En el Congreso, el BM presentó su informe sobre clima y desarrollo para Argentina

Con la presencia de numerosos legisladores de Juntos por el Cambio, el organismo analizó los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible del país.

En un encuentro organizado por la senadora nacional Gladys González y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Martín Berhongaray, se presentó este miércoles por la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación el “Informe sobre Clima y Desarrollo del país – Argentina” realizado por el Banco Mundial, a cargo de Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay y Mariana Conte Grand, economista senior en Desarrollo Sostenible del Banco Mundial.

Participaron miembros de importantes organismos de financiamiento internacional como el BID, la CAF, el PNUD, y de organizaciones y fundaciones relacionadas con el ambiente: Fundación Humedales, Fundación Temaiken, AIDIS Interamericana, Banco de Bosques,  Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Sustentabilidad sin Fronteras, Consciente Colectivo, Círculo de Políticas Ambientales, Fundación Barbechando y Fundación Vida Silvestre, entre otras. También estuvieron presentes los diputadis nacionales Graciela Camaño, Margarita Stolbizer, Camila Crescimbeni, Ricardo López Murphy, Pedro Galimberti y Víctor Hugo Romero; los senadores Edith Terenzi y Víctor Zimmermann, la diputada nacional (MC) Fernanda Reyes y el legislador porteño Hernán Reyes

El informe presentado explora oportunidades e identifica alternativas para alinear las políticas de crecimiento y reducción de la pobreza de Argentina con sus compromisos y su capacidad para resistir el cambio climático. Evalúa cómo el país puede reducir su vulnerabilidad a los shocks climáticos a través de inversiones públicas y privadas específicas y la adecuación de la protección social.

También muestra cómo Argentina puede aprovechar los beneficios de la tendencia de descarbonización global para sostener un crecimiento económico más sólido a través de un mayor desarrollo del potencial del país para las energías renovables, acciones de eficiencia energética, la cadena de valor del litio, así como la agricultura climáticamente inteligente y el uso sostenible de la tierra.

“La Argentina tiene la oportunidad de avanzar en la acción climática y crecer de manera más sostenible”, dijo Marianne Fay, Directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Algunas acciones prioritarias incluyen impulsar las energías renovables y aumentar la eficiencia energética, transformar el sector agrícola, reducir la deforestación y descarbonizar las actividades logísticas”, sostuvo Fay, en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.

En su presentación, la economista Mariana Conte Grand describió a esta nueva publicación del Banco Mundial como “un informe analítico y también práctico ya que señala posibles acciones para que el país pueda aumentar su resiliencia mientras que hace más sostenible su producción”. Destacó que “los impactos socioeconómicos del clima inciden en el crecimiento del país y en la lucha contra la pobreza” y que “no hay un dilema entre el clima y el desarrollo, sino que las acciones que se toman por el clima también se toman por el desarrollo”. A modo de conclusión, señaló que “si bien hay incertidumbre, existen escenarios en los que el país se puede beneficiar”, requiriendo distintas acciones como inversiones en el aprovechamiento del agua, cadenas de valor más sostenibles, despliegue del potencial en energías renovables, mejora en la eficiencia energética y desarrollo del litio.

Para la senadora Gladys González, es importante “contar con los datos y la evidencia científica del Banco Mundial como un insumo para que todos entendamos la incidencia del cambio climático en el desarrollo de nuestro país”.  Asimismo, recalcó que “esa incidencia se traduce en graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por eso, es necesario reconocerla, generar políticas de adaptación y además aprovechar las oportunidades de liderar la transición que tiene Argentina”.

Mientras que el diputado Maximiliano Ferraro expresó que “el informe demuestra de forma acabada el vínculo directo entre la acción climática y la reducción de la pobreza y propone distintas líneas de acción para nuestro país”. Y agregó que “es contundente en su descripción de los desafíos y del potencial de la acción climática para impulsar el desarrollo de la Argentina y la sostenibilidad de nuestra producción”.

Este Informe sobre el clima y el desarrollo del país (ICDP) es un esfuerzo de colaboración del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), producido por un equipo central dirigido por Julie Rozenberg (economista principal) y Mariana Conte Grand (economista senior).

La Pampa: Berhongaray no renovará su banca y habrá interna en JxC

La lista definitiva de JxC se dirimirá en las PASO, ya que Torroba irá por la boleta de Rodríguez Larreta, y Ardohain por la de Bullrich. El ministro provincial Rauschenberger irá por UP.

El diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical) debía renovar su banca en la Cámara de Diputados, que finaliza su mandato el 10 de diciembre del 2023, pero decidió bajarse ante la “falta de unidad” de Juntos por el Cambio en su provincia.

Al no lograr la unidad de Juntos por el Cambio en La Pampa, habrá dos listas: una encabezada por Francisco Torroba, exdiputado nacional y actual legislador provincial, por la boleta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta; mientras que Martín Ardohain (presidente del bloque Propuesta Federal en la Legislatura pampeana) encabezará la lista de precandidatos de Patricia Bullrich.

Ambas listas de JxC tienen mezclados a integrantes tanto del Pro, como de la UCR pampeana. Torroba estará acompañado por Adriana García (excandidata a intendenta de General Pico por el Pro), y como postulante al Parlasur irá Ramino Vigne, también del Pro.

Francisco Torroba encabeza la lista de Horacio Rodríguez Larreta en La Pampa.

Por el lado del precandidato de Bullrich, Ardohain estará secundado por Adriana Leher (legisladora provincial de General Acha), Federico “Colo” Roitman (fue precandidato a intendente de Santa Rosa) y Lorena Ruíz (integrante de la lista a concejal de Intendente Alvear en la candidatura provincial de Berhongaray).

Ardohain es el precandidato de Patricia Bullrich en La Pampa.

La provincia pampeana debe renovar las bancas en la Cámara baja de Hernán Pérez Araujo (FdT) y Martín Berhongaray (Evolución Radical), quien fue candidato a gobernador de La Pampa, tras derrotar en las PASO a Martín Maquieyra (Pro) el 12 de febrero, pero cayó ante el gobernador Sergio Ziliotto en las generales del 14 de mayo.

La fórmula de UP

Por el lado, del peronismo pampeano, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa, Ariel Rauschenberger (integró la Cámara baja en el período 2017-2021), encabezará la lista única de precandidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria, y será acompañado por Alejandra Charruff (escribana e integrante del Consejo de Administración de la localidad de Eduardo Castex).

Rauschenberger fue diputado nacional del 2017 al 2021 por el Frente para la Victoria.

Además, los diputados nacionales suplentes serán: Pascual Fernández (intendente de Uriburu) y Andrea Bautista (colaboradora en Desarrollo Social provincial). Como precandidato para el Parlamentario Titular del Mercosur irá Jorge Gaitán, y los suplentes serán Andrea Maurino y Ariel Castaldo.

Por el Frente de Izquierda- Unidad, los precandidatos a diputados nacionales son: Jonatan Gómez y Julia Baleani. Además, habrá un precandidato al Parlausr: Luciano González.

NOTICIA EN DESARROLLO

Berhongaray: “El presidente desperdició una oportunidad de llamar a la unidad nacional”

El diputado de JxC sostuvo que la sociedad “está muy angustiada por los problemas estructurales”.

El diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical – La Pampa) sostuvo que el presidente Alberto Fernández “desperdició una nueva oportunidad de llamar a la unidad nacional”, tras su discurso en la Asamblea Legislativa del miércoles pasado.

Además, expresó que el mandatario no logró “hacer una amplia convocatoria al diálogo que es el único camino posible para resolver las urgencias que tiene el país”.

En esa línea, agregó: “Eligió una vez más el camino equivocado que significa seguir consolidando las divisiones y profundizando las diferencias de una sociedad que está muy angustiada porque los problemas estructurales del país no sólo no se resuelven, sino que se agravan con el paso de los años”

En el final, manifestó: “Falta una enorme cuota de humildad en la dirigencia para reconocer que los sucesivos gobiernos no han podido dar las respuestas suficientes”, y cerró: “Hay que entender que solo un gran acuerdo nacional detrás de definiciones al mediano y largo plazo va a permitir salir de la crisis en la que estamos”.

En La Pampa arranca el calendario electoral 2023

La confrontación principal de este domingo será entre dos diputados nacionales, en el marco de Juntos por el Cambio.

En pleno verano, comienza este domingo a desperezarse el dilatado calendario electoral 2023, con las primarias en la provincia de La Pampa. Serán elecciones primarias y habrá seis listas, de las cuales solo Juntos por el Cambio ofrece una disputa, entre el candidato de la UCR y el del Pro.

Por su parte, el oficialismo lleva al gobernador Sergio Ziliotto como candidato a la reelección.

Las elecciones generales provinciales están previstas para el 14 de mayo próximo y para entonces el Frente Juntos por el Cambio-La Pampa propone elegir entre dos diputados nacionales: el radical Martín Berhongaray, quien será secundado por Patricia Testa. En la vereda de enfrente, el Pro lleva las candidaturas de Martín Maquieyra y Jose fina Díaz.

El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad propone al dirigente de ATE Luciano González, acompañado por Sofía Mercedes Fernández. Por el partido provincial Desde el Pie, van Claudio Acostado y María Laura González; desde el Movimiento Federalista Pampeano proponen a Héctor Fazzini y a Sonia Analía Wisner.

El exintendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno (destituido en 2008 por abuso de autoridad), se postula junto a Viviana Winschel.

La disputa en JxC

Está dicho que esta será la primera disputa interna de este año entre el radicalismo y el Pro. Maquieyra, quien tiene mandato hasta 2025, llega con el aliciente de la resonante victoria de 2021, cuando encabezó la lista de Juntos por el Cambio, y venció al peronismo tanto en las PASO, como en las elecciones generales.

En el caso de Berhongaray, su mandato como diputado nacional vence este año.

Radicales fueron a apoyar la candidatura de Berhongaray

En La Pampa hay primarias este domingo y por Juntos por el Cambio se enfrentan dos legisladores: el diputado Martín Berhongaray (UCR) y su colega Martín Maquieyra (Pro).

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el senador nacional Martín Lousteau recorrieron este jueves el centro de Santa Rosa, La Pampa, junto al precandidato a gobernador Martín Berhongaray.

“Tenemos que terminar con el kirchnerismo, porque han cumplido un ciclo, y ellos no lo ven. Se cayó un modelo de impunidad, por eso van contra la Corte y la Justicia, porque la verdad es que deberían estar todos presos”, dijo Gerardo Morales.

En esa línea, Lousteau sostuvo que “es inadmisible que se discuta hacer un juicio político a la Corte Suprema en medio de todos los problemas que tiene la Argentina”.

“Este domingo comienza el cambio cuando este radicalismo unido y renovado gane las internas para elegir el candidato gobernador con Martín Berhongaray y así poder tener un Juntos por el Cambio mucho mejor, con dirigentes e ideas nuevas”, sostuvo Lousteau.

Los dirigentes nacionales visitaron la Casa Museo Antonio “Pacheco” Berhongaray junto a dirigentes locales como el senador nacional Daniel Kroneberger y la diputada nacional Marcela Coli.

Caminaron por la calle San Martín donde dialogaron con vecinos y comerciantes, después visitaron el Comité Provincia de la UCR y por la noche hablaron en el cierre de campaña desarrollado con un gran asado en el Centro de Empleados de Comercio.

Morales y Lousteau llegaron a La Pampa para mantener una intensa actividad para respaldar a Berhongaray y su compañera de fórmula, Patricia Testa. Lo hicieron encabezando una importante delegación de diputados y senadores nacionales de la UCR integrada, entre otros, por los legisladores Rodrigo De Loredo, Flavio Fama, Emiliano Yacobitti, Eduardo Costa y el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad.

El diputado Martín Berhongaray encabezó la inauguración de una a Casa Museo en Santa Rosa 

Con la presencia de todo el arco político, y con un mensaje de unidad, quedó inaugurada la Casa Museo “Pacheco Berhongaray” en la calle Perú 733, en Santa Rosa, La Pampa.

