exponer los invitados, Adela Monge, asesora y ex presidenta de JubYPen Mendoza, respaldó la iniciativa, al señalar que “extiende y da la posibilidad de llegar a una jubilación en condiciones dignas”, con el objetivo de generar “la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores”.

Por otra parte, el director de posgrado y profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Boasso, analizó la figura del “seguro social” y señaló la necesidad de “reconocer proporcionalidades”, al considerar que difiere según los años de trabajo de cada individuo.

El debate continuará en próximas reuniones en la Cámara baja.

Posteriormente, el abogado especialista en seguridad social, Federico Despouli, puso el foco en que la moratoria generaría una “nueva entrada en el sistema previsional de 600 mil personas con una prórroga de dos años que nos llevarían a unas 1.600.000 personas”. “¿Cómo vamos a seguir incluyendo estas personas si no pensamos qué tipo de financiamiento vamos a hacer?”, se preguntó.

Hernán Letcher, contador y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacó las moratorias realizadas en diferentes contextos históricos, pero remarcó que “los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina que seguimos discutiendo son: la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad y los aportes y contribuciones”.

Adrián Antonio Tróccoli, abogado previsionalista, negó que “esto sea una emergencia”. “Esto es claramente estructural, me parece poco prolijo decir que lo tenemos que tratar en uno o dos meses cuando hay una ley que decía que había que hacer un proyecto integral, un nuevo proyecto de jubilaciones”, dijo. “Esta ley va a generar litigiosidad si sale así”, adelantó.

Reneé Girardi, del Centro de personas mayores Homero Manzi de CABA, manifestó que esta moratoria “es importante”. “Hay muchísimas personas que tienen los años de aportes pero no son suficientes y muchos que no tienen ningún aporte. En este caso, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para equiparar esta brecha, sobre todo entre hombres y mujeres”, advirtió.

En tanto, Alejandro Guillermo Chiti, abogado y consultor en asuntos de seguridad social, consideró: “La Argentina tiene una cobertura universal, y es un gran logro que hay que mantener, pero este problema, en Europa por ejemplo, se solucionó con pensiones no contributivas, no con moratorias. Se creó algo distinto, no se rompió el sistema contributivo para incluir al resto”.

En contraposición, Alberto Coco Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, consideró que “el problema de una Argentina desigual no es el aporte de los jubilados, sino el aporte patronal que nunca se hizo. Esta ley viene a corregir el futuro de muchos que no están jubilados”.

Por último, Gustavo Caleau, abogado previsionalista y concejal de Mendoza, defendió la moratoria al analizar el universo de trabajadoras de casas particulares, “compuesto por 1.400.000 personas, donde un 99,3% son mujeres”.

“Esas mujeres que ayudan en la crianza de los hijos, que cuidan la comida, que ayudan en las tareas del hogar, si esta ley no sale, el primero de enero del año que viene van a necesitar cinco años más trabajando en relación de dependencia para poderse jubilar”, aseveró Caleu.

Diputada camporista sobre el salario universal: “No creo que tenga la legitimidad para salir por decreto”

La mendocina Marisa Uceda aseguró que “es un debate que debe darse socialmente”. Además, consideró que el Estado debe también transferir recursos a la clase media.

La diputada nacional Marisa Uceda (FdT) afirmó que “no” cree que una medida como la implementación del salario básico universal -reclamo por el que este miércoles marchan movimientos sociales encabezados por el MTE de Juan Grabois– “tenga la legitimidad para salir por decreto, porque es un debate que debe darse socialmente”.

La mendocina consideró además que “el concepto tiene que ser otro, o ingreso base universal, o renta mínima universal”. “Es un debate que se está dando adentro de nuestra fuerza”, señaló, al tiempo que insistió que “se necesita que haya una sociedad convencida de que la transferencia de recursos del Estado tiene que ir para distintos lugares”.

“También estoy convencida de que el Estado tiene que tener un plan de transferencia de recursos no solo para los sectores más vulnerables, sino para los sectores medios”, opinó la legisladora camporista.

En ese sentido, recordó que “el peronismo logró crear la clase media y sostenerla en el tiempo”. “Tenemos que cuidar esa clase media que durante el macrismo se vio fuertemente golpeada”, agregó.

