El 14 de febrero de 2025 quedó grabado como el día en que el presidente Javier Milei protagonizó el primer gran escándalo de su gestión: la promoción de la criptomoneda $LIBRA, una memecoin recién creada que, tras un fugaz ascenso de cotización impulsado por su aval presidencial, se desplomó dejando miles de damnificados en todo el mundo. A un año del episodio —hoy convertido en un expediente judicial, una investigación legislativa y una constante fuente de tensión política— el caso sigue abierto y aún sin respuestas concluyentes.

La secuencia inicial es clara y está ampliamente documentada: a las 19:01 del 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje celebratorio que presentaba a $LIBRA como un proyecto privado destinado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, acompañado de un código alfanumérico que permitía adquirir directamente el token. La criptomoneda había sido creada apenas minutos antes y el tuit del Presidente funcionó como un detonante: el valor del activo se disparó durante 40 minutos y poco después cayó más del 85%, arrastrando a miles de pequeños inversores.

Las críticas de los legisladores

Al cumplirse un año del estallido del caso $LIBRA, diputados que integraron la Comisión Investigadora en la Cámara baja publicaron una serie de mensajes en la red X para recordar el episodio y reclamar avances judiciales. Las expresiones, variadas en tono pero coincidentes en señalar responsabilidades políticas, volvieron a exponer la tensión que dejó el escándalo cripto que involucró al presidente Javier Milei.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, hizo un posteo en el que se ve a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, hecha con IA, y recurrió a un tono metafórico para subrayar la gravedad de los hechos: “Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad. La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad. No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que sus señorías de Comodoro Py”. Y agregó: “Cuando la investidura se usa mal, no es torpeza, es decisión”.

HORÓSCOPO DE $LIBRA PARA HOY 14 DE FEBRERO

Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad.

La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad.
No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que… pic.twitter.com/QDD18IhzAO

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 14, 2026

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva recordó el trabajo parlamentario: “Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo. Desde la Cámara de Diputados indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación; comprobamos vínculos previos; demostramos audiencias; trazamos transacciones en fechas y momentos claves para la investigación. Hicimos lo que teníamos que hacer. FALTA QUE LO HAGA LA JUSTICIA”.

💲LIBRA: UN AÑO

Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación en la… pic.twitter.com/n9OaeJaLEu

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 14, 2026

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón apuntó directamente a un interrogante que la comisión no logró esclarecer: “Presidente Milei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criptoestafa?”.

$LIBRA
A UN AÑO, UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

Presidente @JMilei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criotoestafa? pic.twitter.com/zhK2jxfW2S

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) February 14, 2026

El actual legislador provincial Oscar Agost Carreño publicó un extenso hilo en el que repasó el caso. Allí recordó que “hace un año explotaba el caso $LIBRA, un token cripto que Milei lanzó en sus redes, subió su precio en minutos y se desplomó dejando miles de damnificados”. Enumeró lo que, según él, se comprobó durante la investigación: “La Justicia argentina investiga transferencias millonarias, movimientos previos al lanzamiento y posibles vínculos entre los promotores del token y el entorno presidencial… En Estados Unidos, la causa avanzó sobre el rol de Hayden Davis y el manejo de más de 100 millones de dólares… El periodismo reveló reuniones en Casa Rosada y un contrato confidencial previo al lanzamiento”. Concluyó que aún persiste un núcleo de interrogantes: “Lo que falta es lo más importante: saber quién sabía qué, cuándo lo sabía y quién se benefició realmente. La transparencia no es un detalle técnico: es la base de la confianza pública”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade fue categórica al calificar el episodio: “A un año de la Gran Estafa de gobierno. No dejaremos que esto caiga en el olvido. Queremos independencia judicial para que haya Justicia. Queremos la verdad que taparon desde la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia”.

Por su parte, el diputado kirchnerista Juan Marino sostuvo que “Milei malversó la investidura presidencial, involucrándola en una presunta estafa internacional” y afirmó que el caso generó “un daño al prestigio y a la credibilidad del Estado argentino”. Aseguró que “no fue un hecho aislado: había un modus operandi para maniobras presuntamente ilícitas con participación de Javier Milei, Karina Milei, Novelli y Terrones Godoy”. Según Marino, los resultados del trabajo legislativo “refuerzan la hipótesis de que estaríamos ante una asociación ilícita” y por ello “corresponde que el Congreso investigue a Milei por mal desempeño”.

Finalmente, el exdiputado de izquierda Christian Castillo cuestionó la falta de avances en la investigación judicial: “A un año de la estafa de la cripto $LIBRA, la justicia viene garantizando la impunidad de sus responsables, empezando por Milei”. Agregó que el informe de la comisión “fue concluyente en la responsabilidad del presidente” y que nuevos elementos mostraron que “su tuit no fue producto del entusiasmo de una tarde de verano, sino un negocio acordado entre Milei y su entorno con Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y algunos más”. Para Castillo, “no fue un hecho de corrupción aislado” y anticipó que “más allá de la cobertura judicial, la verdad siempre saldrá a la luz”.

Las consecuencias de la maniobra

La maniobra fue caracterizada como un clásico “rug pull”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una moneda para luego vaciar sus posiciones. Auditorías privadas estiman que hubo entre 44.000 y 75.000 damnificados globales y ganancias que rondaron los 286 millones de dólares para los beneficiarios del desplome. En la Argentina, más de 1.300 personas denunciaron pérdidas.

Una pieza central del escándalo es la figura de Hayden Davis, un joven empresario estadounidense especializado en memecoins y señalado como creador de $LIBRA. Documentos revelados posteriormente muestran que Davis firmó al menos dos acuerdos confidenciales con Milei, incluyendo uno del 29 de enero de 2025, donde aparecía como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. Una foto del Presidente junto a Davis en la Casa Rosada, difundida el 30 de enero, reforzó las sospechas de vínculos estrechos entre ambos.

Tras el estallido del escándalo, Milei borró su tuit original y sostuvo públicamente que había difundido el proyecto sin conocer su funcionamiento, alegando incluso que sus redes sociales no debían interpretarse como comunicaciones oficiales. Sin embargo, esas explicaciones no lograron cerrar la brecha de dudas abierta en la opinión pública y en el Congreso.

En paralelo, la Justicia argentina inició una causa por presunta estafa y asociación ilícita, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, mientras que en Estados Unidos se abrió un expediente vinculado a la operatoria.

El Congreso argentino, por su parte, conformó una Comisión Especial Investigadora, que en noviembre de 2025 presentó un informe de más de 200 páginas con conclusiones severas y pedidos de profundización judicial. Allí se plantea incluso la necesidad de evaluar si Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones.

Hay un patrón de conducta del Poder Ejecutivo que preocupa, no respeta ni la autonomía técnica del INDEC ni la independencia del Banco Central, las dos instituciones más importantes y relevantes para la confianza y la credibilidad de la Argentina.

En el medio de la polémica por la intervención política del Gobierno al suspender la nueva metodología del IPC, quedó explícita la violación del secreto estadístico por parte del ministro de Economía, Toto Caputo.

Lo traicionó el inconsciente. Evidentemente es algo que hacía con frecuencia, probablemente en ámbitos privados, y ahora lo dijo sin ningún desparpajo.

El funcionario que toma las decisiones macroeconómicas más importantes del país no puede "jugar" con el número de la inflación. Hay mucho dinero en el medio, inversiones atadas a ese dato y, además, un compromiso asumido con el FMI por parte del BCRA sobre la actualización metodológica que ahora va a ser incumplido.

Y con el Banco Central pasa exactamente lo mismo. Se mantiene el estado de excepción respecto de su independencia. Una cosa es la coordinación macroeconómica y otra muy distinta es sostener un modelo de injerencia permanente del Ejecutivo sobre una institución que necesita recuperar su autonomía. Para que la desinflación sea duradera, también es indispensable que el presidente del BCRA deje de obedecer y de aparecer públicamente junto al ministro de Economía o al Presidente como si fuera un empleado más. En cualquier país serio eso sería inaceptable; acá nos hemos acostumbrado y el Gobierno usufructúa eso.

Estos también son los cambios que necesita la Argentina. Existen proyectos de ley para hacerlo y, aunque hoy haya un silencio cómplice, estoy seguro de que hay una mayoría de diputados y senadores que, en su fuero íntimo, comparten la necesidad de avanzar en este sentido.
Abandonen el fundamentalismo, no le harían un daño al Gobierno, le harían un gran favor al país.

En medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, el diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó un proyecto de ley para “terminar con las sospechas, fortalecer y ordenar” el sistema de estadísticas y censos.

Ferraro argumentó que “un país serio necesita estadísticas confiables, si no, la toma de decisiones se hace muy difícil para los ciudadanos, los actores económicos y las instituciones. Y sin un sistema estadístico institucionalmente fuerte, entramos en ese riesgo”.

El diputado recordó que durante el gobierno de Cambiemos “se normalizó el INDEC y salimos de la nefasta intervención de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, quien fue condenado por abuso de autoridad en la manipulación de datos, que tanto daño le hizo al país”. También, que Mauricio Macri envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para fortalecer y ordenar el sistema estadístico nacional e, incluso, junto al entonces diputado Juan Manuel López y la CC-ARI volvieron a presentarlo “con la impronta del entonces Director del INDEC, Jorge Todesca.

“Las estadísticas oficiales no pueden estar envueltas en polémica cada vez que hay cambios en el INDEC. Así no hay desarrollo y previsibilidad posibles para la Argentina. Tratemos este proyecto y démosle independencia, autonomía técnica, confiabilidad y credibilidad pública para siempre”, pidió Ferraro.

La propuesta de una ley orgánica del sistema estadístico nacional propone en su artículo 1ero que “la realización de los censos que efectúen sus integrantes en el territorio de la Nación y las actividades de producción de estadísticas oficiales, se regirán por esta ley, por los principios rectores de las estadísticas oficiales y por las buenas prácticas, los consensos y las guías regionales e internacionales que adopte la Argentina”.

Además, remarca que “las actividades de producción de estadísticas oficiales y la realización de censos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC), constituyen un servicio público”. También plantea que se establezca como entidad autárquica en el ámbito de la jefatura de Gabinete.

1973-D-2024

El diputado nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, Maximiliano Ferraro, apuntó contra el presidente Javier Milei porque “mintió y ocultó un acuerdo firmado con Hayden Davis” para promocionar la criptomoneda y le planteó a la justicia que “ya no tiene excusas para no avanzar en la causa”.

Ferraro compartió una nota de investigación del diario Clarín que revela el documento de acuerdo de asesoramiento firmado entre Milei y Davis el 29 de enero de 2025, 15 días antes de $LIBRA: “Un acuerdo clave para legitimar a Davis y garantizar frente terceros la participación del Presidente en la promoción del token. Si alguien es tu asesor y actúa a tu nombre, no se puede alegar desconocimiento”.

El diputado de la CC-ARI señaló que “está probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. $LIBRA no fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público, mientras desde la Comisión Investigadora y el periodismo se documentó la secuencia coordinada que terminó en $LIBRA”.

Al respecto, opinó: “Se entiende ahora por qué se obstruyó el control parlamentario durante todo este año, la negativa sistemática de Milei, Karina Milei y sus ministros a declarar, y el ocultamiento de informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción”.

“Milei firmó cualquier cosa. El acuerdo, que se pretende ‘confidencial y personal’, es un mamarracho contractual, hiperdesprolijo, que parece hecho con ChatGPT, evidencia de que no intervino ningún organismo técnico ni la Secretaría Legal y Técnica. Una irresponsabilidad total”, apuntó.

Ferraro comentó que el texto “habla de una oferta de asesoramiento de Davis en temas tecnológicos y cripto, que fueron una pantalla. El verdadero objetivo era el lanzamiento de $LIBRA dos semanas después. Aunque después del rug pull Milei borró el tuit con el que difundió $LIBRA y alegó que ‘no conocía los pormenores’, el acuerdo lo desmiente al haber aceptado formalmente un asesoramiento del organizador operativo y logístico de $LIBRA en el hotel de Dallas, donde también estuvieron Novelli y Terrones Godoy, el primero con vínculos directos previos con Milei en otros proyectos”.

“La información privilegiada detectada por los técnicos de la Comisión, que dio lugar a compras masivas de $LIBRA segundos antes del tuit, tiene ahora su explicación, la participación presidencial estaba asegurada, y el acuerdo firmado le dio respaldo a Davis para promover $LIBRA y montar el esquema que terminó en el rug pull”, manifestó.

Ferraro resaltó que con la investigación que se llevó a cabo se demuestra que “el Presidente mintió al Congreso y al pueblo argentino, y firmó acuerdos confidenciales con estafadores nacionales e internacionales, sin evaluar ni ser precavido respecto de la responsabilidad que implica la investidura presidencial”.

En esa línea, le pidió a la Justicia que “no puede seguir con excusas para dilatar la investigación. Terminada la feria judicial, el fiscal Taiano cuenta con evidencia suficiente para dejar de dormir el expediente y avanzar de inmediato en la búsqueda y el secuestro de documentación. El Congreso hizo su parte. Ahora le toca a la Justicia”.

@JMilei hace de la mentira una doctrina y la justicia, más tarde o más temprano, tendrá que llegar a completar la historia oculta de la estafa y saber quienes son los beneficiarios de las ganancias. https://t.co/iL72TIyQLB

— Monica Frade (@MonicaFradeok) January 30, 2026

A la espera del comienzo de sesiones extraordinarias del próximo lunes 2 de febrero, el diputado nacional Maximiliano Ferraro le envío un pedido formal a las autoridades del debate de la modificación del Régimen Penal Juvenil para que la Oficina de Presupuesto del Congreso detalle los costos presupuestarios antes de que comience el tratamiento legislativo. “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, planteó el legislador de la Coalición Cívica.

La nota fue dirigida hacia Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado en sus roles de presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene giro, también, a Justicia, y Niñez, Familias y Adolescencias, donde La Libertad Avanza está definiendo la continuidad de Manuel Quintar en una y el reemplazo de Roxana Reyes (MC) en la otra.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL | ¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?

Solicité a @NYGBertie y @laurmachado que le pidan a la Oficina de Presupuesto del Congreso la estimación del costo presupuestario de los proyectos y de la OD 787-143, antes de iniciar su… pic.twitter.com/vWzQKvP6Dh

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 29, 2026

Por su parte, Ferraro recordó que “en 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio ese informe se hizo”, y profundizó: “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. “Si para ustedes es condición necesaria que haya fuente de financiamiento para debatir las leyes, entonces empiecen por los proyectos y agenda del propio Poder Ejecutivo”, concluyó.

La explicación del diputado opositor pone la mirada en la financiación de la ejecución de la baja en la edad de imputabilidad que se define en el artículo 51 del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, el cual propone que “las erogaciones (…) se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”, pero aclara que “al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.

Cabe aclarar que el dictamen que el oficialismo pasó a la firma el 6 de mayo del 2025 con las rúbricas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, Encuentro Federal, el MID, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre no modificó este artículo a pesar de haber introducido una serie de cambios en otros aspectos como la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13 como había idealizado el Poder Ejecutivo de la Nación.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza contaba con una composición menor a 40 legisladores y el despacho firmado fue redactado en consenso con la oposición dialoguista. La edad se bajaba de 16 a 14 años; las penas máximas pasaban de 10 a 15 años; y establecían condenas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas, entre varios puntos.

Sin embargo, una fuente del oficialismo confirmó a parlamentario.com, que buscarán un dictamen que se parezca más al texto que envío el Poder Ejecutivo de la Nación con firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, ingresado por Mesa de Entradas el 15 de julio del 2024. La norma original impulsada por el gobierno de Javier Milei busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La crítica del diputado que integra el interbloque Unidos se relaciona con la decisión del Gobierno de no asignar las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan. Las tres leyes fueron vetadas, pero insistidas en el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei no firmó las reasignaciones presupuestarias para su ejecución.

0010-PE-2024

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (CC- ARI) presentaron un pedido de informes junto a la citación del canciller, Pablo Quirno, a la Cámara baja para que brinde explicaciones respecto de la incorporación de la Argentina al Board of Peace que fue impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la iniciativa solicitan que se remita el instrumento jurídico por el cual se formalizó dicha incorporación de Argentina y si constituye un tratado internacional o un acuerdo ejecutivo. Además, piden que remita copia de toda la documentación institucional intercambiada con el país impulsor y demás miembros.

Por otro lado, los diputados requieren que se informe si el Poder Ejecutivo considera que la incorporación necesita la aprobación del Congreso Nacional y, en caso de que no sea así, explicite los fundamentos jurídicos y constitucionales. En el mismo sentido, que se informe si tiene previsto remitir al Congreso un proyecto de ley o de acuerdo de ratificación para autorizar o convalidar la integración al Board of Peace.

A su vez, solicitan saber si la incorporación de la Argentina implica aportes económicos presentes o futuros como cuotas, contribuciones, gastos operativos o aportes extraordinarios. En ese caso, piden que el canciller precise el monto estimado, la fuente presupuestaria, la entidad receptora de los fondos, y si se prevén resignaciones presupuestarias o de endeudamiento para financiar esos compromisos asumidos.

Los diputados también quieren saber si se elaboró un análisis de impacto geopolítico y riesgos derivados de la adhesión en términos jurídicos, diplomáticos y de seguridad nacional. Además, que explique los objetivos, funciones y alcance del acuerdo.

Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores (@Cancilleria_Ar), @pabloquirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado… pic.twitter.com/ySUZLZT3rF

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 27, 2026

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó que la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña instó al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a que no se demore en el avance de la causa $LIBRA, y que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas.

Además, se pronunció sobre el congelamiento de fondos y bienes de los imputados, y le encomendó al juez federal que eleve el monto de embargo que se había fijado inicialmente en $36.875.000.

“La decisión va en la dirección correcta. Eso sí, acelerar no es cerrar la causa ni consagrar impunidad”, resaltó Ferraro y planteó que “es urgente que el fiscal investigue en serio y que el juez dicte, de una vez, las medidas que corresponden y que esperan desde hace casi un año”.

Así, enumeró que se cite a declarar a los involucrados; que se informe si se realizaron los cruces de llamadas y cuáles fueron sus resultados, en particular los del 14 de febrero de 2025; que se avance en la pesquisa del contrato de $LIBRA, así como en la identificación de quién lo proveyó al Presidente; que se profundice el análisis de la ruta del dinero, donde ya se confirmaron transferencias entre los protagonistas e intermediarios sospechosos, y que, con ese dinero, el propio informe del Ministerio Público (Sistema Federal de Investigación de Activos Ilícitos) señala que pudieron haberse pagado dádivas a funcionarios públicos.

El diputado recordó que la justicia cuenta con el informe final que elaboró la Comisión Investigadora “con conclusiones, pruebas e hipótesis ratificadas por investigaciones periodísticas y por especialistas. Con toda esa información, quedó demostrado que no se trató de un hecho aislado ni que el Presidente haya sido ‘sorprendido’ por los acontecimientos. Todo se sabía, y la Justicia no puede desentenderse de estos vínculos previos y de los preparativos”.

“Con toda esta información pública, con los encuentros comprobados y las relaciones acreditadas entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios del Estado argentino, llegó la hora de que la Justicia haga las citaciones, profundice la investigación, esclarezca la eventual participación institucional del Estado y determine los cruces de llamadas y las comunicaciones con el Presidente y su círculo más cercano”, cerró su posteo.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) alertó por el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, que tiene dictamen firmado y espera llegar al recinto en febrero, y planteó: “Pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”.

“Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene dictamen en el Senado) busca que la protección de glaciares y del ambiente peri glacial deje de ser automática y pase a depender de evaluaciones discrecionales de cada provincia, pudiendo habilitar actividades extractivas en ellos”, argumentó Ferraro.

Al respecto, indicó: “Esto no es una ‘aclaración’ de la norma, como nos quieren hacer creer, sino un cambio peligroso que pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”, y explicó que “los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce. Sostienen ciudades, economías regionales, producción y vida. Cuando se dañan, el impacto es irreversible”.

“La Ley de Glaciares no se opone al desarrollo: garantiza las condiciones básicas para que cualquier actividad productiva pueda sostenerse en el tiempo. Sin agua, no hay minería, no hay agricultura, no hay industria ni futuro posible”, respaldó.

“Como diputado nacional, acompaño esta petición y reafirmo mi compromiso de defender la plena vigencia de la Ley de Glaciares y rechazar cualquier intento de modificación que implique retrocesos ambientales y riesgos en la provisión de agua para el consumo y  la producción”, adelantó.

ES URGENTE: VIENEN POR EL AGUA 💧

Más de 17.000 personas ya firmaron una petición en https://t.co/e4JKrXXve8 (@ChangeorgAR) para que el Congreso no avance con cambios regresivos en la Ley de Glaciares.

Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene… pic.twitter.com/hMu791l5Bj

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 15, 2026

Mientas desde Casa Rosada siguen atentamente los pasos de la justicia y esperan que rechace los amparos presentados contra el DNU de la SIDE, el diputado nacional Maximiliano Ferraro remarcó que existen “razones jurídicas claras” para sostener que el decreto es inconstitucional porque “invade competencias exclusivas del Congreso”.

A través de un extenso posteo en su cuenta de “X”, el legislador de la Coalición Cívica señaló que “no es solo una controversia política” el rechazo del DNU y enumero una serie de razones en respaldo de la acción de amparo.

Ferraro planteó que el Ejecutivo desconoce que la legitimación en el amparo por inconstitucionalidad de normas “no depende exclusivamente de la existencia de un perjuicio individual, sino que entiende aquellas situaciones que revisten en suma gravedad institucional y para nada este caso recae sobre cuestiones abstractas”.

“Cuando un DNU invade competencias exclusivas del Congreso, legisla sobre materias prohibidas o excede los límites constitucionales, se afecta el orden constitucional mismo, lo que habilita su impugnación judicial”, resaltó.

En esa línea, recordó que los diputados nacionales “ejercen la representación del pueblo de la Nación, conforme lo establece la Constitución al definir a la Argentina como un sistema representativo, republicano y federal. La CN pone en cabeza de los legisladores la representación popular que legitima el dictado de nuestra legislación”.

“Cuando un DNU vulnera a todas luces los límites que le pone la Constitución no solo incurre en un acto de gravedad institucional, sino que también viola el efectivo derecho de los legisladores de ejercer la representación popular mediante el debate y el voto y resguardar su rol dentro de las instituciones republicana”, manifestó.

Así, expresó: “La vulneración de este ‘derecho de función’ del legislador, legítima a impugnar judicialmente un DNU que altera la división de poderes. Negar esa legitimación implica vaciar de contenido el principio republicano y reducir el control constitucional a una mera formalidad, cuando en realidad es una garantía esencial del sistema de frenos y contrapesos”.

Ferraro también argumentó que el DNU “no pueden legislar en materias expresamente vedadas, como la penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos”, y señaló que “en este caso, el decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación. Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa y debilita de forma radical la validez del decreto como DNU”.

“No existió ni existe una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley. La ausencia de ese presupuesto fáctico invalida el uso del DNU como herramienta constitucional excepcional”, sumó.

Por último, indicó que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a control judicial pleno, incluyendo la verificación de los presupuestos de necesidad y urgencia invocados por el Poder Ejecutivo. “En ese marco, la discusión sobre legitimación no se agota en la acreditación de un daño subjetivo individual, sino en la adecuación del decreto al texto, al espíritu de la Constitución y al sistema republicano de división de poderes”, cerró.

Tras la presentación ante la justicia en contra del DNU 941/25, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que "el presidente se está recostando de manera excesiva en lo que son estas herramientas, que en la Constitución no son la regla, sino la excepción", en alusión a los decretos de necesidad y urgencia.

El legislador explicó que junto a sus pares Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron "una acción de amparo para que el decreto que modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia sea declarado inconstitucional y, a su vez, se declare su nulidad absoluta e insanable".

Asimismo, ante el fuero contencioso administrativo se solicitó "una cautelar para la suspensión del DNU, de todos sus efectos, su vigencia y todos los actos administrativos que se dicten en virtud de su cumplimiento".

"No hubo necesidad ni urgencia", afirmó el porteño respecto del decreto firmado el último día del 2025. Y agregó que "este DNU no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Además, Ferraro aseguró que "se mete en materia prohibida" como la penal, ya que "al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehensión, de arrestar; es una modificación solapada del artículo 184 del Código Procesal Penal".

También cuestionó que "las acciones de contrainteligencia" están "poco fundamentadas y definidas". "Con la incorporación de los titulares de distintos organismos de la administración pública nacional... El día de mañana un ministro, un secretario, puede ir en búsqueda de la fuente de un periodista que está investigando la corrupción puntual del gobierno que sea", advirtió y añadió: "¿Quién define qué atenta contra tal cosa si no está claramente definido en el DNU?".

En declaraciones a radio Rivadavia, el cívico dijo que "el Congreso está en condiciones de poder debatir una ley de estas características" y recordó que "es el segundo DNU que sacan modificando el sistema de inteligencia".

Con la mirada puesta en el reordenamiento institucional de Venezuela, la diputada oficialista Silvana Giudici se cruzó con Maximiliano Ferraro en X a partir de una iniciativa a favor de la aprehensión de Nicolás Maduro en Caracas. El representante de la Coalición Cívica le contestó la publicación del proyecto de declaración: “Se olvidaron de la liberación inmediata de los presos políticos, de las garantías de transición democrática y de Edmundo González Urrutia y Corina Machado”.

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza se expresó en consonancia con la política exterior del Gobierno y la posición del presidente Javier Milei, quien celebró la captura de Maduro el sábado a primera hora. Desde la bancada oficialista ratificaron el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro como “vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República de Venezuela”.

Gracias @maxiferraro innecesaria tu acotación. A diferencia de muchos de uds. en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos. No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos… https://t.co/dvW8yCXSlF

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 5, 2026

Apenas 20 minutos después de la publicación, Ferraro respondió con un mensaje público al que Giudici consideró como una “chicana” e “innecesaria”. Luego, le recordó que “en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos”. “No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela”, agregó con la notoria tensión en el ida y vuelta entre ambos.

Lejos de terminar ahí, el diputado nacional que integra el interbloque Unidos junto a Provincias Unidas y Encuentro Federal retrucó: “Por eso mismo, y porque no lo desconozco, Silvana Giudici, hay cosas que creo que no se pueden omitir. Hay formas en la práctica parlamentaria que podrían expresarse como exhortar, anhelar, etcétera”.

Con una fotografía del viaje a Venezuela hace 17 años, la diputada bullrichista agregó al hilo de confrontaciones con Ferraro: “En las formas parlamentarias y en la acción, con la coherencia que dan tantos años de lucha. Te dejo la foto del año 2009 en la puerta del penal de Yare, denunciando las condiciones inhumanas de los presos políticos por si no queda claro”.

Finalmente, Ferraro volvió a la carga y respondió: “Por esa misma foto, por habernos cruzado en distintos ámbitos exigiendo la democratización y la libertad en Venezuela, no podés omitir, por lo menos, el pedido o la exhortación a la liberación inmediata de los presos políticos”, y culminó con un sugestivo mensaje en contra de Silvana Giudici: “Entiendo que desde arriba no los dejan”.

No es la primera vez que los diputados que ingresaron juntos a la Cámara de Diputados por la boleta porteña de Juntos por el Cambio en 2023 tienen un tenso cruce: en noviembre del 2024, previo a la firma del dictamen de la ley de regulación de la publicidad de las apuestas online, se cruzaron en el Anexo con insultos y fuertes acusaciones.

El mundo amaneció conociendo la noticia impactante del ataque norteamericano en territorio venezolano y la captura del dictador Nicolás Maduro, llevado junto a su esposa a Estados Unidos para su juzgamiento. Previsiblemente esa información causó reacciones encontradas en el ámbito político local y el Parlamento en particular.

El presidente Javier Milei celebró la noticia con tres palabras: “La libertad avanza”, y en declaraciones a La Nación+ aseguró que “es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, no solo por lo que han sufrido los que han padecido el régimen en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída de la alimentación y pérdida de peso, sino también en términos de violencia, en términos de persecución, en términos de tortura”.

En tanto que el Pro expresó en un breve comunicado: “Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia”.

“Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Con el liderazgo del legítimo presidente Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta designada María Corina Machado, acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia. Desde el PrRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”, agregó el partido amarillo.

Desde la vereda opuesta, el Partido Justicialista repudió y condenó los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, “que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”.

El presidente del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, señaló: “Finalmente, después de años de lucha, TRIUNFA EL PUEBLO VENEZOLANO. Celebro la detención del dictador Maduro y deseo una pronta recuperación de la democracia y la libertad en nuestra querida Venezuela. ¡Hasta el final!”.

A su vez, la senadora nacional Patricia Bullrich expresó: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

A través de un largo posteo titulado “Venezuela libre”, Maximiliano Ferraro dijo que “tras la dictadura de Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela le asiste el derecho inalienable de recuperar de manera inmediata el orden democrático e institucional, con pleno respeto a la voluntad popular expresada en elecciones libres y transparentes”. Para el diputado de la Coalición Cívica, “resulta imprescindible garantizar las libertades individuales y la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, es indispensable restablecer las condiciones para una paz duradera y una convivencia institucional basada en reglas democráticas. En ese marco, debe asegurarse y acompañarse, de manera legítima, ordenada, efectiva y pacífica, una transición democrática que restituya las instituciones, la soberanía popular y el Estado de Derecho”.

“Hoy Venezuela padece un sistema organizado de coacción, corrupción, narcotráfico y criminalidad, que ha vaciado de contenido a las instituciones y ha destruido los lazos básicos de toda convivencia. Millones de venezolanos se han visto forzados al exilio y sueñan con volver a su tierra, mientras otros tantos resisten dentro del país, sometidos a la pobreza, la persecución y la negación sistemática de sus derechos, sosteniendo día a día la esperanza de una Venezuela libre”, agregó Ferraro. Y concluyó: “La paz y la democracia en Venezuela son una responsabilidad de toda la comunidad internacional”.