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Berhongaray encabezó la inauguración de la Casa Museo en honor a su padre e histórico dirigente Antonio “Pacheco” Berhongaray, en la calle Perú 733, en Santa Rosa, La Pampa. 

El encuentro contó con la presencia de todo el arco político, y se llevó adelante con un mensaje de unidad y civismo: “Hoy hay dos hechos a destacar, los muchos gestos de reconocimiento y de respeto hacia la persona de mi padre por los muchos aportes que le hizo a La Pampa y al país. Pero también, un mensaje muy claro y contundente a toda la Argentina porque con humildad desde La Pampa se vio lo que muchos interpretan como una lección de civismo y convivencia democrática”, manifestó el legislador. 

Y agregó: “Cuando hay un objetivo que tiene que ver con el bien común, es muy fácil superar la grieta y generar los acuerdos. Agradezco al gobernador y demás funcionarios, inclusive provinciales y municipales justicialistas, que han venido a mostrar que un adversario político no es un enemigo y qué hay que seguir trabajando para lograr los entendimientos que necesita el país”. 

“Ahora el sitio está preparado para mostrar documentos, fotos, escritos y objetos que dan testimonio de las múltiples facetas en que participó una persona que fue un hombre de la democracia”, cerró Berhongaray. 

En el evento inaugural se destacó la presencia del hijo del histórico dirigente, Martín Berhongaray que es diputado nacional por La Pampa y sigue la huella de su padre. Además, contó con la presencia del gobernador Sergio Ziliotto, el vicegobernador Mariano Fernández, el exgobernador Rubén Hugo Marín y el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli

El recordado Pacheco Berhongaray, entre tantos cargos públicos que ocupó le tocó ser presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical; senador nacional por La Pampa dos veces (con Alfonsín en el gobierno fue presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta); diputado nacional; convencional nacional constituyente; secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería; fue miembro informante y autor de numerosas reformas al Código de Justicia Militar, Ley de Defensa Nacional y la Ley de Traslado de la Capital a Viedma. Y se destaca que fue coautor de la Ley que establece el juramento de fidelidad a la Constitución Nacional de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Ante nuevos focos de incendios, Berhongaray exige “tratar ya la ley de humedales”

El diputado pampeano advirtió que “otra vez los humedales están en peligro”, tras los nuevos incendios en el Delta del Paraná.

Mientras los proyectos de ley para la protección y conservación de los humedales se encuentran encajonados en la Cámara baja a la espera del dictamen y continúan los incendios en el Delta del Paraná, distintos diputados de la oposición exigen que se retome cuanto antes el debate. Uno de ellos es el diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical – La Pampa) quien exigió este jueves “tratar ya la ley de humedales”.

El pampeano aseguró que “sin más demoras hay que sancionar la Ley de Humedales que establezca parámetros mínimos pero certeros sobre cómo protegerlos y garantizar que sigan prestando todos sus servicios ecosistémicos y productivos. Esta ley va a dejar menos margen para que se hagan quemas intencionales de campos y le va a dar más herramientas a la Justicia para que actúe sobre los responsables de destruirlos”.

Por otra parte, el diputado señaló que “es necesario que se apliquen otras leyes ambientales que están vigentes como la Ley de Fuego o la de gestión ambiental de aguas, pero en Argentina hay fuertes intereses económicos y políticos que siguen frenando su cumplimiento”.

“Hay muchas provincias que se resisten a aceptar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994 porque quieren seguir explotando sus recursos naturales de manera unilateral y arbitraria, y no se dan cuenta de que por ese camino van a terminar destruyendo el ambiente y el futuro de muchas generaciones”, criticó el radical.

Cabe recordar que el tratamiento legislativo de la Ley de Humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a Diputados.

Proponen simplificar la actualización de la declaración de bienes de funcionarios 

El diputado radical Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan entenderlas de manera sencilla.

El diputado nacional radical Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley en el Congreso para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan analizar de manera sencilla si un funcionario de un año a otro “se ha enriquecido indebidamente o no”. 

El legislador sostiene que “para que pueda haber control ciudadano, las cosas tienen que ser más simples, así como están planteadas hoy por hoy, es imposible, lo que hace aún más complejo si tenemos en cuenta la volatilidad y la inflación de un país como el nuestro”, explica el diputado Berhongaray al detallar los motivos por los que propone cambios a la ley. Asimismo, señala que “hoy un mismo bien tiene un valor X en bienes personales y un valor Y en la declaración de ganancia, eso no puede ocurrir”. 

Por otra parte, el diputado por La Pampa propone en su proyecto la creación en el ámbito del Congreso de la Nación, de la Comisión Nacional de Ética Pública -que estará integrada por once miembros- ciudadanos de reconocidos antecedentes y de prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período. Los mismos serán designados: a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el Procurador General de la Nación; d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación. 

Berhongaray: “Es absurdo derivar fondos nacionales a una ruta destruida”

El diputado de Evolución Radical señaló que “los recursos de Vialidad Nacional hacia La Pampa no responden a ninguna lógica”. Además remarcó que “hay obras más urgentes en la provincia”.

El diputado nacional Martin Berhongaray (UCR – La Pampa) cuestionó la derivación de fondos nacionales (mediante 4 convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia) para mejorar rutas provinciales cuando cerca del 80 por ciento de las rutas nacionales en esa provincia están en estado “regular o malo”.

En ese sentido, el diputado señaló que “hace rato que el criterio con el que se asignan los recursos de Vialidad Nacional no responde a ninguna lógica, porque lo razonable sería que los recursos se destinen a las obras que son más urgentes y esas son las rutas que están más deterioradas y que tienen más tránsito”.

Además agregó que “La Pampa ocupa el primer lugar en el podio de las provincias más necesitadas de inversiones por kilómetro en su red vial nacional, pero la plata la usan para otras cosas y cada vez la situación se agrava más”.

Por ello pidió informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo brinde un detalle de las consideraciones técnicas y financieras que justifican que los cuatro convenios anunciados el 15 de abril de 2021 por la provincia de La Pampa y el Administrador General de Vialidad Nacional para mejorar rutas en jurisdicción de la Provincia de La Pampa por 4.700 millones de pesos, resultaron recientemente actualizados a la cifra de 8.800 millones de pesos.

Por otro lado, Berhongaray quiere que le expliquen las razones objetivas en función de las cuáles el grueso de dichos fondos no va a ser destinados a obras de la red vial nacional, siendo que según metodologías de evaluación objetivas el 74 por ciento de dicha calzada en jurisdicción de La Pampa se encuentra en estado regular o malo.

El legislador reclama que se indiquen los motivos que se han evaluado para priorizar en la asignación de los recursos correspondientes a Vialidad Nacional, a las tareas destinadas a la reparación de rutas provinciales que, además de estar en mejores condiciones, presentan registros de tránsito “sensiblemente menores” a los verificados en la mayor parte de los tramos de la red nacional.

“La diferencia de tránsito entre las rutas provinciales a donde irán los fondos y las nacionales que siguen siendo olvidadas en muy notorio porque alcanza cerca de un 50 por ciento”, acotó el legislador, y agregó: “Está claro qué hay una gestión inadecuada en cuanto a las necesidades que tienen las rutas nacionales”.

El radical concluyó: “Es indispensable que el responsable en La Pampa de Vialidad Nacional le proponga a la Casa Central las obras que son más urgentes y que se le otorguen la máxima prioridad sobre otros pedidos que no son tan indispensables, para evitar el dispendio de recursos y esfuerzos”.

Piden informes tras el nuevo aumento de combustibles

Diputados de JxC reclaman a las autoridades de Economía y Energía conocer el impacto sobre precios de alimentos y bienes y servicios.

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación, a partir de los sostenidos incrementos en los precios locales de comercialización de los combustibles que se vienen registrando en los últimos meses.

“No hay dudas de que los constantes y sostenidos aumentos que se vienen registrando en los combustibles atentan contra la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país, que se ven imposibilitados de absorber estos incrementos en sus estructuras de costos”, planteó el legislador pampeano, que quiere saber el impacto inflacionario de los incrementos sobre los bienes y servicios de la economía -en general- y sobre los precios de los alimentos -en particular-.

Asimismo plantea saber cómo tales aumentos repercutirán en el valor mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) del país, como así también las proyecciones oficiales que tales incrementos generan sobre la medición de la pobreza con el método de Línea de Pobreza.

El cuestionamiento se registra tras este tercer incremento de los combustibles en lo que va del año, que observó “representa un acumulado para estos primeros cinco meses de un 21 % (para las naftas super) y más de un 40 % para los productos premium, ubicándose así muy por encima de la inflación de enero/abril”.

“Estas subas repercuten previsiblemente en un alza generalizada de los costes asociados tanto a la producción de bienes y servicios del país, como al transporte y acarreo de materias primas y productos elaborados, resintiendo la economía de la cadena productiva y afectando seriamente la capacidad de compra de la población. Todo ello determina una mayor incidencia de la pobreza y de la indigencia en los hogares del país”, señaló el legislador pampeano, que pide conocer un detalle la evolución de las distintas variables que conforman el precio de venta de combustibles al público, como así también la evolución de los costos asociados a la refinación y comercialización.

En palabras de la consultora Focus Market, si bien el aumento del combustible para uso del auto particular es más visible para el público en general, el diputado radical sostiene que “hay un efecto más preocupante e invisible en el transporte de carga, porque impacta en los precios de los bienes que adquirimos en góndola”.

El pedido cuenta con el acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, María Eugenia Vidal, Danya Tavela, Alberto Asseff, Gabriela Brouwer de Koning, Alejandro Cacace, Juan Martín, Lidia Ascárate, Pablo Cervi, Marcela Antola, Gerardo Milman, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Dolores Martínez, Héctor Stefani, Carlos Zapata, Juan Carlos Polini, María Victoria Tejeda, Ana Clara Romero, Sebastián Salvador, Alfredo Schiavoni y Aníbal Tortoriello.

Grosso fue reelecto presidente de la Comisión de Recursos Naturales

El diputado oficialista enumeró una serie de temas que deberán trabajarse, entre ellos la demorada ley de humedales.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) fue reelecto este jueves al frente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. “Es una alegría para mí, un orgullo y una responsabilidad que espero llevarla como corresponde”, expresó al asumir la conducción de la reunión.

En la designación de autoridades, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) fue designado como vicepresidente primero; la misionera Cristina Britez (FdT), como vicepresidenta segunda; y las diputadas Camila Crescimbeni (Pro), Natalia Zaracho (FdT) y Ximena García (UCR), como secretarias.

Grosso destacó que “esta comisión ha trabajado mucho en los últimos años” gracias al haber construido “acuerdos transversales entre los distintos bloques” a partir de “discusiones importantísimas”. Asimismo, consideró que “el espíritu que tenemos que tener para adelante” es el de “mucha responsabilidad y compromiso”.

El legislador observó que la agenda ambiental “ha avanzado a pasos agigantados” en la sociedad y dentro de “los principales partidos políticos que son los que tienen representación parlamentaria”. “Aprovechemos esta realidad para hacernos cargo de construir un programa ambiental”, pidió.

Sobre los temas que debe abordar la comisión, el oficialista resaltó: “Si hay un nombre y apellido en temas ambientales se llama ley de humedales. Tenemos que afrontar esa discusión en esta comisión, y en el conjunto del Parlamento y con la sociedad argentina. No podemos seguir esperando a que se vuelvan a prender fuego en septiembre de este año nuestro humedales”.

También enumeró “envases, plásticos de un solo uso, ley de bosques, agroquímicos, cinturones verdes, fomento a la agroecología” y “desafíos nuevos que aparecieron en países hermanos con mucha fuerza”, como “los derechos de la naturaleza o el derecho al agua”.

