Se propuso habilitar la intermediación a “personas no matriculadas”, eliminando así “el monopolio” de la intermediación "obligatoria" de martilleros y corredores; pero luego "se retiró" el proyecto de Ley, sin explicación alguna.
El proyecto presentado recientemente por el diputado provincial de La Libertad Avanza, Juan Osaba, junto a otros legisladores de su bloque, denominado “Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, fue retirado “a solicitud de su propio autor”, según informaron desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires.
La noticia surge a raíz de una nota presentada por el diputado de LLA Juan Osaba, dirigida a la Dirección de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Cámara de Diputados, luego de haber presentado el proyecto de Ley.
En ella, el legislador señala que, “de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de este Cuerpo, solicitó el retiro del expediente D-2105/26-27 de mi autoría y su correspondiente baja del sistema informático Intranet”, dice la nota presentada por el diputado platense que aspira a reemplazar en la comandancia del bloque al diputado Agustín Romo.
Sucede que se trató de un trámite en principio simple porque la nota se presentó antes que el proyecto de marras tomara estado parlamentario y por lo tanto no tiene que tomar intervención la Cámara en su conjunto.
Al no tener la iniciativa presenta “estado parlamentario” con la sola presentación de la “nota de retiro” realizada por el autor del proyecto en cuestión, el proyecto que retirado en su ingreso sin dejar rastros posteriores al mismo.
El rumor es un paso en falso de importancia por uno de los principales referentes del espacio libertario en la Cámara baja provincial, podríamos decir que se trata de “un príncipe con ínfulas de rey”, pues actualmente ocupa la vicepresidencia que le corresponde a LLA de la Cámara de Diputados provincial.
El proyecto de ley, en su primera instancia, fue presentado como una iniciativa que estaba en “línea con la iniciativa que última el Gobierno nacional”, y pretendía modificar la Ley provincial 10.973 con el objetivo de busca instaurar el principio de “autonomía de la voluntad” en la fijación de honorarios y comisiones.
De tal forma que en ese sentido se proponía suprimir la exclusividad del trámite que ostentan actualmente los martilleros y corredores públicos matriculados, permitiendo que “personas humanas o jurídicas no matriculadas” actúen en el sector.
El trámite formal reglamentario dado a conocer por estas horas es un pequeño escándalo político legislativo porque se trata de la presentación de un proyecto de ley que expresaba una preocupación libertaria, cual es la desregulación, en un ámbito dónde la acción corporativa se hace sentir.
Se suponía que el proyecto de ley de “alto impacto” presentado, tenía sino el aval de los altos mandos libertarios, al menos el visto del también platense y funcionario nacional Federico Sturzenegger.
Al parecer fue un simple y común “paso en falso” del diputado Osaba que además acarreó a varios integrantes del bloque en la presentación, ahora dejada sin efecto práctico. O tal vez fue un “anticipo anticipado” como deslizó un observador calificado.
Desde el Colegio de Martilleros bonaerense consideraron “positiva” esta decisión, aunque advirtieron que “ello no implica que, en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”.
En ese sentido, Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, afirmó que “seguiremos atentos y vigilantes en la defensa no solo de nuestra profesión, sino también de toda la sociedad, que día a día elige a un profesional para brindarle seguridad y confianza en sus operaciones”.
Y concluyó diciendo que “mantendremos firmes y en alto nuestras convicciones y, más que nunca, ratificamos nuestro orgullo de ser martilleros y corredores públicos colegiados”.
La iniciativa legislativa, que suscitó comentarios en la Cámara baja, propone habilitar la intermediación a personas no matriculadas, eliminando así “el monopolio” de la intermediación "obligatoria" de martilleros y corredores.
En línea con la iniciativa que ultima el Gobierno nacional, el proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires pretende modificar la Ley 10.973 y busca instaurar el principio de “autonomía de la voluntad” en la fijación de honorarios y comisiones.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires evalúa un proyecto de ley que busca desregular de forma integral el mercado inmobiliario bonaerense mediante la eliminación de las restricciones vigentes al ejercicio de la intermediación en la compraventa de inmuebles.
La iniciativa, ingresada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), propone suprimir la exclusividad del trámite que ostentan actualmente los martilleros y corredores públicos matriculados, permitiendo que “personas humanas o jurídicas no matriculadas” actúen en el sector.
El texto normativo es impulsado por el diputado provincial Juan Osaba y lleva el acompañamiento de otros ocho legisladores de su bancada, alineándose con las políticas de desregulación económica promovidas a nivel federal por el Poder Ejecutivo Nacional.
El núcleo técnico de la propuesta radica en la reforma de los artículos de la Ley Provincial N° 10.973, el marco normativo que regula la profesión de martilleros y corredores públicos en territorio bonaerense.
