El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por la participación de Harbour Energy en el consorcio Southern Energy, que recientemente obtuvo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

A través de un extenso pronunciamiento difundido en redes sociales, Ferraro sostuvo que Harbour Energy y Premier Oil PLC serían la misma persona jurídica, luego de un cambio de denominación social concretado en 2021. En ese sentido, recordó que la entonces Premier Oil fue inhabilitada por el Estado argentino en 2013 para desarrollar actividades en el país durante 15 años, tras operar en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas sin autorización nacional, en violación de la Ley 26.659.

“Un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, afirmó el legislador, quien planteó que la inhabilitación dispuesta sobre Premier Oil continuaría vigente hasta 2028 y, por lo tanto, alcanzaría actualmente a Harbour Energy.

Según detalló Ferraro, la compañía participa con un 15% de las acciones de Southern Energy, el consorcio que recibió la aprobación oficial para adherir al RIGI y desarrollar un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado desde la provincia de Río Negro.

El diputado señaló además que la Ley 26.659 no sólo alcanza a las empresas que realizan directamente actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área de Malvinas, sino también a sus accionistas, controlantes y sociedades vinculadas. Por ello, cuestionó cómo los organismos intervinientes en el expediente no habrían advertido esa situación antes de emitir los dictámenes legales correspondientes.

“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente”, sostuvo Ferraro, al tiempo que reclamó que el Gobierno informe si evaluó este antecedente al momento de otorgar los beneficios promocionales previstos en el RIGI.

Asimismo, reconoció que Harbour Energy ya no desarrolla operaciones en las Islas Malvinas, luego de desprenderse de esos activos en 2022, aunque remarcó que ese hecho no modificaría, a su juicio, los efectos de la sanción administrativa previamente impuesta por el Estado argentino.

En el cierre de su planteo, el legislador pidió que el Ministerio de Economía explique “cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI” y si prevé adoptar alguna medida adicional frente a esa situación.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro solicitaron a la Justicia Federal ser aceptados como querellantes en la causa que ellos mismos impulsaron por presuntas irregularidades vinculadas con la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, los legisladores ratificaron en todos sus términos la denuncia original y reclamaron participar activamente en la investigación.

La denuncia gira en torno a un supuesto esquema mediante el cual la hermana del presidente habría solicitado o recibido pagos para gestionar audiencias privadas con Javier Milei, facilitar ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, promover publicaciones presidenciales en redes sociales y generar contactos institucionales en beneficio de empresarios y referentes del ecosistema cripto.

En la presentación judicial, los diputados sostienen que la agenda presidencial habría sido utilizada como un “activo transable”, convirtiendo el acceso al Presidente en una mercancía. Para sustentar esa hipótesis mencionan declaraciones públicas de diversas personas vinculadas al mundo de las criptomonedas, así como registros oficiales de ingresos a dependencias presidenciales y la evolución patrimonial de la secretaria general de la Presidencia.

Frade y Ferraro consideran que los hechos podrían encuadrarse, en principio, en delitos de cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También sostienen que la investigación podría derivar en la imputación de otros delitos a medida que avance la instrucción.

Como fundamento de su pedido de querella, los legisladores argumentaron que no solo son los denunciantes originales sino que además cumplen una función constitucional de control sobre el Poder Ejecutivo. En ese sentido, señalaron que las maniobras denunciadas afectarían directamente la transparencia del proceso de toma de decisiones presidenciales y, por lo tanto, su tarea institucional como diputados nacionales.

El escrito también destaca la participación de ambos en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el caso de la criptomoneda $LIBRA. Según recordaron, Ferraro presidió ese cuerpo parlamentario, cuyo informe final fue incorporado como prueba documental en la causa judicial. Asimismo, acompañaron preguntas formuladas por la Coalición Cívica al jefe de Gabinete en relación con eventuales vínculos entre funcionarios nacionales y los impulsores de ese proyecto cripto.

Entre las medidas de prueba solicitadas figuran la declaración testimonial de Nadia Beller, residente en Bolivia, y una pericia informática destinada a verificar la autenticidad de chats y mensajes que podrían resultar relevantes para la investigación.

Finalmente, los diputados pidieron que se los tenga por constituidos como parte querellante, que se produzcan las pruebas requeridas y que, una vez reunidos los elementos necesarios, se avance hacia eventuales declaraciones indagatorias y resoluciones de mérito respecto de los responsables que surjan de la investigación.

Malvinas es una causa nacional. Su defensa y reivindicación es una obligación de la Constitución. No le pertenece a Milei ni a ningún gobierno, a pesar del manoseo recurrente que todos han hecho de esta causa cuando andan complicados internamente y necesitan tapar los problemas de los argentinos o relegitimar su poder.

Hasta hace nada, Milei tenía otra agenda y otra posición sobre Malvinas. Llegó a reivindicar a Margaret Thatcher y durante mucho tiempo relativizó el reclamo de soberanía y consideró legítimo el derecho a la autodeterminación de los kelpers. Pero no solo decía lo opuesto en lo discursivo, también lo hizo en los hechos, basta mirar los presupuestos en Defensa y en Ciencia y Técnica vinculados a asuntos oceánicos y polares.

De un día para el otro, y solo después de un comentario de Trump, sacó del cajón la carta Malvinas. Lo mismo con la Antártida y el Atlántico Sur, ahora es prioritaria la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, después de tres años de desfinanciamiento.

Malvinas es y tiene que ser siempre causa nacional y política de Estado, y Antártida también. En ambos casos hay una disputa de soberanía con el Reino Unido, solo que en el caso de la Antártida está “pausada” por el Tratado Antártico. El ejercicio efectivo de nuestros derechos soberanos es innegociable en ambos casos, desde patrullar los mares y océanos, hasta cuidar nuestros recursos y desarrollar estos territorios.

La soberanía argentina sobre las islas, el Atlántico Sur y nuestros recursos naturales y estratégicos no se discute. Tampoco puede utilizarse con fines populistas, para sostener delirios de unanimidad o para acusar de enemigos de la patria a quienes no se sometan y apoyen al Gobierno.

Hay que estudiar seriamente cada uno de los anuncios de anoche, sin caer en posiciones simplistas ni maniqueas. Hay aspectos que merecen un debate profundo. También hay que analizar por qué, existiendo herramientas legales para hacerlo, no se aplicaron para defender nuestra soberanía.

Hay un límite innegociable, no hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La “unidad” para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución.

Ojo con el nacionalismo tonto, peligroso y exacerbado. Es la careta de todo autócrata.

Que envíe los proyectos al Congreso y que los funcionarios de Cancillería y Defensa den las explicaciones necesarias sobre esta novedosa urgencia del Gobierno con Malvinas.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y denunció que el organismo estaría siendo sometido a un proceso de “desmantelamiento”, a pocos días de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto 2027 ante el Parlamento.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el legislador sostuvo que “tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y la están desmantelando”, y reclamó que se informe con precisión cuál es la situación actual del organismo. En ese sentido, dirigió su pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, Bertie Benegas Lynch y Agustín Monteverde; y a los integrantes de la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC.

Ferraro también cuestionó el funcionamiento de esa comisión bicameral, encargada de supervisar la Oficina de Presupuesto. Según señaló, sus reuniones no son difundidas en los sitios oficiales del Congreso ni transmitidas por los canales institucionales, a diferencia de lo que ocurre con otras comisiones parlamentarias. Además, advirtió que una reunión realizada en junio no fue transmitida y que otra convocada para este lunes tampoco figuraba en la agenda pública de actividades legislativas.

El diputado remarcó que no existe ninguna disposición legal que establezca el carácter reservado de esos encuentros y recordó que el reglamento de la propia OPC consagra expresamente los principios de transparencia y acceso público a la información.

“La publicidad de los actos parlamentarios y el acceso a la información son condiciones indispensables para fortalecer el control institucional”, afirmó Ferraro, quien vinculó esa necesidad con el inminente debate del Presupuesto Nacional.

La denuncia del legislador se produce en medio de la polémica generada por recientes cambios en la OPC, entre ellos la renuncia de su director general, Gabriel Esterelles, y la continuidad de una auditoría impulsada por la Comisión de Supervisión Parlamentaria. Desde distintos sectores de la oposición vienen advirtiendo sobre una presunta intervención política del organismo, mientras que desde el oficialismo se sostiene que las medidas adoptadas responden a observaciones surgidas de esa auditoría.

La situación de la Oficina de Presupuesto volvería a quedar en el centro de la escena este lunes, cuando la comisión supervisora analice los resultados de la auditoría y otros aspectos vinculados al funcionamiento interno del organismo.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó este sábado la situación que atraviesa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y denunció que el organismo se encuentra en un proceso de “desmantelamiento” a pocos días de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento el proyecto de Presupuesto 2027.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el legislador sostuvo que “lo que ocurre con la Oficina de Presupuesto del Congreso es grave” y advirtió sobre una presunta pérdida de autonomía técnica de una institución creada para brindar información independiente y objetiva al Poder Legislativo.

Las declaraciones de Ferraro se producen luego de que trascendiera la renuncia del director general de la OPC, Gabriel Esterelles, en medio de una serie de cambios administrativos, una auditoría impulsada por la Comisión Bicameral de Supervisión y restricciones sobre la elaboración y difusión de informes técnicos del organismo.

Según el diputado, primero se avanzó sobre una “intervención de hecho” de la oficina, seguida por la desarticulación de equipos de trabajo, el desplazamiento de profesionales con experiencia, la designación de una directora interina y la prohibición de elaborar y difundir informes. También denunció una situación de “ahogo financiero” que, a su juicio, afecta el funcionamiento normal de la institución.

“Tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Como forajidos, avanzaron sobre una institución creada para fortalecer la capacidad de control y análisis del Poder Legislativo”, afirmó Ferraro ante la información difundida por el portal Letra P.

Reunión clave

Según pudo saber parlamentario.com, el tema será debatido este lunes en el marco de una reunión de la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el encuentro, a realizarse a partir de las 11.30 en dependencias del Senado, trascendió que se analizarán el cierre de la auditoría, la continuidad del servicio administrativo financiero de la OPC y una modificación de un capítulo del reglamento interno de funcionamiento de ese organismo, correspondiente al presupuesto del mismo.

Pudo saber este medio que se analizará también el plan de trabajo para implementar las recomendaciones formuladas por la auditoria, como así también otras modificaciones reglamentarias.

Se espera que la reunión, encabezada por los presidente de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, Agustín Monteverde y Bertie Benegas Lynch, pueda resultar áspera, dado que la oposición más dura denunciaría una suerte de “intervención” de la OPC.

La polémica en torno a la OPC no es nueva. Ya en junio pasado, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el denominado “Súper RIGI”, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, había denunciado una “avanzada contra la OPC” a partir de resoluciones adoptadas por la Bicameral de Supervisión Parlamentaria.

En aquella oportunidad, Martínez sostuvo que las medidas aprobadas “afectan gravemente la operación de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y advirtió que se encontraban “al límite casi de una intervención”. Entre otros cuestionamientos, mencionó controles sobre actividades no planificadas, la obligación de contar con el aval de la bicameral para determinadas tareas, la suspensión de evaluaciones en áreas técnicas y limitaciones a facultades del director general del organismo.

El legislador santafesino vinculó entonces esas decisiones con el trabajo que la OPC desarrollaba sobre distintos proyectos en discusión y expresó su preocupación por un eventual intento de “descabezar, intervenir y desarmar” la institución.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch, vicepresidente de la comisión bicameral, defendió las auditorías realizadas sobre la oficina y aseguró que se trataba de un procedimiento “saludable y sano”. Según sostuvo, las tareas de revisión fueron aceptadas por las autoridades de la OPC.

En el mismo sentido se expresó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, integrante de la bicameral, quien negó que existiera una intervención de facto sobre el organismo. “La Oficina de Presupuesto del Congreso no está intervenida de facto, porque de hecho los informes siguen saliendo”, sostuvo entonces, al tiempo que reivindicó la importancia institucional de la OPC y el rol que tuvo el Pro en su creación.

Ahora, tras conocerse la salida de Esterelles, Ferraro volvió a poner el foco sobre la situación del organismo y trazó un paralelo con la intervención del INDEC durante los gobiernos kirchneristas. “Cuando se debilitan los organismos técnicos, se desplaza a sus profesionales y se condiciona la producción de información independiente, se termina afectando la calidad institucional y el acceso a información confiable”, señaló.

El diputado remarcó que la OPC cumple una función central para diputados y senadores al aportar análisis sobre el impacto fiscal, económico y presupuestario de proyectos de ley y del Presupuesto Nacional. En ese sentido, consideró que el debilitamiento de su autonomía “justo cuando se acerca la presentación del Presupuesto 2027 pone en riesgo mecanismos esenciales de transparencia y calidad de la información”.

Creada por la Ley 27.243, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue concebida como un organismo técnico de apoyo al Poder Legislativo, encargado de producir estudios sobre cuentas públicas, impacto fiscal de proyectos legislativos y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Para Ferraro, los recientes acontecimientos constituyen “una nueva embestida contra el control parlamentario efectivo”. Y concluyó con una crítica al Gobierno nacional: “¿De qué libertad y eficiencia hablan si se silencian o subordinan las voces técnicas que deben contribuir al debate público con evidencia y profesionalismo?”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro impulsó un proyecto de ley para incorporar al ordenamiento jurídico argentino el derecho a la portabilidad financiera, una herramienta que permitiría a los usuarios trasladar cuentas, tarjetas y préstamos de una entidad financiera a otra mediante un procedimiento simplificado.

La iniciativa establece que los consumidores podrán cambiar uno o varios servicios financieros de proveedor sin requerir el consentimiento de la entidad de origen. El mecanismo abarca cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de débito, crédito y prepagas, así como préstamos personales, prendarios e hipotecarios, entre otros productos que determine la autoridad de aplicación.

Según el texto, la operación se iniciará mediante una solicitud del usuario ante una nueva entidad, la cual podrá requerir al proveedor original un certificado con la información de los productos vigentes. A partir de esos datos, el nuevo proveedor podrá formular una oferta de portabilidad con las condiciones para concretar el traslado.

