El diputado nacional Martín Maquieyra (Pro) impulsa una reforma del artículo 301 bis del Código Penal para enfrentar el crecimiento del juego ilegal en entornos digitales. El proyecto establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen sistemas de captación de apuestas sin autorización, e incorpora como delito la promoción, publicidad o difusión de estas actividades a través de redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio de comunicación.

La propuesta también introduce un agravante: cuando el autor obtenga un beneficio económico directo o indirecto por las pérdidas o apuestas de terceros, la pena mínima se eleva a cuatro años, lo que habilitaría medidas cautelares más efectivas.

En los fundamentos, Maquieyra advierte que la publicidad ilegal se dirige especialmente a jóvenes y adolescentes, exponiéndolos a riesgos de adicción, endeudamiento y abandono escolar. “La publicidad ya no es un acto accesorio: es el corazón del negocio ilegal”, señala el texto, que busca frenar un circuito clandestino que opera sin controles y evade regulaciones tributarias y sanitarias.

El proyecto no afecta la actividad lícita regulada por las provincias, sino que apunta a fortalecer el federalismo y proteger a los sectores más vulnerables frente a un fenómeno que crece en redes y transmisiones en vivo.

Se llevó a cabo en el Auditorio del Banco Hipotecario el encuentro “La Agenda Política en Oil & Gas y Minería 2025”, organizado por Parlamentario y SpE Consultores. La jornada reunió a legisladores nacionales, funcionarios provinciales y representantes del sector financiero, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades que enfrentan estas industrias clave para la generación de divisas y el crecimiento económico del país.

Una política de Estado para la minería

El diputado Walberto Allende (Unión por la Patria – San Juan), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, abrió el panel con una mirada estratégica: “Tenemos que pasar de ser un país que hace minería a ser un país minero”, afirmó. Subrayó la necesidad de consolidar una política de Estado que trascienda gestiones y evite la fragmentación de esfuerzos.

Allende también puso el foco en la planificación del cierre de minas, advirtiendo que “una mina tiene un ciclo, y ese cierre debe estar planificado desde el inicio, no al final”. En cuanto a la Ley de Glaciares, sostuvo que “nadie discute que los glaciares son intocables, pero necesitamos claridad en la aplicación de los estudios de impacto ambiental para no frenar proyectos que pueden desarrollarse fuera de esas áreas”.

Mendoza: reformas y participación ciudadana

Desde una perspectiva provincial, Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, expuso los avances normativos en su jurisdicción. Destacó que la provincia logró aprobar 38 proyectos de exploración de cobre mediante un proceso que incluyó educación ambiental en escuelas, capacitación docente y audiencias públicas con más de 9.500 presentaciones ciudadanas.

“Mendoza busca compatibilizar producción con aceptación social”, explicó. Y agregó: “Hoy el derecho minero en Mendoza sale 0 pesos, pero el foco lo ponemos en los controles y en las inversiones”.

Energía: previsibilidad y confianza

El diputado Martín Maquieyra (Pro – La Pampa), vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles, remarcó que la clave para atraer inversiones en hidrocarburos, energías renovables e hidrógeno es la estabilidad normativa. “Tenemos que dar una señal clara a los productores y a la industria: que no vamos a cambiar las reglas cada dos o tres años”, sostuvo. Y añadió: “Los biocombustibles son competitivos si hay previsibilidad”.

Maquieyra también valoró el dictamen sobre hidrógeno y la necesidad de garantizar estabilidad tributaria para las energías renovables por al menos 20 años.

Financiamiento y reglas claras

Desde el sector financiero, Manuel Puelles, gerente de Banca Corporativa del Banco Hipotecario, advirtió que los proyectos en Oil & Gas y minería requieren inversiones multimillonarias y un marco regulatorio confiable. “Lo primero que necesitan los inversores es tener transparencia, reglas claras, estables en el tiempo”, afirmó. Y recordó el caso del “impuesto al sol”, que afectó la rentabilidad de proyectos renovables ya en marcha.

Consensos del encuentro

Entre las principales conclusiones del evento, se destacaron los siguientes puntos:

Política de Estado: Todos los expositores coincidieron en que Argentina necesita una estrategia energética y minera de largo plazo, que brinde previsibilidad a inversores, comunidades y provincias.

Licencia social: La aceptación social y ambiental se consolidó como condición indispensable para la viabilidad de los proyectos.

Federalismo productivo: Se remarcó el rol clave de las provincias, titulares de los recursos naturales, en la definición de normativas y mecanismos de control adaptados a sus realidades.

Estabilidad regulatoria: La seguridad jurídica, tributaria y normativa fue señalada como un factor decisivo para atraer capitales de largo plazo.

Minerales estratégicos: Litio, cobre e hidrógeno fueron identificados como vectores clave para posicionar a Argentina en la transición energética global.

Confianza y competitividad: La construcción de confianza fue un concepto reiterado por todos los actores, como base para evitar la fuga de capitales y acelerar la puesta en marcha de proyectos.

Articulación público-privada: Se destacó la necesidad de una coordinación efectiva entre Estado, provincias, empresas e instituciones financieras.

Estándares globales: La presión internacional por criterios ESG obliga a incorporar prácticas sustentables para no quedar fuera de las cadenas de valor globales.

El encuentro dejó en claro que el desarrollo energético y minero argentino no depende solo de los recursos disponibles, sino de la capacidad del país para generar confianza, previsibilidad y consensos duraderos.

Parlamentario y SpE Consultores organizan un encuentro estratégico que reunirá a referentes legislativos y técnicos de los sectores de Oil & Gas y Minería, dos pilares fundamentales para el desarrollo económico argentino y la generación de divisas.

El evento, que se realizará el martes 23 de septiembre en el Auditorio del Banco Hipotecario (Reconquista 151, CABA), propone un espacio de diálogo único con protagonistas del Congreso de la Nación y actores clave del sector público y privado.

Serán expositores el diputado nacional Walberto Allende (UP – San Juan), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara baja; el diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa), vicepresidente 1° de la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados; la senadora nacional Andrea Cristina (Pro – Chubut), vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado; Jerónimo Shantal, director de Minería de la provincia de Mendoza; y Manuel Puelles, gerente de Banca Corporativa del Banco Hipotecario.

Temas destacados de la agenda:

➤ El marco regulatorio nacional.

➤ El rol de los Estados provinciales.

➤ Seguridad y sustentabilidad como desafíos de la licencia social para operar.

➤ Proyectos e inversiones en marcha y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

➤ Articulación del desarrollo en las provincias.

➤ Restricciones de infraestructura y cómo superarlas.

➤ Claves para potenciar la generación de divisas.

➤ Hacia una matriz energética integral: más allá de Vaca Muerta.

➤ Nuevas fronteras de la minería moderna: cobre, litio, oro, hidrógeno verde.

➤ Energía solar y eólica: crecimiento sostenido en el país.

➤ Desarrollo del GNL.

➤ Biocombustibles como puente entre el agro y la energía.

Detalles del evento:

Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025

Lugar: Auditorio Banco Hipotecario – Reconquista 151 – CABA

Horario:

8:30 hs – Café y recepción

9:00 hs – Inicio

10:30 hs – Finalización

La actividad será transmitida en vivo por YouTube a través de www.parlamentario.com.

Cupos limitados. Actividad no arancelada. Requiere inscripción previa escribiendo a: [email protected] (Grace Bertelli).

En una jornada marcada por el reproche de la oposición, la reunión plenaria de las comisiones de Energía y Combustibles junto con Presupuesto y Hacienda pasaron a la firma los dictámenes del proyecto para establecer un marco normativo del Hidrógeno Verde y, también, la prórroga de la exención de tributos de la Ley 27.191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.

Los bloques de la oposición se quejaron por la resolución exprés de los despachos y pidieron más tiempo para debatir el tema. Esta posición fue compartida, además, por Maximiliano Ferraro y Nicolás Massot. Sin embargo, el diputado nacional de Encuentro Federal acompañó el dictamen con su firma y la Coalición Cívica firmó en disidencia, a través de Juan Manuel López. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda irán con sendos dictámenes de rechazo.

Las dos iniciativas fueron impulsadas por el diputado pampeano Martín Maquieyra y quedaron en condiciones de ser llevadas al recinto de la Cámara baja en una futura sesión. Ambos despachos alcanzaron 43 firmas, que fueron del bloque Pro, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. “Estamos sentando las bases para legislar a largo plazo, que no se nos pase el tren”, auguró el legislador del Pro.

El bloque Democracia para Siempre presentó su propio dictamen, el cual fue avalado con las rubricas de Pablo Juliano, Carla Carrizo, Mariela Coletta y Fernando Carbajal. A la hora de tomar la palabra, el jefe de bloque lamentó: "No podemos discutir el futuro a 30 años a las apuradas”.

