El jujeño le lanzó una advertencia al expresidente sobre su situación judicial, que el senador Martín Doñate no dejó pasar y pidió explicaciones.
Un insólito e incendiario contrapunto mantuvieron el sábado por la noche el gobernador jujeño y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, y el expresidente Mauricio Macri, con imprevisibles consecuencias, que por lo pronto ya comienza a recoger el kirchnerismo.
Arrancó el exmandatario con un tuit con fondo negro y este texto: “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”.
No se la dejó pasar el radical, que exteriorizando la ruptura total de relaciones entre ambos le contestó poco más tarde: “Tenés que estar muy enfermo @mauriciomacri para que saques un tuit así a esta hora. Creo que tu enfermedad es la ambición de poder, por eso querés a un loco que puedas manejar”.
No satisfecho, Morales le contestó puntualmente al tuit diciendo que “eso nunca ocurrirá @mauriciomacri, te gustaría pero mi lucha contra el kirchnerismo es de siempre y de ahora. Ese kirchnerismo que vos hiciste regresar con tu fracaso”.
Pero el remate, una hora más tarde, fue aún más grave: “País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles”, concluyó el jujeño.
También intervino la senadora nacional Silvia Giacoppo, quien a través de X cargó contra el exmandatario, en defensa de su referente: “Lamentable actitud de @mauriciomacri -dijo-. Todos sabemos del combate que hizo @GerardoMorales a la corrupción del kirchnerismo, especialmente a la de #MilagroSala en Jujuy. No vale todo por un voto”.
Cualquiera imaginaría al oficialismo en general y el kirchnerismo en particular comiendo pochoclo ante semejante cruce. Pero el senador Martín Doñate -fallido integrante del Consejo de la Magistratura- se sumó este domingo con un largo posteo en su cuenta de X, admitiendo su “perplejidad” ante lo que había leído en la madrugada, “en un intercambio cuasi epistolar entre las cuentas oficiales del gobernador de Jujuy @gerardomorales y el ex presidente @mauriciomacri, el presidente del radicalismo nacional y socio de Juntos por el Cambio, amenaza al presidente de la Argentina entre 2015-2019 con “entrar en detalles” sobre las eventuales conductas delictivas por las que debería estar preso”.
“Frente a la tamaña gravedad institucional y política de lo expresado, en primer lugar, señalemos que, le cabe la obligación legal establecida en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, que dice: ‘Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. ...’”, observó el legislador camporista.
Doñate continuó reclamando que “de manera urgente y expedita, algún integrante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de los deberes a su cargo inicie de oficio la correspondiente investigación penal, conforme lo determina el artículo 71 del código penal, a fin de clarificar los hechos narrados y que denotan una gravedad institucional inusitada, tanto por el accionar eventual del ex presidente como por omisión de denunciar”.
El senador destacó el acuerdo que el kirchnerismo hizo en esa provincia con el oficialismo local y agradeció los "gestos de enorme generosidad" de Cristina Kirchner.
Tras el triunfo de Juntos Somos Río Negro y la elección como gobernador de Alberto Weretilneck, el senador nacional Martín Doñate (UC-FdT) destacó que "comienza un nuevo tiempo" para la provincia.
"Quiero celebrar con los rionegrinos esta nueva jornada democrática en la que hemos elegido a quienes nos van a representar para gobernar nuestra provincia como así también 22 de los 39 municipios", arrancó en un hilo de Twitter.
Para el legislador, quien es compañero en la Cámara alta de Weretilneck, "el triunfo electoral de nuestra fórmula @Weretilneck @pedropesatti es el triunfo del 'rionegrinismo' que impulsamos con la decisión, voluntad y vocación por construir grandes acuerdos para una provincia que puede y merece liderar la Patagonia".
El camporista, quien fue el encargado de que el kirchnerismo cerrara un acuerdo de competir junto al oficialismo local, enfatizó que "el peronismo vuelve a ser protagonista de un gobierno provincial a partir del 10 de diciembre". "Con el aporte e impulso de distintas expresiones de la vida política, social y económica de Río Negro, comenzamos a construir un nuevo tiempo en la vida institucional de la provincia", continuó.
Doñate expresó que serán "tiempos que requerirán grandes desafíos y profundas transformaciones. Hace dos meses constituimos el frente #NosUneRíoNegro". "El aporte de la boleta azul ha sido determinante para construir el triunfo y evitar que el macrismo y la derecha radicalizada gobierne nuestra provincia", remarcó.
En otro tuit, dijo: "También estamos orgullosos de haber sido la tercera fuerza más votada en la provincia. Quiero agradecer y abrazar a todas y cada una de las compañeras y compañeros que le pusieron horas de su vida a este proyecto de provincia".
"Tal como nos enseñaron Perón, Evita, Néstor y Cristina, todo se construye con amor, coraje y mucha convicción", manifestó el senador y, en referencia a la vicepresidenta, agradeció "desde lo más profundo de mi corazón a @CFKArgentina que tuvo gestos de enorme generosidad, comprensión y amor marcando el camino que llevó a construir un gran acuerdo rionegrino en el que se respetan las identidades de cada uno de los dirigentes y sectores políticos y sociales para confluir en esta gran unidad rionegrina que busca construir consensos democráticos en favor de los intereses populares".
En la misma línea, le envió un agradecimiento "al diputado Máximo Kirchner y al ministro del Interior @wadodecorrido y su equipo que acompañaron el sentido de esta novedosa y plural construcción colectiva que excede lo electoral y se fundamenta en lo programático y estructural de la Río Negro que queremos".
"Superada la instancia electoral creemos y queremos que más compañeros se integren al desafío que viene: cumplir desde el 10 de diciembre con el mandato popular delegado por las y los rionegrinos a través de las urnas. Nuestra gente nos dio una vez más su confianza y su esperanza", sostuvo.
Finalmente, pidió: "No ahorremos esfuerzos para cumplir con el mandato histórico del peronismo, trabajar por la felicidad del pueblo y muchas gracias. Nos une Río Negro".
La resolución fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con lo que Luis Juez queda más cerca de asumir en ese organismo. La reacción de Cristina Kirchner.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló la designación del senador oficialista Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura. La decisión se tomó en respuesta a un planteo del opositor Luis Juez, quien fue postulado desde al oposición para el mismo cargo.
El fallo, que revoca una sentencia anterior que había validado la designación de Doñate para el período 2022-2026, fue firmado por los jueces Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Liliana Heiland.
Además de declarar la nulidad del decreto parlamentario que designó a Doñate para integrar el Consejo, la resolución también invalidó la partición del bloque Frente de Todos para determinar el sistema de mayorías y minorías para la designación de consejeros.
La Corte Suprema había anulado esta división en un fallo anterior que se refería al período que concluyó en noviembre de 2022. Aunque el fallo de la Cámara no declara explícitamente a Luis Juez y Luis Schiavoni como titulares y suplentes por el bloque Frente Pro, se ha aceptado su planteo y se ha concedido la acción de amparo.
El Tribunal Supremo ya había frenado previamente la toma de juramento de Doñate, lo que el fallo actual ha reiterado al considerar que la decisión previa de la Corte suprema dejaba claro que no se podía interpretar los hechos de manera diferente.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no dejó de pronunciarse de manera crítica sobre el tema. Lo hizo este viernes al hablar ante la Universidad Nacional de Río Negro. Allí refirió: "Una hora antes de venir acá, desde el partido judicial separan al senador Martín Doñate y ponen al senador de la oposición. Más mafioso no se consigue”.
El senador del FdT afirmó que el oficialismo “priorizará la unidad”, consideró que la Justicia "no debe invadir a los demás poderes” y explicó su proyecto de ley para reducir tarifas de electricidad.
El senador nacional Edgardo Kueider (FNyP – Entre Ríos) habló de la reunión entre los miembros del Frente de Todos -de la que participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner- y sostuvo que “desde el diálogo y el consenso, irán surgiendo las estrategias adecuadas” para la campaña electoral 2023.
De la misma manera, amplió en detalle el proyecto de ley que presentó en la Cámara alta, respecto a reducir las tarifas de electricidad. “La eliminación de subsidios impactó fuertemente en el bolsillo de los argentinos, y sobre todo en época de altas temperaturas donde el consumo eléctrico es más grande”, explicó.
En diálogo con parlamentario.com, el legislador habló de la doble sesión que tendrá el Senado el próximo jueves 23 de febrero (la preparatoria para ratificar autoridades y una extraordinaria), señalando que el oficialismo se reunirá para establecer la dinámica en el recinto. Del mismo modo, dijo que JxC “hace tiempo tiene una posición de bajar a sesionar solo cuando el quórum lo da el FdT”.
- ¿Cómo observó la Acordada de la Corte respecto a la no admisión de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura?
- Es un fallo muy discutible porque el Congreso ha resuelto eso en el seno de sus facultades propias y, por lo tanto, creo que los poderes tienen que respetar cada uno el rol que le compete sin invadir a los poderes restantes.
- ¿Cómo prepara el FdT la doble sesión del próximo jueves? ¿Cree que la oposición bajará a sesionar?
- Tenemos una convocatoria a reunión de bloque la semana que viene y allí discutiremos la dinámica que va a tener la sesión. JxC está teniendo una posición -hace un tiempo- que tiene que ver con que ellos van a sesionar en tanto y en cuanto el quórum lo garanticemos nosotros. Calculo que van a hacer exactamente lo mismo en esta ocasión a menos, que haya un acuerdo de temas antes.
- ¿Observa positivamente la reunión del Frente de Todos?
- Creo que se está dialogando, se está conformando una mesa y se va a priorizar la unidad. Me parece que eso es lo importante y a partir de allí, una estrategia común que nos permita llegar a las elecciones de la mejor manera y con las mejores expectativas de ganar. Entiendo que no se terminó resolviendo nada, pero con el transcurrir del tiempo, el avance del diálogo y el intercambio de opiniones van a ir surgiendo los consensos o las estrategias adecuadas, ya sea, desde el punto de vista de ir a una disputa en una PASO o de llegar a la fórmula de consenso entre todos para abordar la campaña electoral y las elecciones. De continuar este sistema de reuniones e intercambio de opiniones, creo que puede concluir en buenos términos para una estrategia común. El mejor candidato es el que nos permita ganar las elecciones.
- ¿Qué puede agregarnos respecto al proyecto que presentó sobre la reducción de tarifas eléctricas?
- Presenté un proyecto para bajar las tarifas de electricidad porque la eliminación de subsidios ha impactado fuertemente en el bolsillo de los argentinos, y haberlo hecho justo en la temporada donde más se consume electricidad, me parece que ha causado un impacto mayor todavía debido a que naturalmente las altas temperaturas obligan a un mayor consumo eléctrico en toda la Argentina. Entonces, se potencia el impacto en la boleta de luz, y eso causa un reclamo. Por lo tanto, he presentado un proyecto de ley que consiste en bajar la carga impositiva nacional y también invitando a las provincias y los municipios que hagan lo propio en sus respectivos niveles, y además, tocando algunos puntos de la Ley 24.065 de Marco Regulatorio Energético que tiene que ver con el transporte y distribución de electricidad. Además, con el cálculo y metodología de pago de la energía a binacionales hidroeléctricas y aumentando el valor de las regalías hidroeléctricas. Con esas medidas, los recursos están destinados a bajar la energía eléctrica. La idea es tratarlo inmediatamente porque es una situación de extrema urgencia y considero que debe ser un tema prioritario para el Congreso de la Nación.
El máximo tribunal de justicia aprobó los ingresos de Recalde, Pilatti Vergara y Vischi. Sin embargo, no resolvió quien será el cuarto consejero.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves no admitir como miembro del Consejo de la Magistratura al senador nacional Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro).
En la Acordada (02/2023) firmada por Carlos Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda consideraron que “la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”.
Para la Corte, la maniobra del oficialismo de dividir al Frente de Todos en, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, fue considerada un “ardid” y una acción “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.
Por otro lado, las bancas en el Consejo de los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente Nacional y Popular, y de Eduardo Vischi, por la UCR, fueron aprobadas y a los tres tomarán juramento ante los magistrados.
Respecto a la silla que le corresponde al cuarto consejero, por la segunda minoría, el máximo tribunal de justicia aún no resolvió si será ocupada por el cordobés Luis Juez, como solicitaron desde el Pro, que reclama su condición de segunda minoría.
Cabe recordar que el 16 de noviembre del año pasado la presidencia de la Cámara alta refrendó en el recinto el decreto por el cual se nombraban a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor, ante la ausencia de Juntos por el Cambio, que se retiró en protesta de la imposición de ese debate en el recinto, algo que no suele realizarse.
Acordada-CSJN-2-2023Los senadores designados para formar parte del Consejo de la Magistratura por parte del oficialismo sostuvieron que la Corte “no debe estudiar” a los miembros y debe adoptar medidas constitucionales para evitar la paralización del organismo.
Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve todavía sobre la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de que las designaciones “se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.
En ese marco, tanto Mariano Recalde como María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, realizaron una presentación ante la Corte, puntualmente a su presidente Horacio Rosatti, exigiendo que se les tome juramento para que se concrete la conformación constitucional del Consejo de la Magistratura y aseguraron que evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado.
En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas” y que no es competencia de la Corte Suprema “estudiar” las designaciones. Asimismo, recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.
Por otra parte, consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”. Se refieren al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya tomó juramento como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.
Por último, los senadores expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso.
Para los senadores, este accionar representa “una grave amenaza para la salud institucional de la República”.
Juntos Somos Río Negro mantuvo un encuentro en Luis Beltrán con los intendentes del Partido Justicialista, quienes plantearon: “Buscamos acuerdos grandes y perdurables para la provincia”.
Las autoridades del frente Nos Une Río Negro se reunieron en Valle Medio con sus pares de Juntos Somos Río Negro para confirmar el acompañamiento y compromiso de confluir en la convocatoria al gran acuerdo rionegrino que permita diseñar el futuro de la provincia.
“Buscamos acuerdos grandes y perdurables para la Provincia. Los problemas se solucionan en conjunto. Hablamos de grandes acuerdos que duren años y modelen una visión de Río Negro”, destacaron.
Encabezados por los senadores nacionales Alberto Weretilneck y Martín Doñate, los intendentes del Partido Justicialista enrolados en el frente Nos Une Rio Negro ratificaron su participación a este acuerdo en el que confluirán distintas expresiones partidarias y sectoriales de la vida económica y social de la provincia.
“Es un acuerdo para Río Negro. Vivimos acá, acordamos acá. Nosotros tenemos un posicionamiento nacional, pero acá, en Río Negro nos conocemos todos y creemos en la oportunidad de una serie de acuerdos que representen un modelo de convivencia política”, explicaron los jefes comunales.
Además, destacaron que el acuerdo tiene una oportunidad: “La experiencia que se une para lograr soluciones”, y agregaron que “un grupo de intendentes con un dirigente como Alberto Weretilneck que ha demostrado una experiencia y cercanía para gobernar que nos hace ser optimistas para el próximo período de gobierno. Nosotros estamos y él también. Creemos que Río Negro debe ser un ejemplo de diálogo y trabajo”.
“Queremos ser protagonistas de un proceso que trasciende las fronteras de lo conocido hasta hoy, que no es un simple acuerdo electoral y que, fundamentalmente, tiene un sentido fundacional que se viene construyendo sobre las bases de la Río Negro grande que soñamos todos juntos”, expresaron los intendentes.
A su vez, manifestaron: “Este camino que estamos transitando ya tiene un recorrido y una guía. Es la de quienes nos muestran el camino de la unidad en la diversidad que está en la misma raíz de la rica historia de nuestra provincia. Es el camino de nuestros pioneros, es el de los trabajadores y empresarios rionegrinos, el de los comerciantes de Rio Negro, el de nuestros productores y científicos, el de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, que trascienden un partido político y nos señalan el objetivo de encontrarnos en los grandes objetivos para nuestra Rio Negro”.
“Es ahora todos juntos, y de una vez por todas, que tenemos que encontrarnos en todo aquello que nos une, apostando por el diálogo y los grandes acuerdos, y el absoluto respeto por las identidades e historia de los que vienen a aportar su mirada, sus propuestas y proyectos para un proyecto más grande y próspero para Rio Negro”, remarcaron.
Además de los intendentes y autoridades partidarias como Sergio Hernández (Lamarque), Claudia Montanaro (Cervantes), Hector Leineker (General Conesa), Renzo Tamburrini (Sierra Grande), Alberto Pacenti (Chichinales), Luis Ivancich (General Godoy), Liliana Avarado (Cinco Saltos) también participaron el diputado nacional Pedro Dantas y las máximas autoridades del partido Juntos Somos Rio Negro como el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, y los presidentes de los bloques legislativos, Facundo López (JSRN), Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) y Nicolás Rochas (Frente Renovador).
Asistieron la legisladora Mónica Silva, el legislador Luis Noale, el presidente del partido Nuevo Encuentro, Leandro García; el presidente del partido Movimiento Patagónico Popular MPP, legislador Elbi Cides; el presidente de la liga de concejales del Frente de Todos, Luciano Ruiz, Mauro Tamburrini, presidente del concejo deliberante de Sierra Grande, Guillermo Masch, Frente de Todos San Antonio Oeste, Miguel Gury Moray, Secretario General de la UB de Cervantes y el intendente anfitrión Robin Del Río.
La magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti desestimó el planteo de medida cautelar que presentó el senador del Pro y argumentó que “no es inminente la jura del senador oficialista”.
La jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado el senador Luis Juez (Pro – Córdoba) para que se anule la designación del kirchnerista Martín Doñate comomiembro en el Consejo de la Magistratura.
El senador del Pro acudió a la justicia para frenar la designación de Doñate como consejero en el órgano responsable de la selección y remoción de jueces. Sin embargo, la magistrada desestimó el pedido de medida provisoria y aún no resolvió sobre el fondo de la cuestión.
Juez reclama para sí la representación por la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema y, por este motivo, la jueza rechazó la medida cautelar pedida el senador, debido a que entendió que su planteo no tenía sustento suficiente, porque la incorporación de Doñate a la Magistratura no es "inminente", puesto que el máximo tribunal resolvió por ahora no tomar juramento a los consejeros senadores y analizar en profundidad la disputa entre Juntos por el Cambio y el oficialismo.
“En un estadio procesal preliminar y en el marco cognoscitivo limitado propio de toda medida cautelar, se dicte una medida que interfiera con la función que, como cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema está ejerciendo en la situación”, dijo la jueza del fuero Contencioso al rechazar la medida cautelar interpuesta por el senador cordobés que buscaba impedir que se le tome juramento al candidato de Cristina Kirchner para el Consejo de la Magistratura.
Y diferenció: “Dicha situación, y en particular la posición adoptada por la Corte Suprema resulta distinta a la debatida en autos. Ello pues, el Alto Tribunal dispuso que se tome juramento a los representantes de la Cámara de Diputados, pero no así a los de la de Senadores, objeto del planteo de autos”.
Biotti se refirió a la resolución de mayo de este año, a través de la cual se dispuso que se tome juramento a los consejeros -entre ellos al senador Doñate- "a pesar de la existencia de la causa judicial iniciada por los senadores Juez y Schiavoni".
Este expediente, entendió la magistrada, "culminó con el dictado de la sentencia que declaró que correspondía que el lugar del senador Doñate fuese ocupado por el senador Juez, cargo que este último nunca llegó a asumir". La jueza aludió al fallo de la Corte que consideró una maniobra “ilegal” dividir el bloque de senadores oficialistas en dos.
Al continuar con sus argumentos para rechazar la medida cautelar y despejar el camino para que Doñate jure como consejero, la jueza Biotti entendió este miércoles que el segundo hecho manifestado por Juez tampoco tiene “sustento”, en relación a la última resolución de la Corte Suprema.
La Corte dijo que las designaciones de los cuatro senadores que deben incorporarse al Consejo "se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento.” Es decir, a diferencia de lo ocurrido con el reclamo anterior -indicó la jueza Biotti-, "el máximo tribunal optó por no tomar el juramento de ley a los representantes del Honorable Senado de la Nación".
Por eso entendió que no debía hacer lugar a la medida cautelar, ya que al interpretar esta resolución de la Corte "se permite descartar la supuesta inminencia en la toma de posesión de sus cargos por los representantes del Senado, lo que determina la improcedencia de la tutela cautelar pretendida".
El motivo del amparo
El 18 de noviembre, Juez presentó un recurso de no innovar contra el Senado para declarar la nulidad de la maniobra impulsada por el oficialismo que aprobó el decreto firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, que designó a tres representantes del oficialismo para el Consejo.
Junto a Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro y designado suplente del cordobés para el Consejo- habían reclamado en el escrito que "se declare la nulidad absoluta e insanable" de los nombramientos dado "las improcedentes designaciones de los senadores Doñate y (Anabel) Fernández Sagasti".
La situación que derivó en una constante judicialización se remonta a abril de este año cuando el oficialismo dividió su bloque en el Senado presidido por Cristina Kirchner para ganar un sillón más en el órgano que designa y sanciona a los jueces que incurren en el mal desempeño. Así el Frente de Todos con dos bloques conformados, se arrogó la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.
Así fue que se conformaron los bloques del Frente Popular y Nacional, con 21 miembros, y el de Unidad Ciudadana con 14 senadores. La división le permitió sumar dos consejeros por la mayoría y uno por la segunda minoría.
En su planteo ante la justicia del fuero Contencioso, Juez había requerido que se ordene a la vicepresidenta que lo designe a él y Schiavoni como consejeros de la Magistratura titular y suplente, respectivamente, por la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026.
En los fundamentos, los senadores de la oposición plantearon que se declare la nulidad de lo realizado durante la sesión del Senado cuando se convalidó el decreto con las designaciones no solo de Doñate, sino también de María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente de Todos, y de Eduardo Alejandro Vischi por el radicalismo.