El proyecto fija además plazos para cada etapa del procedimiento. El proveedor original tendrá cinco días corridos para emitir el certificado de cuentas y servicios, mientras que la nueva entidad dispondrá de diez días para presentar una oferta. Una vez aceptada por el usuario, el nuevo proveedor asumirá la responsabilidad de ejecutar la portabilidad y concretar la cancelación o migración de los productos involucrados.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de aplicar la portabilidad a créditos hipotecarios mediante el mecanismo de pago por subrogación. De esa manera, una entidad financiera podría cancelar la deuda vigente del usuario y asumir la posición acreedora, manteniendo las garantías existentes y permitiendo mejorar las condiciones de financiamiento.

En los fundamentos, Ferraro sostiene que la medida favorecerá una competencia permanente entre entidades financieras, incentivándolas a mejorar las condiciones ofrecidas a sus clientes. El legislador destaca especialmente su impacto sobre los créditos hipotecarios de largo plazo, ya que permitiría aprovechar reducciones de tasas de interés o mejoras en la situación económica de los deudores.

El diputado señala además que la portabilidad financiera ya existe en países como Chile, Brasil y México, así como en la Unión Europea, y la presenta como una alternativa de mercado para ampliar el acceso al crédito sin intervenir contratos ni alterar las reglas del sistema financiero.

La propuesta prevé que el Banco Central de la República Argentina sea la autoridad de aplicación y quede facultado para reglamentar el procedimiento e incorporar herramientas tecnológicas que permitan reducir plazos y simplificar los trámites entre entidades.

El expediente 4334-D-2026 fue girado a las comisiones de Finanzas y de Legislación General.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una acción de amparo contra el Estado nacional para que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 681/2026, dictado por el Poder Ejecutivo el pasado 29 de julio para introducir cambios en la política migratoria argentina.

La demanda quedó radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y, además de cuestionar la validez del decreto, solicita una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta que exista una sentencia definitiva.

En su presentación, los legisladores sostienen que el Gobierno utilizó indebidamente la herramienta del decreto de necesidad y urgencia para modificar la Ley 25.871 de Migraciones, pese a que el Congreso se encontraba funcionando normalmente y tratando proyectos enviados por el propio Poder Ejecutivo. Entre otros ejemplos, mencionan que en esos mismos días el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por la administración libertaria.

El eje central de la impugnación es que el DNU no demostraría la existencia de circunstancias excepcionales que impidieran seguir el trámite legislativo ordinario. Por el contrario, Frade y Ferraro afirman que el objetivo del Ejecutivo fue "sortear una discusión democrática" que corresponde dar en el ámbito parlamentario.

La demanda pone especial énfasis en las modificaciones introducidas a los artículos 29 y 62 de la Ley de Migraciones. Según los diputados, el decreto amplía las causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y disponer expulsiones de extranjeros incorporando conductas vinculadas a los llamados "mensajes de odio", la incitación a la violencia contra argentinos o el ultraje a símbolos patrios.

Para los demandantes, esas nuevas causales están definidas de manera imprecisa y dejan amplios márgenes de interpretación a la autoridad migratoria. Asimismo, sostienen que la expulsión constituye una sanción de naturaleza punitiva, por lo que entienden que el Poder Ejecutivo ingresó en una materia expresamente vedada para los DNU por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Otro de los cuestionamientos apunta a una posible afectación de derechos reconocidos a las personas migrantes por la Constitución y diversos tratados internacionales. En particular, advierten sobre eventuales impactos en la reunificación familiar, los derechos de niños y niñas y la libertad de expresión, al considerar que el decreto incorpora figuras que podrían derivar en sanciones basadas en opiniones o manifestaciones públicas.

Los legisladores también argumentan que el decreto contradice compromisos asumidos por el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos, particularmente en el marco del acuerdo de solución amistosa alcanzado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "De la Torre".

En la demanda, Frade y Ferraro solicitan que la Justicia suspenda la vigencia del DNU mientras se analiza el fondo de la cuestión, al advertir que su aplicación inmediata podría generar perjuicios de difícil o imposible reparación posterior para personas sometidas a procesos migratorios.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, criticó este lunes el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno y alertó que “puede comprometer recursos naturales y estratégicos que son significativos para el país”.

“Digámoslo con todas las letras, el Presidente desvaría, tiene una mirada de conspiración permanente y copia de manera peligrosa una narrativa que puede estar dándose en otros lugares del mundo y, la verdad, que preocupa”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Ferraro criticó la entrevista televisiva que Milei dio anoche en La Nación+ y pidió: “Que alguien lo cuide al Presidente, que deje de plantarse en estas entrevistas con estos desvaríos que le hacen mal a la Argentina y le hacen mal a él como y a su gestión”, y agregó: “Ayer volvió a pelearse con el presidente de Brasil y más allá de las diferencias políticas, ideológicas que uno pueda tener, es el socio estratégico de la Argentina”.

El legislador de la fuerza que lidera Elisa Carrió cuestionó el proyecto que permite a ciudadanos de otras nacionalidades comprar tierras de manera amplia, y expresó que Milei se preocupa de forma diferente sobre los extranjeros, porque “define a estudiantes, profesores e investigadores como terroristas, pero parece que no pone una mirada seria y responsable” sobre otros.

Entre ellos, mencionó a “cómo se están tomando no solo con la Ley de Tierras, sino el Súper RIGI y otros, que van a ser realizadas por nombres propios muy identificados, y pueden comprometer recursos naturales y estratégicos que son significativos para el país y, más aún, en medio de un conflicto geopolítico mundial”.

“Hoy la ley de tierras no impide inversiones, no impide el desarrollo tecnológico en el medio de la IA que tiene el país, pero estamos desconociendo mucha de estas cosas”, advirtió. Así, criticó que la Ley de Tierras está por la versión 17 y comentó: “Se dice que mañana la senadora Bullrich hará una conferencia para ver si puede construir la mayoría para que salga. Se habla ahora de un 25% en donde ni siquiera hay un punto de sustento de evidencia desde el punto de vista de datos técnicos”.

Al respecto, enfatizó: “La ley de Tierras no impide que un extranjero compre tierra, con límites claro, pero cómo vamos a ser tan estúpidos para comprometer nuestra área de frontera y nuestros recursos de agua dulce, no lo hace ningún país del mundo”.

“Esta incorporando el tema de los desalojos para hacerlo exprés”, planteó y opinó de forma crítica: “Esto es donde LLA se encierra en sus propios errores y estrategias parlamentarias, en mandar estas leyes grandilocuentes, de meter varios temas que pueden complicar la sanción definitiva de la ley que, hace más de 6 meses, están intentando darle media sanción en el Senado porque insisten en el error bajo esta narrativa de melomanía, donde mezclan muchos temas bajo nombres rimbombantes”.

Para Ferraro el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada “tiene nombre y apellido relacionado a determinadas corporaciones del mundo tecnológico, principalmente las vinculadas a la empresa Palantir y a su propietario Peter Thiel”.

“Este paquete de leyes tenemos que analizarlos en un contexto sumado a los acuerdos que Milei anda firmando por ahí sin brindar ningún tipo de información. Esto tiene que ser abordado de una forma seria y responsable y no rendirse a los pies de una gestión como la de Trump”, alertó.

El diputado nacional manifestó: “Es un disparate que puedan comprar en zona de fronteras, Patricia lo sabe a esto. El crimen organizado en lo que son las amplias fronteras … apelo a los senadores. ¿Vamos a comprometer zonas de fronteras? ¿Reservas de agua dulce?”.

El legislador agregó que se trata de administrar “recursos que son importantísimos en la situación geopolítica mundial” y recalcó que se trata de “energía, inteligencia artificial y minerales críticos como los semiconductores, que van nada más y nada menos que para la fabricación de chips”.

“La ley actual protege las reservas de agua dulce, y la Argentina en sus acuíferos tiene una de las mayores reservas de agua dulce a nivel mundial. Y el agua es uno de los recursos estratégicos desde el punto de vista geopolítico más importante en estos momentos”, resaltó.

La presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central realizada por el presidente Javier Milei abrió de inmediato el debate político en el Congreso, donde el oficialismo necesitará reunir apoyos para convertir en ley una de las iniciativas centrales de su programa económico.

Entre las primeras reacciones se destacó la del diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri, quien respaldó plenamente el anuncio y sostuvo que se trata de una dirección que viene promoviendo desde hace varios años.

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA”, escribió el legislador mendocino en la red social X.

Nieri aseguró que ya había presentado un proyecto en ese sentido y destacó especialmente la intención de prohibir que el Banco Central financie al Tesoro Nacional.

“Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, señaló.

Además, recordó una publicación realizada en agosto de 2025 en la que defendía la misma idea: “Prohibir al BCRA financiar el Tesoro. Excelente, en 2022 presenté este proyecto”.

Desde la vereda opuesta se expresó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, quien rechazó de plano la iniciativa del Gobierno y la vinculó con las exigencias de los organismos internacionales de crédito.

“Milei y su reforma del Banco Central busca asegurar el ajuste permanente”, sostuvo.

Para el legislador bonaerense, la propuesta oficial responde a un histórico planteo del Fondo Monetario Internacional. “Este proyecto de ley es un histórico reclamo del FMI. Festeja Kristalina Georgieva”, afirmó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó una posición más matizada. Si bien coincidió en la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central, consideró que el proyecto presentado por el Gobierno tiene debilidades institucionales que deberían corregirse durante el tratamiento parlamentario.

Bajo el título “Para blindar al Banco Central hay que terminar con los DNU”, Ferraro sostuvo que reformar la Carta Orgánica no será suficiente si no se modifican las facultades del Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.

“No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122”, afirmó.

Según el legislador, cualquier administración futura podría revertir los cambios impulsados por Milei utilizando el mismo mecanismo.

“Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez o nulidad de los DNU”, señaló.

Ferraro también cuestionó uno de los aspectos centrales del proyecto anunciado por Milei: la decisión de exigir una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del Banco Central.

A su juicio, la iniciativa genera una asimetría institucional porque no prevé una mayoría similar para su designación.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, advirtió.

Para el diputado de la Coalición Cívica, una verdadera autonomía del Banco Central requiere que las autoridades cuenten desde su origen con un amplio respaldo parlamentario.

“Para garantizar la autonomía del BCRA, hay que darle legitimidad de origen a sus autoridades con una mayoría agravada igual a la de la remoción”, planteó.

Finalmente, Ferraro sostuvo que la estabilidad monetaria es un objetivo constitucional que debe alcanzarse mediante instituciones sólidas y no a través de mecanismos que puedan derivar en nuevas disputas políticas.

“Ojalá que, en el debate que tengamos en el Congreso, podamos trabajar para fortalecer institucionalmente al Banco Central, blindar su Carta Orgánica y evitar que sea el apéndice de ningún Ministerio de Economía”, concluyó.

La decisión del Gobierno de incluir la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera en el anteproyecto de ley de desregulaciones conocido en los últimos días generó críticas desde distintos sectores de la oposición, que alertaron sobre las consecuencias de eliminar el sistema de precio único del libro vigente en la Argentina.

Entre las voces que salieron a cuestionar la iniciativa estuvieron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en advertir que la medida favorecería la concentración del mercado editorial y pondría en riesgo a librerías y editoriales independientes.

Bregman sostuvo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Gobierno “vuelven con su obsesión” de avanzar contra la cultura y recordó que una medida similar ya había sido impulsada en el DNU 70/23 y en la denominada Ley Bases original, aunque finalmente no prosperó.

La legisladora señaló que la derogación de la norma podría derivar en aumentos de precios al eliminarse los límites que hoy establece el sistema de precio uniforme de venta al público. Asimismo, advirtió que la medida favorecería una mayor concentración del mercado editorial en perjuicio de los sellos independientes.

“Esto pondrá en peligro la continuidad de cientos de librerías en todo el país por la eliminación del precio único del libro”, afirmó la diputada, quien además consideró que la iniciativa agravaría la situación de escritores y escritoras que ya desarrollan su actividad en condiciones de precariedad.

En ese marco, adelantó que desde la izquierda convocarán a autores, editoriales y libreros para impulsar acciones contra la propuesta oficial y sumarse a los sectores de la cultura que defienden la continuidad del régimen vigente.

Desde otro sector de la oposición, Ferraro también rechazó la iniciativa y cuestionó duramente a Sturzenegger. “No tiene idea, y tampoco le interesa comprender, lo que representa el libro para la Argentina”, sostuvo el diputado nacional.

El presidente de la Coalición Cívica destacó que la actividad editorial no sólo constituye una expresión cultural, sino también una industria que genera miles de puestos de trabajo y que involucra a editoriales, librerías, autores, traductores, correctores, diseñadores, imprentas y distribuidores.

Ferraro remarcó además que la legislación actual “no le cuesta un solo peso al Estado”, por lo que rechazó cualquier justificación basada en la reducción del gasto público. Según planteó, detrás de la propuesta existe un intento de concentrar el mercado en beneficio de unos pocos actores económicos.

“El objetivo es claro: beneficiar a unos pocos, concentrar el mercado y debilitar la diversidad editorial que caracteriza a la Argentina”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia un modelo dominado por grandes cadenas comerciales y supermercados en detrimento de las librerías de cercanía.

El legislador también vinculó la iniciativa con otras medidas del Gobierno en áreas como ciencia, tecnología y organismos de investigación, y consideró que la eventual derogación de la Ley 25.542 implicaría un nuevo retroceso para uno de los rasgos distintivos de la identidad cultural argentina.

La Ley 25.542 establece un sistema de precio único para la venta de libros al público, mecanismo que según sus defensores busca preservar la competencia entre librerías de distinto tamaño, garantizar la diversidad editorial y evitar prácticas comerciales que favorezcan la concentración del mercado. Su eventual derogación promete convertirse en un nuevo foco de disputa entre el oficialismo y los sectores vinculados a la industria editorial y cultural.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) plantó un manto de sospecha sobre el nombramiento de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la causa $LIBRA, tema sensible para el Gobierno.

"Tomá pa’ vos. Tomá pa’ mí. ¿Se concreta la devolución de favores?", publicó el legislador en la red social X luego que este miércoles fuera publicada la designación en el Boletín Oficial.

Con tres décadas de trayectoria judicial y luego de haber concursado por el cargo, Ana Juan, como es conocida en Comodoro Py -donde es funcionaria de la Cámara Federal-, asistió a audiencia pública en el Senado y su pliego fue aprobado junto al primer gran paquete de postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.

Los pliegos se votaron a principios de junio y el 25 de ese mes se oficializaron 52 nombramientos, entre los que no estaba la esposa de Martínez de Giorgi. Sin embargo, este miércoles se concretó su designación como jueza del juzgado de primera instancia de Hurlingham, por medio del decreto 589/2026.

