En la provincia patagónica competirán ocho listas con precandidatos a diputados nacionales. Este año se renuevan tres escaños.
En las PASO de este domingo competirán ocho listas de precandidatos a diputados nacionales en Río Negro. Este año, la provincia renueva tres de sus cinco bancas en la Cámara baja, que actualmente ocupan Luis Di Giacomo (JSRN), Pedro Dantas (FdT) y Susana Landriscini (FdT).
Precisamente Di Giacomo buscará su renovación, al encabezar la lista “corta” -sin categoría presidencial- que llevará Juntos Somos Río Negro. El segundo lugar de la nómina que propone el oficialismo local lo ocupa Julia Fernández, actual legisladora provincial, y el tercero es Mariano Lavin, intendente de General Fernández Oro.
Por su parte, Unión por la Patria lleva una lista única encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. Al exintendente de General Roca lo secundará la actual diputada Susana Landriscini -que irá así por un nuevo mandato-, y en tercer lugar estará Marcelo Mango, dirigente del Frente Grande.
Juntos por el Cambio, con dos listas
En Juntos por el Cambio habrá dos nóminas de precandidatos a diputados nacionales. La que irá anexada a la boleta de Patricia Bullrich-Luis Petri será la que encabece el abogado barilochense Sergio Capozzi, seguido por la presidenta del Comité de la UCR de Viedma, Genoveva Molinari; y el director de la Asociación Civil Estudios Populares de General Roca, Jorge Padin.
Por su parte, impulsado por el sector del Pro que comanda el diputado Aníbal Tortoriello, el excandidato a intendente de Viedma Roberto Brusa, encabezará la lista en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales. El segundo puesto es para Adriana Fenouil y el tercero para José Acosta.
Además competirán el Frente de Izquierda-Unidad, el Movimiento al Socialismo y el Partido FE.
El proyecto fue presentado por el diputado radical Juan Martín en el que también pide que el funcionario explique los motivos del retraso en el cubrimiento de vacantes de cargos de la Justicia Federal, paralización de la implementación del Nuevo Código Penal, entre otros.
El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) solicitó la interpelación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que dé cuenta en el Congreso de temas cruciales, tales como la utilización de teléfonos celulares con los que los presos digitan crímenes desde los penales.
“Se incumple en el Sistema Penitenciario Federal el artículo 160 de la Ley 24.660, respecto a la prohibición del uso de comunicaciones telefónicas en las unidades penitenciarias por parte de los internos. Por eso queremos que el ministro informe qué medidas disciplinarias se han tomado, sanciones dispuestas y acciones tendientes a dar fin a esta situación que permite a las organizaciones delictivas perpetrar delitos desde las cárceles”, destacó el diputado santafesino.
También solicita que Soria explique “la paralización total en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal y razones por las cuales durante la presente gestión de gobierno no se ha producido avance alguno en las jurisdicciones que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ya dispuso, esto es: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.
“Retraso en el cubrimiento de vacantes de cargos de la Justicia Federal en la Provincia de Santa Fe a raíz de pliegos que al momento no ha remitido el PEN al Senado de la Nación, en particular respecto al caso del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario”, suma entre sus pedidos.
Además, que indique “si se prevé en la planificación con la Justicia Federal, espacios acordes para albergar el nuevo sistema acusatorio en Santa Fe o, el correspondiente financiamiento para las obras necesarias de construcción o adecuación de inmuebles”.
También, que Soria de cuenta del “estado de situación detallado por jurisdicción en relación a la existencia y funcionamiento de los Hornos Pirolíticos, para incinerar estupefacientes, teniendo en cuenta que mediante convenio oportunamente celebrado con Ministerio a su cargo y el de Seguridad de la Nación se impulsaba la instalación de este equipamiento esencial en todas las jurisdicciones del país”.
Para el diputado radical “los presos con causas por tráfico de estupefacientes, generalmente, son alojados en las distintas unidades penitenciarias, donde comparten espacios con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de los condenados por homicidios dolosos, inclusive sicariato. El resultado es que, en las mismas unidades penitenciarias se produce el tejido de nuevas alianzas con fines delictivos, y lejos de traer paz y convivencia profundiza el potencial de las bandas”.
“No podemos seguir corriendo detrás de la pelota y llegando tarde, menos en materia de seguridad y justicia. Por eso resulta inaudito que estos temas estén fuera de la agenda del Ministerio. Por eso exigimos que el Soria venga a explicar estas situaciones que requieren una atención prioritaria”, expresó Martín
Así afirmó: “Hoy estamos frente a lo que podemos considerar un Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. Una parte importante compete a la cartera de Justicia y no conocemos una sola medida de los responsables de la cartera. El ministro no vino nunca a Santa Fe, es inaudito”.
El pedido de interpelación contra el ministro Soria es acompañado por sus pares Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda y Carolina Castets. Martín señaló que “tiene como punto de partida la dramática situación que atraviesa su provincia, con récords de asesinatos y una ola de violencia que crece sin cesar”.
interpelacion-soriaEl actual titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos estará secundado por Susana Landriscini, que buscará un nuevo mandato. En JxC habrá dos listas.
Tras la oficialización de la fórmula presidencial de unidad en Unión por la Patria, el peronismo en Río Negro resolvió ir con una lista única de precandidatos a diputados nacionales, que estará encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
Al exintendente de General Roca lo secundará la actual diputada del Frente de Todos Susana Landriscini -que irá así por un nuevo mandato-, y en tercer lugar estará Marcelo Mango, dirigente del Frente Grande.
Los suplentes serán Cecilia Peña, Raúl Rajneri y Laura de la Rosa, mientras que Alejandra Más fue postulada para el Parlasur.
En la previa de la novedad Massa-Rossi, la exlegisladora Silvia Horne aspiraba a liderar una boleta que fuera acompañando la candidatura presidencial de Daniel Scioli, pero al bajarse éste, declinó también su postulación.
Juntos por el Cambio, con dos listas
Desde Juntos por el Cambio habrá dos nóminas de precandidatos a diputados nacionales. La que irá anexada a la boleta de Patricia Bullrich-Luis Petri será la que encabece el abogado barilochense Sergio Capozzi, seguido por la presidenta del Comité de la UCR de Viedma, Genoveva Molinari; y el director de la Asociación Civil Estudios Populares de General Roca, Jorge Padin.
Por su parte, impulsado por el sector del Pro que comanda el diputado Aníbal Tortoriello, el excandidato a intendente de Viedma Roberto Brusa, encabezará la lista en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales.
Por otra parte, desde el oficialismo provincial confirmaron que la nómina de precandidatos a diputados nacionales la liderará el actual legislador de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo.
En las elecciones de este año, la provincia renueva 3 de sus 5 bancas en la Cámara de Diputados, que actualmente ocupan el mencionado Di Giacomo (JSRN), Pedro Dantas (FdT) y Susana Landriscini (FdT). Dantas había reemplazado a Soria en 2021, cuando asumió en el Ministerio de Justicia.
Los diputados Martín Tetaz y Hugo Romero presentaron cada uno un proyecto en el que citan al Congreso a ambos ministros para que explique qué medidas tomó el Gobierno respecto a los hechos ocurridos en las provincias de Jujuy y Chaco.
Los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Hugo Romero (UCR) presentaron cada uno un proyecto que tienen como objetivo citar a la Cámara baja al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para dar información y explicaciones sobre lo que sucede en las provincias de Jujuy y Chaco.
El proyecto de Tetaz solicita que Pietragalla comparezca ante las comisiones correspondientes de la Cámara con la finalidad de que informe e indique si viajó en el avión presidencial Tango 04 o en algún otro medio de transporte a la provincia de Jujuy durante el fin de semana del 18 de junio.
También que indique el listado completo de quienes lo acompañaron y dónde se hospedaron; los motivos del viaje; si se ha reunido con las autoridades de la provincia a los efectos de interiorizarse de los hechos suscitados en Jujuy; que indique si el Gobierno tiene conocimiento de la reforma constitucional local.
Además, pide saber cuántos recursos del Estado Federal fueron erogados durante su presencia en Jujuy; si tiene un viaje programado a la provincia de Chaco y si sabe lo que ocurrió allí en términos de derechos humanos.
“Tenemos serias dudas que la presencia de Pietragalla haya tenido que ver con la defensa de los derechos humanos en dicha provincia. Por el contrario, sospechamos que formaron parte de la organización de los hechos vandálicos ocurridos en los bienes públicos de la provincia”, manifestó Tetaz en su iniciativa y denunció: “Nos llama la atención que el secretario no haya pasado por Resistencia donde una mujer ha desaparecido”.
La iniciativa del economista es acompañada por los diputados Carlos Zapata, Margarita Stolbizer, María Sotolano, Marcela Campagnoli, Germana Figueroa Casas, Lidia Ascárate, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, María Eugenia Vidal, Camila Crescimbeni, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola, Graciela Ocaña, Gerardo Cipolini, Adriana Ruarte, Pablo Torello, José Núñez, Ana Clara Romero, Claudio Poggi y Roberto Sánchez.
Por su parte, el proyecto del radical Romero suma un nombre más, el del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En el texto, solicita que informen si el Gobierno nacional ha intervenido, mediante organización, financiamiento, inteligencia y/o cualquier otra medida de colaboración en los disturbios acaecidos en Jujuy.
A su vez, saber si se han tomado medidas relativas a garantizar la forma republicana de gobierno que se “encuentra alterada” en Chaco. La iniciativa es acompañada por los diputados Karina Banfi, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Juan Martín, Miguel Ángel Bazze, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Julio Cobos, Natalia Sarapura, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Miguel Aguirre y Marcos Carasso.
Encabezado por Carla Carrizo, se presentó un proyecto de resolución para que se convoque al ministro de Justicia y Derechos Humanos ante los resultados de allanamientos recientes.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), junto a más de una treintena de legisladores de diferentes bloques opositores, presentó un proyecto para que se cite al Congreso al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que explique sobre el uso de celulares y delitos cometidos desde establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Luego de la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ahora un grupo de diputados buscan que Soria se presente para dar cuenta sobre la política penitenciaria en Argentina, que depende precisamente de su Ministerio.
“Las cárceles en Argentina funcionan mal. Tanto es así que desde los propios establecimientos penitenciarios se coordina el accionar de las bandas delictivas. La semana pasada se encontraron celulares en los allanamientos ordenados en cárceles federales, los fiscales presentaron varios informes advirtiendo la situación, pero el Gobierno aún lo niega. El ministro de Justicia debe explicar cómo es que el Estado, por acción u omisión, se termina convirtiendo en cómplice de los delitos que se cometen bajo su supervisión”, sostuvo Carrizo.
En efecto, en 2021 el Ministerio Público Fiscal publicó un informe en el que se advertía de esta situación, que se encuentra expresamente prohibida desde el año 2017 (mediante Ley N°27.375 que introdujo una modificación en el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal), y realizó 14 recomendaciones concretas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recientemente, reanudaron la solicitud al Gobierno ante la escalada de hechos de inseguridad.
“El caso de Rosario no solo puso en escena la falta de políticas concretas del Gobierno contra la inseguridad y el delito organizado, también evidenció que no hay una política penitenciaria”, remarcó la radical y agregó: “El Estado está ausente fuera y dentro de las cárceles. Y no es que falten leyes, en el 2017 se prohibieron los celulares en los penales, pero el Gobierno no las cumple”.
El proyecto lleva las firmas de Victoria Tejeda, Mónica Fein, Enrique Estévez, Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman, Dolores Martínez, Marcela Antola, Gabriela Brower de Koning, Fernando Iglesias, Dina Rezinovsky, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Lidia Ascárate, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Ximena García, Mónica Frade, Juan Martín, Ingrid Jetter, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Alfredo Schiavoni, Julio Cobos, Mario Barletta, Sabrina Ajmechet y Ruben Manzi.
Muy duro contra los miembros de la Corte Suprema, el ministro de Justicia habló de un “momento histórico” en alusión al proceso que comenzó en la Cámara de Diputados.
Una vez más muy duro contra los miembros de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, destacó el juicio político que comenzó en la Cámara de Diputados y lanzó que servirá para definir si “vamos a tener jueces honestos” o “mercenarios pintados de amarillo”.
“Creo que es un momento histórico y es una convocatoria, no solamente a la fuerza política, sino a todo el pueblo argentino”, expresó el funcionario sobre el proceso impulsado desde el oficialismo.
En declaraciones a Radio Provincia, Soria consideró que el juicio político definirá “si vamos a tener jueces honestos, probos, independientes e imparciales. O vamos a tener estos verdaderos mercenarios, pintados de amarillo y disfrazados de jueces, que hacen política con una toga puesta en un Palacio de Justicia”.
Tal como le gusta recordar al kirchnerismo, el titular de la cartera de Justicia apuntó que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz “fueron puestos por un personaje nefasto que está prófugo en Uruguay: Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón con Mauricio Macri eligieron por decreto a dos amigos y los pusieron a manejar la justicia argentina mediante la Corte Suprema”.
“Por eso después vemos estos chats entre la mano derecha del presidente de la Corte (Silvio Robles) y un sospechoso ministro como (Marcelo) D’Alessandro“, agregó el ministro sobre las conversaciones filtradas que hacían referencia al fallo sobre la coparticipación de la Ciudad.
A través de un documento de 33 hojas, la vicepresidenta afirmó que la magistrada que investiga el intento de magnicidio “depende laboralmente” del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunció este lunes que presentó una recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta el primero de septiembre.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta expresó: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.
En los últimos días, la magistrada había sido denunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que la acusaba de tener un contrato como investigadora senior en un instituto que depende del Gobierno porteño y dar clases en un instituto de la Policía de la Ciudad.
En la redacción de la recusación -de 33 páginas- que presentaron por los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Adzabal, relacionaron directamente a Capuchetti con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro por “dependencia laboral”.
El ministro se encuentra de licencia, luego de la filtración de supuestas conversaciones entre él y un hombre cercano a la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, previo al fallo de que le devolvió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Del mismo modo, el documento recordó los incidentes ocurridos previo al ataque contra la vicepresidenta cuando a su hijo, Máximo Kirchner, se le negó el paso por agentes de la Policía de la Ciudad “entre insultos y golpes”.
“Queda más que claro el interés que Capuchetti puede tener respecto del resultado del proceso”, señaló la recusación, en alusión a que la vicepresidenta Cristina Kirchner observó vínculos claros entre la jueza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Recusacion-_-Jueza-CapuchettiEl jefe del bloque radical de la Cámara baja advirtió que “así empezó el chavismo cuando no tenía votos”.
“Hay posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto”, dijo este miércoles el ministro de Justicia, Martín Soria, encendiendo luces de alarma en la oposición. El primero en ponerse en guardia fue el titular del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri.
El legislador cordobés cargó contra el kirchnerismo en general, señalando que “hace una semana dije que le declararon la guerra a la Constitución. Ahora quieren modificar el Consejo de la Magistratura por DNU”.
“Así empezó el chavismo cuando tenía votos, éstos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad”, agregó el diputado radical, que cerró, contundente: “El ministro Soria debe irse ya mismo”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado (MC) Alvaro de Lamadrid: “Ahora buscan cambiar el Consejo de la Magistratura por DNU. Desde 2019 di una anticipada descripción de la realidad y de las intenciones de la Vice, en la que estamos inmersos los argentinos. Se sale con resistencia institucional frente a quiénes tiran del mantel de la democracia”.
A su vez, el diputado Alberto Asseff se preguntó: “Un DNU para reformar el Consejo de la Magistratura? El alberkirchnerismo redobla la apuesta y sigue el avance contra las instituciones (o lo q resta de ellas)”.
Así lo consideró el ministro de Justicia sobre el artículo del Presupuesto 2023 que propone eliminar la exención en el impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, enfatizó este lunes que “el Congreso tiene que ponerle fin a este privilegio que tienen los jueces”, en alusión al impuesto a las Ganancias y el artículo del Presupuesto 2023 que busca eliminar esta exención, de la que gozan todos los designados antes de 2017.
“Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de dos millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido, es un privilegio que estamos en situación de corregir”, sostuvo en diálogo con Radio El Destape.
El funcionario observó que seguramente “habrá resistencias” a la medida, ya que “hay sectores de la Justicia que manipulan la Constitución y las leyes para mantener el privilegio que la Constitución y las leyes nunca les dieron”, lanzó.
“Vamos a ver si la Justicia va a pretender seguir tergiversando la Constitución para seguir manteniendo los privilegios, sobre trabajadores que sí pagan Ganancias cuando ganan más de 330 mil pesos mensuales”, desafió el ministro.
Consultado por algunas voces de la oposición que anunciaron estar en contra del artículo, Soria los criticó por que “se niegan a hacer reformas de fondo en el Congreso”.
Además, cuestionó que “la Justicia se mueve muy rápido para defender sus privilegios pero muy lento para en el caso del atentado a Cristina (Kirchner)”.
Diputados de Juntos por el Cambio la emprendieron contra Martín Soria por haber expresado en una entrevista su deseo de “destituir” a integrantes de la Corte Suprema.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio impulsó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
La medida es impulsada por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, haciendo operativa su responsabilidad ante las graves expresiones vertidas en ejercicio de su función”.
El disparador de este procedimiento son las expresiones del funcionario durante una entrevista expresó: “Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
Ante ello, la diputada nacional radical Soledad Carrizo planteó que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones, se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen”.
Así las cosas, Carrizo advirtió que “el ministro de Justicia de la Nación ha puesto de resalto su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”.
“En resumidas cuentas, atacar y derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional derecho”, plantea el pedido de juicio político.
En los fundamentos se añade que estas expresiones “no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro código penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
El pedido de juicio político es acompañado por los diputados radicales Karina Banfi, Marcos Carasso, Juan Martín, Martín Arjol, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Ximena García, Jorge Vara, Miguel Nanni, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid y Fernando Carbajal, y Gerardo Milman por el Pro.
La cordobesa Soledad Carrizo lo hizo basada en declaraciones que el ministro de Justicia tuvo para con los miembros de la Corte Suprema.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó este jueves un proyecto de resolución que promueve el juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud de la cordobesa se fundamenta en declaraciones que el funcionario expresó en una entrevista radial, cuando dijo: “Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
En los fundamentos, la legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen al ministro. Soria dejó en evidencia su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”.
Y criticó su forma de “atacar” e intentar “derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional de derecho”.