La reunión fue encabezada por Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energías y Combustibles, quien tuvo más de un entredicho con integrantes de la oposición en relación al tiempo de exposición. La diputada rionegrina, quien busca convertirse en senadora nacional a partir de diciembre, señaló que “las energías renovables requieren de reglas claras y previsibilidad que las potencien”.

Así las cosas, los espacios dialoguistas, después de advertir al oficialismo respecto a la resolución inmediata de estos temas, consideraron que en este escenario sería muy difícil que estos proyectos prosperen en el recinto con dos medias sanciones. “Este es un proyecto que llega desordenado a comisiones y llega aún más desordenado al recinto”, alzó la voz Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.

El malestar de la oposición se hizo notar en la sala

El primer expositor de la jornada fue Martín Maquieyra, quien destacó el acompañamiento de firmas a su texto y recordó que “este tema tiene varios años de desarrollo en el Congreso y tiene varios meses de debate”. Asimismo, presentó los puntos centrales del proyecto y adelantó que “busca un marco normativo para fomentar el Hidrógeno renovable y de bajas emisiones”.

Después de hacer un repaso por la actividad en esta Comisión, el legislador de La Pampa comparó que “Chile y Brasil ya han avanzado con marco de regulación a cinco años”, y pidió: “Nuestro país tiene que estar a la altura para garantizar reglas claras para esta nueva industria”. Cargó, además, que la iniciativa tiene por objetivo “declarar al Hidrógeno Verde de interés nacional e incentivar las grandes inversiones”. “Estamos legislando para la próxima década”, remarcó.

Por último, el pampeano reafirmó que “Argentina tiene el potencial, tiene los recursos, pero nos falta un recurso normativo claro y competitivo”, y, nuevamente, sintetizó: “Necesitamos reglas claras, estabilidad y largo plazo”.

A partir de ese momento, comenzaron los reproches en la sala 2 del anexo C. La diputada nacional Vilma Ripoll, en tono irónico, se dirigió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y cargó: “Saludo la presencia del diputado (José Luis) Espert y que no haya habido que emplazar para que venga porque, encima, está la presencia masiva de diputados de La Libertad Avanza porque se tratan cosas de empresarios. Si fuera el Garrahan o alguna otra necesidad popular, no estarían”.

Molesto por la rapidez con la que avanzaron ambos textos, Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, se refirió a Villaverde y Espert, y cuestionó en más de una ocasión: “¿Quién los apura?”. Después, manifestó que “se están dejando atropellar por un par de bandidos para no sé qué interés puntual”. El santafesino aclaró que su bancada no se opone a los proyectos, si no que no están de acuerdo con la velocidad en la que fueron dictaminados. Confirmó la presentación de un dictamen de rechazo que será elevado a última hora de este martes.

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro explicó que “es un tema muy técnico y no podemos ir a las apuradas”. Observó que “los plazos de vigencia solo fijan cinco años, lo que resulta inviable para la magnitud del Hidrógeno”. Además, planteó que “con un montón de especialistas, hemos visto que los proyectos requieren ocho a diez años”, y cerró: “Pido poder discutirlo seriamente”.

También, el diputado santafesino Esteban Paulón agregó que “llama la atención que hasta aquí no se haya querido tratar y al cual no se ha querido tratar, aparezca de golpe, casi sin debata para dictaminar y para ir al recinto”. Luego, apuntó contra la presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles: “esta política energética deja de lado algunos temas importantes, pero me hubiera gustado que hubiéramos incorporado un proyecto vinculado a un aspecto básico, cercano y llano que es el acceso al gas en garrafa”.

En defensa de los textos, la diputada chubutense Ana Clara Romero, representante del gobernador Ignacio Torres en la Cámara de Diputados, señaló que “no quiero que se pase la oportunidad de tener un dictamen”, y consideró que si los proyectos de ley prosperan “abrimos las puertas para generar empleo en Chubut”. Luego, con un tono de voz elevado, pidió: “Miremos a diez años y seamos genuinamente federales”.

En medio de un contexto de reestructuración normativa del mercado eléctrico, ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca extender los beneficios fiscales para el uso de fuentes renovables de energía hasta el año 2045. La iniciativa, firmada por los diputados nacionales Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, propone modificar artículos centrales de las leyes 26.190 y 27.191, pilares del régimen de fomento nacional para la generación eléctrica limpia.

El texto legislativo apunta a consolidar una política energética de largo plazo, reforzando la seguridad jurídica y la previsibilidad para los inversores del sector. Entre los cambios propuestos, se destaca la prórroga de la exención tributaria para el acceso y uso de fuentes renovables, que originalmente vencía en diciembre de 2025. De aprobarse, esta exención se extendería por dos décadas más, eliminando gravámenes específicos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal.

Además, el proyecto propone redefinir las condiciones de contratación para los grandes usuarios del mercado eléctrico, eliminando la posibilidad de adquirir energía renovable directamente a CAMMESA, aunque manteniendo otras modalidades como la autogeneración o la compra a generadores, comercializadores o distribuidoras. También se impulsa una diversificación tecnológica y geográfica de la matriz energética, con énfasis en la medición inteligente y la gestión de demanda.

Los fundamentos del proyecto trazan un recorrido histórico desde la sanción de la ley 25.019 en 1998, pasando por los avances normativos de 2006 y 2015, hasta llegar a los logros alcanzados en 2025, donde las fuentes renovables representan el 17,4% de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. En ese marco, se destaca la inversión de 6,5 GW en generación renovable durante los últimos años, resultado de políticas públicas sostenidas a lo largo de tres administraciones de distinto signo político.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos de desregulación y modernización impulsados por la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a reformar el marco regulatorio eléctrico. En ese sentido, el proyecto busca compatibilizar los beneficios fiscales con los principios constitucionales, evitando litigios y fortaleciendo la confianza de los actores privados.

Mientras el Congreso se prepara para debatir el texto, el sector energético observa con atención. La continuidad de los incentivos podría ser determinante para sostener el dinamismo alcanzado y proyectar nuevas inversiones en un país que aún tiene vasto potencial por explotar en materia de energías limpias.

El proyecto de ley presentado por Martín Maquieyra (Pro) buscar declarar de interés nacional las inversiones vinculadas a la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, reconociéndolo como un vector clave para la transición energética. Asimismo, incorpora definiciones específicas para distinguir entre hidrógeno de origen renovable y el de bajas emisiones, lo que permitirá establecer estándares claros y trazables en los futuros desarrollos productivos.

Entre sus principales objetivos, la propuesta busca incentivar las inversiones privadas —tanto nacionales como extranjeras—, consolidar condiciones para la exportación estratégica y promover la industrialización de tecnologías vinculadas al hidrógeno, como electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de distribución. También propone integrar estos desarrollos a cadenas de valor que refuercen el posicionamiento nacional en el escenario energético global.

Para brindar previsibilidad a los inversores, el proyecto contempla una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años, asegurando que los proyectos no sean afectados por cambios normativos gravosos. Esta medida, ya utilizada en regímenes exitosos como el de energías renovables, busca dar confianza a las inversiones de largo plazo que la industria requiere para su desarrollo.

Además, se incorpora al RIGI una flexibilización específica para proyectos vinculados al hidrógeno. Se extiende el plazo de adhesión de dos a cinco años y se otorgan tres años para cumplir con el monto mínimo de inversión, atendiendo a las características de maduración más lenta de esta industria emergente en comparación con otras más consolidadas.

La autoridad de aplicación de la ley, que será determinada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias atribuciones, desde la formulación de una Estrategia Nacional del Hidrógeno hasta el diseño de sistemas de certificación homologables internacionalmente. También se la faculta para autorizar proyectos, establecer normas de seguridad y promover la cooperación internacional, especialmente con socios como Alemania y los países del Mercosur.

Argentina cuenta con ventajas competitivas para producir hidrógeno verde, especialmente por sus recursos naturales, capacidad de generación eólica y solar, disponibilidad de agua y vastos territorios. Sin embargo, la historia reciente del país, marcada por la volatilidad macroeconómica y la falta de continuidad en políticas públicas, exige un marco legal robusto para no desperdiciar esta oportunidad estratégica.

Si esta ley se sanciona, podría catalizar la transformación de Argentina en un proveedor relevante de hidrógeno para mercados como Europa y Asia, que muestran altos niveles de demanda y limitada capacidad de producción. El país tendría así la chance de insertarse en una cadena de valor global en expansión y consolidar una industria clave para el futuro energético.

Argentina tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes jugadores en la industria del hidrógeno, un vector energético que se proyecta como pieza clave en la transición hacia economías bajas en carbono. Con vastos recursos eólicos y solares –especialmente en la Patagonia–, abundancia de agua dulce y salada, y disponibilidad territorial, el país aparece en los radares de empresas y gobiernos que buscan diversificar sus fuentes de energía limpia. Pero la ventana de oportunidad es estrecha, y capitalizarla requiere algo que ha escaseado en la historia reciente: un marco normativo estable y competitivo para inversiones de largo plazo.