Esto ocurrió pese al argumento del Gobierno de no nombrar magistrados en juzgados que todavía no están formalmente constituidos. Fundamento en el cual se basó el Presidente Javier Milei para frenar la designación por decreto de María Verónica Michelli, candidata que intentó retirar y no pudo. Se trata de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que reveló investigaciones en torno al caso $LIBRA, precisamente a cargo de De Giorgi.

Por eso, días atrás, cuando el juez federal apartó a las querellas de la causa que involucra directamente a Milei y su hermana, algunos diputados opositores consideraron sugestiva esa decisión judicial.

Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora el año pasado, apuntó: "En la causa $LIBRA no solo debe investigarse la estafa y la situación de los particulares damnificados, sino también al Presidente de la Nación y a su hermana por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los estamos observando".

Un grupo de diputados nacionales encabezados por los de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron un proyecto de declaración para expresar el “más enérgico rechazo” a la supuesta injerencia del empresario estadounidense Peter Thiel en asuntos estratégicos de la República Argentina y cuestionar su presencia en el país. La iniciativa lleva además las firmas de Esteban Paulón, Blanca Osuna, Carlos Castagneto, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Palazzo.

El expediente fue girado a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales. En sus fundamentos, los autores sostienen que la preocupación no radica en la visita de un empresario extranjero ni en el intercambio habitual entre el sector privado y funcionarios públicos, sino en las gestiones que, según afirman, habrían sido promovidas por el Poder Ejecutivo con actores privados vinculados al complejo tecnológico-militar de Estados Unidos, con un grado de opacidad que consideran incompatible con el control parlamentario.

Los diputados describen a Thiel como uno de los principales exponentes del nuevo complejo tecnológico-militar estadounidense. Destacan especialmente su vinculación con Palantir, compañía especializada en análisis masivo de datos e inteligencia artificial utilizada por organismos de seguridad y defensa, y advierten sobre la creciente participación de empresas privadas en funciones que tradicionalmente correspondían a los Estados.

Según el texto, en los últimos meses trascendieron acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos en materia de defensa, cooperación tecnológica e inteligencia artificial que involucrarían a empresas relacionadas con el ecosistema tecnológico del empresario. Los autores vinculan esa situación con la importancia geopolítica que atribuyen al Atlántico Sur, la Antártida, los minerales críticos y la infraestructura tecnológica dentro de la estrategia hemisférica norteamericana.

Frade recuerda además que durante la sesión informativa del entonces jefe de Gabinete, celebrada el 29 de abril de 2026, consultó sobre las reuniones mantenidas por Thiel con el presidente Javier Milei y otros funcionarios, así como sobre eventuales contrataciones o acuerdos con Palantir u otras empresas vinculadas al magnate. La diputada afirma que las respuestas brindadas no esclarecieron ninguno de esos puntos.

En el proyecto se advierte sobre la posibilidad de que compañías asociadas a Thiel participen en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, procesamiento de datos, infraestructura crítica y sistemas de información del Estado, lo que, según los firmantes, exige mayores niveles de transparencia y supervisión institucional.

Los legisladores sostienen que la defensa de la soberanía nacional en el siglo XXI también comprende la autonomía tecnológica, el control de los datos públicos y la protección de la infraestructura crítica. Bajo esa premisa, consideran que el Congreso debe intervenir y ejercer controles sobre cualquier acuerdo que involucre áreas estratégicas del Estado.

Por esos motivos, el proyecto solicita que la Cámara de Diputados exprese formalmente su rechazo a la presunta injerencia de Peter Thiel en cuestiones estratégicas de la Argentina y lo declare persona “non grata”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó con dureza la presencia de funcionarios, magistrados y personas involucradas en expedientes judiciales en el Mundial de Fútbol, al considerar que existe una situación de privilegio e impunidad mientras gran parte de la sociedad atraviesa dificultades económicas.

“Todo tiene que ver con todo”, sostuvo el legislador a través de un posteo en la red social X y vinculó distintos casos que, según afirmó, exponen una falta de ejemplaridad por parte de sectores del poder político, judicial y empresarial.

“Mientras miles de argentinos hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, hay funcionarios, jueces y protagonistas de causas judiciales girando por el Mundial”, expresó Ferraro.

En ese marco, mencionó al secretario de Justicia, Santiago Viola, a quien señaló por haber viajado para seguir a la Selección Argentina. También hizo referencia al juez federal Federico Villena, a cargo de distintas investigaciones vinculadas al fútbol, y a Mauricio Novelli, uno de los principales denunciados en la causa relacionada con la criptomoneda $LIBRA.

Según Ferraro, Novelli “disfruta del torneo con total impunidad mientras nadie lo investiga en Buenos Aires”. Además, cuestionó al Gobierno nacional al afirmar que el caso se suma a las polémicas generadas anteriormente por los viajes del vocero presidencial Manuel Adorni.

“Viola exhibe la misma falta de decoro, mientras suben y bajan jueces de las ternas a gusto y piacere de los amigos del poder, convirtiendo el sistema en una mesa de devolución y pedido de favores”, sostuvo el diputado.

El referente de la Coalición Cívica también consideró que Novelli “ni siquiera debería estar paseando por el exterior” mientras pesan sobre él acusaciones vinculadas a presuntas estafas con la criptomoneda $LIBRA.

Por otra parte, Ferraro sumó a sus cuestionamientos al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, sobre quien señaló que “se sigue mostrando impunemente”. En ese sentido, mencionó una reciente aparición pública junto a Juan Nápoli, banquero y excandidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

“Este país da para todo, menos para algo de ejemplaridad y justicia”, concluyó el legislador, quien volvió a reclamar mayores estándares de transparencia y responsabilidad para quienes ocupan cargos públicos o se encuentran involucrados en procesos judiciales.

Mientras el Gobierno empieza a gestionar las negociaciones para llevar a cabo la reforma política en el Congreso, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC- ARI) alertó que el sistema de colectoras que pretenden impulsar “es una Ley de Lemas encubierta” y les dejó un mensaje a los gobernadores: “No se dejen avasallar”.

Ferraro señaló que “con la tan mencionada reforma política, que nos van a vender una reforma política que tiene transparencia y menos gasto, se pretende como único objetivo concentrar el poder y garantizar la reelección de Javier Milei”, y alertó: “Están intentando destruir el espíritu de la Boleta Única, destruir toda posibilidad de alternativas políticas y sostener los contrapesos necesarios que son lógicas en el Parlamento”.

En diálogo por Radio Rivadavia, el legislador agregó que la reforma: “Encaja con una metodología del poder que venimos viendo que tiene que ver con el disciplinamiento, con la promesa de obra pública, el látigo y billetera, en cómo genero miedos y silencios”.

“Se busca querer reinstalar el sistema de colectoras es una Ley de Lemas encubierta que, en su momento, en el 2019 con el Gobierno de Macri esto fue un avance significativo de eliminar el sistema de colectoras porque persigue como objetivo funcional a la inter polarización de la Argentina, responde a la lógica de partido púnico y polarización constante y quite de la competencia cualquier otra alternativa”.

En ese sentido, les pidió a los gobernadores, con sus senadores y diputados “no dejarse avasallar ni resignen su autonomía frente a Karina Milei, porque esta configuración electoral responde a la conciliación del poder con una clara tentación a la autocracia y a una cuestión totalitaria y de partido único”.

“Es recontra oportunista esta reforma, pero estamos hablando de las reglas electorales. Podemos mejorar y hacer más transparente el sistema, por supuesto, podemos ir a unas PASO que no sean obligatorias, y discutir seriamente el financiamiento de las campañas políticas, pero no permitiendo un financiamiento obsceno por parte de los privados como se pretende en esta reforma”, aseveró.

En opinión de Ferraro “se está rompiendo el espíritu de la boleta única, que es otro de los logros que se obtuvieron en el sistema electoral, y se está instaurando una ley de lemas para que las provincias queden claramente disciplinadas bajo la decisión de una sola persona que es la hermana del presidente de la Nación”.

“Se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras para eso, hasta el momento el Gobierno no cuenta con esos votos, pero estoy atento a las declaraciones que se van haciendo”, cerró.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, firmado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de otorgamiento de la ciudadanía argentina. La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.

La propuesta se apoya en el reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral dictado el 30 de junio de 2026 en la causa “Yang, Liping s/nacionalidad y ciudadanía – solicitud de carta de ciudadanía”, en el que se declaró la nulidad del decreto por considerar que reguló una materia excluida de las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Según explican los autores, el DNU transfirió la competencia para otorgar la ciudadanía argentina desde los jueces federales hacia la Dirección Nacional de Migraciones. Para Ferraro y Frade, esa modificación afecta directamente el régimen de ciudadanía y, por lo tanto, el ejercicio de los derechos políticos, cuestión que integra la materia electoral y debe ser tratada exclusivamente por el Congreso.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la ciudadanía no constituye un mero estatus administrativo, sino el vínculo jurídico que habilita a las personas a participar de la vida política mediante el sufragio. Por esa razón, consideran que cualquier cambio en las reglas para acceder a la ciudadanía debe ser debatido y aprobado por los representantes del pueblo y no mediante una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El proyecto también argumenta que el Gobierno no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que impidieran recurrir al trámite legislativo ordinario. De acuerdo con la interpretación de la Cámara Nacional Electoral citada en la iniciativa, las razones invocadas para dictar el decreto respondían a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia política, aspectos que corresponden al ámbito del debate parlamentario.

Ferraro y Frade afirman además que el Congreso debe asumir un papel más activo en el control de los decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, cuestionan el funcionamiento actual del sistema previsto por la Ley 26.122 y plantean la necesidad de avanzar en reformas que fortalezcan el control legislativo sobre este tipo de normas excepcionales.

Para los autores, la declaración de nulidad propuesta busca respaldar institucionalmente el criterio fijado por la Justicia y reafirmar principios como la división de poderes, la deliberación parlamentaria y la soberanía popular. Según sostienen, la defensa de las competencias del Congreso constituye una garantía esencial para que las reglas fundamentales del sistema democrático sean definidas a través de los mecanismos de representación previstos por la Constitución.

Tras conocerse que el oficialismo tiene la intención de reinstaurar un sistema de colectoras en el proyecto de reforma electoral -lo que forma parte de las negociaciones con gobernadores-, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció que "Karina Milei quiere que vuelvan las colectoras electorales para someter y encolumnar toda disidencia".

El porteño, quien en las últimas horas se manifestó en más de una oportunidad sobre el tema, aseguró: "Nos van a vender una reforma electoral con 'más transparencia y menos gasto público', pero lo único que quiere el Gobierno es concentrar poder, garantizar la reelección y destruir cualquier posibilidad de construir alternativas políticas y de sostener los contrapesos necesarios".

"El regreso de las colectoras electorales es un enorme retroceso", enfatizó y recordó que "en 2019 fueron prohibidas por Mauricio Macri, y fue un gran avance que todos los republicanos convencidos celebramos. Hoy el Gobierno de (Javier) Milei quiere volver atrás con eso".

En un posteo realizado este viernes a través de su cuenta en X, el dirigente del partido liderado por Elisa Carrió señaló que "las listas colectoras alteran los incentivos de la competencia, fortalecen el poder de las fuerzas políticas más grandes y empujan a los partidos más chicos a integrarse a ellas por supervivencia electoral y no por convicción. Es una lógica de miedo, silencio y humillación; el regreso del famoso 'látigo y billetera' ".

"También destruyen el espíritu de la Boleta Única de Papel. Son, en los hechos, una ley de lemas encubierta: multiplican candidaturas bajo un mismo paraguas y terminan confundiendo al elector mientras juntan votos para la reelección de Milei", apuntó.

Para Ferraro, "la eliminación de las PASO, junto con el regreso de las colectoras, tiene como objetivo construir un escenario de polarización extrema, de blanco o negro, donde toda fuerza política deba encolumnarse detrás de dos grandes opciones y desaparezca cualquier alternativa independiente".

"En lugar de hacer una reforma electoral en beneficio de La Libertad Avanza, discutamos cambios a favor de todos los argentinos: campañas más cortas, un sistema de publicidad electoral más moderno, primarias abiertas, simultáneas y optativas, o un régimen de financiamiento mixto y transparente, en lugar del peligroso esquema de aportes empresarios que proponen y que puede desequilibrar la competencia electoral en favor del oficialismo", advirtió.

Finalmente, el legislador pidió no volver "a herramientas pensadas para concentrar poder, disciplinar aliados y someter y eliminar toda disidencia". "Es muy propio de caudillos y autócratas modificar las reglas electorales para beneficiarse y perpetuarse en el poder. Pierde la democracia, pierden los argentinos y todo se configura al servicio de una pretensión de unanimidad que alimenta riesgos autoritarios y totalitarios", alertó.

Previamente, Ferraro había manifestado que "no hay que dejarse avasallar ni resignar autonomía frente a las imposiciones de Javier Milei y de su hermana, ni ante su objetivo de avanzar hacia una lógica de partido único y de polarización permanente".

"El único objetivo del Gobierno es la reelección, y para eso está dispuesto a sellar cualquier pacto electoral. Buscan anular la pluralidad y la disidencia, concentrando cada vez más poder", insistió.
Además, le envío un mensaje a los mandatarios provinciales: "Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores. Cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta".

El diputado consideró que este sistema "sería totalmente funcional a la polarización que hoy representan el PJ-kirchnerismo y La Libertad Avanza". "Con este sistema electoral quieren darle una patada a quienes incomodan al poder y limitan la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas tengan representación tanto en Diputados como en el Senado", dijo.

¿Qué son las colectoras?

La utilización de listas colectoras establece un mecanismo en el que listas de distintos partidos políticos presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para otra categoría.

El ejemplo más recordado en los últimos años fue el de las candidaturas de Daniel Scioli y Martín Sabbatella -ambos candidatos a gobernadores bonaerenses-, las cuales estuvieron anexadas a la boleta presidencial de la fórmula Cristina Kirchner - Amado Boudou en las generales del 2011.

En aquella ocasión, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la gestión libertaria fue con la boleta del Frente para la Victoria, mientras que el exintendete de Morón, por la del Nuevo Encuentro, pero ambas en sendas boletas junto a la candidatura de Cristina Kirchner.