Para Carrizo, “estas expresiones no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el Estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro Código Penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
“La hostilidad y apatía que reiteradamente ha mostrado contra el orden y las autoridades constituidas no solo deshonran a la investidura que reviste como autoridad nacional, sino que colaboran con un contexto de permanente deseo de monopolizar el poder público persiguiendo intereses personales autocráticos”, completó la diputada.
El proyecto fue acompañado por sus pares Karina Banfi, Marcos Carasso, Juan Martín, Martín Arjol, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Ximena García, Jorge Vara, Miguel Nanni, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid, Fernando Carbajal, Gerardo Milman, Lisandro Nieri, Carlos Zapata, Lidia Ascárate, Margarita Stolbizer, Mario Barletta, Roxana Reyes, Ana Clara Romero, Graciela Ocaña, María Sotolano, Waldo Wolff, Gabriela Lena, Alberto Asseff, Jorge Rizzotti y Miguel Bazze.
El ministro se quejó porque las preguntas giraron más sobre otros temas que el del Consejo de la Magistratura. Estuvo más de 4 horas en el plenario, y cuestionó que le preguntaran “pavadas”.
La exposición del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales se extendió por más de cuatro horas y terminó entre gritos de la oposición ante un funcionario que sobre el final dijo haber tenido que responder “a todas las pavadas que hablaron toda la mañana”.
Fue porque a la hora de las preguntas los diputados no se circunscribieron estrictamente al tema convocante, la reforma del Consejo de la Magistratura. Por eso se quejó sobre el final Soria de que algunos hubieran entendido que “esta era una reunión informativa” y le preguntaran “sobre el avión (venezolano) o Irán”.
En rigor, pasadas las 14.30 el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, planteó que la reunión se estaba extendiendo demasiado y el ministro debía retirarse a las 15, lo que motivó la reacción del diputado Waldo Wolff, que sostuvo que así como los diputados estaban dispuestos a permanecer el tiempo que fuera necesario, el funcionario debía hacer lo mismo. Soria terminó permaneciendo casi una hora más.
Uno de esos temas sobre los que le preguntaron fue el conflicto de la Ciudad de Buenos Aires con la Nación por el tema del alojamiento de los presos. De esa cuestión respondió el viceministro Juan Martín Mena, que atribuyó la situación a que la gestión anterior no construyó cárceles. “El problema que hay es que el Servicio Penitenciario Federal tiene un cupo máximo”, planteó, y la emprendió contra el Gobierno de Mauricio Macri al señalar que “durante 4 años llevaron adelante una política criminal que no se correspondió con la política penitenciaria. Por eso mismo, el ministro (Germán) Garavano se retira declarando la emergencia penitenciaria después de gobernar 4 años. En 2019, diciendo ‘no supe qué hacer en estos 4 años de gestión’”.
Luego insistió Mena: “No construyeron un metro cuadrado de cárcel para las leyes que reformaron. La capacidad del Servicio Penitenciario Federal es la misma que había en 2015, con una inflación penitenciaria. Se incorporaron más presos al Servicio Penitenciario, no solo Federal, sino de todo el país. En 2015 había 60 mil personas privadas de la libertad, y en 2019 nos encontramos con 110 mil personas privadas de la libertad en todo el país”.
“La política criminal que se llevó adelante no se acompañó de una política penitenciaria acorde”, remarcó.
Previamente el mismo Mena había señalado respecto al tema puntual de la Ciudad de Buenos Aires que durante la gestión anterior se le habían otorgado 60 millones de dólares y donado un predio nacional para construir una cárcel en Marcos Paz y el Gobierno de Cambiemos suspendió la obra. “El problema de los presos en comisarías es porque no hicieron lo que tenían que hacer durante los años que fueron Gobierno”, sentenció.
Muy activa durante toda la reunión -al punto tal de que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo le reprochara que sus gritos le habían dejado irritado el oído izquierdo-, Silvia Lospennato intervino sobre el final. Lo hizo para rechazar el argumento de que el fallo de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura dictado por la Corte Suprema hubiese salido por la ventana. “No puedo dejar de señalar que si algo salió por la ventana no fue el fallo de la Corte, sino un consejero, y no tengo duda que más tarde o más temprano tendrá que volver a salir por donde entró, quien no entró por imperio de la ley sino por una avivada”, enfatizó en referencia a la maniobra con la que el oficialismo en el Senado logró sentar en el Consejo de la Magistratura al senador Martín Doñate.
Luego de varias imputaciones, Lospennato recordó la presencia del ministro en un acto por el atentado a la AMIA, al que concurrió en representación del Poder Ejecutivo, y le refrescó la memoria citando el discurso de la embajadora israelí, que sostuvo esa vez que todos saben qué pasó con el atentado: “El nombre es Hezbollah y el apellido Irán”, parafraseó, para concluir imputándole que al Gobierno le debería dar “vergüenza” no haber sido ellos quienes detectaron la presencia de los tripulantes sospechosos del avión venezolano.
Por parte del oficialismo cerró la diputada Agustina Propato, quien le agradeció a los funcionarios su presencia y les pidió “disculpas por lo excesivo” que habían sido los diputados de la oposición, cuyas “pretensiones” dijo no comprender, pues habían hablado de un sinnúmero de temas que no venían a cuento del motivo de convocatoria. Y para cerrar le dijo al diputado Wolff, en referencia a su reclamo porque el ministro se quedara todo el tiempo que hiciera falta, que “no podemos secuestrar al ministro y al secretario”.
Le respondió el diputado del Pro: “El otro día nos trataron de nazis y di una clase de nazismo; si interpretó que quería secuestrar al ministro, quiero dejar en actas que no suscribo eso. Que se quede tranquila, porque usted es tan literal…”. Y luego Wolff se permitió una chicana, teniendo en cuenta que la diputada Propato es la esposa del ministro de Seguridad bonaerense: “Dice que está desde las 11, ¿sabe que hay gente que se levanta mucho más temprano para ir a trabajar y no puede porque no hay gasoil? Antes de que baje (Sergio) Berni en helicóptero con un perro…”.
Para cerrar la reunión, tomó la palabra el ministro Soria, en lo que fue el pasaje más caliente de su exposición. En principio se quejó porque le terminaran hablando del avión, de Irán, y planteó que no había sido convocado a una interpelación.
“Antes te interesaba el terrorismo, ahora no te interesa”, le gritó Lospennato, a lo que el ministro replicó: “No tengo ningún problema en contestarles lo que quieran, de lo que vine a informar”.
“La verdad es que yo vine a hablar de un proyecto de ley que es muy parecido al que presentaron desde el Gobierno anterior, casi idéntico”, dijo, acusando a la oposición de “manejar la hipocresía, en esto de llenar el vacío con argumentos que no tienen nada que ver”.
“Vine a hablar del Consejo de la Magistratrua, y me salen con el avión, el otro me habla de Hezbollah, de Irán… Todos sabemos que el problema es que la justicia argentina nunca encontró a los culpables”, sintetizó.
Como ya lo había hecho más temprano, volvió a citar a Elisa Carrió, que en su momento rechazó que la Corte integrara el Consejo de la Magistratura. “Pero hay otra perlita: la diputada (Patricia) Bullrich, creo que es de ustedes…”, dijo, precisando que el 13 de marzo de 1997 había ido por el mismo caminó que Carrió. “Patricia, cuándo no… Yo se que les cuesta horrores explicar estos cambios. ¿Por qué en 2017 decían una cosa y ahora otra, sé que es injustificable?… Déjenme decir que decía alguien que hoy dice lo contrario, o como Mario Negri, que firmaba el dictamen de Carrió, y ahora lo veo por los canales y se rasga las vestiduras”, criticó.
Entre gritos de la oposición, mostró recortes de noticias para señalar que “el único que copó la justicia con magistrados y magistradas es Mauricio Macri, y si uno ve en ese cuadro de designaciones, nuestro Gobierno viene en un promedio mucho más que aceptable… Obviamente no creo que ningún presidente en la historia vaya a alcanzar a Mauricio Macri”.
Volvió a quejarse porque en lugar de preguntarle sobre el Consejo de la Magistratura lo habían interrogado sobre un sinnúmero de otros temas. Y continuó: “Sé que a algunos no les gusta, pero es la realidad, que me enseñaron que es la única verdad”, dijo, y siguió enumerando noticias de tiempos de Cambiemos: “La Nación, ‘El Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas a la Corte Suprema’. Retrasaron la instrumentación del cambio al sistema acusatorio; dejaron sin los recursos financieros, pero también sin los recursos de jueces y fiscales… 15 de diciembre de 2015: ‘Con un decreto Macri nombró dos jueces de la Corte’; otro, ‘Cuáles son los 10 jueces que Macri trasladó sin aval del Senado’; ‘Presionada por el Gobierno renunció la procuradora Gils Cabó’; ‘Revelan cómo operó Pepín Rodríguez Simón para lograr la renuncia de Gils Carbó’; ‘El macrismo suspendió a Freiller tras una maniobra en el Consejo de la Magistratura’”.
Ahí fue que entre gritos de la oposición, disparó: “Estoy respondiendo a todas las pavadas que hablaron toda la mañana…”, y siguió: “’Carrió acusó a Macri de tener una mesa judicial’… No yo, Carrió, una genia… todavía no la citan”.
“No lo digo yo, lo dicen sus medios”, insistió y le tiró a Lospennato: “Está muy brotada”.
“La verdad que sumergieron a la justicia argentina en este desprestigio, este manoseo en el que durante 4 años hicieron que hoy los argentinos tengan un descrédito de más del 85% -continuó Soria-. Y esto no lo hizo Alberto, ni Critina, ni el Rodo (Tailhade), ni Hernán (Pérez Araujo), ni yo… Lo hicieron ustedes, háganse cargo. Como se tienen que hacer cargo de los proyectos que presentaban”.
Con fuertes críticas al máximo tribunal, el ministro de Justicia les pidió a los diputados sancionar una nueva ley y recordó lo que la oposición opinaba sobre el tema en su proyecto presentado en 2017.
En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.
Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.
Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.
Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.
“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.
Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.
Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.
Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.
En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.
“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.
Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.
“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.
Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.
Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.
Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.
El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.
“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.
Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.
Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.
Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.
El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.
Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.
El titular de la cartera de Justicia participará este miércoles de un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.
Un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública, el ministro de Justicia, Martín Soria, estará en la Cámara de Diputados. Y si bien va por un tema puntual como es informar en representación del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, es obvio que en su exposición redoblará sus embates contra el Tribunal Superior.
El máximo tribunal resolvió este martes respecto de una serie de planteos de la vicepresidenta de la Nación y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que se encamina a su finalización.
La Corte rechazó planteos referidos a un supuesto “doble juzgamiento” teniendo en cuenta que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. Sin embargo el tribunal descartó la violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito por “deficiencias de fundamentación”.
Se descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante los tres gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015 en todo el país y no solo las de la provincia de Santa Cruz.
Asimismo los jueces determinaron que “no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones”.
Tampoco admitieron las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz, ni se hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.
Así las cosas y con este antecedente tan cercano no se espera que Soria vaya a ser moderado con relación a la Corte Suprema. Será a partir de las 11, cuando vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
El ministro ya cuenta con el antecedente de la actitud que mostró cuando le tocó abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.
“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios.
El ministro de Justicia y su segundo estará este miércoles en la Cámara baja, en la reanudación de las reuniones informativas en el plenario que analiza el tema en la Cámara baja.
A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.
A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El ministro de Justicia y su segundo estará este miércoles en la Cámara baja, en la reanudación de las reuniones informativas en el plenario que analiza el tema en la Cámara baja.
A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.
A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos renovó sus críticas contra los jueces del máximo tribunal y los acusó de estar “jugando a hacer política”.
En medio de la controversia por la conformación del Consejo de la Magistratura, y el inminente arribo de Horacio Rosatti como presidente de ese organismo, el ministro de Justicia, Martín Soria, cargó contra la oposición que “celebra que la Corte les arrebate la facultad de sancionar leyes y más aún se excitan Clarín y La Nación”.
“La Corte Suprema pone en funcionamiento una integración del Consejo que fue demostrado que fue pésima, que no funcionó”, cuestionó el funcionario en relación a la restitución de la ley de 1997.
En declaraciones a Radio Nacional, el titular de la cartera de Justicia criticó que los magistrados “tardaron 16 años en darse cuenta que la ley con la que se eligieron los jueces de la Argentina era inconstitucional”.
“Lamentablemente los jueces de la Corte están jugando a hacer política y no justicia”, lanzó y disparó también contra los medios de comunicación: “Los que dicen que entra en vigencia el fallo son Clarín y La Nación”.
En ese sentido, Soria explicó que “el fallo dice que los nuevos miembros van a iniciar su mandato de manera conjunta y en el Congreso todavía no eligieron a sus representantes”. En realidad, Juntos por el Cambio ya propuso a sus consejeros, pero Sergio Massa y Cristina Kirchner no estarían dispuestos, por ahora, a designarlos por resolución, además del fallo de un juez de Paraná que avala esa situación.
En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que “hoy los golpes de Estado se hacen en las poltronas de algún magistrado; esperemos que no llegue a tanto. Lo hemos visto en Brasil, en varios países de la región, esperemos no lleguen a tanto”.
“Esta Corte Suprema con cuatro integrantes, sin una mujer, desató un escándalo cuando se autovotaron. Rosatti y (Carlos) Rosenkratz fueron autoelegidos, antes nunca había sucedido algo así”, agregó.
Es por las graves consideraciones que vertió en el Senado contra los integrantes de la Corte Suprema.
Ante una pregunta de la senadora Mariana Juri (JxC) respecto de las críticas que había hecho contra la Corte Suprema el ministro de Justicia, Martín Soria, el martes, el abogado Daniel Sabsay señaló que “cuando uno no tiene argumentos, lo que hace es afrentar, que es una especialidad del ministro de Justicia”. “La Constitución es clarísima, ¿cómo no va a estar la Corte Suprema?”, se preguntó en referencia a la participación de un representante de ese tribunal en el Consejo de la Magistratura, agregando que ese organismo es además auxiliar de la Corte “y le da funcionalidad al sistema”.
“No es para nada entorpecedor, además de ser absolutamente constitucional”, aclaró, y a continuación ante una pregunta del senador correntino Eduardo Vischi (JxC) respecto al momento en el que la Corte resolvió esta cuestión, admitió que “desgraciadamente los jueces son muy tiempistas, es un gran vicio de nuestro Poder Judicial”.
“Pero afortunadamente desde hace un tiempito se ha puesto los pantalones largos y se ha puesto a controlar”, resaltó respecto de la Corte Suprema, poniendo como ejemplo tres fallos: Farmacity, supermercados chinos y presencialidad de los alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, fallos que consideró “hablan de un verdadero control”.
Luego, a instancias de una pregunta de la senadora Silvia Giacoppo (JxC), la emprendió directamente contra el ministro Martín Soria, por haber dicho que la Corte tenía el síndrome de la hegemonía. Sabsay dijo que era de “gravedad institucional que un ministro insulte a la Corte” y sostuvo que “deberían hacerlo renunciar a un cargo para el que no está preparado”.
Ante ello intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (FdT), que le pidió centrarse en el tema en discusión y no hacer calificaciones, a lo que Sabsay respondió cuestionando el “doble estándar” en la materia. “Me gustaría también que el ministro asuma la misma calificación”, advirtió en referencia a las cosas que había dicho Soria el día anterior sobre el tribunal supremo.
Ante una pregunta del senador Alberto Weretilneck (JSRN) señaló además que si bien la Constitución no dice taxativamente que un representante de la Corte debe estar en el Consejo de la Magistratura, “es enunciativo, y como es enunciativo, es obvio: ¿Cómo no va a estar la instancia más importante que es la Corte Suprema?”.
Cerró el turno de preguntas la senadora oficialista Silvia Sapag (FdT), que le preguntó si no le parecía inconstitucional que dos miembros de la Corte Suprema actuales hayan sido nombrados por decreto y si por ello todas sus acciones posteriores no deberían ser consideradas inconstitucionales.
Sabsay aclaró que él había sido uno de los primeros en cuestionar esa decisión del presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que el error no era que fueran por decreto, sino que hubieran sido nombrados en comisión. El lo cuestionó, recordó, y aclaró que “me lo hicieron pagar muy caro”.
Pero aclaró que “eso después se saneó totalmente, tuvieron que dar marcha atrás”, y tras remarcar que el decreto del presidente Néstor Kirchner firmado en su momento para la designación de integrantes de la Corte fue “su mejor decisión constitucional”, tras ello los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cumplieron todos los requisitos dispuestos y por ello “son plenos jueces de la Corte y por lo tanto es absolutamente valido lo que han decidido”.
Fue luego de que el titular de la cartera de Justicia criticara a Mauricio Macri por la cantidad de jueces que designó durante su mandato y también lo acusara de “persecución política”.
En la recta final de la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde se llevó a cabo el debate sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, senadores de la oposición cruzaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y le remarcaron que “no vamos a permitir que nos falte el respeto en nuestra casa”.
“Si hay un tema en el que no hay grietas en el peronismo es en el pésimo funcionamiento de la justicia argentina, porque lo padecimos los últimos cuatro años. La persecución y no la tortura física, el escarnio y la tortura mediática. Llamar a una persona ocho veces en un día a declarar es amedrentamiento político, persecución mediática”, lanzó Soria.
Y siguió: “El daño que le hicieron a la justicia es tremendo, los propios jueces lo reconocen ellos mismos, por eso hay que reformar la justicia”. Acto seguido el funcionario apuntó: “Vamos a aclarar esto, a sacarnos la careta y acabar con la mentira”, y mostró un cuadro con la designación de jueces según los presidentes: “Mauricio Macri gobernó cuatro años y puso 200 jueces, el promedio por jueces por año es 50. Néstor (Kirchner) en cuatro años puso 179 jueces. ¿Nosotros copamos la justicia?”.
“Cristina (Kirchner) en ocho años designó 368 jueces”, continuó comparando y volvió a preguntar: “¿Nosotros copamos la justicia o en cuatro años la copó Macri?”, y se defendió: “Describo hechos, no ataco”, y siguió mostrando notas contra el expresidente.
En ese momento, los senadores de Juntos por el Cambio se alzaron en contra y le exigieron al ministro que “se aboque el proyecto y no les falte el respeto”.
“Tenemos que devolverle el prestigio al Poder Judicial, trabajemos para devolverle la independencia, sumergieron a la justicia en este grotesco. Ese es el compromiso”, cerró el titular de la cartera de Justicia.
Pero, desde la bancada opositora la radical Mariana Juri recogió el guante y le contestó: “No le vamos a permitir al ministro que en nuestra casa quiera faltarnos el respeto. Nosotros vinimos preparados”, mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, trataba de calmar las aguas e invitaba a los legisladores a un cuarto intermedio y retomar el debate este miércoles.