Consultada sobre la prórroga de la moratoria previsional, la oficialista lo celebró y apuntó que se trata de “la moratoria vigente que solo beneficia a mujeres”, pues “venía desde 2014 prorrogándose, pero en el 2017 por decisión de Mauricio Macri solo queda para mujeres en edad de jubilarse, llevando a los trabajadores varones a una PUAM”.

“En caso de que el presidente (Alberto Fernández) no lo hubiese prorrogado, las mujeres tendrían que haber accedido a esa misma prestación pero a los 65 años, por eso la urgencia de que saliera la prórroga de la moratoria vigente”, continuó en declaraciones a FM La Patriada.

Sobre el proyecto que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social aseguró que ese plan de pago de deuda previsional “prevé una reforma más estructural”.

“Hay consensos que se están construyendo y estoy convencida que en fuerzas que no son del Frente de Todos encontramos coincidencias en este tema. Espero que se sancione lo antes posible”, expresó.

Consultada sobre las críticas a la iniciativa desde Juntos por el Cambio, Uceda dijo que “su argumento principal, o al menos el único que algunos se animaron a esbozar, tiene que ver con el impacto fiscal. En la primera comisión informativa que tuvimos, el representante de ANSeS lo explicó con claridad: el primer año es del 0,02 por ciento y en el segundo del 0,03 por ciento”.

La diputada defendió que, al contemplar un régimen para las personas que diez años antes de cumplir la edad jubilatoria ya empiezan a regularizar su situación -a través de la compra de aportes-, este sistema que se propone “se autosustenta”. “No les da vergüenza decir que quieren un país para pocos y que el resto los sostenga”, completó en contra de la oposición.

Plan de pago de deuda previsional: Uceda admitió que es complicado tratar el proyecto en lo inmediato

La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados se mostró esperanzada de construir los consensos necesarios, pero admitió que “los tiempos legislativos” no alcanzan ante el inminente vencimiento de la moratoria vigente.

La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marisa Uceda (FdT), admitió que el proyecto de ley de plan de pago de la deuda previsional -con media sanción del Senado- no llegará a tratarse antes de que venza la moratoria vigente.

Entrevistada en el canal DTV, la oficialista señaló que “por un lado está la urgencia de la prórroga de la moratoria vigente que alcanza solo a mujeres” ya que “en el 2017 (Mauricio) Macri excluyó a los trabajadores varones y los incluyó en la PUAM”. Y, por otro lado, “el proyecto apunta a resolver (la cuestión de las personas que no tienen aportes suficientes) y va más a fondo”.

En el comienzo del receso invernal, la mendocina explicó que “los tiempos legislativos y la generación de consenso llevan adelante un amplio trabajo” que “nos está complicando” llegar a aprobar la iniciativa antes del 24 de julio.

“La alternativa, que es la que espero, es que a través de un decreto presidencial se extienda esta moratoria hasta que podamos sancionar el proyecto”, sostuvo la legisladora.

No obstante, se mostró optimista de “poder conseguir esa construcción de consensos que pretendemos”. “Confío en que vamos a lograr esos consensos, pero lo cierto es que hoy no se pueden garantizar, por eso tampoco se puede tratar la ley de inmediato”, aclaró.

En cuanto al proyecto, consideró que “no tiene impacto fiscal considerable”, sino que por el contrario “robustece el sistema, porque no es una moratoria”, sino que establece que haya “personas aportando en su vida activa, que están regularizando con diez años de anticipación” sus aportes.

Consultada sobre si convocarán a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a dar su opinión, la diputada respondió: “Vamos a hacer las consultas que sean necesarias, no tiene la obligación la ministra de venir puntualmente, puede enviar informes”. Y destacó que en la primera reunión informativa que se realizó asistieron representantes de la ANSeS.

Cabe recordar que la oposición en el Senado cuestionó que no haya formado parte del debate la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en el caso de Diputados sí fue incluida.

En cuanto a los argumentos sobre que esta iniciativa va a contramano de las condiciones del acuerdo con el FMI, la camporista expresó: “El (ex)ministro (Martín) Guzmán cuando nos hizo conocer el acuerdo dijo que no iba a haber ajuste en materia previsional, entiendo que no debería colisionar con los objetivos”.

No dan los tiempos y la moratoria previsional debería ser prorrogada por decreto

Si bien ha circulado la versión de una probable sesión de Diputados la próxima semana, fuentes consultadas relativizaron esa posibilidad.

Con la presencia de especialistas en materia jubilatoria, arrancó el jueves pasado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social el tratamiento del proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con media sanción del Senado.