“Hoy el mundo mira a Venezuela y es lógico y justo que así sea. Y esto es consecuencia de un bravucón y asesino que ha sumergido a la represión y a la pobreza a todo el pueblo venezolano”, sostuvo este sábado el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Para el senador de LLA, “eso era imposible de solucionar si no era por la doctrina de defensa del mundo occidental y sus valores”. En síntesis, dijo que “muchas veces la historia se resuelve por estos métodos”.

A su vez, el diputado Miguel Ángel Pichetto se mostró a favor de las noticias conocidas este sábado al señalar que “el Gobierno de Maduro estaba totalmente agotado: violador de derechos humanos y antidemocrático. Esta dictadura no iba a reconocer nunca el voto de la gente. Y sus líderes principales estaban involucrados en el narcotráfico. Es el primer paso para que Venezuela recupere la  libertad y la democracia a través de elecciones libres”.

El senador libertario Ezequiel Atauche dijo por su parte que “el kirchnerismo llora por la caída de un dictador y no se sorprende nadie. Los cómplices de Milagro Sala, que atormentó a los jujeños durante años, ahora se lamentan por el fin de un criminal que forzó a millones al exilio. Son el mal y hoy quedaron expuestos ante el mundo”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “la esperanza de un pueblo que sueña con volver a su casa. El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos”.

Desde el kirchnerismo, el senador Jorge Capitanich sostuvo este sábado que “la violacion de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas en Venezuela constituye una afrenta al derecho internacional, al principio de igualdad jurídica de los estados, al ejercicio de su soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. América Latina es una zona de paz, de manera que la solución pacífica de controversias en el marco del respeto a la integridad y soberanía de los estados constituye una premisa esencial que rechaza el uso de la fuerza”.

Para el senador chaqueño, “este peligroso precedente de uso unilateral de la fuerza como ataque por parte de un actor estatal invocando un interés específico de otro estado marca un sendero de imposición de la acción por sobre la regla. El inicio de 2026 marca un incremento de la tensión geopolítica internacional con la imposición de la fuerza vulnerando una premisa de respeto de la soberanía de los pueblos y de los estados a través de la invocación de intereses estratégicos de las grandes potencias”. Agregó el exgobernador que “esta agenda internacional debe concentrarse en la paz, no en la guerra. Es urgente y necesario desarticular esta carrera armamentista que acabará con el mundo si no le ponemos un límite claro y preciso”.

Y cerró: “El reloj del Apocalipsis cada está a 89 segundos del colapso, el número de refugiados alcanza a 130 m de habitantes en el mundo, el cambio climático azota a miles de personas alrededor del planeta y nosotros permanecemos impávidos ante tamaña demostración de indecencia global. ¡Es hora de actuar!”.

La diputada de LLA Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de declaración para expresar su “beneplácito por la captura del dictador Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista transnacional ‘Cartel de los Soles’”. A su vez, declaró su acompañamiento al pueblo venezolano “en este proceso de inicio de su recuperación democrática, esperando que de forma urgente comience a ser gobernado por aquellos ciudadanos que legítimamente eligió en las urnas en las elecciones presidenciales de 2024”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz llamó “gran cipayo latinoamericano” al presidente Milei, por “festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela”. Y consideró que “las y los argentinos no podemos aceptar que el Presidente, en nombre de nuestro país, avale bombardeos y el secuestro de un presidente, en cualquier lugar del mundo. Eso no se parece en nada a la LIBERTAD que tanto declama”. En su posteo en la red social X, Tolosa Paz dijo que “Trump y Milei se fueron al carajo” y agreó: “Nos sumamos a los pedidos de paz y de no injerencia extranjera, que sostienen los países del mundo que entienden que el camino de LA VERDADERA LIBERTAD NUNCA ES LA VIOLENCIA”.

El legislador porteño Leandro Santoro dijo que “ningún imperio tiene derecho a entrar por la fuerza a otro país para secuestrar a nadie! Es una locura que el presidente Milei célebre semejante violación al derecho internacional. América es una región de paz. Argentina siempre defendió la autoderminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Decir esto no te convierte en simpatizante de Maduro, te reafirma como demócrata”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman planteó que “la derecha argentina es tan mediocre que arma a su patota digital con el argumento de que condenar la intervención militar y el secuestro de Maduro es apoyar al régimen venezolano. Con esa lógica, en la guerra de Malvinas hubiesen apoyado a Thatcher y festejado en hundimiento criminal del Gral. Belgrano. Siempre denunciamos el régimen autoritario de Maduro, pero no nos confundimos sobre las intenciones de Estados Unidos, no sean tan brutos”.

Por su parte, la diputada Romina del Plá denunció “la intervención imperialista en Venezuela”, diciendo que “ningún gobierno democrático vendrá de una intervención armada del imperialismo. Lo prueba que la derecha fascistoide venezolana apoya la política contra los migrantes de Trump que afectan a muchísimos venezolanos. Denunciamos el respaldo de Milei a esta gravísima intervención imperialista, que lo coloca otra vez como un chirolita de Trump. Es necesaria una inmensa movilización en toda América Latina para repudiar esta intervención y expulsar al imperialismo de toda la región”.

“Repudiar el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y que Milei lo celebre, no te hace defensor de Maduro, te hace defensor del derecho internacional y de la paz que impera en Latinoamérica hace más de 30 años”, dijo a su vez la diputada de UP Sabrina Selva.

Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, la diputada Silvana Giudici dijo que “durante años esperamos el fin de la dictadura chavista. Hoy se pone fin a la pesadilla. VENEZUELA LIBRE!”.

También celebró la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para quien “hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en Venezuela unida, con Justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. ¡Venezuela Libre!”.

Mientras que desde la otra vereda, el diputado de UP Juan Grabois hizo el siguiente posteo: “¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos”.

“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”. La referencia fue publicada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de Provincias Unidas, que ya el día anterior se había manifestado duramente respecto del decreto de necesidad y urgencia 941/25 que ya había trascendido el 1° de enero. Y allí ya se había referido a sus excompañeros de ruta de Juntos por el Cambio con este irónico comentario: “Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de ‘no era el momento’ bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Este viernes, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

En otro posteo había ido más lejos, al hablar de “Gestapo para todos y todas”. En ese sentido se hizo eco de una advertencia del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que “el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso. No se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el Sector Público Nacional”.

“Ministros del Poder Ejecutivo, rectores de universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director ejecutivo del PAMI, las autoridades de la ANSES, del Hospital Posadas, del Hospital Ramón Carrillo, del Banco Nación y de empresas públicas quedan alcanzados por la obligación de aplicar ‘medidas de seguridad de contrainteligencia’ dentro de los organismos que conducen, acatando decisiones definidas por el Presidente de la Nación”, señaló, destacando que el artículo 3° del DNU es explícito: los “titulares de órganos y organismos” del Sector Público Nacional serán responsables de implementar esas medidas en el interior de sus instituciones. Y el propio decreto define la contrainteligencia como un conjunto de acciones destinadas a “evitar el conocimiento de la propia situación” por parte de actores estatales y no estatales.

“El problema es de fondo -aseguró-. El Sector Público Nacional, según la Ley 24.156 de administración financiera, incluye a la administración central, los organismos descentralizados, las universidades, la seguridad social y las empresas del Estado. Es decir, casi todo el Estado queda sometido a una lógica perversa y peligrosa de contrainteligencia”, y afirmó que “se habilitan así prácticas opacas, discrecionales y verticales en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad académica y el control parlamentario”.

Su compañera de bloque Mónica Frade se alineó con las observaciones de Ferraro y Rodríguez advirtiéndoles a Javier Milei y Patricia Bullrich que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado. No jueguen. No provoquen. Nadie gana en ese juego. Solo seres secos y miserables pueden, mientras las familias argentinas brindan, asestar una reforma contra la Constitución Nacional”.

El primer paso de alto voltaje que acaba de dar el Gobierno nacional a tan solo dos días de que inició el año nuevo, fue mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que se publicó este viernes temprano donde el presidente Javier Milei impulsa una reforma profunda del sistema de inteligencia, otorgando mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conduce Cristian Auguadra, y centralizando bajo su órbita la estructura y el funcionamiento del área.

El decreto deberá ser enviado al Congreso y tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse, según lo establece la ley 26.122. Sin embargo, la iniciativa ya anticipa un escenario de alta conflictividad parlamentaria.

Las primeras reacciones de la oposición fueron contundentes. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro calificó al DNU como un “retroceso intolerable” y de “nulidad absoluta”. En un extenso mensaje en la red social X, denunció que Milei volvió a reformar el sistema de inteligencia “sin necesidad ni urgencia”, eludiendo deliberadamente al Congreso.

Ferraro advirtió que el decreto habilita “espías con poder de policía”, establece el secreto total como regla, centraliza el acceso a datos personales sensibles —como los del RENAPER, Migraciones, Aduana y la UIF— y abre la puerta a la influencia sobre la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos espiados, todos sospechosos”, sintetizó.

Ferraro recordó que “este es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. Y no es una modificación puntual: es una reforma integral en una treintena de artículos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa”.

A continuación enumeró las modificaciones que califica como “retroceso histórico: “1) espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; 2) un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica. Peligroso; 3) centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF) Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia; 4) posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Y concluyó reclamándole a los presidentes de ambas cámaras la urgente regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, “para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable. Sino iremos directo al recinto”.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola sostuvo que la ampliación de facultades de la SIDE, combinada con el nuevo Código Penal, “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”, y habló de un pasaje “de la democracia de infantería a la democracia de los servicios”. "Entre gallos y medianoche Milei sacó el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia e implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial. Debe ser anulado por el Congreso", sumó su par Christian Castillo.

Espantoso regalo de fin de año de Milei y sus secuaces.
Aparece el DNU 941/25 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. La cuestión de forma, una ley modificada en 40 artículos por un decreto es gravísima en si misma. Lo central es el contenido: toda la actividad de la SIDE…

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 2, 2026

"Un sistema de inteligencia en el marco de una República, no es para perseguir a ciudadanos libres, sino para su protección. Esta emboscada a las sombras, debe ser reparada en el seno del Poder Legislativo, así lo exigiremos", planteó la diputada Mónica Frade.

En un extenso posteo, el diputado Esteban Paulon calificó el DNU como "un duro golpe a la democracia" y alertó que "vuelve el espionaje político" porque "quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión". Además, indicó que es "una carta blanca a la SIDE", ya que "habilitan la preservación de métodos y fuentes sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional".

También planteó que se trata de "opacidad y secretismo", al remarcar que no habrá "ni transparencia, ni control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos". EL CONGRESO AFUERA: Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior", advirtió.

Por último, Paulon señaló que el DNU habilita a "una vigilancia digital. El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional".

"El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad", manifestó.

Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación.
Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU

— Alejandra Vigo (@alevigo) January 2, 2026

La diputada de UP Sabrina Selva alertó que "implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial", y exigió que "debe ser anulado por el Congreso". Su compañero de bancada Carlos Castagneto apuntó: "LIBERTAD O DICTADURA. El DNU 941/2025 no tiene necesidad ni urgencia que justifique su dictado".

Castagneto explicó que "en una República, la inteligencia no investiga delitos, no detiene personas ni hace espionaje interno. Eso ocurre en regímenes autoritarios, NO EN DEMOCRACIA. Milei abre la puerta a que los servicios de inteligencia persigan a ciudadanos por expresarse, en redes, en la calle o por sus ideas". Así, apuntó: "La norma no acota objetivos, no fija límites claros y no refuerza controles. Es un RETROCESO democrático gravísimo".

El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el DNU no es "nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino", sino que "fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina".

"Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe. Este Decreto atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano.
Atenta contra la democracia argentina", adelantó.

*UNA SIDE CON MÁS FACULTADES Y MENOS CONTROL. ¿QUE PUEDE SALIR MAL?*

En un país con la historia del nuestro, atravesado por un terrorismo de Estado que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, que un presidente saque un DNU en visperas de los festejos de año nuevo y en feriado…

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 2, 2026

En la misma línea, el diputado bonaerense Sebastián Galmarini agregó: "En un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, creo que estas reformas deberían pasar por el Congreso Nacional, y debatirse en profundidad y con la mayor honestidad intelectual. Delimitar las misiones y funciones de Inteligencia en un mundo con cambios tan vertiginosos requiere de una mirada integral de los muchos desafíos que enfrentamos".

En tanto, el exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau fue aún más lejos: afirmó que el DNU equivale a dictar una nueva Ley de Inteligencia por decreto, en abierta violación de la Constitución. Alertó sobre la creación de una “policía secreta”, la clausura de la conducción civil de la inteligencia militar y un sistema que obligaría a organismos nacionales y provinciales a actuar como “delatores de la oposición política”.

Con este DNU, el Gobierno vuelve a apostar por una reconfiguración del poder vía decreto, en un área especialmente sensible para la democracia argentina. La oposición ya anticipa que buscará su rechazo en el Congreso y reclama la urgente conformación de las comisiones bicamerales de control.

¿Una dictadura en medio de un “Gobierno Democrático”?

Javier Milei se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Esto, ¿Qué significa?...

1. Se evade el control democrático que tenemos las provincias,…

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) January 1, 2026

El año legislativo que acaba de concluir estuvo lejos de la rutina parlamentaria. La relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, la fragilidad de las mayorías, el recurso permanente a los vetos presidenciales y una oposición que logró condicionar buena parte de la agenda convirtieron a 2025 en uno de los períodos más intensos -y pobres en producción normativa- de la última década.

En ese escenario emergieron figuras centrales: quienes articularon acuerdos, quienes bloquearon iniciativas, quienes quedaron envueltos en escándalos y quienes, desde roles técnicos o políticos, incidieron de manera decisiva en los debates clave. Los Personajes de 2025 -no necesariamente diputados y senadores- reúne a esos protagonistas y reconstruye, a través de sus recorridos, el mapa de poder y conflicto que definió al Congreso durante el primer año pleno del mileísmo.

JAVIER MILEI.

Un año con luces y sombras fue la relación del Presidente con el Congreso argentino durante 2025: una mezcla constante de conflictos, negociaciones tácticas y ocasionales acuerdos. El Presidente profundizó su agenda de reducción del Estado, reformas económicas y disciplina fiscal, lo que generó tensiones con muchos bloques legislativos, especialmente con la oposición tradicional.

Milei vetó varias leyes aprobadas por el Congreso -incluidas normas sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica y ATN-, lo que tensó la relación con gobernadores, sectores sociales y legisladores que veían esos proyectos como reparos a recortes presupuestarios.

Todo el año legislativo fue un tormento que solo se morigeró a partir del resultado electoral del 26 de octubre, cuando se logró aplacar las embestidas constantes de la oposición. En diciembre, consiguió los acuerdos suficientes en el Congreso para aprobar el Presupuesto nacional 2026,  lo que fue celebrado por Milei como un “hito histórico”.

Tan hostil con el Parlamento, Milei es uno de los presidentes que más concurren al Palacio Legislativo. En 2025 fue tres veces: no solo para la tradicional apertura de sesiones del 1° de marzo, sino para otra cosa que se ha hecho constante para él, la presentación del Presupuesto el 15 de septiembre. Y también lo hizo para acompañar la jura de sus nuevos diputados, el 3 de diciembre.

PATRICIA BULLRICH.

Fue elegida senadora nacional por más del 50% de los votos en CABA, y aun antes de jurar, asumió el liderazgo del bloque oficialista en el Senado. Luego fue una de las articuladoras principales de la estrategia legislativa del Gobierno en estas extraordinarias.

También manejó el debate de la reforma laboral en su doble rol de jefa del bloque LLA y titular de la Comisión de Trabajo. Fue quien anunció la postergación de ese debate hasta el mes de febrero, y quien cerró los debates del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en la última sesión del año.

Fue ella quien le pidió a Lorena Villaverde que renunciara al Senado, mostrando su peso interno.

MARTÍN MENEM.

El presidente de la Cámara de Diputados dirigió la Cámara baja en un año extremadamente conflictivo. Ladero permanente de Karina Milei, fue uno los artífices de la estrategia de la exitosa campaña de La Libertad Avanza con vistas a las elecciones de octubre. Cuando se vislumbraba una elección discreta de los libertarios, muchos llegaron a darlo fuera de la presidencia de la Cámara con el recambio presidencial, pero el resultado fue tan bueno que no solo la conservó, sino que lideró el armado del nuevo bloque, que contra todos los pronósticos se convirtió en primera minoría.

Si bien logró mantener la gobernabilidad legislativa en un Congreso muy fragmentado, no consiguió sancionar leyes propias en el período ordinario.

GUILLERMO FRANCOS.

Siempre dispuesto a concurrir al Congreso, el ex jefe de Gabinete asistió nada menos que cuatro veces a lo largo del año. Dio dos informes de gestión en la Cámara baja y uno en el Senado, pero además fue también a Diputados respondiendo a la interpelación pedida por la oposición por la criptomoneda #LIBRA. Fue, de hecho, el único de los funcionarios convocados en tal sentido que cumplió con ese emplazamiento.

Fue además uno de los principales negociadores del Gobierno en un contexto donde La Libertad Avanza carecía de mayorías, siendo siempre muy reconocida su disposición al diálogo y la búsqueda de consensos. Aunque también supo salirse de las casillas, como cuando, en oportunidad de brindar su informe en el Senado, se retiró indignado luego de que la senadora fueguina Cándida Cristina López le dijera “mentiroso”.

CARLOS GUBERMAN.

El secretario de Hacienda de la Nación fue otro de los “influyentes” del Gobierno en el ámbito del Congreso. Ante la ausencia sostenida del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se resiste a concurrir al Congreso, él en cambio fue encargado de suplirlo. En el debate del Presupuesto 2026 concurrió en numerosas oportunidades a ambas cámaras, defendiendo la eliminación de artículos clave en financiamiento educativo, científico y de defensa. Reconoció ante el Senado que en 20 años nunca se cumplieron esas normas, prometiendo reponerlas solo si “las condiciones están dadas”.

Guberman dio consistencia técnica al discurso fiscal del Gobierno.

LORENA VILLAVERDE.

Su caso se convirtió en un emblema institucional: renunció a su banca en el Senado luego de presiones internas y por supuesto externas, luego de que trascendieran incidentes judiciales que vivió en Estados Unidos (por lo menos dos) vinculados con el tráfico de drogas. Si bien ella insistió siempre en que había sido sobreseída, no fue suficiente para despegar su figura del escándalo, máxime cuando ya su partido había sufrido fuertemente los coletazos del escándalo que por temas vinculados también con el narcotráfico vivió José Luis Espert. Al respecto se sabe que tiene una relación con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario procesado por narcotráfico y extraditado por ese tema a Estados Unidos.

La rionegrina encabezó la lista de su partido en las elecciones legislativas y fue elegida senadora nacional por la minoría, cargo al que como dijimos debió renunciar.

Luego se conocieron más problemas judiciales que la involucraban, ahora en la Argentina, cuando se supo que la Justicia de Bariloche dictó embargos preventivos a raíz de una demanda por incumplimiento en la entrega de lotes de un emprendimiento.

GERMÁN MARTÍNEZ.

Como jefe del bloque Unión por la Patria, fue el principal articulador opositor y uno de los dirigentes que más condicionó la agenda del oficialismo, en un año en el que el Gobierno sufrió mucho los embates de la  oposición. Lideró a la bancada que logró frenar y exponer los límites del Gobierno. Fue clave para mantener la unidad de su bancada, incluso cuando, en vísperas del recambio legislativo, UP sufrió algunas fugas que le hicieron perder su condición de primera minoría.

Fue el rostro más visible de la oposición peronista en Diputados.

Su estrategia logró frenar iniciativas del Gobierno o exhibir su debilidad parlamentaria. Actuó como contrapeso decisivo en el año legislativo más pobre en producción normativa de la década.

MARTÍN LOUSTEAU.

Fue clave en el Senado dentro de la estrategia opositora que logró arrinconar al oficialismo durante casi todo el período ordinario, siendo junto al también radical Pablo Daniel Blanco y a Guadalupe Tagliaferri quienes permitieron inclinar el fiel de la balanza en contra del Gobierno.

Encabezó la lista de Provincias Unidas en la Ciudad y ganó una banca para seguir en el Congreso, ahora como diputado. Fue en el marco de una pelea voto a voto con La Libertad Avanza, que ganó con una diferencia de 8.688 votos.

Su liderazgo al frente de la UCR fue muy discutido y en el Senado mostró su propio aislamiento dentro del radicalismo. Dentro de una oposición a la que le costó diferenciarse del Gobierno, claramente él lo hizo todo el año.

LUIS JUEZ.

En 2025 dio un giro político al dejar primero la presidencia del bloque Pro y romper luego con el partido amarillo, para sumarse al interbloque de La Libertad Avanza, permitiendo que el oficialismo alcanzara 21 senadores. Su incorporación fue celebrada por Patricia Bullrich, que lo definió como un hombre “de firmes convicciones” y esencial para impulsar reformas.

Ya antes de sumarse al oficialismo, defendía públicamente al Gobierno, ya sea en los medios o en el recinto, aunque una vez se diferenció al votar a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que le valió el ensañamiento de Las Fuerzas del Cielo. Tuvo también momentos en los que mostró distancia, como cuando advirtió sobre la conducta del Gobierno y la necesidad de privilegiar el diálogo, señalando que “al aliado no lo conformás con una empanada”.

De todos modos, siempre destacó su cercanía al Presidente, con el que tiene diálogo directo y suele cenar en Olivos.

Sueña con ser el candidato a gobernador en 2027 de Córdoba por La Libertad Avanza, cosa que ya ha dicho públicamente.

MAXIMILIANO FERRARO.

Fue uno de los críticos más persistentes del manejo económico y legislativo del Gobierno. Denunció “errores autoinfligidos” y cuestionó la discrecionalidad del gasto ante la falta de Presupuesto. Defendió públicamente el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, dos iniciativas con amplio consenso y vetadas o condicionadas por el Gobierno.

Luego de infinidad de idas y vueltas para su conformación, terminó presidiendo la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que trabajó intensamente el tiempo que se le otorgó, emitiendo un duro informe sobre las responsabilidades que le caben al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei.

CARMEN ÁLVAREZ RIVERO.

Totalmente alineada con La Libertad Avanza, bloque al que terminó sumándose después de las elecciones, dejando así la bancada del Pro, del que venía diferenciándose muchas veces a la hora de votar, la senadora cordobesa protagonizó una de las mayores polémicas del año legislativo. Fue cuando cuestionó públicamente el acceso de los niños de todo el país al Hospital Garrahan. Durante el debate sobre la Emergencia Pediátrica, en la comisión, declaró: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados; ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Estas expresiones generaron un repudio transversal en el Senado y en la opinión pública, al tocar un símbolo federal de la alta complejidad pediátrica. Ella defendió luego su postura alegando que la salud es competencia provincial y reclamando fondos equivalentes para Córdoba.

FACUNDO MANES.

Fue protagonista central del incidente que se vivió durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando tuvo un fuerte cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo había increpado desde uno de los palcos, mientras Manes mostraba un ejemplar de la Constitución durante el discurso de Javier Milei.

Luego, en los pasillos, según denunció el neurocientífico, Caputo lo amenazó. Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas, que no avanzó.

En ese marco, su bloque (Democracia para Siempre) denunció que el Gobierno estaba “cruzando un límite peligroso”.

SILVIA LOSPENNATO.

De buena relación con La Libertad Avanza en general y el Presidente en particular, se distanció del mismo cuando fracasó sorpresivamente el tratamiento de ficha limpia.

La diputada fue una de las protagonistas de la interna del Pro y de la disputa por la Ciudad de Buenos Aires al ser oficializada como primera candidata del su partido para las elecciones legislativas del 18 de mayo. El espacio la eligió por encima de figuras como Fernán Quirós, y su candidatura fue impulsada directamente por Mauricio Macri. Sin embargo su desempeño electoral fue muy malo, pues el Pro sufrió su peor elección histórica en CABA en CABA, perdiendo terreno frente a LLA y quedando muy por detrás de sus expectativas en su propio bastión.

Fue también una de las dirigentes que más presionó por mantener identidad partidaria frente a la tentación de alianza con Milei, y durante una sesión protagonizó un incidente con el presidente de su bloque, al reaccionar ante un discurso de su par Alejandro Finocchiaro que la criticó duramente. En la ocasión, fue reprendida públicamente por Cristian Ritondo. A fin de año, pese a las especulaciones de que no dejaría su banca, se fue a la Legislatura porteña, cumpliendo con el mandato que había recibido en las urnas en las elecciones de mayo.

MARCELA PAGANO.

Profundizó su distanciamiento del oficialismo, armando un bloque disidente junto a sus pares Carlos D’Alessandro, Gerardo Gustavo González y Lourdes Arrieta, llamado Coherencia, desde donde mantuvieron posturas sumamente críticas para con el oficialismo que abandonaron.

Fue eje de múltiples choques públicos con Lilia Lemoine, como el del 27 de agosto, cuando durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando le tocaba hablar a Pagano, Lemoine se levantó de su lugar y se colocó frente a ella, obstruyendo la cámara oficial y provocando gestos, murmullos e insultos. Pagano le pidió al presidente Menem que ordenara a Lemoine regresar a su banca. El ambiente se tornó caótico, y durante el cruce, Pagano acusó a Lemoine de hacer un “espectáculo”, calificándola de “persona que no está en condiciones”, mientras Lemoine filmaba todo con su celular.

LILIA LEMOINE.

Muy cercana a Milei, la diputada libertaria protagonizó otros incidentes en el recinto, uno el 13 de marzo, con Marcelo Pagano y a Rocío Bonacci. Lemoine las enfrentó porque las otras se rehusaban a levantarse para no dar quórum durante un pedido de informes por el caso $LIBRA. Lemoine y María Celeste Ponce se retiraron del recinto en desacuerdo por la actitud de Pagano y Bonacci. En esas circunstancias, Bonacci le lanzó un vaso de agua a Lemoine.

El 9 de octubre, se registró el más tenso cruce, cuando Pagano y su compañera Lourdes Arrieta exhibieron carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”. Lemoine interpretó la acción como una provocación, lo que derivó en un enfrentamiento físico y verbal: Lemoine filmó con su celular mientras increpaba a Pagano.

Pagano golpeó con el cartel el teléfono de Lemoine y la tildó de “chorra”, “ñoqui” y “parásito del Estado”. Lemoine intentó quitarle el cartel, forcejearon y la mano de Lemoine quedó enrojecida, por lo que presentó una denuncia ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando sanción por agresión física, apoyándose en el video que ella misma había grabado.

 

KARINA MILEI.

Una y otra vez la oposición intentó convocarla al recinto. Obviamente nunca lo consiguió. El caso $LIBRA y las supuestas coimas en la ANDIS generaron la reacción de la oposición, que la puso en la mira y convocó a interpelar a sabiendas de que la secretaria general de la Presidencia jamás concurriría a los recintos. Sí lo hizo a los palcos, desde donde siguió sesiones que le interesaban especialmente.

CRISTIAN RITONDO.

El jefe del bloque Pro estuvo muy cercano a La Libertad Avanza a lo largo de todo el año, en el marco de las negociaciones para hacer una alianza entre su partido y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La alianza llegó a buen puerto, pero en el camino debió exponerse a fotografiarse un día con buzo violeta.

Sobre el final del año esa cercanía se enfrió, primero a partir del proceso de cooptación de diputados del partido amarillo, que le permitió a LLA convertirse en primera minoría, en detrimento de la bancada que conduce Ritondo. Y en la última sesión, cuando tuvo un cruce con Martín Menem por la sorpresiva designación de los auditores nombrados por la Cámara baja, que llenó de indignación a Ritondo, que llevó el tema a la justicia.

JOSE LUIS ESPERT.

“El Profe”, como con admiración lo llamaba su amigo Javier Milei, vivió un año marcado por un ascenso político significativo, seguido por un derrumbe mediático y judicial intenso. Con una primera mitad de proyección y fortalecimiento mediático. Allá por el mes de junio, una encuesta de Giacobbe reflejaba que Espert había consolidado su visibilidad en Buenos Aires, con apenas un 3% de desconocimiento entre los encuestados. Su imagen neta era negativa (-31,3 %), pero con buena intención de voto: 39,1 % en territorio provincial, superando al kirchnerismo (33 %). En agosto, fue confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza en PBA, con el aval explícito de Javier Milei.

Como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, su función fue siempre evitar que la misma se reuniera, razón por la cual la oposición tuvo que recurrir a la herramienta de los emplazamientos, con lo cual consiguió forzarlo a convocar a la comisión.

Ya en campaña, fue objeto de un escrache en su casa, donde militantes kirchneristas arrojaron excrementos al frente de la misma.

Hacía campaña junto al Presidente y durante un episodio violento en Lomas de Zamora, terminó abandonando el lugar a bordo de la moto de un supuesto militante que lo sacó del lugar. Apuntalado por el Presidente, estaba claro que Espert se erigía como probable candidato a gobernador en 2027. De hecho, ya con esa aspiración había concurrido a Bahía Blanca cuando el desastre climático en esa ciudad, y generó polémica su aparición en una foto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero ya cerca de las elecciones, comenzó a derrumbarse. El 7 de octubre fue formalmente imputado por el fiscal federal Fernando Domínguez por presunto lavado de activos, a raíz de un pago de USD 200.000 recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Nuevamente el principal sostén de su candidatura fue Milei, hasta que su presencia al frente de la lista de La Libertad Avanza se hizo insostenible y tuvo que renunciar a su candidatura. Atribuyó su salida a una “operación mediática” y acusó a la “maquinaria del sistema” de orquestar una campaña en su contra.

Su primera y última aparición pública tras el escándalo fue cuando concurrió a votar, en listas donde LLA no pudo evitar que su cara siguiera apareciendo al tope de la misma. Asediado por la prensa, pidió “respeto” y evitó hablar de su situación.