Eso expresó en otro tramo de su exposición el ministro Martín Soria durante el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura.
Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, donde se lleva a cabo el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó el fallo de la Corte Suprema -que declaró inconstitucional la ley del 2006 que reducía la cantidad de miembros- de “ineficiente, antidemocrático y anticonstitucional”.
Soria remarcó que la Corte invalidó dos leyes a lo largo de la historia la del 2006 y la de democratización del Poder Judicial en el 2003 y señaló que “ninguna de esas dos leyes contenía la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema a su vez fuese el presidente del Consejo de la Magistratura”.
“¿Qué pasa si se sanciona una ley que no contenga la posibilidad de que el presidente de la Corte integra la presidencia del Consejo?”, preguntó el funcionario y criticó: “Con el actuar errático, con el grotesco jurídico que a generado esta gravedad institucionalidad a los ciudadanos, paralizar el Poder Judicial, la Justica, no es un atentado contra la clase dirigente, es contra la ciudadanía argentina. Esta es al Corte que en medio de la pandemia cuando todos los argentinos necesitaban de las telecomunicaciones, de internet, respondió en favor de los grupos económicos”.
Además, remarcó: “Esta es la Corte que no resuelve ni tampoco interviene en casos de espionaje, en reuniones de camaristas, jueces y fiscales, hay una ley que le prohíbe a los jueces hacer política”, y siguió: “Con esta Corte donde la mitad fueron designados por decreto. Con esta integración que es capaz de atentar contra el Congreso, porque es una facultad de ustedes de legislar, y quieren poner en operatividad una ley derogada hace 16 años para poder meterse por la ventana”.
A su vez, el funcionario ratificó que “no solo es inconstitucional” sino que es “ineficiente poner al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo. Es antidemocrático, anticonstitucional”, y señaló que “desde el 2016 han ingresado 28 mil causas y se resuelven 7 mil expedientes al año. El presidente de la Corte me ha dicho que tienen un excesivo trabajo. Entonces, ¿por qué quieren meterse por la ventana?”.
“El proyecto de la gestión anterior es parecido al que presentamos nosotros, pero hay una diferencia porque ese proyecto modificaba las mayorías para temas importantes. Nosotros siempre hemos mantenido lo que nos pidieron, porque desde la Corte nos han pedido que el presidente no integre el Consejo, por eso digo que repetir viejas fórmulas no funcionan”, aclaró el ministro.
Asimismo, advirtió que “estamos a cuatro semanas que se paralice el sistema judicial a lo largo y a lo ancho del país”.
“Hay que leer el fallo porque la Corte no obliga ni dice que hay que integrar al presidente de la Corte en el Consejo, en ningún momento habla o se menciona que el presidente va a integrar la futura composición de la Magistratura, no lo dice en ningún lado”, enfatizó Soria.
Eso expresó el ministro de Justicia en el plenario que debate el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo.
En el arranque del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde este martes se debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.
“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios”.
A su vez, sumó: “No solamente eso, sino que lo que es más grave que al declarar la inconstitucionalidad volvieron a darle operatividad a una Ley que fue derogada por el poder del Estado que esta facultado para ejercer funciones legislativas que es esta casa del pueblo”.
“Es este Congreso de la Nación que debería rechazar y repudiar esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico porque estaría sentando un peligroso precedente hacia el futuro”, solicitó Soria.
Al hablar del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propiamente dicho, lo definió como “un proyecto concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”. El objetivo es, afirmó Soria, “que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que sirva para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”.
“Lo que queremos es que tengamos un Consejo de la Magistratura, que sirva para responder a la necesidades de los ciudadanos que nos piden más y mejor justicia en definitiva”, apuntó.
El ministro sostuvo que “nuestro proyecto claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios”, y aseguró que el proyecto de este Gobierno “no difiere mucho” del proyecto presentado por el Gobierno anterior, en 2017, suscripto por el ministro Germán Garavano. Incluso toma cosas de ese proyecto presentado por el Gobierno de Cambiemos, apuntó.
El objetivo de este proyecto es “evitar esta amenaza de extorsión con los tiempos, una bomba cargada en la mochila… poco menos de 4 semanas”, señaló, advirtiendo que “el 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura. La parálisis del organismo que está llamado a administrar el Poder Judicial”.
A continuación detalló Soria que el proyecto del Ejecutivo modifica el artículo 2 de la ley vigente, donde regula la composición de los integrantes de las bancas que van a conformar el nuevo Consejo de la Magistratura. Se eleva la cantidad de bancas de los 13 miembros actuales a 17.
Según la iniciativa defendida por el funcionario, el nuevo organismo tendría 4 jueces o juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de la justicia del interior; seis legisladores, 2 del bloque mayoritario y uno por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por el estamento académico científico: va a tener dos representantes de ese estamento.
De tal manera, Soria resumió que el nuevo Consejo incorporaría un juez, dos abogados y un académico. Y enfatizó: “No se incorpora a ningún miembro del estamento político, y esto quiero remarcarlo, porque incluso fue uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre de 2021”.
“Ninguno de los cuatro estamentos que conforman el Consejo va a tener quórum propio; tampoco tendrá por sí solo los dos tercios”, agregó.
Sostuvo Martín Soria que con la composición propuesta, el estamento político no supera el 41% del total de los integrantes. “En la ley a la que la Corte Suprema volvió a darle validez constitucional, el estamento político estaba representado con el 45% de los integrantes. Este hecho muestra que el proyecto del Poder Ejecutivo es claramente armónico”, puntualizó.
“Creemos que es una composición inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, agregó.
Comentó además que se introdujo en esta nueva ley el aspecto de la paridad de género en la integración del Consejo de la Magistratura. Y destacó que en la actual composición que va a perdurar por las próximas 3 semanas, esa integración tenía, de los 13 miembros, solo 4 mujeres: el 30%. Además, recordó que otras modificaciones propuestas tienen que ver con los requisitos para poder ser miembros del Consejo, como no tener una condena penal por un delito doloso durante los últimos 20 años.
Además, aquella persona que fue miembro del Consejo, no podrá concursar por los próximos 2 años siguientes (actualmente el impedimento se limita a un año).
Por otra parte, no se modifica ninguna de las mayorías y se diferencia del proyecto propuesto por Cambiemos porque se disminuían los dos tercios para decisiones muy importantes, consideró.
Para el final se reservó las renovadas críticas contra la Corte Suprema. Apuntó el ministro lo obvio: que el proyecto oficial no incluía que algún miembro de la Corte integre el Consejo. “Receptamos así una postura que hasta ayer era claramente un consenso consolidado, transversal a todas las fuerzas políticas, porque ni en la ley de 2006, ni tampoco en la ley de democratización de la justicia de 2013, que introducía reformas, se establecía que un juez de la Corte integrara el Consejo.
“Tampoco el proyecto del Gobierno anterior preveía que un juez de la Corte integrara la composición del Consejo de la Magistratura”, agregó. “Esto lo pongo como dato, pero la verdad que creo que a estas alturas no tenemos que ser ingenuos, porque sabemos que lamentablemente hay sectores que quieren llevar todo el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006, que no es nada más ni nada menos que meterse por la ventaja en el Consejo de la Magistratura”, disparó.
En ese sentido recomendó que “no debemos naturalizar esto porque es grave. (La Corte) No solo se entrometió en facultades legislativas que corresponden a esta casa, sino que reviviendo un expediente de 16 años atrás, no solo se entromete, sino también resuelve algo respecto de lo que no podía haberse entrometido. Y sin embargo, toma un aspecto central para resolver quién debe presidir el Consejo de la Magistratura, y dice que es el presidente de la Corte Suprema”.
Para Martín Soria, “este es el verdadero debate: si queremos un Consejo democrático y menos corporativo, o si queremos volver a concentrar toda la organización del Poder Judicial en la cabeza del presidente de la Corte Suprema, como ya ocurrió”.
“El Congreso no puede permitir que la Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la Nación”, planteó, para concluir diciendo que “confiamos que este Congreso va a tener la responsabilidad que esta Corte Suprema no tuvo”.
Fue por las declaraciones que hizo Martín Soria luego del encuentro, lleno de críticas al Tribunal Superior.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, repudió al ministro de Justicia Martín Soria tras la información que el funcionario dio a los medios luego de reunirse con la Corte Suprema de Justicia el martes.
“Es inaceptable que el ministro de Justicia vaya descaradamente a la Corte a reprocharle a los jueces sus fallos y a pretender condicionar el desempeño del tribunal. El artículo 109 de la Constitución prohíbe expresamente que el presidente de la Nación ejerza funciones judiciales o se involucre en causas pendientes. Con mucha mayor razón no puede hacerlo un ministro”, sostuvo Negri.
“Los funcionarios de este gobierno no comprenden el valor de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial como garantía irrenunciable de las libertades. Soria pretende ejercer un tutelaje sobre la Corte. Se creen por encima de todo, de la Constitución y desnudan una ideología autocrática”, agregó Negri y continuó: “La misma ideología que impregnó los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público. Soria no es un ministro de Justicia. Es un mandadero de Cristina Kirchner para la causa de la impunidad”.
El titular de la cartera de Justicia admitió “la posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador”.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público asegurando que no se trata de “una ley que tenga nombre propio”, sino que tiene que ver con el funcionamiento de ese organismo.
“Hace unos días obtuvimos el dictamen de la Comisión de Justicia y de Asuntos Institucionales y que contempla muchos de los acuerdos y consensos que logramos conseguir. Ahora lo que estamos buscando es que el Congreso apruebe el proyecto”, expresó el funcionario.
En diálogo con Radio 10, Soria cargó la oposición señalando que “los que ahora dicen que quieren votar a (Daniel) Rafecas son los que el año pasado bloquearon su pliego. Y son los mismos que ahora critican esta reforma y que antes habían presentado un proyecto similar”.
“Esta ley es necesaria más allá de quién sea el próximo procurador. Necesitamos un procurador con un límite en su mandato, necesitamos cambiar las mayorías. No nos puede volver a pasar lo mismo con un interinato que tanto daño le ha hecho al Ministerio Público Fiscal”. Aclaró además que “no es una ley que tenga nombre propio, es una ley que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio”.
En ese sentido apuntó que “se mezclan muchas cosas. Es una posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador, es una posibilidad, pero yo no creo que esta reforma esté trabada por un nombre”.
Tras apuntar que “nunca ha quedado tan expuesto como ahora la falta de imparcialidad de algunos jueces”, Soria afirmó que “en el 2017 (el ministro de Justiciai Germán) Garavano propuso una reforma que era prácticamente idéntica a la que estamos proponiendo nosotros y no sé qué pasó ahora que se oponen. Creo que tiene que ver con mantener la impunidad de esa mesa judicial macrista”.
Soria cree que “cortaron camino con la creación de la mesa judicial y lo que pretenden es que el Ministerio Público Fiscal siga paralizado institucionalmente con interino que sienten como propio y que fue funcional a esa mesa judicial. (El procurador Eduardo) Casal llevó a cabo todo tipo de maniobras para encubrir las acciones de Macri y sus funcionarios. Está claro que él fue parte de esa Mesa Judicial, junto a Macri, sus funcionarios y algunos medios de comunicación”.
Consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsada desde sectores kirchneristas, el ministro de Justicia señaló que “todos los pedidos de juicio político tendrán que estar bien fundamentados. A mí no me preocupa solo el fallo que sacaron de las clases, sobre el que tengo mi opinión, me preocupa mucho más que haya miembros de la Corte que todavía no expliquen qué hacían hablando con un prófugo de la justicia”.
“Es un proyecto que lleva mucho tiempo en discusión y que es similar al que se aplica en muchas provincias. Alterar la forma de elección de un procurador no creo que sea darle una herramienta a un eventual gobierno (opositor), todo lo contrario”, puntualizó el ministro.
En 2014 Alberto Fernández confesaba en las redes sociales su rechazo al cierre de las exportaciones de carne y reivindicaba cuando en 2007 se ocupó de reabrirlas. Acaba de tomar la misma medida que reprochaba, a instancias de los deseos del sector más preponderante del Frente de Todos. Igual que con las restricciones a la circulación.
Por José Angel Di Mauro
Algo había que hacer, coinciden todos en pensar cuando el gobierno acaba de implementar restricciones extremas similares a las que teníamos hace justo un año atrás, con la diferencia de que hoy hay medio millar de muertos por día y casi 40 mil contagios diarios. Pero la contundencia de esos números no es suficiente para convencer no solo a quienes se hartaron en 2020 de vivir encerrados, sino sobre todo a los que casi se fundieron entonces y tras esa experiencia no quieren saber nada de este deja vu.
Casi no había objeciones cuando se dejó trascender que el encierro se circunscribiría a los fines de semana, pero súbitamente reapareció el fantasma tan temido de la vuelta del ASPO, aunque más no sea por un período acotado. Sorprendió, sobre todo, cuando apenas dos días antes el Presidente había descartado de plano un regreso a fase 1: “No, no… Ahí voy a tener un problema sociológico; la gente no lo resiste, esa es la verdad”, dejó claro entonces el Presidente en uno de los reportajes que concedió en la semana a Radio 10.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Coincidentemente con lo que pensaba el Presidente el martes pasado, en este mismo espacio dijimos una y otra vez que no había posibilidades de regresar al aislamiento extremo; no porque no fuese necesario, sino porque simplemente las cuentas oficiales no estaban en condiciones de volver a cerrar la economía. El propio gobierno lo documentó el año pasado al elaborar un Presupuesto en el que no figuraba ningún tipo de compensaciones para eventuales restricciones.
Habrá que inferir que eso obedeció a la exagerada confianza oficial en las vacunas. Se entenderá que cuando el Presidente anticipaba una y otra vez la inminente llegada de millones de dosis, lo decía realmente convencido.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Pero los números de la pandemia han sido tan contundentes y amenazantes como para corporizar los peores fantasmas. Sobre todo en materia de muertos. Siempre hemos dicho que la cantidad de víctimas fatales diarias nunca dejó de ser elevada, con un promedio de unos 200 muertos diarios que no ha descendido ni cuando se aplanó la curva. Hoy 200 es un número bajo, al paso que vamos. Y si bien también impresiona el número de contagios, eso es muy relativo, pues obedece a un nivel de testeos que nunca ha sido el adecuado. Con un porcentaje de positividad superior al 35%, los especialistas coinciden en que el número de testeos diarios debería ser de 300 mil, y estamos en un tercio de esa cifra.
Los expertos también concuerdan en el temor a que esta disparada de casos vaya a saturar en breve las unidades de terapia intensiva y que en el término de dos meses o antes eleve el número de muertos al millar diario.
Sin necesidad de llegar a ese extremo perfectamente alcanzable, un simple cálculo matemático permite inferir que para antes de mediados de julio la Argentina podría llegar a los cien mil muertos por Covid. Una cifra redonda y terrorífica que remite a una de las tantas frases célebres que expresó durante esta pandemia Alberto Fernández: “Prefiero que haya 10% más de pobres y no cien mil muertos”. Lo primero ya sucedió; lo segundo está en camino.
Semejante panorama decepcionante es lo que debe haber movido a Alicia Castro a escribir los lapidarios tuits del miércoles pasado. Exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, y fallida postulante para ese mismo cargo ante Moscú, la exazafata no estuvo muy diplomática cuando afirmó que “tenemos el récord más triste de la historia”. Alicia Castro comparó los resultados epidemiológicos argentinos con los de Bolsonaro -“en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina, que tenía entonces 1.200 fallecidos, por 70”, dijo- y llamó entonces al gobierno a no ser “negacionista”, reclamándole “medidas eficaces”.
Ese “fuego amigo” llegó al día siguiente del rechazo de AF a la vuelta a fase 1, de ahí que no sorprenda el súbito viraje. Sobre todo si se tiene en cuenta que la suya es una voz muy escuchada en el Instituto Patria. Algunos aventuran incluso que expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación.
Como sea, Alberto Fernández terminó anunciando medidas que van mucho más en el sentido reclamado desde La Plata que lo que deseaban en Olivos y el Palacio de Hacienda.
Parecido fue lo que sucedió con las exportaciones de carne, cerradas por un mes por el gobierno nacional, desatando un previsible paro del campo que entre otras cosas hizo incrementar los precios. Terminó prevaleciendo la postura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que es lo mismo que decir Axel Kicillof, cada vez más influyente en todos los ámbitos oficiales, y preocupado por una inflación que lejos de ceder va dejando mes a mes una presión mayor para el mes siguiente.
El gobierno volvió así al pasado. Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Quienes ponen reparos a esta medida le recuerdan al gobierno actual las consecuencias de esa decisión adoptada por el primer gobierno kirchnerista: se perdieron 12 millones de cabezas de ganado; se fundieron 16 mil productores; cerró un centenar de frigoríficos; y pasamos de tener el 10% del comercio mundial de carne a menos del 2% en 2014. En ese lapso pasamos del tercer lugar en el comercio de carne al 13°. Por efecto de estas medidas la Argentina dejó de ganar 10 mil millones de dólares y se perdieron 15 mil puestos de trabajo.
El gobierno pareciera no aprender de sus errores. Para muchos, el año pasado el caso Vicentin fue el inicio de la pérdida de imagen de Alberto Fernández, que había escalado a números inmensos por la pandemia. Ese episodio dejó para muchos la sensación de que gobernaba Cristina Kirchner y eso se trasladó inmediatamente a las encuestas de imagen. Hoy esa sensación está mucho más enraizada, y conforme los antecedentes, los resultados no prometen ser más efectivos.
Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Hay un ejemplo muy presente que podría tener en cuenta el gobierno: la fuerte embestida en el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde el oficialismo le había llegado el dato a la principal oposición de que ya tenían el número para convertir en ley el proyecto que desde noviembre pasado cuenta con media sanción del Senado. Por eso Juntos por el Cambio lanzó una acelerada y fuerte campaña exponiendo los nombres de los 23 diputados “del medio” -los que no son oficialistas, ni de JxC-, para que el Frente de Todos no pudiera encontrar allí los 12 votos que necesita para asegurarse la ley. En esa movida, Juntos por el Cambio salpicó a unos y otros, invirtiendo la carga de la prueba: expuestos, todos tuvieron que aclarar su postura de cara a una eventual sesión, aun aquellos como los lavagnistas que siempre habían dicho que no votarían esa ley.