Horacio Rosatti le tomó juramento a los nuevos integrantes provenientes del ámbito académico, de la abogacía, la magistratura y el Poder Ejecutivo Nacional. El caso de los legisladores será analizado el próximo jueves.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomó juramento este martes a los nuevos integrantes del Consejo para el período 2022-2026.
Se trata Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en representación de la abogacía; Diego Gustavo Barroetaveña, Alberto Agustín Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de la magistratura; y Gerónimo Javier Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.
Del acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, participaron los otros tres jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de la Corte y del Consejo, y familiares e invitados de los flamantes consejeros.
En la ceremonia no se le tomó juramento a los representantes del Poder Legislativo, cuyas designaciones se analizarán el próximo jueves. La polémica controversia pasa por los enviados del Senado, no así por los de la Cámara de Diputados.
El nombramiento del kirchnerista Martín Doñate por la segunda minoría en la Cámara alta fue objetada por el Pro, que reclama ese lugar para el cordobés Luis Juez, en base al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón en el amparo interpuesto en mayo pasado, cuando el Congreso tuvo que enviar nuevos consejeros dado que el máximo tribunal reinstauró la ley de 1997 y se recompuso la composición de 20 miembros.
Sin embargo, para este nuevo período, el oficialismo ratificó que Unidad Ciudadana es la segunda minoría. Además, sometió el decreto de designaciones a la votación del pleno en la sesión del miércoles pasado. De acuerdo a esa medida, se nombraron a María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente Nacional y Popular; a Eduardo Vischi, por la UCR; y a Doñate por UC.
Esta situación generó la protesta de Juntos por el Cambio, que además de ausentarse de la sesión, presentó un nuevo amparo ante la Justicia.
Por su parte, por la Cámara de Diputados fueron designados los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; del Pro Álvaro González; y de la UCR Roxana Reyes.
Ausencias en el seno del oficialismo obligan a postergar cualquier sesión hasta mediados de diciembre al menos. Además, el mal clima entre oficialismo y oposición impide cualquier tipo de consensos.
Lejos estuvo de ser tranquila la última sesión de la Cámara alta. No por lo que sucedió dentro del recinto, pues la ausencia opositora allí hizo que solo se escuchara un discurso unidireccional; sino por todo lo que antecedió a esa reunión y lo que sucedió después. La sesión generó una atención doble: por lo que sucedió en el recinto y lo que hacía la principal oposición fuera, con su conferencia de prensa paralela protestando por la decisión de las autoridades del Cuerpo de incluir en el temario el decreto de designaciones de esa Cámara para el Consejo de la Magistratura.
Y particularmente, la decisión de insistir con Martín Doñate como representante de “la segunda minoría” del Senado.
“No era lo acordado”, fue uno de los tantos reproches que expresaron desde Juntos por el Cambio y que presagian un rotundo cambio de clima en la Cámara alta. Es que se había establecido que la sesión solo incluyera el análisis del Presupuesto 2023, y a lo sumo hubieran justificado también la inclusión de la prórroga de impuestos. Pero por el contrario, además del cuestionado decreto, sumaron también los pliegos de integrantes de la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena, provincia de Santa Cruz. Cartón lleno para la tolerancia opositora.
Pero más allá del clima que ha quedado imperando en el Senado, hostil por donde se lo mire, la cuestión pasa por la estrechez numérica que ostenta hoy el oficialismo. No le sobraba nada hasta el miércoles pasado en el que logró imponer con la presencia oficialista y sus aliados habituales todo el temario previsto para esa jornada.
La enfermedad del jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, que ya no estará este año en ninguna sesión, reduce a la bancada oficialista a 34 senadores. A ellos hay que sumar a dos aliados habituales y constantes: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, y también desde este año a la riojana ex Cambiemos Clara Vega, cada vez más alineada con los deseos del oficialismo. Con todos ellos y Mayans presente, al oficialismo le sobraba un senador para el quórum y ganar cualquier votación: 38.
Pero sin Mayans tuvieron que esperar la recuperación del misionero Maurice Closs para volver a habilitar sesiones. El tema es que ahora y por un mes les faltará otro.
Hablamos del salteño Sergio “Oso” Leavy, senador kirchnerista cuyo pedido de licencia se votó a mano alzada al principio de la sesión del miércoles pasado. En rigor, es desde el 5 hasta el 16 de diciembre, lo cual implica que durante ese período el Frente de Todos no podrá arriesgarse a llamar a ninguna sesión.
La ausencia del senador salteño que viajó a Qatar reduce a 36 los senadores disponibles, contando siempre con los tres aliados mencionados. Razón por la cual, no le alcanza al oficialismo para habilitar el quórum y así es que, dadas las circunstancias que descartan cualquier entendimiento con la oposición, el Senado quedará parado hasta que concluya el Mundial de Fútbol.
Quedan pendientes muchos temas que ya cuentan con media sanción de la Cámara alta, por ejemplo varios aprobados en la última sesión de Diputados, como la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios; el Certificado Unico de Discapacidad; o la exención del pago de Ganancias a partir de la quinta guardia médica, por citar solo algunos temas recientes.
Podría, sí, avanzar con el tratamiento de esos y otros temas en las comisiones, mas eso no sucederá al menos por esta semana, según la agenda de comisiones conocida hasta ahora. En realidad sí figura un tema: para este miércoles a las 11 ha sido convocada por la senadora nacional pampeana Victoria Huala (Pro) una reunión para exponer sobre el proyecto de Ley Lucio. Es en realidad ese proyecto aprobado en la Cámara baja por unanimidad el 9 de noviembre pasado, por el cual se establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Necesitan que la Cámara alta lo apruebe para que sea ley.
Muchos fueron los objetivos del acto de Cristina: alentar el operativo clamor, juguetear con su propia candidatura, alinear a su tropa y exhibir una demostración de fuerza. A propósito del eslogan electoral: hoy ella muestra más fuerza que esperanza.
Por José Angel Di Mauro
No hay hoy en la política argentina orador como Cristina Fernández de Kirchner. Sin ser esa observación un juicio de valor que avale lo que pueda llegar a decir en sus discursos, hay que reconocerle una dinámica y soltura que la vicepresidenta adquirió en sus años de legisladora. Lo fue en la Nación desde 1995, pero ya en 1989 era diputada provincial en Santa Cruz. A lo largo de tantos años adquirió una experiencia tal que le permite hablar fluidamente sin leer. Es lo que establecen las reglas en ambas cámaras, mas no se cumplen. Aunque ella muchas veces, al presidir las sesiones, obliga a los legisladores a hacerlo. Depende el senador y las circunstancias.
Excelente oradora -vale repetirlo-, no fue sin embargo el del jueves un gran discurso el suyo. Más bien podría afirmarse lo contrario. Así y todo, dejó cantidad de títulos y recortes de un mensaje en el que habló en tono de campaña, mas no anunció candidatura alguna. Quienes imaginaron que podría hacerlo, no conocen las costumbres a las que tanto ella se aferra. Como ya hemos dicho, mantendrá la incógnita hasta el final: tiene tiempo hasta junio, según un cronograma electoral que sigue contemplando la vigencia de las PASO; así las cosas, cuanto mucho adelantará su decisión a mayo, como en 2019, aunque esa fue una circunstancia excepcional, como disruptiva fue esa propuesta de inventar un candidato inesperado, apuntalado por ella desde el segundo lugar de la fórmula.
Cristina abonó el misterio dejando crecer las posibilidades de una eventual candidatura. Como en esos partidos de fútbol en los que está acordado que a tal minuto se pare el encuentro para que las hinchadas homenajeen a un jugador determinado, la multitud que concurrió al Estadio Unico de La Plata el Día del Militante tuvo ese gesto cuando corrían 18 minutos del discurso de su líder. En ese momento, Cristina hizo un silencio para tomar agua y como si estuviera previsto el estadio comenzó a entonar el cántico “Cristina Presidenta”, que en esta oportunidad no tuvo una réplica al estilo del “no se hagan los rulos”, sino más bien una suerte de aval de la Jefa para dar curso a las especulaciones: “Como decía el General, ‘todo en su medida y armoniosamente’”, deslizó.
Cristina abonó el misterio dejando crecer las posibilidades de una eventual candidatura.
Cristina acababa de hablar largamente de un tema que no acostumbra a incluir en sus discursos: la inseguridad. No lo hizo durante sus dos mandatos, ni nunca hasta el jueves pasado, cuando tocó un tema controvertido para el kirchnerismo. En términos taxativos calificó de “berreta” la discusión entre mano dura y garantismo, y abrió un debate respecto de la razón por la que resuelva ahora hablar de un tema siempre esquivo.
El acto fue en la capital de la provincia de Buenos Aires, con presencia de dirigentes nacionales, pero concurrencia mayoritariamente bonaerense. Es el distrito que define elecciones, pero donde el kirchnerismo ha comprobado que puede perder. Sin ir más lejos, fue derrota -corta, pero derrota al fin- el resultado de las legislativas 2021 allí. Con la presunción de que los comicios 2023 pueden ser adversos para el actual oficialismo, el kirchnerismo se propone hacerse fuerte en el territorio bonaerense para el caso de una derrota nacional. Y no puede afrontar semejante compromiso esta vez obviando la principal preocupación de los habitantes sobre todo del Conurbano. Claro que los ejemplos que puso fueron casos puntuales protagonizados por la policía porteña, a la que buscó deliberadamente poner en un plano de igualdad con la bonaerense. Y la crítica puntual fue a Nación, por retacear a su juicio gendarmes para desplegarlos en la Patagonia, “nadie sabe haciendo qué”.
Buenos Aires es el distrito que define elecciones, pero donde el kirchnerismo ha comprobado que puede perder.
¿Qué habrá pensado al escuchar eso el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que como siempre le permitió al oficialismo en el Senado aprobar el miércoles todo lo que llevó al recinto, en una jornada polémica y en la que no le sobraba nada?
Diego Santilli, ganador de la elección de 2021, y Cristian Ritondo, son los precandidatos más lanzados en la Provincia, y ambos usarán el tema de la seguridad como caballito de campaña el próximo año. El primero recordará su gestión en CABA, donde fue ministro del área; el segundo lo fue durante los cuatro años de la gestión Vidal. Pero también sabe Cristina que hay mucho voto que se le está fugando al Frente de Todos por derecha, con destino a Javier Milei. Sobre todo el voto juvenil, que el kirchnerismo creía propio e impenetrable. Por eso habló durante largos minutos sobre esa cuestión. “Discúlpenme que hablé tanto de este tema, pero créanme que es imprescindible hacerlo”, se justificó.
“También sabemos que el orden, por lo menos para nosotros los peronistas, el orden en una sociedad también ayuda, y contribuye con la seguridad”, reconoció CFK decidida a recoger esa bandera que ve en manos de “la derecha”. “¿Pero cuál es el orden para nosotros? Para nosotros el orden es que el padre, la madre, o ambos, salgan todos los días a trabajar; los pibes se queden en la casa y vayan al colegio, y todos juntos después coman en su casa… Que la familia argentina vuelva a comer en su casa, y no en el colegio, en los merenderos, o en los comedores. No hay orden que garantice más seguridad que eso, créanme. No es el gatillo fácil ni el palo, es el trabajo bien remunerado”, aseveró. Fue ahí que hizo una pausa para tomar agua, y arrancó la arenga planificada cual operativo clamor: “Cristina Presidenta”.
Ella será candidata, a nadie le quepa duda. Cavila entre la presidencia y una candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires. En ambos casos se espera que traccione la boleta del oficialismo. Pero como ya hemos dicho, la candidatura presidencial tiene riesgos: si no gana, se desprenderá de los fueros indispensables ante una eventual condena que los propios cristinistas -y ella en primer lugar- anticipan como segura, de parte de una justicia que reprueban. Así y todo, y a pesar de que sabe que una presidencia suya tendría por delante muchas adversidades, está dispuesta a encararla, aupada en el eslogan estrenado el jueves: La fuerza de la esperanza.
Para nosotros el orden es que el padre, la madre, o ambos, salgan todos los días a trabajar; los pibes se queden en la casa y vayan al colegio, y todos juntos después coman en su casa…”.
Una candidatura legislativa le garantiza fueros. Por seis años en el caso del Senado, una Cámara para la cual no suenan nombres en Juntos por el Cambio, que arriesga allí el año próximo dos bancas.
Para el cargo que sea, el acto en el Diego Armando Maradona representó un costoso lanzamiento de campaña. La condición indispensable era llenar el estadio, y en la previa surgieron dudas. La Cámpora es un aparato poderoso asentado en el Estado, mas sin la capacidad movilizadora que hacía falta, por eso tuvieron finalmente que dejar de lado pruritos y rencores, para negociar con el Movimiento Evita, que puso su estructura para poblar un acto que se cerró con se cerró con fuegos artificiales. La llave fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, a la que se vio sentada en primera fila, a la derecha de Felipe Solá.
Conforme el eslogan mencionado, Cristina buscó con su dialéctica alejarse de cualquier vinculación con el gobierno actual que ella encaramó donde hoy está. Bajó línea, habló del “pasado venturoso” que encabezó y buscó imponer la certeza de que el gobierno de Alberto Fernández no tiene nada que ver con ellos. Difícil entenderlo, con un auditorio poblado de funcionarios, vaya paradoja. O considerando que ella misma estuviera a cargo del Poder Ejecutivo mientras encabezaba el acto, por estar el Presidente regresando de su gira europea.
A propósito, Cristina Kirchner llegó al acto en el helicóptero presidencial, para agregar otro dato no menor.
El hecho de estar a cargo del Ejecutivo -solo formalmente, claro está- le dio a la vicepresidenta la excusa para no estar al frente de la polémica sesión del miércoles 16 en el Senado, aunque vale aclarar que desde el atentado fallido no ha vuelto al recinto. Pero por eso tampoco firmó el inédito decreto que llevó al Senado a votar las designaciones de esa Cámara para el Consejo de la Magistratura, incluyendo la cuestionada del camporista Martín Doñate en lugar del cordobés Luis Juez. La firmó en su lugar la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, quien también figura entre los nominados, en su caso como consejera suplente.
La intención de Cristina de hacer votar esas designaciones por el pleno del cuerpo busca darle un respaldo institucional a la medida, ante la previsible judicialización del tema. Por eso es que esta vez la denuncia involucra también a los senadores que votaron lo que la oposición considera un desacato a un fallo de la Corte. En rigor, tal desacato operó con la designación de Juez tras el fallo original. Para establecer que la decisión del Cuerpo ahora es ilegal, deberá mediar otra denuncia y un nuevo fallo del Tribunal Superior.
Por lo pronto, la jura de los consejeros elegidos por el Congreso ha sido postergada para esta semana. Es probable que el presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, proceda como la vez anterior y le tome juramento a Doñate. Quien se espera vaya a hacer lo mismo es Cristina Kirchner: si la Corte termina invalidando la designación, desoirá ese fallo y habrá un conflicto de poderes.
Los miembros titulares del oficialismo responden estrictamente a la vicepresidenta de la Nación. Una conducta que se prolonga en el tiempo.
Queda claro, por si quedaban dudas, que el área judicial es de máximo interés para Cristina Fernández de Kirchner en esta gestión que la muestra motu proprio generalmente ajena al Gobierno, mas no por completo. La cuestión judicial, vale repetirlo, es central para ella por múltiples razones.
Prueba de ello es el ministro del área, que si bien fue elegido por el presidente Alberto Fernández, da permanentes muestras de responder a los intereses de la vicepresidenta de la Nación. Eduardo Soria se ha peleado con la Corte Suprema de Justicia y mantiene una aspereza más afín a lo que ella representa, que lo que respecta al presidente de la Nación.
No fue así siempre, muy por el contrario, ya que al frente del Ministerio de Justicia Fernández había puesto inicialmente a una persona de su máxima confianza, amiga y socia en el estudio jurídico que compartían: Marcela Losardo. Finalmente ella dejó esa cartera ante la fuerte presión del Instituto Patria y luego de haber formado parte del grupo de “funcionarios que no funcionan”, según la curiosa interpretación que en un momento clave de esta gestión hizo pública CFK.
Pero si hubo algo que nunca dejó librado a designios ajenos Cristina Kirchner fue la representación oficialista en el Consejo de la Magistratura. Allí siempre puso gente muy afín: si son de La Cámpora, mejor.
Es lo que decidió ahora con los representantes legislativos del Frente de Todos ante el Consejo de la Magistratura. Allí, todos los titulares reportan a Cristina. En Diputados, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley son los representantes titulares y son camporistas y cristinistas, que en este caso viene a ser redundante. Los suplentes no son camporistas, pero sí están muy alineados con la vicepresidenta y responden a gobernadores totalmente afines a CFK: el chaqueño Juan Manuel Pedrini y el santiagueño Bernardo José Herrera.
Respecto del Senado, fueron nombrados otros dos camporistas: Mariano Recalde y Martín Doñate, cuya designación es la que ha generado el conflicto de poderes tan difundido. Y otra chaqueña, María Inés Pilatti Vergara, que ya estaba antes en la Magistratura, y que está súper alineada con Cristina Kirchner.
Los suplentes son otra señal hacia los gobernadores, pero en definitiva son suplentes: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador santiagueño, el pampeano Pablo Bensusán, y otra camporista, Anabel Fernández Sagasti, quien integra el selecto grupo de preferencias de la vicepresidenta.
No cabe ninguna duda de que ese organismo encargado de la selección, nombramiento y destitución de los jueces en todo el país fue, es, y seguirá siendo un de interés supremo para la exmandataria.
En tiempos del kirchnerismo fueron integrantes del Consejo de la Magistratura, entre 2006 y 2007, la senadora María Laura Leguizamón, muy cercana a Cristina, y, entre 2006 y 2010, el senador santacruceño Nicolás Fernández y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, los tres muy kirchneristas.
Igual que Marcelo Fuentes, histórico amigo de Néstor Kirchner y actual secretario Parlamentario del Senado que presiden CFK, que estuvo entre 2007 y 2017, en representación del Senado. El mismo tiempo que Ada Itúrrez de Cappellini, senadora santiagueña. Como se ve, esa provincia gobernada por Gerardo Zamora ha tenido habitualmente representación en el Consejo.
Desde 2010 a 2017 estuvieron en el Consejo de la Magistratura un ultra K como Carlos “Cuto” Moreno y la tucumana Stella Maris Córdoba, también ella alineada con el kirchnerismo.
Sigamos: el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro -uno de los principales referentes camporistas- fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2015, mientras que entre 2014 y 2016 lo fueron otras figuras muy referenciadas en el kirchnerismo: el senador santacruceño Pablo González y los diputados Anabel Fernández Sagasti (Cámpora pura) y el histórico abogado laboralista Héctor Recalde, presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja entre 2015 y 2017.
Entre 2014 y 2017 estuvo en el Consejo el senador sanjuanino Ruperto Godoy, en tanto que entre 2016 y 2017 lo estuvo otra santacruceña, Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.
De origen kirchnerista, el chubutense Juan Mario Pais fue representante en el Senado entre 2017 y 2020. Rodolfo Tailhade, que ahora vuelve al Consejo, ocupó allí un lugar entre 2016 y 2019.
Ahora vuelve allí, junto con los ya citados Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, en representación del Senado, y Vanesa Siley, que allí está desde 2019.
| Nombre | Cargo | Partido | Inicio | Finalización |
| Jorge Solana | Senador | MPN | 1998 | 1999 |
| Augusto Alasino | Senador | PJ | 1998 | 2001 |
| Carlos Branda | Senador | PJ | 1998 | 2001 |
| Horacio Usandizaga | Senador | UCR | 1998 | 2002 |
| Juan Carlos Maqueda | Diputado | PJ | 1998 | 1999 |
| Oscar Massei | Diputado | PJ | 1998 | 1999 |
| Melchor Cruchaga | Diputado | UCR | 1998 | 2000 |
| Miguel Angel Pichetto | Diputado | PJ | 1998 | 2001 |
| Miguel Angel Pichetto | Senador | PJ | 1998 | 2005 |
| Miguel Angel Pichetto | Senador | FpV | 2001 | 2005 |
| José Angonio Romero Feris | Senador | PA | 1999 | 2001 |
| Pablo Fernández | Diputado | FrePaSo | 1999 | 2001 |
| Lelia Chaya | Diputada | PJ | 1999 | 2005 |
| Carlos Maestro | Diputado | UCR | 2000 | 2001 |
| Marcelo Stubrin | Diputado | UCR | 2001 | 2006 |
| Jorge Casanovas | Diputado | PJ | 2001 | 2005 |
| Jorge Yoma | Senador | PJ | 2001 | 2005 |
| Ricardo Gómez Diez | Senador | PRS | 2001 | 2006 |
| Carlos Prades | Senador | UCR | 2002 | 2005 |
| Marcela Rodríguez | Diputada | ARI | 2003 | 2005 |
| Juan Jesús Minguez | Diputado | UCR | 2003 | 2005 |
| Federico Storani | Diputado | UCR | 2005 | 2007 |
| Nicolás Fernández | Senador | FpV | 2006 | 2007 |
| María Laura Leguizamón | Senadora | FpV | 2006 | 2007 |
| Ernesto Sanz | Senador | UCR | 2006 | 2007 |
| Diana Conti | Diputada | FpV | 2006 | 2010 |
| Carlos Kunkel | Diputado | FpV | 2006 | 2010 |
| Marcelo Fuentes | Senador | FpV | 2007 | 2014 |
| Oscar Aguad | Diputado | UCR | 2007 | 2014 |
| Ada Itúrrez de Cappellini | Senadora | FC | 2010 | 2014 |
| Mario Cimadevilla | Senador | UCR | 2010 | 2014 |
| Carlos “Cuto” Moreno | Diputado | FpV | 2010 | 2014 |
| Stella Maris Córdoba | Diputada | FpV | 2010 | 2014 |
| Eduardo "Wado" de Pedro | Diputado | FpV | 2014 | 2015 |
| Ruperto Eduardo Godoy | Senador | FpV | 2014 | 2017 |
| Pablo González | Senador | FpV | 2014 | 2016 |
| Angel Rozas | Senador | UCR | 2014 | 2018 |
| Anabel Fernández Sagasti | Diputada | FpV | 2014 | 2016 |
| Héctor Recalde | Diputado | FpV | 2014 | 2016 |
| Gustavo Valdés | Diputado | UCR | 2014 | 2017 |
| Virginia García | Senadora | PJ/FpV | 2016 | 2017 |
| Juan Mario Pais | Senador | PJ/FpV | 2017 | 2020 |
| Rodolfo Tailhade | Diputado | FpV | 2016 | 2019 |
| Rodolfo Tailhade | Diputado | FdT | 2022 | |
| Mario Negri | Diputado | UCR | 2017 | 2019 |
| Pablo Tonelli | Diputado | Pro | 2016 | 2022 |
| Graciela Camaño | Diputada | CF | 2018 | 2022 |
| Roxana Nahir Reyes | Diputada | UCR | 2022 | |
| Vanesa Siley | Diputada | FdT | 2019 | |
| Mariano Recalde | Senador | FNyP | 2020 | |
| María Inés Pilatti Vergara | Senadora | FNyP | 2020 | |
| Silvia Giacoppo | Senadora | UCR | 2019 | 2022 |
| Martín Doñate | Senador | UC | 2022 | |
Así lo manifestó la senadora de Juntos por el Cambio, para quien la Argentina va camino a "ser Venezuela, Cuba o Nicaragua".