MAXIMILIANO ABAD.

Fue un año de alta visibilidad política, coronado por la obtención del Premio Parlamentario 2025 en el Senado de la Nación. Dentro de la moderación que conservó, mantuvo su rol opositor frente al gobierno de Javier Milei, su protagonismo dentro del radicalismo bonaerense y su apuesta por reposicionar a la UCR como fuerza ordenadora del sistema político.

En enero reunió a más de 1.200 dirigentes en Mar del Plata, donde llamó a construir “una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores” y enfatizó que el radicalismo debía dejar de ser espectador para convertirse en protagonista del rumbo nacional. A lo largo del año se profundizaron las tensiones internas de la UCR bonaerense. La conformación del frente Somos Buenos Aires expuso fracturas, fugas y fuertes disputas en un contexto donde el sector de Abad buscó mantener el control partidario y apuntalar una estrategia electoral propia.

En el plano nacional, Abad se consolidó como una de las voces radicales más críticas del gobierno libertario. Señaló reiteradamente la “improvisación, aislamiento y falta de gestión política” del Ejecutivo, y advirtió que la falta de diálogo con gobernadores y el Parlamento debilitaba al propio gobierno. También rechazó la idea de salidas anticipadas, asegurando que “nunca me voy a subir al club del helicóptero”. Uno de los ejes centrales de su actividad legislativa fue la discusión presupuestaria. Primero pidió diálogo para el Presupuesto 2025, y a fin de año anunció que votaría en general a favor del Presupuesto 2026 pero rechazaría el Capítulo II, al considerar que eliminar el piso del 6% del PBI para educación y los fondos para ciencia “condena a la Argentina a la mediocridad”.

VICTORIA TOLOSA PAZ.

La diputada de Unión por la Patria tuvo en 2025 un año de fuerte reposicionamiento político. En los primeros meses del año, Tolosa Paz se convirtió en una de las voces más visibles del Movimiento Derecho al Futuro, el nuevo espacio impulsado por Axel Kicillof. Desde allí afirmó públicamente que “hay una etapa cerrada en la conducción de Cristina Kirchner”, cuestionando intervenciones del PJ en varias provincias y reivindicando la necesidad de renovar el liderazgo dentro del peronismo. Paralelamente, endureció su postura frente al Gobierno nacional. En repetidas intervenciones radiales y públicas criticó duramente el programa económico de Javier Milei, advirtiendo que “la Argentina está cada día un poquito peor” y denunciando el impacto del DNU 340/2025 sobre la industria pesquera y la marina mercante. También cuestionó la búsqueda de dólares vía blanqueos y el supuesto alineamiento con el FMI.

Su rol legislativo también cobró centralidad: impulsó proyectos como la declaración de emergencia en discapacidad, señalando que las políticas de ajuste del Gobierno ponían en riesgo derechos básicos, y reclamó tanto la actualización de programas laborales como la ampliación de altas paralizadas. En marzo, fue protagonista en el Congreso al promover la declaración de emergencia para Bahía Blanca y distritos afectados por el temporal, denunciando la “ausencia del Estado nacional” y reclamando que el Gobierno asuma la reconstrucción.

Protagonista en todos los grandes debates en el recinto, Tolosa Paz tuvo también un rol central en el debate por el escándalo de las muertes por fentanilo contaminado y/o adulterado. Participó como secretaria de la comisión investigadora sobre ese tema, y cerró el año consagrándose ganadora del principal Premio Parlamentario 2025 en la Cámara baja.

NICOLÁS MASSOT.

Opositor sin ruptura, crítico sin caer en el anti-mileísmo, y con un discurso institucionalista que lo posicionó como referente del espacio dialoguista, aunque distante del oficialismo, Nicolás Massot se consolidó como una de las voces opositoras más activas, críticas y técnicas dentro del Congreso frente al gobierno de Javier Milei. Comenzó el año planteando reparos severos al DNU que habilitó un nuevo acuerdo con el FMI, del cual se abstuvo en la votación. Denunció una estrategia de “extorsión” del Gobierno -primero con el miedo al retorno de Cristina Kirchner y luego con la amenaza de una suba del dólar- y criticó la falta de transparencia y límites institucionales en la negociación. Su planteo fue claro: la crisis era principalmente política, no económica, y el Ejecutivo debía reconstruir consensos con el Congreso.

Massot adquirió relevancia en el debate previsional al defender el aumento del 7,2% a las jubilaciones, resaltando que la fórmula aprobada era una iniciativa de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la UCR, y no del Gobierno. Criticó las prioridades fiscales del oficialismo, señalando que había fondos para blanqueos, exenciones de bienes personales y beneficios a autos de lujo, pero no para actualizar haberes.

En septiembre, quedó en el centro de la escena por un encendido discurso sobre el conflicto Israel–Palestina. Cuestionó al Gobierno de Milei y al canciller Gerardo Werthein por votar en contra del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de “genocida”. Sus declaraciones generaron una dura condena de la DAIA por “banalizar la Shoá”, pero al mismo tiempo recibieron un resonante elogio de Cristina Fernández de Kirchner, que calificó su intervención de “extraordinaria”.

Participó activamente de comisiones vinculadas al Presupuesto 2026, en un contexto de duros desacuerdos entre el Ejecutivo y la oposición sobre financiamiento educativo y universitario. Cuando finalmente el proyecto perdió el Capítulo XI, hizo un intento para salvar algunos de los artículos caídos incorporando parte del dictamen de minoría que él había impulsado.

JULIANA SANTILLÁN.

En pleno conflicto por el Hospital Garrahan, en junio de 2025, durante un programa de TN, tres médicas residentes explicaban que cobraban menos de $800.000 por mes, aun trabajando jornada completa y realizando guardias de 24 horas. Sostenían que con ese monto no podían cubrir un alquiler ni llegar a fin de mes, y fue en ese contexto que la diputada libertaria Juliana Santillán intervino para desacreditar el reclamo citando un dato erróneo de la canasta básica: “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC”, señaló. Pero el dato que mencionó no correspondía a una familia, sino a una persona adulta.

A pesar de que los presentes en el estudio y las propias médicas le señalaron el error en vivo, Santillán siguió sosteniendo su afirmación. Incluso insistió en que una persona “podía vivir con 360 mil pesos, incluso alquilando”. El episodio se convirtió en uno de los momentos más polémicos del año para Santillán.

MÓNICA FEIN.

En su último año de mandato como diputada nacional, su agenda estuvo atravesada por tres grandes ejes: salud y políticas sociales, defensa institucional frente al Gobierno de Javier Milei. A mediados de año impulsó el tratamiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y de la red pediátrica de todo el país. Asimismo, mantuvo una posición crítica frente al veto presidencial a leyes vinculadas con la emergencia en discapacidad y con el sistema pediátrico, acusando al Gobierno de “insensibilidad” y de haber mentido sobre el costo real de las políticas de inclusión.

Como dato principal estuvo su rol al frente de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado y/o Adulteradio, que elaboró 20 recomendaciones tras la muerte de decenas de pacientes y el hallazgo de irregularidades graves en cadenas de suministro.

JOSÉ MAYANS.

El senador formoseño denunció sistemáticamente que el Gobierno pretendía anular o clausurar el Poder Legislativo, especialmente mediante los reiterados vetos presidenciales y la ausencia de un presupuesto durante dos años. Tras una sesión clave en julio donde se aprobaron aumentos jubilatorios y reformas en discapacidad, declaró que la jornada había sido “plenamente válida” y que el Ejecutivo buscaba desconocerla para evitar rendir cuentas. En su visión, Milei gobernaba “a decretazos”, sin respetar el sistema republicano ni federal, y escondiendo el endeudamiento real del Estado mediante la falta de presupuesto actualizado.

En diciembre, Mayans fue uno de los principales artífices de la oposición al Presupuesto 2026, al que calificó como un proyecto “exprés”, “inconstitucional”, “sin visión republicana” y que pretendía “anular al Congreso”. Criticó duramente al ministro de Economía, Luis Caputo, por no presentarse a defender el proyecto, afirmando que le “tiene terror” al Parlamento.

En el final del año, dio un anticipo de lo que seguramente se vivirá el próximo año, confrontando con la flamante presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a la que acusó en plena sesión de ser “totalmente inoperante” tanto como ministra de Seguridad como jefa de bloque y de buscar “embarrar la cancha”.

Muy crítico de las intenciones oficiales de privatizar el sistema nuclear, propuso declararlo como “bien público estratégico no enajenable”.

SILVANA GIÚDICI.

En el marco de la estrategia desarrollada por el bloque Pro, ella mantuvo siempre posturas cercanas al oficialismo y fue una constante defensora de las posturas del Gobierno nacional en el recinto. Rol que oficializó cuando después de las elecciones de octubre concretó su traspaso al bloque de La Libertad Avanza, en el que es ahora secretaria Parlamentaria -la misma función que cumplía en el Pro-. Tuvo también mucho protagonismo en el tema del fentanilo contaminado, siendo impulsora de la comisión investigadora en la que ocupó la vicepresidencia.

DIEGO SANTILLI.

Participó junto a Cristian Ritondo de las negociaciones entre el Pro y La Libertad Avanza que alumbraron una alianza en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, evitó la foto con el buzo violeta en la que sí estuvo su amigo Ritondo. En esa lista conformada ocupó el tercer lugar, y luego trepó al primero, tras la renuncia de José Luis Espert. Y si bien su rostro no estuvo en la boleta que siguió exhibiendo la cara de “el Profe”, tuvo gran protagonismo y parte del triunfo de LLA en esa elección debe concedérsele.

Fue ungido ministro del Interior y desde ese cargo protagonizó las negociaciones con los gobernadores que tuvieron su correlato en la aprobación del Presupuesto 2026 a fin de año, sesiones en las que permaneció en el Congreso de la Nación, desarrollando tareas tras bambalinas.

EDITH TERENZI.

Uno de los hitos del año fue la sanción de la Ley Nicolás, proyecto impulsado por la propia senadora Edith Terenzi y aprobado en septiembre. La iniciativa establece un sistema estructural de seguridad en la atención médica, incorporando notificación obligatoria de errores, formación continua, verificación profesional e informatización de historias clínicas. Representó una victoria política y social, especialmente para las familias organizadas contra la mala praxis.

Impulsó también un proyecto que prevé la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) en el Programa Nacional de Pesquiza Neonatal, que obtuvo media sanción en el Senado y que ella misma personalmente salió apuntalar durante su tratamiento en Diputados.

Además, esta senadora alineada con el gobernador de Chubut Ignacio Nacho Torres tuvo un papel central en la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, donde presentó un dictamen alternativo con modificaciones, incorporando un nomenclador pediátrico y mayores niveles de transparencia. Si bien su propuesta generó tensiones con el kirchnerismo -que quería aprobar sin cambios la media sanción de Diputados- mostró su iniciativa técnica y capacidad de negociación.

NICOLÁS MAYORAZ.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se convirtió en una de las voces libertarias más activas y visibles dentro del Congreso. Su rol estuvo atravesado por tres grandes ejes: reforma política, seguridad y Código Penal, y disputa provincial por la reforma constitucional en Santa Fe.

Fue la voz cantante del oficialismo en la suspensión de las PASO, votada en las extraordinarias de febrero. Respaldó esa postura afirmando que este mecanismo era “la encuesta más cara del país”, con un costo superior a 150 millones de dólares.

Mayoraz asumió un rol protagónico en la agenda de seguridad y justicia, uno de los pilares del mileísmo. Diversas intervenciones lo mostraron como principal vocero del oficialismo en temas tales como el “Protocolo Antipiquetes”, y la reforma del Código Penal.

Al margen de su labor nacional, Mayoraz fue uno de los protagonistas del debate por la reforma constitucional de Santa Fe, donde fue candidato a convencional constituyente. Acusó al gobernador Maximiliano Pullaro de haber impulsado una reforma “apresurada”, sin debate social previo, con el único objetivo de garantizar su reelección. En el marco de la Constituyente, propuso transformar la Legislatura de Santa Fe en un sistema unicameral para reducir gasto político, argumentando que la bicameralidad es cara e ineficiente.

Es sin dudas un dirigente con creciente peso en el armado electoral mileísta.

ALBERTO “BERTIE” BENEGAS LYNCH.

Uno de los preferidos de los hermanos Milei, fue una verdadera sorpresa su encumbramiento como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, cargo al que accedió tras ser desplazado José Luis Espert. Su rol al frente de la misma fue ponderado por propios y extraños, aun los más críticos, que destacaron su predisposición permanente, totalmente opuesta a su antecesor. Logró emitir el dictamen correspondiente no una, sino dos veces, pues lo hizo antes y después del recambio legislativo. Y consiguió la aprobación del proyecto en la Cámara baja, claro está.

VICTORIA VILLARRUEL.

2025 fue para la vicepresidenta de la Nación un año decisivo y complejo, marcado por su aislamiento político dentro del oficialismo, fuertes diferencias con Javier Milei, una disputa abierta por recursos y presupuesto del Senado, y una presencia cada vez más orientada a un rol institucional y simbólico, más que de poder real dentro del Congreso.

Villarruel quedó progresivamente apartada de las negociaciones políticas y de los espacios de poder en la Cámara alta. La aprobación del Presupuesto 2026 fue el episodio que consolidó este cuadro: la negociación quedó completamente en manos de Patricia Bullrich, ahora jefa del bloque libertario en el Senado, junto a Diego Santilli y Martín Menem, sin participación de la vicepresidenta.

En julio, el Presidente la criticó públicamente por el supuesto uso indebido de viáticos, luego de que Villarruel no asistiera al acto central de la Exposición Rural. En la apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei llegó a retarla en vivo cuando ella intentó cerrar antes de tiempo la actividad. En todas estas situaciones quedó expuesta la degradación del vínculo político y personal.

Uno de los temas centrales del año fue la disputa abierta con el Ejecutivo por la falta de fondos para el Senado. Villarruel denunció que el Senado entraría en déficit desde diciembre; que nunca en la historia se había visto “un cero” en rubros clave del presupuesto, y que Diputados -presidido por Martín Menem- sí tenía reconocidas partidas que al Senado le fueron negadas. Desde el Gobierno se atribuyó la situación a una “readecuación de partidas”, pero reconocieron que no podían modificar formalmente el Presupuesto 2026.

Sobre el final del año, Milei excluyó a Villarruel de un aumento salarial dispuesto para funcionarios, manteniendo “indefinidamente” congelado su sueldo, en una señal directa de distanciamiento.

A medida que era desplazada del centro de decisiones, Villarruel reforzó su presencia pública mediante gestos institucionales y religiosos, como la inauguración del Oratorio “Mamá Antula” en el Senado.

MARÍA PAZ BERTERO.

Tras el desplazamiento de la anterior defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Congreso se abocó a la selección de un sucesor, siendo elegida en la bicameral correspondiente María Paz Bertero, cuya designación ya tiene media sanción de Diputados alcanzada el 8 de octubre pasado. Contra los deseos del oficialismo, que en boca de Nicolás Mayoraz la rechazó vivamente. Resta que el Senado le dé su aval para que se convierta oficialmente en defensora del Menor.

VALENTINA BASSI.

Elegimos a la actriz en representación de los miles de familiares de discapacitados que presionaron por la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Valentina Bassi participó activamente en las movilizaciones que consiguieron el apoyo de la mayoría de los legisladores, al punto tal de lograr el rechazo del veto presidencial. El papel de Bassi fue más allá, porque estrenó una película sobre el autismo y como tantos otros, llamaron personalmente a los legisladores para conseguir su apoyo.

La noche del viernes, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, pero lo hizo renunciando a un horizonte de país deseable. Con el artículo 30, el oficialismo derogó los pisos mínimos de inversión en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional. No es un hecho menor ni meramente técnico: es un hecho político de enorme peso simbólico y totalmente regresivo.

Es cierto que algunos de esos artículos no se cumplieron cabalmente en los últimos años, pero eso no los vuelve irrelevantes. Al contrario, su vigencia obligaba y marcaba una hoja de ruta e inversión. Eran un compromiso del Estado a largo plazo, más allá de quién gobernara. Al derogarlos no están “sincerando” la realidad, sino que la empeoran.

La coyuntura económica y el objetivo deseable de equilibrio fiscal, como mucho podrían haber dado lugar a la suspensión de los artículos. Prefirieron derogarlos porque no creen en ellos, violando la Ley de Administración Financiera que prohíbe taxativamente hacerlo en una ley de presupuesto.

Milei, Sturzenegger y Caputo saben bien que lo simbólico construye lo real. La eliminación de estos artículos no tiene efectos presupuestarios inmediatos, pero hace que la educación, la ciencia y la técnica dejen de ser prioridades del Estado. Es correr el piso y bajar la vara, naturalizando el ajuste en estas áreas como horizonte permanente.

Con esa misma tozudez fue que en Diputados intentaron voltear el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. No lo lograron. Ahora, en cambio, la estrategia decadente de carancheo y transfuguismo del Gobierno fue efectiva. Y es un retroceso profundo, aunque algunos senadores y gobernadores intenten maquillarlo con tecnicismos, necesidades de gestión u obras de cordón cuneta.

Detrás de la excusa de la austeridad está la resignación. Podíamos tener un presupuesto aprobado con equilibrio fiscal sin resignar este horizonte de inversión en ciencia, desarrollo y formación de nuestro capital humano.

No tengo dudas de que todo pasa, y esto también pasará. Tarde o temprano, los argentinos vamos a recuperar el sentido y reconstruir los oficios del lazo: educar, cuidar y curar.

Mientras la Justicia no registra avances significativos en la causa por la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados, publicó este lunes un extenso y duro pronunciamiento en el que sostuvo que ya está confirmada la existencia de una relación contractual entre Hayden Davis y el Gobierno de Javier Milei.

El planteo del legislador opositor se apoya en la investigación periodística publicada por Mariano Vidal en Clarín, que reveló que el impulsor de $LIBRA firmó un acuerdo confidencial con el presidente para desempeñarse como asesor ad honorem del Estado argentino, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda que luego terminó en escándalo.

Ferraro vinculó directamente esa revelación con las conclusiones alcanzadas por la Comisión Investigadora $LIBRA y volvió a cuestionar la inacción judicial, al tiempo que reclamó una segunda etapa de investigación política en el Congreso.

El posteo completo de Ferraro

En su cuenta de X, el diputado nacional publicó el siguiente texto:

“$LIBRA: MIENTRAS LA JUSTICIA NO AVANZA, SE CONFIRMA LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE HAYDEN DAVIS Y EL GOBIERNO DE MILEI

Hoy el periodista Mariano Vidal confirmó en Clarín que existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado.

Nada fue casual ni improvisado, todo se sabía. La relación de Davis con Milei no fue ocasional ni de un solo día. Hubo más de 16 reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, con participación de los organizadores de $LIBRA en la Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en varias de ellas del propio Davis, junto a Javier o Karina Milei, quienes hasta ahora han preferido el silencio absoluto frente a los requerimientos y preguntas que les hicimos desde la Comisión Investigadora, y a casi un año no han sido citados por la Justicia.

Además, se verificaron transacciones de criptoactivos en momentos clave, que también fueron analizadas por la Comisión Investigadora en su reunión del 4/11/25 y quedaron incorporadas en el informe final: durante el Tech Forum, tras la reunión del 30 de enero en Casa Rosada y en la semana previa al lanzamiento de $LIBRA, que tuvo lugar el 14 de febrero desde Dallas, donde Novelli y Terrones Godoy estuvieron presentes. En cada una de esas transacciones hubo sospechosos intermediarios que funcionaron como rampas de salida del dinero, que según el informe elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) ‘podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos’.

Con toda esta información pública, y comprobados los encuentros y las relaciones entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios públicos del Estado argentino, resulta increíble e inadmisible que la Justicia siga sin citarlos, sin investigar la participación institucional del Estado ni el rol de sus máximos funcionarios, sin determinar los cruces de llamadas y comunicaciones entre los organizadores de $LIBRA con el Presidente y su círculo más cercano.

Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor. La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”.

El contrato confidencial revelado por Clarín

La publicación de Clarín confirmó que Hayden Davis, titular de la firma Kelsier Ventures y principal impulsor de $LIBRA, firmó un acuerdo confidencial con Javier Milei el 30 de enero de 2025, durante una reunión en Casa Rosada que quedó registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”.

Según la investigación periodística, el contrato —redactado en español y firmado por Davis y Milei— nombraba al empresario estadounidense como asesor especializado ad honorem para la Argentina, pese a que Davis no domina el idioma. El documento estaba fechado el 29 de enero, un día antes de la reunión, y establecía compromisos en materia de blockchain, inteligencia artificial, digitalización del Estado, contratos inteligentes y capacitación de funcionarios públicos.

El acuerdo incluía además una cláusula de confidencialidad absoluta, lo que explicaría por qué nunca fue informado oficialmente ni mencionado por el Presidente, incluso después de estallar el escándalo por el lanzamiento de $LIBRA.

La nota de Clarín reconstruyó además el vínculo sostenido entre Davis y el entorno presidencial. El empresario estadounidense ingresó en reiteradas oportunidades a Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, muchas veces autorizado por Karina Milei, acompañado por los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron como nexo local del proyecto.

Tal como había señalado la Comisión Investigadora, durante esos encuentros se produjeron transacciones en criptomonedas en momentos clave, incluyendo el día de la reunión del 30 de enero y en la previa del lanzamiento del token el 14 de febrero en Dallas. Según informes oficiales citados por Ferraro, esas operaciones “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.

El rol del Congreso y la investigación pendiente

Para Ferraro, la confirmación del contrato entre Davis y Milei refuerza la hipótesis de que el caso $LIBRA no fue un episodio aislado ni una simple promoción imprudente en redes sociales, sino una trama con implicancias institucionales que aún no fueron esclarecidas.

En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica volvió a reclamar que el Congreso retome su función de control, ante la falta de avances en la Justicia argentina, donde —según remarcó— ni el Presidente ni su entorno más cercano fueron citados a declarar, pese a la abundante información reunida.

La Comisión Investigadora $LIBRA cerró su primera etapa con un informe que dejó múltiples interrogantes abiertos. Para Ferraro, la revelación del acuerdo confidencial vuelve a poner el caso en el centro de la escena política y reactiva el debate sobre las responsabilidades del Gobierno en uno de los escándalos más sensibles de la gestión Milei.

Detrás del noble fin que muchos compartimos de garantizar el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, el Gobierno y La Libertad Avanza quieren hacer pasar a las apuradas la ley de “regla fiscal”, con un texto choca abiertamente con la Constitución, vacía al Congreso y concentra poder en el Ejecutivo en materia presupuestaria y fiscal.

Hoy lo trata la Comisión de Presupuesto y Hacienda y mañana lo llevan al recinto, a pesar de estos puntos, que me parecen gravísimos y que me hacen creer que pocos lo han leído o estudiado:

1.- Disciplinamiento del Congreso: El proyecto pretende condicionar y ponerle un cepo al debate y sanción de leyes sobre prioridades presupuestarias. Con exigencias previas al debate en comisión o con vigencia condicionada de las leyes, lo que están haciendo con esta simple ley es alterar el espíritu y el texto constitucional, que establece claramente cómo es el proceso de sanción y formación de las leyes en la Argentina.

2.- Superpoderes al jefe de Gabinete: Lo habilitan a recortar y modificar el presupuesto que vota el Congreso, sin límites, sin topes y sin control ex post. Así, el Congreso solo hará el acto formal de aprobar un presupuesto que después el Ejecutivo va a poder borrar con una lapicera. Esto es usurpación y concentración de funciones constitucionales.

3.- Inventan nulidades absolutas e insanables que no existen: Pretenden declararlas automáticamente para las leyes que no se ajusten a la “regla fiscal”, pero las nulidades absolutas e insanables están expresamente reservadas por la Constitución. Una ley ordinaria no puede inventar nuevas nulidades ni colocarse por encima de leyes futuras del Congreso.

4.- Amenazan a los legisladores con el Código Penal: Estiran y abusan del artículo 36 de la Constitución, que sanciona delitos gravísimos contra el orden democrático, como los de lesa humanidad o la corrupción estructural, y lo utilizan como herramienta de amenaza y disciplinamiento político.

5.- Modificaciones penales sin debate penal: Crean nuevos tipos de delitos y ni siquiera envían el proyecto a la Comisión de Legislación Penal. Todo se va a cocinar en Presupuesto y Hacienda, esquivando a propósito a los diputados especialistas en materia penal. Si lo hicieran, este disparate no pasaría ningún control serio.

6.- Disciplinan al Congreso, pero para el Ejecutivo no hay prohibición: Hablan de estabilidad monetaria, pero no se animan a prohibir de verdad el gasto vía emisión del Banco Central. No modifican la Carta Orgánica ni restringen los adelantos transitorios; apenas expresan que el Ejecutivo “deberá abstenerse” de pedirlos. Justo donde más daño se hizo, la limitación es tibia y decorativa.

Estamos a tiempo de evitar este papelón. Con estudio, diálogo y respeto por la Constitución, se puede construir una regla fiscal seria y sostenible. Otros países lo hicieron y Argentina también puede hacerlo.

Ojalá que los diputados del presidente sean algo más que levantamanos y demuestren que pueden leer el proyecto, estudiarlo y evitar una ley que nacería muerta por inconstitucional.

Si no lo hacen, entonces la regla fiscal será circo para la tribuna, cepo al Congreso y concentración en el Ejecutivo. Las leyes en la República tienen que ser pensadas más allá del propio gobierno, tienen que ser sostenibles en el tiempo, pero con esta redacción eso no va a pasar.

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo político. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso que analizó el caso, aseguró que el lanzamiento del token “fue lujosamente premeditado” y volvió a poner bajo la lupa la presunta vinculación directa del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano con el negocio cripto que terminó en colapso.

Ferraro se hizo eco de la investigación publicada por el periodista Mariano Vidal este domingo en Clarín, que reconstruyó con precisión el detrás de escena del lanzamiento de $LIBRA, realizado el 14 de febrero en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, un resort de ultra lujo ubicado en las afueras de Dallas, Texas. Allí, un equipo operativo de más de 25 personas —encabezado por el empresario estadounidense Hayden Davis— montó una base logística para lanzar el token que minutos después sería promocionado desde la cuenta oficial del presidente argentino.

“Nada fue improvisado. El despliegue fue directamente proporcional al volumen del negocio”, afirmó Ferraro en un posteo en X, donde detalló cenas de trabajo de más de 50.000 dólares, alquiler de villas privadas, reuniones en estadios de la NBA y un entramado de contactos que, según sostuvo, se desarrolló “en contacto directo y permanente con Javier Milei y su entorno, antes, durante y después del desenlace de $LIBRA”. 

Dallas, lujo y criptomonedas

La investigación periodística describe una escena poco habitual para un lanzamiento financiero convencional: veinteañeros millonarios, laptops abiertas contrarreloj, música rap sonando de fondo y un clima de euforia contenido en un salón privado del Ritz-Carlton. A las 16.37 (hora local), el token fue finalmente lanzado. Veintitrés minutos más tarde, Milei lo promocionó en su cuenta de X.

En el lugar estaban, además de Davis, los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como nexos entre el creador del token y el presidente. Ambos aparecen en fotografías del evento y, según el testimonio recogido por Clarín, entraban y salían del salón mientras mantenían contacto directo con Milei.

El token pasó en minutos de valer centavos a alcanzar una valuación cercana a los 4.000 millones de dólares, antes de desplomarse de manera abrupta. La caída desató acusaciones de estafa, denuncias judiciales en Argentina y en Estados Unidos y un escándalo político que el Gobierno nunca logró desactivar del todo.

Reuniones, vínculos y sospechas

Ferraro recordó que, de acuerdo con la investigación parlamentaria, hubo al menos 16 encuentros previos entre los organizadores de $LIBRA y Milei o su hermana Karina Milei, tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Uno de ellos, incluso, se habría extendido por más de seis horas.

“No tengo dudas de que formaron parte de un paso a paso que los llevó a involucrarse directamente como pieza central en un negocio millonario, reservado a unos pocos con información privilegiada”, afirmó el legislador de la Coalición Cívica.

La Comisión Investigadora logró además identificar movimientos cripto millonarios vinculados a billeteras asociadas a Novelli y Terrones Godoy, incluyendo transferencias que coinciden con reuniones mantenidas en Casa Rosada. Pese a esos hallazgos, ninguno de los involucrados aceptó declarar ante el Congreso y la comisión dejó de funcionar el 10 de diciembre, tras presentar un informe final lapidario.

Justicia bajo presión

En ese informe, la Comisión señaló una “colaboración imprescindible” del presidente en el esquema y sugirió que el Congreso evalúe su conducta por mal desempeño. Sin embargo, el Ejecutivo desconoció la comisión y la Justicia no habilitó el uso de la fuerza pública para citar testigos.

En paralelo, la causa judicial avanza con dificultad. Los abogados de los damnificados pidieron la recusación del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de dilatar medidas clave y de no citar a declarar a los empresarios señalados como intermediarios. En Estados Unidos, la investigación también enfrenta obstáculos procesales.

“Aunque evadieron a la Comisión Investigadora, los hechos son sagrados”, remarcó Ferraro. Y concluyó con una advertencia que resume el trasfondo político del caso: “Que la Justicia deje de mirar para otro lado e investigue al poder cuando está en el poder”.

A diez meses del lanzamiento fallido de $LIBRA, el escándalo sigue abierto. Con ganadores, perdedores y millones de dólares todavía bajo sospecha, la trama cripto amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos del vínculo entre el Gobierno libertario y el mundo financiero digital.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, posteó en vísperas de la reunión de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA su presidente, Maximiliano Ferraro. Allí anticipó que el informe final “incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

La reunión está prevista para este martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, y será el último escalón recorrido por esta comisión que a lo largo del año trabajó con altibajos, pues recién pudo meterse de lleno en tema a partir de que pudo designar autoridades, el 28 de agosto pasado, convocada a instancias del pleno, que emplazó a resolver las autoridades de la comisión mediante un sistema votado en el recinto.