Como sea, la estrategia tuvo los resultados esperados para Juntos por el Cambio, pues quedó claro que al oficialismo le faltan por lo menos cinco votos para sacar la ley que les permitirá desplazar al procurador Eduardo Casal, principal destinatario de semejante embestida. Muchos se preguntan aún de donde surgió la versión de que se habían alcanzado las voluntades necesarias, y todas las miradas apuntan al ministro Martín Soria, cuya capacidad para buscar consensos no parece ser una de sus características salientes.
Con todo, el proyecto ya tiene dictamen. Lo consiguió en el marco de un prolongado debate que se extendió hasta pasada la medianoche. Así las cosas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en cualquier momento en el recinto, y ese es un elemento de presión del oficialismo, que no pierde las esperanzas de dar una sorpresa en cualquier momento con eso.
Ante ello la oposición está atenta incluso a no perder legisladores propios. Hace pocos días el oficialismo hizo toda una movida para desplazar a la diputada correntina Estela Regidor, acusada de pedirles el 50% del salario a sus asesores. Quieren que renuncie, como hizo Juan Ameri cuando protagonizó un escándalo al exhibir una escena íntima en el zoom. La diputada radical presentó un pedido de licencia por 90 días, que no alcanzó a ser tratado en la última sesión, pero el oficialismo iría por más. Si así sucede, en JxC tienen preparada una contraofensiva, reclamando un trato similar con los diputados oficialistas involucrados en el “vacunatorio VIP”. Por eso habrían suscripto con Sergio Massa un pacto de no agresión. Por si acaso, Juntos por el Cambio tiene de aquí en más como consigna una vieja premisa de Marcelo Gallardo: mantenerse con la guardia alta.
El jefe del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados le respondió a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Martín Soria tras la sentencia de la Corte Suprema.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del Gobierno porteño y contrario al DNU del presidente Alberto Fernández que restringió las clases presenciales en las escuelas porteñas.
“El fallo de la Corte Suprema es ejemplar. El Gobierno nacional debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la excepcionalidad de la pandemia”, sostuvo Negri en Twitter.
Luego, consultado por medios de comunicación, el diputado cordobés abundó: “Se termina la discusión que reinstaló el presidente y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una conclusión definitiva: la CABA está equiparada a una provincia”, dijo Negri. “Es curioso que un presidente porteño instara al procurador para que desconociera la autonomía de la CABA”, agregó en tono irónico.
Negri le respondió también a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Martín Soria, quienes salieron a descalificar el fallo del Máximo Tribunal.
“La vicepresidenta hizo ayer 27 tuits destacando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fíjense si Biden dijera que hay un golpe institucional por un fallo de la Corte de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en la principal democracia del continente? Claramente, un golpe institucional es no respetar un fallo judicial”, sostuvo Negri.
El diputado también fue muy crítico hacia el mensaje de Cristina contra la sentencia de la Corte Suprema: “Desde 2013, cuando intentó la democratización de la Justicia, ella sostiene que los jueces no son legítimos porque el Poder Judicial no es elegido por el voto popular como el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Parece que quieren el poder total para el Ejecutivo con la excusa de la pandemia”.
“El kirchnerismo navegó sobre mayorías absolutas. Tuvo más poder que Perón. Gobernaban sobre emergencias, aun creciendo al 8%, porque el tema no era la economía, el tema era llevarse las facultades del Congreso. Porque en su concepción, esta es una democracia ´burguesa´, donde los controles afectan la idea de desarrollo y país que tienen. La idea de control les molesta, porque creen que ´si la gente me votó es porque me da las facultades para hacer lo que yo quiero´. Es inconcebible para el peronismo que alguien lo controle, tener que gobernar con controles republicanos”.
Respecto a las declaraciones del presidente, Negri manifestó: “No toman dimensión de la gravedad institucional, además de la gravedad económica y de la salud. Que el propio presidente hable de la ‘decrepitud del Derecho’ es peligroso. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el horizonte?”.
En cuanto al hilo de tuits del ministro de Justicia, Negri manifestó: “Creo que lo que hay que hacer, cuando salen estos fallos, es estar sereno. Él (Soria) ya dijo que cuando asumió como diputado se dedicaba a perseguir jueces y que ahora su rol era otro. Está haciendo lo contrario, eleva el nivel de confrontación”.
“El Gobierno fracasó en su política de pandemia, fracasó la economía y no hay vacunas. No puede pedir que le den más poderes ni querer gobernar solos cuando ya fracasaron”, concluyó el cordobés.
En el encuentro -que motivó una denuncia por parte de Bullrich y Arietto-, las fiscalas le propusieron al ministro una serie de reformas con perspectiva de género en el Ministerio Público.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluó este jueves la reacción del procurador general interino Eduardo Casal ante la reciente reunión entre un grupo de fiscalas y el ministro de Justicia, Martín Soria, que derivó en una denuncia por parte de la titular del Pro, Patricia Bullrich, y la abogada Florencia Arietto.
En esa reunión, las fiscalas propusieron a Soria una serie de reformas con perspectiva de género a la nueva ley del Ministerio Público, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Bullrich y Arietto presentaron una denuncia a raíz de ese encuentro, y luego Casal retó a las fiscalas, según reveló una de ellas, Gabriela Baigún.
“Se aprovechó de esta denuncia para darnos un tirón de orejas y para decirnos ‘no pueden ir a ver más a ninguna autoridad si no pasan primero por mi oficina para pedirme permiso’”, comentó Baigún en declaraciones radiales.
Además, aclaró que “se han visto reuniones de fiscales con ministros de Seguridad, con presidentes” y hasta con “la propia Bullrich en su gestión tuvo reuniones con fiscales”. “El procurador Casal nos prohíbe derechos básicos como el derecho a expresión a reunirse con las autoridades”, lamentó Baigún.
El tema llegó a la bicameral a través de notas presentadas por la diputada Mara Brawer, la senadora María de los Ángeles Sacnun y el diputado Ricardo Daives, los tres del Frente de Todos.
Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade consideró que “es muy evidente la gravedad de la situación, la doble vara con la que el procurador mide a mujeres y varones”, y aclaró que las fiscalas “no fueron a hablar de la reforma, sino de las políticas de género”.
Tailhade comparó la “reunión furtiva, clandestina” que mantuvieron el fiscal Raúl Pleé y el expresidente Macri con “una reunión pública de fiscalas con el ministro de Justicia, que se hizo a la vista de todos y cuyo temario todos conocemos y tiene que ver con las políticas de género, y no si tenían que jubilarse o no”.
El legislador recordó que el fiscal Carlos Rívolo también se reunió recientemente con el ministro Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y si bien reconoció que Rívolo acudió en calidad de presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), “no pasó absolutamente nada”. “¿Qué tiene, coronita?”, se preguntó.
En el mismo sentido, Sacnun coincidió en que “esta doble vara con la que ejerce su poder disciplinario el procurador interino no es la primera vez que se denota, aunque en este caso es mucho más sensible porque está atacando a las fiscalas mujeres”.
La senadora denunció que las fiscalas “están sufriendo acoso laboral y discriminación de género”, y pidió evaluar si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Casal.
Por su parte, Brawer agregó que “la situación que está viviendo el Ministerio Público Fiscal es de una gravedad histórica que no vemos desde la recuperación de la democracia. Lo que ha pasado con las fiscalas es de una tremenda gravedad, una misoginia y una discriminación hacia las mujeres”.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez salió al cruce de las críticas y enfatizó que “el procurador ha rechazado in limine la denuncia, con toda la razón del mundo”.
Además, informó Elías de Pérez, Casal “ha recomendado que en el futuro sigan las vías administrativas porque en el Ministerio Público Fiscal existe una secretaría que se dedica específicamente a los temas de género”, encabezada por la doctora María Luisa Piqué, a quien “no deberían haber dejado de lado”.
“Si hablamos de género, hablemos de género en serio”, reclamó la senadora, al poner como ejemplo que se perdió la oportunidad de designar por primera vez a una mujer en la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lázzaro.
Finalmente, habló de un “hostigamiento liso y llano al procurador general”, porque “es muy claro que ha desestimado la denuncia que le habían presentado, y luego hizo una nueva nota diciendo con claridad que lo que hizo estuvo lejos de ser un llamado de atención”.
El diputado del Pro Jorge Enriquez -quien intervino a pesar de no integrar la comisión- puntualizó: “Una cosa es cuando invitan (a fiscales) para que hablen de su especialidad, como los hemos invitado muchas veces a las comisiones, y otra muy distinta es que los funcionarios pidan una audiencia con el Ministerio de Justicia para proponer reformas legislativas que no pusieron a consideración del procurador general”.
El ministro de Justicia criticó la actitud “canallesca” del procurador interino sobre las funcionarias que se reunieron con él.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, arrancó su exposición de este lunes ante diputados refiriéndose a la situación que se generó entre el procurador interino, Eduardo Casal, y un grupo de fiscalas que se reunieron con él.
El titular de la cartera judicial recordó que en su primer mes como ministro tuvo “la oportunidad de recibir a un grupo de fiscalas, fiscales mujeres de distintos puntos del país, pero todas atravesadas con una misma preocupación, que es obviamente las cuestiones de género” dentro del Ministerio Público Fiscal.
El rionegrino criticó entonces “una actitud que es claramente demostrativa de la falta de legitimidad” que, a su entender, tiene la Procuración y es “lo que sucedió en las últimas horas y que ha tomado estado público. Un verdadero papelón diría yo“.
“El reproche, el reto del procurador general interino a ese grupo de mujeres fiscales, a las fiscalas que solicitaron una reunión oficial, una audiencia pública para dialogar con este ministro de Justicia sobre cuestiones de género que necesariamente debemos tener en cuenta en esta reforma de la ley”, señaló.
Soria calificó a la situación como “verdaderamente una actitud bochornosa, canallesca” y disparó: “Sobre todo proviniendo de un procurador interino que nunca dijo nada de aquellos fiscales que entraban y salían a escondidas de la Casa Rosada y Olivos”. “Una situación insólita y reprochable”, agregó.
A raíz de un pedido de sanciones formulado por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y su asesora, la abogada Florencia Arietto, contra las fiscalas, Casal emitió una resolución en la que, si bien consideró que no habían existido faltas -ni graves, ni leves- por parte de las funcionarias, les recomendó: “A fin de evitar la reiteración de situaciones como la presente, que pueden conducir a interpretaciones equívocas acerca de la postura del Ministerio Público Fiscal sobre temas respecto de los cuales no se emitió opinión formal aún, corresponde recomendar a las señoras fiscales que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes”.
Casal formuló la recomendación “sin que esto importe abrir juicio de valor sobre la naturaleza de las propuestas que se habrían formulado ni tampoco desconocer el ejercicio del derecho a peticionar que reconoce el artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Como respuesta, las fiscalas le enviaron una nota al procurador manifestando su “profunda preocupación por el dictado de una resolución que tiene un carácter discriminatorio contra las mujeres”, puesto que si bien otros estamentos y funcionarios se reunieron con Soria, “la reunión protagonizada por mujeres tuvo por finalidad conversar sobre una agenda de género en la justicia. Y fue la única respecto de la cual se entendió que podía resultar equívoca en términos institucionales”.
Las fiscalas que se reunieron con el ministro fueron Mariela Labozzetta, Gabriela Baigún, Laura Belloqui, Cinthia Oberlander, Mónica Cuñarro, Ana Miriam Russo, Cecilia Indiana Garzón, María Virginia Miguel Carmona, Iara Jesica Silvestre, María Cecilia Me Intosh, Josefina Minatta, María Marta Schianni y María Lía Hermida.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo lo planteó ante el ministro de Justicia, Martín Soria.
Durante la exposición del ministro de Justicia, Martín Soria, ante diputados de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el mendocino José Luis Ramón planteó su idea de que fiscales y jueces sean elegidos por el pueblo.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, uno de los dos opositores que participó este lunes de la reunión virtual en la que se presentó el funcionario -el otro fue el misionero Diego Sartori-, arrancó: “Es un gustazo que esté de visita en nuestra casa, en su casa hasta hace tan pocos días, y me da cosa esto de tratarlo de usted, pero bueno es ministro de la Nación”.
El legislador aclaró que respecto a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “tenemos algunas diferencias”, pero señaló que “más allá de las especulaciones mediáticas y de algunos diarios que son afín a nuestros colegas de Juntos por el Cambio”, el proyecto “tiene dos sentidos que a nosotros nos interesan: intentar la mayor transparencia del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas”.
A continuación, Ramón consideró que es necesario incorporar “mayores controles, que haya mayor información a la sociedad”, al tiempo de una “mayor participación popular”. “Debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales”, propuso.
Para el diputado, “la verdadera justicia que va a lograr transparentar el verdadero rol que tiene que tener” es la que tenga a “fiscales elegidos por el pueblo” y “jueces elegidos con mandato popular”.
Por otra parte, al momento de realizar las consultas sobre la iniciativa, el mendocino mencionó que se crean fiscalías sobre seguridad social y violencia de género, “sin embargo no se incluyó una procuraduría especializada en derechos del consumo”. “Es uno de los temas centrales en la economía de nuestra Nación y que esta pandemia lo ha demostrado fuertemente”, resaltó.
Punto por punto, las modificaciones que propuso el ministro de Justicia de la Nación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para arrancar con el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En la reunión, durante la que Juntos por el Cambio estuvo ausente, Soria habló sobre modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
“El diseño fue generando algunas dificultades en cuanto a su conformación, en cuanto al funcionamiento”, enunció el ministro. El primer cambio que expuso fue respecto de la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento. De acuerdo a los cambios, estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación; dos representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por la mayoría y uno por la minoría; un representante del Consejo Universitario Nacional; un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, de los cuales uno tiene que ser mujer.
El rionegrino aseguró que “las ventajas de esta composición son varias”. “Por un lado, es más federal”, argumentó, y “por otro lado, mejora la composición de género”.
En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, los cambios se relacionan con las mayorías. “Nuestra propuesta es mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, cuatro integrantes, y modificar las mayorías para las tomas de decisiones, obviamente”, prosiguió.
“Para dictar un apercibimiento o dictar una multa a un fiscal se debería mantener la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros, mientras que para remover a un fiscal entendemos que se va a requerir el voto de una mayoría agravada, las dos terceras partes de los miembros de ese tribunal”, propuso Soria.
El titular de la cartera de Justicia agregó que “en cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento lo que proponemos es que la presidencia se designe por sorteo y que vaya rotando cada seis meses para generar esa alternancia en el cargo, y que no se dé lo que muchas veces vemos en este tipo de organismos, esas actitudes corporativas que traban el normal funcionamiento de un tribunal que está llamado a ser un tribunal de disciplina del organismo”.
“Por otro lado proponemos también una mejoría en el jurado de los concursos, en particular respecto a su composición. Nuestra sugerencia es volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público, que eso no está hoy. Esta composición va a permitir tener un jurado de número impar”, explicó.
En cuanto a la designación del procurador interino, propuso que el límite de ese interinato máximo e improrrogable de ese cargo sea de seis meses. “El interino tiene que ser exactamente eso, un interino. Alguien provisorio”, afirmó, durante la exposición en la que criticó enérgicamente a Eduardo Casal. “Hay que ponerle también un plazo de duración a ese interinato”, concluyó.
Además, habló de reducir la exigencia de la antigüedad del fiscal general, que actualmente es de diez años. La idea es que sea de no más de cinco años.
El interino sería designado, según estas modificaciones, por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una propuesta en terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control, es decir, será el Congreso el que proponga los nombres.
El diputado cuestionó con dureza los dichos del ministro de Justicia durante la reunión en la que se analizó el proyecto sobre la reforma del Ministerio Público y advirtió que buscan “tomar por asalto” a ese organismo “para sumarlo al plan de impunidad”.
A pesar de que Juntos por el Cambio no participó del plenario en el que se arrancó con el debate del proyecto sobre la reforma del Ministerio Público, el diputado Luis Petri (UCR) cuestionó con dureza los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, al respecto de la medida y alertó que para el funcionario “no hay un Estado de Derecho en el país”.
En ese sentido, el mendocino lanzó a través de las redes sociales: ” ‘Una ley fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho’, dice el ministro de Justicia. Es importante saber que para el Ministro no hay un Estado de Derecho en el país”.
Luego, recordó otra de las frases más relevantes de la exposición del funcionario, al señalar que “ ‘la Justicia está deslegitimada’, dice Soria. Algo tendrá que ver que todos los jueces, desde el ‘83 hasta el presente, han tenido acuerdo del Senado con mayoría peronista”.
“Martín Soria en la Comisión dice que el proyecto no tiene que tener nombres propios…. pero apenas asumió decía esto: ‘Casal es insostenible’”, continuó Petri en su contundente descargo, y advirtió que “el proyecto no viene a mejorar el funcionamiento de justicia, viene a tomar por asalto al Ministerio Público para sumarlo al plan de impunidad”.
En cuanto a la decisión de la oposición de no participar de la reunión, el legislador volvió a ratificar su postura de que “no podemos apoyar el proyecto de sometimiento y colonización del Ministerio Público Fiscal”.
El ministro de Justicia pidió “destrabar” la iniciativa y cargó contra el macrismo por “rechazar el proyecto sin escuchar las modificaciones”. Asimismo aseguró que urge tener “una justicia que funcione, que recupere su independencia y su imparcialidad”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para tratar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus cambios con respecto al procurador general de la Nación.
En su “debut” en el Congreso en este nuevo rol, el funcionario comenzó expresando sus condolencias por el fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, cuyo deceso se produjo en un accidente automovilístico mientras iba a visitar a su familia en Junín. A sus condolencias también se sumó el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, y el resto de los legisladores presentes en la reunión virtual.
Sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Soria la definió como “una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, y recordó que “desde un primer momento, en la campaña electoral de 2019 Alberto Fernández incluyó entre sus promesas contribuir a recuperar una justicia que funcione, que recupere su independencia, su imparcialidad… una justicia en definitiva que logre solucionarles las demandas en tiempo y forma a todos los argentinos”.
“Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, aseguró Soria
Al mismo tiempo que señaló que debido a esto “se han enviado una serie de proyectos para ser tratados por el Congreso de la Nación. Proyectos que permitan una vez sancionados que la justicia Argentina salga de la crisis de legitimidad en la que lamentablemente hoy se encuentra y que pueda recuperar el prestigio que estaba llamada a tener”, y precisó que el proyecto en cuestión ya tiene media sanción por parte del Senado.