Eso es lo que busca el proyecto de ley presentado por los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Lorena Villaverde (LLA). La iniciativa establece un régimen de promoción para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, que incluye beneficios fiscales, estabilidad tributaria por tres décadas y un marco jurídico orientado a atraer grandes inversiones extranjeras.

Un mercado global en crecimiento exponencial

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que el hidrógeno y sus derivados podrían cubrir el 14% de la demanda mundial de energía en 2050, lo que implicaría multiplicar por cinco la producción actual. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta una producción global de 140 millones de toneladas anuales para 2030 y 500 millones para mediados de siglo.

La demanda estará liderada por Europa, que prevé importar hasta el 50% de su consumo futuro de hidrógeno, y por Asia, donde países como Japón y Corea del Sur planean cubrir más del 80% de sus necesidades mediante compras externas. Alemania, pionera en este campo, actualizó en 2023 su Estrategia Nacional del Hidrógeno, que contempla la importación de hasta el 70% de la demanda prevista para 2030.

En este contexto, Argentina aparece como un candidato natural para convertirse en proveedor estratégico, gracias a:

• Recursos renovables excepcionales: vientos de clase mundial en la Patagonia y altos niveles de irradiación solar en el NOA y Cuyo.
• Territorios disponibles para la instalación de megaproyectos industriales.
• Acceso a agua dulce y de mar para procesos de electrólisis y producción de derivados.

Pero la competencia es feroz. Países como Chile, Australia y Marruecos también están desarrollando estrategias para captar capitales y consolidarse como exportadores.

Claves del régimen propuesto

El proyecto de Maquieyra y Villaverde busca dar respuesta a las particularidades de la industria del hidrógeno, que requiere plazos largos de desarrollo y grandes inversiones iniciales. Por eso, incluye:

✅ Estabilidad tributaria por 30 años: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos impuestos ni por aumentos de tributos existentes.

✅ Ampliación del plazo para adherirse al RIGI: de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año más.

✅ Flexibilización de requisitos de inversión: las inversiones mínimas deberán cumplirse en un plazo de 3 años desde la aprobación del plan, considerando que la fase de factibilidad puede durar entre 2 y 3 años y la construcción hasta 5 años.

✅ Sistema de certificación alineado a estándares internacionales para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad del hidrógeno producido.

✅ Facilidades para el uso de infraestructura existente (gasoductos, redes eléctricas) y derechos de servidumbre para la instalación de nuevas plantas eólicas, solares e industriales.

La oportunidad económica para Argentina

Un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que, con un marco regulatorio adecuado, Argentina podría captar inversiones por más de US$ 15.000 millones hacia 2030 en proyectos de hidrógeno verde y derivados como amoníaco y metanol. Esto generaría:

📈 Miles de empleos directos e indirectos en la construcción y operación de plantas.

📦 Exportaciones anuales por más de US$ 5.000 millones hacia mercados europeos y asiáticos.

🌱 Reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética local.

El proyecto también apuesta a fomentar el desarrollo tecnológico local, promoviendo la fabricación nacional de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a Argentina insertarse en las cadenas de valor globales con mayor valor agregado.

Riesgos y desafíos

“El hidrógeno no es solo una opción energética: es una oportunidad para reconfigurar la matriz productiva del país y generar divisas genuinas”, sostienen los autores del proyecto. Pero advierten que la carrera es contra el reloj: si Argentina no consolida pronto un marco competitivo, el capital global buscará otras geografías más seguras.

El proyecto de ley impulsado por Maquieyra y Villaverde no solo busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, sino también dotar al sector de las condiciones económicas y fiscales necesarias para atraer inversiones de gran escala. Al declarar de interés nacional la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, la iniciativa reconoce explícitamente su rol estratégico en la transición energética global y en la diversificación de la matriz productiva argentina.

El corazón económico del texto está en la incorporación de incentivos concretos: estabilidad tributaria por 30 años, ampliación del plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años, y flexibilización de los requisitos de inversión mínima para facilitar el ingreso de proyectos que requieren largos períodos de maduración tecnológica y financiera. Estas herramientas buscan mitigar el riesgo regulatorio, uno de los principales obstáculos identificados por inversores internacionales para apostar por Argentina.

Desde el punto de vista técnico, la ley prevé la creación de un sistema de certificación homologable a estándares internacionales, lo que permitiría garantizar la trazabilidad de las emisiones y abrir la puerta a los mercados más exigentes, como la Unión Europea y Asia. También faculta a la autoridad de aplicación a intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, dictar normas de seguridad y articular con provincias y municipios, generando un ecosistema institucional robusto para un sector incipiente.

En términos económicos, el régimen propuesto podría catalizar inversiones por miles de millones de dólares en el mediano plazo, con efectos multiplicadores en la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura energética asociada. El sector del hidrógeno de bajas emisiones exige grandes proyectos integrados (parques eólicos y solares, plantas de electrólisis, logística portuaria) cuya magnitud hace indispensable un marco legal de largo plazo y certidumbre.

Sin esa previsibilidad, advierten sus impulsores, Argentina corre el riesgo de volver a quedar al margen de una nueva ola de desarrollo tecnológico-industrial, como ocurrió en el pasado con otras industrias estratégicas. Con ella, en cambio, el país podría posicionarse como un proveedor competitivo de hidrógeno y sus derivados, capitalizando su abundancia de recursos renovables y su potencial geográfico para exportar a mercados deficitarios.

En el marco de una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside el diputado nacional Carlos D’Alessandro, se avanzó con una iniciativa que permite una reducción del metano en el sector hidrocarburos, como así también firmaron dictamen para el convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León.

En primer lugar, los legisladores firmaron dictamen al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano (CH4) en las actividades de exploración; explotación; transporte y refinación de hidrocarburos, con la finalidad de reducir su impacto sobre el ambiente; y de conformidad con lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional. La norma, ahora, deberá ser debatida por las comisiones de Energía y Presupuesto y Hacienda.

Cabe recordar, que durante septiembre y octubre de 2024, la Comisión había realizado varias reuniones informativas donde expusieron funcionarios y especialistas, además de haber contado con participación ciudadana, quienes aportaron información importante sobre la temática.

Como autor de la iniciativa, Martín Maquieyra, del Pro, ponderó el “trabajo entre todos los bloques para poder consensuar y mitigar la emisión de metano en la industria de los hidrocarburos”. Luego, el diputado subrayó que “si logramos reducir las emisiones de metano en el corto plazo, vamos a tener un efecto mejor o más rápido en la disminución del calentamiento global y el impacto que genera al cambio climático”. “No estamos hablando de algo que no es posible, sino que es viable, que se puede hacer y que genera un impacto ambiental positivo”, remarcó.

Sobre el motivo de la búsqueda de una ley nacional, Maquieyra explicó que “estamos tratando de unificar varias resoluciones e iniciativas de distintas provincias para englobarlo en un marco normativo global”. Debido a esto, pormenorizó que no se trata solamente de un tema ambiental, sino que “es una cuestión de eficiencia, ya que el metano es el principal componente del gas natural, o sea cuando estamos venteando, emitiendo o quemando metano, estamos quemando un recurso que es muy valorado en una industria que está creciendo en nuestro país”, manifestó.

En otro aspecto, el diputado especificó que el sentido de la norma es “trabajar con cada provincia para ver cuántos son los límites de emisiones, cuál es la diferencia de la producción convencional y la no convencional, hacer un plan piloto para poder adaptarse y producir con mejores prácticas, y un plan de emisiones con crédito de carbono para lograr la reducción y que no genere un costo a las empresas, y en caso de incumplimiento las multas”.

Representando a Encuentro Federal, el diputado Esteban Paulón consideró el proyecto muy importante porque “nos permite poner al país en el camino de avanzar fuertemente en la estrategia en el marco del calentamiento global”. Sabrina Selva, de Unión por la Patria, anticipó su apoyo a la norma y planteó una disidencia parcial que tiene que ver con la autoridad de aplicación para que quede en el área de ambiente correspondiente.

La diputada camporista Gabriela Estévez destacó el trabajo del diputado Martín Maquieyra por su “flexibilidad para tomar las diferentes apreciaciones, sugerencias y diferencias de los distintos bloques”.  También desde el bloque UP, Carolina Yutrovic hizo hincapié en que “para lograr mitigar las consecuencias del cambio climático no es suficiente con medidas aisladas”. Y, de ese mismo espacio, Guillermo Snopek afirmó que “esta iniciativa es nuestro aporte como legisladores al medio ambiente”.