En efecto, el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones el proyecto que debería ser ley antes del 23 de julio, cuando vence la norma vigente.

Por eso es que se especuló con la posibilidad de una sesión de la Cámara baja la próxima semana, cuestión de convertir en ley la norma antes de que se produzca dicho vencimiento, pero el tema es que la próxima semana ambas cámaras estarán en pleno receso legislativo. Un receso no declarado, pero que en rigor de verdad ya se palpita en ambas cámaras en la presente semana.

Pruebas al tanto: la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas previstas para este martes al mediodía no tuvo quórum. También estaba prevista para este martes en Diputados una reunión de la Comisión de Deportes, que se suspendió el lunes.

La vuelta a la presencialidad ha hecho que los recaudos para las sesiones se extremen y nada garantiza en plenas vacaciones de invierno que todos los legisladores conseguirán vuelos. De hecho, el Senado había adelantado para el jueves pasado una sesión que a priori iban a hacer esta semana, previendo que no conseguirían vuelos. Al final, no hubo sesión esta semana, pero tampoco el jueves pasado, aunque ahí influyeron otros factores: no había acuerdo en todo el oficialismo para garantizar el número necesario para aprobar el proyecto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

La norma beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Juntos por el Cambio no apoyó el proyecto en el Senado, aunque sufrió una división. Mientras el Pro votó en contra, los radicales se abstuvieron. El costo fiscal es el factor que motiva las objeciones en la principal oposición, que preguntó si habían consultado al entonces ministro Martín Guzmán, a lo que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio, respondió que habían consultado en la ANSeS.

Para el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, aclaró que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Eso llevará tiempo; se verá. Además, mientras en el Senado el giro del proyecto no incluyó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diputados sí está previsto que la comisión que encabeza Carlos Heller emita dictamen. Con todo, esa comisión no participó de la reunión informativa del jueves pasado.

En el oficialismo se ilusionan con tener los votos para la aprobación. Esa confianza se relaciona con lo sucedido en el Senado, donde Alberto Weretilneck votó a favor, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo. Se descuenta así que los rionegrinos y misioneros que conforman el interbloque Provincias Unidas apoyarán, lo mismo que los tres cordobeses y probablemente el resto del interbloque Federal, aunque el presidente del mismo, Alejandro “Topo” Rodríguez, aclaró a parlamentario.com que no tenían aún decisión tomada sobre el tema.

Así y todo, especulando con el eventual apoyo de Provincias Unidas (4), el interbloque Federal (8), el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, y la izquierda, estaría garantizada la aprobación del proyecto ya votado en el Senado.  

El tema son los tiempos y la garantía para tener sentada la cantidad de diputados necesarios la próxima semana, para una sesión que fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que no ha sido convocada, sin expectativas de que dadas las circunstancias eso suceda.

Por eso es que en caso de que el Gobierno lo desee, debería apelar al decreto para prorrogar la prórroga vigente, a la espera de una sanción definitiva en el mes de agosto.

Especialistas expusieron sobre la moratoria previsional

La norma que cuenta con media sanción del Senado concentró el análisis de expertos en torno al plan de pago de deuda previsional que ahora deberán debatir en Diputados.

En el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos), especialistas en materia jubilatoria analizaron los alcances del plan de pago de deuda previsional, iniciativa que ya obtuvo la aprobación de la Cámara alta.

La diputada Uceda destacó que la reunión demuestra “que cuando hablamos de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que nos atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente nos tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que hoy vamos a tratar”.

En uso de la palabra, el director General de Planeamiento de la ANSeS, Ignacio Amigorena, celebró “la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”. Amigorena estimó que el plan de pago de deuda provisional “pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres”.

A su turno, la previsionalista Adriana Micale bregó por “la sanción de esta ley tan necesaria, frente al inminente vencimiento de la moratoria actual”. La magister destacó que, “a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de periodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo”.

El cierre de expositores estuvo a cargo del director del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Rafael Rofman. El investigador señaló que el proyecto “enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal”. Rofman hizo un llamado a pensar la iniciativa “como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo”.

El proyecto de ley está destinado a las personas que, habiendo alcanzado la edad de retiro laboral, no cumplen con los 30 años de servicios con aportes registrados requeridos por la actual legislación. También contempla a quienes se encuentren a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación.