Después de que el Gobierno nacional reúna a la tropa oficialista y anuciara que irá por la Reforma Electoral, el diputado nacional Maximiliano Ferraro salió al cruce y criticó que "no hay que dejarse avasallar ni resignar autonomía frente a las imposiciones de Javier Milei y de su hermana, ni ante su objetivo de avanzar hacia una lógica de partido único y de polarización permanente".

Con Diego Santilli a la cabeza, el Ejecutivo Nacional se puso a trabajar en los acuerdos parlamentarios para alcanzar el número necesario que le permita eliminar las Elecciones PASO. En tal sentido, el legislador de la Coalición Cívica señaló que "el único objetivo del Gobierno es la reelección, y para eso está dispuesto a sellar cualquier pacto electoral. Buscan anular la pluralidad y la disidencia, concentrando cada vez más poder".

"Bajo el nombre de una reforma política y la eliminación o suspensión de las PASO, quieren impulsar un sistema que vuelve a las colectoras, un gran restroceso que solo busca beneficiar al poder de turno", cuestionó en rigor de las versiones que señalan que el Gobierno habría acordado volver al sistema de boletas colectoras a cambio de los votos para sacar la Reforma Electoral.

Pero el mensaje de Ferraro no estuvo solamente dirigido al Gobierno, también le envío un mensaje a los mandatarios provinciales: "Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores. Cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta".

En el cierre, el diputado nacional de la Coalición Cívica consideró que la sanción de la Reforma "sería totalmente funcional a la polarización que hoy representan el PJ-kirchnerismo y La Libertad Avanza". Y cerró: "Con este sistema electoral quieren darle una patada a quienes incomodan al poder y limitan la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas tengan representación tanto en Diputados como en el Senado".

¿Qué son las colectoras?

La utilización de listas colectoras establece un mecanismo en el que listas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para otra categoría.

El ejemplo más recordado en los últimos años fue el de las candidaturas de Daniel Scioli y Martín Sabbatella -ambos candidatos a gobernadores bonaerenses-, las cuales estuvieron anexadas a la boleta presidencial de la fórmula Cristina Kirchner - Amado Boudou en las generales del 2011.

En aquella ocasión, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes fue con la boleta del Frente para la Victoria, mientras que el exintendete de Morón, por la del Nuevo Encuentro, pero ambas en sendas boletas junto a la candidatura de Cristina Kirchner.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro se pronunció con dureza tras la renuncia de Manuel Adorni, al sostener que su salida no respondió a “operaciones” sino a la imposibilidad de explicar el origen de su patrimonio. A través de un posteo en redes sociales, el legislador de la Coalición Cívica afirmó que durante meses el funcionario contó con “protección política”, pero que terminó dejando el cargo ante la acumulación de irregularidades no esclarecidas.

Ferraro rechazó el argumento esgrimido por el ahora exjefe de Gabinete en su carta de despedida, en la que atribuyó su caída a ataques mediáticos. “No renunció por las ‘operaciones’ que denuncia, sino porque nunca pudo justificar su patrimonio, ocultando información y acumulando una mentira tras otra”, sostuvo el legislador.

En ese marco, cuestionó la actitud del exfuncionario frente a las investigaciones y planteó que “confunde control y rendición de cuentas con persecución”, al tiempo que lo acusó de victimizarse frente a sus responsabilidades. “Quien elige ejercer la función pública debe aceptar también el escrutinio público”, remarcó.

Para Ferraro, la salida de Adorni pone fin a un episodio que afectó la credibilidad institucional. “Hoy termina este papelón que puso en vilo la credibilidad moral de nuestras instituciones”, señaló, aunque advirtió que lo más relevante comienza a partir de ahora, con el accionar judicial.

En ese sentido, reclamó que la investigación avance hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios ni dilaciones. “Ahora resta lo más importante: que la Justicia siga investigando, determine responsabilidades y, sobre todo, que no haya impunidad”, sostuvo.

El diputado también planteó que el caso debería dejar una enseñanza política más amplia sobre los estándares exigibles a los funcionarios públicos. “Esto tiene que ser un aprendizaje para siempre. En la República nadie puede ocupar un cargo mientras no puede justificar su patrimonio. Nadie”, concluyó, cerrando su mensaje con una invocación clásica del ámbito judicial: “Será justicia”.

La renuncia de Manuel Adorni generó inmediatas repercusiones en el Congreso, con posicionamientos que reflejaron la grieta política en torno a su figura y a la gestión del Gobierno. Desde la oposición más dura hasta sectores del oficialismo y aliados, los mensajes oscilaron entre cuestionamientos severos, advertencias judiciales y consignas en clave irónica.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien apeló a un tono crítico y sarcástico para referirse a la salida del funcionario. “¡Vamos, Manuel! Adorni no se va, Adorni no se va, no se va…”, escribió en su cuenta de X, en alusión a las expresiones de apoyo que el exjefe de Gabinete había recibido semanas atrás. Y agregó: “Vitoreaban hace apenas dos meses y también el otro día, los dueños y adulones del circo”.

¡Vamos, Manuel!
Adorni no se va, Adorni no se va, no se va…

Vitoreaban hace apenas dos meses y también el otro día, los dueños y adulones del circo. pic.twitter.com/2m6nPsUeIf

— maxi ferraro (@maxiferraro) June 26, 2026

Por su parte, los senadores del bloque radical consideraron la renuncia de Adorni como “un paso lógico para una situación que era insostenible” y estimaron “necesario” que la Justicia “siga actuando y que desde el Senado retomemos la agenda de trabajo para lograr los cambios que la Argentina aún necesita”.

En la misma línea opositora, el exministro Nicolás Trotta fue más contundente y vinculó la renuncia con posibles responsabilidades judiciales. “Adorni renunció. No alcanza con irse cuando las responsabilidades ya están a la vista. Encarnó la soberbia, la crueldad y la miseria política de este gobierno”, afirmó. Trotta también apuntó contra el presidente: “Milei lo sostuvo hasta el final y quienes lo blindaron en el Congreso también deberán responder por ese respaldo”. Y cerró con una advertencia: “Ahora le queda la Justicia. Y es posible que no llegue solo: varios de los que hoy lo despiden con elogios quizá terminen acompañándolo a dar explicaciones”.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano planteó interrogantes en torno a la continuidad del funcionario hasta su renuncia y sugirió implicancias más profundas. “ADORNI: EL FUSIBLE QUE QUEMÓ TODO EL TABLERO”, tituló su mensaje, en el que sostuvo que “la salida de Manuel Adorni del Gobierno llega tarde, con una crisis institucional, política y de credibilidad inexplicable”. Asimismo, cuestionó la defensa presidencial hasta último momento: “Hace horas nomás el Presidente siguió ‘bancando’ desde España a un hombre que llegó con poco patrimonio a la función pública y se enriqueció a la velocidad de la luz”. En ese contexto, lanzó una serie de preguntas: “¿Por qué esa obstinación de sostenerlo? ¿Qué cosas sabe Adorni que preocupan a los hermanos Milei?”. Y concluyó: “Fin (pero solo de un capítulo. La novela continúa)”.

Desde el oficialismo, en tanto, la reacción fue más escueta pero centrada en la necesidad de reforzar valores institucionales. Patricia Bullrich, que desde hacía rato reclamaba la salida del funcionario, publicó un breve mensaje en el que, sin mencionar directamente al exfuncionario, destacó: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

Para el diputado de UP Jorge Taiana, es una renuncia que “llega muy tarde. Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón. Su salida no borra lo que pasó ni la cadena de responsabilidades que aún deben investigarse”. Y cerró: “Esperemos que pronto haya Justicia”.

A su vez, la Unión Cívica Radical sostuvo en un comunicado que la salida de Adorni debió producirse hace meses. “Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, solo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República”.

Agrega que ahora “es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo, que esclarezca cómo cambió en tan poco tiempo el estilo de vida del jefe de Gabinete”, y concluye diciendo que “la honestidad no se declama, se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable”.

Por su lado, el Pro consideró que “el paso al costado de Manuel Adorni era lo que correspondía. Nunca debió llegar a este punto. Ahora el Gobierno puede volver a enfocarse en lo importante: avanzar con las transformaciones que los argentinos esperan y dejar atrás una crisis que era completamente evitable”.

El diputado nacional Esteban Paulón —denunciante clave en una de las causas— aseguró que la caída del funcionario marca el colapso definitivo del relato oficialista sostenido por más de tres meses. “FIN. 100 días tapando el sol con las manos”, sentenció Paulón de forma categórica, vinculando la responsabilidad directa del Presidente de la Nación en el encubrimiento de la situación patrimonial del exvocero: “Más temprano que tarde, finalmente te quemaste @jmilei”. El diputado denunció que el Poder Ejecutivo montó una estrategia sistemática de espaldas a las instituciones, acumulando “más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso”.

Con el desplazamiento consumado, el legislador exigió "que la justicia avance" a fondo y lanzó una dura advertencia a todo el entorno presidencial sobre el costo político de mirar hacia otro lado frente a los hechos de corrupción. "Spoiler: hacerse el distraído no te hace ingenuo, te hace cómplice", concluyó Paulón, ratificando que la salida de Adorni de la gestión pública es solo el primer paso de un proceso que debe esclarecer en los tribunales.

La carta difundida este jueves por Esteban Bullrich generó repercusiones en las redes, donde desde todos los sectores salieron a respaldar sus planteos y a destacar el valor político de su mensaje, en un contexto de fuertes tensiones opositoras.

En el Congreso, expresaron un enfático respaldo los miembros de la Coalición Cívica. La diputada Mónica Frade vinculó los dichos del exsenador con los principios históricos del espacio fundado por Elisa Carrió. “El ‘Contrato Moral’ del que hace veinte años habla Elisa Carrió. Un decálogo de integridad”, expresó en sus redes sociales, al tiempo que reconoció que el texto de Bullrich le generó “una enorme mezcla de orgullo y tristeza”, aunque también lo definió como “una oportunidad de reflexión profunda”.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien interpretó que la carta excede lo personal y sintetiza un sentimiento más amplio dentro de la dirigencia política. “Creo que estas palabras representan a muchos”, sostuvo, y subrayó especialmente “su coraje y dignidad”.

Las expresiones de ambos dirigentes se inscriben en el impacto político que tuvo el pronunciamiento de Bullrich, que abrió un nuevo capítulo en el debate interno dentro de la oposición, en particular en torno a la posición frente al Gobierno y a la controversia por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde la Coalición Cívica, las reacciones dejaron ver una lectura que pone el acento en el plano ético y en la coherencia de las decisiones políticas. La referencia al “Contrato Moral” que destaca Frade remite a uno de los ejes históricos del espacio, vinculado a la transparencia y a los principios en el ejercicio del poder.

El respaldo explícito de Ferraro y Frade también refleja la sintonía de ese sector con el tono y el contenido de la carta, que fue interpretada como una toma de posición frente a las discusiones estratégicas que atraviesan a la oposición en esta etapa.

Si bien el oficialismo y sus aliados convocaron para el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni, en la sesión de este miércoles el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó una moción de emplazamiento a esa comisión a las 18 y que ese mismo día se dictaminara sin demora alguna.

“Aunque sigo sosteniendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional habilita a la Cámara de Diputados a tratar directamente la interpelación y la moción de censura, sin necesidad de atravesar el trámite de comisiones, impulsé este emplazamiento para que no haya dudas sobre la voluntad de avanzar”, señaló el legislador, que reclama que el martes haya dictamen. “Sino, esto va a seguir siendo un show para mantenerlo en el cargo y garantizarle impunidad”, apuntó más tarde a través de las redes sociales.

Como dato saliente, todo el bloque Pro, que votó en contra de ir por la moción de censura, votó a favor del emplazamiento.

A continuación, el detalle de la votación:

AFIRMATIVO (122)

Unión por la Patria (85)

Aguirre Hilda, Alí Ernesto, Andino Cristian, Andrade Javier, Araujo Hernández Jorge, Aveiro Martín, Barbur Marcelo, Basterra Luis, Bordet Gustavo, Borgatta Alejandrina, Cafiero Santiago, Campitelli Celia, Campo Julieta, Cámpora Lucía, Carignano Florencia, Casas Sergio, Castagneto Carlos, Chica Jorge, Daives Ricardo, De la Rosa María, Díaz Fernanda, Dolce Sergio, Estévez Gabriela, Félix Emir, Ferrán Abelardo, Freites Andrea, García María Teresa, Glinski José, Grabois Juan, Gutiérrez Ramiro, Hadad Raúl, Hagman Itaí, Ianni Ana María, Lanesan Sancho Moira, Leiva Aldo, López Jimena, López Pasquali Cecilia, Luque Juan Pablo, Mango Marcelo, Manrique Mario, Marclay Marianela, Marín Varinia Lis, Marino Juan, Martínez Germán, Michel Guillermo, Miño Fernanda, Molina Juan Carlos, Molle Matías, Monzón Roxana, Moreau Cecilia, Moyano Hugo, Mukdise Jorge, Neder Estela, Olmos Kelly, Osuna Blanca, Palazzo Sergio, Parola María, Pedrali Gabriela, Penacca Paula, Pietragalla Horacio, Pokoik Lorena, Potenza Luciana, Propato Agustina, Rauschenberger Ariel, Roberto Santiago, Rossi Agustín, Salzmann Marina, Sand Nancy, Selva Sabrina, Serquis Adriana, Snopek Guillermo, Strada Julia, Taiana Jorge, Tailhade Rodolfo, Tepp Caren, Tita Paulo, Todero Pablo, Tolosa Paz Victoria, Trotta Nicolás, Valdés Eduardo, Volnovich Luana, Yasky Hugo, Yedlin Pablo, Zaracho Natalia y Zulli Christian.

Pro (12)

Ardohain Martín, Bianchetti Emmanuel, De Andreis Fernando, De Sensi María, Fernández Molero Daiana, Finocchiaro Alejandro, Fregonese Alicia, Giampieri Antonela, González Álvaro, Ritondo Cristian, Sánchez Wrba Javier y Yeza Martín.

Provincias Unidas (9)

Arrieta Lourdes, Basualdo Carolina, Brugge Juan, Coletta Mariela, Farías Pablo, Gutiérrez Carlos, Rizzotti Jorge, Schiaretti Juan y Zigarán María.

Innovación Federal (3)

Biella Bernardo, Outes Pablo y Vega Yolanda.

Izquierda (4)

Bregman Myriam, Del Caño Nicolás, Del Plá Romina, Pitrola Néstor.