Por su parte, Berhongaray expresó que es “un enorme desafío trabajar en esta materia que no tiene tanta historia y que está en permanente evolución en Argentina y en el mundo”. En cuanto a la normativa vigente sobre ambiente, advirtió que “es una legislación dispersa, asistemática y multijurisdiccional”, al tiempo que existe además una “permanente superposición de jurisdicciones y funciones que genera crisis de competencia, porque permanentemente se mezcla lo técnico con lo político”. “Hay que trabajar en la legislación pero también en políticas de coordinación y de cooperación federalista”, completó.

Por el Frente de Todos integran la comisión Fabiola Aubone, Lisandro Bormioli, María Cristina Britez, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Leonardo Grosso, Máximo Kirchner, Florencia Lampreabe, Mónica Litza, María Rosa Martínez, Alejandra Obeid, Leandro Santoro y Natalia Zaracho.

Desde Juntos por el Cambio son miembros Martín Arjol, Martín Berhongaray, Sofía Brambilla, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Maximiliano Ferraro, Federico Frigerio, Ximena García, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Jorge Vara y Pamela Verasay.

La integrante que completa la nómina de 31 diputados es la bonaerense Graciela Camaño, del interbloque Federal.

En la reunión se ratificó que la comisión se reunirá los días martes a las 14.30.

Proponen retirar planes sociales a quienes ataquen el mobiliario público nacional

Los diputados Martín Tetaz y Martín Berhongaray también buscan incorporar una sanción en el Código Penal.

Los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Martín Berhongaray presentaron dos proyectos de ley que buscan sancionar a quienes sean beneficiarios de planes sociales y ataquen edificios públicos. Una medida de este tipo fue la que tomó el propio Gobierno nacional contra uno de los acusados de atacar el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada.

El texto del proyecto plantea que se excluya “del pago de beneficios sociales, subsidios, y planes sociales a todo aquel que participe individual o colectivamente en el ataque al mobiliario público nacional según lo dispuesto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal de la Nación”.

Asimismo, indica que deberán propiciarse “la realización de tareas de trabajo voluntario en concepto de reparación de los daños causados a quien se encuentren excluidos de los beneficios”.

Pero va más allá al establecer que se sancione “a los representantes de organizaciones, jefes de organizaciones políticas y todo aquel que coordine, promueva, incite u organice ataques colectivos contra el mobiliario público con multa de dos veces el valor de los daños materiales”.

También, los diputados de Juntos por el Cambio piden que se “aplique ‘Protocolo de Manifestaciones Públicas’ dispuesto por el Ministerio de Seguridad en el año 2016 (bajo la conducción en ese momento de Patricia Bullrich) en todo el territorio nacional”.

La otra iniciativa busca incorporar un párrafo al artículo 211 del Código Penal, incluido en el capítulo de delitos contra el orden público, de modo de establecer que podrá ser sancionado con penas que van desde los 2 a los 10 años de prisión, aquel que “en el transcurso de una manifestación pública, utilizare elementos aptos para ocultar su identidad, y llevare o tuviere consigo objetos capaces para producir daño a las personas o a las cosas, en particular mediante golpes, cortaduras o fuego”.

Al respecto, Berhongaray sostuvo que “la experiencia cotidiana brinda ejemplos permanentes de situaciones en las cuales, bajo el pretexto de manifestar su opinión, o de reclamar un derecho o una prestación, se producen actos de violencia ajenos a la libre expresión del pensamiento, con el resultado de daños a las personas o a las cosas”.

“Lo ocurrido con ocasión del debate sobre el financiamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde un grupo muy reducido de personas -con violencia y ocultando su identidad- atentaron mediante medios incendiarios contra personal policial, con resultado de graves lesiones, y dirigieron una pedreada contra el edificio del Congreso de la Nación, es buena muestra de lo expresado”, agregó el pampeano.

Comités radicales de tres provincias piden a sus diputados volver al bloque de Negri

Como correlato de la fractura registrada esta semana en la Cámara de Diputados dentro del radicalismo, instan a legisladores de Neuquén, La Pampa y Entre Ríos a rever su decisión.

El bloque UCR Evolución, que encabeza el cordobés Rodrigo de Loredo, tiene 12 miembros. Ya tres partidos provinciales pidieron a sus legisladores dejar esa bancada y volver al bloque radical que conduce Mario Negri.

Encabezó la lista la UCR neuquina, cuyo presidente Juan Peláez, hizo un llamado a la dirigencia nacional a “agotar todas las instancias de negociación posibles a los fines de lograr la reunificación del bloque de diputados nacionales”.

“Ningún interés sectorial, por fundado que sea, puede estar por encima de la unidad partidaria, que no solo reclaman los correligionarios/as, sino la sociedad en su conjunto, que ve a la UCR como actor imprescindible en la construcción de JxC”, señala el documento neuquino, que insta al diputado nacional Pablo Cervi a que “lleve adelante las gestiones necesarias para la reunificación del bloque radical. En el caso que ello no fuera posible, se le solicita su reincorporación al bloque de la UCR”.

En el mismo sentido la UCR de La Pampa instó a Martín Berhongaray a reincorporarse al bloque radical que encabeza Mario Negri. Tras expresar “su profunda preocupación y desacuerdo con la escisión del bloque de diputados nacionales del radicalismo, suceso que contradice los principios básicos del respeto a la institucionalidad y al acatamiento de las decisiones tomadas democráticamente que priman en el radicalismo”, instan a Berhongaray “a rever su decisión y a que realice todos los esfuerzos a su alcance para que las demás diputadas y diputados nacionales lo acompañen en la búsqueda de los acuerdos que permitan la inmediata reunificación de ambos sectores”.

En tanto que la Unión Cívica Radical entrerriana requirió a la diputada nacional Marcela Antola “que retorne al bloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. “Manifestamos nuestro desacuerdo con cualquier acción que resulte en la división o sectorización innecesaria. Desde esta perspectiva, solicitamos enfáticamente a nuestros legisladores a rever la medida de división del bloque en las cámaras”, señalaron.

Piden informes sobre la presencia de arsénico y flúor en el agua del noroeste de la llanura pampeana

Diputados de Juntos por el Cambio advirtieron que representa “un riesgo para la salud pública”, al tiempo que pidieron por acciones para revertir la situación.

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Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Martín Berhongaray, solicitaron al Poder Ejecutivo informes sobre la elevada presencia de arsénico y flúor en el agua en la región hídrica del noroeste de la llanura pampeana.

En el proyecto, los legisladores expresaron que los niveles de arsénico y flúor en las aguas subterráneas, que superan las concentraciones recomendadas por la normativa aplicable, “representan un riesgo para la salud pública y es uno de los temas más importantes que debe resolver la provincia”.

“Es cierto que la contaminación excede los límites de La Pampa, ya que abarca una zona más extensa que alcanza gran parte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, entre otras. De allí que la preocupante situación relevada, extensible a otras zonas del área de influencia de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, requiera de la articulación de un manejo armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos, mejorando los instrumentos de gestión interjurisdiccional, lo cual requiere la elaboración de un Plan Director de Gestión Hídrica en esa zona”, advirtieron.

Entre otras cuestiones, los diputados apuntan a saber si existen reservas comprobadas y posibles de agua apta para el consumo humano y antecedentes de valores de flúor, arsénico y nitratos que registra el agua de consumo humano que se suministra a la población, discriminado por localidad.

Además, el pedido de informes pide estudios poblacionales y registros de casos clínicos de hidroarsenicismo crónico regional endémico (“HACRE”) o de enfermedades relacionadas con la presencia en exceso de estos elementos y si existe en la actualidad un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y Subterránea para la detección y determinación de arsénico de la Región de la Cuenca Hídrica indicada.

El proyecto también indaga sobre “acciones y medidas en ejecución y proyectadas para revertir el preocupante cuadro de situación determinado por una oferta de agua potable sensiblemente menor a la demanda” y si se “evalúan otras alternativas que impliquen un abastecimiento importador de agua para dicha región, indicando en caso afirmativo la potencial fuente de provisión”.

La iniciativa fue acompañada por Mario Negri, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Gabriela Lena, Ximena García, Atilio Bendetti, Carla Carrizo, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipollini, Diego Mestre, Jorge Vara, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Alberto Asseff, Julieta Marciolli, María Luján Rey, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello y Martín Maquieyra.

Berhongaray solicitó al Ejecutivo informes por la instalación de una planta de producción de criptomonedas

El diputado radical presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información sobre la instalación en territorio nacional de una planta de producción de “criptomonedas” y sobre el abastecimiento de energía eléctrica.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto de resolución para que, por intermedio de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Economía de la Nación, el Gobierno Nacional informe sobre la instalación de una planta de producción de criptomonedas, en especial, por la contratación de abastecimiento de energía eléctrica.

En el cuerpo del texto, se especifica saber si “las áreas competentes en materia energética, ambiental, y económica han registrado el acuerdo anunciado por la empresa canadiense Bitfarms, para abastecerse de energía eléctrica a través de un Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por 8 años”.

“Si el total del sistema eléctrico instalado en el país, o de inminente instalación, tiene esa capacidad disponible. Si el consumo de esa energía eléctrica utilizada percibirá subsidio de fondos públicos y en caso afirmativo, cuál es la fuente de financiamiento de ese subsidio y cuáles resultan los criterios y justificativos que justifican su otorgamiento”, agrega el autor del proyecto.

Entre los fundamentos, el diputado pampeano detalla que “la capacidad instalada en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles totaliza 224 MW, mientras que la futura central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, según se anunció, contará con una potencia instalada de 210 MW y una generación estimada de 884 GWh/aňo”.

“El incentivo principal para instalarse en el país es, obviamente, económico: el costo de un Bitcoin durante el cuarto trimestre de 2020 fue de aproximadamente U$S 7500 en Quebec; con la tarifa anunciada, durante el mismo período el costo habría sido de U$S 4.125. Un ahorro del 45 por ciento. La instalación se haría aprovechando las condiciones de frío del sur de nuestro país, lo que permite ahorrar en refrigeración, un consumo importante”, explicó el legislador.

En este sentido, aclaró que “no existe en la Argentina, y menos en la Patagonia, donde se presume que quedaría radicada, una central hidroeléctrica en condiciones de suministrar la potencia que menciona como requerida. Obviamente, la aprobación, y construcción de una central de esa clase es inconciliable con el objetivo de comenzar la producción el año que viene”.

La hipótesis de que la radicación se produciría en Tierra del Fuego fue desmentida por el secretario de Energía de esa provincia, quien afirmó categóricamente que “no existe energía disponible o excedente para entregar 210MW”, y negó todo conocimiento de negociaciones al respecto con las prestadoras de servicios eléctricos locales.

Berhongaray indicó que “no se registra la existencia de energía disponible ni se advierten perspectivas de que ello ocurra en fecha cercana, y en todo caso no debe olvidarse el compromiso del país con la disminución de emisiones de carbono. Aunque la empresa se proveyera de energía a través de una fuente limpia, la energía resultante de ella no estará disponible para satisfacer las necesidades de producción y consumo; en otras palabras, se restará de la disponibilidad actual de la capacidad total energética del país”.

 Además, destacó que “la generación de criptomonedas es una industria cuya ocupación de mano de obra es sumamente escasa, y cuyo tratamiento tributario es difícil de registrar y controlar”.

“No podemos afirmar que el desarrollo de la actividad en cuestión tenga relación con objetivos de bienestar y desarrollo presentados como fundamento de apoyo estatal que se financia con mayor carga tributaria y emisión de moneda”, destacó el diputado radical y concluyó que “la información disponible sobre la radicación y las referencias acerca de la contratación con un generador o proveedor de energía y, la relación de esta inversión con los subsidios vigentes para el consumo de energía eléctrica, tampoco conducen a verificar tales objetivos”.

Diputados de JxC piden incorporar la fibromialgia al PMO

El radical Martín Berhongaray presentó la iniciativa que tiene como objetivo brindar una cobertura integral a las personas que padecen esta enfermedad.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un proyecto de ley para crear el “Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Control de la Fibromialgia”, bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.