Le siguieron a esa reunión otras nueve y la de este martes será la décima, en la que se dará a conocer un informe final que será elevado a Diputados antes del 20 de noviembre. Un expediente que, según se sabe, cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, testimonios, documentos de exchanges, informes técnicos y dictámenes.

La comisión investigó activamente durante los tres meses posteriores. Entre los testimonios más reveladores, cabe recordar el de Martín Romeo, damnificado y querellante, quien relató que 86% de los inversores perdió casi todo su dinero en menos de 12 horas, por un total de USD 280 millones retirados del mercado.

En ese marco, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomoneda, sostuvo que no hubo estafa, lo que generó visiones contrapuestas.

En rigor, esos testimonios se conocieron ya no en los últimos tres meses, sino en la reunión informativa celebrada el 25 de junio, cuando también se había emplazado a la comisión a avanzar con la investigación aun cuando no tenía autoridades. Esa reunión fue encabezada entonces por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, y allí expusieron también Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas.

Solo una interpelación de cuatro

Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.

Añadió, también, que “tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”. Y cerró respondiendo a las acusaciones contra su persona: “como jefe de Gabinete, no tuve ningún rol en esta cuestión”.

El jefe de Gabinete hizo referencias a la comisión investigadora señalando que “en un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional”, y enfatizó que “la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control sobre los poderes del Estado”. “No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, agregó Guillermo Francos, quien, además, indicó que “de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces y Ministerio Público Fiscal”.

“Desinterés” oficialista

La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.

Tampoco los diputados de La Libertad Avanza mostraron mayor interés en el trabajo de la comisión, y sobre el final, la diputada Alida Ferreyra definió el proceso como “nulo”, denunciando vulneración de garantías. En contrapartida, Sabrina Selva, quien fuera sugerida como titular de la comisión por Unión por la Patria, defendió la participación de la Justicia. La diputada bonaerense expuso que 36 billeteras superaron ganancia de un millón de dólares y apuntó a una presunta “cooperación” para monetizar imagen presidencial.

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Mauricio Novelli, recibiendo USD 300.000 en noviembre 2024 y USD 250.000 en enero 2025.

La comisión reaccionó con medidas legales y recursos extraordinarios. Presentó uno ante la Corte Suprema para permitir uso de fuerza pública frente a bloqueos procesales, como así también denuncias penales contra un grupo de funcionarios: desde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta autoridades de la UIF, CNV, y figuras judiciales.

Según el diputado Juan Marino, existen “indicadores de mal desempeño” en Milei y su entorno, tras analizar decenas de órdenes de pago, incluidas hasta 140.000 billeteras.

Los medios especializados sostienen que el 85 o 95% de las inversiones se volatilizaron rápidamente, describiéndolo como un “rug-pull” impulsado por el tuit presidencial emitido el viernes 14 de febrero.

Enfrentamiento con el juez

La actitud del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi frente a la Comisión Investigadora del Congreso por la causa $LIBRA fue, para los miembros de la oposición que la integran, claramente obstructiva y restrictiva. Negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora, argumentando que el sumario judicial es secreto para terceros y que divulgar información podría frustrar la investigación. Se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también se opuso al acceso irrestricto solicitado por los diputados. También rechazó pedidos clave: no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.

Su fallo fue calificado como un “no fallo” por especialistas, por usar formalismos para evitar avanzar en la instrucción y bloquear el control institucional del Congreso. En el Congreso se interpretó como un “fallo político”, ya que la negativa se produjo justo después de las elecciones, lo que generó sospechas de protección al entorno presidencial de Javier Milei.

La comisión aprobó pedir el jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano por obstrucción e incumplimiento de deberes. Pero este lunes Maximiliano Ferraro junto a sus pares Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino visitaron la Fiscalía N.º 3 y le entregaron al fiscal Taiano prueba relevante para la investigación que está llevando adelante en la Justicia. “Le manifestamos que nos hubiera gustado poder reunirnos antes, pero como hoy presentábamos el informe final, consideramos fundamental acercarle toda esta última información. Entre lo aportado, incluimos información que podría estar vinculada a pagos indirectos a funcionarios públicos, tal como surge de la línea de investigación a cargo de la Fiscalía y que se relaciona con una de las supuestas cuevas cripto. Hicimos este aporte teniendo muy en claro cuáles son nuestras competencias y cuáles son las de la Justicia, y, en este caso, las del fiscal a cargo”, señaló Ferraro este martes.

¿Qué sigue tras el informe final?

La comisión elevará el expediente al juzgado federal a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, abiertos a continuar las causas en la órbita judicial.

Según pudo saber parlamentario.com, el informe incluirá:

• ■ Conclusiones sobre fraude y mal uso de atribuciones.
• ■ Recomendaciones para reformar regulaciones de criptomonedas.
• ■ Propuestas judiciales, incluyendo denuncias y recurso contra bloqueos procesales.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro volvió a reclamar a través de sus redes sociales por la ley de prevención de la ludopatía infantil, con media sanción de Diputados y que espera su tratamiento en el Senado. Aunque el año que viene conservará vigencia, el recambio parlamentario pone en alerta a los impulsores de la norma, atento que el oficialismo se opone al proyecto que salió hace un año atrás.

El porteño publicó este miércoles una carta abierta a los senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta, titulada “No va más, la ludopatía no es un juego”.

“Hace un año, la Cámara de Diputados dio un paso fundamental al aprobar por amplia mayoría la media sanción de la ley de prevención de la ludopatía. Fue un consenso transversal, nacido de escuchar a especialistas, docentes, profesionales de la salud, familias y jóvenes que dieron testimonio del daño que las apuestas están generando en miles de pibes y pibas de todo el país”, arrancó.

En ese sentido, remarcó que “hoy es el Senado el que tiene la responsabilidad y la obligación de convertir esa media sanción en ley. No mirar para otro lado también es una forma de cuidar”.

“No se trata de un tema menor ni de una cruzada moral, hablamos de salud pública, de salud mental, de educación y de protección de derechos. Hablamos de chicos endeudados, de familias destruidas, de un negocio multimillonario que crece a costa de la vulnerabilidad de los más jóvenes”, advirtió el legislador.

Sobre la iniciativa, destacó que la misma “pone límites claros: prohíbe la publicidad, el patrocinio y los sponsoreos del juego online, especialmente en redes sociales, transmisiones deportivas y espacios donde hay presencia de menores. Porque no podemos seguir permitiendo que las apuestas se instalen en la vida cotidiana de los pibes como si fueran parte del juego o del deporte”.

“Estamos a pocos días de que termine el período legislativo. Qué bueno sería que, más allá de las diferencias, se pongan de acuerdo y traten esta ley sobre tablas, que muestren un rostro humano ante un problema que atraviesa a todas las familias argentinas”, pidió.

Ferraro consideró que no se puede dejar que “los intereses del lobby de las empresas del juego ni el afán recaudatorio del Estado pesen más que la salud mental y el futuro de los pibes y sus familias”. “Cada día que pasa sin esta ley es un día más en el que perdemos chicos en silencio”, agregó.

“Senadoras y senadores: tienen la oportunidad, la responsabilidad, de hacer lo correcto. De elegir la salud antes que el negocio, y la vida antes que la indiferencia”, subrayó y reconoció a un grupo de periodistas que “se animaron a poner este tema en la agenda pública” y “le dieron voz a una problemática que muchas veces se pretende ocultar detrás de la publicidad y el negocio”.

También envió un “reconocimiento muy especial a cada uno de los testimonios que escuchamos en el plenario de comisiones de Diputados y, en particular, a la Conferencia Episcopal Argentina, a Monseñor Ojea y a Monseñor Colombo, por su compromiso, claridad y coraje para señalar los riesgos de esta adicción que destruye vidas y familias”. “No hay libertad posible en la adicción”, concluyó en su posteo.

De cara a la última reunión el próximo 18 de noviembre, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aseguró que habrá "un informe muy contundente" y manifestó que los miembros que participaron del proceso están "muy conformes con el trabajo que pudimos hacer todos estos meses, pese a un camino lleno de obstáculos puestos por La Libertad Avanza y sus aliados".

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica destacó "la transversalidad política y responsabilidad con la que se trabajó ".

Sobre las conclusiones y recomendaciones a futuro, adelantó: "Tenemos que poder recomendar a la Cámara de Diputados una segunda etapa de la comisión investigadora". Y llamó a "ser perseverantes en la búsqueda de la verdad", al tiempo que el Congreso no pierda su rol de contralor político.

Respecto de la investigación, el porteño señaló que se confirmó información sobre "la conexión de (Hayden) Davis, (Manuel) Terrones Godoy, (Mauricio) Novelli y el dueño de una cueva financiera cripto en fechas muy relevantes, que coinciden con todo lo que atravesó al proyecto $LIBRA hasta lo que fue la publicación del presidente el 14 de febrero" a través de la red social X.

"Estamos hablando de una trazabilidad de dinero de alrededor de 3 o 4 millones de dólares", precisó y continuó: "Esto ratifica nuestro trabajo, que lejos de entorpecer el trabajo de la Justicia y teniendo muy claro cuál es el rol del Congreso, fortaleció la búsqueda de la verdad y activó de una buena vez por todas al fiscal (Eduardo) Taiano y al propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi".

Además, Ferraro ratificó que presentarán las denuncias correspondientes contra el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó para investigar al presidente; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Al recordar antecedentes de comisiones investigadoras, bajo gobiernos de distintos signos, el diputado apuntó que "distintos funcionarios nunca se negaron a venir a brindar información" como sí sucedió en este caso, en "una clara maniobra de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizó.

Y sumó que presentarán "un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque fue inaudito esta decisión del juez Martínez de Giorgi" de negarse a brindar asistencia a la comisión mediante la fuerza pública.

Tras el pedido de las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos elevados para detener a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También fue denegado el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.

Sobre la petición elevada por Maximiliano Ferraro, en su rol de presidente de la comisión, De Giorgi consideró que no hay legitimación para acceder al expediente. “Podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”, señaló el dictamen del juez, quien también mencionó que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.

Respecto a los pedidos de detención, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy. “No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”, explicaron desde el Juzgado.

El denunciante señaló que ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México, y también alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.

Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Por su parte, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA deberá elevar el informe final la próxima semana, tal como definió el proyecto de resolución.

A pocos días de la presentación del informe final, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para solicitar avalar nuevas medidas de pruebas. Del mismo modo, fueron recibidos los oficios de las billeteras virtuales Binance y Gate.io en las que corroboraron que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli realizaron transferencias desde cuentas que operaron por más de 120.000 dólares un día después de la difusión del token $LIBRA.

Asimismo, los diputados presentes en la Sala 1 del Anexo señalaron que “dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”. “Lo de $LIBRA no fue casualidad, ni sorpresa. El presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”, agregó Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión.

Super honoured to take the stage at Tech Forum Argentina to share about KIP and our vision of a decentralised AI future!

And super lucky to be able to take the stage just before President Milei. His speech was like a rock concert! pic.twitter.com/N8m0EdJldS

— Julian @ 𝗞𝗜𝗣 ㊋⫸ (@julian_kip) October 20, 2024

Por otro lado, mencionaron que la información remitida por las plataformas exchange, detectaron que en el token $KIP, promovido por la empresa KIP Protocol de Julián Peh, contó con la participación activa de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el presidente de la Nación, Javier Milei, quien lo difundió públicamente.

“En esa operatoria del 9 de diciembre, los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del presidente y se retiraron con ganancias millonarias, más de 600 mil dólares, exactamente el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA”, afirmaron los legisladores presentes en la reunión informativa.

En el final, los vocales presentes aprobaron la solicitud de nuevos oficios a otras tres plataformas; la insistencia en las citaciones a familiares de Mauricio Novelli por movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA; y la remisión de toda la información al juzgado que investiga el Caso $LIBRA y la presunta participación de funcionarios.

 

Después de ocho días de aprobadas, la Cámara de Diputados giró las leyes votadas en el recinto la semana pasada y la oposición en el Senado buscará debatirlas antes de que se celebren los comicios electorales el próximo 26 de octubre. Se trata de la reforma a la Ley de DNU, la designación de la defensora de los derechos del menor y la declaración de emergencia en el Sistema de Ciencia y Tecnología, entre varios temas más.

Desde la Cámara alta confirmaron el arribo de los expedientes cerca de las 17 de este jueves. Según supo parlamentario.com, la intención del interbloque de Unión por la Patria y los legisladores opositores es que estas órdenes estén contempladas en el temario de una sesión ordinaria que podría ser el próximo jueves 23 de octubre.

El tema principal es, sin dudas, el proyecto sobre la reforma a la Ley 26.122 -que regula los DNU, decretos delegados y de promulgación parcial de leyes-, que resultó con el artículo 3 rechazado y obligó su vuelta al Senado, cámara de origen.

Sobre la tardanza del envío, fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados insistieron en remarcar que la labor de la Secretaría Parlamentaria no cuenta con los mismos ritmos que "los de los medios", sumado a que la semana pasada hubo un feriado.

"La sesión no solo venía cargada de muchos expedientes, sino que se agregó el tema (José Luis) Espert", dijeron desde el entorno de Menem a parlamentario.com, en alusión a la reunión en la que se aprobó el pedido judicial para medidas de prueba en torno al diputado con licencia.

Además de la reforma de la Ley de DNU, en la última sesión de Diputados recibieron media sanción un proyecto que declara la emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; otro sobre creación del Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras demencias; y la declaración como “héroe nacional” del brigadier Estanislao López “Patriarca del Federalismo Argentino”.

También, por impulso de la exlibertaria Marcela Pagano, se aprobó un proyecto para declarar la "nulidad absoluta e insanable" de la cláusula de suspensión para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad del decreto 681/25, en su artículo 2.

El reclamo de la oposición por la demora

"Trascendidos periodísticos indican que el expediente aprobado continúa retenido en la Presidencia", cuestionó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, a través de una nota enviada al riojano, en la que le exige "la inmediata comunicación al Senado". Y agregó que "no corresponde que su trámite quede demorado o sujeto a la discrecionalidad administrativa".

También, la diputada massista Mónica Litza alzó la voz para reclamar: "No puede seguir cajoneando lo que por ley corresponde comunicar. La democracia exige transparencia y respeto institucional, no maniobras dilatorias". También acusó al riojano de "no cumplir" con el reglamento.

La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, a través de su presidente, Maximiliano Ferraro (CC), presentó un recurso de apelación con reserva de caso federal contra la resolución del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.

El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.

Ejes centrales de la apelación:

• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.

• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.

• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.

El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.

Después de haber sufrido un revés judicial, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para reafirmar la intención de que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional asistan al debate y se aprobó la apelación a la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi para volver a exigir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.

A última hora de este lunes, el juez federal emitió resolución donde informó que “el pedido es improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión Investigadora.

Cabe recordar que, para esta reunión, el organismo parlamentario había resuelto receptar la declaración testimonial de Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia; Demian Reidel, ex titular del Consejo de Asesores de Javier Milei; Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, emprendedores del universo crypto; y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, la Investigadora había convocado a exponer a Hayden Davis, Diógenes Casares, Julián Peh y Charles Hoskinson.

Por otro lado, resolvieron oficiar a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.

“El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno”, cargó Ferraro a través de X.

Los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina.

El texto, elaborado junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas -espacio que agrupa a más de 80 instituciones- y acompañado por otros 20 legisladores de diferentes fuerzas políticas, busca compatibilizar la actividad agrícola con la tutela de la salud y el ambiente.

La iniciativa se apoya en un amplio consenso alcanzado entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que le otorga un carácter federal y plural. "Viene a cubrir un vacío normativo y ofrece un marco común que aporte previsibilidad, transparencia y confianza, tanto para la ciudadanía como para los actores productivos. De esta manera, se busca garantizar que la producción agropecuaria pueda desarrollarse de manera innovadora, competitiva y sostenible, en equilibrio con la protección de la salud y el ambiente", destacaron sus impulsores.

En tal sentido, Benedetti resaltó que no se trata exclusivamente de responder las demandas sociales, sino también de “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.

El núcleo de la propuesta es la implementación de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Esto significa que cada aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta de un profesional matriculado. Con ello se asegura trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad en cada práctica, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable en relación con comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas.

A tal efecto, el proyecto diseña un marco regulatorio con protecciones mínimas que regirán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las potestades que las provincias tienen para incrementar esa protección teniendo en cuenta su geografía y particularidades locales.

El texto establece además la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, categorías territoriales que permiten ordenar de manera objetiva y transparente el uso de fitosanitarios según la cercanía con poblaciones, escuelas rurales, centros de salud o áreas de valor ambiental y cultural. A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. También se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control de los equipos aplicadores.

“La propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible, y además ofrece un marco que tiene por objetivo cuidar la salud de la población, asegurar transparencia en la información y garantizar la continuidad”, destacó Ferraro.

La iniciativa contempla también que los productos a utilizar sean exclusivamente aquellos autorizados por el SENASA, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, garantizando un control estricto sobre la legalidad y la seguridad de los insumos empleados, como también de sus equipos aplicadores y la capacitación obligatoria y periódica de quienes los operan.

De este modo, la propuesta eleva los estándares de seguridad y trazabilidad en la aplicación de fitosanitarios, garantiza la protección de la salud y del ambiente, y brinda un marco claro y uniforme para toda la actividad agropecuaria del país, respetando las particularidades provinciales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.

Previendo lo que sucedería, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, anticipó este lunes un pedido puntual al presidente Javier Milei para que propiciara la presencia este martes por la tarde de dos funcionarios que imaginaba serían reticentes a concurrir. Y no se equivocó, pues uno ya dejó claro con su actitud que no asistirá a la convocatoria.

Se trata del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien figura en primer lugar entre los cuatro convocados para este martes por la comisión investigadora, y que no estará cuando se dé inicio a la reunión, a partir de las 16 de este martes. No estará porque se negó a recibir la notificación para que se presentara a declarar como testigo.

Según informó La Nación, el oficial notificador fijó la citación en la puerta del despacho del titular de la OA, ante la actitud de Melik. Esto sucedió el viernes pasado. Se descuenta entonces que no estará este martes, actitud que Ferraro teme que adopte también otra de las testigos, María Florencia Zicavo, tal cual sugirió en las redes sociales este lunes, cuando recordó que en el discurso de Milei tras la derrota electoral dijo que haría una profunda autocrítica y prometió corregir errores, por lo que el legislador de la Coalición Cívica indicó que “lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, remarcando a su vez que “si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana (por este martes) Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.

“Solo así el Congreso podrá ejercer, de manera efectiva, la tarea de contralor que le otorga nuestra Constitución”, concluyó el presidente de la comisión investigadora.

Conocida la postura del titular de la Oficina Anticorrupción, Ferraro recordó que es “quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario”.

“Hoy tiene la oportunidad de cumplir con sus deberes y obligaciones públicas y de abandonar la actitud que ha mantenido hasta ahora”, insistió.

Zicavo fue la fugaz titular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA. No se sabe si asistirá este martes a la reunión convocada por la comisión investigadora. Los otros convocados son Luis Francisco Villanueva es subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, en tanto que José Massoni es un abogado que fue el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. En ese cargo, se dedicó a investigar y denunciar prácticas corruptas en la obra pública, señalando la existencia de una matriz estructural de corrupción organizada por grandes empresas constructoras.

El faltazo ya confirmado de Melik se suma al de otros funcionarios que fueron convocados en otras circunstancias, por ejemplo los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, convocados en el marco de interpelaciones que fracasaron por sus respectivas ausencias. El único funcionario que hasta ahora se ha presentado es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En caso de ausentarse ambos funcionarios la comisión deberá ordenar el libramiento de una segunda notificación. De volver a faltar podrán requerir la asistencia de la justicia para garantizar su comparencia por la fuerza pública.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunirá este martes para escuchar los testimonios de cuatro invitados, en lo que se presenta como la primera convocatoria de testigos hecha por esta comisión desde que quedó constituida con sus autoridades.

La reunión está prevista para las 16, en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, a los efectos de recibir la declaración testimonial de Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Luis Francisco Villanueva y José Massoni.

Al respecto, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, señaló puntualmente la presencia del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo, de cuyas presencias evidentemente tiene dudas, al punto tal de apuntarle directamente al presidente Javier Milei. Es que a través de las redes sociales, Ferraro recordó que en el discurso de este domingo en el que admitió la fuerte derrota electoral, el presidente dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores.

“Dicho esto, lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, le advirtió Ferraro, remarcando que “si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana (por este martes) Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.

“Solo así el Congreso podrá ejercer, de manera efectiva, la tarea de contralor que le otorga nuestra Constitución”, concluyó el presidente de la comisión investigadora.

Cabe consignar que Luis Francisco Villanueva es Subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, en tanto que José Massoni es un abogado que fue el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. En ese cargo, se dedicó a investigar y denunciar prácticas corruptas en la obra pública, señalando la existencia de una matriz estructural de corrupción organizada por grandes empresas constructoras.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió este viernes a responderle a su par Gerardo Milman y periodistas de TN, luego que cuestionaran la citación a Karina Milei a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la cual él preside.

Durante el programa que conduce Jonatan Viale se pasó un fragmento de una entrevista a Ferraro, donde señala que al ser funcionaria pública, en caso de negarse, se podría pedir auxilio a la fuerza pública para que la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, concurra a la comisión, de acuerdo al reglamento aprobado.

Tras ello, la mesa debatió sobre lo que esto implicaría y Milman expresó: "La explicación va a estar el domingo. En el resultado del domingo va a estar la explicación de por qué necesita cámara y hacer cosas grandilocuentes".

Este viernes, a través de un extenso posteo, Ferraro salió a responder. "Derecho a réplica y a no faltar a la verdad", tituló el cívico, quien rechazó: "Ayer, en televisión, el diputado Milman junto a los periodistas @JonatanViale @morandolucas y @guadavazquez hablaron de la Comisión LIBRA y de mi rol como presidente de ella, acusándome de arrogarme facultades judiciales, mentiras y de montar un show político y electoralista".

"No puedo dejar pasar esas afirmaciones sin contestar. Corresponde ejercer el derecho a réplica y, sobre todo, a no faltar a la verdad. Esto nada tiene que ver con el caso Spagnuolo, como se afirmó antes de la presentación del recorte de la entrevista", explicó para diferenciar los casos, aunque en ambos esté implicada Karina Milei.

El presidente del partido de la CC a nivel nacional indicó que "las comisiones investigadoras son un instrumento constitucional de la función de contralor del Congreso" y "es absolutamente falso que estemos arrogándonos atribuciones judiciales, vamos a determinar responsabilidades políticas. Esta comisión no es ni será la excepción: sigue a rajatabla los antecedentes de otras comisiones investigadoras, como la de Antilavado, la del ARA San Juan, u otras".

"En la Coalición Cívica no somos oportunistas ni republicanos intermitentes y de ocasión", resaltó e insistió que "lejos de ser una excepción, la Comisión LIBRA se inscribe en una tradición política de contralor institucional republicano: hemos promovido una gran cantidad de comisiones investigadoras, desde la comisión Antilavado en 2001, pasando por el vaciamiento y venta de YPF, el suministro de vacunas en pandemia, la corrupción en obra pública de De Vido, el encubrimiento del narcotráfico, la corrupción en los subsidios al gasoil, el reparto irregular de fondos de vivienda y Sueños Compartidos, el negocio de los juegos de azar, el atentado a la AMIA, las restricciones a la libertad de expresión, etc.".

Al reivindicar la tarea de su espacio, recordó: "También promovimos juicios políticos a los principales funcionarios responsables de los más graves atropellos y casos: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, De Vido, Lorenzetti, Trotta, Frederic, Gils Carbó, Timerman y otros".

"En plena pandemia, mientras muchos solo bravuconeaban en televisión, yo fui de los poquísimos -me sobran dedos de una mano- que, con Mónica Frade y Rubén Manzi, viajamos a Santiago del Estero y Formosa para denunciar las violaciones a los DD.HH.", lanzó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Impulsé la apertura de las escuelas y el juicio político al ministro Trotta, y además presentamos amparos y rechazos a los DNU inconstitucionales que imponían prohibiciones excesivas durante el aislamiento".

Yendo a la cuestión, el legislador subrayó que "Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso". "La Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un 'tratamiento especial' para nadie: todos somos iguales ante la ley. Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", sostuvo.

"Siguiendo la doctrina de especialistas como Schinelli, Badeni, Solá, Midón y Manili, en el reglamento de la Comisión LIBRA fuimos más estrictos que en otras antecedentes: toda medida que requiera del auxilio de la fuerza pública debe contar con autorización judicial previa. Nos autolimitamos expresamente para resguardar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional", aclaró.

Además, Ferraro indicó que a la hermana del presidente "no se la cita por supuestas coimas, sino por sus responsabilidades políticas en el caso LIBRA. Nunca hablé de Spagnuolo en la entrevista, pero aprovecho, no tengo la culpa si este señor tuvo más ingresos y reuniones en Olivos con Javier Milei que varios ministros del propio gabinete".

"No hay especulación ni 'timing' electoral. Si la Comisión LIBRA está trabajando ahora y no antes, es consecuencia de la decisión del Gobierno, de La Libertad Avanza y de sus aliados, que durante tres meses bloquearon la investigación", afirmó.

Finalmente, expresó que desde la CC "lo único que nos interesa es la verdad, son 25 años denunciando la corrupción y reclamando justicia, sea quien sea el gobierno de turno. No vamos a cambiar por el clima de época, por intereses electorales, por plata ni por cargos. Los hechos son sagrados. Good show".

Con la presencia de los diputados del oficialismo al comienzo, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para aprobar el reglamento interno de funcionamiento y avalar la lista de citaciones, oficios y medidas de prueba concernientes a la investigación. Se aprobó que el presidente Javier Milei envíe un informe escrito con un plazo de cinco días.

Resuelta la primera orden del temario, la Comisión Investigadora dio lugar a la determinación de las medidas de pruebas iniciales: Selva, con el aval de los 14 diputados interesados en avanzar en la investigación del Caso $LIBRA propuso citar a Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y añadió que “su testimonio es fundamental para esta causa porque debe responder en torno a las graves acusaciones en los Tribunales de Nueva York en chats de Hayden Davis”.

Del lado del oficialismo, dejaron reservada la elección del miembro que ocupe la vicepresidencia y se retiraron de la reunión luego de que sea aprobara el reglamento. Una vez que se anunció el resultado de la votación, el titular de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

La presentación del ante proyecto de reglamento estuvo a cargo de la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien explicó que “es una herramienta muy importante para garantizar el funcionamiento para que los testigos y funcionarios convocados tengan que venir”. En la misma línea, Mónica Frade de la Coalición Cívica aclaró que “los 28 integrantes hemos tenido el (boceto) reglamento en nuestras manos”.

Una vez que la reunión comenzó tomaron la palabra en la Sala 1 los representantes de La Libertad Avanza y el Pro. Primero, el mendocino Álvaro Martínez expresó que “este reglamento dice que va a pedir autorización para someter (presencia) por la fuerza, pero está haciendo las funciones del Poder Judicial de la Nación”; Luego, agregó que “además de ensuciar al Gobierno, están queriendo violar la división de poderes”. Las palabras del libertario fueron avaladas por Silvana Giudici.

Tras un arranque disputado, la propuesta de reglamento interno redactado por el flanco de 14 legisladores de la oposición se aprobó con ese número de votos a favor y las dos abstenciones de Mariano Campero (Liga del Interior) y Yolanda Vega (Innovación Federal). Por su parte, Eduardo Falcone del MID fue el único ausente al momento de votar. El resto de los miembros (LLA, Pro, UCR, Pablo Cervi y Agustín Domingo) optó por no emitir posición.

Luego del presentar el pedido de citación a Karina Milei, la oposición confeccionó (oralmente) una lista que cite a Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la Causa $LIBRA; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la designada por el Gobierno para investigar el caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; al funcionario de Procuración General de la Nación, Luis Villanueva; y al juez funcionario de la OA, José Mazzoni.

Minutos más tarde, Sabrina Selva sumó al director de Traducciones de Presidencia de la Nación, Walter Kerr; a los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial Manuel Adorni; y al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

También, Ferraro incorporó a esa lista a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; a Paul Starc titular de la Unidad de Información Financiera; a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo; y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.

Después de la confección de la lista de invitados, Rodolfo Tailhade pidió la palabra y expresó: “Vengo a pedir dos medidas de prueba que apuntan a establecer la presunta participación de José Luis Espert y el supuesto hackeo de su cuenta de X este 19 de marzo”. Recordó, el diputado de Unión por la Patria, que aquella noche la cuenta del oficialista publicó un código de criptomoneda y consideró que “parecería la versión 2.0 del Caso $LIBRA”.

“Supongamos que le hackearon la cuenta, Espert tiene tilde gris y tiene doble verificación, y supongamos que Espert es un imbécil y lo hayan engañado dos veces”, comenzó Tailhade fiel a su estilo polémico. Agregó, en ese momento, que “si la perdió, la tuvo que haber recuperado para postear esto o salvo que el hacker, la haya hackeado y se arrepintió”.

Para ese punto, el diputado opositor consideró: “hay dos posibilidades o Espert mintió y jamás perdió el control de su cuenta, o mintió y nunca perdió el control de su cuenta”. Explicó, en esa línea, que “si se denuncia hackeo, X te suspende la cuenta”. Fue en el cierre de su intervención que pidió las copias de la denuncia de Espert al Juzgado correspondiente por el delito informático por el “supuesto” hackeo.

No dejó pasar, tampoco, la chance de cargar contra la máxima autoridad de la Cámara de Diputados y definió a los mensajes del 19 de marzo en el perfil de Espert como “una serie de tuits como los que ponía Martín Menem cuando le descubrieron la cuenta fake”.