Coalición Cívica (2)

Ferraro Maximiliano y Frade Mónica.

MID (2)

Falcone Eduardo y Zago Oscar.

Elijo Catamarca (2)

Monguillot Fernando y Nóblega Sebastián.

Otros (3)

Banfi Karina (Adelante Buenos Aires), Fernández Jorge (Primero San Luis) y Pichetto Miguel (Encuentro Federal).

 

NEGATIVO (108)

La Libertad Avanza (93)

Ajmechet Sabrina, Almena Carlos, Almirón Lisandro, Andreussi Bárbara, Ansaloni Pablo, Arabia Damián, Avico Belén, Basualdo Atilio, Becerra Mónica, Benegas Lynch Bertie, Bonacci Rocío, Bongiovanni Alejandro, Bornoroni Gabriel, Brizuela Adrián, Bruno Eliana, Campero Mariano, Carrancio Alejandro, Castelnuevo Giselle, Chiconi Abel, Correa Llano Facundo, Diez Romina, Emma Nicolás, Fargosi Alejandro, Ferreyra Alida, Figliuolo Sergio, Flores María, Frías Maira, Gallardo María, García Álvaro, García Carlos, Giudici Silvana, Goitia Rosario, Gonzales Alfredo, González Estevarena María, Gruber Maura, Guzmán Jairo, Hartfield Diego, Holzman Patricia, Huesen Gerardo, Humenuk Gladys, Ibáñez María, Laumann Andrés, Lemoine Lilia, Leone Andrés, Llano Mercedes, Lluch Enrique, Longo Johanna, Macyszyn Lorena, Martínez Álvaro, Matzkin Martín, Mayoraz Nicolás, Metral Asensio Julieta, Molinuevo Soledad, Mondaca Soledad, Montenegro Guillermo, Montenegro Juan Pablo, Morchio Francisco, Moreno Ovalle Julio, Muñoz Gabriela, Niveyro Miriam, Ojeda Joaquín, Pareja Sebastián, Patiño Brizuela Marcos, Pauli Santiago, Pellegrini Agustín, Pelli Federico, Peluc José, Petri Luis, Petrovich María, Picat Luis, Ponce María, Quintar Manuel, Ravera Valentina, Razzini Verónica, Reichardt Karen, Riesco Gastón, Roca Gonzalo, Rodríguez Miguel, Rodríguez Machado Laura, Santillán Juliana, Santurio Santiago, Soldano Laura, Tomassoni Yamile, Torres Rubén, Tortoriello Aníbal, Tournier José, Treffinger César, Urien Hernán, Vásquez Patricia, Vera Andrea, Villaverde Lorena, Visconti Gino y Zapata Carlos.

UCR (6)

Agüero Guillermo, Cipolini Gerardo, González Diogenes, Nieri Lisandro, Schneider Darío y Verasay Pamela.

Innovación Federal (2)

Álvarez Claudio y González Gerardo.

Provincias Unidas (1)

Capozzi Sergio.

Producción y Trabajo (2)

Jaime Quiroga Carlos y Picón Martínez Nancy.

Otros bloques (4)

Fernández Elia (Independencia), Medina Gladys (Independencia), Maureira Karina (La Neuquinidad) y Garrido José Luis (Por Santa Cruz).

 

ABSTENCIONES (0)

No se registraron abstenciones.

Un día después de la sesión citada por la oposición que fracasó, los diputados Myriam Bregman (FIT) y Maximiliano Ferraro (CC) plantearon en el comienzo de la sesión de este miércoles dos pedidos de apartamiento para que se incluyan las iniciativas que promueven la interpelación y moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, ambos resultaron rechazados, ya que para incluirlos se requerían las tres cuartas partes de los votos, una mayoría imposible para la oposición ante el rechazo del oficialismo y sus aliados.

El apartamiento planteado por Bregman, directamente sobre una moción de censura, recibió 125 votos negativos y 104 positivos; mientras que el de Ferraro, sobre el resto de los expedientes -que el próximo martes se tratarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales- obtuvo 122 votos afirmativos y 108 negativos.

En su alocución, Bregman cargó contra quienes no dieron quórum este martes y habló de “la vergüenza que dan los que no vinieron, los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni”. “Lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. ¡Ficha limpia, rabo sucio! Porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales. Y algún día, señor presidente, nos gustaría saber cuántos pen drive de diferencia hay entre dar quórum para una cosa y la otra”, lanzó.

La diputada del Frente de Izquierda afirmó que “Adorni es (Javier) Milei. Están blindando a Milei y el plan de saqueo, de ajuste y de entrega que está llevando adelante. Con eso tienen que ver las leyes que pretenden votar hoy”. “Adorni estuvo en el recinto y mintió”, recordó y consideró que el funcionario “se tiene que ir”.

A su turno, Ferraro expresó que “la mayoría del pueblo argentino y de este Congreso le ha quitado todo tipo de confianza para que ejerza el rol de jefe de Gabinete”. “Este apartamiento tiene que ver con una situación de urgencia porque la situación del jefe de Gabinete es insostenible”, agregó. Y reclamó que el próximo martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine sobre los proyectos.

Tras una alusión del diputado de la Coalición Cívica sobre los bloques opositores que no bajaron, saltó a responder el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo, quien remarcó la mayoría que se necesitaba para incluir el tema y “cómo queda demostrado que, aunque nosotros estuviéramos presentes, era imposible. Hay 90 y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañar. Era una sesión de show”. Y agradeció a la Presidencia y a las autoridades de la comisión por convocar a reunión.

“No entiendo en el marco de qué debate hizo su referencia el diputado preopinante. Ahora, nadie te pide tanto Cristian. Nadie te pide tanto”, lo chicaneó el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez.

“La creatividad del oficialismo para violar la Constitución no tiene límites”, denunció el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) luego de la jugada que orquestó LLA en la Cámara baja para frenar la sesión solicitada por la oposición y convocar a comisión para debatir el proyecto de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ferraro sostuvo que el Gobierno “no tienen argumentos para defender al Jefe de Gabinete” por lo que “se pusieron a inventar obstáculos, dilaciones parlamentarias y a hacer trampa para que la interpelación y la moción de censura vaya a comisión”. En ese sentido, denunció que de esa manera impiden que el Congreso “ejerza la facultad de contralor político expresamente prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

“Quieren hacerle decir a la Constitución algo que no dice. No existe ninguna exigencia procedimental constitucional ni reglamentaria de las Cámaras en ese sentido, y si eso es así, el instituto de la moción de censura es operativo directamente en el pleno de las cámaras”, remarcó.

El diputado de la CC alertó: “Que nadie se haga el distraído, ni la distraída. Convocaron a una reunión informativa de comisión, sin fecha para dictaminar. Si La Libertad Avanza y sus aliados no firman, todo será una farsa. No habrá firmas suficientes y, por lo tanto, no habrá dictamen en condiciones de ser tratado en el recinto”.

“Quieren bloquear el control del Congreso para garantizar la impunidad política de un funcionario que ya perdió la confianza de millones de argentinos”, planteó y cerró: “Si hoy aceptamos que una mayoría circunstancial pueda vaciar de contenido la Constitución simplemente para proteger a un funcionario así de cuestionado, mañana no quedará ningún límite al poder”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada de UP Cecilia Moreau: “Siguen tomando de tontos a los argentinos. El carácter informativo de la reunión de comisión evita el dictamen y sin dictamen no hay interpelación posible”. “El gobierno y sus socios utilizando una vez más trapisondas. Son lo peor de la casta para evitar que Adorni de la cara”, cuestionó y señaló: “Mañana veremos quien más se esconde como Adorni y no da quórum”.

Otra vergüenza del gobierno de @JMilei , @madorni y “aliados”, la sesión del Martes dejará claro quiénes entienden que hay que seguir protegiendo al Jefe de Gabinete.
Es mucho más sencillo de lo que parece. Sino das quórum, después no pidas votos como opositor a @JMilei . https://t.co/ao4NkKJv2Z

— Pablo Yedlin (@pyedlin) June 22, 2026

También se expresó el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón quien planteó que el oficialismo convocó a comisión porque “reconoce finalmente el gobierno que teníamos el número para sesionar mañana y tira un salvavidas a los aliados incómodos. Igualmente concurriremos a la sesión especial del martes para exponer quienes se comprometen sinceramente con la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

Paulón calificó la convocatoria a comisión como una “reunión de caramelo de madera porque solo le da coartada a las y los ‘aliados’ que no quieren más a Adorni, pero tampoco ‘desairar’ a Milei. Más tarde o más temprano, la interpelación llegará”.

Quien puede lo más, puede lo menos. Si sos delincuente, aos tramposo. https://t.co/jFBjI3V0nj

— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 22, 2026

La presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que se expresaron con dureza a través de redes sociales.

Uno de los mensajes más contundentes fue el del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien consideró que la participación del funcionario en una conmemoración dedicada a Manuel Belgrano resultó inapropiada. “Que Manuel Adorni sea uno de los que encabecen el acto por el Día de la Bandera y la conmemoración de Manuel Belgrano es una ofensa”, sostuvo el dirigente de la Coalición Cívica.

En la misma publicación, Ferraro contrastó la figura del prócer con la del actual jefe de Gabinete. “Belgrano representó el decoro, la austeridad, el compromiso con el interés general y la ética en la función pública”, señaló, para luego lanzar una acusación directa: “No tiene ningún decoro. Es un sinvergüenza”.

En la misma línea se expresó el diputado socialista Esteban Paulón, quien también utilizó su cuenta de X para cuestionar la participación de Adorni en el acto realizado en Rosario. “El acto de la Bandera en Rosario merece respeto”, afirmó, antes de enumerar una serie de críticas al funcionario nacional.

Paulón sostuvo que Adorni “mintió en el Congreso”, lo acusó de hacer “apología de la evasión” y señaló irregularidades en su situación patrimonial, al mencionar “30 rectificaciones en su declaración jurada”. A partir de esos cuestionamientos, concluyó que su presencia en la ceremonia constituyó “un insulto a Rosario y a la Bandera”.

Las críticas de ambos dirigentes se suman a la polémica generada en torno al acto oficial, que ya había estado atravesado por tensiones políticas en torno a la no invitación de la vicepresidenta de la Nación.

La próxima semana será crucial en el Congreso para el Gobierno ya que la oposición se apresta a avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y una posterior eventual moción de censura, aunque las chances para esto último en el Senado todavía no están aseguradas.

En las últimas horas la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional despertó una discusión reglamentaria que promete encendido debate, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde algunas voces ya comenzaron a argumentar sus distintas interpretaciones.

Luego que, vía la red social X, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro asegurara que la interpelación y moción al jefe de Gabinete solo requiere quórum y una mayoría absoluta para su aprobación, sin pasar por comisiones ni emitir dictámenes de los proyectos, el libertario Nicolás Mayoraz le salió al cruce.

"Miente, miente, que algo queda...", arrancó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien sostuvo que "el art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN".

En este sentido, el oficialista mencionó "los antecedentes parlamentarios" de sesiones especiales del año pasado, cuando la oposición impulsó varios temas incómodos para el Gobierno obteniendo primero su emplazamiento a comisiones y luego la aprobación de las iniciativas, y dijo que éstos "son contundentes y Ferraro lo sabe porque estuvo allí".

"Para habilitar las interpelaciones se exigieron los 2/3 de votos y, al no alcanzarlos, solo se obtuvo el emplazamiento de las comisiones para dictaminar", recordó sobre interpelaciones a Guillermo Francos, Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones -de los cuales los últimos tres no cumplieron ni asistieron-.

Para Mayoraz, "el tema es clarísimo y la interpretación de la doctrina no deja dudas al sostener que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento".

"Por eso, sostener que 'no hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quórum y votar la interpelación' es hacerle decir a la Constitución lo que no dice", señaló y agregó: "El diputado confunde la habilitación del tratamiento del asunto con la votación de la interpelación propiamente dicha. Una de dos, o perdió la memoria o perdió la cordura".

Sin embargo, en el Senado pesó la interpretación defendida por Ferraro, ya que al no estar regulado por una ley el artículo 101 de la Constitución, se hizo la lectura de que con la mayoría agravada basta. Por eso, Ferraro le devolvió: "Nicolás, no pierdas el tiempo conmigo. En realidad, esta discusión deberías tenerla con Patricia Bullrich, que fue quien sostuvo y avaló esta interpretación. ¡Saludos!".

Pese a que el Senado se encamina a aprobar la interpelación -incluso con más de 37 votos-, la primera sesión convocada para tratar el tema Adorni está prevista dos días antes en Diputados. Aunque el quórum parece estar complicado, en caso de lograrlo, este debate se daría fuertemente primero en la Cámara baja.

¿Qué dice el artículo 101 de la Constitución Nacional?

El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) ratificó la convocatoria a una sesión especial para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparezca ante la Cámara de Diputados: “Que venga, que dé la cara y enfrente las consecuencias políticas de sus actos”.

Ferraro señaló que Adorni “perdió la confianza y tiene que venir al Congreso”, porque “sus mentiras, contradicciones y explicaciones insostenibles destruyeron la credibilidad y la confianza de la sociedad en quien ejerce el cargo más importante de la administración del país después del Presidente”.

Al respecto, explicó que la interpelación y la moción de censura previstas en el artículo 101 de la Constitución son los mecanismos que tiene el Congreso para evaluar la continuidad política de un Jefe de Gabinete cuando “esa confianza se ha quebrado”, y añadió que son herramientas de control y rendición de cuentas que constituyen facultades propias de cada Cámara y que pueden ejercerse de manera inmediata y plenamente operativa.

En ese sentido, exigió la apertura del recinto la próxima semana, reunir a 129 diputados y “votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos”. Ferraro aclaró que “no hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quórum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”.

El diputado de la CC afirmó que “no es una ocurrencia mía”, sino que se trata de “una interpretación de diversos constitucionalistas y la que acertadamente sostuvieron los senadores (Patricia) Bullrich, (José) Mayans y los demás jefes de bloque durante el acuerdo de Labor Parlamentaria del Senado”.

“No se puede esperar más. Que venga al Congreso, que dé la cara y enfrente las consecuencias políticas de sus actos. La Constitución pone en manos de los representantes del pueblo este instrumento de control político”, remató.