El objetivo principal del proyecto es incorporar a la fibromialgia dentro de las prestaciones comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), garantizando su cobertura integral y obligatoria por parte de todas las obras sociales -del sector público, sindical o privado-, las entidades de medicina prepaga y los agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean.

“Vivir con fibromialgia significa para muchos pacientes soportar un dolor constante y fatiga habitual, malestar generalizado y desgano que les impide sostener una rutina de trabajo, actividad física y vida familiar. En muchas situaciones, esta enfermedad puede llegar a ser invalidante”, remarcó el legislador.

Según consta en el proyecto, la fibromialgia resultó reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud a partir del año 1992, pero en nuestro país aún no goza de la suficiente cobertura a nivel asistencial, laboral y social, destaca la iniciativa.

En el país no hay estadísticas oficiales respecto de la cantidad de personas que padecen fibromialgia, pero se estima que la prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 3% y el 6% de la población, de acuerdo a datos recabados a nivel global por la OMS. La fibromialgia afecta a las mujeres en una proporción diez veces mayor que a los hombres.

Berhongaray resaltó que “la importancia de contar con una ley nacional de fibromialgia radica no sólo en la necesidad del reconocimiento de su cobertura integral -a través de su incorporación en el PMO-, sino también que, al tratarse de una enfermedad ciertamente inhabilitante, conforme sea el grado de dolencia, la persona pueda obtener el correspondiente certificado de discapacidad”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Alejando Cacace, José Cano, Gonzalo del Cerro, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Víctor Hugo Romero y Sebastián Salvador.

Desde la UCR criticaron el proyecto que propone cambios en el INTA

Diputados nacionales del bloque radical manifestaron su disconformidad por el proyecto presentado por el oficialismo para modificar la integración del INTA, debido a que lo consideran “otro avance contra el campo”.

El primero en hablar sobre el proyecto fue el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) quien salió al cruce de la iniciativa que propone “modificar la conformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expulsar de su conducción a los representantes de los sectores productivos”. Luego se sumó el rechazo de diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) porque se pretende “un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado”, a quienes se sumaron las voces de otros miembros de la UCR.

Benedetti cuestionó el proyecto impulsado por dos diputadas del Frente de Todos para que se modifique la integración del Consejo Directivo y se elimine a representantes de la producción, debido a que la propuesta “daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

El legislador entrerriano aseguró que “de prosperar este proyecto, se estaría volviendo a poner de manifiesto el desprecio enorme que este Gobierno tiene por la integración de las actividades pública y privada, por los productores y por los profesionales de la agronomía y de las ciencias veterinarias”.

Según Benedetti, el proyecto “atenta contra heterogeneidad de actores que integran el organismo y rompe el espíritu con el que fue concebido”. También consideró que “es parte de la ofensiva que sectores del kirchnerismo vienen sosteniendo sistemáticamente contra quienes producen y generan empleo”, y ratificó que “esta polémica iniciativa va en detrimento del control social que ejercen las instituciones representadas en el INTA y daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

“Decían que querían incorporar a nuevas expresiones del agro, cuestión con la que estoy de acuerdo, pero con este proyecto lo único que están haciendo es cercenar la participación de los sectores productivos y académicos, convirtiendo al histórico organismo en un espacio ocupado solo por funcionarios leales al poder de turno”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, el diputado nacional Martín Berhongaray también se refirió a dicha iniciativa de la cual manifestó su rechazo porque “es inaceptable pretender un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado y de las áreas académicas vinculadas con la ciencia y con la innovación del sector agroindustrial”.

“Lo que pretende este proyecto sólo se puede sostener desde una visión del mundo que entiende que todo lo tiene que decidir el sector público, y que el sector privado no tiene nada que decir en el desarrollo de la investigación y de la actividad productiva”, señaló el legislador pampeano.

Además, advirtió que “el proyecto no pretende integrar nuevos actores sociales en la conducción del INTA, sino simplemente dejar el desarrollo tecnológico en manos políticos-partidarias y reducir a un papel asesor a los científicos y a los productores, lo que significa dejarlos sin ningún protagonismo en las decisiones”.

“Si hay nuevos protagonistas en la actividad agrícola, bienvenidos sean y hay que integrarlos, pero de ninguna manera sacarles la representatividad a los actores hasta ahora conocidos”, señaló Berhongaray y aseguró que “comparto la paridad de género en la integración”, pero cuestionó que esa paridad “se puede lograr sin eliminar la representatividad de los actuales sectores productivos y académicos”.

Por último, el dirigente radical remarcó que “en la jerga futbolera se dice que equipo que funciona no se toca. Y el trabajo que se hace desde el INTA no solo que funciona, sino que es un ejemplo a nivel mundial”, motivo por el cual mandó a razonar a los autores de dicho proyecto porque “antes de modificar ese engranaje que es de excelencia, deberían repensar la integración y la dinámica de cantidad de reparticiones estatales que no se sabe que es lo que hacen y para que están”.

En pocas horas, se sumaron al rechazo más dirigentes del Bloque UCR a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el diputado nacional Ricardo Buryaile (Formosa) quien sostuvo “excluir a los sectores productivos del consejo directivo del INTA es destruir el espíritu con el que fue creado: un gobierno igualitario entre sector público y privado. Es arruinar su propósito de generar conocimiento para la producción. Un paso atrás en el agro del SXXI”.

En esta misma línea, continuó la diputada nacional Gabriela Lena (Entre Ríos) que destacó “el oficialismo impulsa en Diputados un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo Directivo del INTA. Deja afuera la representación de las entidades productivas FAA, CRA, CONINAGRO,SRA y aumenta la participación del Gobierno, tanto nacional como provincial”, y agregó que “el INTA es un organismo fundamental de investigación y asesoramiento para los productores. Nació con un concepto de autonomía y autarquía de los gobiernos, pero ahora se lo quiere transformar en un organismo sujeto al poder político”.

“Debilitar el campo, ADN kirchnerista. Una nueva estrategia para debilitar el campo. Otra vez la vocación de extender el poder K. Vamos a defender su histórica integración y la legitimidad de quienes hoy integran el Instituto, representando profesionales, técnicos y productores”, señaló la diputada nacional Soledad Carrizo (Córdoba).

La diputada nacional Ximena García (Santa Fe) expresó que “el Gobierno busca modificar el INTA para restringir la participación de los productores agropecuarios”, motivo por el cual ratificó el rechazo “no avalaremos otra avanzada contra el sector productivo, hay que terminar con el relato que antagoniza al campo, pilar esencial para el crecimiento y desarrollo”.

Piden informes al Gobierno ante el crecimiento del fenómeno de las criptomonedas

El diputado radical Martín Berhongaray presentó un pedido de informes sobre las consecuencias ambientales y financieras que trae su creación.

criptomonedas

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un pedido de informes para saber si el Poder Ejecutivo “tiene en estudio y elaboración medidas conducentes a evitar aspectos desfavorables vinculados al fenómeno tecnológico de las criptomonedas”. El proyecto se dirige a los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Seguridad; y Economía de la Nación.

En la iniciativa, el legislador radical consulta “si las áreas competentes en materia energética, ambiental, financiera y tributaria tomaron en cuenta la existencia del fenómeno de criptomonedas y de su incidencia” y si se “advirtió sobre la existencia de subsidios al consumo energético que brinda atractivo económico para radicar su producción en áreas extendidas del territorio, transfiriendo al conjunto de los habitantes buena parte de los costos”.

En el texto, el pampeano requirió “si existen estudios acerca de la importancia de esa producción y del consumo consecuente y si se ha evaluado la implementación de políticas regulatorias o cursos de acción acerca de consecuencias financieras, tributarias o vinculadas a la seguridad de la actividad”.

“Los procedimientos para la creación de criptomonedas necesitan tecnología de alta potencia que genera importante consumo de energía eléctrica. Si bien la más conocida es la Bitcoin, existen otras como Ethereum, Dogecoin, Polkadot, Litecoin, entre otras, que permiten inferir que los niveles de consumo de energía eléctrica destinada a la producción del conjunto de ellas puede elevarse a cantidades muy significativas”, explicó.

En ese sentido, Berhongaray señaló que “nuestro país subsidia el consumo de energía eléctrica a partir de fondos nacionales cuya fuente es tanto la recaudación impositiva como la emisión monetaria. A los subsidios acordados a determinados usos se suman, tanto las facilidades para adquirir equipos para desarrollar la minería, como la posibilidad que brindan las criptomonedas de eludir ciertas limitaciones normativas impuestas a la demanda de moneda extranjera, además de la falta de presión impositiva sobre la tenencia de estas divisas electrónicas e, incluso, de la oportunidad que brindan para la circulación de capitales provenientes de actividades ilegales”.

Al creciente requerimiento energético, que un informe de Citigroup de abril de este año, reportó un incremento del consumo del Bitcoin 66 veces mayor al de 2015, se añade la preocupación que generan las emisiones de carbono asociadas a esta minería, que deben ser puestas bajo la lupa y al escrutinio de los distintos gobiernos.

En tanto, investigadores de la Universidad de Nuevo México estimaron en 2019 que cada dólar de valor creado por el Bitcoin generaba 49 centavos de daño a la salud y al medio ambiente en Estados Unidos.

Preocupa el desabastecimiento de neumáticos

El problema, que motivó un pedido de informes al Gobierno, perjudica especialmente sectores clave de la economía como las actividades de la agroindustria y el transporte.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Martín Berhongaray, presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre los problemas para el normal abastecimiento de neumáticos en el mercado, fundamentalmente en lo vinculado a las actividades de agroindustria y transporte.

“El desabastecimiento tiene enorme impacto en el desarrollo de sectores medulares de la matriz productiva nacional y las distintas cámaras que los agrupan manifestaron preocupación por la falta de claridad y previsibilidad en los tiempos de aprobación de las Licencias No Automáticas (LNA), que impide planificar importaciones provocando quiebras de inventarios en las redes de reventa que no logran abastecer estos mercados por la falta de productos”, explicó Berhongaray.

La iniciativa solicita saber el mecanismo de funcionamiento de las LNA; criterios que definen que un producto bajo importación deba tramitarse bajo este tipo de licencia; plan de sustitución de importaciones, y conocer si los organismos de seguridad vial implementan mayores acciones de prevención para paliar la situación de desabastecimiento.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas alertó sobre las consecuencias que acarrea el problema, ya que el 90% de los productos y servicios en Argentina se distribuyen sobre ruedas, en camiones que recorren las rutas.

“El desabastecimiento limita la actividad productiva, industrial y comercial y deja serios interrogantes respecto a la repercusión sobre aspectos relacionados con la seguridad vial. Hallar una rápida solución resulta fundamental para garantizar condiciones normales de desenvolvimiento de sectores esenciales para la economía y del funcionamiento del país”, concluyó el legislador pampeano.

Acompañan esta iniciativa los diputados UCR Karina Banfi, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Juan Martín, Sebastián Salvador, Lorena Matzen, Luis Pastori, Aída Ayala, Mario Arce, Federico Zamarbide, Fabio Quetglas, Lidia Ascárate, Diego Mestre, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipollini, Víctor Romero y Facundo Suárez Lastra.

Propuesta para las obras a realizarse en cuencas hidrográficas

Diputados radicales quieren que cuando se trate de obras interprovinciales, las mismas cuenten con autorización de los gobiernos condóminos.

martin berhongaray

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR  La Pampa) presentó un proyecto para  reformar la Ley 24.354 de Inversiones Públicas, para que en caso de programas y proyectos de cuencas hidrográficas interprovinciales que modifiquen el ambiente o alteren ecosistemas, deberá requerirse la opinión del Comité de Cuenca correspondiente y, de no encontrarse constituido, la autorización de los gobiernos condóminos. Las objeciones totales o parciales formuladas tendrán fuerza vinculante.