La senadora nacional Carolina Losada (UCR – Santa Fe) opinó este jueves sobre la nominación por parte del oficialismo de Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura y sostuvo que “el kirchnerismo busca llevarse puesta a la República”.
“Cristina Kirchner está demostrando que no le importa nada y va por todo”, afirmó Losada, en alusión al fallo de la Corte Suprema que dio espacio al reclamo del senador Luis Juez, iniciado en mayo pasado. Así también, manifestó que “el FdT, con CFK a la cabeza, está obsesionado con atropellar a la Justicia”.
Entrevistada en CNN Radio, la santafesina señaló: “Tenemos un Gobierno autocrático donde nadie se le anima a la vicepresidenta, que es quien realmente tiene el poder”. Además, agregó que “a CFK no le importa la vida de los argentinos”.
En esa línea, la senadora advirtió que Argentina va camino a “ser Venezuela, Cuba o Nicaragua”, e indicó que esas naciones “son aliadas de Cristina Kirchner”.
Respecto a la designación del senador camporista rionegrino, Losada ratificó que “se está preparando un amparo jurídico porque no vamos a permitir que se lleven puesto a un fallo del máximo tribunal de Justicia”. En tal sentido, aclaró: “Dejamos un ejemplar de la Constitución Nacional en cada una de las bancas y no asistimos al recinto – el miércoles – porque no vamos a ser cómplices de este atropello”.
Por otro lado, Losada hizo referencia a la situación económico-social de la Argentina y cuestionó: “Mientras el oficialismo se pelea con la Justicia, un nene murió atropellado en Entre Ríos buscando comida en la basura”.
“Estamos en una situación muy precaria donde la inflación y la inseguridad están desbordadas, y el narcotráfico, que se apoderó de Santa Fe, está llegando a Córdoba”, remarcó Losada.
En el final, Losada lamentó que Argentina no tenga una economía estable para “atraer inversiones del extranjero” y poner, así el país “en marcha”. Asimismo, concluyó: “Ellos decidieron no respetar anda, pero nosotros no dejaremos que lleven puesto al país”.
El senador del FdT criticó a la oposición por no asistir a la sesión. “Las decisiones de Juntos por el Cambio son guiadas por los medios de comunicación hegemónicos", opinó.
Luego que el oficialismo en el Senado lograra refrendar el decreto que nombra a Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) defendió este jueves que esa designación “es legítima porque está dentro del reglamento y cumple con el mapa de bloques”.
En relación al fallo de la Corte de días atrás, a favor de Luis Juez, donde se cuestionó la partición del bloque oficialista, el pampeano remarcó que “la agrupación en bloques, según afinidad política, es parte del reglamento”, el cual tiene rango constitucional.
En declaraciones a AM 530, el legislador lanzó: “Desde la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema todo ha sido más difícil”.
“Siempre fuimos claros, el Frente de Todos se compone del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Es decir, somos dos bloques al igual que el Pro y la Unión Cívica Radical que conforman a Juntos por el Cambio”, explicó Bensusán. Asimismo, señaló que “la ley dice que son dos lugares para la primera mayoría, uno para la primera minoría y uno para la segunda minoría”.
Consultado por la ausencia de Juntos por el Cambio en la sesión, el senador pampeano lamentó que “muchos gobernadores” se hayan sumado a no asistir y cuestionó: “¿Cómo harán los gobernadores para gestionar si no conocen el Presupuesto?”.
En el final, afirmó que la Cámara de Senadores “es el ámbito más federal de todo el país con tres integrantes por distrito”, y consideró que “los medios de comunicación hegemónicos guían las decisiones de la oposición”.
Con el acompañamiento de aliados, el oficialismo en el Senado puso a votación los nombramientos de María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde por la mayoría; Eduardo Vischi por la primera minoría; y el mencionado Doñate por la segunda minoría. Ausencia de JxC, que no bajó al recinto.
Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos en el Senado logró refrendar en el recinto el decreto por el cual se nombran a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor.
Días atrás, a poco de que culminen los mandatos en el órgano encargado -entre otras funciones- de la selección y remoción de jueces-, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo de Juez y en contra de la designación de Doñate en mayo pasado, cuando se envió al rionegrino luego de la jugada que el oficialismo realizó al partir el bloque en dos y arrebatarle así la condición de segunda minoría al Pro.
Tal cual anticiparon los senadores de FdT en conferencia de prensa la semana pasada, cuando cuestionaron con dureza al máximo tribunal por un “avasallamiento” al Poder Legislativo, al fallar sobre cómo se arman o desarman los bloques, el kirchnerismo nombró a Doñate nuevamente. Además, argumentaron que para el nuevo período se eligieron los representantes de acuerdo al mapa de bloques que actualmente existe en la Cámara. Es decir, consideraron que el cuestionamiento sobre la partición de la bancada queda atrás.
Así, con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), se ratificó el decreto 86/22, que lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Ejecutivo, por eso tampoco presidió la sesión.
Este accionar fue duramente criticado por la oposición, no solamente porque se designa a Doñate y no a Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.
A través del decreto se nombran a la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde -actualmente consejeros- por la mayoría, en representación del bloque Frente Nacional y Popular; al correntino Eduardo Vischi, por la UCR, como primera minoría; y al mencionado Doñate, por Unidad Ciudadana como la segunda minoría. Esta composición responde a la ley derogada de 1997 que fue repuesta por la Corte en abril pasado.
En tanto, los miembros suplentes serán Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Pablo Bensusán (FNyP-FdT); Silvia Giacoppo (UCR); y Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT).
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional mientras Doñate izaba la bandera argentina, abrió la lista de oradores el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien aseguró que la Corte falló “cambiando la jurisprudencia existente, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado y violando de esta manera el texto y el espíritu de la Constitución Nacional”. “Están violando la división de poderes que dicen defender, la vida republicana”, subrayó.
“En el fallo de la Corte lo que está en discusión es si es correcto que los bloques de senadores propongan a los representantes tal cual lo establece la ley”, señaló y afirmó que esa facultad está prevista en “ el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
En esa línea, el oficialista dijo que “el reglamento del Senado tiene amparo constitucional” por lo cual “no se puede objetar”. “El reglamento del Senado establece cómo se conforman los bloques le guste o no le guste a los miembros de la Corte”, agregó.
Rodríguez Saá remarcó que los poderes Ejecutivo y Judicial “pueden opinar pero no pueden invalidar las decisiones que tome el Poder Legislativo”. Además, consideró que el fallo de la Corte está “orientado a beneficiar un sector político en detrimento de otro, tratando de generar casi un poder paralelo”. “No es atribución de la Constitución hacer lo que ellos hacen, sumó.
A su turno, el tucumano Pablo Yedlin recordó que el Consejo de la Magistratura “venía trabajando hace 16 años con una ley sin ningún inconveniente” hasta que “en diciembre de 2021 de pronto la Corte declara que esa ley de 16 años era inconstitucional y que, por lo tanto, debíamos hacer una nueva ley”, y en el “mientras tanto” repusieron una ley derogada.
El oficialista defendió que la Cámara alta acató ese fallo porque aprobó un proyecto en abril pasado -que en Diputados sigue sin tratarse-. “No fuimos nosotros los que decidimos volver a esa ley derogada, fue la Corte”, aclaró y apuntó que esa norma es la que “habla de dos senadores por el bloque de la mayoría”. “No puede decirnos (la Corte) cuántos o cómo tienen que ser los bloques”, aseveró.
En la misma postura que el Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo que “está absolutamente claro que el fallo de la Corte Suprema que plantea de qué manera se tienen que designar los representantes de este cuerpo es violatorio de nuestra autonomía” y “viola nuestra autodeterminación”.
El senador aliado del oficialismo insistió con que la decisión del máximo tribunal “limita nuestra posibilidad y libertad de organizarnos políticamente”. “Es sumamente grave este fallo”, expresó y señaló que las mayorías y minorías de la cámara “por más que le pese a la Corte no son una cuestión estática, es dinámica”.
Crítica contra la figura de Horacio Rosatti, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, opinó que este fallo se trata de “un capítulo más del presidente de la Corte, que es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura y no es casual”. Lo fustigó por autovotarse y haber aceptado -junto a Carlos Rosenkrantz- “ser nombrado por decreto allá en el gobierno de Mauricio Macri violando la Constitución Nacional”.
“Este es un fallo político que merece respuesta política”, manifestó la kirchnerista, que confesó sentirse “ofendida” por “haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora” y consideró que “el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente a un avasallamiento como el del Poder Judicial por sobre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo”.
En su discurso, Di Tullio graficó haber sentido que con esta decisión “la Corte Suprema se metía por la ventana del Palacio y se nos llevaba todas las atribuciones”. Del fallo dijo que “tiene cosas que son tiradas de los pelos” y se da porque “necesita Rosatti un Consejo a su medida”.
Tras recordar que la designación de Doñate fue avalada en primera y segunda instancia judicial ante el amparo presentado por Juez, la presidenta de la bancada K recordó que el procurador interino, Eduardo Casal, “le pidió a la Corte que rápidamente se expida”. La Corte que “cajonea miles y miles de expedientes” pero “sin embargo decidió rápidamente resolver este tema que solamente es interés de Rosatti”, cargó.
En el fallo además se “descalifica a la presidenta de este cuerpo, que es parte del Poder Ejecutivo, se le atribuye malicia, mala fe, trampa. ¡La presidenta! Que no pincha ni corta en este cuerpo. No tiene ninguna atribución de decirnos a los senadores y senadoras cómo nos podemos unir, juntar”, exclamó en el recinto mientras en paralelo Juntos por el Cambio realizaba una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.
Por su parte, la senadora oficialista Lucía Corpacci arremetió contra la ausencia de la oposición: “Es una pena que no esté la oposición sentada en este momento, que habría que advertirles que su lugar de trabajo es este. Es este recinto donde los senadores exponemos nuestro pensamiento, defendemos lo que pensamos y lo que sentimos, y no ante las cámaras de televisión. Es acá donde tienen que estar. Se hizo ya una costumbre que debatan en la televisión y no en el recinto”.
“Es una verdadera pena, como también es lamentable que parece que no vieron la Constitución que dejaron sobre las bancas. Porque si la hubieran leído, tendrían en claro el artículo 66 que nos da a nosotros la potestad de constituirnos en los distintos bloques”, continuó la catamarqueña.
Además, contra los dichos de Juez relacionados a la democracia, la legisladora opinó que “es vergonzoso que alguien que pretenden que ocupe el Consejo de la Magistratura diga tamaña barbaridad, como que la democracia no le mejoró la vida a nadie. A mí no me da lo mismo que sea el senador Doñate, o cualquier otra, a que sea el senador Juez, porque ese senador no merece ese lugar”.
Última oradora, la vicepresidenta del interbloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la decisión de que el decreto sea refrendado en el recinto porque “estamos claramente ante un conflicto de poderes. Claramente una extralimitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las facultades constitucionales entrometiéndose en otro poder del Estado, el Congreso de la Nación, y diciéndonos a los senadores, que hemos sido votados y somos representantes de nuestras provincias, cómo debemos agruparnos. Una cuestión constitucional, ya que el artículo 66 de la Constitución Nacional da rango constitucional al reglamento de las Cámaras, y el artículo 55 del reglamento de la Cámara, dice que los senadores podemos agruparnos con la libertad que consideremos”.
“Es una verdadera lástima que señores de la democracia, que han sido votados para representar a sus provincias, no estén defendiendo las instituciones, y están defendiendo a poderes corporativos”, cuestionó a Juntos por el Cambio y siguió: “Porque acá yo no creo que esté en juego una banca del Consejo de la Magistratura. Acá lo que está en juego cómo se defiende una corporación, que defiende a otra corporación, que es el poder real en la Argentina”.
La mendocina aseveró que “la agenda que tiene este Senado es defender a la República, defender la representatividad que tenemos de acuerdo a los votos de cada una de nuestras provincias. Y se pueden enojar, y no venir”. “Como sabían que iban a perder en la votación prefieren ir a la Justicia, donde saben, que, en el sistema a la carta, van a tener más suerte que acá”, lanzó.
“Yo creo que, te puede gustar o no, podes estar enojado, pero los números son los números. Y la verdad es que el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la Unión Cívica Radical tiene 18 miembros, el bloque de Unidad Ciudadana tiene 14 y el del Pro tiene 9. Podes enojarte con esa realidad, pero un 14 es un 14 y un 9 es un 9. Y según la ley que la propia Corte estableció (la de 1997), dice que la segunda minoría es la que sigue en los números. Esto no es subjetivo, no es jurídico, es matemático”, explicó.
Finalmente, la camporista avaló que “lo que estamos votando acá, resolviendo que vamos a refrendar la resolución de la Presidencia, tiene que ver con algo matemático. Además de defender la República, la democracia y el sistema federal. Los números dicen que la segunda minoría es la de Unidad Ciudadana, y el bloque ha establecido que quien nos va a representar es el senador Doñate. Y estamos muy contentos de poder hacer que este Senado se defienda del atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En lo que representará un desafío al fallo de la Corte Suprema que había rechazado la partición del bloque oficialista para quedarse con un senador más, el kirchnerismo ratifica al senador kirchnerista y lo hará votar por el pleno del Cuerpo.
Pocos pensaban que el kirchnerismo en general y la vicepresidenta de la Nación en particular se darían por vencidos a partir del fallo del Tribunal Supremo que consideró inválida la designación de Martín Doñate como representante de la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura, validando en cambio el reclamo de Luis Juez para ocupar ese lugar. Y en efecto, así fue. No solo no habilitó la presidenta del Senado la designación del senador de Juntos por el Cambio para completar al menos los días que restan para esta conformación del Consejo, sino que para el próximo período ratificó al senador camporista rionegrino.
Pero lo hizo redoblando la apuesta, incluyendo su designación en el decreto de convocatoria a la sesión de este miércoles como primer tema a ser tratado en la misma.
F1668554583_DPP-86.22En efecto, llamaba la atención la demora de las autoridades de la Cámara alta para oficializar la convocatoria a una sesión que tenía fecha desde hacía semanas, para debatir el Presupuesto Nacional 2023. Siempre se supo que sería el miércoles 16 de noviembre, pero el decreto de convocatoria tardaba en ser difundido. No se anunció el lunes, y este martes recién se conoció pasadas las 20. Con una novedad inesperada: en primer lugar del temario para esta sesión aparece el decreto 86/22 para designar a “distintos señores senadores y distintas señoras senadoras como miembros titulares y suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, para el período 2022-2026, ad referéndum de su aprobación por la Honorable Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación”.
Y el decreto en cuestión consta de cinco artículos, el primero de los cuales nombra como miembros titulares a la senadora María Inés Pilatti Vergara, y a los senadores Mariano Recalde, Eduardo Alejandro Vischi y Claudio Martín Doñate; en tanto que como miembros suplentes figuran la senadora Claudia Ledesma Abdala, el senador Daniel Pablo Bensusán, y las senadoras Silvia del Rosario Giacoppo y Anabel Fernández Sagasti.
El artículo 4° de dicho decreto indica que el mismo “se dicta ad referéndum de su aprobación por la Honorable Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación”. Esto es, como normalmente este paso no se da en ninguna de las dos cámaras, sino que directamente se informa al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados, se interpreta esta movida del oficialismo en el Senado como un intento de reforzar la designación del representante por la segunda minoría, Martín Doñate, ante un eventual nuevo fallo de la Corte contrario a ese nombramiento. Conflicto de poderes en ciernes.
DPP-87.22Conocida la novedad, los principales bloques del Senado se reunieron puertas cerradas para analizar lo que harán en la sesión de este miércoles. La principal oposición se reunió a partir de las 20 y volverá hacerlo este miércoles a las 10.30, según pudo saber parlamentario.com. Analizan de qué manera afrontarán la sesión en la que el primer tema a debatir será precisamente el decreto en cuestión.
El interbloque Frente de Todos, que desde hace semanas no cuenta con su presidente, José Mayans, internado en Buenos Aires por una seria afección, se reunió también este martes por la noche. Saben que a pesar de la ausencia del formoseño, cuentan con el número suficiente para dar quórum, condición indispensable para esta sesión que asoma a priori muy complicada.
“Estamos ante una inusitada confrontación de poderes. No tengo registro de memoria que hayamos tenido una confrontación de poderes tan ostensible, tan torpe”, expresó este martes por la noche Luis Juez en La Nación+.
El cordobés advirtió que “no hace falta que la designación sea aprobada por el pleno del cuerpo, con lo cual va a crear un precedente”. Y agregó: “Hay que ser muy perverso para convertir un ardid en un consenso, porque 36 senadores van a votarlo. Los van a conseguir esos votos, sino no hubiesen convocado”.
Consultado sobre el tema, el constitucionalista Félix Lonigro advirtió que “la presidenta provisional del Senado hizo la designación de los senadores para el Consejo de la Magistratura, violando el fallo de la Corte. Pero además convocó al Senado para que lo apruebe”. A su juicio, “no corresponde esa convocatoria porque la designación la hace el presidente del Senado”.
Y concluyó: “Hay responsabilidad política y penal en ese decreto de designación. Juicio político y querella penal es lo que corresponde hacer”.
Mario Negri, Juan Manuel López, y Graciela Ocaña, entre otras figuras de la oposición se manifestaron rápidamente a favor del fallo.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador kirchnersita Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, legisladores y referentes de Juntos por el Cambio manifestaron su aprobación.
El máximo tribunal consideró el decreto firmado por la vicepresidente Cristina Kirchner, que dispuso la división del bloque del Frente de Todos en el Senado, como “inoponiple”, por lo que impugnó la decisión, y permitió que el escaño por la segunda minoría quede a cargo del macrista Luis Juez.
“No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó”, manifestó al respecto el presidente del bloque UCR de la Cámara baja Mario Negri.
Por su parte, el diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que “le guste a quien le guste hoy con Rosatti, Rosenkratz y Maqueda hay una Corte independiente del poder político del FdT y de JxC. Si se consolida tendremos un paso más a la república, a la seguridad jurídica, condiciones del desarrollo”.
Además, la diputada Graciela Ocaña consideró que la Corte Suprema “puso las cosas en su lugar” y “terminó con la trampa de CFK”; y la diputada Mariana Zuvic señaló que “la Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo”.
Asimismo, celebraron la presidente del Pro, Patricia Bullrich, y los exlegisladores Luis Petri y Jorge Enríquez.
Por otra parte, desde el oficialismo se manifestó el senador tucumano Pablo Yedlin, que sostuvo que la Corte Suprema “está actuando fuera de lo que marca la constitución nacional”.
Los senadores rionegrinos presentaron un proyecto de ley para paliar las consecuencias y ayudar a los productores afectados por las fuertes heladas de finales de octubre. Solicitaron medidas impositivas especiales, prórrogas y la suspensión de intimaciones.
Los senadores nacionales por Río Negro, Alberto Weretilneck (JSRN) y Martín Doñate (FdT) presentaron este jueves un proyecto de declaración de estado de emergencia agropecuaria por el plazo 360 días para todas las regiones de producción frutícola que se han visto perjudicadas como consecuencia de las fuertes heladas tardías de los días 30 y 31 de octubre que han afectado muy negativamente la producción del sector.
En la iniciativa, solicitan al Gobierno Nacional una partida económica específica para asistir a los damnificados y reconstruir las economías regionales afectadas, y la aplicación de medidas impositivas especiales como eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia.
También proponen eximir total o parcialmente y otorgar prórrogas de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de las regiones afectadas por esta situación extraordinaria.
Por otra parte, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Banco de la Nación, adopte medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores afectados. Lo mismo con regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para contener a los contribuyentes afectados.
En otro artículo, Doñate y Weretilneck solicitaron al Gobierno Nacional la suspensión “por el término de hasta un ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria”, la emisión de intimaciones por falta de presentación y/o pago y la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas de AFIP, ANSES, Banco de la Nación y demás organismos estatales que determine el Poder Ejecutivo, para los productores afectados.
Finalmente, solicitan la suspensión por hasta 360 días hábiles judiciales post período de emergencia agropecuaria, de los pedidos de quiebra que pueda formular la AFIP, ANSES o BNA, relativos a los productores afectados.