Los diputados del bloque de la Coalición Cívica denunciaron a Manuel Adorni por "falsedad ideológica", en una presentación realizada ante la justicia contra el jefe de Gabinete, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras la presentación de su esperada -y reclamada- declaración jurada y las explicaciones que dio sobre su patrimonio.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade pidieron que se investigue al funcionario "como autor penalmente responsable por la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025", conforme al artículo 293 del Código Penal, con el agravante sobre "falsedad en el informe escrito de gestión", presentado ante el Congreso.

Además de reclamar que, en caso de comprobarse, se lo condene "a la pena prevista", con el agravante correspondiente, los legisladores solicitaron que sea también "con expresa inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos".

"Adorni, luego de varias solicitudes públicas, incluso de la propia senadora de LLA, Patricia Bullrich, cumple formalmente con la presentación de su Declaración Jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y varias 'rectificatorias' de sus anteriores", señalaron en el escrito.

Al hacer alusión a la entrevista del ministro coordinador en LN+, apuntaron que allí "admitió 'que mantuvo activos fuera del circuito formal y que no los había incluido en sus DD. JJ. patrimoniales de los periodos 2023 y 2024'. Se refirió a activos en criptomonedas que ya poseía al ingresar a la función pública. Que no había denunciado una herencia familiar de 'dinero efectivo que encontró en el domicilio de su padre, al fallecimiento'" y que "al ser interrogado sobre las omisiones y ocultamiento de estos datos en las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, argumentó con alarmante naturalidad, 'error involuntario'".

"Justificó la minimización de su accionar, a través de la presentación de declaraciones juradas rectificativas, lo que, según su peculiar interpretación, es demostrativa de su voluntad de transparentar el patrimonio", cuestionaron.

Para Ferraro y Frade, "se encuentra perfectamente configurada la existencia de dolo en el actuar del jefe de Gabinete" y "esa falsedad produjo daño cierto, en tanto sustrajo bienes de conocimiento público, por los cuales debía tributar, lo que no hizo por varios años". "Estos antecedentes no quedan desvirtuados por sus posteriores declaraciones juradas rectificatorias", resaltaron.

En esa línea, sostuvieron que "sin perjuicio de los daños ocasionados por la evasión, los tribunales argentinos consideran, de modo uniforme, que el tipo penal de la falsedad ideológica es un tipo penal de peligro abstracto o potencial. En el caso del jefe de Gabinete de ministros, también se debe considerar el perjuicio de tipo institucional".

"El tipo penal del enriquecimiento ilícito es materia de una causa en trámite y el tipo penal de la 'evasión', con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, ha pasado a ser de delito a derecho. Por ende, ha tratado de elegir el camino del mal menor, esto es, autoincriminarse como 'evasor', pagando los tributos que adeuda (si Arba decide ejecutarlo) y pretendiendo, con esto, la improbable hipótesis de probar que su ostentoso enriquecimiento fue 'anterior' a la función pública", observaron y aseveraron que "esos malabares lo conducen, sin escala, a la autoría del tipo penal de la falsedad ideológica".

Sobre ello, explicaron que "las declaraciones juradas patrimoniales constituyen un documento público; por ende, la falsedad u ocultamiento de lo que se consigna en su contenido comporta el tipo penal de la 'falsedad ideológica', de conformidad con el artículo 293 del Código Penal".

Y sumaron que "su status funcional no es el de un funcionario de rango menor, sino el de administrador general de la Nación Argentina (art. 100 CN), lo que obliga a una evaluación de su comportamiento mucho más riguroso".

Además, "el denunciado incurrió en falsedad en su 'informe de gestión' verbal y escrito, presentado el día 29 de abril del año en curso", apuntaron los diputados y remarcaron que dicho informe "no es un simple acto administrativo. Al ser presentado formalmente ante el Congreso y registrarse en el Diario de Sesiones, adquiere condición de documento público".

"(Adorni) sostuvo desde el mes de marzo del año en curso y hasta el día 9 de junio que su patrimonio estaba perfectamente denunciado en la OA. El día 9 de junio pasó a autoincriminarse como 'evasor' y endulzó la gravedad de su ocultamiento, pretendiendo un simple error que arrastró una y otra vez", agregaron.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se refirió a la presentación de la declaración jurada por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las explicaciones que el funcionario dio en una entrevista televisiva, y lanzó: "Nos sigue tomando por estúpidos a todos los argentinos este ladronzuelo de guante blanco con delirios de grandeza".

Tras las declaraciones de Adorni en el canal LN+, el legislador afirmó que "nos dejó varios interrogantes. ¿Podemos creerle cuando nos vuelve a decir que cometió un error?".

"Nos dice que cuando murió su padre encontró un dinero en la casa que él mismo después dijo que tuvo que refaccionar y vendió junto a su hermano y su familia, pero el padre murió en el 2002. Ese dinero recién aparece 24 años después y dentro de los 30 días en los que estamos insertos en este escándalo", observó.

Para el dirigente de la CC, lo que presentó el ministro coordinador "más que declaración jurada es una declaración fraguada, y muy seguramente dibujada para que pueda de alguna manera con esa estrategia intentar zafar de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito y por posible evasión fiscal".

"Si tenía esta plata en negro, ¿por qué recurrió a que dos jubiladas le diera una hipoteca?", planteó en diálogo con radio La Red y opinó que " Adorni ya es un salvavidas lleno de lingotes de plomo, en el cual es casi inentendible como el presidente (Javier) Milei se aferra".

En este sentido, el porteño dijo sentir "bronca y tristeza" porque "hay un gran sector de la sociedad que acompañó y ha hecho un esfuerzo muy grande para sostener a este Gobierno, ¿y vamos a permitir tener un jefe de Gabinete que se reconoce evasor? Que se adhiere a un régimen simplificado de Ganancias... es vergonzoso. Y los funcionarios públicos del Ejecutivo y el Legislativo deberíamos estar totalmente excluidos".

Para Ferraro, "no es solo la declaración jurada de 2025, no le cierran los números dentro de todas las mentiras que tuvimos que andar escuchando". Además, añadió que "Adorni comparte abogado con uno de los cueveros cripto por donde convirtieron la guita en física, cash, del caso $LIBRA".

Diputados nacionales de diferentes bloques políticos resolvieron avanzar con una estrategia conjunta para reimpulsar el tratamiento del proyecto de Ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, con el objetivo de reunir consensos y lograr su aprobación definitiva en el Congreso.

La iniciativa, que establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública, busca consolidarse como una regla ética para el acceso a funciones electivas. Sus impulsores destacan que se trata de un requisito básico para fortalecer la calidad institucional y la confianza ciudadana.

El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara baja en febrero de 2025, pero posteriormente fue rechazado en el Senado, sumándose a una serie de intentos fallidos registrados en los últimos años. Frente a ese escenario, legisladores de distintos bloques decidieron articular una nueva hoja de ruta para reactivar el debate parlamentario.

En ese marco, los bloques acordaron cuatro compromisos centrales: relanzar la discusión reconociendo el papel del movimiento ciudadano que impulsó la iniciativa; trabajar en la unificación de los distintos proyectos existentes; convocar al resto de las bancadas a sumarse al proceso; y solicitar formalmente el tratamiento urgente en el recinto.

La diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) destacó el carácter ético del proyecto y la necesidad de avanzar con su aprobación. “Ficha Limpia es un compromiso moral que tenemos con los argentinos. Es un requisito electoral más para cualquiera que desee competir por la representación ciudadana, no tiene mayor complejidad. Debería ser un trámite su aprobación, pero a las claras vemos que debemos seguir haciendo el esfuerzo”, expresó.

Por su parte, Gisela Scaglia (Provincias Unidas – Santa Fe) subrayó la importancia de sancionar la norma antes de los próximos comicios nacionales. “No podemos dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027. Muchas provincias ya avanzaron y en Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado”, sostuvo. Y agregó: “Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.

A su turno, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – Ciudad de Buenos Aires) cuestionó las resistencias políticas que, a su juicio, trabaron el avance del proyecto. “La ley de Ficha Limpia no puede seguir quedando cajoneada por quienes buscan garantizarse impunidad o protegiendo a la política sospechada de corrupción”, afirmó. Además, remarcó que detrás de la iniciativa existe “un gran movimiento ciudadano que reclama integridad” y planteó que “los argentinos merecen que quienes cometieron delitos no puedan usar los cargos o los fueros para protegerse de la Justicia”.

El nuevo intento por sancionar Ficha Limpia se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre transparencia, calidad institucional y controles en la función pública, con el desafío de construir mayorías en un Congreso marcado por la fragmentación política.

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa investigado por presunto enriquecimiento ilícito y demora la presentación de su declaración jurada, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro ironizó: "Adorni, el dibujante".

"Sigue sin presentar su declaración jurada y ahora habría informado a la Justicia una serie de billeteras virtuales que nunca declaró", señaló este jueves el legislador, a través de un posteo en la red social X.

En tal sentido, el porteño dijo que de esto "surgen algunas preguntas" y planteó: "¿Cuál habría sido el origen de los fondos de esas billeteras? ¿Por qué esas tenencias y movimientos no habrían sido incorporados oportunamente a sus declaraciones juradas?".

También observó que "si esos fondos no correspondieran a pagos o ingresos declarados, ¿con qué recursos se habrían adquirido los criptoactivos? ¿Existe correspondencia entre los ingresos formalmente declarados y las inversiones realizadas? ¿Quiénes habrían sido las contrapartes de esas operaciones y quiénes serían los beneficiarios finales?".

Ante esas dudas, Ferraro consideró que "habrá que reconstruir la trazabilidad completa de esos activos en la blockchain y las plataformas exchanges que utilizó. Y obviamente también debería indagarse si existe o existió algún tipo de relación, directa o indirecta, entre estos movimientos con los de la megaestafa $LIBRA, los Milei’s & Cía, el financiamiento a través de organizaciones afines como la Fundación Faro, los fondos reservados de la SIDE, sobresueldos o contrataciones de consultorías en empresas del Estado".

Un grupo de diputados reclamaron al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que se adopten las medidas necesarias para continuar con la investigación de la causa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, e investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Sabrina Selva y Juan Marino, de Unión por la Patria, manifestaron al procurador interino su "preocupación" ante la situación planteada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

"Según trascendió públicamente, la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilitada de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello", señalaron en la misiva.

Los diputados que formaron activamente la Comisión Investigadora que funcionó el año pasado en la Cámara baja por este tema, apuntaron que "tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional".

"La creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal cuente con los recursos técnicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, entendemos que ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados", agregaron.

$LIBRA: SI SE FRENA LA INVESTIGACIÓN POR FALTA DE RECURSOS, ESO ES IMPUNIDAD.

Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del… pic.twitter.com/lytNPftCzQ

— maxi ferraro (@maxiferraro) June 2, 2026

En la carta, le pidieron a Casal que "tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente".

"Asimismo, para el supuesto de que ello no resultara factible en lo inmediato, solicitamos se adopten las medidas que resulten necesarias para garantizar la realización de las tareas requeridas y la continuidad de la investigación", expresaron.

Finalmente, consideraron que "el argumento expresado por la UFECI respecto de la insuficiencia de recursos disponibles no puede, bajo ninguna circunstancia, derivar en la paralización de medidas de prueba relevantes, pues ello implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia".

El diputado nacional Maximiliano Ferraro difundió este fin de semana una carta abierta dirigida a senadores nacionales en la que reclamó el tratamiento urgente de la ley de prevención de la ludopatía, con especial énfasis en la prohibición de la publicidad del juego online y el control del acceso de menores a las plataformas de apuestas.

El texto, dirigido a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, José Mayans, Eduardo Vischi, Juliana Di Tulio y otros integrantes de la Cámara alta, advierte sobre el crecimiento “exponencial” de la ludopatía online y sus consecuencias sociales, particularmente entre adolescentes.

Ferraro planteó que el fenómeno constituye “un flagelo” que “está destruyendo familias, generando consumos problemáticos cada vez más tempranos y agravando padecimientos de salud mental”, al tiempo que lo vinculó con situaciones extremas como el endeudamiento y el suicidio.

En ese sentido, sostuvo que los datos disponibles muestran un escenario alarmante. Citó cifras de UNICEF según las cuales “8 de cada 10 adolescentes ya están dentro del ecosistema de apuestas”, mientras que el 79% recibe publicidad a través de influencers y el 59% no distingue entre plataformas legales e ilegales. Asimismo, recordó que en 2023 unos 14,6 millones de argentinos visitaron sitios de apuestas.

A partir de ese diagnóstico, el diputado cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, al que acusó de no abordar el problema de fondo. “Fue presentado bajo el nombre de prevención de la ludopatía, pero no previene: protege el negocio del juego online”, señaló, al tiempo que advirtió que la iniciativa oficial “deja intacta la maquinaria de publicidad, promociones y apuestas virtuales” dirigida a jóvenes.

El eje central del planteo de Ferraro es el reclamo para que el Senado retome el tratamiento de la media sanción aprobada en Diputados hace más de un año, que —según detalló— incluye herramientas concretas para limitar el acceso y la promoción del juego. Entre ellas, mencionó el control biométrico de identidad, restricciones al uso de tarjetas de crédito y la prohibición de publicidad, especialmente en el fútbol, redes sociales e influencers.

“Hace más de un año el Senado tiene frenada la media sanción para prevenir de verdad el consumo problemático de apuestas virtuales”, sostuvo el legislador, y pidió que esa iniciativa sea priorizada por sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

En un tramo del texto con tono político, Ferraro apeló directamente a los senadores, a quienes señaló que “conocen bien las presiones y los intereses que rodean este negocio” y los instó a actuar en consecuencia. “No hay margen para mirar para otro lado. Mucho menos para que algunos sigan eligiendo timbear con la salud y la vida de miles de pibes y familias”, advirtió.

La carta concluye con un llamado a definir el tratamiento legislativo en función del interés público y no de los actores económicos del sector. “No podemos legislar para el lobby. Legislemos para proteger a los chicos, a las familias y a la salud pública”, expresó.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (CC-ARI) criticaron al Gobierno nacional por el proyecto que propone un marco normativo integral para la prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos de azar en línea, con eje en la protección de niños, niñas y adolescentes y el combate a las plataformas ilegales.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Nación el pasado viernes. Cabe recordar que Diputados dio media sanción en 2024 al proyecto de ley de prevención de la ludopatía infantil y aún cuenta con estado parlamentario, pero fue encajonado en el Senado tras el recambio legislativo.