Por último, el diputado de Unión por la Patria aseveró que “la recuperó antes de las 48 horas porque nunca fue hackeado”, y cuestionó: “¿Por qué Espert publicó esto un mes después de $LIBRA sabiendo que era un ‘truchada’?. Puede que tuviera programado el tuit y se haya olvidado de borrarlo; o que lo hayan apretado”.

En la sintonía con los pedidos de pruebas y oficios, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño se refirió a “los pull de liquidez y retiros de fondos”, y luego agregó “sobre las transferencias”. “Tenemos que averiguar que hay 109 transferencias que son relevantes en la cual están involucrados Davis, su empresa Adventure, Novelli y Terrones Godoy”.

“Voy a pedir que se manden oficios a las billeteras OKX, Kucoin, Binance, Crypto.com, Ficshet Flow, Coinbase, Lemon, Bin X, Mex, Ripio, Buen Bit y Below”, anunció. Así las cosas, añadió que pedirá que se le pregunte sobre los informes de la especificación, montos, activos digitales y moneda fiduciaria involucradas; y también, por la identificación de las wallet de origen y destino, así como la modalidad de cada transacción.

En tercera instancia, solicitó información sobre los criterios de validación y control de la veracidad aplicados al usuario en cuestión; respecto a la vinculación de las billeteras con su deposito y usuario; datos, nombre, documento, correo, beneficiarios finales y accesos relevantes; depósitos, retiros y etiquetas de fondeo.

En el final, Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, propuso autorizar a Presidencia de la Cámara de Diputados para que operativice cada una de las decisiones tomadas respecto a las citaciones y a las medidas de pruebas aprobadas en esta reunión. Solicitó que sean comunicadas por Secretaría.

El debate por la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso para abordar el Caso $LIBRA derivó en un fuerte intercambio entre los diputados nacionales Fernando Iglesias (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que derivó en fuerte pase de facturas entre ambos legisladores.

El cruce se dio en la red social X, donde Iglesias lanzó una serie de críticas hacia la Coalición Cívica por posturas durante el gobierno de Mauricio Macri: “La doctora Elisa Carrió estuvo entre los que permanentemente se opusieron a la política económica necesaria en la época de Cambiemos y así nos fue en 2018”. En otro mensaje, acusó al espacio de votar “siempre con el kirchnerismo” y de sumarse a “la operación política electoral del PEJOTA”.

Rápidamente, Ferraro respondió con dureza, acusando a Iglesias de haberse convertido en “menemista tardío y vulgar” y de justificar “todo tipo de barbaridades” institucionales. “Hoy no sos más que un populista con diploma de chupamedias”, disparó. Luego, destacó la coherencia de su espacio: “Nosotros seguimos con las mismas ideas, investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas. Como dijo Lilita, 'el delito no es peronista ni radical, es delito'".

Iglesias, lejos de bajar el tono, ironizó sobre la designación de Ferraro en la Comisión $LIBRA: “Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Los mismos con los que votás ahora”. Y Ferraro replicó con una crítica directa al giro ideológico de su colega: “Hablabas de ‘liberalotes’, pero te rendiste al 'neomenemismo' vulgar y marginal. Llamarme ‘kuka’ es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas”.

Minutos después de las acusaciones, Ferraro posteó una serie de imágenes con tuits del diputado del Pro que durante los años 2020 y 2021 se refería a los referentes liberales como "liberalotes" y criticaba la gestión de Carlos Menem. 

Por su parte, la diputada nacional Marcela Campagnoli también salió al cruce de Iglesias: "Ojo con el 'desequilibrio moral', que no contribuye al 'equilibrio fiscal'", e irónicamente, concluyó: "Fin".

Ojo @FerIglesias con el “desequilibrio moral”, que NO contribuye al “equilibrio fiscal” FIN. https://t.co/uS4CXllj3T

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) August 29, 2025

Cabe recordar que en las elecciones legislativas del 2007, Fernando Iglesias accedió por primera vez a su banca en la Cámara de Diputados en la boleta de la Coalición Cívica, detrás de Patricia Bullrich. En 2011, no logró renovar dentro del mismo espacio político.

Diez años después de su primera elección, volvió a acceder a una banca dentro de la alianza Cambiemos, como miembro del Pro, la cual renovó en 2021 por la boleta de Juntos por el Cambio. Para este 2025, se quedó fuera de la alianza La Libertad Avanza y no renovará escaño.

Después de cuatro meses trabada, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA finalmente designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica como presidente. La vicepresidencia le correspondía al flanco oficialista, pero decidieron retirarse de la reunión y quedó vacante.

Tanto Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, y Silvana Giudici, representante del Pro, señalaron que no van a avalar el funcionamiento de esta comisión unicameral, confirmaron que van a pedir la impugnación y optaron por retirarse de la Sala 2. Misma postura adoptaron los representantes del MID, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Pablo Cervi de Liga del Interior. Solo Mariano Campero presenció el encuentro.

En tercera instancia, Unión por la Patria propuso a Juan Marino como secretario de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y la moción fue aprobada de forma unánime. De igual manera, fue avalada la moción para que las reuniones se lleven a cabo los martes a las 16, fijando al próximo 2 de septiembre como el inicio de la investigación. Cabe recordar que el plazo para presentar el informe está vigente hasta el 10 de noviembre próximo.

Debido a la ausencia del oficialismo y sus aliados, no se aplicó la resolución aprobada el 20 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados que establecía que, en caso de empate entre dos o más propuestas, ganaría la que reúna mayor cantidad de miembros dentro de cada bloque. A pesar de haber estado presente en la sesión cuando se puso a consideración, el oficialismo insistió con la nulidad de esta comisión.

Previo a retirarse, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni señaló: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá porque se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías”. Luego, anticipó que “lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ha quedado fenecido”, en referencia al primer reglamento de la Investigadora.

Con el propósito de apuntalar la postura de La Libertad Avanza, Silvana Giudici se refirió a la resolución aprobada: “Escribieron algo que todavía me cuesta entender”, y añadió que “como hubo empate, la comisión funcionó y trajeron expositores… entonces ¿quién hace trampa?”. “acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y desde el punto de vista jurídico esto está mal”, planteó.

Una vez que Bornoroni, Nadia Márquez, Álvaro Martínez y Nicolás Emma de LLA; Giudici, Cristian Ritondo y Martín Maquieyra del Pro; Oscar Zago del MID; Lisandro Nieri y Pamela Verasay de la UCR; Yolanda Vega y Agustín Domingo de innovación Federal; y Pablo Cervi de Liga del Interior se retiraron de la sala, Mónica Frade propuso a Ferraro como presidente y la moción fue aprobada por unanimidad.

En el final del encuentro, Maximiliano Ferraro confirmó que el próximo martes 2 de septiembre a las 16 queda convocada la reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, que busca conocer las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la difusión del token publicando por Javier Milei el pasado 14 de febrero. Por el hecho, hay procesos penales nacionales e internacionales.

A raíz del escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó: "Mientras ajustaban y decían que no había plata para la emergencia en discapacidad se pedían coimas entre el 3% y 8%".

"Los audios existen, se tiene que dejar investigar a la Justicia. No solamente se encontraron audios, sino cientos de miles de dólares en distintos sobres, una máquina de contar dinero, un jefe de seguridad que hizo demorar el ingreso de la policía para los allanamientos. En en la causa cuadernos también nos decían que eran falsos los datos", remarcó.

En declaraciones a radio Rivadavia, respecto de cómo cree que el caso se abordará desde el Congreso, el legislador señaló que la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el próximo miércoles al recinto de la Cámara baja será importante para que "pueda informar y aclarar lo que ha sucedido en la ANDIS y otros organismos". Y pidió "tratar de no carronear" sobre el tema.

Al afirmar que ve el caso con "mucha preocupación y tristeza", Ferraro destacó: "Lamentablemente es un patrón de conducta que lo venimos viendo hace tiempo. Por eso junto a Mónica Frade, diputada nacional, no dudamos en denunciar a Karina Milei a principio de marzo de este año".

"Cuando digo patrón de conducta es algo que tiene que ver con la falta de gestión, la falta de todo tipo de control, en cómo han loteado los distintos negocios en el Gobierno nacional", advirtió y enumeró que "esto se ha visto en la compra y venta de candidaturas, en las posibles coimas al senador (Edgardo) Kueider, en el caso Libra, con el PAMI en las distintas delegaciones provinciales, y ahora los audios escandalosos del extitular de la Agencia de Discapacidad".

El diputado criticó la reacción del oficialismo y expresó que "parece ser que nada marcha acorde al plan cuando el lema de campaña en la provincia de Buenos Aires es 'Kirchnerismo nunca más', y eso convive con una voz amiga, o sea la de Spagnuolo, que conocían desde hace más de cinco años, que dice en los audios 'son más chorros que los Kirchner'".

En otro tramo de la entrevista, apuntó que la droguería mencionada en los audios, la Suizo Argentina, "tenía 3.900 millones de pesos en contrato (con el Estado) y en la gestión libertaria ascendió a tener 108.000 millones".

"Vamos a ver cómo aparecen muchos sorprendidos y escandalizados con este patrón de conducta, los que por supuesto fueron cómplices de distintas maneras, y otros también que no tienen autoridad moral para decir nada, porque en sus gobiernos, como fue el kirchnerismo, encubrieron iguales o mayores actos de corrupción", enfatizó el presidente del partido de la Coalición Cívica.

Además, cuestionó a sus exsocios de Juntos por el Cambio: "La verdad es que me da vergüenza ajena ver a otros dirigentes que hasta hace poco tiempo pertenecíamos a una misma coalición, cómo miran para otro lado, en lo que denomino como republicanos intermitentes de ocasión, que ponían el grito en el cielo en tiempos del kirchnerismo y ahora miran para otro lado con una complicidad que la verdad que me apena y me avergüenza muchísimo”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un proyecto en el que insta al Poder Ejecutivo Nacional a que autorice en forma urgente el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la financiación del Programa de Agenda Digital del Sistema de Salud Porteño y que, a través del Ministerio de Economía, priorice con urgencia el Proyecto de Modernización de la Línea B de Subterráneos para la renovación de los vagones de la Línea B de, a ser financiado con recursos de financiamiento externo a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

También le reclama al PEN que, a través del Ministerio de Economía, proceda a transferir al Gobierno de la Ciudad el crédito y proyecto aprobado

y suscripto por la República Argentina con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Préstamo CFA Nº 12116 “Programa de Conectividad Urbana: cruces ferroviarios a distinto nivel en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, para la construcción de pasos bajo a nivel.

“Desde hace meses, el Gobierno Nacional viene frenando obras e inversiones que son fundamentales para la Ciudad de Buenos Aires y para los porteños. Es vergonzoso que se especule políticamente y haya arbitrariedad con créditos del BID y la CAF que ya fueron aprobados o acordados con esos organismos”, señaló Ferraro.

Advirtió el legislador de la Coalición Cívica que “si el Gobierno nacional decidió desentenderse de la inversión pública en áreas clave como el transporte y la salud, no tiene derecho a arrastrar a la Ciudad a esa misma política”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Paula Oliveto (CC), María Eugenia Vidal (Pro), Carla Carrizo (Unión Cívica Radical), María Coletta (UCR) y Álvaro Gónzález (Pro).

El proyecto de Ferraro señala que “el proceso de desembolso de dichos fondos se encuentra paralizado en diferentes instancias, según el caso, por la falta de autorización del Ministerio de Economía de la Nación, lo cual genera demoras significativas en la ejecución de obras, afecta a la población usuaria de servicios esenciales y compromete la eficiencia del uso de recursos ya comprometidos internacionalmente. A ello se suma el riesgo institucional de entorpecer la relación de la República Argentina con los organismos multilaterales de los que forma parte, al incumplir con los compromisos asumidos o demorar su ejecución sin fundamentos técnicos ni jurídicos”.

El proyecto recuerda que conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias podrán celebrar convenios internacionales. Así las cosas, se remarca que “la intermediación de la Nación en la toma de estos préstamos no debe ser utilizada con fines de condicionamiento político, o como herramienta de presión sobre gobiernos locales, sino como parte de una política federal orientada al desarrollo equitativo y a la continuidad institucional de proyectos de interés público”.

En este sentido, en los fundamentos de la iniciativa se destaca que la Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 25, establece que los antecedentes de endeudamiento presentados por provincias y la Ciudad deben ser evaluados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, sin margen para decisiones discrecionales o arbitrarias que frustren proyectos técnicamente viables y legalmente autorizados.

“Los créditos solicitados no son fines en sí mismos, sino instrumentos para llevar adelante políticas públicas de alto impacto, como la renovación del material rodante y señalización de la Línea B, la digitalización del sistema de salud porteño y la eliminación de cruces ferroviarios a nivel”, agrega Ferraro en su proyecto. “Estas iniciativas se traducen en mejoras concretas en la calidad de vida de millones de vecinos, reducen la siniestralidad vial, optimizan los tiempos de traslado, y modernizan la gestión pública. Negar o demorar el acceso a estos fondos representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos, y constituye una distorsión grave de los mecanismos institucionales previstos para la cooperación financiera entre niveles de gobierno”, completó el legislador de la CC.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado de manera sistemática contar con solvencia fiscal, previsibilidad financiera y una administración responsable del endeudamiento. Mantiene niveles de deuda sostenibles y cumple con los criterios de evaluación del Banco Central de la República Argentina en materia de servicios de deuda respecto de sus ingresos corrientes”, argumenta Ferraro.

“Esto no resulta un obstáculo para la Ciudad, que se encuentra por debajo de ese umbral. Esta solidez fiscal habilita a la jurisdicción no solo a gestionar nuevos créditos, sino a cumplir con ellos sin comprometer sus finanzas ni desestabilizar el sistema financiero local o nacional”, añade.

En ese marco destaca Ferraro que este proyecto “no exige privilegios ni excepciones: exige simplemente que el Estado Nacional cumpla con su rol de garante, respete los compromisos firmados y no discrimine entre jurisdicciones por razones ajenas al interés público. La falta de tratamiento equitativo frente a otras provincias -que sí han accedido recientemente a créditos autorizados por el Ministerio de Economía- constituye una evidente afectación al principio de igualdad ante la ley y una lesión al federalismo cooperativo que debe regir en una República como la nuestra”, concluye la iniciativa presentada por Ferraro.

4045-D-2025 (P.R. Empréstitos CABA)

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un pedido formal de informes dirigido al Poder Ejecutivo, solicitando explicaciones urgentes sobre las irregularidades detectadas en el Examen Único de ingreso a residencias médicas realizado el 1º de julio de 2025 en la sede de Parque Roca.

Según lo informado por el propio Ministerio de Salud a medios nacionales, al menos 200 exámenes presentaron "inconsistencias" significativas, especialmente en el caso de postulantes extranjeros. Las anomalías denunciadas incluyen diferencias de hasta 50 puntos respecto de evaluaciones previas, resultados atípicos en comparación con historiales académicos, y patrones de respuesta que podrían implicar intervención externa.

El pedido legislativo reclama detalles técnicos, estadísticos y procedimentales que justifiquen esas observaciones, así como copias de las denuncias formales e informales recibidas y el curso que se les dio. También se requiere información sobre el resguardo, corrección y validación de las pruebas, el personal involucrado y posibles acciones iniciadas ante organismos como la Oficina Anticorrupción o la Sindicatura General de la Nación.

Entre los aspectos mencionados, figuran sospechas de fraude mediante dispositivos tecnológicos no autorizados, intercambio de respuestas en tiempo real y una eventual filtración previa del contenido del examen. En este contexto, se cuestiona la posible afectación al principio de mérito, así como el impacto en la equidad del proceso de asignación de vacantes.

Por último, el texto de Ferraro exige conocer si estas irregularidades provocarán demoras en el cronograma previsto, cuáles son las medidas transitorias adoptadas y cómo se garantizará la continuidad laboral y formativa de los aspirantes que participaron con responsabilidad.

En X, el diputado nacional señaló: "El Gobierno y el Ministro de Salud, Mario Lugones, no solo desprecian a los residentes con salarios congelados frente a la inflación. Ahora también ponen en riesgo la formación de los médicos que el país necesita, al no poder garantizar la transparencia del Examen Único".

"Según denuncias de estudiantes, el examen podría haberse vendido por hasta 2.000 o 3.000 dólares, manchando todo el proceso de selección y perjudicando a quienes se presentaron con mérito y honestidad", aseveró.

👨‍⚕️👩🏻‍⚕️🏥 IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE RESIDENCIAS MÉDICAS

Presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

El Gobierno y el Ministro de Salud Lugones no solo desprecian a los residentes con salarios congelados frente a la inflación. Ahora también ponen en riesgo la… pic.twitter.com/vShLyBcNsw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 24, 2025

A pocas horas del inicio de un nuevo receso invernal en el Poder Legislativo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) instó al Senado a que le dé celeridad a la sanción del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, el cual fue aprobado por la Cámara baja el pasado 27 de noviembre del 2024.

La iniciativa ya fue tratada por la Comisión de Salud del Senado, a cargo de Lucía Corpacci, pero a más de 40 días de ese encuentro, el debate no fue retomado. “La Cámara de Diputados ya dio el primer paso. Ahora le toca al Senado. Es urgente que se hagan cargo”, enfatizó Ferraro a través de una publicación en X que acompañó con un video informativo.

La publicación comenzó con “no va más” -frase utilizada en ruletas para dar aviso del cierre de la jugada-, y luego apuntó contra Wanda Nara y Marcelo Tinelli, quienes a través de posteos en X promocionaron códigos de apuestas. Hace pocos días, la modelo, junto a otros influencers, debió participar de una campaña de concientización sobre el juego solicitada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

🎰 NO VA MÁS

Lo de Wanda y Tinelli no está bien.

Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas.

La Cámara de Diputados ya dio el primer paso. Ahora le toca… pic.twitter.com/3a4bJ8pBIA

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 16, 2025

“Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas”, explicó el diputado de la Coalición Cívica en X. Además, se dirigió a la comunidad: “Si querés que salga esta ley, súmate. Y si querés compartir un mensaje, idea o propuesta, escribime”.

El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online obtuvo media sanción el pasado 27 de noviembre con 140 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. El texto fue enviado a la Cámara alta con giro a las comisiones de Salud, Legislación General, presidida por Alejandra Vigo, y Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Juan Carlos Pagotto.

La iniciativa logró un amplio consenso entre los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados. Mónica Frade, una de las impulsoras, durante este 2025 viene pidiendo por el avance de esta ley.

El texto girado al Senado establece la prohibición del acceso de menores de edad a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea; también hace referencias a la publicidad, la promoción y el patrocinio; e impone el sistema de verificación biométrica de identidad y edad.

En el capítulo “Juego en línea responsable”, defina una serie de medidas vinculadas a la comercialización, distribución o expendio de juegos de azar y de apuestas en línea, las cuales deberán cumplir con las exigencias de juego responsable detalladas.

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En vísperas del receso invernal en el Poder Legislativo de la Nación, el juez Alberto Recondo, titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, concedió lugar al pedido del fiscal Oscar Gutiérrez Eguía, quien solicitó que se declare la competencia del fuero y considerar que la cuenta de Javier Milei es una cuenta oficial verificada por X en tanto lo representa en sus funciones como de jefe de Estado.

El fallo se dio en el marco de la denuncia del defensor de Ian Moche, niño con autismo que presentó cargos contra el presidente de la Nación por los agravios recibidos en X luego de opinar sobre la declaración de emergencia en discapacidad y el Hospital Garrahan.

Tras el fallo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro recogió el guante y lo vinculó con la investigación del Caso $LIBRA: “El argumento del fiscal parece una obviedad, pero no lo es porque desarma la principal excusa con la que Milei intenta desligarse de las consecuencias de sus expresiones públicas en X, amparado en una falsa separación entre su rol institucional y sus publicaciones que el considera ‘personales’”.

☎️ PARA LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN: JAVIER MILEI NO SE PUEDE DISOCIAR EN SU CUENTA DE X

En el marco de la causa por las publicaciones del Presidente contra Ian Mouche, el fiscal Gutiérrez Eguía solicitó al juez federal que se declare la competencia del fuero, al considerar que la… pic.twitter.com/Z3u92kwyWW

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 14, 2025

De ese modo, consideró que “esa excusa no solo la repite él”, y amplió: “Fue tomada como posición oficial del Estado por la Oficina Anticorrupción en el dictamen a medida que hicieron en el caso $LIBRA, motivo por el cual con Mónica Frade denunciamos penalmente a su director, Alejandro Melik”.

“El presidente va a tener que hacerse responsable: desde los incumplimientos de sus deberes de funcionario público, pasando por los ataques a periodistas y ciudadanos, hasta la promoción y ejecución de negocios incompatibles con su función, como ocurrió con $LIBRA”, aseveró Ferraro, integrante de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

La diputada nacional Mónica Frade, acompañada por sus pares Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la remoción de la diputada María Emilia Orozco como integrante —y presidenta— de la Comisión de Libertad de Expresión. La iniciativa se fundamenta en el “incumplimiento de sus obligaciones” al frente de la comisión, lo que habría obstaculizado su normal funcionamiento.

Según el texto, la comisión no se reúne desde el 12 de septiembre de 2024, a pesar de múltiples pedidos formales de convocatoria realizados por distintos legisladores durante los últimos diez meses. Entre las solicitudes documentadas se cuentan al menos siete notas dirigidas a Orozco entre agosto de 2024 y junio de 2025, además de un pedido formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que intervenga en la situación.

“El comportamiento inapropiado de la legisladora impide el funcionamiento normal de una comisión clave para la defensa de la libertad de expresión en el país”, señala el proyecto, que invoca el artículo 107 del Reglamento de la Cámara para justificar la remoción.

Los firmantes advierten que la falta de actividad de la comisión afecta directamente el tratamiento de proyectos vinculados a derechos fundamentales y al control institucional. “No se trata de una diferencia política, sino de una parálisis institucional que debe ser corregida”, argumentan.

La iniciativa fue anticipada este miércoles en el recinto por el diputado socialista Esteban Paulón, quien reiteró la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de todas las comisiones parlamentarias, especialmente aquellas vinculadas a derechos y garantías.

El Gobierno nacional tomó la decisión de eliminar un subsidio histórico que financia buena parte del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia y desde la organización, que es pionera en la investigación de la patología, alertó que podría desaparecer.

La cartera sanitaria que conduce Mario Lugones decidió eliminar el fondo discrecional que desde hace años financia entre el 50 y el 70% del funcionamiento de la fundación que es una referencia desde hace más de 80 años.

La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el subsidio generó indignación y en redes se multiplicaron los cuestionamientos a Lugones.

“LA CRUELDAD A FLOR DE PIEL”, tituló el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, quien contextualizó: “Mientras el gobierno profundiza el ajuste, algunos siguen justificando el desastre diciendo que ‘son las formas del Presidente’. Y siguen sin decir una palabra sobre los jubilados, el vaciamiento del Garrahan, el desguace del INTI, el ataque a la ciencia y la tecnología, o el hostigamiento a periodistas, entre tantas otras decisiones crueles y profundamente insensibles”.

Se sumó el diputado socialista Esteban Paulon quien apuntó contra Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Ya no es no motosierra ni crueldad. Es simplemente ESTUPIDEZ”.

"La crueldad avanza. El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado, investigación y contención de pacientes, en este caso con hemofilia", cuestionó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al hacerse eco de la decisión del Gobierno nacional.

La Fundación de Hemofilia en peligro

Fue la propia organización la que, a través de una carta abierta, alertó días atrás sobre su dramático presente y aseguró que su continuidad está "en peligro".

Bajo el título "Carta abierta a la comunidad de Fundación de la Hemofilia", advirtieron que el corte abrupto del subsidio es una "enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar", señala el texto.

"Una de las importantes fuentes de financiación de esta organización es un aporte estatal, más precisamente del Ministerio de Salud de la Nación, que nos permite mantener el funcionamiento de la estructura de atención interdisciplinaria que todos conocemos, indispensable para el tratamiento de la hemofilia", sostiene la carta de la fundación. Y en esa línea, agrega: "Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos para adaptarnos a las circunstancias".

Después de la publicación de la carta abierta y en los días posteriores, la Fundación lanzó una campaña para que, quienes quieran, ayuden a través de una donación. "Para continuar recibiendo cuidados y asistencia necesitamos Fundación. 80 años acompañando la vida con hemofilia en Argentina. Hoy estamos en peligro", advierten en la misma publicación que piden ayuda a través del alias SOMOS.FUNDACION.FH, que remite a una cuenta del Banco Nación.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

Con Elisa Carrió como figura representativa, se realizó este viernes el congreso federal de la Coalición Cívica donde el diputado nacional Maximiliano Ferraro fue reelecto como presidente del partido nacional. “No hay posibilidad de desarrollo económico y de prosperidad sin un fortalecimiento claro de las instituciones”, cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional.

“Si bien reconocemos el ordenamiento macroeconómico, no podemos dejar pasar por alto algunos indicadores concretos que nos duelen como es el crecimiento del desempleo, que en el último mes un millón ochocientos mil argentinos han pasado a ser desocupados, la caída del consumo y un gobierno que pareciera ser que no entiende que hay muchos argentinos que lo único que hoy tienen es la educación y la salud pública”, sumó el titular de la Coalición Cívica.

De cara a los próximos comicios, Ferraro agregó que “tenemos que poder representar a los argentinos no solamente desde el discurso sino desde las propuestas y estar ahí con un poder de escucha totalmente distinto y activo, que a su vez nos pone a nosotros en tratar de tener otro tipo de conversación pública en la Argentina”. De seis integrantes del bloque, la CC pone en juego cuatro bancas en octubre.

Presente en el congreso federal, Carrió señaló que “Milei viola con la palabra a millones de argentinos porque ama lo que odia”, y aseveró que “es evidente que se siente un mandril, por eso trata tan mal a los mandriles”. “Lo que viene es la pérdida de los derechos, y ya está pasando. Se está cancelando por la fuerza las agendas de derechos humanos”, consideró.

Sobre los embates del presidente al Congreso de la Nación, la líder histórica de la Coalición Cívica sostuvo que “vivimos en un país en el que plata dulce mata valores y a la violencia del lenguaje hay que responder con buena educación”.  Mencionó los derechos “a la palabra, a la tierra, al agua, a la salud, al vínculo con hermanos de otras nacionalidades”, y cerró: “Estos derechos deben ser invulnerables y hay que pelear por ellos”.

Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad poder trabajar estos próximos dos años en la Mesa Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica, junto a este gran equipo.

La Mesa estará integrada por Javier Acevedo como vicepresidente, y por Hernán Reyes, Lucho Bugallo, Gabriela…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 27, 2025

Con figuras presentes y otras conectadas a través de videollamada, el congreso federal, que ratificó a Maximiliano Ferraro como autoridad a nivel nacional también eligió al legislador rionegrino Javier Acevedo como vicepresidente. Después, la diputada bonaerense Maricel Etchecoin fue designada a cargo de la asamblea nacional.

La lista de dirigentes que participaron se completa con los diputados nacionales Juan Manuel López, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego; los legisladores porteños Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero; los diputados provinciales Luciano Bugallo (Buenos Aires), Romina Braga (Buenos Aires), Pedro Muñoz (Santa Cruz); el exsenador provincial Andrés De Leo; los exdiputados nacionales Elsa Tata Quiros, Rubén Manzi, Fernando Sánchez y Mariana Stilman; el presidente de la CC en CABA, Claudio Cingolani; y el titular de la CC en Pilar, Matías Yofe.

La mesa ejecutiva nacional quedó conformada de la siguiente manera: Hernán Reyes, legislador porteño y candidato a diputado nacional por CABA, como tesorero; el legislador bonaerense Lucho Bugallo como protesorero; J. M. López en representación del Congreso de la Nación; el legislador santacruceño Pedro Muñoz por el Foro Legisladores; Stilmann en Capacitación; y Rocío Maciel a cargo de Territorial y Organización.

Final feliz para la situación que atravesaron en Israel los diputados nacionales argentinos que se encontraban en Israel cuando comenzó la guerra con Irán. Hablamos de Maximiliano Ferraro, de la CC, y Damián Arabia, del Pro, quienes habían viajado a Medio Oriente para participar de las actividades relacionadas con el festival Pride 2025, que reivindica los derechos de la comunidad LGBT.

Cuando comenzó la guerra, ambos compartieron un mensaje similar en sus perfiles de la red social X. "Quiero contarles que me encuentro en Tel Aviv. Llegué ayer, invitado por la Embajada de Israel, para participar de una serie de actividades en el marco del Pride 2025, que volvían a realizarse por primera vez tras el atentado terrorista de Hamás, como símbolo de libertad y democracia en el corazón de una región convulsionada", expresaba el posteo de Arabia.

Mientras que el de Ferraro planteaba: “Como es de público conocimiento, todas las actividades han sido suspendidas debido a la creciente tensión bélica en la región, y especialmente ante el posible contrataque del Estado terrorista y autocrático de Irán”.

Finalmente el martes pasado ambos diputados lograron salir de Tel Aviv por vía terrestre y llegaron a Jordania. De todos modos, les llevó varios días lograr tomar un vuelo que los trajera de vuelta a Buenos Aires.

Este sábado Maximiliano Ferraro informó que acababan de llegar a Buenos Aires. Luego de la salida con traslado terrestre desde Tel Aviv hacia Jordania el martes pasado, y tras varias cancelaciones estando en Amán, pudieron conseguir un vuelo Amán-Dubai, conexión Dubái-Río de Janeiro, y finalmente Río de Janeiro-Buenos Aires.

“Quiero volver a agradecer a todos los que se preocuparon y me estuvieron mandando mensajes de afecto y fuerza, y también a todas las personas en Tel Aviv que se acercaron, se contactaron o me tendieron una mano para saber si estaba bien”, señaló el diputado de la Coalición Cívica.