EMERGENCIA-FRUTICOLA-2022La Comisión de Justicia y Asuntos Penales inició este miércoles el debate sobre el proyecto del senador kirchnerista Martín Doñate.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), inició este miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo.
La iniciativa responde a un pedido de la Corte Suprema, pero tiene la evidente intención de reavivar el debate sobre la permanencia en la Cámara Federal -desde donde en 2018 confirmaron fallos contra la actual vicepresidenta en causas por corrupción- de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Menos de diez minutos le demandó explicar los alcances de su propuesta al senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), integrante de La Cámpora quien estuvo invitado a participar de la Comisión.
Más allá de la brevedad del encuentro, Parrilli confirmó que es intención del oficialismo “prontamente tener dictamen” y llevar el tema al recinto de la Cámara alta porque “este es un tema importante y hay un vacío legal” en la materia.
Al hacer uso de la palabra, Doñate agradeció la invitación y la presencia de todos los senadores y sostuvo que la temática le “interesa mucho”. También aclaró que “la idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”.
“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, explayó Doñate.
En ese sentido, siguió: “Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”.
“Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó el rionegrino y leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció: “Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.
En esa línea, explicó que “hemos propuesto bajo esos parámetros dar esta propuesta que se inicia en el tratamiento de esta Comisión de Justicia”, y describió los principales objetivos a los que se orienta.
“Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”, precisó Doñate y aclaró que “estos tres aspectos tienen que tener un mismo status”.
Además, contó que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.
“Se encuentran prohibido los traslados que suponen un cambio de fuero, de competencia material y/o de jerarquía. Se establece un procedimiento complejo cuyo primero tramo se encuentra a cargo del Consejo de la Magistratura”, agregó el senador oficialista y sumó que se aplicarán a los traslados producidos con anterioridad estas disposiciones, pero aclaró que “se mantendrán aquellos traslados en los que se verifiquen ciertas circunstancias fácticas”.
Y procedió a detallar: “Hubo situaciones muy excepcionales que el fallo de la Corte no contempló y se dan en circunstancias tales como por ejemplo un juez trasladado se termina su transitoriedad en el cargo y tiene que volver al juzgado original y en ese juzgado ya se concursó, quedamos en una situación de incertidumbre. Está en discusión esta cuestión y proponemos dos opciones que cuando el cargo para el que fue nombrado la juez trasladada al momento de la sanción de esta ley hubiera sido integrado con otro magistrado designado según el artículo 99 de la Constitución. La otra opción es que cuando el cargo para el cual fue nombrado el juez trasladado al momento de la sanción de la ley hubiera dejado de existir”.
Al cierre de su presentación, Doñate informó que “no son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, e informó que se encomienda al control de los requisitos y condiciones correspondientes al Consejo de la Magistratura y se establece un plazo de 45 días para que el Consejo se aboque a funcionar y a establecer cuáles son aquellos casos que se encuadran en la normativa. Pasados esos 45 días el Consejo determina que no cumplen los requisitos, esos jueces deben volver a sus cargos originales”.
Además, el senador oficialista retomó las palabras del juez de la Corte santafesina que cuestionó el juicio de la causa “Vialidad”. “Con un show mediático y patético ha puesto a la justicia argentina en la escala más baja”, disparó Doñate.
El senador nacional Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Rio negro) llevó al recinto del Senado en la sesión de este jueves el tema de la causa “Vialidad” en la que está acusada la vicepresidenta de la Nación y apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola porque “no se bancan tener a Cristina sentada enfrente, no les da la nafta”. Además, retomó las palabras del juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta - al igual que lo hizo CFK- para calificar el juicio de “inconsistente”.
Doñate arrancó diciendo que JxC “pasaron de ser municipalidad a casi una república independentista”, y pidió una cuestión de privilegio contra Luciani y Mola “en el marco de su actuación en la causa denominada ‘Vialidad’.
“Me siento afectado en mis fueros a partir de esta concepción nueva que tienen los fiscales. Parecería que durante los mejores 12 años que ha tenido la historia argentina en materia de conquista de derechos, con datos objetivos sobre la realidad social, de desarrollo económico del país junto con el primer gobierno de Perón, durante esos 12 años no funcionaron las instituciones de control de la República, no tuvieron vigencia los procedimientos constitucionales relativos al control en materia presupuestaria”, explicó el senador rionegrino.
A su vez, precisó: “Se ha rogado el fiscal la última palabra en desmedro del rol del Congreso de la Nación, de la AGN, de los propios controles ante, post, externo e internos del propio Ejecutivo. Un inverosímil fiscal que, con un show mediático, patético, escalofriante por las inconsistencias de los argumentos sobreexcitado a los gritos, con ensañamiento, con odio, con una absurda parafernalia ha puesto al sistema penal, a la justicia argentina en la escala más baja de consideración de la sociedad”.
Y retomó las palabras del juez de la Corte Suprema de Santa Fe a quien calificó de “exitoso y reconocido”, ya que “este jurista dice que si hay un valor que tiene este alegato de los fiscales como Uriburu en la causa Vialidad es un proceso que nos permitirá enseñarles a nuestros alumnos como no debe ser un debido proceso penal, es decir como no debe actuar un fiscal y un juez”.
“Bajo los cinco principios elementales que se han roto. El principio de inocencia cuando el fiscal dice que el acusado debe probar su inocencia. La admisibilidad de la prueba, metiendo pruebas por la ventana a último minuto sin posibilidad de poder constatarlas por parte de los acusados. La imparcialidad del juzgador, que se juntaba a jugar a la pelota con otros jueces, con fiscales, en la causa de Mauricio Macri. La oralidad que la tiraron a la basura, comienza la etapa de los fiscales telepronter, ya no se bancan tener a Cristina sentada enfrente sin ningún papel para acusarla, no les da la nafta y rompen el principio de oralidad y el derecho del imputado a la posibilidad de declarar también emitidos por la ventana”, enumeró Doñate.
Y siguió: “Erbetta dice que con estas cuestiones que tienen que ver con estas garantías que hacen fundamentalmente a la principal que es el juicio previo del debido proceso, este proceso no puede sostenerse bajo ningún punto de vista y esta quebrada su validez. Tiene un valor pedagógico el juicio de vialidad muy grande en función de la vía negativa, es decir lo que no hay que hacer este todo hecho en esa causa”, y cuestionó: “Además de fiscal telepronter se ha inaugurado una nueva etapa, la etapa del juicio oral y público, pasó a ser la etapa de la acusación leída y cocheada y teatral”.
“La derecha y el golpismo están siempre acostumbrados a usar este tipo de símbolos, de mensajes, de conductas que se los reconoce a través de toda la historia porque arrasaron, quemaron, prohibieron a través de distintos sistemas, de golpes, resoluciones. Siempre atacando a sus líderes porque son el símbolo de mayorías populares, son el arquetipo lo hicieron con Perón y ahora lo hacen con los Kirchner”, disparó contra la oposición.
En suma, sostuvo que “lo hacen porque no quieren que nazcan más Cristinas. La idea de prohibir, la idea de proscribir, la idea de prohibirle a Cristina la posibilidad de defender algo elemental, organizados estos jueces y fiscales que van a jugar al fútbol, comen asados y van a la quinta de Macri, para perseguir, condenar a todo lo que significa Cristina y su gobierno y proteger a Macri y todo lo que representa como proyecto de país”.
“12 años uno por cada año de gobierno, los 12 años simbólicos quedan allí en la anécdota porque ellos tienen una condena ellos están condenados los Luciani, los Mola y todo lo que representa, a sufrir a perpetuidad el amor de la gente y del pueblo por ella por lo que representa. Un amor que se agiganta día a día porque el pueblo siempre vuelve”, cerró Doñate.
No obstante, el senador aclaró que esos procesos arrancan por la Cámara baja. También insistió con que "es imprescindible y necesaria" una reforma del Máximo Tribunal.
Tras el vídeo que la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió cuestionando a la Corte Suprema de Justicia, el senador nacional Martín Doñate (UC-FdT) dijo que "no descartamos" pedidos de juicio político contra los cortesanos, porque "de hecho hay argumentos suficientes".
No obstante, el legislador aclaró que "hay algunos pedidos en la Cámara de Diputados, que es donde empieza el proceso". "Hasta Elisa Carrió presentó pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti", recordó.
Para el rionegrino, "es imprescindible y necesaria la reforma de la Corte" y, en ese sentido, se refirió a las iniciativas en el Senado que proponen la ampliación del Máximo Tribunal. "Tenemos que construir mucha conciencia social y política para tratar de avanzar con los proyectos", sostuvo en declaraciones a radio Futurock.
Además, en diálogo con Radio 10, Doñate reveló que el oficialismo buscará tratar en la primera semana de agosto la propuesta que quiere llevar a 25 los miembros de la Corte, un texto que tuvo respaldo de gobernadores del Frente de Todos y aliados, y que recibió dictamen antes del receso invernal.
Sin embargo, el senador mencionó particularmente las iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, quien dentro del bloque oficialista avisó que no votaría a favor de ese texto, y de Alberto Weretilneck, un habitual aliado del FdT también en desacuerdo con ese proyecto, que fue el último en agregarse al debate y en un trámite veloz se le dio despacho.
"Entre los tres hay que armar una buena propuesta para generar los acuerdos. Es en lo que estamos empeñados en estas horas", afirmó el kirchnerista, abriendo así las puertas a una eventual modificación del dictamen que sume el apoyo necesario para llevarlo a una sesión, que fracasó en convocarse para el 7 de julio, como algunos pretendían.
En cuanto al vídeo de CFK, el camporista consideró "lo que deja claro la expresión de Cristina es que no habrá elección democrática que valga, o ley que tenga garantía de continuidad, o proyecto electoral que pueda ser cumplido, ni política de Estado posible, ni seguridad jurídica, con una Corte Suprema de Justicia de estas características".
"Todo lo que llegue a estos cuatro señores cae en saco roto", cuestionó y analizó que las causas "si son conveniente a los intereses que representa esta Corte podrán pasar y ser política de Estado, o sino caerán en la imposibilidad de su ejecución".
Fue por parte de un grupo de personas que se expresaron frente al Palacio de Tribunales contra la asunción del senador kirchnerista y también apuntaron a Cristina Kirchner. “Luis Juez es el elegido, basta de trampa”, rezaba en un cartel.
Un grupo de manifestantes expresó su repudio, frente al Palacio de Tribunales, contra la asunción del senador kirchnerista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, que asumió luego de la maniobra de división del bloque del Frente de Todos por parte de Cristina Kirchner.
"Luis Juez es el consejero. Doñate es un tramposo", expresaban en las pancartas del reducido grupo de manifestantes. También apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia por habilitar la toma de juramento al senador K.
Otro de los carteles hizo alusión a la maniobra de la presidenta del Senado de la Nación, que logró meter al camporista Doñate en la Magistratura: “Repudiamos las trampas de la vice”.
Al llegar al edificio judicial, Doñate se topó con la protesta contra, donde también además de carteles había banderas argentinas, pero el legislador y flamante consejero pasó sin prestarle mayor atención.
Por su parte, la senadora radical Roxana Reyes decidió sumarse al grupo de manifestantes y aprovechar para reclamar el lugar de consejero para la oposición y no para el integrante de Unidad Ciudadana, la bancada que responde a Cristina y al oficialismo.
Así lo aclaró el jefe del bloque radical al acompañar a Roxana Reyes en la jura para integrarse a ese organismo. Para él, se trata de “un escándalo institucional sin precedentes”.
El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, asistió este jueves a la jura de su correligionaria Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura, que se realizó en la sede de la Corte Suprema.
“Desde el bloque de diputados radicales vinimos a acompañar a Roxana Reyes en su jura como miembro por la segunda minoría de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Roxana defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”, publicó Negri en Twitter.
Al ser consultado por la prensa, Negri agregó: “El fallo de la Corte lo que ha dicho con respecto a estos dos casos (el de Reyes y el del senador Martín Doñate) es que no están finalizadas las apelaciones, en absoluto, sin perjuicio que hayan tomado juramento y con dos diferencias notorias”.
Y agregó: “En el caso de Roxana Reyes, se cumplió de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo del Senado es de un mamarracho y de un escándalo institucional sin precedentes, porque ahí lo que había que elegir era la segunda minoría para completar el mandato que termina en noviembre de todo el Consejo de la Magistratura. Eso no es picardía eso es fraude a la ley. Dividieron un bloque para quedarse con 3 de 4 integrantes".
“El peligro es si es noviembre siguen haciendo lo mismo, en ese caso estaríamos ya con la Constitución pisoteada por completo”, concluyó.
Junto al presidente del bloque UCR, también estuvieron la vicepresidenta Karina Banfi y el secretario general de la bancada Miguel Bazze.
Con la vuelta a la conformación original de la ley de 1997, ese órgano judicial vuelve a tener 20 miembros y ya juraron todos sus integrantes.
Tal cual lo resuelto por la Corte Suprema el martes último, juraron este jueves el senador nacional Martín Doñate y la diputada nacional Roxana Reyes como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.
La ceremonia se celebró al mediodía en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, con la presencia de integrantes del Consejo e invitados, y encargado de tomarles juramento a los legisladores fue el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien es además presidente del Consejo de la Magistratura.
Concretada la jura, el Consejo de la Magistratura quedó completo, con los 20 miembros que establece la ley de 1997 que fue restablecida a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
Es en principio el final de la larga disputa generada a partir de la polémica en torno a las designaciones por parte de ambas cámaras de los representantes del Senado y Diputados ante el Consejo. Recordemos que Juntos por el Cambio reclamaba los dos lugares vacantes a partir del hecho de ser segunda minoría, pero en el Senado el oficialismo optó por dividir su bloque, creando el del Frente Nacional y Popular y el de Unidad Ciudadana, con lo que determinó que le correspondía ese lugar en dicha Cámara a un miembro de UC.
El juramento se concretó luego de la acordada 11/22 suscripta el martes por los cuatro miembros de la CSJN, que avaló las designaciones más allá de los cuestionamientos existentes en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. De hecho, la propia Corte aclaró que su convalidación está sujeta a la resolución final de los reclamos que tramitan ante la Justicia contra ambas designaciones.
Acompañaron a la diputada santacruceña Roxana Reyes miembros del bloque radical, que afirmaron que ella “defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”. Ella, por su parte, señaló en declaraciones al periodismo que “vamos a trabajar para que se cubran rápidamente las subrogancias evitando juzgados vacantes y que los procedimientos sean ágiles y transparentes al momento de selección de cada uno de ellos”, expresó la legisladora.
Por último, la diputada santacruceña remarcó y sostuvo la postura que “el lugar para la segunda minoría en el Senado le corresponde a Juntos por el Cambio y no a Unidad Ciudadana que son parte del oficialismo”. “Esto fue una estrategia del kirchnerismo al igual que lo hicieron y siguen haciendo en Santa Cruz, es parte de la maqueta que intentan replicar en todo el país y de la impunidad que quieren lograr con la justicia”, finalizó Roxana Reyes.
“Independientemente del servicio de justicia y de la nueva ley orgánica y de funcionamiento del Consejo de la Magistratura que se debate en el Congreso, entiendo que es momento de repensar una nueva arquitectura institucional en la justicia Argentina”, expresó por su parte el senador rionegrino.
Para Doñate, “la Justicia debe adecuarse y dar respuestas a las demandas propias de un mundo en permanente transformación, y a las demandas sociales que lejos están de ser satisfechas con el modelo institucional actual”.
El senador K y la diputada de la UCR tomarán juramente este jueves al mediodía. Así, se completará el órgano judicial, cuya composición de 20 miembros fue restituida por la Corte en abril pasado.
Luego de más de un mes desde que la Corte Suprema de Justicia restituyó la composición de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, y tras las controversias que se dieron en el Congreso por los representantes a enviar, asumirán este jueves al mediodía como consejeros el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.
Así, se completará la conformación del órgano encargado de seleccionar y remover jueces, y administrar el Poder Judicial, que desde abril pasado es presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, después de haberse vencido el plazo que el máximo tribunal le dio al Poder Legislativo para sancionar una nueva ley.
Es que la ley de 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, fue declarada inconstitucional por la Corte, en diciembre de 2021, y entonces se resolvió retornar a la composición que el Consejo tenía según la ley de 1997, salvo que en un plazo de 120 días el Congreso aprobara una nueva ley, lo que no ocurrió.
De acuerdo a la norma del '97, en el Consejo deben tener lugar las "segundas minorías", con cual ahí comenzó la puja en el Congreso: mientras la UCR pudo imponer a Reyes en esa condición, el oficialismo en el Senado dividió el bloque para desplazar al Pro de ese lugar y evitar que sea consejero Luis Juez.
Ambas designaciones originaron presentaciones ante la Justicia. En el caso de la Cámara alta, reclamaron contra la decisión de Cristina Kirchner desde la bancada macrista; pero en el caso de Diputados, fue el propio jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien recurrió a una acción de amparo contra la resolución de Sergio Massa.
Finalmente, ambos juzgados en lo Contencioso Administrativo, donde recayeron las presentaciones, resolvieron a favor de las resoluciones que las autoridades del Congreso firmaron.
Este martes, en la acordada 11/22, suscripta por sus cuatro integrantes, la Corte Suprema avaló las designaciones y expresó que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Y agregaron que, más allá de las tramitaciones presentadas, “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
Para el entrerriano, la decisión del Tribunal Supremo sobre las designaciones en el Consejo de la Magistratura les dio la razón, y lo graficó de manera resultadista: 1 a 1.
Autor del amparo ante un juez entrerriano con el que buscó frenar la designación de dos legisladores para el Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Marcelo Casaretto consideró que la acordada 11/22 conocida este martes no hizo más que darle la razón, y sintetizó su reflexión con este resultado: 1 a 1.
“Hoy la Corte Suprema de Justicia dispuso tomar juramento a Martín Doñate, senador del Frente de Todos, y a Roxana Reyes, diputada de JxC en el Consejo de la Magistratura”, tuiteó este martes el diputado entrerriano.
Y continuó señalando que “finalmente el tiempo nos dió la razón”. ¿En qué se basa para semejante planteo? En que “ante la pretensión de JxC de designar los 2 nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, uno por cada Cámara, el resultado sería 2 a 0. Por eso presenté una precautelar y una cautelar ante la Justicia Federal para evitar esas designaciones”.
“Obtuve un fallo a mi favor, pero la Corte Suprema aplicando el per saltum dispuso la nulidad de la cautelar otorgada en mi presentación. Pero durante la vigencia de esa medida, los presidentes de las cámaras, Cristina Fernández y Sergio Massa dispusieron la designación de Doñate y Reyes, con un equilibrio entre las 2 principales coaliciones parlamentarias, lo que finalmente termina siendo convalidado hoy por la Corte Suprema, disponiendo recibir juramento a estos legisladores, más allá de los trámites de las impugnaciones realizadas en otros juzgados”, describió el legislador oficialista.
De tal manera, tuiteó, en tono deportivo: “Resultado 1 a 1. El partido no termina, hasta que no termina… y se juega en equipo…”.
Más allá de que haya todavía reclamos judiciales pendientes, el Tribunal Superior aceptó sus designaciones y de esta manera podrán asumir.
Tras tantas dilaciones, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para las dos designaciones del Congreso de la Nación, por lo que el Consejo de la Magistratura podrá completarse esta semana. Así las cosas, el senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes podrán asumir este jueves, con lo que el Consejo de la Magistratura estará completo, con sus 20 miembros según la ley que entró en vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
De tal manera, este jueves se les tomará juramento a ambos legisladores en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales al mediodía y han sido invitados los restantes integrantes del Consejo.
La decisión de la Corte Suprema figura en la acordada 11/22, suscripta por los cuatro integrantes del Tribunal, y allí se expresa que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Con todo, la resolución de la Corte es ad referéndum de cómo se resuelvan los reclamos judiciales pendientes en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. “La circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados”, precisa el fallo, que tiene en consideración que “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
La cuestión generó una discusión entre el oficialismo y la oposición cuando se dio ingreso al decreto por el cual se establece la designación del senador rionegrino como representante de la Cámara alta.
La de este jueves fue la primera sesión desde que se produjo la división del bloque oficialista para hacerse de la banca correspondiente a la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura. Y previsiblemente entonces la polémica por la designación de Martín Doñate llegó entonces al recinto.
Fue inmediatamente después de que se anunciaran los anuncios entrados, entre los cuales figurara esa designación, por lo que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, pidió la palabra para recordar que “hay una instancia judicial a la que hemos recurrido, por cuanto el bloque Pro es al que le corresponde ocupar ese lugar, como dice el espíritu y la letra de la ley”.
“En una maniobra que podemos definir de cualquier manera, pero menos ‘transparente’, se han apropiado, dividiendo el bloque artificialmente, del lugar que le corresponde a la segunda minoría”, señaló el senador mendocino reiterando que el decreto por el cual el Senado designa a Doñate en el Consejo de la Magistratura fue posterior al vencimiento de los tiempos ordenados por la Corte Suprema.
Cornejo consideró que “es una maniobra que sin duda ensucia a esta Cámara, y pedimos que reflexione el Frente de Todos acerca de esta maniobra que avergüenza a la institución y nos genera una situación de conflicto institucional que los argentinos no merecen”.
Previsiblemente le salió al cruce el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, quien calificó como “delicado” el tema. Arrancó diciendo que “la Corte declara inconstitucional una ley y dice que puede ser constitucional por 120 días más, primera aberración. Segundo problema, dice del fallo uno de los miembros de la Corte que podemos declarar una ley inconstitucional, pero no podemos poner en vigencia una ley que está derogada. Lo dice (Ricardo) Lorenzetti, y acá la política no puede permitir esto. No puede permitir primero que uno de los poderes del Estado se arrogue facultades que no le da la Constitución, que legislen, pone en falta a la política… La política no puede permitir que tres personas, por sobre los diputados y los senadores, y el Ejecutivo, decidan una ley que funcionó 16 años, en los que se nombró al 75% de los magistrados”.