“LUDOPATÍA: SE ESTÁN TIMBEANDO LA SALUD Y LA VIDA DE MILES DE CHICOS Y FAMILIAS”, escribió Ferraro en sus redes y criticó: “El Gobierno manda un proyecto de ley con el título de ‘prevención de la ludopatía’, pero lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”.

Para el diputado de la CC, el oficialismo eligió “ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas”, ya que “solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”.

“¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, cuestionó.

Por su parte, Frade señaló que el proyecto del Ejecutivo "no es de prevención de la ludopatía, sino de reafirmación de apoyo a las apuestas on line", y planteó que no fue redactado por el titular del Sedronar, sino que es del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que "lo tenían ya escrito hace 2 años, cuando en la HCDN pudimos dar media sanción con 140 votos (sin oficialismo, Pro y sectores de UCR)".

"Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de 'plataformas clandestinas' es una afrenta a la inteligencia de los argentinos. La media sanción prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio; pero cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego", explicó Frade.

En esa línea, indicó: "Con este proyecto ganan las 'plataformas legales' que solo querían captar la masa de jugadores de las clandestinas. Las apuestas y casinos on line, destruyen salud mental de jóvenes, pero también de adultos que afectan a hijos menores".

"La ludopatía no se detiene sola. No se detiene 'haciendo como qué'. No puede triunfar la recaudación y el lavado de dinero. No puede triunfar las mentes dañinas que anidan en el gobierno. Seguiremos peleando. Ojalá mis pares no la dejen pasar en Diputados. Ojalá podamos retomar lo que ya votamos. Ojalá esta pesadilla tan dañina termine en el 2027. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego", bregó.

"No tengo dudas que hay sobresueldos, y que es parte de un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza", denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, en relación a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sobre esta acusación, el porteño observó que "muchos de esos sobresueldos se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de la SIDE y algunos contratos de consultorías que pueden darse en empresas públicas del Estado nacional".

El expresidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA recordó ese caso y señaló que "se han sectorizado distintos negocios o áreas sensibles en el propio Gobierno".

Al mencionar el Tech Forum realizado en 2024, del cual participó el presidente Javier Milei, el legislador resaltó que "el mundo cripto es un lugar donde La Libertad Avanza ha hecho distintas operaciones". Y sumó que en ese evento hubo "personajes muy marginales, que han dicho que para reunirse con el presidente se tarifaban las reuniones".

"No solamente puede surgir financiamiento de algunos empresarios vinculados a la Fundación Faro (de Agustín Laje) como espacio de ingreso de dinero para después efectuar los sobresueldos, sino también recordemos los gastos reservados que viene manejando la SIDE", agregó.

En otro tramo de una entrevista con radio Rivadavia, Ferraro consideró que "Adorni es Karina Milei". "Estamos viendo el efecto cascada de las constantes mentiras que ha tenido el jefe de Gabinete. Toda demora en la declaración jurada no es una cuestión técnica de Adorni con su contador, toda demora es para el dibujo", subrayó.

"No entiendo por qué el presidente se ata a esta salvavidas de plomo que es el jefe de Gabinete", opinó y le sugirió a Milei "que cuide la investidura presidencial".

Sorpresiva ruptura en la Cámara de Diputados en la mañana de este jueves, luego de que los miembros del bloque de la Coalición Cívica comunicaran su salida del interbloque Unidos, alianza que integraban junto a legisladores de los bloques Provincias Unidas y Encuentro Federal, con un claro mensaje para aquellos miembros que responden a sus gobernadores.

Los miembros del bloque, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, argumentaron su decisión en “otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Con 22 integrantes, este interbloque igualaba en número el de Fuerza del Cambio –compuesto por el Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-, con el que competía por el lugar de tercera fuerza en la Cámara baja detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. A partir de esta ruptura, el interbloque que conduce Cristian Ritondo pasa a ocupar el tercer lugar, y Unidos, el cuarto.

También fundamentaron que es una “necesidad de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos, y de mantener nuestro compromiso histórico con la República, la Constitución y la integridad pública”.

“Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, plantearon en otro tramo del comunicado en un claro mensaje a los diputados del interbloque que responden directamente a sus gobernadores como Gisela Scaglia –titular de Unidos- quien obedece a Maximiliano Pullaro, mientras los cordobeses a Martín Llaryora.

En ese sentido, señalaron que la crisis de legitimidad que afecta al Gobierno nacional agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre las altas autoridades del Poder Ejecutivo “exige una actitud firme y coherente que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”.

“En estos tiempos de incertidumbre, seremos leales a la Constitución Nacional y a nuestros principios humanistas, actuando con firmeza y claridad política”, manifestaron.

En otra línea, apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”.

Por ello, advirtieron la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo un “ordenamiento macroeconómico debe complementarse urgentemente con políticas que fortalezcan la salud y la educación públicas, y que atiendan la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los jubilados y los trabajadores, en una economía real que continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Sectores todos que continúan siendo objeto de una embestida permanente por parte del Gobierno nacional, sin señales de rectificación”.

Por último, aclararon que, más allá de las diferencias políticas y de esta decisión institucional, seguirán manteniendo el diálogo político construido, promoviendo acuerdos y acciones comunes cada vez que sea necesario defender la Constitución Nacional, las libertades, el federalismo, los derechos, las luchas históricas y el equilibrio republicano “frente a cualquier abuso o avasallamiento del poder”.

De esta manera, la Coalición Cívica repite así lo que sucedió en la primera mitad de la gestión mileísta, cuando originalmente sus miembros -entonces seis- formaron parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que conducía Miguel Pichetto, hasta que decidieron dejar el mismo y funcionar de manera independiente.

COMUNICADO DE PRENSA

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de…

— maxi ferraro (@maxiferraro) May 7, 2026

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro apuntó este martes contra el Pro por su actitud frente al gobierno de Javier Milei, al considerar “inentendible” que el espacio mantenga una relación de acompañamiento pese a los constantes cuestionamientos y descalificaciones públicas del Presidente.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ferraro sostuvo que Milei desacredita de manera permanente al Pro y recordó que incluso llegó a afirmar que los gobiernos y los resultados económicos del PJ kirchnerismo fueron mejores que los de Cambiemos. “A esta altura, todo es posible”, escribió el legislador, en un tono de fuerte reproche hacia sus exsocios políticos.

En ese marco, Ferraro vinculó la situación política actual con conceptos desarrollados en el libro “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Citó pasajes en los que se advierte sobre el rol de los “demócratas semileales”, a quienes describe como actores que, desde dentro del sistema, terminan facilitando el avance de fuerzas abiertamente autoritarias al tolerar, justificar o minimizar conductas antidemocráticas.

Según el diputado, la cooperación o el silencio de los partidos convencionales frente a este tipo de liderazgos constituyen una combinación peligrosa. En la cita que compartió, se plantea que las democracias entran en crisis cuando esas fuerzas son protegidas o consentidas por actores con “aspecto respetable”, una dinámica que históricamente ha sido una antesala del colapso institucional.

Ferraro también remarcó que estos comportamientos suelen incluir la negación o relativización de hechos violentos o antidemocráticos, la justificación de excesos en función de los fines perseguidos o la estrategia de equiparar responsabilidades con el adversario político. Para el legislador, ese tipo de actitudes no solo debilitan el debate público, sino que erosionan las bases mismas de la convivencia democrática.

El planteo se inscribe en el clima de tensiones que atraviesan a los vínculos entre el oficialismo libertario y sectores de la oposición dialoguista, y vuelve a poner en discusión los límites del acompañamiento parlamentario y político frente a un gobierno que, según Ferraro, mantiene una retórica de confrontación permanente con aliados circunstanciales.

Ante rumores de presencia de militantes libertarios en las gradas del recinto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro le presentaron sendos pedidos formales a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, para que garantice el respeto, orden y normalidad institucional de la sesión preparatoria que tendrá a Manuel Adorni sentado en el recinto exponiendo el informe de gestión.

Con la presencia de Javier Milei y gran parte del Gabinete confirmada, la inquietud de los integrantes del interbloque Unidos pasa por la presencia de militantes en los palcos del segundo piso del recinto de la Cámara baja. En ese sentido, el santafesino recordó lo acontecido en la última Asamblea Legislativa del pasado 1° de marzo, a la que llamó como “mala experiencia” debido a “los gritos, insultos e interrupciones”.

De ese modo, mencionó al reglamento de la Cámara de Diputados y exigió al riojano que garantice el normal desenvolvimiento de la sesión. “Resulta indispensable que el desarrollo se inscriba en parámetros de madurez democrática, convivencia pacífica y respeto institucional, tanto en el recinto como en los espacios destinados al público, de modo tal que se garantice el pleno ejercicio de la actividad parlamentaria sin interferencias ni alteraciones”, explicó.

EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO

El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional.
Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.… pic.twitter.com/co1PXg8Usy

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 27, 2026

Sin embargo, aclaró que “no implica un cuestionamiento alguno a la participación ciudadana ni al derecho a la expresión, sino que se inscribe en la necesidad de resguardar el carácter específico de la sesión informativa como mecanismo institucional de control parlamentario, el cual requiere condiciones de serenidad y previsibilidad para su adecuado desenvolvimiento”.

El pedido de Ferraro 

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica agregó: "Requerimos que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

También pidió que se le garantice el palco de prensa a los periodistas parlamentarios, quienes debieron moverse a una grada lateral en las últimas dos inauguraciones de sesiones ordinarias y en la presentación del Presupuesto 2025 que nunca fue tratado.

"La calidad institucional del Congreso de la Nación exige que este tipo de instancias se desarrollen con el máximo apego a las normas, la transparencia y el respeto por el pluralismo político que representa esta Honorable Cámara", culminó Maximiliano Ferraro.

El jefe de Gabinete presentará el primer informe de gestión del 2026 en el Congreso en presencia del jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, este miércoles desde las 10.30. Manuel Adorni, primero, dará una exposición con datos del Gobierno y, luego, responderá las más de 4.500 inquietudes planteadas por los integrantes de la Cámara de Diputados.

En la previa de la sesión informativa de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, a la que el presidente Javier Milei confirmó que asistirá, el diputado de la Coalición Maximiliano Ferraro expresó: "Seguramente vamos a tener que prepararnos para el show que van a querer montar".

"Es un verdadero disparate que el presidente Milei se abrace al salvavidas de plomo que es Adorni como jefe de Gabinete", opinó este viernes el legislador, al recordar que "tenemos un jefe de Gabinete que hoy está siendo imputado por presunto enriquecimiento ilícito" y "posible evasión fiscal por más de 65 mil dólares, en una propiedad que compró a un 40% menos de lo que estaba en el mercado inmobiliario".

Sobre el informe del ministro coordinador previsto para el próximo miércoles, Ferraro señaló que "las preguntas por supuesto van a estar referidas en muchos casos a la gestión" en torno a temas como discapacidad, financiamiento universitario y pérdida de los salarios, pero "no vamos a poder dejar pasar por alto la situación patrimonial de enriquecimiento", resaltó.

Maximiliano Ferraro

Asimismo, en declaraciones a Radio 10, aseguró que habrá preguntas sobre "el caso $LIBRA y las coimas en la ANDIS, que son causas bastante calientes y preocupan al entorno más cercano del presidente".

"Hay que ordenarnos, ser claros a la hora de preguntar, no prendernos al show", consideró sobre el rol de la oposición, y llamó a "exigirle a Martín Menem que convoque a Labor Parlamentaria" para organizar la sesión previamente.

También anticipó que, más allá de la sesión informativa, pasada esa instancia, "hay que trabajar para avanzar con los proyectos de interpelación" a Adorni.

Por otro lado, en relación a la prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, el porteño subrayó que "esto no sucedió ni siquiera en dictadura". "Es verdad que muchas veces el poder ha tenido conflictos con el libre ejercicio de la prensa, pero creo que la decisión que han tomado Milei, Adorni y todo el séquito libertario es un gran sueño húmedo de toda tentación autoritaria, y más aún cuando vemos la escalada que va tomando el hostigamiento constante al periodismo", manifestó.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó el proyecto de reforma electoral anunciado por el presidente Javier Milei, más precisamente al rechazar que la propuesta de “ficha limpia” se introduzca dentro de la misma iniciativa que busca eliminar las elecciones PASO.

“Ficha limpia no puede ser una moneda de cambio para darle más poder a Milei y LLA”, advirtió el porteño y habló de “una reforma extorsiva y tramposa” que está “maquillada con ficha limpia, pero hecha a medida de las necesidades electorales del gobierno y de La Libertad Avanza”.

El legislador se refirió así al capítulo que contendrá el proyecto referido a una modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.

“Como hacen siempre, mezclan todo y embarran la cancha. Incluyeron ficha limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, subrayó Ferraro.

El diputado recordó que “ficha limpia es una iniciativa legítima de la sociedad civil, respaldada por miles de argentinos y construida con consensos durante años”. “En lugar de respetarla y tratarla por separado, la meten en el mismo combo que la eliminación de las PASO; la ampliación del financiamiento privado, que puede abrir la puerta al lavado de dinero de la corrupción, el narcotráfico y el lobby; y la imposición de mayores exigencias para los partidos políticos que no se sometan al Presidente y a La Libertad Avanza”, enfatizó.

El cívico admitió que “hay muchas cosas para mejorar del sistema político y electoral vigente”, pero “este proyecto apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”, anticipó.

A través de un posteo en la red social X, concluyó: “Defendemos ficha limpia. Rechazamos esta reforma hecha a la medida de las necesidades electorales del poder de turno”.

A finales de 2024, los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio -Pro, UCR y CC- impulsaron esta discusión en la Cámara de Diputados, pero fracasó por falta de quórum. Tras especulaciones sobre las verdaderas intenciones del oficialismo de avanzar en el tema, en el verano de 2025 el propio Poder Ejecutivo mandó su proyecto.

Tras aprobarse en extraordinarias en la Cámara baja, su tratamiento en el Senado se estiró y finalmente llegó al recinto en mayo del año pasado, cuando fue rechazado en la votación por un voto. Además del peronismo, votaron en contra dos senadores misioneros que siempre actuaron como aliados de LLA.

Presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro planteó un pedido de apartamiento compuesto por tres partes: dos para citar a Karina Milei y Manuel Adorni a la Cámara de Diputados a que brinden informes verbales y escritos sobre “su participación y conocimiento respecto de los hechos vinculados al lanzamiento, promoción y colapso del token denominado $LIBRA”; y otro para que Javier Milei informe sobre los presuntos llamados con Mauricio Novelli, emprendedor del universo crypto.