En la continuidad del encuentro, legisladores de distintos bloques pidieron el tratamiento prioritario de la ley de envases, la cual perdió estado parlamentario. Para ello, sugirieron la realización de reuniones informativas con especialistas en la temática.

Pare referirse al otro proyecto de ley en tratamiento, el cual también logró el acompañamiento y la firma del dictamen, sobre el convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, cuya autora es la diputada Roxana Reyes (UCR) y fue suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023, habló Martina Sasso, directora Ejecutiva de la Fundación por el Mar. La norma ahora deberá ser tratada en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Al respecto, Sasso ponderó el avance de la iniciativa al enmarcarlo como “un gran paso para la conservación y el desarrollo”. En ese sentido, ejemplificó que “aumentó un 20 % la visitación en los últimos meses, lo que activa la economía regional y genera empleo”. Por último, se expresó agradecida por el trabajo “muy profesional” de los legisladores por haber estado “todos a la altura para entender la productividad del mar, lo que aporta en recursos pesqueros, y la importancia de la proyección de los bosques de algas como lugares de refugio, tanto de la centolla como de los calamares”.

Al inicio de la reunión, los legisladores terminaron de conformar las autoridades de la Comisión, siendo designadas las diputadas de Unión por la Patria Gabriela Estévez para ocupar el cargo de vicepresidenta primera, y a Natalia Zaracho como secretaria.

El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Portugal, Martín Maquieyra (Pro), se reunió este lunes con el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes, en el Bajo Recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

Del encuentro, también participó el diputado Eduardo Valdés, en representación del bloque de Unión por la Patria.

Durante la reunión, el diputado Maquieyra expresó que apoya “los intercambios, sobre todo en materia comercial” entre ambos países. En relación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el diputado consideró que “para Argentina es fundamental sumarse a un acuerdo de millones de personas y consumidores”. “Si no nos abrimos al mundo y exportamos, no lograremos crecer. Todos los gobiernos entendieron que el costo del cierre de exportaciones es muy alto”, añadió.

“Vemos con buenos ojos lo que está pasando en Argentina en todos estos meses, entendiendo que veníamos de una situación dura y crítica, pero ahora se han buscado los mecanismos para recuperar el equilibrio fiscal y el superávit”, dijo Maquieyra con respecto a la situación actual del país.

Asimismo, el titular del GPA sostuvo que “debemos generar confianza, abrirnos al mundo y tener estabilidad; el presidente está siguiendo ese camino y nosotros vemos con buenos ojos esos pasos”.

Por su parte, el embajador de Portugal consideró que “es un gusto estar en la Casa de la democracia para hacer todo lo posible para reforzar las relaciones bilaterales entre nuestros países”.

Sobre las relaciones comerciales, Gonçalo Teles Gomes remarcó que Portugal es el quinto mayor destino de la carne argentina en Europa. “Nosotros somos productores, pero no en la dimensión que tiene Argentina”, dijo.

Tras la reelección del peronista Sergio Ziliotto como gobernador pampeano, el diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa) hizo este lunes un análisis de los resultados: “Obviamente queríamos ganar, pero Juntos por el Cambio hizo una elección histórica”.

En esa línea, el legislador expresó que “evidentemente el ciudadano pampeano valora la gestión de Ziliotto, más allá de que perdió votos respecto al 2019, pero la gente valoró su gestión por sobre la situación nacional”. Además, destacó: “Veníamos segundos por 22 puntos, y ahora quedamos a cinco puntos”. Cabe recordar que Maquieyra perdió la interna contra el radical Martín Berhongaray, quien salió segundo este domingo pero con un número considerable de votos, el 42%.

Entrevistado por Radio Buenos Aires, Maquieyra se mostró optimista de cara al futuro y manifestó que “uno siempre piensa que se puede hacer más”, y agregó que “los candidatos a intendentes y el candidato a gobernador dejaron todo en la cancha”.

Del mismo modo, propuso que “quizás se debía pensar un escenario más amplio con el candidato Juan Carlos Tierno (quien obtuvo siete puntos)”. “En la historia de La Pampa ganamos una sola vez las legislativas (2021), pero hace 10 que nos venimos acercando y este resultado nos pone muy cerca”, señaló sobre una provincia en la que gobierna el peronismo desde 1983.

“Pasamos de dos intendencias a ocho, lo que indica que es un crecimiento para adelante”, continuó el legislador del Pro y dijo que “esa pérdida de votos, del oficialismo, tiene que ver con la gestión nacional. En algunos puntos también los destacamos, pero hay que mejorarla”.

Respecto a la composición de la legislatura pampeana, Maquieyra expresó: “El oficialismo perdió diputados (17 a 15) en un cámara de 30 legisladores”, y agregó: “Desempatará la vicegobernadora porque no tienen la mayoría automática. JxC pasó de 11 a 13, y dos son de una tercera fuerza”.

Consultado por el panorama de las elecciones nacionales, el diputado pampeano manifestó: “Tenemos una gran oportunidad de volver al gobierno y ganar el país”. “La Argentina necesita acuerdos y son millones los que quieren que el país salga adelante”, señaló.

Respecto de la incorporación del diputado libertario José Luis Espert a JxC, Maquieyra opinó que “se necesita consenso y se logra dialogando”, y agregó: “Es muy difícil dialogar, pactar o consensuar con los fanáticos (Frente de Todos)”.

Por último, habló de las derrotas de JxC en Salta y Tierra del Fuego: “Son elecciones provinciales y no todo es nacionalizable”. “El electorado se comporta de esa manera, pero no tengo dudas que eso no sucederá eso en la elección nacional”, en alusión a un triunfo de la oposición.

En pleno verano, comienza este domingo a desperezarse el dilatado calendario electoral 2023, con las primarias en la provincia de La Pampa. Serán elecciones primarias y habrá seis listas, de las cuales solo Juntos por el Cambio ofrece una disputa, entre el candidato de la UCR y el del Pro.

Por su parte, el oficialismo lleva al gobernador Sergio Ziliotto como candidato a la reelección.

Las elecciones generales provinciales están previstas para el 14 de mayo próximo y para entonces el Frente Juntos por el Cambio-La Pampa propone elegir entre dos diputados nacionales: el radical Martín Berhongaray, quien será secundado por Patricia Testa. En la vereda de enfrente, el Pro lleva las candidaturas de Martín Maquieyra y Jose fina Díaz.

El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad propone al dirigente de ATE Luciano González, acompañado por Sofía Mercedes Fernández. Por el partido provincial Desde el Pie, van Claudio Acostado y María Laura González; desde el Movimiento Federalista Pampeano proponen a Héctor Fazzini y a Sonia Analía Wisner.

El exintendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno (destituido en 2008 por abuso de autoridad), se postula junto a Viviana Winschel.

La disputa en JxC

Está dicho que esta será la primera disputa interna de este año entre el radicalismo y el Pro. Maquieyra, quien tiene mandato hasta 2025, llega con el aliciente de la resonante victoria de 2021, cuando encabezó la lista de Juntos por el Cambio, y venció al peronismo tanto en las PASO, como en las elecciones generales.

En el caso de Berhongaray, su mandato como diputado nacional vence este año.

El ex presidente Mauricio Macri visitó este sábado Santa Rosa (La Pampa), donde hizo una recorrida por el centro de la ciudad, dio un discurso en un local partidario y mostró su apoyo a los candidatos del PRO que participarán en las elecciones primarias del domingo que viene.

Acompañado por Martín Maquieyra, candidato a gobernador, y Martín “Cato” Ardohain, candidato a intendente de la capital, Macri caminó por el centro de la ciudad, desde la Plaza San Martín hasta el local del Pro, y en el trayecto conversó con vecinos y comerciantes. En el encuentro con militantes del partido, frente a unas 300 personas, advirtió sobre los crecientes desequilibrios que está generando el ministro Sergio Massa en la economía: “A pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, la Argentina tiene un enorme futuro”.

“Estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo, pero vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015”, agregó.

Sobre las elecciones del próximo domingo, dijo: “La Pampa es una provincia que ha mostrado seriedad y sensatez, pero también le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas”.

En la interna de Juntos por el Cambio se enfrentarán dos diputados nacionales: Maquieyra por el Pro y Martín Berhongaray de la UCR.

Tras la condena a prisión perpetua de las autoras del crimen de Lucio Dupuy, el diputado nacional Martín Maquieyra (Pro) aseguró que no tiene "dudas" de que "se va a investigar a la jueza" Ana Clara Pérez Ballester, quien le había dado la tenencia del niño a la madre.

"Una vez que ya tenemos la condena de las asesinas, tiene que seguir el abogado de la familia con toda la cadena de responsabilidades", señaló y reclamó que "se vea en qué falló, porque más allá de haber dado a Lucio a la madre, no se hizo un informe socioambiental para ver si era un buen hogar".