“Deroga una ley y pone en vigencia una ley derogada y pone al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura -agregó-. Todos sabemos de la influencia que tiene sobre las segundas instancias, y sobre el cuerpo de profesionales, el grado de influencia que tiene un hombre sentado ahí y que no tiene la misma finalización del mandato”.
Luego cuestionó que la Corte amenazara -a su juicio- a un juez, en referencia al de Paraná, Daniel Alonso, que dio curso al amparo del diputado Marcelo Casaretto contra la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
Mayans consideró que la división del bloque Frente de Todos es algo “perfectamente lícito”. “Tuvimos una discusión, decidimos agruparnos, como hacen ustedes, en sub bloques. Nosotros nunca les cuestionamos a ustedes que tuvieran sub bloques”, agregó.
El senador cordobés presentó una apelación contra el fallo del juez Pablo Cayssials del sábado pasado.
Sigue la pelea en torno a las designaciones de representantes del Congreso en el seno del Consejo de la Magistratura. Y así es que este lunes a última hora el senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez presentó una apelación contra el fallo que el sábado pasado firmó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials desestimando el reclamo del cordobés contra la designación del rionegrino kirchnerista Martín Doñate.
Juez pide así la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que “la sentencia nos genera un gravamen irreparable, toda vez que, en caso de quedar firme, se completaría el Consejo de la Magistratura con un tercer senador oficialista sobre el total de 4 que la ley prevé para integrar el órgano por parte del H. Senado de la Nación, ello en violación al derecho adquirido por la segunda minoría (Bloque Frente Pro), a integrar el Consejo en ese carácter”.
El planteo fue formulado por Juez y quien figura como consejero suplente, el senador del Pro Humberto Schiavoni.
El juez Pablo Cayssials falló en contra del amparo impulsado por el senador de JxC y el presidente del bloque Pro de la Cámara alta.
En un extenso fallo emitido este sábado, último día del mes de abril, el juez Pablo Cayssials rechazó el amparo presentado por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni destinado a impedir la asunción en el Consejo de la Magistratura del senador kirchnerista Martín Doñate.
El eje del argumento utilizado por el magistrado fue que proceder según el pedido de los legisladores de JxC significaría una intromisión de poderes.
En el amparo se reclamara proceder al nombramiento de Luis Alfredo Juez como consejero titular y Humberto Luis Schiavoni como consejero suplente, propuestos por la que entienden representa la segunda minoría.
Sin embargo, el juez Cayssials interpretó que hacer lugar al amparo “pondría en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal- el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”. Por tal motivo concluyó que “los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades”.
Para el magistrado, “no puede más que concluirse que el rechazo de la demanda se impone por exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación”.
A través de un escrito, la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, aseguró que se está ante "una cuestión política" detraída "del control del Poder Judicial".
A través de un escrito, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, solicitó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo del magistrado Pablo Cayssials, que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro Luis Juez y Humberto Schiavoni para que se impida la asunción como consejero del kirchnerista Martín Doñate.
La presentación se realizó este jueves, en el marco del pedido que el juez había realizado al comienzo de la semana, cuando le dio un plazo de 5 días a la Cámara alta para que informe sobre la designación del rionegrino.
"Es indudable que estamos frente a una cuestión política o si se quiere de carácter institucional, de ordinario, detraídas del control del Poder Judicial", señaló la abogada.
Peñafort indicó que "la mera disconformidad con los temperamentos adoptados en el marco del ejercicio democrático de las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo no permiten ni evidencian la existencia de controversia legal alguna que importe la intervención del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades propias de otro Poder del Estado Republicano”.
En ese sentido, expresó que "debe quedar absolutamente en claro que no hay causa cuando, como en autos, lo que se procura es tan solo que el Poder Judicial se pronuncie sobre el acuerdo político en la constitución de los Bloques Parlamentarios", en referencia a la división del Frente de Todos en dos bloques, lo que provocó que Unidad Ciudadana desplace como segunda minoría al Pro y la vicepresidenta Cristina Kirchner nombre como consejero a Doñate y no a Juez.
"Más aún, cuando los supuestos afectados por dicha actividad no han realizado acción alguna en el marco de sus competencias legislativas para reconducir una supuesta situación que entendían vulneradora de sus derechos”, agregó en el texto.
En el escrito se consideró que el amparo del Pro busca “subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión 'política' inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo, en particular del H. Senado de la Nación, toda vez que lo exhorta a decidir en abstracto sobre una cuestión que deriva del juego de mayorías y minorías parlamentarias”.
“Niego que la división del Bloque Frente de Todos haya sido simulada al sólo y manifiesto efecto de hacer todo lo contrario a lo dispuesto por la ley y el fallo de nuestra Corte Suprema”, completó.
Un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo le dio un plazo de 5 días a la Cámara alta para que explique el nombramiento del senador K, en el marco del amparo presentado por Luis Juez.
La controversia en torno a la designación de dos consejeros por el Poder Legislativo suma un nuevo capítulo, pues ambos nombramientos, como fueron el del senador camporista Martín Doñate y el de la diputada radical Roxana Reyes, se han judicializado.
En el marco del amparo presentado por el senador el Pro Luis Juez, el magistrado Pablo Cayssials -del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3- le pidió al Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, que presente un informe sobre la designación de Doñate.
Tras declararse competente para intervenir en el caso, y habilitar días y horarios para tratar el expediente, el juez envió un oficio a la Cámara alta para que en el plazo de 5 días hábiles se remita esa solicitud.
El informe deberá presentarse bajo los requerimientos del artículo 4 de la Ley 26.854, que refiere a las instancias previas a que un juzgado resuelva sobre una medida cautelar: "previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud".
La semana pasada el senador Juez y su par Humberto Schiavoni fueron a la Justicia a raíz de la designación de Doñate como consejero, que se dio luego que el bloque oficialista se dividiera en dos y Unidad Ciudadana desplazara al Pro como segunda minoría.
En los argumentos de su presentación, los legisladores de Juntos por el Cambio subrayaron que al momento de dictarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se reestableció la composición de 20 miembros en el Consejo de la Magistratura, el bloque de segunda minoría era el Pro, correspondiéndole así ese lugar.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación negó la validez de la denuncia de Alejandro Fargosi contra la designación del senador de La Cámpora.
Martín Doñate “cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo” de consejero de la Magistratura, afirmó este jueves por la noche la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Al salir al cruce de la denuncia efectuada horas antes por el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, la funcionaria le atribuyó al mismo “un claro desconocimiento de la ley vigente” al haberse presentado ante la justicia afirmando que Doñate no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener 8 años de profesión de abogado.
“Su presentación tuvo amplia difusión en los medios y en las redes. Estos temas legales son áridos y para saber si lo que dice es verdadero o falso, es necesario analizar leyes y fallos. Pero sus dichos, muy difundidos, generaron dudas, confusión y tuvieron repercusión política”, observó Vilma Ibarra.
A través de un hilo de tuits, la funcionaria continuó: “Yo no sé si se trató solo de desconocimiento de la ley de parte del abogado o si tuvo alguna otra intención. Pero la ley hoy vigente, teniendo en cuenta el último fallo dictado por la Corte Suprema, no exige el requisito de 8 años de abogado, el que se eliminó en 2013”.
“Es importante hacer estas aclaraciones porque estas denuncias, que se repiten y circulan, sugieren que quienes proponen al senador Doñate como Consejero en la Magistratura, incumplen la ley. Es al revés, lo que ha sostenido el abogado Fargosi está fuera de la ley”, afirmó Ibarra, que fundamentó sus dichos señalando que “el art. 4 de la ley 24.937 (1997) establecía el requisito de 8 años de abogado para ser consejero. Luego, la sanción de la ley 26.080 en el año 2006 modificó diversos artículos de la ley 24.937, pero no su artículo 4, que se mantuvo vigente”.
Ese artículo sí fue sustituido por el art. 5 de la ley 26.855 (2013). Esta ley modificó la 24.937, eliminó el requisito de 8 años y requirió para desempeñar el cargo, las condiciones exigidas para ser diputado y respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, agregó Vilma Ibarra.
A continuación, la secretaria señaló que “esta Ley 26.855 fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos, no en todos, por el fallo Rizzo. Su artículo 5, que sustituía el artículo 4 anterior, no fue declarado inconstitucional y por lo tanto continuó vigente”.
“El último fallo de la CSJN (Colegio de Abogados de la Ciudad) tampoco declaró inconstitucional ese artículo que exige los requisitos para ser diputado y que sustituyó la exigencia de 8 años de profesión de abogado. Por lo tanto, sigue vigente en la actualidad”, agregó Vilma Ibarra, que concluye afirmando que “el senador Doñate cumple con los requisitos legales exigidos para integrar el Consejo de la Magistratura y eso surge de una lectura atenta de las leyes y de los respectivos fallos de la Corte Suprema. Lo demás es grueso error jurídico o falsedad para obtener rédito político”.
Alejandro Fargosi hizo una presentación para que no se le permita al senador oficialista asumir en el Consejo de la Magistratura.
El ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi presentó una impugnación contra la designación del senador Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que se recibió recién en 2015 y por lo tanto no tiene los 8 años de profesión que exige la ley para ocupar un cargo en ese organismo.
“La Corte no debiera tomarle juramento”, concluyó el abogado.
En el escrito presentado por Fargosi se recuerda que el artículo 111 de la Constitución nacional exige como requisito para ser miembro del Consejo de la Magistratura “ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador”.
“Tal como resulta de las fuentes públicas de información disponibles, el mencionado senador no cuenta con los ocho años de ejercicio de la profesión de abogado que requiere la ley vigente y la Constitución nacional”, señala Fargosi en su escrito, en el que destaca que esos datos resultan evidentes “ni bien se constata que Doñate culminó sus estudios de abogacía en la Universidad Empresarial Siglo XXI con fecha 2015, tal como resulta del sitio web del Directorio Legislativo”.
En sentido coincidente, el sitio web de la Universidad Empresarial Siglo XXI registra que el senador finalizó sus estudios con la presentación de un trabajo práctico con fecha noviembre de 2015. Además Doñate obtuvo la matrícula federal recién en el año 2018.
En síntesis, Doñate obtuvo su título de abogado hace 6 años y 4 meses, y comenzó el ejercicio profesional de abogado hace 3 años y 9 meses.
Además, en el escrito presentado por Humberto Schiavoni y Luis Juez se solicita que se haga cumplir el fallo de la Corte.
Los senadores Humberto Schiavoni y Luis Juez presentaron este jueves una ejecución de sentencia para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema y declarar nulo el decreto mediante el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner designó al rionegrino Martín Doñate como consejero. El expediente se tramita en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, Secretaría 5.
Luego de la decisión de la titular del Senado, que nombró a un senador de La Cámpora a raíz de la división que hubo del bloque oficialista, lo que convirtió a Unidad Ciudadana en segunda minoría en lugar del bloque Pro -que preside Schiavoni-, Juntos por el Cambio anticipó que iría a la Justicia.
En el escrito, los legisladores opositores mencionan que "habiendo vencido el 15 de abril pasado el plazo de 120 días corridos dispuesto en autos en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de diciembre de 2021" para sancionar una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, inician un "proceso de ejecución de sentencia" contra la Cámara de Senadores "a fin de que se proceda a designar" como representante al Consejo al senador Juez y a Schiavoni como suplente.
"Motiva adicionalmente esta solicitud el hecho que, con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente", agregan.
Y consideran que ese hecho representa una "notoria violación a las disposiciones de la ley 24.937", que es la ley del Consejo de 1997, la cual había sido reemplazada en 2006, pero que la Corte Suprema restituyó el lunes pasado al declarar inconstitucional la 26.080.
En la presentación, Juez y Schiavoni recordaron que el pasado 13 de abril, en la antesala de que venza el plazo dado por la Corte, solicitaron a CFK la designación de los consejeros titular y suplente por la segunda minoría, que en ese momento era el Pro; y que el 19 de abril reiteraron dicho pedido.
"Resulta claro que el incumplimiento por la Sra. Presidenta de la Cámara de lo solicitado por nuestro Bloque importa un notorio e ilegal desconocimiento de la autoridad de la sentencia de la Corte Suprema", señalaron.
Y explicaron que "lo que solicitamos en esta presentación no se ve en nada afectado por la 'novedosa' división del bloque del Frente de Todos en el Honorable Senado de la Nación y el Decreto DPP 33/22 de la Presidenta de la Cámara designado como consejeros titular y suplente a los senadores Doñate y Snopek, división que, no solo resulta inoponible a nuestra solicitud en tanto extemporánea, sino que además debe considerarse fraudulenta y, por lo tanto, inválida".
En ese sentido, remarcaron que "el derecho a designar a los representantes de dicha minoría en el Consejo de la Magistratura corresponde al bloque que constituía la segunda minoría al tiempo en que la sentencia debió haber sido cumplida. Y no cabe ninguna duda que al 15 de abril el Bloque Frente Pro revestía dicho carácter".
Así, los senadores del Pro consideraron que la ruptura de la bancada oficialista se trató de "una medida artera, simulada y manifiestamente fraudulenta y tendiente a vulnerar una ley de orden público de enorme relevancia institucional en especial en lo que hace a la independencia del Poder Judicial".
"Si se permitiera a la mayoría parlamentaria modificar su bloque con el único objeto de vulnerar el derecho de una minoría parlamentaria, se admitiría afectar el derecho subjetivo de esa minoría a estar representada en el Consejo de la Magistratura, tal como lo persigue la Constitución Nacional y su ley reglamentaria 24.937", sumaron.
También, los opositores consideraron que el decreto de la vicepresidenta designando a Doñate "debe ser fulminado de manera instantánea con la pertinente declaración de nulidad absoluta e insanable".
En una resolución que firmaron en conjunto, las autoridades del Congreso formalizaron los nombramientos de los nuevos consejeros.
En una resolución conjunta, pero con decisiones de diferente tenor, Sergio Massa y Cristina Kirchner firmaron este miércoles la resolución designando a los dos nuevos consejeros: mientras el presidente de la Cámara baja cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y nombró a la diputada de la UCR Roxana Reyes, la vicepresidenta, en virtud de la reciente fractura del bloque oficialista, envió al órgano judicial al senador kirchnerista Martín Doñate, desplazando así al macrista Luis Juez, pedido por la oposición.
La controversia llegó a su punto máximo este lunes cuando la Corte Suprema de Justicia tomó el control del Consejo ante el vencimiento del plazo dado al Congreso -en diciembre pasado- para sancionar una nueva ley, la cual tuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados.
El reclamo de Juntos por el Cambio para que se designen como consejeros a dos legisladores por su espacio se hizo más fuerte, pidiendo esos lugares para la diputada Reyes y el senador Juez, por ser la UCR en Diputados y el Pro en el Senado la segunda minoría, como lo establecía la ley de 1997 que la Corte restituyó al declarar inconstitucional la ley de 2006 que había llevado el Consejo de 20 a 13 miembros.
Pero en la noche de este martes, en una jugada orquestada por CFK, el bloque Frente de Todos en la Cámara alta se partió, quedando por un lado el Frente Nacional y Popular, con 21 miembros, y el de Unidad Ciudadana, con 14 integrantes, convirtiéndose así este en la segunda minoría y desplazando al Pro, con 9 senadores.
En Diputados la estrategia no fue la misma, pues la bancada no se iba a partir.
En la antesala de las juras de los nuevos consejeros, este miércoles, pasadas las 16, se conoció la resolución en la que las autoridades del Congreso designaron finalmente a los consejeros: mientras Massa cedió al pedido de la oposición, Cristina se aseguró un representante más de su núcleo duro en el órgano encargado de seleccionar y remover jueces.
Nota-CONG.-1Doñate se sumará a sus pares María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde. Por JxC ya es consejera la radical Silvia Giacoppo.
En tanto, por Diputados, Reyes se acoplará al macrista Pablo Tonelli. Las otras diputadas consejeras son Vanesa Siley, del Frente de Todos, y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense.
La resolución establece que el eventual reemplazante de Reyes es el catamarqueño Francisco Monti; mientras que el de Doñate es el jujeño Guillermo Snopek.
El legislador oficialista ponderó la iniciativa presentada desde su bloque que busca crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” porque “deben hacerse cargo quienes hacen de la evasión una forma de vivir”.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos - Río Negro) consideró que, con el proyecto presentado por su bloque en la Cámara alta para crear un Fondo Nacional con el dinero de la evasión fiscal, busca "recuperar sumas evadidas por parte de quienes se beneficiaron" con la fuga de capitales practicada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri".
"El 100 por ciento se fugó y se fue, no quedó en la Argentina. No queremos que el pueblo pague esta deuda criminal que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Deben hacerse cargo quienes hacen de la evasión una forma de vivir", sostuvo Doñate en declaraciones a la radio online FutuRöck.
El proyecto fue presentado este lunes en la Cámara de Senadores, con el apoyo del Gobierno e incluye un pedido de colaboración a Estados Unidos por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que el gobierno de Washington brinde información sobre evasión fiscal.
La iniciativa contempla ampliar las facultades del Banco Central y permitiría que agentes judiciales puedan solicitar que se levante el secreto bancario para poder determinar quiénes fugaron divisas durante la gestión de Mauricio Macri. Además plantea que los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.
En esta línea, Doñate afirmó que el objetivo de la iniciativa es evitar que "el peso de la deuda recaiga en el pueblo", y señaló que, para esto, se ha apelado a "la voluntad del FMI para que colabore a recuperar la plata, como pidió la vicepresidenta de la Nación”.
Por último, consideró que sería "un escándalo nacional" que el Congreso no acompañe este proyecto, si bien indicó que "no les sorprenden" algunas posturas de ciertos sectores de la oposición de Juntos por el Cambio (JXC).
"Queremos que este proyecto sea tratado inmediatamente. Esperamos que sea en los próximos días", concluyó el senador rionegrino.
El senador oficialista aseguró que la empresa de vuelos genera “una conectividad fundamental para la economía del país”.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos - Río Negro) destacó a través de sus redes sociales que con el vuelo entre las ciudades brasileña de San Pablo y argentina de San Carlos de Bariloche "Aerolíneas Argentinas genera una conectividad fundamental para la economía" de la localidad patagónica "y toda la cordillera".
"Estos vuelos incrementarán el flujo de turistas brasileros y, no tengo ninguna duda, producirán un circuito virtuoso que aportará al incremento del trabajo, la riqueza y la movilidad social ascendente para nuestra provincia y el país", agregó el senador.
Además, indició: "Quiero destacar el gran trabajo que viene realizando Pablo Ceriani (titular de la empresa) desde nuestra aerolínea de bandera para recuperar la integración regional entre los distintos destinos turísticos argentinos y las grandes ciudades del Mercosur".
A su vez, el senador sostuvo que "Bariloche y Aerolíneas Argentinas generan una movilidad fundamental en el sector turístico, produciendo más trabajo para nuestra provincia y para el país".
Y expresó su agradecimiento al valorar "el gran esfuerzo de nuestra aerolínea por haber recuperado también la ruta Viedma-Bariloche y la centralidad de nuestra ciudad en la vidriera internacional, como otros tantos destinos nacionales".
El senador oficialista y el administrador general de Vialidad Nacional mantuvieron un encuentro en donde conversaron sobre las obras en marcha en la provincia del sur. A su vez, el legislador chicaneó a la oposición por el rechazo del Presupuesto 2022.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos – Río Negro) y el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, mantuvieron una reunión en la cual repasaron sobre las obras que se están realizando en la provincia en materia de infraestructura vía, las proyecciones y avances.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador rionegrino contó: Nos reunimos con el Administrador General de Vialidad Nacional, el querido compañero Gustavo Arrieta, con quien repasamos todas las obras que están en marcha en la provincia en materia de infraestructura vial, su proyección y avances”.
“Próximamente estaremos en condiciones de anunciar nuevas obras para algunas localidades de Río Negro. Agradezco y resalto la disposición por el trabajo y la inversión para Río Negro de Arrieta”, adelantó Doñate
Por último, lanzó un palito hacia la oposición: “La decisión de continuar las obras e iniciar aquellas que están pendientes y que arrancarán en este año 2022 a pesar de la negativa de la oposición que nos dejó si una herramienta fundamental como es la Ley del presupuesto anual”.
Los oficialistas lo presentarán tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Argumentaron que es una respuesta ante el rechazo del Presupuesto 2022.
El senador Martín Doñate y los diputados Pedro Dantas y Susana Landriscini, de la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, anunciaron este jueves la presentación de un proyecto de ley que tiene por objetivo beneficiar con eximición de impuestos al INVAP.
"Impulsamos un proyecto de ley para para eximir de impuesto a las ganancias, como de gravámenes por derechos de importación y de exportación, al @invapargentina", reveló Doñate en su cuenta de Twitter.
En ese mensaje, el legislador oficialista señaló que la iniciativa se presenta "frente al reciente rechazo a la aprobación del Presupuesto 2022 por parte de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, y que impedirá al Gobierno nacional y al pueblo argentino contar con presupuesto para avanzar en la reconstrucción argentina".
"Al proyecto lo trabajamos con los diputados rionegrinos @pedrodantas_rn y @Gra_Landriscini, quienes lo presentarán en la Cámara baja. Es de suma importancia para INVAP y para el país apoyar esta iniciativa con el propósito de permitir la continuidad en el desarrollo tecnológico", sostuvo.
Según explicó, el proyecto contempla la exención de gravámenes en la adquisición de partes, componentes, insumos, repuestos y bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de bienes, servicios y obras en el territorio nacional y extranjero, que sean adquiridos por INVAP.