Ante la deuda previsional, el plan prevé un sistema de “unidad de pago de deudas previsionales” –equivalente a un aporte jubilatorio mensual- con el fin de garantizar el acceso al cobro de jubilaciones y pensiones a un total de 800.000 argentinos.

Diputados convirtió en ley el proyecto de jubilación anticipada para viñateros

La Cámara baja aprobó el proyecto que baja a los 57 años la edad para jubilarse para los trabajadores del sector, en tanto que hizo lo mismo con otra iniciativa referida a las mensualidades que cobran los contratistas.

La Cámara baja sancionó el proyecto de ley que establece la jubilación anticipada para trabajadores viñateros, tras una votación que resultó con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones. El texto iba a volver al Senado, porque había recibido cambios, pero finalmente se informó que el Poder Ejecutivo avaló la redacción de la Cámara alta y, por eso, se convirtió en ley.

La iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.

El texto había sido votado en la Cámara alta el 5 de noviembre del año pasado, impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), junto a otra iniciativa referida a las mensualidades que perciben los trabajadores, que sí recibió sanción definitiva durante la sesión.

Miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), quien destacó que el régimen especial para los trabajadores del sector se justifica en las condiciones en que desarrollan sus actividades, a lo que debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar. Todo eso provocan generalmente secuelas graves tanto físicas, como psíquicas.

Vanesa Siley fue la miembro informante de ambos proyectos. (Foto HCDN)

“Estaríamos beneficiando a alrededor de 40 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país”, destacó la diputada del Frente de Todos.

En cuanto al proyecto referido a los contratistas del sector vitivinícola, el mismo fue aprobado y convertido en ley por 193 votos afirmativos. Siley destacó que se trata de una ley sui generis, ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas, que tienen una relación de dependencia, “pero a la vez son autónomos o socios del empleador”. De este mismo modo los ha considerado el Estatuto. El proyecto busca reconocerles el derecho a tener doce remuneraciones, puntualizó la legisladora de origen sindical.

“Creo que una vez más el Congreso de la Nación está diciendo que allí donde hay un trabajador, una trabajadora, deberá haber derechos laborales, deberá haber protección contra el despido arbitrario, y deberá haber un salario y una remuneración justas”, concluyó la diputada.

Mendocina, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) consideró que el proyecto que otorga un beneficio previsional a los viñateros es “fundamental” para su provincia y afirmó que “llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras, en épocas de añoranzas flexibilizadoras, estar hoy ampliando derechos es toda una señal”.

La mendocina Marisa Uceda destacó la oportunidad en la que llega esta ley. (Foto: HCDN)

A su turno, el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos) destacó que la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos. “Esto demuestra que es una actividad sumamente importante”, remarcó quien confesó haber desarrollado la actividad, pidiendo acompañar ese proyecto para “traer justicia (algo) que se viene solicitando hace más de 20 años”.

El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (UCR) anticipó el apoyo de su espacio a la iniciativa, cosa que consideró una reparación para una omisión producida al establecer el régimen diferencial hace una década. “El acompañamiento a este proyecto es un acto de equidad”, dijo, recordando que en comisión puntualizaron una diferencia de carácter general, por cuanto consideraban que debía haber habido una propuesta por parte del Ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto, y la misma no se formuló. “Nos debemos esa discusión mucho más profunda, que no abone a una fragmentación del sistema previsional, sino que por el contrario logre su consolidación”, apuntó.

El legislador puntano agregó que plantearon su disidencia porque al momento del tratamiento en comisión no tenían ningún informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de ese régimen previsional. “Como pasa con otras leyes, tomamos decisiones sin contar con información de lo que representa al Estado financieramente”, señaló, aunque aclaró que a partir de esa observación llegó ese informe de la OPC, que destaca la importancia de esa actividad para nuestro país.

Con todo, ese régimen tiene un impacto fiscal, reconoció el informe, aunque aclaró que no termina de ser concluyente el mismo, “pero sí es fundamental para el análisis”.

Alejandro Cacace detalló las disidencias expresadas en comisión por su espacio. (Fotos HCDN)

En su intervención, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) destacó que “la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero; por algo somos orgullosos de decir los vinos que tenemos. Cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viñas, está reconociendo, en línea con el norte que tenemos que seguir, y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola. Y no cambiarla por esa otra matriz extractiva”.