“El proyecto legislativo es una iniciativa que surge del Senado de la Nación, fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos que fueron presentando los bloques oficialistas y opositores a lo largo de los años, más concretamente es el resultado de más de cuatro proyectos que le dan origen a esta media sanción que nos llega. Por un lado, dos proyectos de la senadora (Lucila) Crexell, uno del senador (Alberto) Weretilneck y otro del senador (Martín) Lousteau, así como las propuestas y las recomendaciones del consejo consultivo de expertos que creó al inicio de la gestión nuestro propio Gobierno”, aseveró.
Sobre esa misma línea, el titular de la cartera de Justicia consideró que todos los presentes en el encuentro virtual comparten “el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Crisis de legitimidad que, como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación, se genera entre otras cosas, por cuestiones no menores por cierto, una muy singular particularidad que es el interino”, en alusión a Eduardo Casal. “Es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”, cargó.
Además, apuntó que “esa vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años, sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia”.
“Resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana”, fundamentó, y observó que se necesita “una alternancia en el cargo del jefe de los fiscales”, que es quien está a cargo de la política de persecución penal.
Entonces, Soria volvió a defender que “este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, e insistió en que “no debe tenerlos, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia, no se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa, no se trata de hacer simples ‘parches’ por decirlo de alguna manera y volver a caer en una crisis de legitimidad o volver a caer en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años más adelante”.
“Este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, argumentó el ministro de Justicia.
“Queremos y debemos sentar las bases de una institucionalidad sólida y perdurable, ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios Público de la Defensa y el ministerio Público Fiscal”, destacó.
Y prosiguió: “El problema es que pese al diagnóstico común, pese al diagnóstico compartido, nunca se logró encontrar el consenso acerca de las soluciones. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es verdaderamente una anomalía, y que todos estemos de acuerdo en algunos puntos centrales de la Ley Orgánica, y que no podamos llegar a un consenso para modificarla?”.
En su exposición, el rionegrino aprovechó para cuestionar con dureza la posición de Juntos por el Cambio, que decidió no formar parte del plenario de comisiones. “Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017, hoy no quieran participar de esta reunión”, lanzó.
Asimismo, cuestionó que “sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”.
“La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo”, alertó.
“No se puede tener un procurador interino que les guste o no les guste, nadie eligió y no tuvo el acuerdo del Senado, no tuvo el aval de la participación popular, de la gente, de esa casa del pueblo que es el Senado de la Nación”, advirtió Soria sobre el cargo de Casal.
En lo que respecta a la posibilidad de establecer cuál es la mayoría que se requiere para la aprobación de la designación del jefe de los fiscales, Soria aseguró que “en esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle”.
Sobre este último, reveló que “decía al finalizar la reunión que la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación. El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la otra asociación, la AFFUN, por su parte decía al término de ese encuentro que es una decisión que debe tomar la política, la mayoría y el plazo de mandato para el procurador general de la Nación. Casi las mismas palabras fíjense”.
“En la mayoría del continente hay una tendencia muy clara, cuando el mandato es largo, se agrava esa mayoría para su designación. Ahora, cuando el mandato del procurador general es más corto, como en Brasil, como en Paraguay, ahí la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja esa mayoría a una mayoría absoluta, es decir a la mitad más uno de los miembros presentes”, sentenció.
De qué se trata el proyecto de reforma
El “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras cuestiones, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso. Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
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Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El ministro de Justicia se presenta desde las 18.12ante un plenario de comisiones, en el que no participa la oposición, para buscar reactivar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y es uno de los que están trabados en la Cámara baja.
En el marco de un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expone –de manera virtual- desde las 18.12 ante los diputados para buscar reactivar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus modificatorias, respecto del Procurador General de la Nación.
Este es el debut de Soria en el Congreso en su nuevo rol como ministro, dado a que había sido diputado hasta hace unas pocas semanas, pero su exposición la llevó a cabo solo ante legisladores del oficialismo ya que desde Juntos por el Cambio decidieron no participar de la misma.
Cabe recordar que el “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
La principal oposición anunció este domingo por la noche su ausencia en la reunión en la que el ministro de Justicia defenderá la reforma del Ministerio Público Fiscal. “No seremos cómplices de la destrucción de la República”, afirmó.
El interbloque Juntos por el Cambio anunció este domingo que no asistirá al plenario de comisiones al que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria, porque no será “funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos”. El encuentro informativo ha sido convocado para que el titular de la cartera de Justicia hable del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que cuenta con media sanción del Senado. Para JxC, avanzar con eso “implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo”.
“En el momento más duro de la pandemia la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus ex funcionarios”, expresaron los integrantes del interbloque JxC a través de un comunicado conocido en la noche de este domingo. Allí son enfáticos: “No asistiremos al plenario de comisiones porque quieren quebrar la independencia de todos los fiscales de la Nación”.
Juntos por el Cambio “no está dispuesto a que mientras la sociedad está preocupada por la escasez de vacunas y el avance de los contagios, una economía en crisis, con una inflación en marzo de 4,8%, un millón y medio de puestos de trabajo menos y el 42% de los argentinos en la pobreza, la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en el lugar en donde el Frente de Todos pretenda consagrar la impunidad del pasado reformando la ley que regula la estructura del Ministerio Público, y atacando la independencia de todos los fiscales de la Nación”, advirtieron. Agregaron que “afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal significa debilitar el sistema republicano de gobierno. El objetivo de la reforma es terminar con la independencia de todos los fiscales y desplazar al procurador Eduardo Casal, quien ocupa el cargo en nombre de la ley y lo ejerce con independencia”.
Asimismo rechazaron rotundamente los términos de “la convocatoria del diputado Rodolfo Tailhade, que pretende que los diputados y diputadas nacionales adelantemos las preguntas y no podamos formularlas luego de la intervención del ministro. Esto violenta nuestros fueros al pretender silenciar las voces opositoras y armar una escena a medida que desvirtúa, además, la esencia misma del Parlamento. No es el momento, no es el modo, no es el contenido”, expresaron desde la principal oposición.
El comunicado emitido por el interbloque que conduce Mario Negri concluye diciendo que “si al Gobierno le interesa garantizar la impunidad y consagrar esta ley inconstitucional no será con nuestro aval. No seremos cómplices de la destrucción de la República”.
Legisladores radicales advierten que el ministro de Justicia intentará avanzar con “el plan de impunidad” a través de la reforma del Ministerio Publico Fiscal.
Ante la convocatoria a una reunión de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados este lunes, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, para avanzar con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, diputados de la UCR cuestionaron el intento del oficialismo de avanzar con su plan de impunidad, demostrando cuáles son las prioridades del Gobierno en medio de segunda ola del coronavirus.
El titular del bloque, Mario Negri, señaló que “el ministro Martín Soria quiere que la Cámara baja apruebe los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al procurador general solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el Jury, con el objetivo de poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Es claro que están obsesionados con la impunidad”.
Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “sorprende que en un momento tan grave, con la pandemia en una situación tan crítica y desbordada, el gobierno insista con tratar leyes que no tienen nada que ver con las preocupaciones centrales de los argentinos, que pasan por la pandemia, la salud y la inflación descontrolada que tenemos, por el aumento de la pobreza y la situación del empleo; y que por el contrario venga a pretender poner en tratamiento la reforma del Ministerio Público Fiscal, con el agravante que es una ley que desconoce la autonomía del Ministerio Público, que intenta controlarlo y morigerar las mayorías para la designación del procurador general. Es un proyecto que claramente va contra la Constitución Nacional”.
Por su parte, Luis Petri, integrante de la Comisión de Justicia, agregó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal es la piedra angular para avanzar hacia la impunidad de los corruptos. Si hay Ley de Ministerio Publico Fiscal, hay impunidad. Toda justificación para su aprobación es cotillón y maquillaje. El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control la facultad de elegir un Procurador General interino. Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”.
El diputado Juan Martín, integrante de la Comisión de Justicia, afirmó “es alarmante e inaudito que la agenda del oficialismo en esos momentos de angustia y dificultades por el avance de la segunda ola de coronavirus, se centre en intervenir la justicia, y en consolidar un modelo de impunidad, impidiendo que avancen causas por corrupción. Pero el oficialismo avanza con su plan de impunidad, en un programa de intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal para soslayar la independencia que consagró la Constitución de 1994. Buscan que las causas de corrupción no avancen, y que no solamente se pueda designar al jefe de los fiscales por una mayoría simple, sin el consenso que establece la legislación actual, sino que además cualquier fiscal que pretenda intervenir en una causa que sea inconveniente al gobierno, pueda ser removido sin más trámite.
Por su parte, Karina Banfi, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que “el interés del kirchnerismo por controlar el Ministerio Público Fiscal comenzó en el gobierno de Cristina Kirchner y se vio interrumpido cuando llegó el gobierno de Cambiemos. Ahora necesitan insistir para tener el control de la persecución penal y dominar las causas de corrupción. La venida del ministro Soria al Congreso para tratar esta reforma muestra las prioridades del gobierno y su desesperación”.
Por otra parte, Menna también señaló que “de ninguna manera vamos a aceptar que se limite el uso de la palabra. Se ha cursado la invitación estableciendo que las preguntas al ministro deben ser formuladas por correo electrónico y hasta las 10 de la mañana del lunes, lo cual es absurdo, porque lógicamente las preguntas que tendremos que hacer surgirán luego de que el ministro exponga. Vamos a concurrir a la reunión y de ninguna manera vamos a permitir que se nos limite en el uso de la palabra y nuestra atribución constitucional de pedir toda la información a los ministros que comparecen en una comisión”.
El ministro de Justicia tiene como objetivo reactivar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado y es uno de los que están trabados en la Cámara baja. Por eso participará este lunes de un plenario al que no asistirá la oposición.
El ministro de Justicia, Martín Soria, tardó un tiempo en asumir como tal. Desde que su nombre comenzó a sonar para suceder a Marcela Losardo, hasta que lo confirmaron para el cargo, pasó una semana. Y luego su asunción se demoró un tiempo más prolongado, hasta que la Cámara baja sesionó un día sábado para aprobar su renuncia, porque el oficialismo no quería perder un miembro. Pero en el ínterin, el entonces diputado ya había anticipado sus intenciones de destrabar dos proyectos que cuentan con media sanción del Senado y fueron trabados en la Cámara baja. Y aun después de asumir, el rionegrino insistió con que dialogaría con sus excolegas para conseguir el número suficiente para llevar el tema al recinto.
Se hizo trascender incluso que los números estaban. Se verá.
Es así que este lunes a partir de las 18, el ministro de Justicia participará con esa idea fija en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, en lo que se anticipa como una reunión informativa sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus modificatorias, respecto del Procurador General de la Nación.
El encuentro está precedido por la polémica, al punto tal que la oposición expresó primero sus críticas a la visita del ministro y finalmente este domingo en horas de la noche anunció su ausencia para “no ser cómplices de la destrucción de la República”.
El proyecto que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el pasado 28 de noviembre, y estos son los puntos principales de la norma que busca imponer el oficialismo:
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general, o un magistrado del Ministerio Público Fiscal- por un fiscal y un abogado de matrícula federal, seleccionados por sorteo público, y por un jurista invitado. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado.
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
Se trata de una iniciativa promovida por Facundo Del Gaiso (VJ) junto a otros oficialistas, quienes prevén expresar su “su rechazo y repudio al accionar sin competencia de los Ministros de Educación y Justicia y Derechos Humanos”.
El legislador de Vamos Juntos (FdT) Facundo Del Gaiso presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su “rechazo y repudio al accionar sin competencia de los Ministros de Educación y Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Trotta y Martín Soria, al remitir una carta a los directivos de instituciones educativas privadas con el propósito de mantener las aulas cerradas”.
En los fundamentos de la medida, el oficialista explicó que “una vez más asistimos al atropello por parte del gobierno nacional, que intima a los directivos de escuelas privadas a mantener las aulas cerradas” y consideró que “la nota es un nuevo agravio a la autonomía local, dado que carecen de facultades y jurisdicción para solicitar la continuidad virtual de la educación. También queremos destacar que el poder de policía en materia de educación es potestad local y no de la Nación”.
Al mismo tiempo que remarcó que “el requerimiento de los Ministros se ampara en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°241/2021, que se entromete y desvirtúa la autonomía de la Ciudad” y aseguró que “es por ello que manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno federal, que implican desconocer las competencias propias de la Ciudad y conferidas por la propia Carta Magna”.
“Consideramos estas actuaciones federales como un detrimento al sistema democrático y a la forma de gobierno representativo, republicano y federal”, añadió y sentenció que “es nuestro deber defender la educación y la autonomía frente a las decisiones arbitrarias e inconstitucionales adoptadas por el presidente de la Nación”.
La iniciativa también lleva la firma de Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, María Luisa González Estevarena, Hernán Reyes y Lucía Romano (VJ).
“Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política”, dijo el ministro de Justicia, desatando la reacción de legisladores de Juntos por el Cambio.
Diputados nacionales de la principal oposición celebraron el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que habilitó las clases presenciales, como así también salieron al cruce del ministro de Justicia, que cuestionó de manera severa el fallo.
El presidente del Pro, Cristian Ritondo, expresó este domingo que “el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña es un hecho y obliga a garantizar las clases presenciales en CABA. Sin embargo, algunos gremios deciden hacer paro. La justicia resuelve y ordena, sus desiciones tienen que ser respetadas”.
Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Petri salió al cruce del ministro de Justicia, que sostuvo que “utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, señalando que “la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está consagrada y garantizada por la Constitución. Es preocupante que el ministro de Justicia lo desconozca”.
Por su parte, el diputado Jorge Enríquez salió al cruce de Martín Soria, que tildó de “mamarracho” la resolución judicial. “El único mamarracho es ud. Cuestiona a la Constitución Nacional cuando dice en el art 43 que el Poder Judicial resuelve cuando alguien cuestiona una restriccion de derechos. Si recurrir a un recurso constitucional es ir muy lejos, para ud. no existe la Constitución Nacional. Penoso”.
Y luego Enríquez la emprendió contra Aníbal Fernández, que sugirió en Twitter intervenir el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y pasar los jueces a comisión. “El kirchnerismo al desnudo -dijo Enríquez-. Si un fallo de la justicia no les gusta, la solución es echar a los jueces. Si no somos Venezuela es porque todavía no pudieron. Sigamos alertas. Sin jueces independientes el Gobierno es una dictadura”.
Por su lado, el diputado radical Alvaro de Lamadrid le pidió al ministro de Justicia que “deje de trabajar por la demolición institucional de CFK y su venganza a CABA, el campo, los periodistas independientes, jueces que la investigan y opositores que la denunciamos. Ud. no puede promover la desobediencia judicial contra fallos que no le gustan”.
La diputada del Pro Dina Rezinovsky tuiteó: “Siempre de la vereda del frente de los gremios que toman de rehenes a alumnos y docentes mediante la amenaza y la coerción. #ConLosChicosNO”.
“Suscribo y comparto cada una de las palabras de Jorge Macri. Los chicos no pueden ser rehenes de medidas trasnochadas que no fueron basadas en evidencias. La Ciudad de Buenos Aires presentó datos concretos y eso es lo que la Justicia avaló”, expresó por su parte el diputado Alvaro González.
Graciela Ocaña dijo por su parte que “el control de constitucionalidad de las normas nacionales lo pueden hacer tanto los jueces federales como los locales. No se entiende los argumentos de los funcionarios del gobierno nacional”.
“La educación no es sólo un servicio esencial, es un derecho esencial. Respeten eso!”, reclamó Héctor Baldassi.
La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri expresó a su vez que “la Justicia y el fallo son claros: quedó demostrado que las medidas presidenciales fueron dictadas en base a la especulación política y partidaria. Modificaron normas de un día para otro sin datos epidemiológicos concretos y jugaron con el futuro de nuestros chicos”.
Y agregó: “La reacción corporativa de los gremios lo demuestra: las presiones sindicales pesaron más que el derecho a la educación. Es hora de que acaten el fallo de la Cámara de Apelaciones y respeten la ley”.
Fue luego de que el flamante ministro de Justicia apuntara contra el procurador Casal. Legisladores de Juntos por el Cambio insisten en frenar el proyecto del oficialismo.
Diputados y senadores de la oposición rechazaron las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, contra el procurador interino Eduardo Casal, y llamaron a rechazar la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a El Destape Radio, Soria denunció que Casal “es insostenible” en el cargo ya que “hace más de tres años que no está respetando la ley”.
Respecto de la reforma del Ministerio Público, sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley” y que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.
Frente a estos dichos, el senador nacional y jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, remarcó que “la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los derechos humanos de los argentinos”.
“Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”, consideró el legislador.
A su vez, el titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que Soria “quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado, y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo”.
El cordobés sentenció que en el kirchnerismo están “obsesionados con la impunidad”.
Por su parte, el diputado del Pro Jorge Enriquez ironizó: “Debutó el ‘ministro de aprietes a la Justicia’ haciendo los deberes que le piden. Dice que la situación de Casal al frente de la Procuración es insostenible. Falso: lo sostiene la ley”.
Enriquez recordó que el pliego del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, se encuentra trabado en el Senado: “La falta de designación de un nuevo procurador se debe a las feroces internas del oficialismo. Que se pongan de acuerdo entre ellos, porque un país desgobernado de esa forma sí es insostenible”.
En el mismo sentido se expresó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica: “Lo que no entiende Soria es que Casal es un funcionario de carrera y que quien no quiere aprobar el pliego del candidato propuesto por el presidente es su vice y su bloque. Tensionan las instituciones a lo patota, mientras los argentinos peleamos contra la pandemia y la crisis”.
Asimismo, el diputado radical Luis Petri consideró que “insostenible es la reforma al Ministerio Público Fiscal que impulsan, que no respeta la independencia con autonomía funcional que le otorga la Constitución”.
Tras exigir al oficialismo que retire el proyecto, Petri insistió: “Es clave el rechazo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Esa es la trinchera de la República. Ahí se detiene la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal”.
La reforma propuesta por el oficialismo, que ya cuenta con aprobación del Senado y está pendiente de tratamiento en Diputados, flexibiliza la mayoría necesaria para nombrar al procurador (de dos tercios a la mitad más uno de los votos) y fija un límite de cinco años para ocupar el cargo, hoy vitalicio.
Para la senadora radical tucumana, el nuevo ministro viene a cumplir con el supuesto objetivo de la vicepresidenta de “copar la justicia con militantes”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Tucumán – Juntos por el Cambio), quien integra la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, alertó que el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, “viene a cumplir con la misión de Cristina Kirchner de copar el Poder Judicial con jueces y fiscales militantes”.