Respecto al impuesto a las Ganancias, se eximirán los pagos de servicios, incluyendo regalías a beneficiarios del exterior que, con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en servicio, realice INVAP.
"Seguimos trabajando para promover las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Por más desarrollo argentino y rionegrino", completó el senador.
Legisladores del oficialismo y la oposición se pronunciaron tras el fallo que declaró inconstitucional la constitución actual de ese cuerpo.
Desde el oficialismo y la oposición reaccionaron inmediatamente después de conocida la decisión del Tribunal Superior referido al Consejo de la Magistratura.
El titular del bloque radical, Mario Negri, señaló: “Es cierto que el fallo de la Corte Suprema sobre la integración del Consejo de la Magistratura llega muchos años tarde. Ahora bien, el Gobierno reacciona infantilmente al decir que quiere ampliar la Corte. No tiene dos tercios del Senado para imponer jueces en el alto tribunal”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto consideró que “era una deuda de la Corte que fallara sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura impulsada x CFK. Pasaron 16 años y mucha impunidad. Jueces millonarios y arbitrarios q no fueron sancionados. Jueces q daban mal sus exámenes q fueron designados. Tarde”.
El senador oficialista Martín Doñate se pronunció también sobre el tema. “15 años tardó la Corte para entender ‘inconstitucional’ una ley de tamaña importancia institucional para el país y las instituciones. Con este funcionamiento de la máxima instancia, no hay República ni equilibrio de poderes posibles en Argentina”, consideró.
Y repitió el senador rionegrino: “‘15 años’!!! Evidentemente el poder en la Argentina está acumulado en 4 señores que se arrogan ilegítimamente la suma del poder público. Con esta Corte y el nivel de arbitrariedad y descomposición, no hay plataforma electoral que pueda cumplirse ni voto popular que valga”.
“De una vez por todas deberemos convencernos que no hay medidas económicas, ni institucionales, ni leyes sancionadas por el Congreso que puedan cumplirse si se mantiene este estado de situación. No más margen para los diagnósticos ni las puestas en escenas”, concluyó el legislador de La Cámpora.
Por su parte, la diputada radical Carla Carrizo expresó: “Un fallo que tardó 15 años en llegar. El Consejo de la Magistratura debe reformarse ya pero ¿se hará cargo la Corte Suprema del daño público que ocasionaron los efectos negativos de 15 años avalando -por omisión- decisiones de un organismo inconstitucional?”
“El país necesita urgente que el Poder Judicial deje de implementar la estrategia de ‘la defección estratégica’ con los oficialismos de turno -Corte incluida- y asuma que su función es garantizar el derecho a la Justicia en Argentina más que cristalizar privilegios”, agregó la diputada de Evolución Radical, que concluyó: “Sí, empezando con los privilegios. Sobre el #Presupuesto2022 lectura obligatoria esta nota de Marcos Aldazabal en @elDiarioAR”.
A su turno, el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes tuiteó: “16 años de desequilibrio en el Consejo de la Magistratura. Ahora la Corte exige terminar con la Ley de Cristina y volver a la Ley de Lilita. Es un paso histórico, pero lo más importante es que se vuelvan a sentar las bases de un sistema judicial con equilibrios y controles”.
También desde la CC-ARI Marcela Campagnoli tuiteó: “Tarde pero seguro. Era hora q se expidiera la Corte. Necesitamos jueces idóneos y probos. Que sepan q si se corren de la ley un Consejo de la Magistratura independiente y académico los sancionará. Que la Justicia corrija a la Justicia en tiempo”.
Integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli recordó que “en 2018 presenté un proyecto de ley para despolitizar el Consejo de la Magistratura, despejar la inseguridad jurídica en torno a su funcionamiento y para que sea un órgano independiente, eficiente y ágil. La mayoría kirchnerista en el Congreso se negó sistemáticamente a tratarlo”.
A su vez, el exdiputado Luis Petri tuiteó: “Un fallo para el lado de la Justicia. El Consejo de la Magistratura debe despolitizarse. Hasta que se sancione una nueva ley deberá volverse a la integración de 20 miembros. La Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura”.
Durante la reunión se aprobó el informe anual 2021 y se dio tratamiento a distintos informes y notas que despertaron los cruces entre los legisladores oficialistas y opositores.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por Martín Doñate (FdT – Río Negro) mantuvo una “última” reunión de forma virtual que tuvo picos de tensión por momentos, puntualmente con el expediente ante el pedido de respuestas al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre las medidas disciplinarias a los fiscales Stornelli, Marijuan y Rívolo por las reuniones que mantuvieron con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También aprobaron el informe anual 2021.
Ni bien iniciada la reunión, el aire se tornó caliente luego de leer la primera respuesta de Casal con fecha 2 de junio “sobre medidas disciplinarias a los fiscales Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo por reuniones mantenidas con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 y 2018, dadas a conocer a través de una investigación periodística”, en la cual contestó que “este despacho no tenía conocimiento sobre la realización de esas reuniones y no se tienen registros de las mismas por lo que se dio inicio a un seguimiento”.
En ese momento interrumpió la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien pidió que “al haber transcurrido 5 meses de la respuesta se podría ver si hay alguna actualización o movimiento en esas actuaciones disciplinarias, si alguno de los fiscales hizo uso de informar en ese marco y que se debería tener una copia de esas actuaciones para dar continuidad a los trámites esta respondido, pero falta el acompañamiento de las actuaciones y deberíamos pedir actualizaciones de los expedientes”.
A sus dichos se sumó Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) quien enfatizó: “Me parece que hay que pedirle al procurador que nos envíe todas las actuaciones, haga o no uso de la posibilidad de hacer un descargo; tenemos que contar con toda la información”. Y acotó: “No debemos olvidar que el doctor Casal reprochó a un grupo de fiscales que se habían reunido con (el ministro de Justicia, Martín) Soria y alegó que la representación institucional la tenía él y, si bien no inició una actuación administrativa, se asemejó mucho”, ante lo que cuestionó: “Acá hay un tratamiento distinto y no tiene la misma actitud. Me parece tiene que salir el pedido a Casal para que remita la totalidad de las actuaciones del tema”.
Por el contrario, el diputado del Pro Jorge Enríquez (Ciudad de Buenos Aires) acotó que “los expedientes disciplinarios son reservados y la comisión no tiene facultades para interiorizase en eso. La reunión de las fiscalas no se puede hacer por esa vía sino de poder a poder”, y agregó: “Estamos traspasando el rol que tenemos”.
En tanto, la diputada Siley retomó la palabra y leyó: “Se dio inicio a las actuaciones en cuyo marco se incorporó las copias y se puso en conocimiento”, y criticó que “esto sucedió hace 5 meses y no se conoce el curso y solicitó una actualización y bien puede el procurador enviar copias que se pueden mantener reservadas o informar el estado de situación actualizada. Las dos cosas son legales y legítimas”.
Recogió el guante Enríquez, para responderle: “Me parece que se puede pedir información del grado de avance, pero no ir sobre el contenido”.
Por consiguiente, Tailhade cuestionó al referente del Pro porque “se contradijo y dijo algo distinto”, y enfatizó: “Tenemos altas facultades porque controlamos el Ministerio Público, así de sencillo tenemos acceso a esa información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Ellos? ¿El Pro? Veo que el diputado Enríquez sabe mucho del trámite interno que tuvo el expediente. No tenemos que dejar que nos tomen el pelo, en todas las notas nos toman el pelo. Debería darse en un marco mínimo de respeto”.
Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) ironizó: “Parece que una y otra vez hay que recordarles que somos una comisión de seguimiento”, y aclaró: “Nosotros somos los responsables de leerles las notas, no podemos caerle al procurador por eso. Preguntar cómo va el trámite nadie se opone, pero querer meterse en que manden todo de una cuestión privada y disciplinaria no estamos de acuerdo”.
En el medio, Enríquez explicó a Tailhade: “Se rechazó lo de las fiscales, adhiriendo a Silvia Elías de Pérez de que existe una denuncia por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de un miembro debe remitirse a los antecedentes a la Comisión de Juicio Político sin involucrar al procurador general”.
Brevemente Mara Brawer (FdT – CABA) aclaró que “lo que está en juego es si los pedidos de informes o llamados de atención va de acuerdo de quién se trata”.
Por su parte, el radical porteño Emiliano Yacobitti explicó: “La diferencia en cuanto al tratamiento tenía que ver en que el doctor Casal respondió a una nota sobre qué opinaba de una reunión. En el momento que tenían reuniones los fiscales anteriores nadie le pidió explicaciones. Respondió una nota que Bullrich le mando”, y solicitó “seguir con el tratamiento de la reunión”.
“El único hostigamiento que hubo fue a las fiscalas, no al procurador. Hagamos uso de las facultades de esta Bicameral, queda claro que hubo una clara persecución a la actitud a las fiscalas mujeres que tuvieron una reunión con el ministro de justicia, y no tuvo la misma conducta respecto a la otra reunión que no se había enterado”, cuestionó la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe).
Otra de las notas que despertó el enojo de Tailhade fue sobre el uso de licencias del fiscal Marcelo Martín Retes que estuvo en Estados Unidos de viaje por más de un mes, y del fiscal Raúl Pleé, que mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri, ante lo cual Casal respondió que “el despacho no tenía conocimiento, no solicitó licencia y que conforme a la reglamentación si el viaje es menor a 30 días le corresponde al fiscal general que ejerce la Superintendencia, y que no existe relación alguna con el hecho de inseguridad”.
En ese contexto, Tailhade reprochó: “Hay falta de colaboración porque si el doctor Casal contesta que él no estaba al tanto de la licencia y dice que la da el fiscal general, me parece que lo que debería haber hecho es informar”.
Tratarán una serie de informes, notas y requerimientos despachados desde el 16 de junio, última reunión que hubo.
Luego de cinco meses, la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por el camporista Martín Doñate, se reunirá de manera remota este martes a las 17.30 para darle tratamiento a una serie de informes anuales, notas y requerimientos despachado.
La reunión promete tener, como de costumbre, picos de tensión pues es en ese marco que el oficialismo suele embestir contra el actual procurador general, Eduardo Casal, al que desde la vuelta del kirchnerismo al poder intenta desplazar de ese cargo. La particularidad radica en esta ocasión en el hecho de que esta reunión se celebrará a diez días de la contundente victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones, y se hará entonces por última vez con la actual conformación, de cara al recambio legislativo.
En esa última reunión celebrada el 16 de junio el oficialismo y la oposición protagonizaron un cruce con picos de alta tensión que tuvo como eje central el pliego a procurador general de Daniel Rafecas, congelado en el Senado, que actualmente lo ocupa de manera provisoria Eduardo Casal, y que el kirchnerismo se negó a tratar.
En esa oportunidad, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, acusó al oficialismo tras los reiterados cuestionamientos que lanzaron desde el FdT hacia Casal, y afirmó que “tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven lo que ha mandado el presidente al Senado”, y ratificó: “Ha dado el acuerdo para tratarlo, algo que nosotros no tuvimos en cuatro años. Seguimos teniendo interino por exclusiva responsabilidad del Frente de Todos”.
Tras ello, el presidente de la Bicameral le recordó que “fue el interbloque opositor que “puso condiciones” para “trabajar de forma remota, y entre ellas estaba el no tratamiento del pliego del procurador cuando se inició la pandemia”. “En ningún lado de la Constitución está establecido ni los dos tercios para la designación y el no plazo de término del mandato del procurador”, remarcó y fustigó: “Desde la oposición se ha pretendido generar todos los mecanismos para mantener a Eduardo Casal en el cargo”.
Luego que la Justicia sobreseyera a todos los acusados en una causa por irregularidades en la gestión de los kits para recién nacidos, un senador K presentó un proyecto en el Congreso.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) presentó un proyecto para restituir por ley el Plan Qunita y retomar el programa nacional para la reducción de la mortalidad infantil, garantizando el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para una adecuada atención del recién nacido y su crianza.
La iniciativa fue presentada luego que la Justicia sobreseyera a todos los acusados en una causa por supuestas irregularidades en la gestión de los kits para recién nacidos, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La denuncia había sido impulsada por la diputada del Pro Graciela Ocaña.
A través de su Twitter, el legislador oficialista recordó: "Hace 5 años me presenté en la justicia y pude frenar la decisión del juez Claudio Bonadio y del gobierno de Mauricio Macri de prender fuego y destruir los kits del Plan #Qunitas por 'sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente' durante el gobierno de Cristina".
"#Qunitas había logrado bajar la mortalidad en bebés en la Argentina y en mi provincia, Río Negro. Logramos a través de esa medida cautelar parar esa inmoral decisión del gobierno de Macri y de los abusos y delirios del juez Bonadio y la mesa judicial macrista", agregó.
El proyecto de ley propone que el programa se denomine "Qunita-Ares", en homenaje al fallecido joven diseñador Santiago Ares, quien inspiró la idea de la instrumentación de un kit "para bajar los índices de mortalidad infantil en zonas marginales del país, en tanto el registro más alto de muerte temprana se debe a lo que se denomina colecho", según datos que surgían antes de la aplicación del programa en 2015.
Según Doñate, la pretensión de la ley "es transformar el programa con carácter de política de Estado, un programa que fue frenado y judicializado por parte del gobierno de Mauricio Macri y cuyas consecuencias no sólo fueron la vida y la salud de los bebés y sus madres", al tiempo que apunta a "recuperar la política que se había instrumentado en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015".
Para ello "se establece la manda legal de entrega de un kit con insumos y recursos necesarios e indispensables para el cuidado del o la recién nacido/a, el cual incluirá en todos los casos una cuna desarmable, con sistema de encastre y bolsillos de tela, de fácil armado sin la necesidad de ninguna herramienta, un colchón y ropa de cama", se explicó en un comunicado.
Además, "otros insumos que el Ministerio de Salud de la Nación determine como indispensables en el cuidado de la salud del o la recién nacido/a certificados por los estándares de calidad de organismos públicos".
La iniciativa indica que el kit deberá incluir también "indumentaria para el/la recién nacido/a, porta bebé, bolso materno, neceser y bolso cambiador con artículos de higiene para la mujer y persona gestante y el/la recién nacido/a, termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos, bata, camisón y pantuflas, chupete, babero, mordillo, sonajero, libro de cuentos infantiles y guía de cuidados".
En la Bicameral del Ministerio Público, a pedido de la senadora Ana Almirón se le remitió una nota al procurador. Cristian Ritondo salió al cruce. También se solicitó información sobre un fiscal que trabajaría desde Miami.
A partir de un planteo de la senadora correntina Ana Almirón, el oficialismo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le envió un pedido de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal, sobre las medidas que se tomaron o no en torno a "visitas secretas" que los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior.
La oficialista leyó la nota remitida al presidente de la comisión, su par Martín Doñate, en la que requiere al procurador "que informe las medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas respecto de los fiscales" a raíz "de las reuniones secretas mantenidas con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante los años 2017, 2018, recientemente hechas públicas por una información periodística".
En ese sentido, Almirón señaló que de acuerdo a una nota del portal El Destape, la ahora presidenta del Pro recibió a los tres fiscales, intervinientes en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, "el 24 de abril de 2017" sin que ese encuentro figure "en el registro de audiencias oficial". "La gravedad es que todos estos fiscales llevaban causas contra la expresidenta", enfatizó la senadora, que recordó también que en algunas de ellas la denunciante era la propia Bullrich.
La correntina resaltó la "gravedad institucional" de estos encuentros "secretos", al detallar los días en que se habrían producido y las resoluciones que luego se daban en las causas.
Al cruce salió el diputado del Pro Cristian Ritondo, quien por ese entonces era ministro de Seguridad bonaerense. “El 24 de abril del año 2017 en el Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una reunión bajo la conducción del fiscal (Santiago) Marquevich, que es el titular de una fiscalía especializada en secuestros extorsivos, donde no solamente participaron estos tres fiscales, sino que participaron muchos más fiscales”, aseguró.
“Estuvo como tema central ese 24 de abril hablar sobre los secuestros extorsivos, sobre cómo resolverlos y cómo trabajarlos; y a los resultados me remito. En el año 2015 hubo 297 secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires y en el año 2019 hubo solo 29”, argumentó el jefe de la bancada macrista en la Cámara baja.
Para concluir, Ritondo observó que “el delito de agenda parece algo común en esta comisión" donde se cuestiona "cualquier reunión de un ministro de Seguridad con un fiscal, que es lo más normal del mundo, porque trabajan con la seguridad y trabajan con la Justicia constantemente, y más cuando es tan público como esto, que uno puede remitirse a los diarios, a las revistas, a la televisión de ese día. Fue público que no solamente estos tres fiscales, sino que hubo mucho más fiscales”.
Pedido de informes sobre un fiscal que trabajaría desde Miami
A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se solicitó a Casal que informe sobre el desempeño del fiscal Marcelo Martín Retes -a cargo de la Fiscalía N°23 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, quien se encontraría "desde principios del mes de mayo en Miami sin que conste que haya pedido la licencia o autorización correspondiente, y que desde allí firma los expedientes mediante el sistema de firma digital".
Además, el legislador del Frente de Todos indicó que "el incidente de inseguridad informática" que perjudicó días atrás a todas las fiscalías del país "se habría producido a partir de la reacción del sistema frente a numerosos accesos desde el exterior". "Si esto termina siendo ratificado por el procurador me parece que es una situación muy grave", aseveró Tailhade.
Otros temas
Entre las varias notas remitidas a la bicameral, sobre las que informó la secretaria de la comisión, se pidió una ampliación -a solicitud de Tailhade- del detalle de la nómina de funcionarios del Ministerio Público Fiscal que estuvo o estaría ejerciendo cargos en el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, se notificó el ingreso del descargo de Casal sobre la reprimenda a un grupo de fiscalas por una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y se recibió la opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público; entre otras.
Defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, envió a la comisión una propuesta de proyecto de ley para crear una defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires-
Al respecto, la diputada oficialista Vanesa Siley explicó que esta defensoría "existe en otras provincias como Salta, Chaco, Neuquén", donde hay un caudal de cuatro o cinco causas actualmente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, con la mayor población del país y donde están la mayoría de los centros de detención, "actualmente tiene 75 causas la defensora de víctimas". "Midiendo y ponderando esas situaciones es que se pide la creación de esta Defensoría”, agregó.
El diputado del Pro Cristian Ritondo ratificó la postura de Juntos por el Cambio de acompañar la designación en el Senado. La respuesta del kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los acusó de "querer mantener a Casal en el cargo".
Hacia el final de la reunión que realizó este lunes la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, legisladores del oficialismo y la oposición se cruzaron por el pliego a procurador general de Daniel Rafecas, congelado en el Senado.
El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, pidió la palabra e hizo referencia a los reiterados cuestionamientos del Frente de Todos hacia el procurador interino, Eduardo Casal, y afirmó que "tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven lo que ha mandado el presidente al Senado".
"Nosotros ya les hemos dado el acuerdo para que tengan los dos tercios", expresó el macrista, que continuó: "Somos rehenes en una reunión donde queremos correr a una institución todo el tiempo, cuando en realidad podríamos estar nombrando al jefe de los fiscales como lo mandó el presidente".
En ese sentido, ratificó que Juntos por el Cambio "ha dado el acuerdo para tratarlo, algo que nosotros no tuvimos en cuatro años". "Seguimos teniendo interino por exclusiva responsabilidad del Frente de Todos", lanzó.
"Les ofrecemos que empiecen con el complejo trámite, y van a tener el acuerdo de Juntos por el Cambio para que Rafecas sea el procurador", completó el legislador.
Recogió el guante el presidente de la comisión, el senador rionegrino Martín Doñate, quien le recordó que fue el interbloque opositor que "puso condiciones" para "trabajar de forma remota, y entre ellas estaba el no tratamiento del pliego del procurador cuando se inició la pandemia".
Además, el oficialista mencionó las declaraciones sobre "la jactancia de tener 29 votos para trabar esa designación" y las "del senador Ernesto Martínez repudiando las declaraciones de (Elisa) Carrió respecto de darle aprobación a la propuesta del Ejecutivo".
Entonces, "después de esperar un año para que Juntos por el Cambio dé vía libre para tratar el pliego", el Frente de Todos decidió "iniciar el trámite de los proyectos presentados por la oposición" para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, señaló Doñate, y abogó por que en Diputados "le den pronto tratamiento".
"En ningún lado de la Constitución está establecido ni los dos tercios para la designación y el no plazo de término del mandato del procurador", remarcó y fustigó: "Desde la oposición se ha pretendido generar todos los mecanismos para mantener a Eduardo Casal en el cargo".
Enfático, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade subrayó que "se habla livianamente de que el Pro o Juntos por el Cambio van a acompañar", pero "durante un año su único objetivo fue trabar la reforma judicial y mantener a Eduardo Casal en el cargo".
"Primero arreglen las internas ustedes y después vengan a decirnos qué tenemos que hacer", disparó el legislador, que consideró que el cambio de postura se produce "ahora porque la ley puede llegar a salir".
Y siguió: "Esta posición que tiene Juntos por el Cambio es absolutamente coherente con la incoherencia que tiene esta fuerza política". En esa línea, los tildó de tener "esquizofrenia".
También defendió que "Macri no tuvo procurador" porque "el peronismo siempre fue coherente, porque el peronismo nunca bancó a (Inés) Weinberg de Roca".
"La ley que estamos tratando no tiene el nombre de Casal ni de Rafecas; tiene un solo norte, normalizar este bochorno que es el Ministerio Público Fiscal. Cosa que no quiere hacer el macrismo, no lo quieren hacer, necesitan a Casal ahí. Quieren a este señor que está usurpando este cargo", manifestó.