Tras permanecer varados dentro de Israel desde el comienzo de los bombardeos entre ese país e Irán, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Damián Arabia lograron salir de Tel Aviv por vía terrestre y se encuentran en Jordania, desde donde pronto aguardan poder regresar a Argentina.

Al igual que lo hicieron todos estos días, desde que se inició el conflicto en la madrugada del pasado viernes 13, la noticia se dio a conocer por medio de sus redes sociales. "Ya pude salir de Israel", indica el posteo en X de Ferraro, quien reveló: "Acabo de finalizar el traslado y cruce por vía terrestre hacia Jordania, a través del paso fronterizo de Allenby. Ahora me toca esperar en Amán y, pronto, estaré de regreso en Buenos Aires".

El legislador de la Coalición Cívica agradeció "muy especialmente a todos los que se preocuparon y me estuvieron mandando mensajes de afecto y fuerza desde Argentina, y también a todas las personas en Tel Aviv que se acercaron, se contactaron o me tendieron una mano para saber si estaba bien".

"Fueron días muy intensos, cargados de incertidumbre, emociones cruzadas y mucha tensión, pero también llenos de gestos que no me voy a olvidar", sostuvo en su posteo el presidente del partido referenciado en Elisa Carrió.

Por su parte, Arabia comenzó: "Ya afuera de Israel. La Cancillería israelí -que me había invitado y costeado mi agenda en Tel Aviv- me trasladó por tierra fuera del país y, con algo de viento a favor, en pocos días ya me llevará de nuevo a casa".

El diputado del Pro, dirigente muy cercano a Patricia Bullrich, agradeció con nombre y apellido por "el acompañamiento y la comunicación" a la ministra de Seguridad, al presidente Javier Milei, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Defensa, Luis Petri; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

"Fui invitado para mantener una agenda con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, junto con delegaciones de Estados Unidos, Francia, Japón, India, gigantes asiáticos y otros países de la región. No se pudo", expresó.

Y relató: "Pero en cambio me tocó vivir en persona un momento histórico. Para quienes defendemos la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la democracia, sostener la existencia del Estado de Israel y el derecho del pueblo judío a defenderse no es solo una cuestión de principios: es la defensa de nuestros valores y de nuestra filosofía de vida".

"Los enemigos de la libertad que hoy atacan a Israel -si no los frenamos- mañana irán por nosotros. Con el terrorismo no se negocia: se lo combate", advirtió.

Arabia agradeció "a todos en Argentina por los miles de mensajes, oraciones y buenos pensamientos. Créanme que los sentí. Y gracias profundamente al pueblo israelí; aunque no pude cumplir con todos los objetivos con los que vine, en estas horas difíciles me llevo algo mucho más valioso: su afecto, su cuidado, su amistad y el ejemplo de un pueblo resiliente y luchador". "Am Israel Jai. ¡Viva Israel, viva Argentina, viva la Libertad!", completó.

Ambos diputados habían viajado hacia Tel Aviv para participar de actividades relacionadas con el festival Pride 2025, que reivindica los derechos de la comunidad LGBT, el cual no se realiza en Israel desde el ataque perpetrado por Hamás en octubre de 2023.

El diputado nacional José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la polémica tras viralizarse una frase que pronunció durante la “Cumbre de Comunicación Política” en la Universidad Católica Argentina. En ese marco, el legislador de La Libertad Avanza relató ante el público una supuesta conversación con Florencia Kirchner y expresó: “Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta”. También lanzó otra frase despectiva al mencionar: “No sabía que estaba lleno de kukas”.

Las expresiones, rápidamente difundidas en redes sociales, generaron un repudio transversal, que se expresó a través de proyectos de declaración. Desde el kirchnerismo, la diputada Florencia Carignano presentó uno para que la Cámara de Diputados manifieste su preocupación por lo que calificó como “dichos misóginos y violentos”, enmarcados en una práctica sistemática de hostigamiento a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y su familia.

“La legitimidad de las instituciones democráticas también se mide por la calidad del discurso público. Y aquí solo se observa odio y violencia”, sostuvo Carignano en los fundamentos. Consideró que Espert “eligió exhibir con orgullo expresiones cargadas de intolerancia” en un ámbito donde debía primar el análisis crítico y el debate respetuoso.

Desde la vereda opositora moderada, la Coalición Cívica también salió al cruce. Los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego firmaron un proyecto propio para expresar su repudio, advirtiendo que los dichos del libertario “incitan a la violencia y atentan contra los derechos humanos, en particular los de las mujeres”.

“Este tipo de expresiones perpetúan estereotipos que han sido históricamente utilizados para descalificar a las mujeres en la política”, señalaron. Y remarcaron que las palabras de Espert representan una agresión simbólica y verbal que no puede naturalizarse dentro del sistema democrático.

Ambos sectores coincidieron en que no se trata de un exabrupto aislado, sino de una muestra más del estilo discursivo que promueve el oficialismo libertario, al que acusaron de propagar discursos de odio como práctica política. Por el momento, Espert no ofreció disculpas públicas por sus afirmaciones.

En medio de un recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente, con el ataque por parte de Israel hacia objetivos nucleares y militares en Irán, dos diputados nacionales quedaron varados en Tel Aviv, hacia donde habían viajado para participar de actividades relacionadas con el festival Pride 2025, que reivindica los derechos de la comunidad LGBT.

Se trata de Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica y presidente de ese partido, y de Damián Arabia, integrante de la bancada Pro, pero específicamente del riñón de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y muy cercano a La Libertad Avanza.

Ambos compartieron un mensaje similar en sus perfiles de la red social X. "Quiero contarles que me encuentro en Tel Aviv. Llegué ayer, invitado por la Embajada de Israel, para participar de una serie de actividades en el marco del Pride 2025, que volvían a realizarse por primera vez tras el atentado terrorista de Hamás, como símbolo de libertad y democracia en el corazón de una región convulsionada", expresa el posteo de Arabia.

Mientras que el de Ferraro agrega: "Como es de público conocimiento, todas las actividades han sido suspendidas debido a la creciente tensión bélica en la región, y especialmente ante el posible contrataque del Estado terrorista y autocrático de Irán".

Hola a todos, quiero contarles que en este momento me encuentro en Tel Aviv. Llegué ayer, invitado por la Embajada de Israel, para participar de una serie de actividades en el marco del Pride 2025, que volvía a realizarse por primera vez después del atentado terrorista de Hamás.…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 13, 2025

Los legisladores indicaron que durante la madrugada de este viernes, "ante la primera alarma a las 2:57 AM, fuimos rápidamente evacuados al refugio del hotel, siguiendo los protocolos de seguridad dispuestos por las autoridades". "Me encuentro bien, resguardado y atento a cada una de las indicaciones oficiales en el marco de la alerta nacional decretada", sostuvo Ferraro.

El cívico afirmó que "es, sin dudas, un momento delicado, de incertidumbre y preocupación". "Tal como han informado distintos medios, esto podría tratarse de una operación militar más prolongada de lo habitual. Voy a seguir comunicándome por este medio. Gracias a quienes se están acercando con su afecto y preocupación", concluyó.

En tanto, en otro tramo del tuit de Arabia, aseguró: "Los vuelos han sido suspendidos en su totalidad, pero estamos bien, y cuidados".

Al conocerse en la noche de este jueves la noticia en Argentina, desde el Gobierno nacional salieron rápidamente a informar que el presidente Javier Milei ya no se encontraba en Jerusalén al momento del bombardeo israelí contra Teherán. Como parte de su extensa gira internacional, el mandatario había llegado a tierra judía el pasado lunes, donde participó de numerosas actividades y estuvo con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, desde este jueves por la noche -hora argentina- está en España.

Quiero contarles que me encuentro en Tel Aviv. Llegué ayer, invitado por la Embajada de Israel, para participar de una serie de actividades en el marco del Pride 2025, que volvían a realizarse por primera vez tras el atentado terrorista de Hamás, como símbolo de libertad y…

— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) June 13, 2025

Ante un nuevo empate en la Comisión de la Criptomoneda $LIBRA, diputados de la oposición que impulsan la investigación presentaron un proyecto para modificar la resolución por la cual se creó ese cuerpo, con la intención de destrabar la elección de autoridades y darle un voto clave a quien resulte presidente.

Encabezados por el cívico Maximiliano Ferraro, los legisladores plantean que se designe titular de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno". "Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria: si el cuerpo, por mayoría, decidió avanzar con esta investigación, la comisión debe reflejar esa voluntad en sus autoridades", plantearon.

En cuanto al quórum, se busca que la comisión funcione de acuerdo al artículo 108 y adopte "decisiones por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial". "En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión", se aclara, dándole así una facultad clave al titular.

Finalmente, otro de los artículos establece que "el plazo máximo de funcionamiento" de la comisión, que se fijó en tres meses, contará "a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación". A propósito de esto, la primera reunión para constituir la comisión fue el pasado 30 de abril. Desde el sector del oficialismo y sus aliados plantean que la comisión "ya está funcionando", por eso en la oposición quieren dejar en claro los tiempos.

"Desde la aprobación de la resolución de esta Honorable Cámara que dispuso la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada "$LIBRA, el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otros funcionarios", enfatizaron en los fundamentos.

📣 Hay que destrabar ya la Comisión Investigadora sobre $LIBRA.

Hace 40 días que el oficialismo y sus aliados hacen todo lo posible para bloquearla: manipularon la integración, forzaron un empate en la designación de autoridades, vaciaron la comisión e impidieron que se… pic.twitter.com/FJcrqaWEvY

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 12, 2025

Los diputados firmantes -integrantes de dicha comisión- denunciaron que "lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión".

"La primera maniobra consistió en alterar su integración mediante el uso abusivo de la cláusula de proporcionalidad establecida en el artículo 3° de la resolución original. Para ello, se crearon interbloques y se fraccionaron bloques existentes con el fin exclusivo de sumar miembros afines al oficialismo y así igualar en número a quienes impulsamos la investigación", recordaron.

El empate 14 a 14 producido el 30 de abril se repitió este pasado 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, y los bloques propusieron la lista de citados para el próximo 25 de junio, entre ellos los hermanos Milei. Sin embargo, nuevamente no se pudieron designar a las autoridades y reinó una incertidumbre sobre el éxito que puedan tener acciones futuras. Además, otros opositores, como el radical díscolo Fernando Carbajal y la cívica Mónica Frade se plegaron a la idea de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de activar la cuestión mediante la Comisión de Juicio Político, en un "limbo" por un conflicto interno de La Libertad Avanza.

Ahora, a través de este proyecto, los bloques de UP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la CC buscan una nueva salida alternativa para que funcione la investigadora.

"Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", dijeron.

En el cierre de los argumentos expresaron que "la Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad".

El proyecto de resolución lleva las firmas de Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).

Bien temprano, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió a confrontar este martes con el Gobierno por la intención de modificar por decreto la Ley de Glaciares, y luego anunció que pondrá a partir de ahora toda su energía en modificar la Ley 26.122 de Trámite Legislativo.

“Esa ley, redactada a medida del hiperpresidencialismo, es una anomalía institucional que permite que un decreto con fuerza de ley quede firme con el solo aval de una de las Cámaras. Es hora de terminar con ese atropello a  la división de poderes”, advirtió Ferraro, para quien “el Poder Ejecutivo no puede seguir a decretazo, como si el Congreso no existiera”.

Le contestó su excompañero de Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Fernando Iglesias, quien desde Europa, adonde viajó acompañando al presidente Javier Milei en su gira le contestó a Ferraro: “Increíble. La ley que puso Cristina para gobernar por decreto aunque tenía mayoría en ambas cámaras? Ahoraaa, que un presidente elegido con el 56% de los votos tiene 15% de los diputados y 9% de los senadores?”.

Y concluyó: “O síndrome de Estocolmo mais grande do mundo. @maxiferraro”.

Le contestó el propio Ferraro: “Fernando, desde que sos un ‘republicano intermitente’ y aliado del peronismo neo-menemista, pasaste a ser una parodia de lo que antes solías criticar. Tu defensa de los DNU es el colmo, estás avalando una de las herramientas más autocráticas del sistema político argentino y una ley que sabés que es inconstitucional”.

“Me hacés recordar esa frase de Borges que dice: ‘hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos’. Y vos, lamentablemente, ya cruzaste la línea”, concluyó Ferraro.

Todo comenzó con un poseo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el ministro de Economía: “Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando”.

Le salió al cruce la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien este jueves fue la voz oficial que salió a defender al Gobierno frente a las acusaciones del personal del hospital pediátrico. “Sí, Lilita. Es un escándalo que haya 953 burócratas en el Garrahan y solo 478 médicos de planta. Y que los sueldos de los administrativos superen al presupuesto de todo el cuerpo médico”, arrancó diciendo la funcionaria.

Y agregó: “Por eso estamos poniendo el hospital en orden, para que la salud de los chicos y el bienestar de los médicos pese más que los ñoquis de turno. El 01 de junio empezamos a controlar asistencia mediante sistema biométrico y vamos a echar a todo aquel que no trabaje, para garantizar que la plata se invierta en lo que corresponde”.

La viceministra concluyó afirmando que “esta gestión aumentó un 244% el presupuesto de 2023 a 2024. No vamos a permitir que psicopatees a la gente como hiciste durante el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a sanear el sistema de salud que destrozó el kirchnerismo”.

Quien a continuación le salió al cruce a Loccisano fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien a través de la red social X le dijo: “Sra. viceministra, no sea cínica ni mentirosa, aunque es inevitable habiendo sido parte de la familia de la ‘casta’ política y sindical durante tantos años... Si algo de lo que dice fuera cierto, usted es responsable y parte del problema: trabaja en el Ministerio de Salud como funcionaria jerárquica desde los 2000 y estuvo con todos los ministros y gobiernos: Kirchner, Massa y Ginés fueron sus jefes”.

Agrego que “los ‘burócratas’ a los que refiere son personal del Hospital que ejerce roles no médicos fundamentales para el funcionamiento del Garrahan: técnicos e instrumentadores quirúrgicos, asistentes en diálisis, ECMO, anestesia e imágenes, enfermeros, farmacia, trabajadores sociales, recepcionistas, secretaría, limpieza y seguridad.  ¿Cómo cree que funciona cualquier sanatorio sin este personal?”

Y concluyó: “Debería darle vergüenza y hacer silencio. Usted jamás trabajaría por el salario miserable que le pagan a los médicos y residentes del Garrahan. No lo digo yo, lo dijo usted misma”.

Luego de un renovado embate presidencial contra el periodismo en general, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que Javier Milei “ha cruzado todos los límites” y le reclamó: “¡Basta de perseguir al periodismo!”.

Ferraro enumeró: “Reposteó a un influencer de su entorno que pedía meter preso a un periodista por decreto. Además, afirmó que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Estas declaraciones no solo son inadmisibles: son un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, pilares fundamentales de una democracia y de una república que se enriquece con la pluralidad”.

“Organizaciones como FOPEA y Reporteros Sin Fronteras han denunciado el creciente hostigamiento a la prensa por parte del gobierno. Argentina cayó 26 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. El mensaje que se está enviando desde el poder es claro: al que piensa distinto, se lo castiga”, advirtió el diputado de la CC.

En ese sentido, Maximiliano Ferraro expresó “toda nuestra solidaridad con los periodistas agredidos y con el periodismo argentino en su conjunto. No se trata de una polémica en redes: se trata de un intento sistemático de imponer miedo y la autocensura”.

Y cerró: “La defensa de la libertad de prensa no admite medias tintas. No se trata de estilos personales, ni de justificar agravios con el carácter ‘particular’ del presidente. Estamos hablando de un valor esencial de la democracia, y cuando se ataca, se condena. Sin peros”.

En un contexto similar al del año pasado, los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley de financiamiento universitario con una actualización automática tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El último período legislativo estuvo marcado por la conflictividad universitaria a partir del atraso presupuestario, las marchas federales y el posterior veto del presidente Javier Milei, ratificado por la Cámara de Diputados en octubre. En esta ocasión, el texto busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino.

Además, la iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. También, propone recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.

Dentro del espíritu del proyecto de ley se establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).

La otra novedad del proyecto de ley es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.

En otro punto, propone un rol activo a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema

Y por último, prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.

Danya Tavela agregó que “frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, agregó: “La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina”.

“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, sostuvo Tavela.

A su vez, Maximiliano Ferraro expresó que “destruir las universidades es destruir el futuro del país”, y remarcó que “su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”. “No nos da lo mismo y por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento”, manifestó.

“Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades”, siguió el diputado nacional de la Coalición Cívica.

El proyecto de ley fue acompañado con las firmas de integrantes de Democracia para Siempre como Pablo Juliano, Melina Giorgi, Facundo Manes, Marcela Antola, Fernando Carabajal, Mariela Coletta y Marcela Coli; de la Coalición Cívica: Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade; y de Encuentro Federal con Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

1626-D-2025

Tras un largo trabajo de los diputados a lo largo del año pasado, en noviembre los impulsores de esta iniciativa pudieron lograr llevar al recinto los dictámenes alcanzados y lograron imponer una media sanción a la ley de prevención de ludopatía y regulación de las apuestas online. Fue el 27 de noviembre de 2024, durante esa última semana intensa del período ordinario en la que hubo varios intentos de sesiones y solo se alcanzó avanzar con esa norma.

Y eso se logró con una mayoría importante: la aprobación se alcanzó por 140 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Pasó al Senado, pero allí duerme el sueño de los justos: no fue incluido en extraordinarias y tampoco aparece en el horizonte del debate en las comisiones a las que fue derivada.

Ahora, como sucedió oportunamente con el proyecto de ficha limpia, el Poder Ejecutivo decidió inmiscuirse y, según ha trascendido, prepara un proyecto propio que busca directamente regular el tema de las apuestas. Este miércoles la periodista Déborah de Urieta planteó que el proyecto prevé en realidad “impulsar” la publicidad de apuestas online, ante lo cual el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió a alertar sobre lo que define como “una vergüenza”. Sostiene el legislador que “el Gobierno dice que quiere prevenir la ludopatía, pero impulsa un proyecto que es una verdadera vergüenza. Un intento burdo de encubrir lo que realmente defienden: los negocios del juego online”.

Con cierta ironía, Ferraro señaló que el proyecto “está, o parece, redactado por los Chiqui Tapia y las empresas de apuestas. El texto protege la publicidad que engancha a menores y normaliza la adicción como parte del consumo cotidiano”.

“Promover el juego de azar entre menores no es solo irresponsable: es moralmente inaceptable. No hay libertad donde hay adicción, ni progreso en una práctica que destruye voluntades, esclaviza el alma y desvaloriza el esfuerzo y el trabajo digno”, sostuvo Ferraro, que cerró un extenso posteo advirtiendo que “mientras miles de familias argentinas claman una respuesta ante un flagelo que arrasa con la vida de sus hijos, sus vínculos y sus economías, el Gobierno -junto a sus socios del poder deportivo y empresarial- pretende imponer este adefesio que va contra una ley que ya tiene media sanción. Vamos a enfrentarlo porque es un veneno silencioso. No vamos a dejar que la complicidad y el lobby sean más fuertes que el derecho de nuestros pibes a crecer libres. Esto es una vergüenza”.

‼️ ES UNA VERGÜENZA

El gobierno dice que quiere prevenir la ludopatía, pero impulsa un proyecto que es una verdadera vergüenza. Un intento burdo de encubrir lo que realmente defienden: los negocios del juego online. Está, o parece, redactado por los Chiqui Tapia y las empresas… https://t.co/qsYH8gXdsB

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 23, 2025

Presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, y como tal cabeza del debate que se dio a lo largo del año pasado, la diputada Mónica Frade posteó este miércoles, indignada ante la información: “Pudimos dar media sanción a una Ley de Ludopatía que reclaman las familias argentinas, destruidas por el flagelo de la adicción al juego y sobre todo al Juego en línea. El Gobierno y sus socios priorizan los negociados y el lavado de dinero que fluye detrás. Los Chiqui Tapia redactaron ese proyecto que claramente protegen los negociados de la publicidad”.

“Esta lucha supera a la que en otros tiempos, con buenos resultados, se dio con el tabaco. Sigamos peleándola en el Senado. Es el compromiso de la Coalición Cívica y de los diputados/as que contribuyeron activamente en hacer posible esa media sanción”, y citó a sus pares Rogelio Iparraguirre, Pablo Yedlin, Oscar Agost Carreño, Pablo Carro, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein y Natalia Sarapura.

Pedido de la Iglesia

Ante la inacción del Senado, la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel el 13 de febrero pasado, mediante la cual expresa su apoyo al proyecto de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuesta en línea, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 27 de noviembre, al tiempo que le pide por "su pronto tratamiento para su sanción como ley".

"Ratificamos nuestra preocupación y la de tantos docentes, familias y dirigentes políticos de diferentes espacios partidarios que desde diversos puntos de nuestro país nos hacen llegar por el tremendo daño que está causando el incremento alevoso de las apuestas online, y de conductas compulsivas y de ludopatía principalmente en adolescentes y jóvenes", manifestaron los obispos.

En ese sentido, recordaron que "movidos por esta preocupación, en el mes de julio del año pasado, en un documento inédito, las comisiones de pastoral social de las diócesis del país expresamos nuestra preocupación al respecto". Asimismo, en noviembre de 2024 "constatando el avance de esta 'plaga' y en sintonía con la presente, enviamos una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para avanzar en el tratamiento de la propuesta de ley que atienda esta situación".

En la misiva, advirtieron: "Lo que nosotros vemos en las provincias es que, en las escuelas de ciudades y pueblos, en los clubes y en tantos lugares, este flagelo no se detiene y, a costa del negocio de algunos inescrupulosos, estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de 'la timba y del azar' en lugar de intensificar la cultura del trabajo".

"La publicidad de los sitios de apuestas está fomentando esta adicción. Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida. Esto lo vemos permanentemente en nuestras comunidades", agregaron en el texto que lleva la firma de monseñor Dante Braída, presidente de la Comisión de Pastoral Social.

Finalmente, sostuvieron que "esta práctica atenta contra el precioso e inestimable don de la libertad, ya que, como toda adicción, genera dependencia, se pierde la capacidad de poder elegir. Muchos hermanos terminan robando o empeñando lo poco que tienen para seguir apostando".

Qué dice la media sanción de Diputados

El proyecto aprobado en Diputados prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

El proyecto establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en todas las plataformas y redes sociales de internet, así como en las tecnologías de la información y comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, los carteles en la vía pública o en espacios privados de uso público, los medios gráficos, radiales, televisivos, los podcast y cualquier otro medio de comunicación, tanto actual como futuro.

Además, prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción.

Quedan prohibidos los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general.

Con profunda tristeza y dolor, te despido, querido Francisco.

Fuiste un líder espiritual único, acá en tu querida Argentina y Ciudad de Buenos Aires, y en el mundo. Encarnaste con humildad, ternura y coraje el mensaje más profundo del Evangelio. Bregaste incansablemente por la cultura del encuentro, por la paz, por los más pobres, por los descartados del mundo.

Con tu mano extendida y tu corazón abierto, abrazaste a los migrantes y refugiados, a los presos, al colectivo LGTBI, a los niños y a los viejos, a quienes sufren y a quienes no tienen voz. Nos enseñaste que no hay dignidad sin justicia, que no hay fe sin compasión, y que no hay libertad sin un verdadero amor al prójimo.

Defendiste el cuidado del entorno natural como parte esencial de ese amor, y nos dejaste en Laudato Si’ un testamento profundo de tu compromiso con la Casa Común y con las futuras generaciones.

Fuiste una persona buena y con carácter, con convicciones firmes, con la valentía de incomodar y la ternura de sanar.

Hoy tu partida nos duele, pero también nos deja la esperanza viva de tu legado: el de un pastor que nunca dejó de caminar junto a su pueblo.

Y te fuiste nada más ni nada menos que un día después de dar la bendición de Pascua de Resurrección, como si incluso en tu despedida quisieras dejarnos un último signo.
Gracias, Francisco. Hasta siempre. Descansa en paz.

No fue sorpresa, porque se venía hablando de eso desde hace tiempo, pero finalmente se formalizó este jueves. Fue a través de un decreto, que deroga otro decreto, el 2226, del año 2008, por el cual se le otorgaba a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de lavado de capitales. A partir del decreto que acaba de firmar Javier Milei, esa potestad ha desaparecido.

De tal manera, a partir de ahora la UIF ya no puede ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El argumento utilizado es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala que esa potestad puede “afectar su autonomía e independencia operativa”.

El extitular de la UIF en tiempos de Cambiemos, Mariano Federici, alertó que “una UIF debilitada, despojada de la facultad de querellar, fue siempre el anhelo de los más corruptos de Argentina. No es casual que quienes impulsaron esta medida, hayan sido los mismos operadores, disfrazados de expertos, que militaron siempre impunidad”.

Desde la Coalición Cívica salieron varios de sus diputados a cuestionar la medida. “¿Un decreto a favor de la impunidad?”, se preguntó el diputado Maximiliano Ferraro, quien posteó este jueves: “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué le pasa a Milei? ¿Para qué hacen estas cosas? El decreto de hoy protege a los delincuentes y deja a la sociedad a merced de algún fiscal voluntarioso frente a este tipo de delitos. La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país”.

A su vez, Paula Oliveto Lago sostuvo que “son días de revelación. Ahora, por orden de Milei, la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores de dinero. Se caen muchas caretas: no les importa Ficha Limpia ni recuperar lo robado”.

“Que este tiempo de reflexión nos sirva para renacer en la búsqueda de verdad y justicia”, acotó Oliveto.

A su vez, Marcela Campagnoli recordó que “los triunfos e investigaciones que tuvo la UIF cuando querelló, fueron derrotas para los corruptos y narcos”. “Debemos ser guardianes de un Estado obediente a la Constitución y sus leyes. Tenemos que generar ese cambio de conciencia donde la verdad sea un valor, la justicia un fin y la idoneidad técnica y moral para los cargos públicos un requisito habitual”, agregó la diputada de la Coalición Cívica, que agregó que “no solo fueron causas de políticos, sin la intervención UIF por ejemplo, en el proceso el clan Alé (trata de personas) éste hubiese quedado impune”. Y continuó: “O en la causa Luis XV (narcolavado), donde el fiscal fue reportado por su muy cuestionable accionar, y la UIF se presentó y querelló; sino también hubiesen tenido plena impunidad. Es importante poder tener rol de querellante para poder impulsar causas cuando algunos las ‘planchan’”.

En conclusión, agregó la diputada de la CC: “Esta decisión solo beneficia a los corruptos, al poder y al dinero mal habido. Y más aún, es contrario a ‘la lucha contra la corrupción y las castas’, que Milei había asumido frente a la sociedad”.

A su vez, el exdiputado nacional radical Alvaro de Lamadrid habla de “decreto de la impunidad” y sostuvo que con esto “se concreta el anhelo de Barra, Cúneo Libarona y los Milei de quitar facultades de querellar a la UIF, es parte de la "tabula rasa", más ahora que se vienen las elecciones y están comprando dirigentes de todos los partidos, sin importar si delinquieron”.

Este fin de semana se conoció la noticia de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, destituyó a su vicepresidente para Asuntos Parlamentarios por hacer haber viajado a nuestro país de incógnito, por turismo.

Shahram Dabbiri estuvo en Ushuaia y de ahí viajó al Polo Sur, y el enojo en su gobierno es porque en este momento la moneda iraní atraviesa su peor momento frente al dólar estadounidense.

La novedad causó la reacción del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien alertó sobre nuestras “fronteras como colador”, al tiempo que criticó la Inteligencia argentina.

“Primero, un avión y una ‘amiguita colaboradora’ de la CPAC eludieron todos los controles aduaneros. Ahora ni siquiera se dieron cuenta de que el vicepresidente de Irán, un Estado autocrático y teocrático, denunciado por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA y financiador de grupos proxy como Hamas y Hezbolá, estuvo en nuestro territorio. ¡GRAVE!”, protestó el legislador de la Coalición Cívica.

Luego de que se anunciara oficialmente que el jefe de Gabinete Guillermo Francos concurrirá el miércoles 16 de abril para informar sobre el escándalo cripto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó tanto a ese funcionario, como al secretario Parlamentario Adrián Pagán “respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara”.

“Acaban de convocar una sesión especial para el 16 de abril, generando un enchastre institucional sin precedentes”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro sostuvo que “después de meses de incumplimiento (solo realizó 3 de los 9 informes obligatorios en 2024), “el jefe de Gabinete de Ministros finalmente se digna a venir a Diputados. Pero ahora pretenden mezclar su informe constitucional mensual (art. 101 de la Constitución) -que incluye más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados- con un ‘informe voluntario’ sobre el caso $LIBRA, que de ningún modo cumple con los términos de una eventual interpelación o pedidos de informes requeridos al amparo de los arts. 71 y 100 inc. 11 de la Constitución Nacional”.

Para Ferraro, “la maniobra es clara: quieren dar un informe corto, vacío, a medida del jefe de Gabinete, del presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Lamentamos informarles que no funciona así”.

“Hay una Constitución y un reglamento que respetar”, agregó Ferraro, que enumeró a continuación:

🔴 Los pedidos de informes e interpelación por el caso LIBRA aún no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Por tanto, el JGM no puede anticiparse ni fijar condiciones. Debe comparecer cuándo y cómo lo decida el cuerpo, según se establecerá el próximo martes en la sesión especial.

🔴 El informe mensual sobre la marcha del Gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso.

🔴 El secretario Parlamentario no puede suplantar la voluntad del Cuerpo ni violar lo dispuesto en el art. 204 del Reglamento. Tampoco puede ignorar ni vulnerar la voluntad de los legisladores expresada en el Orden del Día 761, que ha solicitado interpelaciones no solo al Jefe de Gabinete, sino también a otros funcionarios nacionales por el tema $LIBRA. Vale recordarle que las órdenes del día (OD) aún no han sido tratadas ni aprobadas por esta Cámara, y que pueden ser modificadas o rechazadas por el pleno.