“La reforma propuesta se alinea con la fórmula incorporada en el artículo 41 de la reforma constitucional de 1994 que ordena enderezar todas las políticas públicas hacia comportamientos que resguarden la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones”, explicó Berhongaray.

Destacó que “el aprovechamiento de un recurso hídrico será sustentable en la medida de que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, resulten compatibles con la protección del ambiente”.

La iniciativa señala que uno de los principios rectores de la política hídrica es el denominado unidad de cuenca que, a partir de considerarla en su integralidad, reconoce como premisa básica la coordinación institucional y la participación activa en todas las decisiones de manejo por parte de aquellas jurisdicciones que ostenten el carácter de condóminas  o cotitulares del recurso.

“El principio de unidad de cuenca se vulnera cuando en forma inconsulta se dispone un aprovechamiento unilateral de un cauce que, por sus condiciones de interprovincialidad, debiera suponer una administración compartida con injerencia de los gobiernos condóminos, en muchos casos facilitados por la financiación con fondos nacionales las obras de infraestructura que, planteadas para regular caudales y generar energía eléctrica, terminan permitiendo usos consuntivos -irrigación, Industriales, etc- que resienten escurrimientos aguas abajo y ocasionan perjuicios sociales, productivos y ambientales”, señaló el diputado pampeano.

Agregó: “En estos casos es necesario restringir la financiación con fondos nacionales y  en todos los casos, esas decisiones de inversión deben necesariamente requerir el consentimiento -y autorización expresa para su realización- de cada una de las jurisdicciones condóminas”.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical Lidia Ascárate, Ximena García, Gerardo Cipolini y Lorena Matzen.

Diputados preocupados por la clasificación de la vejez como enfermedad

Legisladores de la UCR presentaron un proyecto para que el Ejecutivo explique la decisión de la Organización Mundial de la Salud.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Martín Berhongaray (La Pampa) presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe la intención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incorporar a la vejez en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, a publicarse en enero de 2022.  

Los legisladores indicaron que “esa declaración es contradictoria con la proclamación de la misma OMS de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030”, y quieren saber si los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud Pública están al tanto de la intención del organismo y si las dependencias competentes del Ejecutivo han advertido la contradicción.

 En el escrito, los diputados consideraron que “esa declaración es un error conceptual, toda vez que durante la vejez, al igual que durante las demás etapas del ciclo vital, se producen modificaciones bio-psico-sociales sin que per se ocurran lesiones o trastornos definidos como enfermedad”.

La decisión “no cuenta con bases científicas cuantitativas y cualitativas sólidas; consolida un concepto falso en torno a esta etapa de la vida; promueve estereotipos y prejuicios negativos, sumamente difíciles de revertir una vez que se naturalizan; fomenta el desarrollo de creencias, conductas, prácticas sociales y discursivas, políticas económico-sanitarias ‘viejistas’, es decir, discriminatorias contra las personas por el solo hecho de ser mayores”, apuntaron.

También señalaron que existe una contradicción “en el intento de inclusión en curso y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros documentos internacionales”.

Finalmente, preguntaron “si existe un plan de acción diplomática dirigido a evitar la inclusión mencionada, y un plan de acción interno para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de viejismo cultural, toda vez que las personas mayores tienen la misma dignidad, derechos y libertades fundamentales que el resto de los integrantes de la sociedad”.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales de la UCR Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Gonzalo del Cerro, Gabriela Lena, Gustavo Menna y Jorge Vara.

Desde La Pampa siguen apuntándole a Portezuelo del Viento

Un diputado radical solicita que el PEN informe las condiciones ambientales para la adjudicación de la obra hidroeléctrica. La incidencia de la estatización de IMPSA.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto solicitando al Gobierno que informe cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo Nacional para resolver sobre las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima).

También quiere saber “si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al PEN para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales”.

Además “si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado”.

Por último, “si el PEN ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación”.

El diputado Berhongaray afirmó que “es sabido que con la adquisición 63,7% del capital accionario de IMPSA, en sociedad con la provincia de Mendoza, que ha adquirido 21,2%, el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario, pues es el único oferente, de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”. 

Agregó: “Así ha perdido la imparcialidad para decidir la realización final de esa obra incluso, para definir la realización de un estudio integral de impacto ambiental, requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”. 

“La anterior administración -a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior, y en esa discusión se resolvió el estudio aludido”, explicó. 

Remarcó que “su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”.  

“En tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”, explicó Berhongaray. 

Señaló que “el PEN debe requerir información para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”. 

Agregó que “el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”. 

“Esa situación habría sido advertida por las autoridades de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que ésa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”, concluyó el legislador pampeano.

Proponen un bono extraordinario para otorgar a personas mayores

La iniciativa de diputados de Juntos por el Cambio se entregaría a aquellos individuos que sufrieron demoras en sus trámites jubilatorios durante la pandemia.

Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.

Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.

La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.

“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).

De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.

Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.

Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.

“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.

Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.

Piden explicar la suspensión de las exportaciones de carne

Martín Berhongaray reclamó conocer las medidas que fundamentan semejante decisión adoptada por el Gobierno nacional.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto a los efectos de que el Gobierno nacional ponga de manifiesto, si los hubiere, los estudios en que funda la medida de suspender por 30 días la exportación de la carne, a fin de someterlos a análisis y promover el correspondiente debate.

En relación a ello, solicitó que el Ejecutivo explicite el mecanismo de cálculo y cuantifique el impacto de esta medida, sobre la inflación en general y el precio de carne en particular. Pidió además precisiones sobre el porcentaje anual de exportaciones, durante los últimos cinco años en el conjunto de la producción nacional de carnes para consumo, y cuál es la incidencia de las exportaciones sobre el precio de la carne en el mercado interno.

Entre otros temas pidieron también explicitar cómo funcionaron estas medidas de cierre de exportaciones cuando fueron anteriormente adoptadas en nuestro país y cómo se compensará el menor ingreso de divisas y de recaudación por la disminución de exportaciones que genera esta medida.
“Detalle los estudios y análisis que se hayan efectuado respecto del impacto de la pérdida de trabajo de los empleados directos de la industria exportadora y de toda su cadena de producción cárnica. Y, además, cuáles serán las medidas a implementar para mitigar dicho impacto, explicando su costo y el origen de la financiación necesaria”, pide el proyecto de Berhongaray, que lleva también las firmas de sus pares Mario Arce, Lidia Ascárate, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Albor Cantard, José Cano, Soledad Carrizo, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Diego Mesre, José Luis Riccardo, Víctor Hugo Rmero, Facundo Suárez Lastra y Federico Zamarbide.

Impulsan la enseñanza de la lengua de señas en nivel inicial de todas las escuelas

El diputado radical Martín Berhongaray propuso crear el Día Nacional de la Lengua de Señas. Además, pidió que se enseñe en el nivel inicial de las escuelas públicas y privadas.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para que el 23 de septiembre de cada año se conmemore el Día Nacional de la Lengua de Señas, según lo adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. La iniciativa también pretende impulsar la enseñanza de este lenguaje en las escuelas.

El proyecto destaca la importancia de difundir y enseñar la Lengua de Señas Argentina (LSA) como “integración de identidad lingüística y diversidad cultural” y en tal sentido, promueve la incorporación de contenidos curriculares para su comprensión y producción en el nivel inicial de todos los establecimientos educativos, ya sean de gestión estatal o privada, para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes. 

Además, establece que los organismos dependientes del Poder Ejecutivo editen sus publicaciones digitales el 23 de septiembre en LSA, con el objetivo de promover la inclusión de las personas sordas y la concientización pública sobre sus derechos. 

“Human Rights Watch sostiene que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación, resulta fundamental para brindar debida tutela de los derechos humanos”, justifica el escrito. 

“En una futura etapa el estado debe proporcionar el acceso a la interpretación profesional del LSA en el ámbito de otros servicios públicos, como la atención médica o el sistema de justicia, de modo de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para las personas sordas”, explicó el legislador radical.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales Lidia Ascárate, Karina Banfi, Carla Carrizo, Albor Cantard, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Gustavo Menna, Claudia Najul, José Riccardo, Hugo Romero, Federico Zamarbide y Lorena Matzen.

Medidas para cumplir el distanciamiento en actos oficiales y partidarios

Presentan proyecto para que el Gobierno adopte medidas concretas de prevención y que castigue los incumplimientos.

El diputado Martín Berhongaray (UCR La Pampa) presentó un proyecto para solicitar que el Gobierno adopte medidas de prevención y unifique criterios para toda actividad que implique aglomeración de personas.

La iniciativa prevé que a través de una norma complementaria del Decreto 287/2021 se incluya previsiones concretas respecto de las condiciones generales y particulares a las que deberá ajustarse la celebración de toda actividad político-partidaria así como que regle lo pertinente a la concurrencia a actos oficiales.

También propone que las actividades político-partidarias y los actos oficiales en espacios cerrados respeten la exigencia establecida en el artículo 5 inciso b) relativa a las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, que prohíbe la aglomeración de más de diez personas.

Además, requiere que se castigue todo comportamiento adoptado en el marco de una actividad político-partidaria o acto oficial que incumpla cualquiera de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias establecidas en el artículo 4, en especial la que manda que en todos los ámbitos “las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de dos metros”.

“Advertimos con preocupación la falta de respeto, en el marco de muchas actividades político-partidarias y de actos oficiales, de las medidas de distanciamiento social exigibles normativamente a todos los ciudadanos. Las medidas de prevención general que se disponen, para tener impacto positivo, implican no sólo la responsabilidad individual sino también la colectiva”, destacó Berhongaray.

Cuestionan la demora en la entrega de títulos a profesionales de la salud

Diputados del radicalismo pidieron explicaciones al Gobierno sobre el retraso en la matriculación de médicos, psicólogos y enfermeros en el contexto de pandemia.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Martín Berhongaray (La Pampa) solicitaron que el Gobierno dé explicaciones sobre la demora para tramitar la habilitación profesional y en la reasignación de nuevos turnos a profesionales de la salud. Argumentaron la necesidad de su urgente incorporación para atender las contingencias de la pandemia

Los legisladores piden saber los motivos de la demora para otorgar matrículas al personal de salud como médicos, psicólogos y enfermeros que culminaron sus carreras universitarias hace varios meses y pueden colaborar para paliar las dificultades que presenta el crítico contexto sanitario que atraviesa el país. 

Los afectados, más de 400 profesionales altamente calificados, manifestaron sus quejas ante la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias. Las demoras alcanzan los seis meses

“El recurso humano reviste enorme trascendencia fundamentalmente cuando el país sufre un repunte en contagios diarios e internaciones, por eso la necesidad para que con urgencia se activen los resortes y se brinde inmediata solución”, concluyeron los diputados radicales.

Acompañaron la iniciativa con sus firmas Mario Arce, Lidia Ascárate, Alejandro Cacace, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Ximena Garcia, Gabriela Lena, Juan Martín, Diego Mestre, Claudia Najul, Luis Pastori, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Roxana Reyes, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador y Federico Zamarbide. 

Diputados piden revisar el diferencial patagónico en el proyecto sobre Ganancias

Un grupo de legisladores radicales advirtieron que el proyecto oficial debe “contemplar el mantenimiento del diferencial del 22%” para la región.

martin berhongaray

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), junto a sus compañeros Gustavo Menna (UCR-Chubut), Lorena Matzen (UCR-Río Negro) y Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), presentó un proyecto para reformar el régimen del impuesto a las Ganancias. El pedido se originó en la necesidad de revisar el diferencial en deducciones computables a la Patagonia.

Los legisladores pidieron que se incluya de manera expresa la fórmula actualmente vigente que dice: “Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el artículo 1° de la Ley N°23.272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en un 22%”.

“Se estima que, de aprobarse la modificación planteada, alrededor de 1.267.000 trabajadores, trabajadores, jubilados y jubiladas, dejarían de pagar el impuesto a las Ganancias, constituyendo desde esa perspectiva un avance en términos de reestablecer un contexto de mayor equidad tributaria”, sostuvieron en los argumentos.