Asimismo, anticipó que este viernes el legislador provincial del Pro Martín Ardohain presentará el pedido de jury en la Legislatura de La Pampa, donde también lo impulsa el Frente de Todos, agregó.

En declaraciones a Radio Del Plata, el pampeano, autor de uno de los proyectos que se consensuó para dar forma a la denominada "Ley Lucio", que espera ser tratada en el Senado, destacó que "uno de los puntos principales" de la iniciativa "es la reserva de identidad en la denuncia" para los docentes, médicos y todo el personal del Estado en contacto con menores, de modo que puedan "hacer su trabajo de forma más protegida".

"Nos encontramos con muchos docentes que no se sienten respaldados y escuchados" cuando denuncian, apuntó el diputado, quien también resaltó que se establece "la capacitación a los médicos, docentes y funcionarios en lo que es la detección de las alertas tempranas".

Maquieyra añadió que "lo que se busca con esta ley es que no haya excusas para que un médico o un docente digan que no vieron nada" y lamentó: "Lucio entró cinco veces a guardias distintas y no se hizo ni siquiera un seguimiento de historia clínica".

El año 2023 tiene como el gran evento político del año a las elecciones presidenciales a celebrarse el domingo 22 de octubre. Sin embargo, varias provincias elegirán gobernadores durante este año como lo será La Pampa el 14 de mayo. Para ello, parlamentario.com entrevistó al diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa) y precandidato a gobernador pampeano.

Respecto a las labores como diputado nacional, Maquieyra contó que envió un pedido formal al presidente Alberto Fernández para que agregue el proyecto de ley sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes (ley Lucio) en el temario de las sesiones extraordinarias. El proyecto tiene media sanción de la Cámara baja y obtuvo dictamen favorable para ser tratado en el recinto del Senado.

Por otro lado, el legislador pampeano consideró que un triunfo de Juntos por el cambio en su provincia “será el puntapié inicial” del “cambio” en toda la Argentina. La elección para gobernador de la provincia de La Pampa será la primera del año.  

¿Considera que la provincia de La Pampa tiene grandes chances de no ser gobernada por el peronismo después de 40 años?

-Si, por supuesto. Tenemos una gran oportunidad para cambiar la provincia de La Pampa porque los pampeanos han optado por una opción distinta en 2021.

Están cansados que la educación de La Pampa que, supo tener los mejores índices de calidad educativa, ya no los tiene. Cansados de que nuestros jóvenes se están yendo de La Pampa y no vuelven. Que el sistema de salud sea centralizado en las grandes ciudades. Por eso creo que tenemos una gran oportunidad y que lo vamos a poder lograr.

Respecto a la interna, ¿el apoyo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo posiciona como el candidato de Juntos por el cambio?

-Creo que el apoyo más importante es el de los pampeanos que me lo han dado en varias oportunidades, pero también es muy bueno que tengamos el apoyo de nuestros referentes nacionales que visiten la provincia y que conocen La Pampa. Horacio (Rodríguez Larreta) ya ha venido tres veces y ha conocido la producción industrial. Ha conocido el potencial de los emprendedores y sobre todo, de nuestro campo y nuestra producción agrícola y ganadera. Eso no da un impulso para su proyecto presidencial para que La Pampa este dentro de ese marco.

Un triunfo de JxC en La Pampa ¿marcaría una tendencia en el resto del país y en las elecciones presidenciales?

-Si, por supuesto. Va a ser el puntapié. Va a ser el kilómetro cero, está elección del 12 de febrero (interna de Juntos por el Cambio) y sobre todo, la del 14 de mayo (elección a gobernador de La Pampa). Vamos a lograr recuperar la provincia para todos los pampeanos y eso también acompañará al proyecto presidencial de Juntos por el Cambio.

Sabiendo la postura de JxC respecto a no dar quórum en las sesiones extraordinarias mientras esté vigente el juicio político a la Corte Suprema ¿cree que será un año complicado en el Congreso?

-Será un año complicado si el Gobierno sigue planteando una agenda en contra de la división de poderes y de la Constitución Nacional. Por no estar de acuerdo con un fallo piensa intervenir la Corte Suprema, hacer juicio a los magistrados y por desconocer un fallo, plantea ampliar el Consejo de la Magistratura por el que su único objetivo es coercionar a la Justicia porque son los que están investigando las causas de corrupción de sus funcionarios. Por lo cual, si la agenda del Gobierno es esa, está completamente alejado de los problemas que tiene la gente. Debería avanzar en la ley de alcohol cero o la ley Lucio, que tiene media sanción y no fue parte de la agenda de sesiones extraordinarias, pero sí la intromisión del Gobierno en la Justicia.

Por último, como vicepresidente la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados ¿cómo observa que el Poder Ejecutivo no haya incluido al proyecto de ley sobre capacitación en niños, niñas y adolescentes en el temario de sesiones extraordinarias?

-Es lamentable porque es una ley que necesitamos urgente tener en vigencia. No es un diputado ni de un bloque. Es una ley que han apoyado todos los diputados de todos los bloques. Es una ley que rompe la grieta y ayuda que nuestros niños no pasen por el calvario que pasó Lucio Dupuy al ser abusado, maltratado y asesinado. Le pedimos al presidente Alberto Fernández formalmente que lo agregue al temario y él se comprometió a hacerlo para que sea tratado en el Senado.

En un encuentro organizado por la senadora pampeana Victoria Huala (Pro), se presentó este miércoles en la Cámara alta el proyecto de "Ley Lucio", sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. También estuvieron los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Roxana Reyes (UCR), dos de los legisladores que impulsaron la iniciativa.

El proyecto, que ya fue girado al Senado, cuenta con media sanción de Diputados. Propone la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta surgió tras el crimen de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue castigado y torturado durante varios meses por la madre y su pareja en La Pampa. Ambas personas se encuentran detenidas y atravesando el juicio.

La diputada Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, inició la presentación en la que estuvo presente el abuelo paterno del niño asesinado, Ramón Dupuy, quien expresó: “Les hablo desde el dolor de perder a un nieto. Les pido que se apruebe esta ley y no queremos que suceda otro caso Lucio más”.

Del mismo modo, Dupuy afirmó que “si el conjunto de niñez hubiese trabajado como debería" la muerte de su nieto se hubiese evitado. Además, el hombre fue aplaudido por todos los presentes y -emocionado- sostuvo: “A mí nadie me va a devolver a Lucio, pero debemos evitar que vuelva a pasar”.

Además, Reyes mencionó al caso reciente ocurrido en Río Gallegos - Santa Cruz- donde una menor de cuatro años, Nicole Díaz, falleció por una amebiasis parasitaria (una infección del colon provocada por una ameba). La niña se encontraba en manos de un hogar de acogida bajo la intervención del área de Niñez Municipal. "Con esta ley buscamos prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes generando capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que trabajan en niñez y adolescencia", señaló.

Al explicar la iniciativa, el diputado Maquieyra indicó que “se trata de una ley que vela por los derechos de los niños y la detención temprana de la vulneración en las infancias”. Asimismo, detalló los tres fundamentos principales: “En primer lugar, la capacitación a quienes trabajan en niñez, salud y educación, tanto en el ámbito estatal y en las instituciones privadas; luego, incentivar a los ciudadanos a participar en la concientización del tema y el uso de la línea 102 para denunciar; y, por último, resguardar la identidad de quien denuncie”.

En esa línea, el pampeano relató que “una docente denunció las aberraciones que vivía Lucio y fue golpeada por la madre tras esto”. De ese modo, pidió a la sociedad -en general- “perder el temor a denunciar”, a través de este mecanismo de resguardo.

Así también, Maquieyra, junto a Reyes, afirmaron que “no hay grieta” en este proyecto, ya que fue aprobado de forma unánime. En tal sentido, las senadoras Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Belén Tapia (UCR) coincidieron con la premisa del diputado, y brindaron su apoyo respecto a la iniciativa en la Cámara alta.

Tapia reclamó trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados otro proyecto, en este caso con media sanción del Senado, que establece protocolos de prevención de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes. “Pido empatía y compromiso con este proyecto que servirá como complemento de esta ley”, señaló.

En el final, Vega remarcó su apoyo y compromiso con la Ley Lucio, y agregó que “la iniciativa debe ser el comienzo para legislar para un mejor futuro en el tema infancias”.

El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Es ese proyecto que si bien sus promotores en la Cámara baja se propusieron no ponerle nombre propio, es bien conocido por el de Ley Lucio.

Es que refiere al crimen del pequeño Lucio Dupuy, una criatura de apenas 5 años que murió por los castigos que durante largo tiempo le aplicaron su madre y la pareja de esta. Ese hecho ocurrió en La Pampa y por eso uno de los autores de la iniciativa que obtuvo media sanción de Diputados es un diputado de esa provincia, Martín Maquieyra (Pro). Ahora una senadora de ese mismo espacio y esa provincia, Victoria Huala, se propone buscar la atención de sus pares para que lo conviertan en ley próximamente.