La senadora tucumana remarcó que en los últimos meses hubo una avanzada del Gobierno y de sus espadas en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura por “revisar el desempeño de jueces federales que investigan y juzgan causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y también de aquellos magistrados que tienen en sus despachos denuncias contra funcionarios del gobierno de Cambiemos”. “El sucesor de Marcela Losardo no ha demostrado otra cosa que su decisión de continuar con la intromisión en la Justicia”, manifestó Elías de Pérez.
“Soria no llega al Ministerio de Justicia con ánimo conciliador ya que desde sus primeras declaraciones se paró como un vocero de Cristina Kirchner”, añadió la senadora radical, quien recordó que el exdiputado rionegrino al ser designado por el presidente Alberto Fernández sostuvo que “la vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.
“En su primer día como funcionario nacional hay que recordarle que no es un vocero de la Vicepresidenta sino que es el nuevo ministro de Justicia y de Derechos Humanos de todos los argentinos y argentinas”.
Elías de Pérez fue muy crítica de las dos leyes que en 2020 votó el Senado nacional gracias a la mayoría kirchnerista, proyectos que ahora Soria se ha propuesto destrabar en la Cámara de Diputados. “Una es la cuestionada Reforma Judicial, en la que básicamente crean una estructura multimillonaria con más juzgados y tribunales en todo el país, innecesaria para avanzar en el cambio de paradigma que significa la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, explicó la legisladora nacional. “Esta reforma disuelve la estructura actual de los juzgados de Comodoro Py para licuar su poder y llenar las vacantes con más jueces amigos”, añadió.
“El otro proyecto, que es peor aún, es la modificación al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Con él se apunta a flexibilizar la independencia del Procurador General de la Nación y de la Defensora mediante un sistema más laxo para la designación y se modifican la conformación y mayorías del Tribunal de Enjuiciamiento, poniendo al oficialismo en la ventaja. Buscan así poder sancionar y remover a todos los fiscales y defensores oficiales que no garanticen la impunidad del kirchnerismo”.
Para el legislador mendocino, la designación del exdiputado nacional forma parte de “un plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción”.
Luego de haber sido aprobada finalmente su renuncia como diputado nacional, el rionegrino Martín Soria asumió este lunes como ministro de Justicia, en lugar de Marcela Losardo.
El diputado nacional Luis Petri la emprendió duramente contra el nuevo funcionario, al considerar que su designación “es un paso más hacia la búsqueda de impunidad”. A juicio del mendocino, “van a intentar reformar el Ministerio Público Fiscal, que es la piedra angular del plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción y poner en la cuerda floja a los fiscales que no se alineen”.
Petri sostuvo que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF la facultad de elegir un Procurador General interino. “Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”, anticipó Petri.
Además, agregó, “debilita la figura del Procurador ya que elimina la mayoría necesaria de 2/3 de los senadores para su designación y reduce su mandato. Suprimiendo así la necesidad de consensos para la designación y facilitando que una mayoría política circunstancial decida”.
“Otro grave aspecto, es la modificación de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales, que garantizaría al oficialismo la mayoría necesaria para remover fiscales que los incomodan. Si se aprueba, desplazarán a los fiscales que no pidan la absolución de CFK”, concluyó el diputado radical.
Se aprobaron las renuncias de los dos diputados del Frente de Todos y asumieron sus reemplazantes, Pedro Dantas y Eber Pérez Plaza.
Doce días después de anunciada su designación al frente de la cartera de Justicia, la Cámara de Diputados le aprobó la renuncia al rionegrino Martín Soria, que se fue del recinto aplaudido por sus pares. Fue en el inicio de la sesión de este sábado, la primera del período ordinario.
En su lugar asumió Pedro Dantas, extitular de la oficina de la ANSeS en Cipoletti, que se incorporó al bloque del Frente de Todos.
La otra renuncia que aceptó el cuerpo es la del mendocino Alejandro Bermejo, quien presentó su dimisión a principios de mes y lo anunció a través de su cuenta de Twitter, “por razones estrictamente personales”.
En su lugar asumió este sábado Eber Pérez Plaza, quien también integrará el bloque oficialista.
En ambos casos se trata de diputados que habían asumido el pasado 10 de diciembre, con lo cual sus reemplazos tienen mandatos hasta 2023. Y precisamente por haber asumido en 2019, con la plena vigencia de la Ley de Paridad de Género, los reemplazos de ambos corresponden a legisladores del mismo sexo.
El designado ministro de Justicia estará así en condiciones de asumir al frente de la cartera en lugar de Marcela Losardo. Habrá otra renuncia aceptada.
La sesión prevista para este sábado en la Cámara baja será la primera del período ordinario en ese cuerpo. De ahí que se espere en el inicio un largo espacio dedicado a cuestiones de privilegio, pero también a cuestiones postergadas como la aceptación de las renuncias de dos diputados nacionales: Martín Soria y Alejandro Bermejo, ambos del oficialismo.
En lugar del designado ministro de Justicia, asumirá Pedro Dantas, actual titular de la oficina de la ANSeS en Cipoletti.
La otra renuncia que aceptará el cuerpo es la del mendocino Alejandro Bermejo, quien presentó su dimisión a principios de mes y lo anunció a través de su cuenta de Twitter, “por razones estrictamente personales”. En su lugar asumirá este sábado Eber Pérez, quien completará ese mandato hasta 2023.
El reproche público y adrede de un funcionario provincial a uno nacional, exhibe no solo discrepancias de estilo y conducción, sino también representa una radiografía misma del esquema de poder. El emprendimiento literario de Macri, las reacciones oficiales, y el libro y la reaparición que vienen.
Por José Angel Di Mauro
El insólito episodio que cerró la saga que mantuvo en vilo a toda la sociedad por la desaparición de una nena de 7 años, fue una síntesis patética del momento que atraviesa la coyuntura política en su más alto nivel. Una sola escena desató una serie de teorías y consecuencias que pintaron muy bien lo que sucede en lo más alto del poder.
Fue cuando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, increpó delante de todo el mundo al secretario de Justicia de la Nación. El insulto incluyó a la ministra de Seguridad nacional y desde esa propia cartera afirmaron que el episodio incluyó una agresión física. “Hizo un show”, dirían luego desde el ministerio que conduce Sabina Frederic, quien mantiene una tensa relación con su par bonaerense desde el minuto 0 de las gestiones del Frente de Todos. Show o no, Berni hace su negocio y pareció aprovechar la fuerte visibilidad del caso para llevar agua hacia el molino de su imagen, que busca elevar en el marco de una carrera electoral en ciernes.
En efecto, todo es electoral hoy en la política argentina, donde no se da ningún paso sin pensar en las legislativas de este año, sean cuando sean. Y Berni se sabe seguro de sí mismo: si lo echan, sale ganando; y si no lo hacen, que siempre es lo más probable… también.
En el Ministerio de Seguridad de la Nación se hartaron de Berni y por eso, lejos de minimizar la situación, dejaron trascender detalles del episodio. Y con el fin de reclamar una medida drástica fue Frederic a reunirse esa misma tarde con el jefe de Gabinete. Lo único que podía compensar semejante trance era la eyección de Berni, pero eso excede al Gobierno nacional.
El ministro de Seguridad bonaerense responde a Axel Kicillof y solo reconoce a Cristina Kirchner como su líder. En el Gobierno nacional querían que lo echaran, pero por razones obvias reconocen que no pueden pedirlo y aceptan resignados que eso no sucederá. Berni es un activo importante para el cristinismo, que le ha dado alas para cultivar un sueño electoral que va en el sentido de su líder.
Esos son elementos de los tantos que hacen inevitable pensar que el poder formal está en Balcarce 50, pero el real lo ejerce la vicepresidenta. La semana que pasó se inició precisamente con una señal en ese sentido. Fue cuando el presidente terminó confirmando el nombre del diputado Martín Soria para el Ministerio de Justicia. Ese había sido el primer nombre que lanzó justamente una semana antes, también en el marco de una entrevista televisiva, cuando anunció que su amiga Marcela Losardo dejaría el cargo por estar “agotada”. Por eso fue más curioso que el presidente estuviera dando vueltas con el tema durante una semana, para terminar en el mismo lugar donde había partido. Se dice que los nombres que podría haber propuesto él no habrían aceptado hacerse cargo de una cartera donde rige un esquema común en esta administración: el que manda es el 2.
Alberto Weretilneck, que lo conoce bien por haberlo enfrentado en su provincia, definió a Martín Soria como “violento, improvisado y agresivo”.
El futuro ministro es un auténtico Soria: duro como su padre, que llegó a ser jefe de la SIDE durante la gestión de Eduardo Duhalde. Su designación es la corroboración de que el Gobierno entiende que este no es tiempo de negociar para destrabar las leyes judiciales que cuentan con media sanción del Senado y están frenadas en Diputados. A pesar de ser aún uno de ellos, el rionegrino no cultivó durante su paso por la banca relación alguna con los diputados de la oposición donde debería tratar de conseguir el puñado de votos para aprobar la reforma judicial y, sobre todo, la del Ministerio Público.
Uno de los más enfáticos en reaccionar de manera contundente ante la confirmación de la designación del mayor de los hermanos Soria fue el senador Alberto Weretilneck, que lo conoce bien por haberlo enfrentado en su provincia y lo definió como “violento, improvisado y agresivo”. Exgobernador rionegrino, Weretilneck es hoy un senador con el que el oficialismo cuenta a la hora de los votos. Está bien que en esa Cámara hoy le sobren los votos al Frente de Todos, pero nunca es bueno desechar aliados. El ya adelantó que a partir de esta designación no votará ninguna le judicial impulsada por el Gobierno, y además Juntos Somos Río Negro cuenta con un diputado –Luis Di Giácomo– que suele también acompañar al oficialismo en una Cámara donde esos votos valen oro.
Si bien en un reportaje en C5N el futuro ministro deslizó que había “varios votos” en la Cámara de Diputados dispuestos a cambiar para las leyes judiciales, nadie cree que eso sea cierto. Más ahora con el nombre elegido para manejar los temas judiciales, más adecuado para la pelea que al diálogo; difícilmente se produzcan entonces realineamientos en este año electoral.
¿Por qué Alberto Fernández se inclinó entonces por alguien de esas características? Hay quienes sostienen que el presidente hace en estos casos lo que cree que desea su vicepresidenta; y ante un seguro fracaso de la estrategia, puede reivindicar luego haber cumplido él su parte. Como cuando el 20 de diciembre pasado reveló en un acto en La Plata, dirigiéndose a Cristina: “Hice lo que me mandaste”.
Lo que tampoco se entendió bien fue por qué el jueves a la noche el presidente dio una sorpresiva cadena nacional en la que no hizo ningún anuncio que la justificara. Por eso, la explicación más convincente pareció ser la de quitarle a su antecesor Mauricio Macri la centralidad que ese día tenía por la presentación de su libro “Primer Tiempo”. Porque una cosa es que -igual que Macri con Cristina en el pasado- al Gobierno le entusiasme la figuración del expresidente, convencido de que su figura genera rechazo, y otra dejarle el centro de la escena, aunque sea solo por un día.
Más allá de esa eventual “picardía” de “tirarle con la cadena nacional al expresidente, en el Gobierno la consigna es soslayar el libro del fundador del PRO. Nadie confesará haberlo leído y cualquier referencia ante la consulta pertinente debe ser peyorativa. Ya marcó la cancha el cada vez más beligerante Santiago Cafiero, quien sin que nadie le preguntara nada se anticipó a la presentación del libro de Macri tuiteando que “mientras algunos ya hacen campaña electoral, nosotros seguimos vacunando. Esa es la única campaña importante hoy, y nos tiene que encontrar más unidos que nunca”. El jefe de Gabinete fue honesto: la vacuna es parte de la campaña electoral de este año. El problema en ese caso pasa por la cantidad de vacunas disponibles, que ha complicado estos días la consigna “nosotros seguimos vacunando”.
Así como marzo fue el mes de la presentación del libro de Macri, abril lo será para el de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien romperá así el silencio que mantiene desde que dejó el cargo. Fuentes cercanas a la exmandataria confiaron a este medio que en el libro hará un balance de los cuatro años de su gestión, habrá espacio para la autocrítica, desmitificará muchas de las críticas que ha hecho el kirchnerismo contra su gestión, y en lo que seguramente dará más que hablar dejará abierta la puerta para una candidatura presidencial.
No habrá referencias a la gestión de Axel Kicillof, aunque sí lo criticará cuando arranque el raid mediático que acompañará el lanzamiento de su libro. Como así también se defenderá respecto de las críticas que le han hecho por el sistema de salud que dejó. Reivindicará especialmente esa parte de la gestión, repitiendo que “cómo iba a inaugurar nuevos hospitales si los que estaban se caían a pedazos”; y asegurará que el sistema funcionó, en gran medida por las redes sanitarias que ella dejó, como las ambulancias del SAME.
Pero habrá una pregunta que le repetirán una y otra vez, y ella no contestará: si será candidata este año. Dirá que hay tiempo todavía para resolverlo y que hoy los políticos deben estar abocados por ejemplo a lidiar con la pandemia. Y, en efecto, no ha resuelto aún si será candidata este año y qué hará en 2023. “Hay tiempo todavía, ahora no hay apuro -aseguran desde su entorno-. Muchas cosas pueden pasar en la Argentina de acá a junio”, cuando se deben cerrar las listas, y recién entonces se conocerá la decisión de Mariú.
Todos saben que es la candidata más fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero no la desvela postularse este año. Dicen cerca suyo que hará lo que sea mejor para el espacio, pero piensa mucho en 2023, no descartándose que entonces apueste por el premio mayor.
La propuesta es del diputado Jorge Enríquez, quien le atribuye al designado ministro de Justicia “inhabilidad moral”.
El diputado nacional Jorge Enríquez pidió la exclusión de la Cámara de Diputados de Martín Soria, basándose en el artículo 66 de la Constitucion Nacional y atribuyéndole “inhabilidad moral sobreviniente”.
Sostiene el diputado del Pro que desde el anuncio de su designación como futuro ministro de Justicia, “Soria se embarcó en un torneo de febriles declaraciones que exhiben su desprecio por el Estado de Derecho y su pretensión de subordinar completamente al Poder Judicial, a tal punto que ha conminado a los jueces a que absuelvan a Cristina Kirchner en las numerosas causas en las que está siendo procesada por delitos de corrupción, entre otros”.
Para Enríquez, esas manifestaciones “traslucen una conducta inmoral, que ofende los valores de la Constitución Nacional”. Lo cierto es que se descuenta que la Cámara de Diputados votará esta semana su renuncia como diputado, pero el diputado considera que “mientras no renuncie a su banca, por más que pida licencia, Soria está sujeto a la potestad disciplinaria de la Cámara, que a mi juicio debe ejercerse en este caso con sus efectos más severos, por la gravedad de las faltas cometidas”.
Tras ser confirmado como nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino dijo que su principal objetivo será “terminar con lawfare y la mesa judicial”.
En sus primeras declaraciones luego de ser confirmado como el nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino Martín Soria aseguró que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta”.
“Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad”, sostuvo este martes.
El legislador, a quien la Cámara baja tendrá que aceptarle la renuncia en la primera sesión que se realice, subrayó que “es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial” durante el gobierno de Cambiemos y enfatizó: “Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales”.
Sobre la postura de la oposición, que considera que su llegada a la cartera de Justicia tiene que ver con las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: “El caballito de batalla de siempre es decir ‘que van por la impunidad’. Acá no hay ningún cambio de causas ni fiscales. En ninguno de los proyectos que se presentaron (en el Congreso) hasta ahora, no existe la más mínima posibilidad de cambiar los jueces. Además, conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría, esta es la verdad”.
“Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente, y que la acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, expresó.
Y agregó que “diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina. Por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”.
Entrevistado en Radio 10, el exintendente de General Roca consideró que hay que “revertir esta situación de tener un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió y que está atornillado a ese sillón”. “Tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate sobre los cambios urgentes que el Poder Judicial necesita”, dijo, respecto al rechazo de Juntos por el Cambio a tratar las leyes de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público.
Sobre sus denuncias por la “mesa judicial M”, el diputado indicó que “no todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente Macri, por eso no hay que generalizar”. Sin embargo, algunos “se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia”, siguió.
El rionegrino rechazó entonces “barbaridades” que se dicen sobre, por ejemplo, “una cacería de brujas, y que vamos a ir por los pasillos persiguiendo a los jueces y fiscales”. “Eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces”, apuntó y sumó: “Nosotros no vamos a responder con los mismos artilugios que usó el macrismo”.
Soria recordó que trabajó durante “muchos años” en Comodoro Py, donde tiene “conocidos, amigos”. Y, consultado sobre si cree que le “tienen miedo” en los tribunales de Retiro, contestó: “Anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos. Si hay alguna irregularidad, tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo”.
El senador de Juntos Somos Río Negro destrozó al diputado elegido como ministro de Justicia. Dijo que no cree que lo haya elegido la vicepresidenta.
El senador nacional Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, rechazó enfáticamente la designación de Martín Soria como ministro de Justicia, y lo calificó como “un violento, un improvisado, una persona sumamente agresiva y capaz, con un cargo de estas características, de producir hechos gravísimos en las instituciones del país”.
“Para mí es muy triste”, expresó este martes el exgobernador rionegrino, que comandó la provincia en los mismos años que Soria fue intendente de General Roca. Precisamente, Weretilneck en su condición de vicegobernador, sucedió a Carlos Soria -padre de Martín-, quien fue asesinado por su esposa el 1ro. de enero de 2012.
El senador dijo que en Río Negro “lo conocemos bien” al elegido por el presidente. “Lo hemos visto del derecho y del revés”, agregó en diálogo con radio La Red, y dijo tener “numerosas anécdotas”.
Luego leyó declaraciones de Soria en medios rionegrinos, respecto a la Justicia, que compartió también en su cuenta de Twitter.
Weretilneck, aliado del Frente de Todos en el Senado, expresó que no cree que “sea un candidato perteneciente al ala o sector recomendado por la vicepresidenta”. “Es una decisión del presidente. Él (por Soria) nunca perteneció a La Cámpora, al contrario, siempre los combatió, los agredió”, continuó.
“Creo que no está capacitado para este cargo, ni tiene formación profesional, y no va a cumplir alguna tarea digna para la república”, enfatizó y advirtió: “Yo sé lo que piensa Soria del Poder Judicial, con lo cual que el presidente esté pensando eso, resulta complejo para el futuro del país”.
Finalmente, el legislador afirmó que Soria es “incapaz de mantener un diálogo y buscar consenso”, con lo cual “no hay reforma judicial que pueda ser exitosa”.