Para concluir, el diputado le pidió al Senado "que trate cuando tenga que tratar el pliego del candidato del presidente" y "no le hagamos caso a Juntos por el Cambio que nos quieren manejar la agenda".
"Yo lo trato con respeto, me gustaría que Tailhade me trate de la misma manera", le contestó Ritondo, que le enrostró: "Si es por incoherencia nos podemos poner a ver los vídeos de lo que decía el presidente de la vicepresidenta hace dos años atrás, o sobre el manejo de la justicia, y nos reímos un rato". "No venga a hablar de incoherencias de nosotros, primero mire la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno", cerró.
En el encuentro -que motivó una denuncia por parte de Bullrich y Arietto-, las fiscalas le propusieron al ministro una serie de reformas con perspectiva de género en el Ministerio Público.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluó este jueves la reacción del procurador general interino Eduardo Casal ante la reciente reunión entre un grupo de fiscalas y el ministro de Justicia, Martín Soria, que derivó en una denuncia por parte de la titular del Pro, Patricia Bullrich, y la abogada Florencia Arietto.
En esa reunión, las fiscalas propusieron a Soria una serie de reformas con perspectiva de género a la nueva ley del Ministerio Público, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Bullrich y Arietto presentaron una denuncia a raíz de ese encuentro, y luego Casal retó a las fiscalas, según reveló una de ellas, Gabriela Baigún.
“Se aprovechó de esta denuncia para darnos un tirón de orejas y para decirnos ‘no pueden ir a ver más a ninguna autoridad si no pasan primero por mi oficina para pedirme permiso’”, comentó Baigún en declaraciones radiales.
Además, aclaró que “se han visto reuniones de fiscales con ministros de Seguridad, con presidentes” y hasta con “la propia Bullrich en su gestión tuvo reuniones con fiscales”. “El procurador Casal nos prohíbe derechos básicos como el derecho a expresión a reunirse con las autoridades”, lamentó Baigún.
El tema llegó a la bicameral a través de notas presentadas por la diputada Mara Brawer, la senadora María de los Ángeles Sacnun y el diputado Ricardo Daives, los tres del Frente de Todos.
Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade consideró que “es muy evidente la gravedad de la situación, la doble vara con la que el procurador mide a mujeres y varones”, y aclaró que las fiscalas “no fueron a hablar de la reforma, sino de las políticas de género”.
Tailhade comparó la “reunión furtiva, clandestina” que mantuvieron el fiscal Raúl Pleé y el expresidente Macri con “una reunión pública de fiscalas con el ministro de Justicia, que se hizo a la vista de todos y cuyo temario todos conocemos y tiene que ver con las políticas de género, y no si tenían que jubilarse o no”.
El legislador recordó que el fiscal Carlos Rívolo también se reunió recientemente con el ministro Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y si bien reconoció que Rívolo acudió en calidad de presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), “no pasó absolutamente nada”. “¿Qué tiene, coronita?”, se preguntó.
En el mismo sentido, Sacnun coincidió en que “esta doble vara con la que ejerce su poder disciplinario el procurador interino no es la primera vez que se denota, aunque en este caso es mucho más sensible porque está atacando a las fiscalas mujeres”.
La senadora denunció que las fiscalas “están sufriendo acoso laboral y discriminación de género”, y pidió evaluar si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Casal.
Por su parte, Brawer agregó que “la situación que está viviendo el Ministerio Público Fiscal es de una gravedad histórica que no vemos desde la recuperación de la democracia. Lo que ha pasado con las fiscalas es de una tremenda gravedad, una misoginia y una discriminación hacia las mujeres”.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez salió al cruce de las críticas y enfatizó que “el procurador ha rechazado in limine la denuncia, con toda la razón del mundo”.
Además, informó Elías de Pérez, Casal “ha recomendado que en el futuro sigan las vías administrativas porque en el Ministerio Público Fiscal existe una secretaría que se dedica específicamente a los temas de género”, encabezada por la doctora María Luisa Piqué, a quien “no deberían haber dejado de lado”.
“Si hablamos de género, hablemos de género en serio”, reclamó la senadora, al poner como ejemplo que se perdió la oportunidad de designar por primera vez a una mujer en la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lázzaro.
Finalmente, habló de un “hostigamiento liso y llano al procurador general”, porque “es muy claro que ha desestimado la denuncia que le habían presentado, y luego hizo una nueva nota diciendo con claridad que lo que hizo estuvo lejos de ser un llamado de atención”.
El diputado del Pro Jorge Enriquez -quien intervino a pesar de no integrar la comisión- puntualizó: “Una cosa es cuando invitan (a fiscales) para que hablen de su especialidad, como los hemos invitado muchas veces a las comisiones, y otra muy distinta es que los funcionarios pidan una audiencia con el Ministerio de Justicia para proponer reformas legislativas que no pusieron a consideración del procurador general”.
A través de una nota que fue analizada por la comisión, el fiscal de Casación reveló al procurador Casal que en aquel encuentro en la quinta de Olivos el entonces presidente le pidió que continuara en el cargo “un tiempo más” y que no se jubile.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluará en la próxima reunión la actuación del fiscal federal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, por la reunión que mantuvo en marzo de 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.
La decisión fue tomada por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Martín Doñate, quien propuso analizar la “cuestionable conducta” de Pleé y la falta de reacción por parte del procurador general interino, Eduardo Casal.
“Es vergonzoso que el procurador no haya tomado una decisión firme respecto de la actuación de Pleé con lo que se ha descubierto a través de los medios de comunicación”, alertó Doñate.
En la reunión virtual de este jueves, la comisión analizó una nota enviada por Pleé a Casal, donde dio explicaciones sobre la reunión realizada a fines de marzo de 2018, sobre la cual -advirtió- “se tejieron una serie de especulaciones erróneas y tendenciosas”.
Pleé indicó en la nota que en ese momento “todavía no se conocía quién iba a ser propuesto como procurador general de la Nación” tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Según el fiscal, “era de público conocimiento” que por su rango y antigüedad -entonces de 46 años- él “podía ser un candidato a cubrir esa vacante”. “Mi aceptación a concurrir a Olivos obedecía, en ese momento, a una natural expectativa”, dijo.
En el encuentro, Macri le comunicó que propondría a otra candidata, Inés Weinberg de Roca, pero le pidió a Pleé que a pesar de no haber sido elegido, “permaneciera en el cargo un tiempo más sin acogerse a los beneficios jubilatorios”.
La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) desaprobó la explicación. “El presidente de la Nación le dice al fiscal federal de Casación, que interviene en causas de extrema sensibilidad de todo tipo, ‘usted no se jubile, continúe en su cargo’. Y el fiscal no se jubila, continúa en su cargo…”, cuestionó, y consideró que se trata de “un botón de muestra de lo que significa intervenir en el Ministerio Público”.
A su vez, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun se preguntó “por qué el presidente debería explicarle a Pleé por qué motivo, en lugar de proponerlo a él, propuso a otra persona”. Además, advirtió que el fiscal omitió “deliberadamente” mencionar que en esa reunión también estuvo presente el entonces director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
“Estoy convencida de que Pleé fue a esa reunión recibir instrucciones: el 26 de abril de 2018, pocos días después, pidió la detención de dos empresarios de medios, Cristóbal López y Fabián De Souza, y la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención de esos empresarios”, recordó Sacnun, y agregó que además el fiscal “benefició a Macri y a Arribas en la causa por espionaje ilegal”.
El diputado Rodolfo Tailhade, por su parte, advirtió que “la presencia de Pleé en la quinta de Olivos -ni siquiera en Casa de Gobierno- da cuenta de una relación absolutamente promiscua entre Pleé y Macri, que no apareció en ese momento (en los medios). Hay que recordar que Pleé era un ferviente defensor de las barrabravas de Boca mientras Macri era presidente de ese club”.
“Más allá de que resulta difícil creerle a Pleé, debería haber tomado los recaudos para que esa reunión se llevara a cabo dentro de los canales institucionales: Casa de Gobierno, audiencia pública… porque estaba tratando temas de incumbencia del Poder Ejecutivo de ese momento, con intereses en causas muy importantes que tenía y tiene”, cuestionó el legislador del Frente de Todos.
Graciela Ocaña, del Pro, aclaró que “cuando Pleé, como otros fiscales, presentaron el pedido para su jubilación, no tuvo que ver con el cambio de gobierno sino con el proyecto que el Ejecutivo envió para reformar las jubilaciones de jueces y personal diplomático, porque había una cierta idea de que se iban a cambiar las reglas”.
Ocaña también señaló que en ese momento “un grupo de senadores peronistas proponían a Pleé para conducir el Ministerio Público”. “Eso por ahí generó una reunión posterior y el presidente finalmente optó por otra persona. A mi no me llama la atención, estas cosas suelen suceder”, confesó.
Stella Maris Martínez participó de una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde brindó un detallado informe de gestión sobre la actuación en 2020.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó este lunes un detallado informe de gestión ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y en ese marco pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”.
“Afortunadamente, gracias a la gestión de (Martín) Soria, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. El paso siguiente y lo que estamos pidiendo es que se pueda vacunar a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó Martínez al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre el ejercicio de la defensa en pandemia.
La funcionaria explicó que “el problema no es que el defensor se contagie, sino que el defensor contagie a las personas privadas de su libertad y eso, que hasta ahora no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo”.
En tanto, recordó que cuando comenzó la pandemia insistió ante la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rébori, en que se les permitiera a los defendidos utilizar celular -limitando las llamadas a una determinada nómina de personas-, pero la respuesta fue negativa por el riesgo de los secuestros virtuales.
De todos modos, aclaró que a pesar de las restricciones sanitarias “no hay problemas de comunicación” entre detenidos y defensores, ya que entre otras cosas “se habilitó el correo electrónico”.
Por otra parte, ante una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los delitos que aumentaron en la pandemia, expresó: “Nuestra percepción es que durante la primera parte de la pandemia disminuyeron mucho os delitos en general. Lo que sí aumentó claramente son los casos de violencia intrafamiliar: violencia de género, pero también violencia de los padres sobre los hijos, y de los hijos y jóvenes sobre ancianos”.
Al inicio de su exposición, Martínez precisó que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 “alcanzó el 100%, es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado”, que era de 10.082.774.801 pesos.
“Además de las dificultades relacionadas con la pandemia, al no contar con una ley de presupuesto 2020 sino con una prórroga, significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos del Ministerio Público de la Defensa”, informó, y agregó que desde agosto lograron un incremento de 58 millones de pesos que sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica.
La defensora indicó que se invirtieron 3.000.000 de pesos en gastos relacionados a la prevención del Covid-19, y detalló cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos y los inmuebles con los que cuenta la Defensoría, que desde 2005 -cuando comenzó su gestión- totalizan 33. Por otra parte, hizo énfasis en la falta de servidores necesarios para almacenar las audiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
En cuanto al presupuesto para este año, puntualizó que fueron asignados 13.756.136.844 pesos. “Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en 2020”, ponderó.
Martínez informó que en 2020 se produjeron siete renuncias y ceses y 18 juramentos de nuevos magistrados. La planta de la Defensoría al 6 de abril, dijo, es de 2.784 agentes, incluyendo contratos, interinatos y funcionarios y empleados de licencia sin goce de haberes, sumados a 12 personas con contratos de locación de servicios.
Del total de empleados, añadió, 1.856 son abogados -es decir, más de la mitad-, y las mujeres constituyen el 58%, aunque solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados. “De cada 10 ternas que se elevan, en ocho hay mujeres; sin embargo solo se designa un 30% de mujeres”, lamentó.
Por otra parte, apuntó que del total de Defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrado titular. “Esta situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, donde no hay ningún magistrado: las tres dependencias están a cargo de funcionarios”, advirtió.
Martínez también informó que entre 2020 y lo que va 2021 el Poder Ejecutivo remitió 20 pliegos al Senado y todos obtuvieron acuerdo. Si bien destacó que la mitad fueron mujeres, sostuvo que “si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior donde no hay paridad, no basta con mantener la paridad en las remisiones”, sino que se debe aumentar la proporción.
En otro pasaje de su exposición, precisó que en el fuero civil la Defensoría intervino en 285.922 casos, y en el fuero penal, 297.937 casos, lo que hace a un total de 583.859 casos en 2020.
Luego recordó su participación en el debate sobre la reforma judicial en el Senado, ocasión en la que sostuvo que “el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio”. Para el tratamiento de la reforma del Ministerio Público, aclaró, no fue convocada.
La defensora también repasó la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y resaltó que se pusieron en funcionamiento cinco Defensorías de Víctimas.
Al término de la reunión de comisión, se leyeron notas presentadas por legisladores y las respuestas recibidas.
Durante una reunión de la bicameral que controla el Ministerio Público, la mayoría oficialista avanzó con pedidos de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal.
La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre "las medidas disciplinarias" que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.
La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad "no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento" del Ministerio Público Fiscal.
La abogada aseguró que fue "debidamente designada" y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: "No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia".
Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que "por más buena voluntad que quiera poner", Donato no puede "de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional". "La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión", señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.
El legislador K remarcó que "ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)", por lo tanto "no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular".
"Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida", insistió, para luego enfatizar que existe "una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo".
Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como "una etapa bochornosa del cuerpo", cuando el Consejo "fue uno de los dispositivos centrales del lawfare". "Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial", agregó y acusó que "fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta".
Tailhade consideró entonces que Donato "siempre fue funcional" y "nunca representó a la abogacía independiente". Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para "hacer las denuncias penales correspondientes" contra Donato, Mahiques y Casal.
Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que "no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora". Y se preguntó que ante la "transcendencia pública" que tomó la discusión, el Colegio de Abogados "no se haya expresado". "Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada", aseveró.
"Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado", prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso "no hay una incompatibilidad" como para "forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento".
En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que "hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación". "La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente", afirmó el radical, que subrayó que "no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo".
"No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no", enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.
Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que "no se puede estar de los dos lados del mostrador" y, en caso de mantener a Donato en esa condición, "sería un desastre".
Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver "a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula". "Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar", añadió.
En el final de la discusión, Tailhade admitió que "efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento", pero "sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación", dijo.
"No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados", aclaró y lamentó: "A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada". Por eso, el kirchnerista señaló que "de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos".
Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que "acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!". "Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente", exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo "lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan".
Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que "de manera urgente" dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal "sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular".
Cuestionamientos a Stornelli
Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que "es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli", de quien afirmó tuvo "un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare".
"No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía", expresó.
Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.
La santafesina calificó de "declaraciones bochornosas" las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es "corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política".
Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener "una charla de hombre a hombre" con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una "amenaza" porque "ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo".
Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: "A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años".
Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las "decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli" a "tomar café o almorzar", porque existía una "relación continua y periódica". Por otro lado, defendió que "la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo".
"A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado", enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que "se erigen en defensores de Stornelli, de Casal" y "no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones" ante "dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional".
En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario "histórico" de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.
Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.
También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a "disposición" de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos "presentados en tiempo y forma".
Fue durante una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. También se aprobó por unanimidad el informe anual de la comisión.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside Martín Doñate (Frente de Todos) se reunió este jueves por videoconferencia para poner en conocimiento documentación remitida por el Ministerio Público Fiscal y otros organismos en respuesta a las notas presentadas por los integrantes de la comisión.
“Queremos poner en conocimiento y notificar, a cada uno de los integrantes de la bicameral, todas las respuestas que hemos recibido de la última reunión, donde también se enviaron pedidos de informes a distintos juzgados y organismos públicos”, afirmó Doñate.
Y agregó: “La idea es que se den por ingresados, se tome conocimiento, y luego de ese estudio que harán en los próximos días convocar a una reunión a partir de lo que inspiren esas informaciones”.
En la reunión también se presentó el informe anual de las actividades realizadas en la bicameral y se avaló el reemplazo de Luis Naidenoff (UCR) por su par Julio Martínez.
Muy crítico, Martín Doñate la emprendió contra el procurador actual, Eduardo Casal, y advirtió que “no vamos a aceptar el gobierno de fiscales y de jueces”.
Como presidente de la Bicameral de Control del Ministerio Público, el rionegrino Martín Doñate es un legislador clave para lo que viene a partir de la aprobación de la ley en discusión, por el papel que le corresponderá a esa comisión en ese caso.
En su intervención, el senador camporista ratificó que el dictamen de mayoría tendría modificaciones, de acuerdo con lo que habían recogido en los últimos días, “en el temperamento de hacer la mejor ley posible”. Asimismo sostuvo que “la jornada de hoy tiene una importancia capital en el rediseño de un órgano constitucional como es el Ministerio Público que se adecúe a los desafíos institucionales que tiene la República Argentina”.
Doñate consideró “agotado” el debate, asegurando que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.
Consideró frágiles los argumentos de la oposición, como que están afectando la autarquía financiera del Ministerio Público, “cuando en rigor es todo lo contrario”, aclaró, asegurando que eso sí había sucedido con el Gobierno de Cambiemos.
“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.
En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.
“Casal generó las condiciones para quedarse en la procuración para hacer lo que hizo; manipuló la realización de concursos suspendiendo aquellos que debería haber realizado, como es la de los fiscales coordinadores de distritos, que son los que por la ley actual deberían estar ejerciendo, uno de ellos el interinato en el Ministerio. Pero no lo hizo, suspendió todos los concursos, para quedarse, para hacer traslados a discreción según las necesidades de Macri; para tomar decisiones arbitrarias, según te llames Stornelli o Boquín… Premios para algunos, castigo para otros”, disparó el senador kirchnerista, que llamó a reivindicar el rol constitucional del Congreso: “No vamos a aceptar el gobierno de fiscales y de jueces”.
El senador kirchnerista dijo que "primero" hay que debatir la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y luego elegir al nuevo jefe de los fiscales. Recordó que esperan para los próximos días la propuesta del consejo de asesores del Poder Ejecutivo.
Tras haber votado la semana pasada en el recinto la negativa para retirar los proyectos de los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo continúa a paso firme con su objetivo de avanzar sobre el procurador general interino, Eduardo Casal.
El oficialismo ratificó este lunes, a través del senador kirchnerista Martín Doñate, su intención de modificar la mayoría que se necesita para designar al jefe de los fiscales. En el marco del debate sobre la duración del cargo, el rionegrino señaló: "Si es a plazo, no posible que sea por dos tercios".
"Hace 20 años que estamos tratando de encontrar acuerdo de los dos tercios para un Defensor del Pueblo; cada tres o cuatro años conseguir acuerdos de dos tercios para un cargo que es a plazo… ¿Sabe dónde vamos a terminar? Vamos a terminar legislando los interinatos, las vacancias, porque va a ser complejo conseguir los dos tercios", sostuvo en diálogo con radio La Red.
El titular de la Comisión Bicameral del Ministerio Público cargó nuevamente contra Casal, al afirmar que "ha sido parte del engranaje de la persecución judicial" y "se ha transformado en un militante radicalizado de Cambiemos y de Mauricio Macri".
Al diferenciarlo de Alejandra Gils Carbó, procuradora durante el kirchnerismo, el legislador dijo que "sufrió operaciones que fueron nefastas ella y su familia", durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto los cuestionamientos contra Casal son "una tarea de trabajo institucional que no tiene que ver con ataques personales", expresó.
En tanto, en declaraciones a radio El Destape, Doñate remarcó que los proyectos para modificar el Ministerio Público "son de la oposición". Asimismo, señaló que están a la espera de la propuesta que enviará el Consejo Consultivo de juristas que asesoran al Poder Ejecutivo, quienes "se pusieron como plazo el 18 de noviembre" para la presentación de un anteproyecto.
De vuelta sobre Casal, el senador recordó: "Estamos tratando varias denuncias en su contra y estamos evaluando la legalidad de sus actuaciones y su condición como procurador interino". "Quizás dentro de algunos días tengamos una novedad", deslizó.
Y subrayó que "antes de discutir el pliego de un posible procurador es imprescindible terminar de discutir la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, para luego definir el perfil del procurador". El pliego de Daniel Rafecas, quien anticipó que renunciaría a la postulación en caso de que se lo quiera designar sin los dos tercios, todavía está congelado.
"Esperamos antes de fin de año tener media sanción de un buen proyecto", completó Doñate.
El pleno del cuerpo no aceptó el pedido con los mismos argumentos utilizados la semana pasada en la comisión. Dura crítica de un senador de JxC a Elisa Carrió.
En el inicio de la sesión de este jueves en el Senado se puso a consideración el pedido de los autores de tres proyectos presentados en su momento para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el oficialismo recogió y quiere debatir ahora, con intenciones -según la oposición- de ir más allá del espíritu de esas normas y cambiar las mayorías necesarias para designar o sacar al procurador general de la Nación. El tema fue puesto a consideración del cuerpo y previsiblemente el oficialismo impuso su mayoría, primero en una votación a mano alzada. Pero luego, tras una polémica generada en torno al tipo de votación, terminó resolviéndose por métodos electrónicos, con este resultado: 41 a 27.
“Es muy simple, es ganas de pelear y complicar las cosas de cualquier manera”, se quejó la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner, antes de procederse a la votación electrónica, hecho lo cual se quejó por haber perdido una hora y media con ese tema.
Hubo un debate que arrancó el senador nacional Oscar Parrilli, quien explicó las razones por las que el oficialismo rechazaba el retiro de los proyectos con los mismos argumentos utilizados el viernes pasado, en la Comisión de Justicia que preside el neuquino.
Parrilli reiteró que los proyectos “solo pueden ser retirados si el pleno del Senado lo autoriza”. Agregó que “evidentemente estamos ante un problema”, pero no se refería a esa controversia, sino a la situación del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Desde hace casi tres años hay un procurador interino”, señaló el ex titular de la AFI, para detallar a continuación lo sucedido con Alejandra Gils Carbó, quien fue elegida por más de 60 votos, recordó, y destacó la tarea “muy importante” que tuvo al frente de la Procuración General. “Un desempeño digno”, resumió, para contar luego la “campaña despiadada” desarrollada contra ella a partir de 2015 por referentes de Cambiemos, comenzando por Mauricio Macri, quien -recordó Parrilli-, “en 2015 dijo que si tenían dignidad, Gils Carbó, Vanoli y Parrilli debían renunciar”.