Lo hará este miércoles a partir de las 11, en el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios, piso 5. Allí realizará un evento en el que hablarán de esa iniciativa que espera el inicio de su tratamiento en las comisiones del Senado.

Qué establece el proyecto

La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista Carlos Heller realizó este martes una dinámica reunión en la que avanzó con el dictamen de numerosos proyectos que quedaron listos para llegar al recinto.

Entre ellos el de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esa iniciativa, conocida popularmente como la ley Lucio, recibió el dictamen correspondiente para que este miércoles pueda ser tratada en el recinto.

Este proyecto conjuga tres proyectos, suscriptos por Martín Maquieyra (Pro), Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT), quienes hicieron uso de la palabra durante esta reunión. El primero recordó que la iniciativa fue inspirada entre otros casos por la desgraciada muerte del pequeño Lucio Dupuy, de apenas 5 años. “Venimos trabajando hace tiempo en la comisión de Familias y logramos unificar con proyectos como la ley Abigail, de Roxana Reyes y la diputada Paola Vessvessian, y terminamos creando un plan federal para la capacitación de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló el diputado pampeano. Agregó que la iniciativa “plantea tres herramientas para prevenir la violencia, abusos, aberraciones por las que pasaron Lucio y tantos niños en nuestro país”.

Comentó que se trata de “la capacitación para todo el personal que está trabajando el tema de la niñez, no porque no estén capacitados, sino porque están para educar, sanar, no para prevenir y saber cuáles son las alertas tempranas que nos pueden indicar que un niño está siendo víctima de un abuso. Por eso es que la capacitación es tan importante”. Asimismo contó que el proyecto establece la realización de campañas de concientización y en redes para que “todos los ciudadanos estemos al tanto de saber cuáles son las alertas tempranas, e instar a que las provincias mantener la protección del denunciante. Pasó en este caso y muchos otros, los docentes nos dicen que hay miedo a denunciar, a que luego un padre o madre tenga una represalia porque un docente denunció. Por eso se pide a las provincias que adhieran al protocolo para mantener en reserva las identidades”.

A continuación, la santacruceña Roxana Reyes valoró el trabajo realizado en la Comisión de Familias, que ella preside, donde se alcanzó el consenso y los acuerdos para llegar a un dictamen común. Recordó también que “Abigail fue una nena de 7 meses, que sufrió 5 días por su vida y que soportaba maltratos, abusos… Estaba en el sistema de Protección de Niñez, estaba judicializada. Había adultos responsables que estaban avisados”, pese a lo cual tuvo un desenlace fatal. Por eso consideró la diputada que eso fue producto de la falta de perspectiva de los derechos que hay que proteger.

“Esto nos convence de que tenemos que capacitar a quienes reciben alertas, para que no haya más Lucios o Abigail”, resumió, celebrando la unanimidad conseguida y agradeció al presidente de la Comisión de Presupuesto haber puesto el tema en el temario.

Por último, Paola Vessvessian reconoció que al principio no se alcanzaban a poner de acuerdo. Había divergencias que lograron sortearse, pero finalmente lograron armar una norma y puntualizó que “no solo vamos a capacitar, también esto viene a fortalecer el trabajo que ya está haciendo el Ejecutivo”.

A continuación, pasó a la firma el  proyecto de ley que viene del Senado por el cual se aprueba la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III) del Banco Interamericano de Desarrollo, tras lo cual se avanzó con la transferencia a título gratuito de una serie de inmuebles de parte del Estado nacional a distintas provincias argentinas.

Entre esas transferencias, la diputada Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos) defendió su proyecto por el cual se transfiere a la Municipalidad de Paraná el puerto de esa ciudad. La legisladora explicó que el puerto dejó de ser comercial hace muchos años, función que siguen desarrollando otros, como los ubicados en Diamante, Concepción de Uruguay e Ibicuy. El puerto de Paraná quedó limitado al tema turístico y aclaró que ese traspaso no sería para desarrollar un negocio inmobiliario. “Es importante que quede claro que estamos hablando de un espacio para el acceso público, disfrute, contacto al río e interacción y desarrollo para que los propios trabajadores de la zona puedan continuar desarrollando su labor.

Otro de los inmuebles transferidos, es uno a la municipalidad de Concordia, para destinarlo a la construcción de la terminal de ómnibus de la municipalidad de esa ciudad, según detalló el diputado Marcelo Casaretto.

Otra cesión es la que el Estado nacional realizará a la provincia del Chaco para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna. Al respecto, la diputada radical Lidia Ascárate felicitó la creación de un nuevo parque nacional, pero advirtió sobre los giros, pues faltaba que pasara por Recursos Naturales, no obstante lo cual aclaró que era solo una observación pues no objetaban que pasara a la firma. Ante ello, Carlos Heller admitió que tenía razón, pero dedujo que se había buscado aprovechar la reunión, tratándose de que eran todos “proyectos de consenso”.

Por otra parte, suscribieron un proyecto impulsado en su momento por el senador Edgardo Kueider, para transferir un inmueble del Estado a la Municipalidad de Larroque. Casaretto explicó que se trata de un terreno baldío que había sido destinado a un edificio del Correo que terminó construyéndose en otra parte, y ahora servirá para edificar un anexo de la municipalidad.

Entre los predios transferidos por parte del Estado, simbólicamente el más importante fue seguramente aquel donde funcionó el campo de concentración La Perla y ahora edificarán un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Se trata de un proyecto de los cordobeses Carlos Mario Gutiérrez y la actual senadora Alejandra Vigo. El primero expresó su beneplácito porque estuviera dándose ese traspaso a la jurisdicción provincial, y recordó que esa medida había sido impulsada originalmente un 24 de marzo de 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, dijo, “hemos sorteado numerosas situaciones, planteos racionales de adecuación, y me parece que es una gran noticia para seguir cultivando esa memoria que es patrimonio de todos.

Luego el diputado oficialista Eduardo Fernández dijo que “para los cordobeses, los que hemos defendido la democracia, este predio fue el que vio desaparecer a cientos y cientos de cordobeses en la tortura y asesinados (…) Que hoy la provincia sea cultora de ese espacio es una reivindicación”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado, adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a ese despacho.

También se avanzó por unanimidad con la firma del proyecto que crea el Programa Nacional Unico de Informatización y Digitalización de historias clínicas de la República Argentina, como así también un proyecto que crea un programa de prevención de discapacidades en el recién nacido, incorporando la detección de cardiopatías congénitas sintomáticas detectables por oximetría de pulso.

También se avanzó con el proyecto impulsado por la exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez, que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La diputada Vessvessian valoró que se llegara a dictaminar y destacó “el fuerte trabajo que hicieron Cristina Alvarez Rodríguez y Pablo Yedlin. Esperemos que sea ley; el año pasado se trató, pero no se pudo llevar al recinto, y es un pedido que nos hacen las madres”.

Los diputados firmaron también un proyecto sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, por el cual se capacitará de manera obligatoria a la comunidad educativa para “prevenir muertes evitables”.

Ya sobre el final de la reunión se trató un proyecto que crea un régimen de Patrimonio Cultural Inmaterial, y fue defendido por uno de los autores de la iniciativa, el titular de la Comisión de Cultura Hernán Lombardi, quien puntualizó que se trata de una iniciativa que “tiene en cuenta algo que era necesario normalizar, que es el patrimonio cultural inmaterial”.

“Habitualmente uno habla del patrimonio tangible, pero también está el intangible”, arrancó Lombardi, que citó como tales estos ejemplos: el tango, el chamamé y el filete porteño, que integran la lista representativa de la Unesco. “Pero hay un montón de proyectos que ingresan y no hay una ley que los regule. Es un patrimonio extraordinariamente frágil, porque estamos hablando de costumbres, músicas, gastronomía, y a su vez hay muchas iniciativas que no tienen bien definidas las capacidades técnicas”, explicó.

“Llegamos a un acuerdo en Cultura y firmamos un dictamen que nos parece muy importante a los efectos de preservar el patrimonio inmaterial”, agregó Lombardi, que aclaró que habían acordado “restricciones presupuestarias” según la cual la norma que impulsaban no incluiría la incorporación de personal, ni nuevas partidas presupuestarias para llevarla adelante, cuestión de no aumentar la carga fiscal sobre el Estado.

Le falta ahora a ese proyecto un giro a Legislación General.

Por otra parte se avanzó con el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz.

Vicepresidente segundo de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Martín Maquieyra (Pro-La Pampa) cargó este miércoles contra el Gobierno nacional al sostener que este mes “dejó sin fondos a los hijos de madres asesinadas por femicidas, a los chicos sin cuidados parentales y a los profesionales de los centros de desarrollo infantil”.