Los radicales explicaron que “no obstante, la sustitución o reemplazo proyectado al inciso c del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, suprime el párrafo que incrementa en un 22% las deducciones computables para la determinación del impuesto a las Ganancias de los empleados en relación de dependencia y jubilados que residen en la Región Patagónica Argentina”.

“Cabe recordar que la igualdad como base del impuesto posee raigambre constitucional (artículos 4, 16 y 75, inciso 2, de la Constitución Nacional), y significa que el tributo debe ser igual para todos los habitantes del país que se encuentren en las mismas condiciones, ante iguales circunstancias, y con una capacidad contributiva semejante”, señalaron.

Los legisladores remarcaron que “el diferencial del 22% de deducción especial computable por zona desfavorable -cuya incorporación expresa reclamamos en el texto que se apruebe-, guarda íntima relación con el actual adicional por zona desfavorable o plus que perciben los asalariados y jubilados patagónicos”.

“De modo que todo incremento en las deducciones diseñado para el régimen general debe necesariamente contemplar el mantenimiento del diferencial del 22% para la Patagonia porque, de lo contrario, en el mediano y largo plazo, pueden verse afectados los ingresos netos de los empleados en relación de dependencia y jubilados patagónicos”, enfatizaron los diputados de Juntos por el Cambio, ante el debate que se viene sobre la suba del mínimo no imponible planteada por el Frente de Todos.

Berhongaray y sus pares indicaron que “es sabido que en materia tributaria la interpretación siempre resulta restrictiva, motivo por el cual, no es dable realizar deducciones sobre cuestiones expresamente no previstas en el texto de la norma”.

En ese sentido, manifestaron “la preocupación que genera la eventual sanción del proyecto” impulsado por Sergio Massa “sin que se restituya el párrafo suprimido, dado el riesgo de que conlleve la pérdida de beneficios por parte de los trabajadores y jubilados patagónicos, resultante de la imposibilidad de computar esta actual deducción especial al momento de tributar ganancias”.

A modo de cierre, el pampeano enfatizó: “Si la intención del legislador (en referencia a Massa) fue la de sostener el beneficio aludido, nada impedirá que se reproduzca su actual formulación en el nuevo texto que se ponga en análisis, del mismo modo que se repite textualmente en el proyecto tanto el primero, segundo, tercero como el cuarto párrafo del inciso c del artículo 30”.

Piden informes sobre los aumentos de combustibles

Luego del quinto incremento en las naftas autorizado por el Poder Ejecutivo este año, diputados de la oposición advirtieron que los mismos conspiran contra la meta inflacionaria pautada en el Presupuesto.

Al registrarse este lunes el quinto aumento del año, el diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) reiteró el pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional explique “sobre los constantes y sostenidos aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021”.

Señaló que “los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”.

“Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”, afirmó Berhongaray.

Solicitó que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.

De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.

Pidió también que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.

Además, que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.

“En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.

Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate,  Aída Ayala, Gabriela Burgos, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Luis Pastori, Estela Regidor, Jorge Rizzotti, Héctor Stefani, Alicia Terada, Jorge Vara y Federico Zamarbide.

Piden informes al Ejecutivo sobre los aumentos de combustibles

A través de un proyecto, el radical Martín Berhongaray advierte sobre las consecuencias del aumento promedio del 15% registrado en los últimos meses de 2020 y el 10% de lo que va del año.

El diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones sobre los “constantes y sostenidos” aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021.

“Los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”, sostiene Berhongaray.

Agregó: “Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”.

El legislador solicita que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.

De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.

Además pide que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.

También que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.

 “En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.

Piden informes sobre una central hidroeléctrica de La Pampa

La iniciativa la impulsa el radical Martín Berhongaray, quien realizó una serie de consultas al Poder Ejecutivo.

martin berhongaray

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde información sobre la situación de la Central Hidroeléctrica “Los Divisaderos”, ubicada en la provincia de La Pampa.

A partir de registros de la Secretaría de Energía de la Nación, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (C.O.I.R.C.O.) y las demás reparticiones con competencia en la materia, el legislador realizó varias preguntas.

En la solicitud, el radical buscar conocer “la energía generada y entregada al S.I.N. durante los últimos 20 años medida en MWh.; la cantidad de días que funcionó desde el año 2008 a la fecha; los motivos que determinan que la Central Hidroeléctrica se encuentre actualmente fuera de servicio y fecha en que operó por última vez.

También sobre el costo actualizado de operación y mantenimiento (O&M) de la Central en funcionamiento, desagregado por rubros anuales de costos (personal, insumos, mantenimiento de las instalaciones, de máquinas y herramientas, etc.); la vida útil proyectada, y vida útil real en las condiciones actuales luego de las sucesivas obras de mejoras y mantenimiento que se han ejecutado desde su inauguración y hasta la fecha.

El pedido de informes abarca consultas sobre la capacidad de Generación Anual Esperada, conforme a la estadística hidrológica del río Colorado en la estación de aforos Buta Ranquil; y las obras y actividad que resulta necesaria para el mantenimiento de la Central Hidroeléctrica o, dado el caso, para su rehabilitación y puesta en funcionamiento y costos estimados.

“La Central basa su producción energética en la toma de aguas a partir del río Colorado. En el pasado se vio expuesta a reiteradas reparaciones, interrumpiéndose así durante largos períodos el proceso de generación de energía. En la última década y a raíz de varios desperfectos que fueron ocurriendo, sólo pudo operar unas pocas semanas”, explicó Berhongaray.

El legislador pampeano agregó que la incidencia tiene que ver con que “la energía generada se encuentra vinculada al Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.), y el agua una vez turbinada se utiliza en el área bajo riego de algunas secciones en campos próximos a la localidad de 25 de Mayo” y es enviada para abastecer a Catriel y zonas aledañas en Río Negro.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Aída Ayala, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes y Federico Zamarbide.

Promueven que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios sean imprescriptibles

El proyecto es del diputado Martín Berhongaray y busca “impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, incorporando al Código Penal un artículo 62 bis.

El objetivo es hacer imprescriptible la acción penal cuando se cometan los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función; enriquecimiento ilícito; prevaricato; encubrimiento; y lavado de activos de origen ilícito.

“En todos los delitos cometidos por funcionarios públicos y que perjudican a la Administración Pública es indispensable garantizar que la investigación sea completa y suficiente. El procedimiento debe llegar a su fin con un debate amplio del tema, que permita alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. De allí la necesidad de impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”, señaló Berhongaray.

Y agregó: “Sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones termina beneficiando a los imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”.

El legislador radical sostuvo que “no debe perderse de vista que la complejidad que caracteriza la investigación de esta clase de delitos -por la indebida influencia que muchas veces se pretende ejercer desde las esferas del poder político-, sumada a su dificultad probatoria y a la grave amenaza que representan a la estabilidad y legitimidad de las instituciones, deben llevar a poner en práctica un conjunto de medidas que desalienten la participación en la vida pública de aquellas personas que pretenden servirse de su actividad para aumentar sus patrimonios o fortunas personales”.

Acompañaron con su firma el proyecto los diputados Facundo Suárez Lastra, Lidia Ascárate, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Juan Martín.

Proponen una ley para regular y proteger los acuíferos

A partir del proyecto del radical Martín Berhongaray, el Ministerio de Ambiente deberá formular una política ambiental integral de los acuíferos sobre la base de los diagnósticos establecidos.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto de ley para la protección y regulación de los acuíferos. “El proyecto establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental y el uso racional de los acuíferos existentes en el territorio de la República Argentina, y define los objetivos para promover el aprovechamiento sustentable y su preservación”.

La autoridad de Aplicación Nacional propuesta será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que deberá formular una política ambiental integral de los acuíferos sobre la base de los diagnósticos establecidos, que tenga en consideración y respete las escalas nacionales, provinciales y locales.

“El proyecto establece que se deberá actuar en permanente coordinación con la autoridades de aplicación provinciales y la que defina la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cumplimiento de los cometidos planteados en la ley, y en particular en la evaluación y otorgamiento de las autorizaciones para todas aquellas actividades, públicas o privadas, que utilicen los sistemas acuíferos interjurisdiccionales en su desarrollo, así como en la definición de los criterios de protección y utilización de los acuíferos interjurisdiccionales”, explicó el diputado pampeano.

Los objetivos del proyecto son: a) Promover la preservación de los acuíferos mediante el ordenamiento territorial; b) Fomentar la protección ambiental y la gestión integrada de las aguas subterráneas; c) Instar al uso y aprovechamiento racional, sustentable y equitativo de los acuíferos; d) Efectuar el relevamiento y apreciación geológica e hidrogeológica de las características básicas de los acuíferos y masas de agua subterráneas existentes en el territorio nacional.

Una de las metas centrales perseguidas consiste en estimular los procesos de participación en la toma de decisiones, y fomentar la suscripción de acuerdos entre las jurisdicciones provinciales co-propietarias de acuíferos y el Estado Federal, para su preservación, administración, explotación y protección de manera coordinada y única.

Además se prevé la creación de un Registro Nacional de Acuíferos para inventariarlos a efectos de contar con la información necesaria para su adecuada conservación, control y monitoreo, incluyendo la cuenca hidrológica, ubicación, superficie y áreas de recarga directa, indirecta y de descargas de las aguas.

Quieren prohibir el juicio abreviado para funcionarios públicos

A través de un proyecto, Martín Berhongaray propone limitar el uso de esa herramienta judicial, impidiendo su procedencia en los casos en que un funcionario público, en ejercicio de sus funciones hubiese participado de la comisión de un delito.

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley que propone reformar el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal para impedir la procedencia del “juicio abreviado” cuando un funcionario público hubiese participado de un delito. 

Es sabido que muchas de las causas que tramitan en el fuero penal se resuelven por el mecanismo del “juicio abreviado” que es un procedimiento que permite simplificar el juicio previo constitucional y acelerar los procesos. 

Este instituto -concebido como alternativa de excepción- que tiene como base el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la parte imputada de la comisión de un ilícito, sobre la existencia del hecho, la participación del acusado y la calificación legal, evita la realización del juicio oral para lo que es necesario, además, que el Tribunal de Juicio interviniente no rechace la solicitud. 

La legislación en vigencia autoriza la procedencia del “juicio abreviado” cuando el Ministerio Público Fiscal estima, en concreto, que debe aplicarse una pena privativa de la libertad menor a 6 años. Es decir, con las reglas actuales, prácticamente la totalidad de los delitos que cometan los funcionarios públicos son pasibles de conseguir un “juicio abreviado”, entre ellos, el cohecho, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, etc. 

La reforma que propongo busca limitar el uso de esta herramienta, que muchas veces es desmedido, impidiendo su procedencia en los casos en que un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, hubiese participado de la comisión de un delito. 

Tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos tiene que primar el interés general de que la sentencia que se dicte se encuentre fundada en un análisis integral y completo de todos los elementos de prueba incorporados al proceso que sólo garantiza el desarrollo del juicio oral y público.

Dada la naturaleza de estas investigaciones y su marcado interés público, es indispensable que se desarrolle el procedimiento común hasta su finalización, para permitir así que se debata ampliamente el tema y se llegue a la certeza sobre el hecho y su autoría. 

De resultar aprobada esta reforma, se aplicará automáticamente aún a las causas en trámite.

El proyecto es acompañado por los diputados Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Ana Carla Carrizo, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Juan Martín, Dolores Martínez, Fabio Quetglas y Estela Regidor Belledone.

Diputados plantean más dudas sobre el acuerdo con China sobre las megafactorías porcinas

El legislador nacional radical Martín Berhongaray presentó un nuevo pedido de informes respecto al proyecto que prevé duplicar la cantidad de madres reproductoras con un manejo productivo intensivo “en confinamiento”.