Ferraro no tiene dudas de que “han convocado esta sesión informativa de manera malintencionada y provocativa, a sabiendas de la sesión requerida para el próximo martes 8. Lo han hecho, además, sin considerar (o sí) que será solo un día después de la finalización de Pesaj y en plena Semana Santa y Pascua cristiana. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre LIBRA”. Advirtió el diputado de la Coalición Cívica que “será fáctica y logísticamente imposible que, en el último día de una semana de solo tres días hábiles, a las 14.30 horas, se respondan más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados y, además, se pueda abordar el caso de la criptomoneda”.

“Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, observó Maximiliano Ferraro.

Y cerró: “Señor presidente de la Cámara y secretario Parlamentario, como ya se lo he manifestado en reiteradas oportunidades, deben representar a la totalidad del cuerpo y no únicamente a una facción o parcialidad. ¿Realmente pretenden que nos prestemos a esta ficción y puesta en escena que desean llevar a cabo?”.

Antes del último fin de semana de marzo se venció el plazo para que los diputados nacionales envíen por escrito sus preguntas sobre la gestión al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se espera concurra a la Cámara baja luego de Semana Santa.

Este lunes, a través de su perfil de la red social X, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro compartió "10 preguntas que millones de argentinos nos hacemos todos los días".

Sobre Francos, recordó que "el año pasado debía asistir en 9 veces, pero sólo lo hizo en 3, incumpliendo su obligación constitucional". "¿Esta vez responderá en serio o volverá a esquivar al Congreso?", se preguntó.

En las consultas enviadas, el cívico se refirió a la situación de los jubilados. "En un año, los jubilados de la mínima perdieron más de $100.000 contra la inflación, entre el veto a la recomposición del 8,1% y el congelamiento del bono. ¿En algún momento van a recuperar su poder adquisitivo, o los van a dejar así para siempre?", planteó.

Sobre las asignaciones familiares por hijo, apuntó que "la AUH es de $100.286, pero la asignación familiar de los trabajadores formales más pobres es de $50.151". "¿Por qué hay un millón de chicos que valen menos? ¿Cuándo van a equiparar sus ingresos?", consultó.

Otro de los temas abordados desde la CC fue el caso de la criptomoneda $LIBRA. "A casi dos meses del escándalo, ¿cuál fue el rol del presidente Javier Milei y de la secretaria Karina Milei en el proyecto $LIBRA? ¿Qué vínculo tuvieron y qué hicieron en sus reuniones con los 'crypto-empresarios' Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Ariel Parkinson?", interrogó.

Una de las preguntas también fue referida a un proyecto de ley que se encuentra a la espera de debate en la Cámara alta. "Las apuestas en línea están haciendo estragos en las familias argentinas. Si el Senado aprueba la ley para regularlas, ¿el presidente la va a vetar? ¿Está a favor o en contra de prohibir la publicidad de las apuestas online?", dijo Ferraro.

Respecto a la educación, subrayó que "este año, las Universidades tienen asignado el mismo presupuesto que en 2023. Mes a mes, les sueltan escasos fondos a cada una de ellas. ¿Van a seguir asfixiándolas y manejando los recursos de manera discrecional?".

En lo referido a narcotráfico y seguridad, el diputado preguntó: "¿Por qué el Gobierno abandona a los ciudadanos polemizando inútilmente con Macri y Kicillof, en lugar de hacerse cargo de los presos de la Ciudad de Buenos Aires y colaborar en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad del conurbano bonaerense, como lo hizo en Santa Fe?".

"Las reservas internacionales del BCRA están en su nivel más bajo en 14 meses, alcanzando 8.500 millones de reservas netas negativas. ¿No es urgente garantizar la autonomía del Banco Central y establecer una política real de acumulación de reservas? ¿Cómo piensan hacerlo?", reclamó Ferraro.

También dejó sentado el rechazo de su espacio al pliego de Ariel Lijo: "A pesar de las cientos de denuncias e impugnaciones, el presidente insistió con Ariel Lijo para la Corte Suprema y lo designó en comisión. ¿Hay algún pacto con la casta judicial o un acuerdo de impunidad con la política que protege a Lijo?".

Otro de los temas fue sobre el abandono de las rutas. "En 2025, se va a concesionar el mantenimiento del 20% de la red vial nacional. ¿Qué va a pasar con los 35.000 km restantes de rutas nacionales abandonadas, que por su deterioro ponen en peligro la vida y la producción de los argentinos?", consultó.

Finalmente, en cuanto a cambio climático y desastres naturales, el cívico desafió: "Después de los incendios en la Patagonia, las inundaciones en Bahía Blanca y la sequía en grandes áreas del campo, ¿el presidente y el Gobierno van a seguir negando el cambio climático y minimizando el impacto del calentamiento global? ¿Cuál es el plan de mitigación y prevención para reducir los riesgos en la vida y la propiedad de los argentinos?".

Si la escuela no logra impedir que el origen social de los niños más pobres determine su futuro, entonces la educación fracasa en su misión más esencial: equiparar los puntos de partida y brindar oportunidades genuinas de movilidad social.

Argentinos por la Educación publicó un informe que, con datos oficiales, evidencia cómo en Argentina la segregación educativa y las brechas socioeconómicas siguen profundizándose, agravando las desigualdades en el acceso a un derecho fundamental como la educación.

Los bajos resultados en los aprendizajes no solo son alarmantes, sino que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, reproduciendo un ciclo de exclusión y desigualdad que parece no tener fin.

Es urgente establecer un nuevo paradigma de justicia educativa, basado en una equidad real y efectiva. La igualdad no puede ser solo formal: en educación debe ser una garantía concreta.

Esta crisis educativa es el resultado de malas políticas económicas y del abandono sistemático del sector, reflejado en la falta de inversión, la desidia y la ausencia de estrategias integrales para garantizar una educación de calidad. A pesar del aumento de la cobertura en los últimos años, este avance no se ha traducido en una verdadera inclusión ni en mejoras sustanciales en los aprendizajes.

A esto se suma una deuda histórica en materia de financiamiento, producto del incumplimiento reiterado de la meta del 6 % del PBI destinado a la educación obligatoria. Sin un compromiso firme y sostenido, la brecha entre quienes acceden a una educación de calidad y quienes quedan relegados seguirá ampliándose, consolidando un sistema que perpetúa la desigualdad en lugar de combatirla.

La educación debe ser una verdadera herramienta de justicia y equidad. No hay futuro ni porvenir común posible sin una escuela que garantice oportunidades para todos.

No la cuentan ni completa ni incompleta; simplemente, la banalizan. Insisten en instalar la idea de que hubo una guerra civil o guerra sucia cuando, en realidad, lo que ocurrió fue terrorismo de Estado.

No existió un conflicto entre fuerzas equiparables ni se actuó bajo ninguna convención de guerra. Lo que sí hubo fue un Estado que utilizó toda su estructura para perseguir, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas.

También premeditadamente omiten que, en democracia, se juzgó a las juntas militares y a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras armadas. El Estado nunca puede ni debe ponerse en el mismo lugar que un grupo armado: tiene la obligación de respetar y cumplir la ley y los derechos humanos.

Nada dicen sobre cómo la impunidad llegó después, con los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que intentaron cerrar la historia en falso.

Con una gravedad inusitada, pretenden banalizar lo que fue un sistema organizado de tortura, desaparición forzada y robo de bebés.

Si hay un mal recurrente en nuestra historia, es la violencia. Hemos padecido demasiado el odio y la lógica de la eliminación del otro. No hay causas nobles que justifiquen la muerte ni proyectos políticos que legitimen la violencia o el terrorismo de Estado. El Estado debe ser garante de derechos, no reproductor de violencias. La democracia y la República son el único camino para resolver nuestras diferencias.

Hago mías las palabras de Julio César Strassera:

“Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate”.

“Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos; ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.

Hemos intentado buscar la paz por vía de la violencia y del exterminio del adversario, y fracasamos”.

“Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria; no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad, y quizá sea la última”.

Tras lo sucedido en la sesion especial del miércoles, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aplique sanciones disciplinarias en la próxima cita en el recinto. Acusó a los legisladores de La Libertad Avanza de “romper el quórum reglamentario mediante intimidación”.

Presente en el conflicto, pide que se sancione al correntino Lisandro Almirón. Con quien tuvo un cruce en el pasado y le recordó su paso por el Frente de Todos en el 2021. Sin nombrarlas, Ferraro tambien se refirió a lo sucedido con Marcela Pagano quien tuvo un cruce con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce que quedó grabado en un celular.

‼️ NO PUEDE PASAR POR ALTO

Exijo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión.…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 13, 2025

“El artículo 188 establece que, si la gravedad de las faltas lo justifica, la Cámara, por indicación del presidente o moción de cualquier miembro, debe decidir, por mayoría absoluta, si corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución Nacional, creando una comisión especial para investigarlas. Si este procedimiento no se lleva a cabo, presentaré una moción al respecto”, explicó Ferraro en X.

Los hechos a los que el "lilito" hace referencia son a los ocurridos en el recinto en la sesión del miércoles luego de aprobar la emergencia en la ciudad de Bahía Blanca. En un flanco, Oscar Zago, jefe de bloque MID, reaccionó ante "el apriete" de Almirón quien lo quería obligar a salirse del recinto para dejar la sesión sin quórum.

En el medio, Lemoine y Ponce filmaban a Pagano y Rocío Bonacci, quienes permanecían sentadas para tratar la moción que iba a ratificar a la periodista al frente de la Comisión de Juicio Político. Tras un cruce que quedó grabado en el celular de Ponce, Bonacci les arrojó un vaso con agua ante la atenta mirada de la neuquina Nadia Márquez.

La sesión en la Cámara de Diputados que se desarrolló este miércoles 12 terminó en un fuerte escándalo en un “todos contra todos”, donde hubo peleas, forcejeos entre diputados libertarios, gritos y duras acusaciones.

Ante ese panorama, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, le exige al presidente de la Cámara baja Martín Menem que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión porque “no se puede pasar por alto”.

Ferraro explicó que “esta disposición resulta pertinente ante la coacción ejercida por el diputado Lisandro Almirón y otros miembros de LLA durante la sesión especial del 12 de marzo, dirigida a varios diputados que decidieron permanecer en sus bancas, con el objetivo de romper el quórum reglamentario mediante intimidación”.

El libertario Almirón se le fue al humo a Oscar Zago, entre gritos y reproches de traición. Hubo manotazos y empujones en medio de la furia. El enojo de LLA contra el MID, habitual aliado, también pasaba porque sus tres miembros habían dado quórum para abrir la sesión y votaron a favor del emplazamiento para tratar una comisión investigadora por el escándalo cripto.

Por su parte, las libertarias Marcela Pagano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine y María Celeste Ponce protagonizaban otro capítulo de la novela que las enfrenta. Solo que esta vez pasaron de las redes sociales a la acción. El dúo de Lemoine y Ponce estaban con sus celulares filmando a Pagano y Bonacci, acusándolas de dar quórum “junto al kirchnerismo”. Bonacci reaccionó tirándoles un vaso de agua.

“El artículo 188 establece que, si la gravedad de las faltas lo justifica, la Cámara, por indicación del presidente o moción de cualquier miembro, debe decidir, por mayoría absoluta, si corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución Nacional, creando una comisión especial para investigarlas. Si este procedimiento no se lleva a cabo, presentaré una moción al respecto”, planteó el diputado de la CC.

Más que final imprevisto, lo sucedido este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados es lo que realmente no estaba previsto por nadie. Semejante nivel de tensión, exteriorizado en escenas de pugilato entre legisladores es algo que no se recuerda en años en esa cámara.

Y así lo reflejaron los legisladores que fueron testigos o protagonistas de estos episodios.

El diputado de Unión por la Patria Tomás Ledesma publicó un video en el que se ve el conato de violencia entre Oscar Zago y Sergio Almirón. “Está locura está pasando ahora en el recinto con los diputados de la libertad avanza, aunque las cámaras no lo muestren. Buscan tirar abajo la sesión para evitar que se deroguen las facultades extraordinarias de Javier Milei”, posteó el legislador entrerriano.

Está locura está pasando ahora en el recinto con los diputados de la libertad avanza, aunque las cámaras no lo muestren. Buscan tirar abajo la sesión para evitar que se deroguen las facultades extraordinarias de @JMilei pic.twitter.com/r7g1hvCkj8

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) March 12, 2025

Sobre el mismo episodio, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal posteó por su parte: “Diputados del Gobierno atacaron con violencia a los diputados del MID para dejar sin quórum la sesión. Situación de violencia nunca vista en el recinto. En vez de imponer orden, Menem levantó la sesión y salió huyendo. Una maniobra autoritaria”.

La libertaria María Celeste Ponce posteó contra Marcela Pagano y Rocío Bonacci, que terminaron peleándose con Lilia Lemoine, en un cruce que quedó reflejado en las redes. “Marcela Pagano y Bonacci dando quórum al kirchnerismo. Nos tiraron agua por pedirles que se levanten, esto es imperdonable”, a lo que Pagano -que es con Bonacci del mismo bloque- le contestó: “Imperdonable es la corrupción que manejás robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresión que vos y Lemoine propinaron a Rocío y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. No representan a Javier Milei! Impidieron el funcionamiento de un poder del Estado, delincuente!!

Imperdonable es la corrupción que manejas robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresion que vos y Lemoine propinaron a Rocio y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. No representan a @JMilei !… https://t.co/9CGEJ6frLv

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2025

“Bochornoso y violento final de la sesión de Diputados”, posteó Maximiliano Ferraro para titular su mensaje, en el que dijo: “La República no necesita escándalos ni violencia, dentro ni fuera del Congreso. Nadie puede patear el tablero ni provocar disturbios cuando no le gustan las decisiones democráticas”.

“Repudio absolutamente la provocación y agresión del diputado Almirón, así como la actitud arbitraria del presidente de la Cámara, Martín Menem, al levantar la sesión intempestivamente. Ni el pueblo ni los diputados los eligieron para violar la Constitución, el reglamento de la HCDN y las normas básicas de convivencia que garantizan el funcionamiento del Congreso”, cerró el legislador de la Coalición Cívica.

Desde Unión por la Patria, Julia Strada escribió: “¿Qué pasó hoy adentro del Congreso? Libertarios apretando a sus propios integrantes de bloque: Zago, Pagano y Bonacci. ¿Para qué? Para que no tengamos quórum y evitar así que votemos conformar la Comisión de Juicio Político y la eliminación de facultades delegadas”. Y disparó contra el titular de la Cámara: “El presidente Menem, jefe de la operación”.

A su vez, Mariela Coletta (Democracia para Siempre) señaló: “El oficialismo es un papelón. Hoy, dentro y fuera del Congreso de la Nación vimos lo peor de la política. Por un lado, represión, violencia y jubilados atacados. Por el otro, piñas y aprietes en frente de todos de parte del bloque de LLA para impedir que tengamos el quórum necesario y no se sigan tratando los temas importantes”. Y cerró: “Martín Menem terminó la sesión de un momento a otro en medio de todo esto. Un país nos pide seriedad y trabajo para sacarlo de innumerables crisis y pasa esto. Son una vergüenza”.

“Todo esto ocurrió en el contexto del escándalo encabezado por Martín Menem. Mientras el pleno se disponía a votar la eliminación de las facultades delegadas a Milei, él se negó a someter la cuestión a votación. Y mientras tanto, en el recinto, ellos terminaban a las piñas”, describió la camporista Luana Volnovich.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón señaló: “No es casual el episodio violento que vivimos hoy en Diputados. El nivel de odio y prepotencia que propone La Libertad Avanza no sólo es externo, sino hacia su propio interior”.

Y concluyó expresando su solidaridad “con lxs diputadxs agredidos y apretados para no dar quórum Zago, Pagano y Bonacci”.

No es casual el episodio violento que vivimos hoy en @DiputadosAR
El nivel de odio y prepotencia que propone La Libertad Avanza no sólo es externo, sino hacia su propio interior
Solidaridad con lxs Diputadxs agredidos y apretados para no dar quorum Zago, Pagano y Bonacci pic.twitter.com/l4u8WVloaf

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 12, 2025

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por sus críticas a la líder de su partido Elisa Carrió: “Su obediencia ciega no los exime a Javier y Karina Milei a dar explicaciones ante la Justicia”.

Carrió confirmó que pretende volver al Congreso en las elecciones legislativas de este año y que se presentará como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese marco, se refirió al escándalo cripto y deslizó que una de las principales responsables del fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió y apuntó contra el presidente: “Lo veo autoritario”.

Al respecto, fue el jefe de Gabinete quien le salió a responder y a respaldar a los hermanos Milei: Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito… En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei. A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas”.

Ahí, fue Ferraro quien le retrucó a Francos: “Su confianza es obsecuencia y obediencia”, y le planteó: “Las falsas comparaciones y ataques contra Carrió no van a ocultar la gravedad de los hechos del 14 de febrero. Usted dice tener absoluta confianza en Karina Milei y el Presidente, pero su obediencia ciega no los exime a ellos de dar explicaciones ante la Justicia y a Ud. frente al Congreso”.

“No es la primera vez que los defensores del corporativismo político nos acusan de locos por denunciar maniobras espurias y abuso de poder. Lo hicieron en los 90 menemistas con su amigo Cavallo, en el kirchnerismo y ahora lo hace usted para defender a Karina Milei y su hermano. Esta vez no será distinto”, le enrostró.

En sus redes sociales, el diputado nacional Maximiliano Ferraro adelantó este sábado porqué se hacía presente en la sesión, a diferencia de la oposición más dura, que decidió hacerle un “vacío” al presidente en la Asamblea Legislativa.

“Soy demócrata y republicano”, señaló en primer lugar, detallando: “Voy a ejercer la representación de quienes me votaron, pero también de quienes se sienten decepcionados por las falsas promesas del Gobierno. No voy a abandonar mi banca, ni mucho menos regalarles el Congreso”.

“Soy pluralista. Cuando la oposición se ausenta, el oficialismo avanza sin control y el abuso de poder se consolida. El presidente no puede seguir gobernando por decreto, ignorando al Congreso y nuestra Constitución”, continuó.

Ferraro agregó que cree en las instituciones: “El Congreso no es propiedad del presidente ni de su partido: es una institución en la que se expresa la pluralidad de la ciudadanía, y las voces de todos los argentinos”.

Asimismo aseguró que va a defender a los jubilados, a la educación, a las universidades, a la ciencia y tecnología, al campo, a los emprendedores y al medioambiente. “Voy a luchar contra la corrupción. El #LibraGate debe investigarse y los funcionarios deben rendir cuentas”, continuó.

Asimismo Ferraro explicó que defenderá a la República, y en ese sentido explicó: “Resisto la designación de jueces de la Corte por decreto, un peligroso antecedente que hiere gravemente la institucionalidad y la independencia judicial”.

Y agregó: “Es un acto de insumisión, porque los principios republicanos no son temporales ni selectivos. No se rinden ni se negocian: se defienden, siempre con nitidez y sin ambigüedad”. Por último, parafraseó a Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.

“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".

En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.

Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.

Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.

Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.

“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.

En un intento de coartada hábilmente diseñada, el Presidente dijo que no tiene nada que ocultar. De eso se trata, señor Presidente: de decir la verdad y nada más que la verdad.

Dicho esto, quiero decirle que ocultó algo central que lo saca de su autopercepción de simple “difusor” del proyecto. La verdad es que $LIBRA no había sido lanzada públicamente en las redes antes de su posteo. Solo usted y los insiders con información privilegiada disponían del enlace de compra del token, lo que queda demostrado por la sincronía de su publicación con las operaciones especulativas de las billeteras sospechosas que ganaron.

Sepa que usó su posición de poder para apalancar el valor de $LIBRA en el mercado. Esto no solo es irresponsable, sino que implica un claro uso de su investidura en beneficio privado o ajeno a la función pública. Usted, Presidente, no es un influencer; junto a su equipo no pueden desconocer las consecuencias que sus acciones y manifestaciones pueden tener, sobre todo sabiendo que podía estar vendiendo pescado podrido -como lo manifestó en la entrevista- con la promoción de un activo financiero tan volátil.

Ninguna persona ni empresa promociona inversiones sin evaluar los riesgos. Es básico. Sin embargo, “difundió” globalmente una inversión financiera sin dimensionar las consecuencias que esto tiene ahora por su investidura y legitimidad. El problema no es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo y desde qué lugar lo hizo. Vale recordarle que sus anteriores “difusiones” no fueron realizadas de la misma manera que ahora: fueron retweets o citas con comentario. Aunque se autoperciba como un ciudadano común con trabajo de Presidente, ya no puede ser el influencer que cobraba por sus opiniones o retweets promocionales. Ahora tiene el poder de mover mercados y afectar patrimonios, y la responsabilidad de “defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

“Don’t cry at the casino” es una trivialización peligrosa que no aplica a los hechos. No estamos hablando de apuestas menores ni azarosas; esto, más bien, fue una ruleta rusa financiera, pero una ruleta donde ganaron los que conocían la información antes de su publicación y perdieron los que invirtieron luego de ella.

De más está decir que sus comparaciones con el casino y la ruleta rusa son poco felices e irresponsables, sobre todo en un país como el nuestro, donde los suicidios afectan a miles de familias y la ciberludopatía hace estragos.

Hay mucho por explicar, Presidente. La sociedad tiene derecho a saber la verdad de manera completa. Para evitar el oportunismo y el carancheo de quienes, como usted dijo, han estafado a todo el pueblo argentino, lo mejor es que haga dos cosas cuanto antes: brinde explicaciones frente a toda la prensa en una conferencia libre y sin condicionamientos, y preséntese voluntariamente ante la Justicia para aportar toda la información y documentación.

Le dejo un tip más: deje de alegar su propia torpeza y, ahora, su tecno-optimismo.

Luego de más de seis horas de haber mantenido a la vista un tuit fijado en el que promocionaba un token de criptomonedas, generando una gran polémica entre propios y extraños, el presidente Javier Milei lo borró y aclaró no haber estado “interiorizado de los pormenores del proyecto”, ante lo cual decidió “no seguir dándole difusión”. Fue lo más cerca que estuvo de admitir un error propio, pero trascartón utilizó su estrategia de atacar como defensa. “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, lanzó.

Uno de los que primero salió el viernes a cuestionar que promocionara $LIBRA fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien este sábado hizo hincapié en el tiempo transcurrido entre la publicación y el momento en el que finalmente se desligó de lo que definió como una “estafa crypto que él mismo había compartido y promovido”. Y consideró que tantas horas de silencio “no solo alimentan el mito sobre la realidad que lo rodea: su supuesta infalibilidad, su mandato incuestionable y su omnipotencia”.

Con todo, Ferraro consideró que “esto no es un simple error. Es una negligencia grave, una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares”, dijo.

Para el titular de la Coalición Cívica, “el problema no radica solo en la promoción que hizo, sino en su incapacidad para reconocer el daño causado”. A su juicio, “un presidente que comete un error de esta magnitud debe asumirlo con responsabilidad. En cambio, elige una vez más la soberbia, la vulgaridad y la violencia”.

“¿Cómo es posible que no entendiera los pormenores? ¿No intentó asesorarse con su equipo económico? ¿No comprendía el riesgo al que sometía a miles de argentinos y a personas de todo el mundo?”, se preguntó el diputado nacional, que recordó que “en Derecho existe un principio claro: ‘nadie puede alegar en su favor su propia torpeza’. Mucho menos un presidente”.

Por último, Ferraro aclaró estar muy lejos de cualquier actitud destituyente, y remarcó que “no se trata de socavar su gobierno, sino de exigirle la responsabilidad que le corresponde como primera magistratura. Porque la investidura presidencial no es un escudo contra la crítica, sino un compromiso ineludible con la verdad y el bienestar de los ciudadanos”.

Gran revuelo generó este viernes el presidente de la Nación, Javier Milei, cuando al caer la tarde respaldó enfáticamente una criptomoneda. Lo hizo a través de un tuit fijado ponderando a Libra, un token que a partir de ello subió exponencialmente su cotización… para después derrumbarse.

Legisladores nacionales reaccionaron prestamente, calificando el hecho como “gravísimo” y anticipando pedidos de informes.

Dijo Milei en el tuit en cuestión: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproyect.com. $LIBRA”.

La Argentina Liberal crece!!!
Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
El mundo quiere invertir en Argentina.https://t.co/BtUJSdQXWy

Contrato:…

— Javier Milei (@JMilei) February 14, 2025

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

En un primer momento se especuló con un hackeo de la cuenta del presidente de la Nación, pero como desde la Rosada mantuvieron el silencio y con el correr del tiempo el posteo se mantuvo, eso fue descartado. De hecho, la diputada libertaria Lilia Lemoine, muy cercana al presidente, posteó: “Para que quede claro... no es un hackeo”, y replicó el tuit presidencial.

No era un hackeo, claro está, y en el propio espacio libertario se advirtió gran revuelo. A cielo abierto, las redes libertarias mostraban su perplejidad ante lo sucedido, hasta que cerca de las 2 de la madrugada el presidente volvió a escribir en sus redes. El citado tuit fijado ya no estaba. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, arrancó diciendo Milei, que aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Pero a continuación planteó, bélicoso: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Reacciones desde el Poder Legislativo

“Milei debe ser investigado en el Congreso”, alertó el diputado nacional Maximiliano Ferraro. A través de un extenso posteo, el presidente de la Coalición Cívica advirtió que “si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda ($LIBRA) que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos.

“El presidente  podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, reseñó el legislador nacional. Para Ferraro, “esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del presidente y en el uso de información privilegiada”.

Ante ello, Ferraro sostuvo que “el Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

El socialista Esteban Paulón fue más allá al presentar un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informe en la Cámara de Diputados sobre “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”.

En su pedido de informes reclamó entre otras cosas conocer la vinculación del presidente con los creadores y promotores del memecoin $Libra, incluyendo su conocimiento personal de dichos individuos y la eventual vinculación comercial con los mismos.

Asimismo, pidió saber “si el presidente personalmente o el Gobierno nacional han recibido o tienen pautados beneficios económicos o compensaciones por promocionar la memecoin”.

PRESIDENTE JAVO PONZI MILEI

Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente @JMilei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk informe en @DiputadosAR sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario pic.twitter.com/V3RUd8a9FG

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 15, 2025

“Que un presidente de la Nación promueva una inversión cual influencer ya de por sí es un delito. Que encima lo haga en una estafa de corto plazo para que 10 vivos ganen millones de dólares en cuestión de minutos, no solo habilita una investigación por parte del Poder Judicial, son también a que hagamos una desde el Congreso”, planteó desde Unión por la Patria Itai Hagman. En otro posteo, continuó Hagman: “¿Un presidente dando recomendaciones de inversiones cripto de dudosa procedencia?  Aca hay tongo y estafa de acá a la china. Lo hizo como candidato con CoinX, y su titular terminó en cana. Ahora lo hace como presidente. ¿Algún fiscal o juez va a hacer algo?”.

A su vez, el senador nacional pampeano Daniel Bensusan no tiene dudas de que “nos encontramos con uno de los casos de corrupción más grandes de Argentina. Milei promocionó una estafa en sus redes sociales y logró que 10 personas le robaran millones de dólares a miles de inversores”.

“Un grupo de personas, que se desconoce su identidad, armaron un sitio web claramente falso y lograron que Milei lo promocione en sus redes sociales. Una vez que el precio se disparó, vendieron todo y la moneda se desplomó estafando a miles de personas”, agregó el pampeano, para concluir: “Nadie del Gobierno aclara nada. Estamos desamparados ante un MILEI que no le interesa la gente y se asocia con estafadores y criminales internacionales. Javier Milei tiene que dar explicaciones urgente”.

“Insólito”, posteó por su parte Victoria Tolosa Paz. “Un presidente promocionando criptomonedas, pidiéndole al pueblo que cargue sus datos personales en una página anónima escrita en inglés -continuó-. ¿La semana que viene qué nos va a querer vender, paquetes a la luna?”. Y en una post data le recordó al mandatario que “su ministra favorita”, por Sandra Pettovello, cerró la Conami, que se encargaba, con total transparencia (los datos eran públicos y publicados) de financiar pequeños proyectos productivos”.

Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes… quienes serán ? Funcionarios públicos ? El mismo presidente? pic.twitter.com/IDW1yo5MWd

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 15, 2025

Gravísimo el presidente promocionando una estafa!!! https://t.co/wwoV6l8QuV

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 15, 2025

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez posteó por su parte: “Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública: 'g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa'. Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia”.

Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:

"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas… https://t.co/VwyAAIj5oM

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 15, 2025

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, avaló la postura del Gobierno nacional respecto a la prohibición de los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización “nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles”. Al igual que Vocería Presidencial, el titular del Pro mencionó al Reino Unido como uno de los países en dar marcha atrás en esta cuestión.

Previo a la mención del país británico, Macri, a través de un comunicado en X, señaló que “estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad”, y añadió: “Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”.

En ese punto, nombró a la doctora Hilary Cass quien por pedido de las autoridades británicas llevó adelante un informe con datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1ro. de enero de 2025. “El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países”, remarcó Mauricio Macri.

Una hora más tarde, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le respondió por medio de X: “Como ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex Presidente de la Nación, te recomiendo recurrir a mejor evidencia científica y jurídica y consultar a los excelentes equipos de profesionales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente conocés, o a los ministros de Salud que te acompañaron en el gobierno nacional”.

En línea con la respuesta, Ferraro agregó: “En particular, te sugiero que hables con Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención de la Niñez y Adolescencia Transgénero (GANAT) del Hospital Durand”.

El contrapunto evidenciado por el diputado de la Coalición Cívica generó que diferentes usuarios de X salieran a cruzarlo y, de forma automática, le contestó a cada cuenta que lo arrobaba con la frase “personalmente no acuerdo ni avalo ningún procedimiento de intervención quirúrgica y/o tratamientos irreversibles en niños y niñas. Saludos cordiales”.