El diputado rionegrino aseguró que “Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno” y ese será su “principal objetivo”.
Luego que el presidente Alberto Fernández confirmara que le propuso a Martín Soria ser el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la salida de Marcelo Losardo, el diputado rionegrino se expresó en sus redes.
“El presidente @alferdez me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de #Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad“, sostuvo el exintendente de General Roca.
El mensaje estuvo acompañado por un fragmento de la entrevista que le realizaron al presidente para el programa Fuego Amigo (Canal 9), durante la que reveló que este lunes almorzó con Soria. “Le hablé cuáles son mis expectativas y él decidió hacerse cargo”, dijo.
El mandatario aclaró que todavía resta que la Cámara de Diputados le acepte la renuncia al rionegrino.
Soria destacó que “como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho”.
“Ese, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política”, completó.
Las felicitaciones de sus pares
Entre los oficialistas que celebraron su designación, el diputado Leopoldo Moreau manifestó que “la elección de Martín Soria es una buena decisión. Siempre pensé que el Ministro de Justicia debía ser escencialmente un cuadro político, por supuesto con formación jurídica, pero por encima de ésta, un buen cuadro político y Martín lo es”.
“Quiero felicitar al compañero de nuestro bloque, Martín Soria, que tendrá la enorme responsabilidad de asumir al frente del Ministerio de Justicia. Es un nombramiento que me llena de esperanza. Fuerza @SoriaEnAccion! Argentina está llena de postergados anhelos de justicia”, escribió la diputada Fernanda Vallejos.
En tanto, el legislador Marcelo Casaretto publicó: “Felicitaciones Martín Soria, designado Ministro de Justicia por el Presidente Alberto Fernández. Actual compañero del Bloque de Diputados Nacionales por el Frente de Todos de Río Negro. Un gran compañero y un amigo, una importante función en el Gabinete Nacional”.
Por su parte, el senador Martín Doñate felicitó “al compañero @SoriaEnAccion por la designación como Ministro de Justicia. Es muy alta la responsabilidad que le toca. Le deseo todo el éxito en estos momentos en los que es urgente y necesario cumplir con el compromiso de reformar la justicia y terminar con el #Lawfare”.
Los legisladores de la oposición aseguraron que la elección del rionegrino es para “cerrar causas del kirchnerismo” y generar “impunidad”, al tiempo de controlar a jueces y fiscales.
Tras la confirmación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, la oposición cuestionó la designación del rionegrino, decisión que vinculó directamente con la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), enumeró: “La Carta de Cristina contra la Corte Suprema. El discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Las presiones a los jueces del Ministro del Interior. La llegada de #Soria a Justicia. Todos capítulos de un mismo plan: cerrar las causas del kirchnerismo por corrupción”.
“La designación de Martín Soria como Ministro de Justicia nos demuestra que quien decide es Cristina Kirchner. La constante erosión a la autoridad presidencial viene de su propia Vice, empeñada en demostrarnos que quien gobierna es ella. Anclados al pasado no se construye futuro”, sostuvo la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
Por su parte, el legislador Jorge Enríquez (Pro) opinó que “con la designación de Soria, el presidente ha abdicado de hecho. El papelón de la salida de Losardo se profundiza por la designación de Martín Soria, un kirchnerista que viene siendo vocero de las posturas más recalcitrantes del Instituto Patria contra la independencia judicial”.
“Si bien la incidencia de ese ministerio en llevar adelante tales reformas es escasa, queda claro ahora que el presidente ha abdicado de hecho y que su margen de decisión es nulo”, consideró el macrista y agregó que “cualquier atisbo de moderación y racionalidad ha sido dejado de lado. ¿Será Martín Guzmán el próximo peón al que se comerá la dama?”.
En la misma línea que sus pares, el diputado Luis Petri (UCR) enfatizó que “la agenda judicial sigue manejándola CFK desde el Instituto Patria, la única diferencia ahora es que ya se designó a su vocero consustanciado con la defensa del Lawfare al frente del Ministerio de Justicia”.
“Les presento al nuevo ministro de justicia. Las caras lo dicen todo. Muy a tono con #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”, escribió el legislador Fernando Iglesias (Pro), junto a una foto de CFK y Martín Soria, señalando con su dedo.
En tanto, el diputado Pablo Tonelli (Pro) afirmó que “la designación de Martín Soria como ministro implica que el presidente va a profundizar el plan contra la justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes. Nada bueno espero de esta designación”.
“Soria se ha caracterizado por múltiples denuncias y acusaciones contra jueces y dirigentes políticos. No me parece que tenga la mesura, la prudencia y el equilibrio que uno desearía que tenga un ministro de justicia”, señaló el porteño.
Y pronosticó: “Avizoro que habrá nuevas embestidas contra la justicia. Y está claro que el ministerio de justica en pleno va a conducir y comandar esas embestidas”.
“Oficialmente se anunciará el MINISTERIO DE IMPUNIDAD”, publicó la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), mientras se esperaba por la entrevista televisiva en la que el presidente Alberto Fernández oficializó el nombre.
Alberto Fernández explicó las razones por las que eligió al diputado rionegrino para reemplazar a Marcela Losardo.
El presidente Alberto Fernández confirmó anoche la designación de Martín Soria como ministro de Justicia en lugar de Marcela Losardo, asegurando que venía siguiendo su trabajo en la Cámara de Diputados y aseguró que tiene una mirada semejante a la suya.
Durante su participación en el programa debut de “Fuego amigo”, de Canal 9, el mandatario negó que se hubiera tomado demasiado tiempo para decidir, explicando que Marcela Losardo renunció el viernes pasado. “Todavía no le acepté la renuncia, pero hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son las expectativas y él aceptó hacerse cargo”, detalló.
Luego Fernández contó que “hace varios meses que vengo siguiendo lo que viene haciendo; él entiende bien lo que está pasando en la justicia, tiene una mirada semejante a la mía: lo único que quiero es que el estado de derecho funcione como debe ser. Tenemos una mirada común muy clara con lo que está pasando y lo que debería pasar para que las cosas funcionen mejor”.
En otro pasaje el Presidente contó que “en algún momento” había hablado con Martín Soria y le dijo que le parecía “muy importante lo que estaba haciendo”. En ese sentido detalló que hablaba de “un trabajo raro que ayuda a desentrañar los vínculos del poder y la Justicia”. Al respecto explicó que el rionegrino comenzó a observar “quiénes entraban y quiénes salían en la Casa Rosada, adónde iban, y así empezó a detectar cosas muy llamativas. Lo que hace es verificar algo que uno viene planteando hace mucho tiempo”.
Respecto de su prematuro anuncio de la salida de Marcela Losardo cuando aún no tenía resuelto quién la sucedería, Fernández dijo: “Yo no miento, digo la verdad. En ese momento me pasaba eso, Marcela había tomado la decisión de no seguir y le pedí que no se fuera. Seguimos trabajando en la semana y me tomé el tiempo para pensar nombres. Había muchos, pero elegí este”.
En referencia a la ministra de Justicia saliente, Fernández dijo que “Marcela ha puesto un esfuerzo incalculable, y ella interpretó muy bien lo que yo quería hacer. Yo no pedí el juicio político a ningún juez, esperé que la justicia hiciera y la justicia no hizo”.
“Marcela, que no viene de la política, sintió cierta desazón y me dijo que prefería dar un paso al costado”, continuó el Presidente, que reiteró luego lo de que lo que terminó de decidirla fue la aparición del fiscal Carlos Stornelli (al que no nombró), “a quien ella en su vida vio, y que dijera que se solidarizaba con él”. Asimismo reiteró que lamentaba mucho que ella hubiera tomado esta decisión.
Pedro Dantas, actual titular de la oficina de ANSeS en Cipoletti.
Martín Soria llegó a su banca en Diputados el 10 de diciembre pasado, por lo que deberá renunciar a la misma y su mandato lo completará hasta 2023 Pedro Dantas.
Actual jefe de la oficina de la ANSeS en la ciudad de Cipoletti, Dantas fue intendente de Campo Grande.
El futuro ministro de Justicia era vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal y ocupaba vocalías en Agricultura y Ganadería; Asuntos Constitucionales; Asuntos Municipales, Juicio Político, Justicia y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Según pudo saber parlamentario.com, su nombre sonaba para la presidencia de Asuntos Constitucionales, vacante desde que dejó su banca el santacruceño Pablo González.
El presidente terminó de deshojar la margarita y se inclinó por el legislador rionegrino, que reemplazará entonces a Marcela Losardo. Quién lo reemplazará en la banca.
Justo una semana después de que el presidente Alberto Fernández anunciara públicamente en una entrevista por C5N que su amiga Marcela Losardo dejaría el Ministerio de Justicia, se conoció el nombre de su sucesor. Se trata del diputado del Frente de Todos Martín Soria, uno de los primeros nombres que habían surgido al analizarse los probables sucesores.
En efecto, ese lunes durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Alberto Fernández dio el nombre de Martín Soria, pero también deslizó una contraparte, el también diputado nacional del oficialismo Ramiro Gutiérrez. Pero estaba claro que de los dos el único que realmente tenía ciertas posibilidades era el rionegrino.
Así y todo pasó una semana para conocer el nombre definitivo, y en el transcurso surgieron varias alternativas, como Marisa Herrero y Alberto Iribarne, hasta que este lunes sonó muy fuerte la posibilidad de que Interior absorviera la cartera de Justicia y así Eduardo “Wado” De Pedro se quedara con ambas carteras.
Hasta que poco antes de las 20 fuentes oficiales devolvieran a la palestra el nombre del exintendente de General Roca.
Soria tiene 45 años, es abogado e ingresó a la Cámara baja en 2019 liderando la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en Río Negro, junto a la segunda de la lista, Susana Landriscini.
Su reemplazante en la Cámara baja será Pedro Dantas, el tercero de esa nómina, quien completará el mandato hasta 2023. Dantas es actualmente el jefe de la oficina de ANSeS en Cipoletti.
Entre 2011 y 2019, Soria fue intendente de General Roca, cargo que hoy ocupa María Emilia Soria, su hermana. Ambos son hijos de Carlos Soria, el gobernador de Río Negro fallecido el 1ro. de enero de 2012 a manos de su esposa, Susana Freydoz.
Los que se ilusionan pensando que el tiempo que lleva Alberto Fernández sin definir qué hacer con la cartera de Justicia es una buena señal para la relación futura entre los poderes Ejecutivo y Judicial, deberían moderar sus expectativas. Nada indica que la embestida del gobierno anunciada el 1° de marzo vaya a menguar en los tiempos por venir.
Por José Angel Di Mauro
La insistencia ante el funcionario fue estéril. Sincero, aseguró que todos los nombres circulantes para reemplazar a la ministra de Justicia deben tomarse como “globos de ensayo”, y ante la conclusión de que “solo el Presidente debe saber con certeza quién será el que termine jurando esta semana, se encogió de hombros, advirtiendo: “No estaría tan seguro de eso”.
Y sonó convincente, porque difícilmente Alberto Fernández tenga algo decidido en la materia, pues en ese caso no se entendería que siga dilatando la resolución. De hecho, nadie recuerda en la Rosada un caso similar: un presidente anunciando la salida de un funcionario, pero dejándola supeditada a la elección de su sucesor, y extendiendo una semana el misterio. Si ya implica un fuerte costo político haber resignado a su persona más cercana en el Gabinete, ni qué decir sobre las dudas para resolver la situación.
Tiene cierto sentido si se ve la película completa, que más que drama asemeja a una comedia de enredos. Veamos, el viernes de la semana anterior sonaba fuerte la versión de la salida de Marcela Losardo, pero el fin de semana desde Olivos se aclaró muy especialmente que el Presidente retendría a su amiga un tiempo más, para dar al menos la sensación de una salida elegante. Cuando el lunes se supo que esa noche Alberto F. saldría al aire con Gustavo Sylvestre, se esperaba un respaldo que, por el contrario, se transformó en la confirmación de lo que todo el fin de semana había mandado a desmentir.
Semejante viraje fue lo que llevó a algunos a filtrar cierto enojo de las personas cercanas al Presidente precisamente con él. Por la forma que le suelta la mano a sus funcionarios más cercanos: siempre queda claro que los que se van lo hacen a instancias del Instituto Patria. Salvo el caso de Ginés González, aunque precisamente esa renuncia fue también reprochada desde el entorno presidencial. No por la decisión en sí, pero sí por la forma.
Tanta demora en la definición diluye los nombres lanzados originalmente. En el citado reportaje, Alberto Fernández dio crédito a la versión de que un diputado podría convertirse en ministro, y avaló los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Este último -bueno es decirlo- no tiene ninguna chance, por provenir del massismo y haber trabajado en proyectos cuestionados desde el kirchnerismo. Por eso es que en boca del Presidente debió interpretarse esa cita como el intento de diluir un poco la figura del otro legislador, muy próximo al kirchnerismo.
Aunque Fernández buscó despegar a Soria de la vicepresidenta, con el argumento de que su hermana María Emilia votó a favor de la suspensión de Julio De Vido. Un argumento que hasta podría calificarse de “machirulo”, según la visión K, pero en rigor de verdad, el que nunca estuvo en el kirchnerismo fue Carlos Soria, el padre de Martín y Emilia, quien fuera asesinado por su esposa en Año Nuevo de 2012. Muy cercano a Eduardo Duhalde, tuvo sí una buena relación con Cristina Kirchner, con la que integró la bicameral investigadora de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel; ambos eran las cabezas visibles de esa comisión.
María Emilia estuvo a punto en 2016 de pasarse al bloque Justicialista. En la reunión constitutiva de esa bancada que se referenciaba en los gobernadores, la joven Soria dio uno de los discursos más contundentes y al concluir se fue del Sindicato de Taxistas al Congreso para anunciarle al bloque FpV su decisión de irse, y dijo que volvería seguramente con más legisladores. Todavía la están esperando.
Cuando Soria ensayó un enroque de puestos con su hermana, que quedó al frente de la intendencia de General Roca, Río Negro, mostró de inmediato un fuerte alineamiento con el bloque que conduce Máximo Kirchner. Y adoptó un lenguaje judicial que cayó muy bien en el Instituto Patria, al punto tal de ser viable para el cargo hoy disponible. Pero como hemos dicho, la demora conspira contra los nombres tempranamente mencionados.
Los últimos días ganaron espacio en el terreno de las posibilidades Marisa Herrera y Alberto Iribarne. Este último es actualmente embajador en Uruguay, cercano al Presidente y ya fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Su designación dejaría mejor parado a AF, y sería una señal de paz hacia el Poder Judicial. Por eso es que pocos creen que realmente tenga posibilidades; más bien forma parte de la estrategia oficial de mostrar candidatos de a pares, nunca los dos del mismo sector.
Herrera es hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, y se reconoce como “nacional y popular”. Especializada en Derecho de Familia, tiene en su escritorio un retrato de Evita, y una serie de mamushkas que identifican también a Eva Duarte, Cámpora, Néstor y Cristina. Ah, la más grande representa a Hugo Chávez. Investigadora del Conicet, se reconoce como “kirchnerista” y hasta fue candidata a diputada suplente de Unidad Ciudadana en 2017.
Es muy crítica del Poder Judicial, del que descarta que sea “apolítico”, y considera a la Justicia “elitista”. Tiene además muy baja ponderación de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Reúne, en definitiva, “méritos” suficientes para ser tal vez la candidata más probable a suceder a Marcela Losardo, quien firmó su sentencia definitiva cuando relativizó los dichos de Oscar Parrilli respecto de la conformación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial. Si bien el propio Presidente la felicitó primero por haber clarificado la situación, el kirchnerismo no demoró en defenestrarla y su amigo le soltó la mano.
Tendrá su compensación, pues seguirá como embajadora ante la UNESCO en París, un destino top que le habían garantizado a Fernando “Pino” Solanas cuando se alió al Frente de Todos, pero el excineasta falleció por coronavirus y su puesto quedó vacante y tentador. Fernández se lo ofreció en su momento a María Eugenia Bielsa, otra dirigente cercana a la que tuvo que echar a instancias del kirchnerismo, pero la hermana del DT del Leeds lo rechazó. El recurso de las “embajadas consuelo” es habitual en esta administración y ya fue utilizado con Guillermo Nielsen, beneficiado con la embajada en Arabia Saudita. Se barajó también ofrecerle la de Colombia a Ginés, pero alguna voz atinada sugirió abstenerse en ese caso.
Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”, dijo Parrilli sobre Roberto Boico.
Lo cierto es que nada indica que la embestida contra el Poder Judicial vaya a menguar en los tiempos que vienen; será más bien lo contrario. Y complementa el panorama la designación de jueces, instancia que esta semana el Senado cumplió con el nombramiento de otros 22. Entre ellos Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los que fundamentó su postulación fue el senador Oscar Parrilli, quien también fue defendido por el ahora integrante de la Cámara Federal porteña, y en su alegato en el recinto les dijo a los senadores de la oposición que rechazaron ese pliego: “Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”.
No tendrá en cambio ninguna razón para abstenerse de participar en ninguna causa que involucre al gobierno de Mauricio Macri, contra el que el viernes la Oficina Anticorrupción oficializó la denuncia penal promovida por Alberto Fernández contra el gobierno de Cambiemos por el préstamo del FMI en 2018.
Todo vale en esta embestida, y lo demostró el gobierno el 8M, cuando los discursos oficiales tomaron a la violencia de género como argumento para “cambiar la justicia”. “Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Ursulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia”, señaló el Presidente durante la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la Violencia de Género”.
El tema judicial absorbe por lo visto más atención de parte del gobierno que la que se esperaría en tiempos de pandemia, sobre todo cuando los epidemiólogos hablan ya hasta de “tercera ola” y la vacunación avanza de manera lenta. Hace varios días que no llega ningún nuevo cargamento de vacunas y el gobierno anunció para esta semana la llegada de tres millones de vacunas Sinopharm. El tema es que esa vacuna no ha sido autorizada aún por la ANMAT para personas mayores de 60 años, con lo que la beneficiada con esta importante remesa será la franja de entre 18 y 60 años. El sector de mayor riesgo deberá seguir esperando entonces, pues la provisión de la Sputnik V se ha ralentizado y de hecho en la provincia de Buenos Aires ya no la aplican.
Teresa Giuffrida, la fiscal jefa de Río Negro, fue quien lo confirmó. La causa continuará pero enfocada en la participación de otros funcionarios.