El diputado nacional radical Martín Berhongaray presentó un nuevo pedido de informes, complementario del anterior, respecto del proyecto de inversión de capitales procedentes de China en el sector porcino argentino, que prevé duplicar la cantidad de madres reproductoras con un manejo productivo intensivo “en confinamiento”.   

A partir de la intranquilidad que el acuerdo binacional generó en distintos sectores vinculados a la cadena de producción local de porcinos, así como en destacados especialistas, y de las preocupaciones plasmadas en el pedido de informes que el diputado presentó el 19 de agosto de 2020 (Expte 4920-D-2020); el Gobierno nacional resolvió incorporar un artículo que aborda específicamente las cuestiones relativas al bienestar animal y al medio ambiente.  

“Es sabido que el sector porcino de China (máximo consumidor y también mayor productor a nivel global) adolece de una serie de problemas de eficiencia, productividad y sostenibilidad medioambiental, asociados a la fragmentación y reducido tamaño de las explotaciones y falta de modernización, que están tratando de ser paliados por su gobierno mediante un ambicioso programa de reconversión y concentración que ha generado un descenso en los niveles de producción locales desde 2014, acompañado de una elevada volatilidad en volumen, precios y un incremento paralelo de las importaciones para atender la demanda”, explicó Berhongaray.

De allí la necesidad de que se evacúen todas las preguntas incluidas en el pedido de informes, que requiere información circunstanciada según los siguientes puntos:

  • Si considera necesario instrumentar una herramienta legal que defina un Plan Porcino Nacional de modo de brindar un tratamiento uniforme y homogéneo en todo el territorio del país a las cuestiones relativas a las condiciones ambientales en que deben realizarse tales explotaciones, conservación de cursos de agua, tratamiento de efluentes, localización de las granjas, protección de localidades próximas, regulación de los mercados exportador e interno, etc.
  • Precise cómo se capacitará al personal que se contrate, dado que el gerenciamiento de tales mega emprendimientos persigue la tendencia hacia la tecnificación, requiriendo de una estructura de expertos, así como de especialistas en las áreas que comprende la producción.
  • Señale si, a fin de garantizar el mantenimiento del elevado estándar de control epidemiológico que posee el país, se seguirá recurriendo a la introducción de núcleos provenientes de Canadá y Brasil -actual origen genético de las piaras reproductivas-, o se incursionará con genética de China y Europa explicando -en este caso- si se encuentra asegurada la inocuidad sanitaria. Indique si considera técnicamente viable, ante semejante crecimiento de la población porcina, mantener el alto estándar sanitario que posee nuestro país.
  • Indique en cuántas hectáreas se estima que deberá aumentar la superficie sembrada de soja y maíz para abastecer la mayor demanda resultante, así como los resguardos que se adoptarán a fin de evitar que se destruyan recursos a partir de los desmontes u otros ataques a la naturaleza para cumplir con los cupos o exigencias del mercado exportador.
  • Explique cómo se estructurarán los modelos asociativos para permitir que los pequeños y medianos productores participen del negocio.
  • Señale las garantías legales que se evalúan para monitorear que no exista pasaje o intercambio de carne entre el futuro mercado exportador que se proyecta crear y el comercio interno. Asimismo, si el entendimiento alcanzado excluye explícitamente la posibilidad de que la producción resultante se venda en el mercado interno.
  • Indique las condiciones y en función de qué indicadores se establecerá el precio de transferencia (U$S/Tn) con el país asiático, y las garantías de su sostenimiento a lo largo del tiempo.
  • Acerca de los biodigestores: describa la tecnología que se implementará para aprovechar y tratar a los efluentes en la producción de biogás. En función de las cantidades de materia seca requerida en dicho procedimiento, señale si existe viabilidad material y económica para llevar adelante esos procedimientos.

Acompañan la iniciativa de Berhongaray, sus pares del Bloque UCR, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini; Gabriela Lena, Sebastián Salvador, José Riccardo y Federico Zamarbide. 

Piden citar a Duhalde al Congreso

Desde la oposición quieren que explique sus polémicas afirmaciones sobre un posible golpe de Estado.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR La Pampa) presentó un proyecto en el que pide  “invitar al ex Presidente de la Nación Argentina Dr. Eduardo Alberto Duhalde a concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados de la Nación,  a fin de que precise los alcances de sus afirmaciones sobre los riesgos de golpe de estado que corre el sistema político argentino, y la supresión del acto electoral previsto para el año 2021 cuya realización, asevera, que es ‘ridículo pensar’”.

“El Congreso de la Nación no puede permanecer impasible frente a la grave afirmación de que se encuentra en peligro la subsistencia del orden constitucional. Constituye una preocupación central de la sociedad el sostenimiento del sistema democrático, más allá de las dificultades que su ejercicio puede atravesar”, señaló el diputado.

Berhongaray relató que en el marco de una entrevista televisiva Duhalde aseguró que en la Argentina se podría producir un nuevo golpe de Estado si la crisis se agrava y no se llevan adelante los consensos  y que agregó que  entre el 30 y el 83 catorce dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando, y que no va a haber elecciones porque la Argentina es la campeona de las dictaduras militares.

Cuando una de las entrevistadoras le preguntó si  Alberto Fernández va a tener un golpe la respuesta de Duhalde fue contundente y dijo ‘Por supuesto’ y dio a entender que la  clase militar se encuentra preparada para ello. Al día siguiente reafirmó sus dichos en declaraciones radiales y agregó que no tiene información de lo que pasa en los cuarteles y que la anarquía tiene olor a sangre.

El diputado pampeano destacó que “la gravedad que entrañan semejantes dichos, y el hecho de que ellos provengan de una persona que ha ocupado la máxima magistratura del país, determinan la imperiosa necesidad de convocarlo de manera urgente a fin de que exponga las razones en que fundamenta tales conclusiones de modo que, en su caso, se puedan adoptar las prevenciones suficientes a fin de evitar cualquier nivel de riesgo institucional de esta democracia”, explicó el diputado.

“La sociedad no debe caer en la trampa de la animosidad y el rencor entre unos y otros, sentimientos que en nada contribuirán para seguir construyendo una democracia basada en la paz y el diálogo”, concluyó Berhongaray.

Piden informe sobre el acuerdo con China para exportar producción porcina

La iniciativa del diputado Martín Berhongaray busca saber sobre el acuerdo para criar cerdos para el mercado asiático y el impacto que tendrá en la cadena productiva local.

Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Martín Berhongaray, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, referido al entendimiento comercial anunciado con la República Popular de China “para avanzar en un proyecto de enormes dimensiones que implicará prácticamente duplicar en pocos años la cantidad de madres reproductoras con que cuenta nuestro país con un manejo productivo intensivo ‘en confinamiento’, para exportar carne de cerdo y sus derivados con destino al abastecimiento de ese mercado asiático”.

“Existe intranquilidad en el sector porque falta información para evaluar el impacto que provocará a la totalidad de la cadena productiva local, principalmente a los pequeños y medianos productores, así como por aspectos vinculados al elevado consumo de agua y de energía que se requerirá, a los riesgos sanitarios que se asumen y al tratamiento que se brindará a los efluentes, entre otras cuestiones”, detalló Berhongaray.

Además de Berhongaray firman el proyecto los diputados Mario Negri, Gustavo Menna, Diego Mestre, Luis Pastori, Mario Arce, Lidia Ascárate, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Alvaro de Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Federico Zamarbide.

Los siguientes son algunos de los puntos sobre los que se consulta al Gobierno:

  •  Qué estrategias de políticas públicas se evalúan para proteger la producción nacional, particularmente a los pequeños y medianos productores.
  •  Qué reaseguros se proyectan en caso de que el producto no fluya en su totalidad a China y se vuelque en parte al mercado interno deprimiendo los precios locales.
  •  De acuerdo con lo informado por Cancillería, fueron actores del sector privado quienes arrimaron el posible negocio de inversión citado. Indique a qué actores se refiere y por qué no resultaron consultadas las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, entre otros.
  •  En qué provincias se instalarían las mega granjas que albergarían hasta 12.000 madres reproductoras “en confinamiento” cada una? Indique cuál sería la fuente de aprovisionamiento del agua requerida para tamaña futura producción, teniendo en cuenta que se calcula la demanda en 300 litros diarios por madre reproductora alojada (ella más sus progenies).
  •  Qué estudios existen acerca de la cantidad de energía no renovable (fósil) que resultaría necesaria para abastecer las distintas Cámaras de frío que se construyan, y cuál sería la fuente que aseguraría semejante capacidad de frío.
  •  Si existen razones que justifiquen los potenciales beneficios económicos en función del riesgo sanitario que asume nuestro país.
  •  Si existen estudios y prospecciones en orden a preservar el alto valor asignable al status sanitario que posee el sector y que obliga a extremar los cuidados en la bioseguridad.
  •  Dónde y cómo serían tratados los efluentes, teniendo en consideración que constituye una de las producciones más contaminantes del planeta.

“Si bien la iniciativa cuenta con el aval del sector público, el trabajo conjunto involucró a algunos eslabones de la cadena de valor, puntualmente la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y el laboratorio Biogénesis Bagó. No obstante, resulta llamativo que no hayan sido consultadas ninguna de las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcina, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, por citar sólo algunas”, señalan los legisladores en los fundamentos del proyecto.

Proponen el consentimiento presunto para donar plasma

Se trata de un proyecto complementario para la ya aprobada Campaña Nacional para pacientes recuperados de Covid.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto Ley, complementario de la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19 (Ley N° 27.554). La iniciativa pretende establecer el consentimiento presunto para la donación de plasma, salvo manifestación en contrario, de toda persona capaz mayor de 18 años -siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa nacional- que concurra a un establecimiento de salud de gestión pública o privada, cuando las pruebas o test arrojen resultados de serología positiva para Covid-19, habilitando así la extracción correspondiente en el momento oportuno.

“El consentimiento presunto puede ser revocado por el interesado en cualquier momento, y en ningún caso la extracción debe practicarse de modo compulsivo ni tampoco pueden imponerse sanciones contra esa revocación u oposición”, aclaró el diputado.

“Tratándose de un derecho personalísimo, la solución que se propone protege la autonomía de la libertad de las personas, porque continúa privilegiando la expresión de voluntad del potencial donante”, explicó.

La iniciativa prevé “definir el mecanismo a partir del cual se deberá suministrar a todo paciente internado con Covid-19 de información adecuada, completa y oportuna respecto de los potenciales beneficios que, donando plasma, se encuentra en condiciones de aportar al bien común para la recuperación de otros contagiados de modo de estimular su decisión”.

“De esta manera se busca también dotar a los investigadores de elementos que faciliten su tarea porque se incrementará la cantidad de material disponible para el estudio y también los casos para analizar”, señaló Berhongaray.

“En tanto la evidencia científica no confirme la existencia de drogas que permitan combatir al Covid-19 de modo efectivo, y a la espera de una vacuna que lo prevenga, existe generalizado consenso entre los especialistas de que la transfusión de plasma convaleciente a pacientes en estado crítico constituye una alternativa terapéutica válida. Las investigaciones futuras determinarán si corresponde la aplicación generalizada de la terapia”, destacó.

Para tornar plenamente operativa la Resolución 783/2020 del Ministerio de Salud, se dispone que el Poder Ejecutivo Nacional garantice que se provea a los Centros de Salud y de Hemoterapia y/o Banco de Sangre Intrahospitalarios que defina cada jurisdicción provincial, del equipamiento requerido para la captación, recolección, separación y procesamiento de plasma de personas recuperadas de Covid-19, y su posterior administración en el tratamiento de pacientes infectados. Al día de la fecha, existen jurisdicciones que aún no han podido avanzar en tal cometido por falta de los recursos, equipos e instalaciones necesarias.

Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Arce; Lidia Ascárate; Gerardo Cipolini; Carlos Fernández; Gabriela Lena; Lorena Matzen; Josefina Mendoza; Luis Pastori; Estela Regidor; Sebastián Salvador y Federico Zamarbide.