Minutos más tarde, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) se sumó a la polémica afirmó que “Mauricio Macri nunca fue liberal. Siempre fue un reaccionario homofóbico”, y cargó contra el Gobierno nacional: “Hoy Javier Milei le permite salir del armario. Que vayan con el cuento de las ‘libertades’ a otra parte. Nos quieren en el closet, nos quieren en las cavernas, nos quieren en la vergüenza. No lo van a lograr”.

Del mismo modo, el socialista santafesino añadió: “Luego de la declaración de Macri (arrobándolo), las personas LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del Pro y La Libertad Avanza de Milei”. “Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido”, aseveró.

Luego de la declaración de @mauriciomacri , las personas #LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del @proargentina y #LLA de @JMilei
Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 7, 2025

Retirar a la Argentina de la OMS es solo el primer paso del plan de Milei para aislar al país del sistema internacional y de Naciones Unidas. Si el Gobierno de Juntos por el Cambio tuvo como meta “volver al mundo” y reconstruir la confianza global en Argentina, esto va en la dirección opuesta. Milei nos lleva a su propio mundo: un pequeño club de amigos y líderes populistas, conducido por Trump a fuerza de látigo y aranceles. La cooperación y la articulación serán solo con quienes compartan su visión, dejando a la Argentina fuera de la cooperación multilateral en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. No tiene sentido: creen que viven en el siglo XIX.

La salida de la Organización Mundial de la Salud tiene consecuencias directas sobre la salud pública y las condiciones sanitarias del país, indispensables para el desarrollo, el crecimiento y la inversión en Argentina:

1. Restricción de acceso al fondo rotatorio y estratégico, que permite la compra de insumos y tecnología sanitaria a menor costo (vacunas, tratamientos para VIH/SIDA, entre otros).
2. Suspensión del apoyo a programas de formación de recursos humanos en salud y de atención a enfermedades, salud mental y materno-infantil.
3. Pérdida de un ámbito de cooperación técnica para dar respuestas rápidas y coordinadas a crisis sanitarias.
4. Aislamiento de los profesionales de la salud argentinos, privándolos de acceso a la actualización y la toma de decisiones sobre estándares globales en salud y enfermedades.

La Coalición Cívica le mandó una carta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, firmada por Elisa Carrió; su presidente Maximiliano Ferraro; por el legislador porteño Hernán Reyes y el abogado Federico Esswein, en la que solicita una serie de medidas concretas para bajar los precios de los medicamentos.

La nota presenta una serie de propuestas que tienden a mejorar la competencia en el mercado farmacéutico argentino y a fortalecer la transparencia de las compras que realiza el PAMI y que afectan a todo el mercado. Se incluye una copia de la denuncia presentada por la Coalición Cívica en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la cartelización de los laboratorios.

En doce páginas de fundamentación elaborado por el equipo técnico de la Coalición, se proponen ocho medidas específicas:

1. Transparentar la adquisición de los medicamentos con coberturas más altas del PAMI.

• ○ Diferenciar la compra de medicamentos según el Índice de Herfindahl Hirschman (HHI), basado en la cantidad de oferentes para cada principio activo:

▪ HHI ≤ 2500: Compra mediante licitación pública con precios de referencia.

▪ HHI > 2500: Negociación directa con la industria farmacéutica con opción de licitaciones internacionales.

• ○ Eliminar la intermediación de ACE Oncología y FARMALINK S.A., reemplazándolas por una gestión directa del PAMI.

Reforma del sistema de precios de los medicamentos

• ○ Eliminación del modelo de precios precompetitivos fijado por el Convenio Marco del PAMI.

Esto libera al mercado de regirse por los precios de lista que publican los laboratorios en K@iros.

• ○ Para los medicamentos con protección de patente o catastróficos, se propone la implementación de un sistema similar al modelo español de fijación de precios basado en costos y valor terapéutico.

Fomento a la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares

• ○ Promoción activa de la compra de biosimilares para reducir costos de tratamientos complejos.
• ○ Identificación clara de todos los medicamentos genéricos en los envases, para promover la competencia en góndola y la transformación de los hábitos de consumo.
• ○ Reformas regulatorias para abaratar la validación de genéricos y biosimilares.
• ○ Aceptar la adecuación de la presentación de los medicamentos prescriptos a otras presentaciones equivalentes.

Creación del Sistema Integrado OYTE (Oncológicos y Tratamientos Especiales)

• ○ Concentración de la negociación de medicamentos de alto costo y baja incidencia entre el subsistema público, PAMI y otros actores del sistema de salud.
• ○ Implementación de un modelo de adquisición única para fortalecer el poder de compra y reducir costos.
• ○ Distribución del costo de acceso OYTE a partir de un sistema solidario de financiamiento que sustituya al SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.).
• ○ Redirigir la función de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC) en la definición de protocolos médicos, bajo estándares internacionales, para los tratamientos de alto costo.

Reforma de la ANMAT y otros organismos regulatorios

• ○ Mayor independencia de la ANMAT del lobby farmacéutico, a partir de la participación en procedimientos específicos por parte de la CNDC y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
• ○ Publicación en tiempo real de los plazos de aprobación de nuevos medicamentos.

Regulación de la integración de la industria farmacéutica

○ Severa restricción de la integración vertical de laboratorios con distribuidores y droguerías.

○ Prohibición de la integración cruzada entre competidores ya sea de manera vertical o de mercados adyacentes.

Garantía de acceso equitativo al sistema de salud

• ○ Reforma del sistema de medicina prepaga y obras sociales para eliminar barreras económicas de acceso a tratamientos por enfermedades crónicas o

preexistentes. Basados en el impacto del Sistema Integrado OYTE.

• ○ Incorporar el componente de seguro de retiro al valor de la prestación de salud a los efectos de mantener las cuotas para adultos mayores de prepagas y obras sociales conforme la movilidad jubilatoria y/o inflación.

Fomento de la investigación y desarrollo en Argentina

• ○ Protección de patentes y datos de estudios clínicos para atraer inversiones en innovación.
• ○ Acuerdos de suministro a precio de costo para el sistema de salud argentino durante la vigencia de patentes de medicamentos desarrollados en el país o

cuyos estudios clínicos se hayan realizado con las facilidades del país.

Las medidas propuestas por la Coalición Cívica tienen por objetivo reducir los costos de los medicamentos para todos los argentinos y fortalecer la sostenibilidad de los subsistemas de salud, manteniendo el estándar de acceso.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, le salió al cruce al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la Ley de Cupos que el Gobierno anunció su intención de eliminarla: “No son un privilegio, sino una garantía para que las minorías excluidas puedan integrarse”.

El portavoz denunció que “la Ley de Cupos le quita la posibilidad a un hombre de tener un puesto que era más meritorio para él que para una mujer”. "Si los hombres me aportan más valor, invitaré a todas las mujeres a retirarse y contrataré solo a hombres", agregó.

Al respecto, Ferraro le contestó en un extenso posteo: “Las medidas de acción positiva existen para reparar una realidad de discriminación y sometimiento histórico sobre determinados grupos y minorías de la población. No buscan eliminar el mérito, sino garantizarlo, superando sesgos y prejuicios arraigados en la sociedad”.

Así, le recordó que “los constituyentes de 1994 reconocieron estas desigualdades estructurales y, mediante el artículo 75, inciso 23, en consonancia con el histórico artículo 16, establecieron la obligación del Congreso y del Estado argentino de implementar medidas de acción positiva para revertir dichas desigualdades y garantizar la igualdad ante la ley en igualdad de condiciones”.

“Por más que al gobierno de turno no le agrade, tenemos la obligación de consagrar una noción de igualdad como no sometimiento que, como explica Roberto Saba, implica desarmar los mecanismos jurídicos y materiales que históricamente impidieron a grupos desaventajados el pleno goce de sus derechos, asegurando una igualdad de oportunidades basada en el mérito, sin una cancha inclinada”, le planteó.

“Los cupos no son un privilegio para ninguna persona en particular, sino una garantía para que los grupos y minorías históricamente excluidos puedan integrarse de manera justa y meritocrática”, remató.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) y un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron sendas notas pidiendo la convocatoria de forma “urgente” de las comisiones de Intereses Marítimos y de Transporte para abordar la situación que atraviesa el sector.

La nota de Ferraro fue enviada a Pamela Verasay, en su carácter de presidente de la Comisión de Transporte, y a Gabriel Chumpitaz titular de Intereses Marítimos, a fin de que lleven a cabo un plenario para analizar el proceso de apertura de la licitación de la Vía Navegable Troncal.

HIDROVIA

Atento a la proximidad del acto de apertura de la licitación de la Vía Navegable Troncal, solicité a @PameVerasay y @gfchumpitaz, presidentes de las comisiones de Transporte e Intereses Marítimos en @DiputadosAR, que convoquen de forma urgente a una reunión conjunta de… pic.twitter.com/jy8qR4JOSU

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 23, 2025

“Se trata del mayor contrato de dragado en 40 años, con una facturación de más de USD 12.000 millones. Es fundamental que los funcionarios del Poder Ejecutivo se presenten en el Congreso antes del 12 de febrero para responder a las dudas y suspicacias que genera esta licitación”, fundamentó el diputado de la CC.

Por su parte, la nota de Unión por la Patria solicita a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que convoque con urgencia a una reunión informativa para recibir a los trabajadores del sector que se encuentran en estado de alerta y movilización tras “la desregulación del sector, la disolución de la Administración General de Puertos, la suspensión de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables”.

⛴️⚓️⚠️ Entre tantas cosas que está destruyendo el gobierno de Milei, están la marina mercante y la industria naval argentina.

📝 Por eso las y los diputados de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, enviamos una… pic.twitter.com/Hn0iFv3rw7

— Sabrina Selva (@SabriSelva) January 22, 2025

Igual que el año anterior en el mismo lugar, pero ya con más de 13 meses al frente del Gobierno y con una popularidad mucho más grande que la que tenía entonces, el presidente argentino Javier Milei volvió a dar un discurso totalmente disruptivo en el Foro de Davos. Allí cargó contra la ideología woke, que calificó como “el cáncer que hay que extirpar”, entre otras definiciones que lanzó desde el estrado.

Su discurso, en el que cargó contra el feminismo, el ambientalismo y los gobiernos de Occidente, a excepción del de Donald Trump, Giorgia Meloni, Viktor Orban, Benjamin Netanyahu y Nayib Bukele, despertó reacciones muy críticas en la oposición legislativa.

Allí, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, publicó un muy duro posteo en el que le advirtió al presidente que “no puede ni debe hablar así en un foro internacional, ni en su ámbito más personal. Un presidente de todo un país no puede usar ejemplos extremos para descalificar a nadie, en este caso a las parejas homosexuales y a la comunidad LGTBIQ+”.

“Su discurso es antiguo, discriminatorio y constituye una forma de apartheid que vulnera los derechos de miles de personas en la Argentina que legalmente forman familia. Además, es directamente anticonstitucional”, enfatizó Ferraro, para quien resulta “inaceptable que el presidente use ejemplos aberrantes y estigmatizantes para descalificar a las parejas homosexuales. No hay evidencia alguna que vincule la orientación sexual con una mayor propensión a cometer abusos; de hecho, los datos muestran lo contrario: la mayoría de los abusos contra menores son perpetrados por hombres heterosexuales y en entornos familiares. Lo invito a revisar los datos del Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que confirman esta realidad”, sugirió.

El diputado de la Coalición Cívica agregó que “si uno siguiera esa lógica argumentativa estigmatizante, podríamos señalar los cientos de casos de abuso ocurridos dentro de la Iglesia Católica, pero jamás diríamos que la fe católica o todos sus sacerdotes cometen esos crímenes”. Y agregó: “Conozco muchas parejas homosexuales que han adoptado niños y son ejemplo de amor, cuidado y compromiso. No somos enfermos. Somos simplemente diferentes (derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución Nacional). Amamos, construimos familias, trabajamos, sufrimos, vivimos y aportamos al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad en todos los ámbitos, con el mismo compromiso y dignidad que cualquier otra persona”.

Ferraro cerró diciendo que “estas declaraciones fomentan prejuicios peligrosos y odio. Señor presidente, usted se ubica en un lugar de crueldad. Tenga algo de empatía, y si no puede tenerla, al menos algo de silencio misericordioso”.

Si, Milei: sos racista, xenófobo y nazi, y ahora promovés el odio a la homosexualidad. pic.twitter.com/bmk0nwae3u

— Julia Strada (@Juli_Strada) January 23, 2025

Desde Unión por la Patria, la senadora Nora del Valle Giménez sostuvo este miércoles que “el mensaje del presidente Milei en Davos estuvo cargado de violencia y discriminación contra el feminismo, los inmigrantes, los ecologistas y sus opositores políticos”. Para la senadora salteña, “los discursos de odio siembran el odio en la sociedad y legitiman la violencia desde lo más alto del poder”.

“Es imprescindible que el presidente respete el pacto democrático sobre el cual se funda nuestra convivencia y asuma la representación de todos los argentinos y argentinas sin agresiones ni descalificaciones”, expresó la senadora del Frente Nacional y Popular.

También desde el Senado, Anabel Fernández Sagasti posteó: “Milei en el Foro de Davos parafraseando a Churchill expresó el verdadero objetivo que hay detrás de su ideología extrema: necesitan retroceder un siglo para que los avances de la sociedad sean descartados y así ‘los fuertes’ ‘los superiores’ dominar y extraer las riquezas de los argentinos”.

“La Argentina de 1910 que tanto aclama el presidente se caracteriza por el extractivismo británico, altísimos niveles de pobreza, trabajo infantil, homosexualidad como crimen, mujeres sin derecho a voto, ni poder ocupar cargos públicos ni manejar su patrimonio. Recordemos que fue la época del fraude electoral, la revuelta de inquilinos y la represión feroz a la protesta social. Ley de Residencia y jornadas laborales esclavizantes… Ante esta declaración de Milei, solo la respuesta política y humanista es capaz de reconstruir una sociedad donde la dignidad sea la regla”, completó la senadora mendocina.

Qué peligroso y qué vergüenza tener un presidente tan ignorante y prejuicioso.

Milei va en busca de una sociedad excluyente, desigual, opresora, y habilita prácticas de odio, de persecución, de violencia de clase, de género y de supremacía blanca. pic.twitter.com/QfC3PulzAi

— Mónica Macha (@MoniMacha) January 23, 2025

Por Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal calificó el expresado por Milei en Davos como “un discurso terraplanista delirante, autoritario, enfermizo y paranoide. Nada nuevo. Lo que da miedo es la caterva de cómplices que simulan normalidad y justifican el desbarranque institucional al cual nos llevan”.

Desde la izquierda, Vanina Biasi planteó que “las infamias de Milei en Davos son muchas y variadas. Pero las referidas a la homosexualidad y a la pedofilia son un agravio falso y una coartada para seguir silenciando a las víctimas de la epidemia social que es el abuso sexual a las infancias”.

Margarita Stolbizer, en tanto, ve en Milei “un ayatollah con peluca”. “No hay registro de alguien que haya esparcido tantas barbaridades y odio en un foro mundial”, señaló la diputada de Encuentro Federal, para quien “negar el cambio climático, el feminismo, la igualdad y diversidad de género o la libertad de pensamiento, es como escuchar a la ortodoxia del régimen iraní”.

La diputada recordó que el presidente acaba de mandar a perseguir “zurdos hijos de puta”, en tanto que este miércoles dijo que una ideología es “un cáncer que hay que extirpar”.

“Descontrolado, ya se le salió todo el maquillaje. Nada queda de liberal. Es más bien un conservador medieval qué da vergüenza ajena -sostuvo Stolbizer-. Su necesidad de sobresalir nos aísla. No nos confundamos. Nos aleja de capitales serios que invierten a largo plazo”. Y concluyó: “Bajar la inflación y equilibrar el gasto está muy bien, pero no habilita a gobernar con semejante grado de desequilibrio y violencia”.

“La historia le va a exigir al presidente de la Nación que se defina. O es un liberal que defiende el derecho de cada uno a sus opciones ideológicas y sexuales, o es un totalitario que amenaza con persecuciones y difama a los que disienten con él. La libertad es una sola y siempre”, replicó este miércoles la radical Karina Banfi.

Luego de los agravios del presidente de la Nación, Javier Milei, en X (su red social predilecta) en defensa de Elon Musk, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) sumó críticas, pero esta vez dirigidas a sus excompañeros de interbloque: “¿De verdad no van a decir nada? ¿No lo leyeron? Otra vez nos van a decir que no es tan grave, que tiene una psicología especial”.

Esas palabras hacen referencia a los dichos de Mauricio Macri, quien utilizó el término “psicología especial” para referirse a Milei en un acto en Córdoba. Asimismo, Ferraro aseveró que “el mismo silencio reina frente a los DNU’s emitidos a diestra y siniestra, los ataques constantes a periodistas, la restricción al acceso a la información y un largo etcétera”. “¿Se hacen los distraídos o están dispuestos a ser cómplices irresponsables de esta espiral de violencia y degradación institucional?”, cuestionó.

ENSORDECIMIENTO REPUBLICANO: acción y efecto del Presidente Milei para dejar sordos (y mudos) a los otrora republicanos y demócratas semileales.

A última hora de ayer, el Presidente salió con toda su furia a defender a Elon Musk. Ojalá hubiese sido solo eso. Se despachó…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 22, 2025

A través de una publicación en X, el diputado de la Coalición Cívica llamó a “este silencio” como “ensordecimiento republicano”, al que explicó como “acción y efecto del presidente Milei para dejar sordos (y mudos) a los otrora republicanos y demócratas semi-leales”. A su vez, reiteró: “Lo cierto es que ya no sorprende su republicanismo selectivo y temporal. La indiferencia es un escándalo que retumba. Tanto ensordecimiento que aturde”.

En relación al texto de Milei, Ferraro amplió: “A última hora de ayer, el presidente salió con toda su furia a defender a Elon Musk. Ojalá hubiese sido solo eso. Se despachó amedrentando y amenazando a todos los que no piensan como él y sus amiguitos con ir a buscarlos a cada rincón del planeta”.

 

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica que representan a la Ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para afianzar y dar pleno cumplimiento la autonomía de la capital. En el texto, hacen referencia a la administración de la Inspección General de Justicia, el Puerto, la Terminal de Ómnibus Retiro y el Registro de la Propiedad Inmueble.

La iniciativa, la cual lleva las rúbricas de Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, mencionan a la reforma constitucional de 1994 y al fallo de la Corte Suprema de Justicia 2084/2017 por el que el máximo tribunal de justicia reafirma la competencia y jurisprudencia de CABA con las provincias en el marco del federalismo argentino.

Dirigidos al Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores plantearon en el proyecto: “Para materializar dicha autonomía, resulta imprescindible la transferencia progresiva de funciones, facultades y bienes que actualmente son administrados por el Estado Nacional, pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, afirmaron que “la autonomía de la Ciudad implica que debe contar con facultades y recursos para gestionar los asuntos locales de manera eficiente y adecuada a las necesidades de sus habitantes”, y señalaron que se trata de “un principio fundamental para garantizar que la Ciudad pueda responder de manera eficaz a los desafíos propios de una metrópolis que concentra una parte significativa de la actividad económica, política y social del país”.

Del mismo modo, explicaron que “la transferencia también contribuye a reducir la duplicidad de funciones entre los niveles nacional y local, lo que genera una optimización en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía”.

Respecto a la IGJ porteña, mencionaron al fallo de la Corte Suprema, la reforma constitucional del 94 y a la Ley 24.588 (conocida como Ley Cafiero) como el “respaldo” de esta transferencia. “Estos antecedentes jurídicos no solo respaldan la iniciativa, sino que también refuerzan el compromiso de las instituciones nacionales con el cumplimiento de los principios constitucionales de federalismo y autonomía”, agregaron.

Sobre el Puerto de la Ciudad, indicaron que “es una infraestructura estratégica que influye en la planificación urbana, el comercio y el transporte local”. “La transferencia permitirá integrar su administración a las políticas de desarrollo de la Ciudad, garantizando su sostenibilidad y alineación con las necesidades de sus habitantes”, afirmaron desde la Coalición Cívica.

Respecto a la Terminal de Retiro, en el proyecto sostuvieron que “su gestión por parte de la Ciudad garantizará una coordinación más eficiente con el sistema de transporte metropolitano y una mejora en la calidad del servicio”, y agregaron que “permitirá realizar inversiones estratégicas para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, así como la experiencia de los pasajeros”.

Por último, nombraron al Registro de la Propiedad Inmueble y cuestionaron que actualmente “dificulta la adecuación de los procedimientos a las necesidades específicas de la Ciudad”. Es por ello, que plantearon su transferencia “permitirá un acceso más ágil y cercano a los servicios registrales, fortalecerá la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y consolidará la autonomía de la Ciudad en línea con el espíritu federal del país”.

Para cerrar, los diputados de la CC remarcaron: “Este proyecto de ley busca seguir consolidando la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiéndole ejercer el control y la administración de áreas clave como la Inspección General de Justicia, el Puerto, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Terminal de Ómnibus Retiro, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la de la Ciudad”.

7540-D-2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reavivó una vieja interna de lo que fue Juntos por el Cambio al contar que hace dos años se negó a firmar un acuerdo contra el actual presidente Javier Milei para no ir a una alianza en la campaña para las presidenciales de 2023. Un principal ex socio salió a desmentirla con dureza.

Las declaraciones de Bullrich se dieron durante una charla que tuvo con Daniel Parisini, agitador libertario conocido en redes como “El Gordo Dan”, quien ahora tiene su propio programa de entrevistas a funcionarios nacionales en el streaming Carajo.

“En varias oportunidades con Javier pensamos en ir juntos. Recuerdo que un día llegué a una reunión de Juntos por el Cambio, tarde porque venía de un viaje, y estaban firmando un documento diciendo ‘con Javier nunca nada en la vida’. Estaban (Horacio Rodríguez) Larreta, (Martín) Lousteau... Estaba (Mauricio) Macri también. Entonces yo les dije: ‘¿Qué están haciendo? Es una locura lo que están haciendo, ¿cómo van a firmar esto?’. Se armó un revuelo, yo dije: ‘Yo no estoy de acuerdo, yo soy la presidenta de Pro, no voy a firmar eso’”, aseguró la ministra.

Minutos más tarde, sus ex socios salieron a desmentirla. Puntualmente el alfil de Elisa Carrió y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien a través de un comunicado le enrostró: “La única verdad es que llegaste tarde”. “Cuánto desapego a la verdad. Miente, miente que algo quedará”, encabezó su respuesta Ferraro.

“Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde, pero llegaste al Instituto H. Arendt, donde se realizó la reunión de la Mesa Nacional en abril de 2022, cuando todavía faltaba mucho para la elección nacional. Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final”, le enrostró Ferraro, con una foto en la que se la ve a Bullrich sentada en una computadora, rodeada por él, por Gerardo Morales -que era titular del radicalismo-, Laura Rodríguez Machado y Mario Negri.

Cuánto desapego a la verdad
Miente, miente que algo quedará

Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde,… https://t.co/c9VBhbM36E pic.twitter.com/hdaQNz1QJl

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

En ese sentido, expresó: “Nno quiero faltar al resguardo de las conversaciones que tuvimos, pero no puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei”.

“Vos sabés que no estoy mintiendo. Tengo memoria Patricia y, al igual que vos, anotaba casi en versión taquigráfica las reuniones para tener precisión sobre lo acordado. En muchas de esas reuniones, toda la Mesa depositaba en mí la confianza -que aún agradezco- de redactar o hacer la redacción final de los comunicados. Sin embargo, en este caso, la foto demuestra que vos misma te sentaste y redactaste”, disparó Ferraro.

Así, remató: “Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político, y eso está más que patentado en el chat que teníamos los presidentes. Patricia, deja de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos”.

Es así: ese día, Patricia corrió a alguien del equipo de comunicación y se puso a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final. En el ínterin, hizo un chiste para distender el ambiente.

Esto es lo que redactó: “Hay actores de la vida política que…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

Ferraro agregó en otro posteo el escrito de la actual ministra. “Esto es lo que redactó: ‘Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo’”.

El respaldo de Milei a Bullrich

Al contrario que sus excompañeros de espacio, Milei salió a bancar a la ministra. “Definamos grandeza”, tituló el presidente, que agradeció a Bullrich por haberse sumado a su campaña para el balotaje y luego al Gobierno. “Muchas gracias por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal. Actitudes como la suya son las que permiten que estemos haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Viva la libertad carajo”, sostuvo.

Bullrich replicó: “Gracias Presidente. Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias. Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia, enfrentando lo que otros no se animaron y liberando a la Argentina del yugo del pasado. ¡La libertad avanza y hace raíz porque tenemos la convicción de cambiarlo todo!”.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, eliminó del portal Educ.ar la canción “Hay Secretos” de la escritora María Elena Walsh y la guía de preguntas recomendadas para ESI por los expertos para generar espacios de diálogo y debates para proteger a las infancias, debido a que “ejercían adoctrinamiento".

Al respecto, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció “censura disfrazada de moralidad”.

“Hoy prohíben en la ESI a María Elena Walsh y canciones como ‘Hay secretos’ de Canticuenticos, herramientas que han permitido a muchos niños expresar situaciones de abuso”, planteó y alertó: “Mañana puede ser el turno de Manuel Puig, García Lorca o de autores y libros que, según algún ente regulador, ‘perturban’ a nuestros hijos. Así comienza la censura: disfrazada de moralidad”, escribió en un posteo en redes.

Según Ferraro: “Estas ideas y sus consecuencias no son nuevas; Ray Bradbury las retrató magistralmente en 1953 con su novela Fahrenheit 451, y François Truffaut las llevó al cine en 1966. Los contenidos no son los que atrasan o "quedan viejos", los que atrasan son los que toman estas decisiones”.

Hoy prohíben en la ESI a María Elena Walsh y canciones como "Hay secretos" de Canticuenticos, herramientas que han permitido a muchos niños expresar situaciones de abuso. Mañana puede ser el turno de Manuel Puig, García Lorca o de autores y libros que, según algún ente regulador,… pic.twitter.com/zptotZzJTW

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 12, 2025

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro denunciaron penalmente al contador Andrés Edgardo Vázquez, designado jefe de la Dirección General Impositiva por haber desplazado en el cargo de jefe de la Dirección Regional Centro II de CABA a Luciano Botto Rostom, para nombrar en su lugar a su propia pareja, la abogada María Eugenia Fanelli.

Hasta entonces, Fanelli ocupaba el cargo de jefa de una sección técnico jurídica. Botto Rostom fue desplazado a Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La información fue revelada en un informe periodístico por el periodista Hugo Alconada Mon, por lo que en redes sociales, la diputada Frade agradeció al periodismo independiente y advirtió que la “impunidad” del denunciado “es continuada, habilitada por este gobierno”.

En la denuncia hacen referencia a la nota publicada por el periodista de La Nación y destacan que la citada dirección está abocada a la fiscalización de medianas y grandes empresas con domicilios fiscales en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que el nombramiento interino de Fanelli en ese cargo le permitió acceder sin haber habitado las categorías intermedias que la separaban del actual cargo, implicando -además de una ubicación estratégica para la pareja- un incremento remuneratorio de casi un ciento por ciento. “Tener de jefe a la pareja -agrega la denuncia-, es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”.

Los diputados de la Coalición Cívica aclaran que resulta competencia de Vázquez nombrar funcionarios, pero “lo que está vedado y resulta excepción a la regla es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Asimismo recuerdan los denunciantes que ya habían denunciado penalmente a Vázquez y su ex esposa hace unos días por la adquisición de inmuebles no declarados en la Oficina Anticorrupción, en Estados Unidos. “Es visible que comparte con sus sucesivas parejas los beneficios y prerrogativas que le viene proporcionando la función pública”, advierten Frade y Ferraro, para quienes el denunciado violó además el Código de Ética de ARCA, como así también la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además del DNU por el cual se disolvió la Administración General de Puertos, en el Boletín Oficial de este lunes se publicó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se prorroga el Fondo Nacional de Turismo hasta diciembre de 2027.

Al resaltar que dicho fondo está financiado por impuestos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) advirtió que el decreto sería "nulo de nulidad absoluta e insanable" por las materias que tiene vedadas en la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo para dictar un DNU, entre ellas la tributaria.

"Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos", posteó el legislador en su cuenta de X, mencionando al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien durante el fin de semana se mostró satisfecho por la temporada en la Costa Atlántica.

Ferraro señaló que "el Gobierno nacional acaba de oficializar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 4/2025, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, creado por la Ley 25.997, sigue financiándose con impuestos que encarecen los pasajes aéreos y marítimos, golpeando directamente el bolsillo de los argentinos".

"La Secretaría de Turismo, bajo el control del 'multifacético' Daniel Scioli, será la encargada de administrar este fondo millonario. En vez de eliminar impuestos abusivos que convierten al turismo en un lujo inalcanzable para muchos, el Gobierno prefiere alimentar una estructura que sigue beneficiando a quienes manejan los recursos, dejando al ciudadano común afuera", cuestionó el porteño.

En esa línea, consideró que "es preocupante que, en lugar de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos, se prorrogue un impuesto del 7% y un fondo que incrementa los costos de viajar, beneficiando directamente a quienes controlan estos recursos".

Por último, remarcó: "Señores, han vulnerado una materia expresamente vedada por nuestra Constitución. No pueden dictarse DNU en materia penal, tributaria ni electoral. Estaríamos ante una flagrante violación del artículo 99, inciso 3, por lo que sería nulo de nulidad absoluta e insanable".

En el mismo sentido se sumó el jefe del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López: "DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año. Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste Daniel Scioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior".

DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año.

Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste @DanielScioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior.
Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido, no les suena el “no taxation without representation”@fedesturze decía… pic.twitter.com/sU9Bj6hxg5

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 6, 2025