Sobre el final del debate, el radical Luis Pastori (UCR) marcó diferencias con el resto de sus pares al advertir un problema constitucional para el tratamiento del proyecto previsional. Explicó en ese sentido que el proyecto no debía venir desde el Senado, sino que debió haber sido Diputados la Cámara iniciadora. Sucede que el proyecto incluye un aumento de la contribución patronal en dos puntos por sobre el régimen común. “En consecuencia, al contener una norma de tipo tributaria, algo que le está vedado al Senado como Cámara iniciadora, está invadiendo competencia propia de esta Cámara”, señaló el misionero.

“Si no dijéramos esto, estaríamos aceptando que el Senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva. No podemos aceptar como Cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por el artículo 52 de la Constitución exclusivamente corresponde a la Cámara de Diputados. Por ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme”, concluyó el legislador.

Cerró el debate el diputado sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos), quien destacó la “ampliación de derechos” que marcó toda la jornada legislativa, y destacó entonces que “hoy se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina, y del peronismo también”.

”El reconocimiento a los trabajadores siempre molesta, sobre todo a patrones. Que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.

Los proyectos

El proyecto votado en primer lugar establece un régimen previsional especial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales.

La iniciativa establece que “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.

Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.

Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.

Por otra parte, el otro proyecto que se convirtió en ley es el que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.

Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.

En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.

Presentan un proyecto de ley para modificar la Ley de Contrato de Trabajo

La iniciativa tiene el objetivo de equiparar las licencias por motivos de cuidados entre todas las personas trabajadoras independientemente de su género.

Las diputadas nacionales por el Frente de Todos Gabriela Estévez y Marisa Uceda presentaron un proyecto de ley de modificación del régimen de licencias de cuidado de la ley de contrato de trabajo. El nuevo esquema que proponen hace hincapié en la urgencia en la incorporación de la igualdad y equidad de género, la integración de principios de no discriminación e inclusivos y la necesidad de contemplar las diferentes realidades y formas en que hoy se constituyen las familias.

En ese sentido, el proyecto de ley tiene como objetivo “promover la igualdad, inserción y continuidad de las mujeres y personas gestantes en el mercado laboral, mediante la equiparación de las licencias de cuidado, así como de la protección y estabilidad en el empleo de todas las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, sin distinción de sexo, género, expresión de género o capacidad de gestar y la inclusión de las y los progenitores adoptantes, así como la creación de licencias para el cuidado de la salud, y en especial, para los casos de violencia de género”.

Las legisladoras sostienen que al volverse indistinto el régimen de licencias, dejará de ser un motivo para que el empleador prefiera contratar varones y enfatizan en la necesidad de afrontar la temática con una verdadera perspectiva de género e incorporar una regulación sobre derechos y licencias por nacimiento con verdadero carácter inclusivo que promueva y fomente la corresponsabilidad sobre los cuidados familiares, para evitar que estos sigan recayendo casi exclusivamente en las mujeres.

Además se incorporan los distintos tipos de filiación al régimen de licencias: hijos biológicos, adoptivos y técnicas de reproducción médicamente asistida. También incluye otros tipos de licencias especiales, como licencias para personas trabajadoras que asuman el cuidado de una niña, niño o adolescente como medida excepcional de protección y amplía las ya existentes.

En el mismo sentido, la modificación del sistema de licencias por nacimiento permitirá una nueva perspectiva en el reconocimiento de derechos, los que serán ejercidos desde una verdadera igualdad y perspectiva de género por las personas trabajadoras. Este proyecto aspira a ser un instrumento de inclusión y desea eliminar el estigma discriminatorio con el que cargan las mujeres y personas gestantes, de no ser contratadas por las licencias que se les deben reconocer.

De igual manera apunta a reformular la división del trabajo, las nociones de familia, reparentalización, integración familiar y corresponsabilidad en las tareas de cuidados eliminando el trato discriminatorio por razones de sexo, género o capacidad de gestar.

También dispone la obligación del empleador de proveer de infraestructura de cuidado en las inmediaciones del establecimiento de trabajo o bien de incorporar una suma no remunerativa al salario del trabajador o trabajadora con niños menores de tres años a cargo, en los términos de la Ley 26.233 (Centros de desarrollo infantil).

El proyecto presentado en la Cámara Diputados por las diputadas Uceda y Estévez cuenta con el acompañamiento de diputados del bloque del Frente de Todos, tales como Vanesa Siley, Hugo Yasky, Walter Correa, Mónica Macha, Lucila Masin, Daniela Vilar, Florencia Lampreabe y Santiago Igón.