Ganancias: piden eximir a profesionales de la salud sin relación de dependencia

El legislador nacional Martin Berhongaray presentó un proyecto para otorgar los mismos beneficios impositivos a los trabajadores de la salud, pública y privada, que están en relación de dependencia con los que no lo están.

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley para otorgar los mismos beneficios impositivos a los trabajadores de la salud, pública y privada, que están en relación de dependencia con los que no lo están, quienes quedarán así exentos del pago del Impuesto a las Ganancias por las horas extras, como ya pasa con los trabajadores de la salud en relación de dependencia.

“Pretendemos que los altos propósitos de justicia que guiaron la solución legal alcance por igual tanto al personal de la salud en relación de dependencia como a los que, bajo el régimen de profesión liberal y sin relación de dependencia, prestan igual servicio a la comunidad afectada por este virus”, explicó Behongaray.  

El legislador advirtió que de lo contrario se genera -en la práctica- una diferenciación de tratamiento entre el personal de la salud “por el sólo hecho de la modalidad de trabajo con que han sido contratados por los hospitales y demás establecimientos sanitarios del mismo Sistema de Salud, tanto público como privado”. 

Acompañan esta iniciativa los diputados Álvaro de Lamadrid, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Luis Petri, José Riccardo; Estela Regidor, Roxana Reyes, Víctor Romero, Sebastián Salvador, Jorge Rizzotti y Lidia Ascárate.

Piden apurar el tratamiento del “certificado de inmunidad”

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) insiste en la necesidad de que se dé pronto tratamiento parlamentario al proyecto de ley de creación de un Programa de Emergencia Sanitaria, que tiene como eje en la entrega de un “certificado de inmunidad” a todas las personas que hayan adquirido el nivel de inmunidad necesario para […]

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) insiste en la necesidad de que se dé pronto tratamiento parlamentario al proyecto de ley de creación de un Programa de Emergencia Sanitaria, que tiene como eje en la entrega de un “certificado de inmunidad” a todas las personas que hayan adquirido el nivel de inmunidad necesario para repeler un nuevo contagio en el caso de que vuelva a exponerse al virus. Tal certificado habilitará al portador a retomar su rutina laboral, a circular por la vía pública -flexibilizando a su respecto las medidas de restricción establecidas-, con una alta seguridad de que no se va a contagiar ni infectará a terceros.

Berhongaray presentó este proyecto el 15 de abril pasado, y aún no fue puesto a consideración en el plenario ni en comisión.

Para poder acceder al mencionado certificado deberán existir las pruebas clínicas y de laboratorio autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación que demuestren con “evidencia científica” el mencionado nivel de inmunidad.

“En momentos en que aparece cada vez con más urgencia la necesidad de generar alternativas para comenzar a abrir sectores de la economía pero priorizando no incrementar los riesgos para la salud de la población, los especialistas entienden que, de acuerdo a la evidencia disponible hasta el momento, la alternativa propuesta constituye una medida que ofrece enormes garantías en términos sanitarios, probablemente la más segura de todas, y que necesariamente puede funcionar como complementaria de las otras determinaciones que se vayan adoptando al respecto”, señaló Berhongaray.

“Un concepto central asociado a la medida propuesta en el proyecto es el de incrementar la cantidad de pruebas clínicas y de laboratorio sobre la población asintomática con vinculación estrecha a casos confirmados, siguiendo los criterios de segmentación que determine el Ministerio de Salud de la Nación”, agregó.

“Debe darse prioridad en la realización de las pruebas clínicas y de laboratorio al personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, bomberos, y todos los que fueron convocados para garantizar actividades esenciales, porque esto les puede permitir desempeñar sus tareas con una seguridad mayor de que no van a incrementar el riesgo de morbimortalidad en la función que ejerzan”, dijo.

“Vale aclarar que si bien entendemos que no existen certezas plenas respecto de la posibibilidad de que pueda volver a infectarse un paciente curado (no es seguro que la Inmunoglobulina G -IgG brinde inmunidad a todos los pacientes), convenimos que las decisiones deben tomarse en función de las reglas, y las reglas se explican por la generalidad y no por las excepciones que puedan presentarse. Indudablemente hoy ninguna medida ofrece garantías totales, pero ésta es sin dudas la que ofrece mayores seguridades en términos sanitarios.”, enfatizó.

“El concepto de inmunidad se encuentra íntimamente asociado a la práctica de la Plasmaféresis (que el gobierno argentino anunció va a comenzar a trabajar), que es básicamente brindar inmunoterapia a partir del suero de pacientes que se han recuperado. En esta práctica hay muy buenos indicios en la actualidad en el mundo. Varios países la vienen explorando con resultados esperanzadores. Y ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia en diferentes patologías: en la Gripe A H1 N1 (en el año 2009), con el  Ébola, y con la Fiebre Hemorrágica Argentina, que en 1960 hizo que disminuya la mortalidad del 30% al 3%.”, remarcó.

“Los asintomáticos -continuó- representan una franja muy grande la población infectada. Por ello la importancia de testear todo lo posible, de acuerdo a criterios de segmentación que permitan ir reconstruyendo la cadena de contagios. Incrementar los testeos siguiendo la cadena de contagios permitirá también detectar un número importante de personas que han cursado la enfermedad sin síntomas y que hoy, dados los niveles de inmunidad que presentan, pueden ser destinatarios de un “certificado de inmunidad” que los habilite a retomar su rutina diaria, siempre tomando los recaudos sanitarios que se establezcan, pero con una mayor tranquilidad de quien nunca curso la enfermedad”, finalizó el diputado radical.

Proponen establecer una compensación económica para los profesionales de la salud

El legislador nacional radical Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las obras sociales y entidades de medicina prepaga realicen una contraprestación económica a los profesionales de la salud privada.

El diputado nacional Martín Berhongaray, presentó un proyecto de ley que plantea una alternativa enmarcada en el concepto de “esfuerzo compartido”, y que pretende colaborar con una óptima prestación del servicio de salud en todo el país, en el contexto inédito determinado por el Covid 19.

Proponemos que las obras sociales y entidades de medicina prepaga realicen una contraprestación económica a los profesionales de la salud privada con quienes mantengan la condición de ‘prestadores’, sobre la base del promedio de los últimos seis meses, contados a partir de septiembre de 2019, de lo que cada profesional registre como prestador con la respectiva obra social o entidad de medicina prepaga (Promedio Histórico Prestacional Mensual-PHPM)”, manifestó el legislador radical.

En este sentido, Berhongaray explicó que para la cuantificación definitiva de la contraprestación será necesario ponderar, por un lado, el concepto de “atención de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas”, donde se establece un reconocimiento equivalente al 50% del PHPM de las consultas registradas durante ese período. Y por el otro se evaluará lo percibido, en idéntico lapso, en concepto de “prácticas médicas diagnósticas y terapéuticas”, acordando a los profesionales un tope máximo de 20 % calculado a partir del PHPM de las prácticas que registre como prestador”.

Indudablemente, dentro de los efectos negativos desencadenados por el COVID-19, se inscribe el impacto económico absorbido por la sanidad privada, que responde fundamentalmente a la suspensión masiva de consultas de carácter preventivo, reprogramación de intervenciones quirúrgicas, postergación de análisis clínicos y prácticas médicas tanto privadas como concertadas, entre otros factores de incidencia”, señaló el diputado por La Pampa.

“Vale recordar que recién el 18 de abril y a partir del dictado de Decisión Administrativa 524/2020, se exceptuó del ‘asilamiento social, preventivo y obligatorio’ a la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas -con sistema de turno previo- de acuerdo a los protocolos sanitarios que fije cada jurisdicción”, remarcó el legislador.

“En el sistema de salud de las distintas provincias, alrededor de la mitad de los pacientes se atienden en el subsector privado que, en este contexto de emergencia sanitaria, constituye una parte esencial de la solución proyectada para asistir a quienes se enfermen y para salvar vidas, coadyuvando así con los encomiables esfuerzos que se enderezan desde el sector de la salud pública”, concluyó.

Acompañan la iniciativa los diputados radicales Lidia Ascárate, Mario Arce, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Alvaro De Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Diego Mestre, Estela Regidor y Sebastián Salvador.

Impulsan un certificado de inmunidad para trabajar y circular

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley por el cual propone la creación de un Programa de Emergencia Sanitaria con eje en la entrega de un “certificado de inmunidad” a todas las personas que hayan adquirido el nivel de inmunidad necesario para repeler un nuevo contagio en el caso de […]

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley por el cual propone la creación de un Programa de Emergencia Sanitaria con eje en la entrega de un “certificado de inmunidad” a todas las personas que hayan adquirido el nivel de inmunidad necesario para repeler un nuevo contagio en el caso de que vuelva a exponerse al virus.

Tal certificado habilitará al portador a retomar su rutina laboral, a circular por la vía pública -flexibilizando a su respecto las medidas de restricción establecidas-, con una alta seguridad de que no se va a contagiar ni infectará a terceros.

Para poder acceder al mencionado certificado deberán existir las pruebas clínicas y de laboratorio autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación que demuestren con “evidencia científica” el mencionado nivel de inmunidad.

“En momentos en que se analizan distintas alternativas para comenzar a abrir sectores de la economía pero priorizando no incrementar los riesgos para la salud de la población, los especialistas entienden que, de acuerdo a la evidencia disponible hasta el momento, la alternativa propuesta constituye una medida que ofrece enormes garantías en términos sanitarios, probablemente la más segura de todas, y que necesariamente puede funcionar como complementaria de las otras determinaciones que se vayan adoptando al respecto”, señaló Berhongaray.

“Un concepto central asociado a la medida propuesta en el proyecto es el de incrementar la cantidad de pruebas clínicas y de laboratorio sobre la población asintomática con vinculación estrecha a casos confirmados, siguiendo los criterios de segmentación que determine el Ministerio de Salud de la Nación”, agregó.

“Vale aclarar que si bien entendemos que no existen certezas plenas respecto de la posibibilidad de que pueda volver a infectarse un paciente curado (no es seguro que la Inmunoglobulina G -IgG brinde inmunidad a todos los pacientes), convenimos que las decisiones deben tomarse en función de las reglas, y las reglas se explican por la generalidad y no por las excepciones que puedan presentarse. Indudablemente hoy ninguna medida ofrece garantías totales, pero ésta es sin dudas la que ofrece mayores seguridades en términos sanitarios.”, enfatizó.

“El concepto de inmunidad se encuentra íntimamente asociado a la práctica de la Plasmaféresis (que el gobierno argentino anunció va a comenzar a trabajar), que es básicamente brindar inmunoterapia a partir del suero de pacientes que se han recuperado. En esta práctica hay muy buenos indicios en la actualidad en el mundo. Varios países la vienen explorando con resultados esperanzadores. Y ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia en diferentes patologías: en la Gripe A H1 N1 (en el año 2009), con el Ébola, y con la Fiebre Hemorrágica Argentina, que en 1960 hizo que disminuya la mortalidad del 30% al 3%.”, dijo.

“Los asintomáticos –continuó- representan una franja muy grande la población infectada. Por ello la importancia de testear todo lo posible, de acuerdo a criterios de segmentación que permitan ir reconstruyendo la cadena de contagios. Incrementar los testeos siguiendo la cadena de contagios permitirá también detectar un número importante de personas que han cursado la enfermedad sin síntomas y que hoy, dados los niveles de inmunidad que presentan, pueden ser destinatarios de un “certificado de inmunidad” que los habilite a retomar su rutina diaria, siempre tomando los recaudos sanitarios que se establezcan, pero con una mayor tranquilidad de quien nunca curso la enfermedad”, remarcó el diputado radical.

“Debe darse prioridad en la realización de las pruebas clínicas y de laboratorio al personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, bomberos, y todos los que fueron convocados para garantizar actividades esenciales, porque esto les puede permitir desempeñar sus tareas con una seguridad mayor de que no van a incrementar el riesgo de morbimortalidad en la función que ejerzan”, concluyó Martín Berhonagaray.