Así las cosas, reclamó que con urgencia el ministro de Economía, Sergio Massa, “cumpla con los fondos para estos niños y solicitamos que nos informen cuándo mandarán esas partidas. El Gobierno tiene que dejar de perjudicar a quienes más lo necesitan”.

La reacción del legislador pampeano vino a cuento de los dichos de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, que al presentarse el martes ante la Comisión de Familias sostuvo que hay en este momento en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) “partidas faltantes” que impiden que ese organismo “pueda cumplir el mes que viene con el PAE, con la Ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil”.

El ajuste también afecta a los niños. En la Comisión de Familia recibimos a Marisa Graham, Defensora de los niños, niñas y Adolescentes, a quien le consultamos sobre los recortes en discapacidad y otros temas. pic.twitter.com/xBDGKnBank

— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) September 6, 2022

En ese sentido contó que “le hemos mandado una carta al ministro de Economía expresando nuestra preocupación y para que se resuelva el mes que viene este presupuesto destinado a estos programas destinado a la niñez, adolescencia y familia. Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda para que la SENAF tenga ese presupuesto para cumplir con lo mínimo, que es el PAE, que es el plan de adolescentes de egreso y con la Ley Grisa, que son las hijas y los hijos de casos de femicidio”.

Sin embargo, este miércoles la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aclaró a través de sus redes sociales que “no denunció ni evalúa denunciar al ministro de Economía, Sergio Massa. Se le ha enviado una carta y por las inquietudes planteadas, concretará prontamente una reunión”.

Frente a los trascendidos, cabe aclarar que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no denunció ni evalúa denunciar al ministro de Economía @SergioMassa. Se le ha enviado una carta y por las inquietudes planteadas, concretará prontamente una reunión.

— Defensora Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (@defensora_nna) September 8, 2022

Ante esta situación, el diputado Martín Maquieyra presentó un proyecto de resolución en el que pide que el Poder Ejecutivo Nacional brinde un informe sobre si existen o no partidas presupuestarias faltantes; qué acciones se prevén desde el Palacio de Hacienda para cumplir en término con las obligaciones surgidas de los programas que lleva adelante la SENAF, y si recibió el ministro de Economía una misiva de parte de Marisa Graham solicitando la resolución inmediata de la falta de pago de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los programas.

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Con la presencia de funcionarios y representantes de instituciones relacionadas con los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se reunirá este miércoles la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la diputada santacruceña Roxana Reyes. La cita es a las 16, en la sala 3 (244), donde abordarán la temática de abuso y maltrato infantil, en el marco de las iniciativas presentadas: “Ley Lucio” y “Ley Abigail”.

En el primero de los casos, el proyecto fue impulsado por los diputados del Pro Cristian Ritondo y Martín Maquieyra, y promueve la “Protección de los Derechos de la Infancia y Prevención contra las violencias de los Niñas, Niños y Adolescentes. Impulsa una serie de modificaciones y propuestas que abarcan desde la capacitación de los funcionarios públicos de los tres poderes en la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hasta cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, como los referidos a la preservación del vínculo parental en casos de restricciones y a aceptar la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.

Esta iniciativa presentada el 15 de diciembre del año pasado refiere al caso Lucio Dupuy, cuyo crimen “violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”, tales los conceptos vertidos en su momento por Ritondo.

Maquieyra considera que ese caso “no fue aislado” y por el contrario esos hechos “se repiten constantemente”.

En el caso de la Ley Abigail, fue presentada a nivel nacional por la radical Roxana Reyes en 2020 y vuelta a presentar el pasado 13 de junio de 2022. Establece la obligatoriedad de la capacitación a funcionarios en derechos de niñas, niños y adolescentes. Deberán cumplirla todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, que forman parte corresponsable del sistema de protección de los derechos de niñez y adolescencia.

En varias provincias ya se han aprobado iniciativas en ese sentido, que refieren al caso de Abigail Jiménez, la niña con cáncer a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por la cuarentena. Sostiene Roxana Reyes que “la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los diversos poderes del Estado para tratar con violaciones a los derechos de la niñez. Muchos de los funcionarios estatales vinculados al sistema de protección actuaron de manera deficiente ante la presencia de casos de abuso o maltrato infantil”.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, y el legislador de esa bancada Martín Maquieyra, presentaron la denominada Ley Lucio, una normativa que promueve la “Protección de los Derechos de la Infancia y Prevención Contra las Violencias de los Niñas, Niños y Adolescentes”.

La presentación del proyecto de ley, cuya autoría corresponde al diputado Maquieyra, se realizó en el segundo piso de la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados y asistieron la senadora María Victoria Huala; y las diputadas Silvia Lospennato, María Luján Rey, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni y Dina Rezinovsky, entre otros.

La iniciativa parlamentaria impulsa una serie de modificaciones y propuestas que abarca desde la capacitación de los funcionarios públicos de los tres poderes en la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hasta cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, como los referidos a la preservación del vínculo parental en casos de restricciones y a aceptar la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.

Ritondo expresó que “el caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”.

Por su parte, Maquieyra remarcó: “El caso de Lucio no fue aislado y estos casos se repiten constantemente. Es nuestra responsabilidad velar para que no vuelvan a suceder. Necesitamos proteger los derechos y la vida de los niños, niñas y adolescentes porque somos los responsables como adultos y legisladores de garantizarles una vida plena, donde jueguen, crezcan y vivan con libertad”.

Ramón, el abuelo de Lucio, quien viajó a Buenos para acompañar el proyecto, manifestó: “Con el dolor inmenso que un abuelo puede sentir en este momento, no quiero que haya más niños muertos en la Argentina de esta manera”.

Al finalizar, Ritondo aseveró que “la Ley Lucio dinamiza la prevención familiar, para no volver a llegar tarde, para preservar la vida y la integridad de los niños y adolescentes, y para concientizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y a la ciudadanía en general, que ante la vulneración de derechos infantiles cualquier persona se anime a formular la denuncia pertinente con la preservación correspondiente de su identidad”.

Cristian Ritondo y Martín Maquieyra presentarán este viernes el proyecto de “Ley de prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes” que lleva el nombre del niño de 5 años asesinado en manos de su madre y la pareja de ésta. Estarán presentes el padre y el abuelo del niño como también diputados de los distintos bloques de la cámara.

La exposición está prevista para este miércoles a las 17 en el Anexo A del Congreso de la Nación.

El proyecto, incluye, entre otros artículos, un protocolo de actuación unificada de las instituciones, la activación de la línea 102 a nivel nacional, capacitación para los distintos poderes del Estado y la obligación excluyente de denuncia por parte de los establecimientos educativos y de salud y los agentes o funcionarios públicos con resguardo de la identidad, entre otros artículos.

La Ley Lucio se presentará en la Cámara de Diputados de la Nación con el previo apoyo de varios legisladores de los distintos partidos que integran el cuerpo. La ley que cuenta con 11 artículos que modifican las fallas que tuvo el sistema tanto en el caso Lucio, así como el de Abigail en 2014 de tan solo 6 meses y el caso de Salomón descubierto días atrás de tan solo 2 años.

El golpazo al Frente de Todos en La Pampa se consolidó. Es historia. El peronismo perdió frente a Juntos por el Cambio, algo que nadie tenía en los planes antes de las primarias abiertas de septiembre.

Con el 93,31% de las mesas escrutadas, JxC logró el 48,55% y el FdT cosechó 41,96 por ciento.

Con este resultado, la oposición obtiene 2 escaños y el oficialismo 1, por lo que el FdT perdió 1 en el juego de las bancas a nivel senadores nacionales.

Juntos por el Cambio necesitaba sumar senadores y una de las provincias que renovaba sus 3 representantes era La Pampa y consolidó la sorpresa que dio en las PASO a pesar de que el peronismo triunfa históricamente desde la recuperación de la democracia y obtiene las 2 bancas por la mayoría.

La última vez que el PJ pampeano había estado cerca de perder una elección fue en 2017 cuando dio vuelta la elección y ganó por solo 76 votos.

A partir del 10 de diciembre, los senadores de La Pampa serán: el dirigente radical Daniel Kroneberger y la joven dirigente del Pro Victoria Huala (JxC); y el ministro de Gobierno provincial, Daniel “Pali” Bensusán (FdT), de la línea Plural liderada por el exgobernador Carlos Verna.

Debido a la derrota del FdT, se queda afuera de la Cámara alta María “Luchy” Alonso, referente de La Cámpora y secretaria administrativa del Senado.

En la actualidad, en el Senado, de las 3 bancas, 2 pertenecen al Frente de Todos y la otra a Juntos por el Cambio. Ellos son: Daniel Lovera y Norma Durango (FdT); y Juan Carlos Marino (JxC).