El diputado nacional Martín Soria (FdT – Río Negro), uno de los potenciales reemplazos de la ministra de Justicia Marcela Losardo, fue sobreseído en una causa que investiga el cobro de “aportes voluntarios” a funcionarios del gabinete municipal por 450 mil dólares.
En paralelo, algunos de sus ex colaboradores en el municipio de General Roca, que Soria encabezó entre 2011 y 2019, continúan imputados en la causa que se abrió a partir de la denuncia por peculado presentada en marzo de 2019 por el abogado Nicolás Suárez Colman, reveló el diario Río Negro.
El sobreseimiento fue confirmado por la fiscal jefa de Río Negro, Teresa Giuffrida, quien decidió al mismo tiempo enfocarse en los funcionarios del área contable del municipio rionegrino tras reconocer que existieron “aportes voluntarios”.
La denuncia presentada por el abogado Suárez Colman indicó que todos los integrantes del gabinete municipal durante la gestión del legislador rionegrino entregaban mensualmente, en promedio, un 6% de su sueldo al entonces jefe comunal. Luego de que la fiscal Julieta Villa desestimara la denuncia, el abogado pidió que se revisara esa decisión y posteriormente Giuffrida consideró que corresponde “profundizar la investigación respecto de algunos de los funcionarios denunciados y confirmar la desestimación respecto de otros”.
La fiscal jefa señaló que en efecto se realizaron aportes para “el proyecto político de Soria, pero que fueron ‘voluntarios’ y que no se vio perjudicado el patrimonio público de la Municipalidad de General Roca.
“El aporte voluntario que hacía cada funcionario municipal se entregaba en efectivo al Sr. Intendente Municipal, Dr. Martín Soria, sin que tal deducción quedara reflejada en el recibo”, indicó la fiscal.
Al respecto, agregó: “Aún cuando el patrimonio de la Municipalidad no se vio afectado y los aportes fueron voluntarios, el mecanismo para efectuar las retenciones y entregar los aportes en efectivo al Dr. Martín Soria para el proyecto político aparece como sumamente informal, sin registraciones contables”.
Por esa razón, Giuffrida resolvió que “corresponde investigar si los funcionarios de la Dirección de Contabilidad y Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad durante el período denunciado cumplieron con el procedimiento administrativo contable en el manejo de fondos públicos que habilitaba el descuento”. Por tal motivo, la causa continuará pero estará enfocada en la ex secretaria de Hacienda y actual secretaria de Gobierno de General Roca, Mariana Soler, y de la ex directora de Contabilidad y Finanzas, Roxana Vallogia.
Respecto de Soria, la fiscal confirmó su sobreseimiento “porque, con la información reunida hasta ahora, no hay elementos que permitan atribuirle un delito”, según argumentó en el escrito.
El denunciante presentó como elemento de prueba la imagen de un recibo de sueldo de la Municipalidad de abril de 2018, en el que figura el pago de 78.000 pesos como “Ret. Sueldos. Gastos Reservados”, con una firma que, según la denuncia, es la de Soria.
Suárez Colman señaló al diario Río Negro que durante la gestión de Soria la formalidad de registrar en los recibos el descuento se interrumpió y se pasó a un esquema “secreto”.
Mencionó los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Confirmó su interés por crear una bicameral de control judicial y mandará un proyecto de emergencia energética.
El presidente Alberto Fernández reconoció este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tiene los días contados como funcionaria y ya le está buscando reemplazante. El mismo mencionó los nombres de dos diputados nacionales para ocupar el lugar de quien fuera su socia y funcionaria más cercana, pero no dio mayores señales sobre el tema.
Fernández citó al rionegrino Martín Soria y al bonaerense Ramiro Gutiérrez, y señaló sobre ellos que “los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver”, porque “a todos los salpican antes de empezar a hablar”.
Durante una entrevista que concedió a C5N, el presidente relativizó las versiones circulantes respecto de las características de quienes podrían reemplazar a Losardo. Y se hizo eco de las que atribuyen a Soria la condición de “kirchnerista”. En ese sentido señaló que “hasta donde yo recuerdo, Soria estaba enfrentado a los Kirchner, fue contra (el actual senador nacional Martín) Doñate en Río Negro. No se cómo funciona, pero lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos”.
“A Martín (Soria) lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la Comisión de Justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, detalló.
En el marco de la entrevista, el primer mandatario volvió a cargar duramente contra la Justicia, atribuyéndole haber perdido el “prestigio”. Afirmó que “tenemos un problema muy serio con la justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la justicia desde muy chico, y yo he visto degradar la justicia”.
Por otra parte recordó haberle pedido al Congreso que intervenga respecto de la trabada reforma judicial, aprobada en el Senado y frenada en la Cámara baja. “En Diputados está durmiendo”, afirmó, reiterando su pedido de crear una comisión bicameral de control. Y señaló en ese sentido que “el control cruzado (entre el Congreso y la Justicia) es lo que dice la Constitución, eso no se a quién le puede molestar pero lo dice la Constitución”.
“Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso sí puede investigar el funcionamiento de los jueces”, agregó, admitiendo que habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Yo creo que él la quiere impulsar, después es una decisión de la Cámara de Diputados”, apuntó.
En otro orden, Alberto Fernández señaló durante la entrevista por el programa Minuto 1 que enviará al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia energética para poder ajustar las tarifas de acuerdo con el crecimiento de los salarios.
Ya lo había anunciado en su presentación ante la Asamblea Legislativa y al respecto apuntó que el proyecto declarará la emergencia tarifaria para poder establecer tarifas. “Por ejemplo, no más allá de un porcentaje de los aumentos salariales”, comentó, agregando que “las tarifas deben poder ser pagadas en esta Argentina de hoy, en este contexto y no pueden ser un dilema para el consumidor: comprar remedios o pagar la luz, esto no puede volver a pasar”.
El diputado oficialista se preguntó “por qué no podemos conocer de lo que hablaba” el expresidente con un funcionario judicial.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar “cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal” al despacho del expresidente Mauricio Macri.
El rionegrino cuestionó que desde la oposición “se escandalizan” por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos “los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total”.
“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta”, expresó el legislador en diálogo con Radio 10.
Para el oficialista, “son muchas las funciones que puede tener” la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que “lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento”.
“Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?”.
Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que “(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá”.
“¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.
El oficialista Martín Soria habló de “un Poder Judicial rancio, corrompido y sin rastros de independencia”. Durísimo cruce entre Fernando Iglesias y Rodolfo Tailhade.
Ya venían encendidos los ánimos cuando el diputado oficialista Martín Soria (Río Negro) echó más nafta al fuego, al emprenderla contra la supuesta “mesa judicial” que habría funcionado en tiempos de Cambiemos, a través de la cual “se manipulaba a la Justicia”. “Convirtieron la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare”, sintetizó el legislador, que agregó que el despacho oficial del presidente se convirtió a su vez “en la agencia de Clarín y La Nación”.
Habló de “un Poder Judicial rancio, corrompido y sin rastros de independencia e imparcialidad”, y afirmó que “el lawfare en la Argentina perdió su sede en la Casa Rosada, pero sigue más vivo que nunca en algunos despachos del Poder Judicial; en algunos despachos de la Corte Suprema o de Comodoro Pro (SIC)”.
“Es raro que hablen de lawfare los miembros de un partido que desde 1983 controlan el Senado, porque todos los jueces que han sido designado pasaron por el filtro del Partido Justicialista, compañeros”, repuso a continuación el diputado Fernando Iglesias. Y enumeró: “Cuatro de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia los designaron gobiernos peronistas, compañeros; diez de doce de los de Comodoro Py los designó el gobierno justicialista, compañeros… Así que si quieren hacer limpieza en la Justicia, nosotros estamos de acuerdo, empecemos”.
Iglesias planteó entonces una cuestión de privilegio contra su colega Rodolfo Tailhade, quien lo denunció recientemente por supuesto “enriquecimiento ilícito”. Dijo tener 63 años y que tendría que concurrir a un tribunal para defenderse por primera vez. “Y eso me llena de pena, pero me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla que es el del chiquero de las denuncias, y en cierta forma estoy contento porque ya me sentía discriminado, porque ya había denunciado a casi todo nuestro bloque por las cosas más insólitas”, apuntó.
Luego detalló las denuncias que le hizo Tailhade, puntualmente respecto a un incremento patrimonial del 1300% y la propiedad de “un fastuoso loft en un edificio de Barracas, propiedad de Macri”.
“Después resultó que el fastuoso loft no estaba en Barracas, estaba en La Boca, no era propiedad de Macri, no eran 300 metros, y yo no tengo ninguna propiedad en ese edificio, y lo voy a probar”, agregó. Con todo, apuntó que “curiosamente ese loft desapareció de la denuncia”, luego de haberse hablado en lo que definió como “cadena de medios” oficialistas. Tras rechazar irregularidades sobre su patrimonio y apuntar que se le está imputando haber incrementado sus bienes en 50 mil pesos por mes. Concluyó dirigiéndose a sus pares del oficialismo, a los que recomendó pensar “en qué se han convertido, porque arrancaron hablando de derechos humanos y ahora bancan al dictador Gildo Insfrán, y las operaciones de los servicios de la SIDE disfrazados de diputados”.
De manera remota habló a continuación el diputado Tailhade, quien sostuvo que “durante 2018 y 2019, mientras el país se empobreció por la crisis generada por el gobierno más inútil de la historia, mientras a los argentinos les iba muy mal, el diputado Iglesias viajó por todo el mundo… En esos informes de gestión no aparece ninguna consideración de esos viajes”.
La cuestión de privilegio de Rodolfo Tailhade contra su par Iglesias era entonces porque “ponen en crisis la legitimidad de nuestro ejercicio”. Enumeró a continuación los viajes realizados por el diputado de Juntos por el Cambio y relacionó a los mismos con congresos organizados por el Consejo Federalista Mundial, que el propio Iglesias preside. “Este sñor se autoinvitaba a sus propios congresos”, denunció, precisando que en tres viajes había recibido en concepto de viáticos 7.076 dólares. “Más de un millón de pesos para que este señor recorriera el mundo vaya a saber para qué”, razón por la cual pidió a la presidencia de la Cámara “investigar en profundidad” el tema, asegurándose “convencido de que hubo un fraude a la Cámara de Diputados. Que (Emilio) Monzó fue engañado, que otorgó viáticos para viajes que deberían haber sido costeados por la propia organización. Esto pone en crisis nuestro cargo”.
Los legisladores del Frente de Todos Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés consideraron que las revelaciones de la líder de la CC demuestran “la injerencia indebida” del exEjecutivo en “los procesos de remoción de magistrados”.
A raíz de las revelaciones que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó en una entrevista concedida al diario Clarín, diputados del Frente de Todos solicitaron que se la llame a prestar declaración testimonial en la investigación de la supuesta asociación ilícita liderada por el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la causa judicial conocida como “mesa judical M”.
“El 15 de noviembre pasado Clarín publicó una extensa entrevista en la que Carrió dio cuenta de la existencia de una mesa judicial, la participación en ella de José Torello (exjefe de asesores presidencial) y la existencia de ‘acuerdos’ entre esa mesa y algunos jueces”, señalaron los legisladores oficialistas Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
Los diputados explicaron que, puntualmente, “Carrió recordó que en la previa del juicio político a Daniel Rafecas que impulsaba el macrismo ‘por lo del Pacto con Irán’, exigió a ‘un representante de Macri en esa famosa mesa judicial’ que ‘primero me sacan a los coimeros de Comodoro Py'”.
“Al ser consultada por su interlocutor en aquella exigencia, la líder de la Coalición Cívica nombró ‘a Torello. Dije: si no sacan los coimeros y acuerdan con coimeros, cómo lo van a sacar a Rafecas sólo por un solo fallo. Estoy hablando de la verdad histórica'”, apuntaron sobre las declaraciones de la exdiputada y socia de Cambiemos.
En las manifestaciones de Carrió, “es posible identificar la injerencia indebida de la mesa judicial sobre los procesos de remoción de magistrados, que excedía ampliamente las funciones de quienes integraban esa organización, pues queda claro que se entrometían en decisiones propias de otros poderes”, expone la ampliación de denuncia presentada ante el fiscal Franco Picardi.
Según la presentación de los legisladores, “ese avance o freno a los procesos de remoción de magistrados que manifiesta la señora Carrió, no respondía a criterios constitucionales sino a ‘acuerdos’ que, obviamente, exceden el marco de legalidad que determina el sostenimiento o no en el cargo de un magistrado”.
Este tipo de señalamientos de Carrió, “no son aislados ni novedosos, pese a ser los más explícitos que ha brindado hasta este momento”, afirman los diputados en la denuncia, al tiempo que recuerdan que “con anterioridad había señalado la injerencia del Poder Ejecutivo macrista sobre las decisiones del Poder Judicial”.
Entre las medidas de pruebas solicitadas por los diputados, figura un pedido de exhorto a la Cámara de Diputados para que remita copia del proyecto de pedido de juicio político que Carrió impulsó al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, por mal desempeño en sus funciones.
Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria ampliaron las denuncias penales por una supuesta asociación ilícita para cooptar al Poder Judicial. Sostienen que la exministra de Seguridad fue una “parte central” y que persiguió a sindicalistas.
Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria presentaron este miércoles una ampliación de las denuncias penales radicadas a principios de mayo por la existencia de una supuesta “mesa judicial” que actuó durante el gobierno de Mauricio Macri.
En esta oportunidad, los legisladores sostuvieron que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue el “brazo ejecutor” de esa asociación ilícita, a través de la “persecución” a sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, y el petrolero Guillermo Pereyra.
La denuncia original fue motivada por las declaraciones de Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, quien reveló que recibió presiones en el marco de en la causa del memorándum de entendimiento con Irán.
Tailhade solicitó luego que “se investiguen las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por numerosos miembros y organismos del sistema judicial argentino”.
Según el legislador, existió “un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial de la Nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías institucionales del país, y que configuran diversos delitos”, como los de amenazas, coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre otros.
Tailhade recordó que además de Figueroa, los jueces Delfina Forns y Luis Raffaghelli “en sus declaraciones públicas reconocieron la existencia de la mesa judicial y de las presiones sufridas durante el gobierno de Macri”.
El oficialista sostiene que esa “mesa judicial” era conducida por José Torello, jefe de asesores de Macri, junto a Germán Garavano, exministro de Justicia; Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica; Fabián Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri; Juan Bautista Mahiques exconsejero de la Magistratura; Bernardo Saravia Frías, procurador general del Tesoro del anterior gobierno; Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia; y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors.
Sin embargo, en la ampliación presentada este miércoles, Tailhade, Valdés y Soria sumaron a este listado a Bullrich y solicitaron nuevas medidas de prueba para constatar que la exministra y actual presidenta del Pro fue “parte central” de la “asociación ilícita”, que tenía entre sus objetivos la “persecución” y “disciplinamiento” de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.
El diputado oficialista señaló que, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, están pidiendo “que se investiguen telefonazos” entre el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este viernes a la ampliación de la denuncia contra supuestos “aprietes” a jueces y fiscales por parte de la mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.
El rionegrino precisó que, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, presentaron ante la Justicia “los testimonios públicos del excamarista de Comodoro Py, Sala I, Eduardo Farah” quien “declaró en la Comisión de Acuerdos del Senado y de alguna manera contó como Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios lo presionaron, desde lo mediático y lo judicial, por su intervención en una causa que le importaba a la mesa judicial como era OIL Combustibles”.
El legislador recordó que tras el fallo de Farah a favor del empresario Cristóbal López, “el propio Mauricio Macri salió por todos lados a decir que eso no era lo que habían acordado”. “Farah tuvo que renunciar, esconderse, recluirse en otro juzgado federal, es decir, lo corrieron del mapa de la justicia argentina porque no les gustaban sus fallos”, expresó en declaraciones a Radio 10.
Además, Soria dijo que aportaron “pruebas sobre los vínculos que existirían, nada más y nada menos que entre un miembro de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosenkrantz (actualmente presidente del máximo tribunal), y el amigo de toda la vida, el abogado de la familia Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón”.
“Existirían numerosos contactos telefónicos en fechas claves, fechas anteriores a algunos fallos que le interesaban al propio Macri y su gobierno”, denunció y aseguró que se habrían registrado unos “10 contactos telefónicos por día” en la época de movimiento de la causa OIL Combustibles.
El oficialista resaltó que se está “pidiendo que se investiguen telefonazos” y defendió que no se trata solamente de una denuncia de diputados, sino que contiene “testimonios de funcionarios judiciales”.
“Casualmente, gracias a la intervención del camarista (Martín) Irurzun, el mismo que le sacaron la foto con Rodríguez Simón, fue delegada en la jueza (María Eugenia) Capuchetti, que asumió el año pasado”, agregó.
El legislador nacional y presidente del PJ Río Negro recordó la frase de Perón, aunque agregó con ironía: “No es que lo esté comparando a Pichetto con los microbios, con el perdón de los microbios”.
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Río Negro Martín Soria se refirió al pedido de expulsión de Miguel Ángel Pichetto, y recordó una polémica frase de Perón: “allá lejos en el tiempo hablaba de los microbios que tanto daño hacían al peronismo”. Y agregó con ironía: “No es que lo esté comparando a Pichetto con los microbios, con el perdón de los microbios”.
Soria señaló que lo que hizo en la convención fue notificar que en la provincia de Río Negro el tribunal de disciplina estaba llevando adelante sanciones en expediente para “sancionar disciplinariamente” a quien fuera el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y la sanción que acarrea eso es “la expulsión de las filas del peronismo”.
Por otro lado, sostuvo que se trató de un congreso “muy positivo”, y que “tenemos por delante cosas mucho más importantes como es sacar a la Argentina de esta situación terrible que nos dejó el peor gobierno en los últimos 30 años”.
En diálogo con FM La Patriada, el legislador señaló: “Ojalá lleguemos a un acuerdo y en esta etapa prima la unidad”, al tiempo que recordó al gobierno de Macri “lo primero que buscó fue quebrarnos, intervenirnos con una jueza amiga al Partido Justicialista”.
Respecto a la puja por la presidencia del partido, Soria consideró que “si Cristina tuvo ese acto de generosidad y de grandeza para devolvernos al gobierno una vez más para transformar la realidad, ¿cómo no van a ponerse de acuerdo Capitanich y Gioja?”.
Finalmente, se refirió al paro convocado por la Mesa de Enlace, y sostuvo que “siempre hay sectores que no quieren ver la realidad y que no están dispuestos a ser solidarios. Estos sectores desde el fondo de nuestra historia han puesto palos en la rueda, o sacar un beneficio o ventaja extra”.