“Llegamos a 2019 con los salvadores de la República, con la República a medias”, ironizó, para agregar luego: “Se llenan la boca con la República y lo primero que hacen es no cumplirla”.
“Hay un problema: tenemos un procurador interino”, resumió finalmente, ratificando el rechazo al retiro de los proyectos. “Es como la deuda externa, nos dejaron el problema y después se quejan porque lo queremos resolver”, deslizó.
A continuación, expuso por la oposición el senador cordobés Ernesto Martínez, quien recordó, como ya lo había hecho también el viernes pasado, que “no hay antecedente alguno de un proyecto que, retirado por el autor, reciba tratamiento de comisión y luego pueda ser aprobado. No hay un antecedente en 150 años”, remarcó.
El senador cordobés sostuvo que “se pierde el mismo tiempo haciendo las cosas bien, que haciéndolas mal”, sugiriendo que en lugar de utilizar proyectos de la oposición, el oficialismo presente un proyecto propio. Reconoció que así como Cambiemos no tuvo los votos en 2017 para elegir a la sucesora de Gils Carbó, “la falta de acuerdo subsiste, y podrá saldarse con una reducción en la mayoría requerida para darle aval al nombre que se envíe. Pero bueno, eso requiere sinceridad por parte del oficialismo”.
“El nombre también será una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y veremos si hay mayorías distintas. Pero el postulante debe reunir actitudes que hasta ahora no se han visto”. Así las cosas, Ernesto Martínez ratificó el retiro de los proyectos y deslizó luego una dura crítica hacia Elisa Carrió. Sin nombrarla y hablando a título personal, cuestionó la postura expuesta por la exdiputada a favor de que Juntos por el Cambio modifique su postura respecto de Daniel Rafecas. “Esto es inaceptable”, aclaró, para reiterar luego: “Que el oficialismo presente y trate su mismo proyecto”.
Igual que el viernes pasado, también habló en representación del oficialismo el camporista Martín Doñate, quien reiteró que “nuestro bloque no va a aceptar y rechaza de plano retirar y no discutir los proyectos que el propio bloque de Cambiemos presentó y que hasta hace pocos días pedían que pusiéramos en debate”.
“Una vez presentado, el proyecto deja de ser automáticamente propiedad del autor y pasa a ser propiedad de la Cámara”, insistió el senador rionegrino, que consideró “infantiles” los argumentos utilizados por la oposición respecto del temor a que se vayan a hacer modificaciones al texto original presentado. Porque, admitió, “desde el oficialismo vamos a pretender sugerir modificaciones al texto original del que presentó este senador. Esto es insólito: que sancionemos el texto sin debate, debemos entregarnos sin condicionamientos... ¿Dónde se vio esto? Si no gano yo, me llevo la pelota. Si no se hace lo que yo quiero, hago trompita y retiro el proyecto…”.
Los proyectos, según anticipó Parrilli, comenzarán a ser debatidos a partir del lunes próximo en la Comisión de Justicia.
Fue presentada por la fiscal Gabriela Boquin, quien denunció persecución por parte del procurador Casal, cuestionado des de el oficialismo.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), analizó este lunes diferentes notas sobre el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y su titular interino, Eduardo Casal.
La primera nota en ser tratada fue remitida por la fiscal Gabriela Boquin, quien en una anterior presentación ante la bicameral había denunciado persecución por su actuación en la causa Correo Argentino.
A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
En segundo término se evaluó una nota presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) en la que se reproduce una nota enviada por fiscales que se presentaron en diferentes concursos y en la que subrayan que Casal “demoró un año en dictar algunas resoluciones”.
Sacnun sostuvo que “no se puede dejar a discrecionalidad, en este caso del procurador que esperó un año y medio en dictar las resoluciones, e interrumpir un acto que interpretamos que es un acto continuo, es decir, el sorteo, el acta y la resolución de la aprobación”.
Ante un pedido del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) para que “la bicameral funcione de manera productiva”, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso revisar el reglamento de funcionamiento.
En ese contexto, Doñate consideró importante “rediscutir el rol de esta bicameral con facultades aún más amplias para poder tener mayores niveles de fortaleza al momento de poder cumplir con lo que nos indica la ley”.
En la misma línea, Siley propuso trabajar “para cambiar la participación de la comisión bicameral, siempre teniendo en cuenta su limitación, que es la injerencia en la vida interna del Ministerio Público”.
También se analizó una nota de Tailhade en la que se pidió al procurador interino “su opinión sobre el funcionamiento del instituto de la ley del arrepentido”, ya que cuando se le preguntó por esta figura se limitó a reproducir opiniones formuladas por diferentes fiscales integrantes del Ministerio Público.
Se solicitó asimismo un listado de todas las causas en las que esa figura fue utilizada.
Por su parte, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “la obsesión del Frente de Todos es avanzar contra el Procurador interino Casal, no pueden constituir la mayoría necesaria para nombrar a otro y por lo tanto quieren voltear a quien está haciendo bien su trabajo”. Asimismo, dijo que “estamos volviendo sobre cosas que ya se trataron, volver a reiterar sobre estos temas nos impide avanzar", en referencia a la revisión de notas anteriores durante el tratamiento.
Al respecto, Ocaña presentó dos notas ante el presidente de la Comisión, senador Martín Doñate: una para que se cite a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para brindar detalles acerca de la incorporación de mujeres en los cargos de alto rango dentro del Ministerio Público de la Defensa y de qué manera se garantiza la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dentro de la institución a su cargo. El otro escrito presentado pide citar a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.
En la nota, Ocaña explicó que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.
En una reunión con duros cruces, el Frente de Todos cuestionó al jefe de los fiscales por no haberle tomado juramento aun al abogado designado por la Cámara alta para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.
El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.
Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.
“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.
Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.
“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.
Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.
Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.
En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.
Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.
Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.
“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.
En tono duro, Sacnun se defendió: “El término 'apretada' no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.
Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.
La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.
Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.
En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.
Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.
En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.
Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.
Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.
La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.
Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tratará este miércoles una cuestión de privilegio de Martín Doñate contra el procurador, por no haberle tomado juramento al representante de la Cámara alta en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
El oficialismo redoblará este miércoles la presión contra el procurador general interino, Eduardo Casal, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se tratará una cuestión de privilegio presentada por el senador Martín Doñate contra el jefe de los fiscales.
La reunión virtual, convocada por María de los Ángeles Sacnun, tendrá lugar a partir de las 15, y el planteo de Doñate tiene que ver con la negativa de Casal a tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
En la sesión del pasado 3 de septiembre, Doñate advirtió que Casal “decidió vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” al aprobar la designación de Grau, quien debía jurar “en el plazo de dos días hábiles”.
Si bien el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Stella Maris Martínez, sí le tomó juramento a la representante votada por el Senado, Mariela García Lastra, no ocurrió lo mismo con Casal, quien se negó a hacer lo propio con Grau.
Doñate, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, intimó a Casal mediante una nota, pero según reveló, el procurador le respondió “que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”.
“Es decir, se arroga una especie de revisión tardía e incompetente de las decisiones de este Congreso”, denunció el senador, y agregó: “Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentra un paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional”.
Doñate sentenció que Casal “se nos ríe en la cara y nos dice que va a hacer lo que se le cante, con medidas dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente”.
Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión, adelantó el rechazo a la cuestión de privilegio.
“Estaremos presentes en la reunión para fundamentar que no corresponde, en esta oportunidad, el tratamiento de dicha cuestión de privilegio, exponiendo fundamentos legales y de procedimiento. Mañana sabremos el alcance de un nuevo embate del oficialismo contra Casal”, manifestó.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratará un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) para crear una nueva comisión en el Senado, la de “Cooperativas y Mutuales”.
También se debatirá una iniciativa de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que solicita la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y otra de Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) para reglamentar la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.
El senador K, titular de la Bicameral del Ministerio Público, cargó contra el procurador interino, que no aceptó tomar juramento a un funcionario, luego del desplazamiento de Mario Laporta.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) apuntó en la sesión de este jueves contra el procurador interino, Eduardo Casal, por "vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado" en relación al desplazamiento de Mario Laporta del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
El oficialista lo criticó por el "incumplimiento" de sus funciones, y explicó que mientras el Ministerio Público de la Defensa "cumplió acabadamente", el jefe de los fiscales no le tomó juramento al nuevo vocal designado en un plazo de dos días hábiles, después de la aprobación de las resoluciones por parte de la Cámara alta, la semana pasada.
El titular de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal enfatizó que la conducta de Casal es "ilegal" y "de rebeldía", además de representar "una gravedad inusitada". "No lo podemos tolerar. Es momento de llamar a las cosas por su nombre, lo que hace Casal es alzarse contra la autoridad de este Senado", sostuvo.
"No es potestad de ese fiscal, bajo ningún punto de vista, someter a un test de validación la decisión del Senado", subrayó el rionegrino y agregó que tampoco puede "formular objeciones, censura o cuestionamientos" sobre la resolución de la Cámara.
Al revelar la contestación que recibieron por parte de Casal, Doñate señaló que el procurador interino respondió que "no puede cumplir con la resolución porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado". "Esto es un escándalo", se quejó el legislador.
"Falta que le pidamos permiso a alguien para sancionar una ley", añadió e insistió en que Laporta "fue puesto de manera ilegal" por la anterior gestión.
De la reunión virtual participaron fiscales y autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria. Cruce entre Carlos Rivolo y Rodolfo Tailhade.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), escuchó este martes nuevos testimonios en línea con la intención del oficialismo de avanzar en el desplazamiento del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.
Uno de los expositores fue el fiscal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), quien aclaró que ese organismo “no interviene de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria”.
“No tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas”, explicó Rivolo, quien fue blanco de críticas por parte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade.
Tailhade advirtió que las organizaciones civiles que denunciaron en la bicameral un mal desempeño por parte de Casal recibieron como respuesta una “descalificación” de la oposición, siendo caratuladas como “agrupaciones K” o “militantes”.
Frente a esto, el diputado advirtió sobre “los intereses que defienden” fiscales como Rivolo, Raúl Pleé y José María Campagnoli, negando que sean “independientes”.
“Todos tienen derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de señalar los intereses que defienden estos sectores. Rivolo ha tomado un posicionamiento político estos años. El cuentito de la independencia déjenlo para Clarín, La Nación, Infobae o Radio Mitre”, cuestionó.
Tailhade señaló que cuando se produjo un “ataque brutal” al Ministerio Público durante el mandato de Alejandra Gils Carbó, que “incluyó maniobras extorsivas, amenazas a sus hijas e inventos de causas, no hubo ninguna defensa” por parte de AFFUN, la asociación presidida por Rivolo.
Asimismo, el legislador advirtió que “hace tres años que no sabemos nada” de la causa conocida como Paradise Papers, “pero (Rivolo) sí fue muy veloz en pedir el sobreseimiento de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani en la causa del (Instituto) Patria, que a todas luces era fraudulento”.
“Estoy harto de la supuesta independencia judicial y de quienes se vienen a presentar como defensores del Poder Judicial independiente. Rivolo defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios”, alertó.
Por su parte, el doctor Dionisio Velasco denunció la designación supuestamente irregular de Aníbal Fabián Martínez como fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes.
Según Velasco, la fiscalía fue “tomada” por Marcelo Colombo y Carlos Schaefer, quienes “echaron” al doctor Benito Pont para nombrar a Martínez “cuando había salido desaprobado el examen”.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Paso de los Libres realizó una denuncia administrativa ante la Procuración General contra los fiscales Schaefer, (Miriam) Benítez y Martínez, “en violación al reglamento disciplinario para magistrados”.
A eso sumaron una denuncia penal contra los fiscales por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El abogado Juan Carlos Coulleri respaldó la presentación de Velasco y denunció un incumplimiento de la Ley orgánica del Ministerio Público en la localidad correntina. “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías”, lamentó.
A su turno, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, informaron que presentaron una nota ante la bicameral para manifestar su preocupación sobre “los objetivos y el funcionamiento” de la SAIT (Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional), creada por orden de Casal.
García y Schmeigel puntualizaron que “el análisis de información vinculada al fenómeno terrorista se encuentra regulado por la Ley Nacional de Inteligencia, y tales objetivos excederían la naturaleza de las funciones atribuidas al Ministerio Público Fiscal”.
En función de este planteo, se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio el procurador al respecto.
Por último, el fiscal general de Tierra del Fuego Adrián García Lois reveló que Casal le inició un sumario administrativo “en el momento del mayor pico de contagios y muertes en el medio de una pandemia”.
García Lois comentó que se encuentra de licencia por un estrés postraumático y que la última prórroga de esa licencia fue entre el 25 de junio y el 25 de agosto.
“En el medio de una licencia por enfermedad me notifico el 29 de julio de que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra. Eso me destrozó, no entendí el motivo de la urgencia”, expresó, y habló de un “claro acto de hostigamiento”.
En el marco de una fuerte embestida emprendida por el kirchnerismo contra Eduardo Casal, analizan este lunes los pedidos de juicio político en su contra y suman una denuncia por “intimidación”.
Hoy a partir de las 14 vuelve a reunirse en el Congreso la Comisión Bicameral que se ocupa del Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal a fin de evaluar la conducta procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y los pedidos de juicio político que están impulsándose en su contra.
La movida es motorizada por el kirchnerismo, que cuestionó que Casal se amparara en las restricciones que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio para demorar su respuesta a los pedidos de informes que la comisión le requirió en su último encuentro.
Por su lado, la defensora oficial Stella Maris Martinez envió toda la información requerida en tiempo y forma, lo que es utilizado por el kirchnerismo para hablar de una “maniobra dilatoria” de Casal.
Desde el oficialismo se denunció que, paralelamente, Eduardo Casal -quien quedó a cargo de manera interina al renunciar en 2017 Alejandra Gils Carbó, vacante que el gobierno de Cambiemos no pudo cubrir por falta de acuerdo con la oposición en el Senado- realizó “llamados intimidantes” a la fiscal Gabriela Boquín. En los mismos le habría advertido que impulsaría un sumario contra ella, quien la semana anterior había adoptado resoluciones relacionadas con la deuda que mantiene Correo Argentino con el Estado nacional.
En ese sentido la agrupación Justicia Legítima publicó el viernes un comunicado en el que se solidarizó con la fiscal y pidió “el cese de esas prácticas persecutorias”.
A propósito de ello, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Martín Doñate, expresó que “no vamos a permitir que Casal atropelle a la Republica burlándose de Congreso de la Nación. Argumenta que la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos. La tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral”.
La comisión impulsó, en su última reunión, una serie de pedidos de informes a Casal vinculadas con las actuaciones del procurador interino. El pedido se funda en una gran cantidad de solicitudes de juicio político al procurador interino por parte de agrupaciones y profesionales. Todas ellas fueron enviadas en los últimos meses a la comisión que debe controlar el buen funcionamiento del organismo, argumentando en su mayoría que Casal habría incumplido con sus deberes de funcionario público y/o cometido abuso de poder.
En este sentido, Doñate expresó que “Eduardo Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora. Ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos 'truchos' y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas. Con esa misma habitual impunidad, hoy desconoce y se burla del Congreso de la Nación y de los representantes del pueblo y las provincias negándose a brindar la información que le solicitáramos desde la Comisión Bicameral que presido. No lo vamos a permitir”.
La reforma judicial fue una de las principales obsesiones del Presidente, cuyo envío se anunció una y otra vez. Ahora parece que es en serio, pero las postergaciones obedecen al tamiz por el que debió pasar el texto original.
Por José Angel Di Mauro
Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.
Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exigirá un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en el verano.
Pero durante los más de siete meses que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a enviar, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando por el impuesto a las grandes fortunas…
El Presidente volvió a anunciar que en la semana mandaría al Congreso la reforma judicial, pero otra vez se postergó, aunque se da por descontado que ahora sí es inminente. La pandemia fue el elemento justificatorio para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial. Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el gobierno.
Como sea, eso sucederá, es decisión tomada. Porque más allá de las dilaciones, para Alberto Fernández ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el Presidente tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia, y Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. El tema está en cuánto de la letra original de ese proyecto será lo que vaya a prevalecer en el texto definitivo que se presentará, finalmente, en el transcurso de esta semana. Está claro que allí radica la razón de la demora. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en el la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del gobierno de Cambiemos.
Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias.
El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular, que maneja el Senado: allí tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.
Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.
El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -dicen que no le interesaría ocupar ese cargo- para pudiera asumir por Casal Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.
La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.
Muestra de que la reforma judicial mereció un intenso debate interno en el seno del oficialismo es la decisión ya tomada de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el Presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que se anunciará esta semana.
Estos temas están en primera fila de la agenda pública justo cuando el tan mentado pico de la pandemia está llegando. Cuando el número de contagios se supera día a día y la cifra de cien muertos diarios está naturalizándose dramáticamente. Algo que llevó a pensar en un posible retroceso en la cuarentena un poco más flexible implementada hace apenas una semana. Pero no es lo que se piensa en Olivos, donde argumentan que “por ahora” no están analizando esa posibilidad, pues si bien todos los números han ido para arriba, el índice de letalidad ha bajado y la ocupación de camas de terapia intensiva no ha llegado a porcentajes graves.
Hay otro argumento contundente: las cifras que tanto han alertado estos últimos días corresponden a cuando regía la cuarentena estricta, que evidentemente entonces ya no se estaba cumpliendo como en un primer momento, por múltiples y atendibles razones que ya hemos citado. Y ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.
Mientras trata de delinear el post cuarentena, el gobierno espera despejar en los próximos días al menos uno de los nubarrones más serios que asechan desde el principio de su gestión: la deuda externa. Los bonistas se han abroquelado y el gobierno insiste en mantener una postura irreductible que apunta más hacia la interna, pues nadie imagina que la negociación vaya a naufragar por una diferencia de apenas 3 dólares, que se traducen en algo más de 2.200 millones.
Ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.
En este contexto resultó curioso -sino incomprensible- que en plena negociación el Presidente afirmara ante el medio más influyente en el mundo de las finanzas, el Financial Times, que no cree en los planes económicos. Este fin de semana ese medio volvió a ocuparse de Alberto Fernández. El corresponsal de ese diario, Benedict Mander, lo había entrevistado el fin de semana anterior y ahora volvió a escribir sobre el mandatario argentino, en un artículo en el que Fernández insiste con una sentencia que repiten muchos en el oficialismo, quizá más como deseo que como certeza: “La pandemia es una oportunidad para repensar el capitalismo”.
En la nota se menciona a la vicepresidenta como “el poder detrás del trono”, graficando una sensación cada vez más imperante, pero también acota una sentencia bien concreta del Presidente, a contramano en este caso de lo que muchos en su gobierno sostienen y desean: “La globalización es irreversible”. Como para replantear aquello de que “la normalidad no existe más, es una fantasía”. El mundo seguirá siendo el mismo, en términos generales, después de la pandemia.
Fue por la falta de acuerdo entre diputados y senadores de Juntos por el Cambio en torno a quién le correspondía la vicepresidencia. La llamada urgente de Ritondo a Yacobitti.
“Che, te están afanando la vicepresidencia, loco”. Con el micrófono encendido, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo llamó de urgencia a su par de la UCR Emiliano Yacobitti para comunicarle lo que estaba sucediendo en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde quedó expuesta, de manera insólita, la falta de acuerdo entre diputados y senadores de Juntos por el Cambio.
La reunión había sido convocada para definir las autoridades de la comisión. Con acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el senador Martín Doñate (Frente de Todos) fue electo presidente, pero al momento de elegir al vicepresidente, se desató una discusión inesperada y el cargo finalmente quedó vacante.
La senadora Silvia Elías De Pérez (UCR) propuso para el cargo a su par Pedro Braillard Poccard (Pro), y hubo asentimiento de todos los legisladores, a excepción de Ritondo, que, al ver lo que pasaba, tomó su celular y llamó a Yacobitti -que hasta el momento estaba ausente- para notificarle que el cargo que él pretendía asumir estaba siendo tomado por un senador.
Tras el llamado, Yacobitti -quien fue nombrado en la bicameral en lugar de Mario Negri- se conectó a la reunión y pidió la palabra. “Yo no estoy de acuerdo con esto”, lanzó, y comentó que no había recibido el link para unirse a la videoconferencia, hasta que Ritondo se lo envió vía WhatsApp.
El diputado de la UCR-Evolución advirtió que la vicepresidencia le correspondía a la Cámara de Diputados y, tras admitir la falta de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, pidió dar marcha atrás. Doñate se mostró sorprendido: “Esto es algo que me excede. Nosotros no podemos más que aceptar la moción que haga Juntos por el Cambio”, dijo.
Entonces tomó la palabra Braillard Poccard. “No me esperaba una situación como esta. No quiero ser un impedimento, así que renuncio a la vicepresidencia”, comunicó, y finalmente, a pedido de Elías de Pérez, el cargo quedó vacante.
De todos modos, Yacobitti hizo su descargo y lamentó no haber podido conectarse al inicio de la reunión. “Independientemente de que haya quórum, por lo menos a mi no me había llegado el link. Cuando los legisladores no pueden acceder, no es que no quieran dar quórum. Es como si a un diputado no lo dejaran entrar por la puerta”, comparó.
La bicameral quedó conformada por los senadores Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Carlos Caserio, Ana Almirón, Dalmacio Mera, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez y Eduardo Costa, y los diputados Ricardo Daives, Pablo González, Diego Mestre, Emiliano Yacobitti, Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
