Participaron funcionarios nacionales, representantes de cámaras empresariales, entidades agropecuarias, industriales y sindicales. Se acordó un cuarto intermedio hasta mañana a las 9,30 horas para continuar con las exposiciones y el debate.
Fue una extensa jornada la celebrada este miércoles en el Salón Azul, para iniciar el debate de la ley de Modernización Laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), concluyó pasadas las 20.
Al cierre, Patricia Bullrich anunció el cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30.
Luego de la participación del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, señaló que "el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad, lo que ha tenido enormes consecuencias sociales". Identificó la litigiosidad laboral y la crisis del sistema de riesgos del trabajo como el núcleo del problema, afirmando que "si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal".
Al finalizar, expresó el respaldo de la entidad que representa hacia el proyecto, indicando que "creemos que contribuye a la modernización al permitir la actualización de las modalidades de trabajo y convenios, adecuándolos a las realidades productivas y a las tecnologías actuales".
En representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidente primera Eloisa Frederking, señaló que la medida aporta la coherencia normativa que el sector requiere. "Hace más de un año trabajamos en un proyecto amplio y de consenso para modificar la ley de contrato de trabajo agrario, y esta incorporación demuestra que estamos alineados entre el sector privado y público para un sistema integral y de menos burocracia".
En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, destacó que el espíritu del proyecto es "mejorar las relaciones laborales, porque "el empresario pyme y el trabajador trabajan codo a codo". Consideró que el marco normativo del proyecto evitaría inconvenientes no deseados y celebró la discusión de la propuesta, ya que "muchos de sus artículos aportan previsibilidad y certidumbre".
A continuación, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirma que "acompañamos en general las actualizaciones de la legislación laboral" y mostró preocupación por la informalidad: "Vemos que peligrosamente desde Argentina estamos alcanzando los estándares de aquellos países que tienen mayor informalidad laboral. El índice actual es de 43% cuando estos pases están cerca del 50, 60%, esto es un tema que trata la modernización laboral y es algo que debemos encarar los sectores sociales".
Por el contrario, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que "la magnitud de este proyecto de ley no alcanza para ser debatido en diez minutos porque esta iniciativa, que consta de 197 artículos, viola normas constitucionales, violenta derechos consagrados de principios como el de la justicia social, como el de la condición de que las leyes laborales son para proteger a los trabajadores y no para perjudicarlos y proteger a las empresas. Con este proyecto volvemos a la Argentina del siglo XIX; lo rechazamos de plano porque impide un debate de fondo, está plagado de afirmaciones falsas y fomenta el despido", sentenció.
En el mismo sentido, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, coincidió con los argumentos anteriores. Al contextualizar la discusión, señaló que la reforma se debate en un momento en que el salario mínimo es, "por primera vez, el más bajo de América Latina". Asimismo, recordó que históricamente las reformas laborales en el país han resultado en una disminución del empleo y advirtió que se está legislando en contra de la Constitución Nacional.
El representante de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el director Gustavo Corradini, explicó que esto es "la posibilidad de ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales" y a pidió por cambios en la ley respecto a los puntos de la caída de la ultra actividad, el convenio de empresas que sea inderogable para las pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, ya que "puede generar el efecto contrario que se busca".
También expusieron el asesor laboral de la SRA, Ignacio Forconi; David Hughes, Fundación Barbechando; Luis Núñez, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; César Guati, vocal de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Ricardo Ferreiro, director de Experta ART; Mariana Lucía Cademartori, dueña de una pyme en Junín, junto a Santiago Andres Bertamoni y Sebastián José Martino; Octavio Arguello, secretario General de Camioneros; y Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA.