José María Sacco, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de General San Martín, destacó la importancia del proyecto de modificación de la Ley Profesional de Martilleros y Corredores Públicos (Ley 10.973), presentado por el diputado provincial Rubén Eslaiman, y aseguró que esta iniciativa representa un cambio trascendental para el sector inmobiliario.

El proyecto de ley respaldado por el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires propone que aquellos matriculados en otros colegios o consejos profesionales de la provincia no puedan ejercer simultáneamente como martilleros o corredores públicos. Además, se prohíbe la matriculación de profesionales que sean auxiliares de la justicia o que tengan vinculación directa o indirecta con las incumbencias del martillero o corredor público.

"Este proyecto marca un antes y un después", afirmó Sacco, quien destacó que “la reforma busca garantizar mayor transparencia y profesionalismo en el ejercicio de la actividad”.

Sacco también se refirió al contexto económico y al impacto que el proceso de blanqueo de capitales y los créditos hipotecarios podrían tener en el mercado inmobiliario. "Antes los teléfonos no sonaban, pero ahora, aunque sea, nos llaman para preguntar por los créditos hipotecarios", comentó. El dirigente confía en que el blanqueo de capitales pronto se volcará a la compra de inmuebles, lo que beneficiará al sector.

A través de un comunicado, El Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires que nuclea a más de 10 mil profesionales del sector denunció que el proyecto presentado por el senador bonaerense Francisco Durañona “se enmarca en una estigmatización y persecución de la profesión”, y advierte que dicho proyecto “no es una ley de alquileres”, dado que las locaciones se legislan a través del Código Civil y Comercial de la Nación”.

El vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerenses, José María Sacco, aseguró que “es falso que el proyecto esté destinado a facilitar el acceso a los sectores populares porque incluye todo tipo de inmuebles”, y afirmó que “en los fundamentos se falta a la verdad cuando aseguran que las inmobiliarias cobran cualquier cosa”.

“En la provincia no hay una sola denuncia por cobro excesivo de honorarios por parte de funcionario alguno, legislador, asociación o particular”, señaló Sacco.

El proyecto impulsado por el senador Durañona plantea, entre otros aspectos, que sobre las viviendas con destino urbano o rural se cobre hasta un 4 por ciento de honorarios a cargo del locador sobre el primer año de contrato.

Desde el Colegio de Martilleros aseguran que de aprobarse la iniciativa “generará un enorme perjuicio sobre los más de 200.000 puestos de trabajo que genera el sector y también sobre los 2500 beneficiarios del sistema previsional que tiene actualmente la Caja de previsión de la entidad”, dado que el proyecto plantea achicar sustantivamente los honorarios de los profesionales matriculados.

“Si vos querés ayudar al inquilino no habría que cobrar los aranceles para el sellado y para los informes de inhibición y dominio”, aseguró José María Sacco, vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerense, planteando una medida alternativa.

Del mismo modo, planteó: “Lo único que van a lograr es que se reduzcan las posibilidades de alquilar, y si el propietario lo acepta lo va a terminar trasladando al precio”.

En esa línea, agregó: “Los legisladores se siguen equivocando, este dictamen de minoría, que ya fue rechazado por la oposición, en lugar de favorecer al locatario o al inquilino, lo va a perjudicar más”, y cerró: “Son medidas populares y pre-electorales”.