Cabe recordar que en las PASO, Juntos obtuvo 48,82% de los votos frente a los 38,16% que alcanzó el oficialismo.

Cámara baja

En Diputados, la provincia patagónica también eligió 3 bancas, de las 5 que posee. De las 3 en juego, 2 escaños pertenecen al FdT, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, y 1 de Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra.

Por lo tanto, la oposición logró 2 bancas y el oficialismo 1, por lo que también perdió un escaño.

Los 3 representantes electos son: el diputado nacional del Pro Martín Maquieyra y la legisladora provincial radical Marcela Coli (JxC); y Varinia “Lichy” Marín, hija de quien fuera cuatro veces gobernador de La Pampa, Rubén Marín, líder de Convergencia, por el Frente de Todos.

Los diputados pampeanos que tienen mandato vigente hasta 2023 son Hernán Pérez Araujo (FdT) y Martín Berhongaray (JxC).

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, realizó una conferencia de prensa junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales Daniel Kroneberger, Martín Maquieyra, Victoria Huala y Marcela Coli, en la que sostuvo que “La Pampa es la madre de las batallas para los equilibrios parlamentarios, le van a hacer muy bien al país y al Gobierno esos equilibrios. Para que puedan reflexionar y ser responsables en el diseño de las políticas públicas”.

“En La Pampa vamos a ratificar el resultado de las PASO”, enfatizó.

El gobernador jujeño sostuvo que “todos los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio estamos recorriendo el país, trabajando fuerte para reafirmar los resultados de las PASO. Estamos convencidos que la sociedad no es ingenua, y el ‘plan platita’ no es el mecanismo que le servirá al Gobierno para dar vuelta los resultados”. Por el contrario, consideró que “es una falta de respeto a la voluntad popular”.

Por otra parte Morales afirmó que “hoy hay mucha angustia de la sociedad, el Gobierno nacional no tiene un plan económico, no puede bajar la inflación, está muy mal interiormente. Está anarquizado este gobierno y por ende no puede gobernar.

En otro pasaje, Morales señaló respecto del pedido de acuerdo propuesto desde el oficialismo que “gobernar es responsabilidad del oficialismo, nosotros vamos a dar todos los debates en el Parlamento”.

“En el Gobierno no se sabe quién toma las decisiones, hay una anarquía generalizada. Hay facciones que luchan por el poder. No le hablan al pueblo argentino”, agregó el mandatario jujeño, que en otro pasaje expresó que “esperamos una reacción responsable del gobierno nacional, luego de las derrota en las elecciones. No vinieron a unir a los argentinos, vinieron a profundizar la grieta, y se agrietaron entre ellos. No vamos a empujar al gobierno, como ellos han hecho con nosotros”.

Por otra parte alertó que “los precios aumentan, los controles no sirven, va a haber una ratificación en noviembre, de los resultados de las PASO, y eso le va a hacer muy bien al país, porque se necesitan los equilibrios en el Congreso”.

Los candidatos de Juntos por el Cambio Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra manifestaron su desacuerdo al manejo de fondos nacionales para la campaña electoral. En distintos puntos de La Pampa se ven largas colas para usar fondos públicos con fines electorales, advirtieron.

“El Gobierno kirchnerista es el responsable de la inflación, que se va a agravar por la emisión descontrolada del plan ‘platita’. La política de precios controlados es garantía de fracaso. El único objetivo del Gobierno es remontar la derrota electoral sin medir consecuencias”, resaltó el candidato a senador Kroneberger.

“Es una vergüenza que La Pampa se haya adherido al Plan Platita. Están desesperados por conseguir los votos y piensan que de esa manera los pampeanos vamos a ceder”, declaró Maquieyra, primer candidato a diputado nacional.

Es una vergüenza que La Pampa se haya adherido al Plan Platita. Están desesperados por conseguir los votos y piensan que de esa manera los pampeanos vamos a ceder. La Pampa ya dijo basta en septiembre y noviembre vamos a reafirmarlo, en noviembre La Pampa va a cambiar. pic.twitter.com/zZmqvyY1rC

— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) October 21, 2021

Los candidatos manifestaron que el Gobierno “se dio cuenta tarde de las necesidades de la gente” y que “de esta manera no va a comprar sus votos.

“La Pampa ya dijo basta en septiembre y no vamos a ceder por una heladera, cuando la gente necesita que la heladera esté llena todos los meses. En noviembre vamos a reafirmar la elección de los pampeanos, en noviembre La Pampa va a cambiar”, finalizó Maquieyra.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, llegó a La Pampa para brindar su apoyo a los candidatos Daniel Kroneberger (a senador) y Martín Maquieyra (a diputado) para las elecciones del 14 de noviembre.

En el marco de una conferencia de prensa en un hotel sobre la Ruta 5, el radical destacó el papel de esta provincia en los próximos comicios: “La presencia de uno no va a definir ninguna elección. Es un acto de responsabilidad, solidaridad y acompañamiento. En La Pampa, la Argentina va a definir cómo se recompone el Parlamento argentino. Es la primera vez que hay una posibilidad cierta de que se haya un equilibrio de poder, en el momento de mayor crisis que vive la Argentina”.

“Si se ratifican los resultados, como creo y es más, se aumentarán en muchos lados, del '83 hasta ahora, en el Senado de la Nación, el Gobierno tendría por primera vez que negociar sí o sí con la oposición y no convertir al Senado en una escribanía, como lo ha hecho durante mucho tiempo”, resaltó el legislador cordobés.

En las PASO, Juntos por el Cambio se impuso sobre el peronismo en La Pampa, ganando por 10 puntos de diferencia.

Respecto al escenario que se prevé en la Cámara alta, presidida por Cristina Kirchner, Negri señaló que "al kirchnerismo no le hacía falta dos cámaras, es una democracia renga, ya que gobierna con el Senado solo, con él obstruye y designa jueces, ya que es el poder más importante en la división de poderes y en un momento donde hay tantos temas de impunidad, que no se han podido resolver”.

“Por eso, La Pampa se ha convertido en un objetivo central, no de una fuerza política, sino de la democracia argentina. La representación federal indica que no existe en términos de la economía, la Constitución lo mantenga en términos de representación”, agregó.

Y continuó: “Y si La Pampa ratifica el resultado, como creo que va a ocurrir, vamos a incorporar dos senadores, lo que significa que se acortan los márgenes de maniobra del oficialismo y, obviamente, va a crecer el bloque de diputados. Además de Martín, vamos a sumar a una diputada, Marcela Coli. Si se recompusiera la Cámara de Diputados, se llegaría a 116 o 117 legisladores, y se termina la idea de hacer lo que se quiere”.

"La única fuerza política que muestra homogeneidad y racionalidad es Juntos por el Cambio. Por eso no podemos equivocarnos. En una crisis la sociedad busca un Dios que la salve. Pero acá hace falta un cambio cultural profundo. Porque en 2015 y 2017 le ganamos al populismo pero luego no alcanzó. Al kirchnerismo se la gana con un cambio cultural", finalizó.

Este viernes, otros tres diputados nacionales que estuvieron presentes en la última sesión de la Cámara baja informaron, a través de su Twitter, que sus resultados a la prueba de Covid-19 dieron negativos.

Uno de ellos fue el puntano Alejandro Cacace (UCR), quien escribió: "Por precaución y siguiendo los protocolos, debido a los casos positivos de #Covid-19 en el Congreso, estuve en aislamiento preventivo y me realicé el hisopado. El resultado fue NEGATIVO. ¡Gracias a todos los que se preocuparon!".

En tanto, el chubutense Ignacio Torres (Pro) publicó que su hisopado PCR por Covid-19 "dio negativo". "Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y se comunicaron conmigo !!!", agregó.

"Les quiero contar que el hisopado dio negativo. Gracias a todos por la preocupación, por tantos llamados y mensajes de apoyo. Me sentí muy acompañado", fue el mensaje del pampeano Martín Maquieyra (Pro).

Al comienzo de esta semana se conoció el caso de coronavirus del riojano Julio Sahad (Pro), quien estuvo presente en la sesión de 10 horas que se realizó el pasado jueves 25. Hasta el momento, la mayoría de los diputados que se hicieron el hisopado resultaron negativos, mientras que se confirmaron los casos de Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos).

Por precaución y siguiendo los protocolos, debido a los casos positivos de #Covid-19 en el Congreso, estuve en aislamiento preventivo y me realicé el hisopado. El resultado fue NEGATIVO. ¡Gracias a todos los que se preocuparon!

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) July 3, 2020

Me acaban de confirmar que mi hisopado PCR por COVID19 dio Negativo. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y se comunicaron conmigo !!!

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 3, 2020

Les quiero contar que el hisopado dio negativo. Gracias a todos por la preocupación, por tantos llamados y mensajes de apoyo. Me sentí muy acompañado 💪💪

— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) July 3, 2020