La reforma plantea habilitar de manera explícita “la intermediación, el corretaje y la conclusión de contratos de compraventa de inmuebles a terceros no colegiados”, introduciendo además “el principio de autonomía de la voluntad” para la libre fijación de honorarios y comisiones entre las partes intervinientes.
A su vez, el articulado propone derogar las penalidades vigentes, excluyendo del régimen de infracciones a toda persona que opere sin título habilitante, lo que dejaría sin efecto las multas actuales que alcanzan hasta “el duplo de los honorarios percibidos” por actividad ilegal.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado Juan Osaba sostiene que al imponer un monopolio de intermediación basado en una matrícula para tareas que califica como esencialmente comerciales, el Estado provincial excede su poder de policía.
El autor del proyecto argumenta que la regulación actual se transforma en una barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente quién los asiste en la disposición de sus bienes.
Asimismo, los considerandos técnicos del texto legislativo señalan que “las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos públicos” en las transacciones.
El titular del Colegio, sostuvo que “la modificación de la Ley de Martilleros cambiará el rumbo del sector inmobiliario”.
José María Sacco, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de General San Martín, destacó la importancia del proyecto de modificación de la Ley Profesional de Martilleros y Corredores Públicos (Ley 10.973), presentado por el diputado provincial Rubén Eslaiman, y aseguró que esta iniciativa representa un cambio trascendental para el sector inmobiliario.
El proyecto de ley respaldado por el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires propone que aquellos matriculados en otros colegios o consejos profesionales de la provincia no puedan ejercer simultáneamente como martilleros o corredores públicos. Además, se prohíbe la matriculación de profesionales que sean auxiliares de la justicia o que tengan vinculación directa o indirecta con las incumbencias del martillero o corredor público.
"Este proyecto marca un antes y un después", afirmó Sacco, quien destacó que “la reforma busca garantizar mayor transparencia y profesionalismo en el ejercicio de la actividad”.
Sacco también se refirió al contexto económico y al impacto que el proceso de blanqueo de capitales y los créditos hipotecarios podrían tener en el mercado inmobiliario. "Antes los teléfonos no sonaban, pero ahora, aunque sea, nos llaman para preguntar por los créditos hipotecarios", comentó. El dirigente confía en que el blanqueo de capitales pronto se volcará a la compra de inmuebles, lo que beneficiará al sector.
La entidad manifestó su oposición al dictamen que impulsó el oficialismo en el Senado bonaerense, el cual propone establecer “pautas para el ejercicio de las profesiones de martilleros y corredores públicos bonaerenses”.
A través de un comunicado, El Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires que nuclea a más de 10 mil profesionales del sector denunció que el proyecto presentado por el senador bonaerense Francisco Durañona “se enmarca en una estigmatización y persecución de la profesión”, y advierte que dicho proyecto “no es una ley de alquileres”, dado que las locaciones se legislan a través del Código Civil y Comercial de la Nación”.
El vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerenses, José María Sacco, aseguró que “es falso que el proyecto esté destinado a facilitar el acceso a los sectores populares porque incluye todo tipo de inmuebles”, y afirmó que “en los fundamentos se falta a la verdad cuando aseguran que las inmobiliarias cobran cualquier cosa”.
“En la provincia no hay una sola denuncia por cobro excesivo de honorarios por parte de funcionario alguno, legislador, asociación o particular”, señaló Sacco.
El proyecto impulsado por el senador Durañona plantea, entre otros aspectos, que sobre las viviendas con destino urbano o rural se cobre hasta un 4 por ciento de honorarios a cargo del locador sobre el primer año de contrato.
Desde el Colegio de Martilleros aseguran que de aprobarse la iniciativa “generará un enorme perjuicio sobre los más de 200.000 puestos de trabajo que genera el sector y también sobre los 2500 beneficiarios del sistema previsional que tiene actualmente la Caja de previsión de la entidad”, dado que el proyecto plantea achicar sustantivamente los honorarios de los profesionales matriculados.
“Si vos querés ayudar al inquilino no habría que cobrar los aranceles para el sellado y para los informes de inhibición y dominio”, aseguró José María Sacco, vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerense, planteando una medida alternativa.
Del mismo modo, planteó: “Lo único que van a lograr es que se reduzcan las posibilidades de alquilar, y si el propietario lo acepta lo va a terminar trasladando al precio”.
En esa línea, agregó: “Los legisladores se siguen equivocando, este dictamen de minoría, que ya fue rechazado por la oposición, en lugar de favorecer al locatario o al inquilino, lo va a perjudicar más”, y cerró: “Son medidas populares y pre-electorales”.