Al igual que todos los pedidos de apartamiento planteados por la oposición, la moción resultó negativa con 125 votos a favor y 116 en contra. “hubo un bloque como el de La Libertad Avanza que impidió que la Comisión Investigadora pudiera funcionar”, señaló en referencia a la labora realizada durante el 2025 en la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

Parlamentario.com accedió al acta de votación y corroboró que además de La Libertad Avanza, el Pro y el radicalismo, los 3 tucumanos de Independencia, los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo, el santacruceño José Luis Garrido y la monobloquista Karina Banfi se opusieron al pedido de apartamiento propuesto por Maximiliano Ferraro.

Nuevamente cargó contra la tarea del fiscal Eduardo Taiano, denunciado por la Coalición Cívica hace unos días, a quien le endilgó “dormir una catarata de pruebas”. Luego, destacó el trabajo parlamentario y aseguró que “A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial”.

Diputados del interbloque Unidos reiteraron su reclamo a las autoridades de ambas cámaras para que se conformen dos comisiones clave: la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

"El DNU de Inteligencia no puede seguir cajoneado en el Congreso. Desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 de (Javier) Milei, un decreto gravísimo que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU. No había ni necesidad ni urgencia, lo que correspondía es que se debatiera en el Congreso", enfatizó el diputado Maximiliano Ferraro.

En ese sentido, cuestionó: "Pero tampoco nos han permitido hacer el análisis y control del DNU. Por eso, por segunda vez, le reiteramos a Victoria Villarruel y a Martín Menem que integren y constituyan de manera urgente las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".

"Ya pasó el receso legislativo, ya pasaron las sesiones extraordinarias, ya se iniciaron las sesiones ordinarias y siguen sin funcionar dos comisiones clave para el control que el Congreso debe ejercer sobre los DNU del Poder Ejecutivo y sobre las actividades y políticas de inteligencia", agregó en un posteo en la red social X.

En tanto, en la nota dirigida a Menem y Villaruel, que también suscribieron sus pares Mónica Frade y Pablo Juliano, recordaron que ya habían realizado tal pedido el 2 de enero.

Tras solicitar "la urgente regularización y conformación" de estas comisiones, los legisladores revelaron que "en el marco de las reuniones de presidentes de bloque (de Diputados) se asumió el compromiso político de proceder a su conformación. Sin embargo, habiéndose ya iniciado el período de sesiones ordinarias, dicho compromiso continúa sin materializarse".

"La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación, al impedir el ejercicio pleno de competencias de control, seguimiento institucional y tratamiento legislativo que resultan esenciales para el sistema republicano", afirmaron.

Asimismo, pidieron que al DNU 941/25 "se le dé giro inmediato a las comisiones mencionadas para su correspondiente tratamiento y análisis".

En medio del debate parlamentario por las modificaciones impulsadas respecto del régimen de protección de glaciares, el diputado Maximiliano Ferraro solicitó formalmente a las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que se amplíe la convocatoria a gobernadores provinciales en una eventual reunión informativa sobre el tema.

El planteo surgió luego de versiones periodísticas y trascendidos en el ámbito legislativo que daban cuenta de la posibilidad de convocar únicamente a gobernadores de provincias mineras y cordilleranas. Frente a ese escenario, Ferraro advirtió que una eventual reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial podría tener impactos que exceden a esas jurisdicciones.

En una nota dirigida a los presidentes de ambas comisiones, el legislador argumentó que existen provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de cambios en el régimen vigente, aun cuando no cuenten con territorios directamente vinculados a zonas glaciares. Por ese motivo, reclamó que se garantice una participación más amplia y representativa en el debate.

Ferraro fundamentó su pedido en los principios de federalismo, participación y equidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en la lógica de los sistemas hídricos compartidos. Señaló que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la regulación y provisión de agua que abastece a amplias regiones del país, generando interdependencias que, a su criterio, deben ser consideradas en la toma de decisiones legislativas.

El diputado también subrayó la necesidad de que las exposiciones de los gobernadores estén acompañadas por funcionarios competentes en materia de recursos hídricos y ambiente de cada jurisdicción, con el objetivo de aportar sustento técnico y especializado al análisis parlamentario.

Según sostuvo, una convocatoria amplia y técnicamente fundamentada no solo fortalecería el carácter federal del proceso legislativo, sino que además contribuiría a mejorar la calidad institucional del debate y a garantizar decisiones debidamente informadas sobre una temática de fuerte impacto ambiental, productivo y social.

Maximiliano Ferraro y el resto de los diputados que integraron la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA presentaron este viernes un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei. En los detalles exigen conocer su participación en la publicación del token a partir de los resultados del peritaje que reveló conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

La presentación del texto estuvo acompañada de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al presidente de la Nación, Javier Milei, y otra resolución para citar a Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados.

CASO $LIBRA: DIPUTADOS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA EXIGEN RESPUESTAS DE JAVIER MILEI, KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI

Diputadas y diputados que integraron la Comisión Investigadora del caso $LIBRA han formalizado hoy la presentación de un pedido de informes y de acceso a la…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 20, 2026

A primera hora de este viernes, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, emitió un comunicado por el que “reafirmó su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

En ese sentido, confirmó que los resultados del peritaje electrónico que reveló una lista con llamadas telefónicas y que se hicieron conocidos por versiones periodísticas eran parte de la “investigación en curso”, y agregó que “ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas”, si no que “es orientador”.

El proyecto de resolución lleva la firma de Maximiliano Ferraro acompañado por Sabrina Selva, Juan Marino, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade, Esteban Paulón y Nicolas Del Caño. En la parte resolutiva, los firmantes reiteraron que Karina Milei se encuentra “imputada” en la causa judicial en trámite y propusieron que asista acompañado de sus letrados defensores.

En relación a la interpelación, los legisladores exigen que informe respecto a “la finalidad de las siete comunicaciones con Novelli entre el viernes 14 y el domingo 16 de febrero del 2025” reveladas por el peritaje informático de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal sobre el teléfono móvil de emprendedor crypto.

También exigen conocer si existieron llamadas o conversaciones por WhatsApp, Instagram, Telegram u otras plataformas; sobre el contenido de una videollamada que habría tenido Santiago Caputo a las 23.37 de esa noche; el relato sobre desde cuándo conoce al empresario crypto; y el trasfondo de una supuesta videollamada entre Javier, Karina Milei y Novelli datada del 23 de abril del 2021.

El otro punto que los diputados buscan esclarecer por medio de la interpelación a Karina Milei es sobre la autorización de ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos: el proyecto de resolución apunta a conocer en detalle los presuntos ingresos de Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis entre julio del 2024 y febrero del 2025.

Además, la iniciativa mencionó que la interpelación también tiene como propósito conocer a través de la secretaria general de Presidencia de la Nación “los acuerdos contractuales, pagos y la monetización de la imagen presidencial”; “la participación en la noche del lanzamiento de $LIBRA y la gestión de la crisis”; “la designación de Sergio Morales en la Comisión Nacional de Valores y los controles institucionales”; y “la destrucción de evidencia y la preservación de comunicaciones”.

En los fundamentos, los diputados firmantes invocaron el artículo 71 de la Constitución Nacional, el cual faculta a la Cámara de Diputados a "hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

“El ejercicio de la potestad interpelante no es discrecional cuando los hechos públicamente conocidos revelan la posible comisión de graves irregularidades por parte de una funcionaria con rango ministerial”, explicaron los firmantes, quienes reiteraron que “la circunstancia de que la interpelada sea simultáneamente imputada en sede penal no neutraliza, sino que refuerza la necesidad del control legislativo: son planos distintos, con lógicas distintas, que se complementan y no se excluyen”.

Con el diputado nacional Maximiliano Ferraro a la cabeza, los integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA anunciaron en conferencia de prensa este lunes que van a denunciar y pedir que se aparte de la causa al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal.

Los integrantes de la oposición remarcaron que las acusaciones irán por presunto "entorpecimiento” a las facultades del Poder Legislativo y a la causa en trámite; y, también, van a alegar presunto “encubrimiento” de los hechos denunciados a partir de la publicación del token $LIBRA el 14 de febrero del 2025 en el perfil de X del presidente de la Nación, Javier Milei.

La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo y contó la presencia de los diputados nacionales Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva, Florencia Carignano, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Jorge Taiana, Julia Strada y Germán Martínez de Unión por la Patria; Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño y Romina del Plá del Frente de Izquierda; Mónica Frade de la Coalición Cívica; Esteban Paulón de Provincias Unidas; y Oscar Zago del MID, entre otros.

También estuvieron los legisladores provinciales Christian Castillo (PBA) y Oscar Agost Carreño (Córdoba) que formaron parte la Investigadora el año pasado. El encuentro no fue transmitido por los canales oficiales y desde el estrado central responsabilizaron a las autoridades de la Cámara baja.

En su rol de presidente de la Comisión Investigadora, cargo vigente hasta noviembre pasado cuando se presentó el informe final, Ferraro catalogó al Caso $LIBRA como “una estafa y hecho de corrupción millonario de una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una enorme gravedad enrome desde el punto de vista institucional”.

Lógicamente, hizo referencia al listado de presuntas llamadas entre Javier Milei y Mauricio Novelli, lobista del mundo crypto en los minutos previos de la publicación del mensaje en X: “Estas son las pruebas que confirman la participación necesaria del presidente”.

Además, anunciaron que volverán a insistir con las citaciones a Javier, Karina Milei, Santiago Caputo -asesor presidencial- y Demian Reidel -exjefe de Asesores del Poder Ejecutivo- en el Congreso a través de pedidos de informes. En los últimos días aparecieron audios con la voz de Mauricio Novelli en donde da a entender el presunto planeamiento de la publicación posteada por el jefe de Estado la noche del 14 de febrero del 2025.

El peritaje informático que reveló esta serie de conversaciones entre Novelli, lobista del mundo cripto, y los funcionarios arrojó también afirmaciones que datan de una serie de presuntos pagos anteriores a la difusión que involucrarían a la secretaria general de Presidencia de la Nación.

La lectura de resoluciones de este grupo de diputados de la oposición también anunció un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Karina Milei para explicar si tuvo participación directa en la autorización de las reuniones con los involucrados y las supuestas llamadas telefónicas antes y después de la difusión del token $LIBRA.

El informe final remitido el pasado de 8 de noviembre fue puesto a consideración de los querellantes en la causa y distribuido hacia los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior. Luego, los diputados repudiaron la citación a la periodista Natalia Volosin y denunciaron una “grave persecución laboral” y repudiaron los dichos de Javier Milei contra los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial.

El último punto del anuncio fue la constitución de una comisión ad hoc destinada a trabajar en el seguimiento de los avances de la causa judicial en virtud de una evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para delimitar las responsabilidades políticas del presidente Milei y los funcionarios.

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A sabiendas de que la nueva composición de la Cámara de Diputados no avalaría la aprobación de proyectos y pedidos de informes en el recinto, los presentes presentes, incluido Oscar Zago, respaldaron la lectura de Maximiliano Ferraro en relación a la denuncia contra Eduardo Taiano.

Exdiputado nacional, Christian Castillo mencionó a la resolución 106/24 publicada el 22 de agosto del 2024 en el Boletín Oficial donde se oficializó la designación de Federico Taiano, hijo del fiscal a cargo del Caso $LIBRA, como titular de la Unidad Ejecutora Temporaria “Unidad Bienes Decomisados” creada en el mismo mensaje del Poder Ejecutivo.

Integrante del Frente de Izquierda, el diputado nacional Néstor Pitrola fue más allá y pidió que Javier Milei sea llevado al proceso de juicio político. "Las nuevas pruebas dan cuenta que el presidente sabía perfectamente lo que estaba haciendo al promover la criptomoneda", cargó el legislador del Partido Obrero.

En medio de una nueva turbulencia para el Gobierno, ante la revelación de pruebas en el caso de la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional Maximiliano Ferraro consideró que tales pruebas "son una realidad que superan la ficción en la que está metido el presidente de la Nación".

"La verdad de las pruebas irrefutables que salieron de la pericia informática del teléfono de Mauricio Novelli junto con el informe final de la Comisión Investigadora son una realidad que superan la ficción en la que está metido el presidente de la Nación", señaló.

El dirigente de la Coalición Cívica, quien presidió la Comisión Investigadora el año pasado, aseguró que el hallazgo en el celular de Novelli de un borrador de un contrato por 5 millones de dólares en relación a la promoción de $LIBRA, explica "por qué (Javier Milei) no respondió en su momento quién le había dado ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público".

"Eso queda corroborado con las llamadas y mensajes que tuvo Mauricio Novelli con el presidente en siete u ocho oportunidades, y la treintena de llamados del mismo 14 de febrero" de 2025, antes de la publicación del posteo en la red social X por parte del presidente.

Además, Ferraro apuntó que "en 16 oportunidades la secretaria General de la Presidencia (Karina Milei) habilitó reuniones en Casa Rosada y quinta de Olivos, y una de ellas fue por más de seis horas".

"Queda en evidencia con esta nota del contrato de cinco millones de dólares pagados en tres veces el manejo de información privilegiada, en donde muchísimas personas confiaron en el presidente de la Nación y 36 vivos se alzaron con un millón de dólares cada uno de ellos", subrayó.

En la previa de la conferencia de prensa que harán este lunes integrantes de la Comisión Investigadora, el diputado de la CC ponderó que lo hallado coincide "con los datos que nosotros le aportamos a (Eduardo) Taiano, en relación a cómo Hayden Davis le transfería a Novelli y utilizaba a un jubilado de 75 años como intermediario para que ese dinero pasara por una cueva cripto, para convertir el dinero en físico, y cómo coinciden esas fechas con la madre y la hermana de Novelli yendo a vaciar cajas de seguridad en un banco de la zona norte de la provincia de Buenos Aires".

Por otra parte, recordó: "El presidente no puede desconocer que una acción similar, pero de otra envergadura, lo intentaron hacer con KIP Protocol. Ese fue un ensayo a lo que estaban coordinando". "El presidente no es que no estaba pormenorizado, así lo demuestran el cruce de llamadas y mensajes que se dan entre Novelli, el propio presidente, el exasesor Demian Reidel y la secretaria General", afirmó.

Sobre la actuación del fiscal, el porteño dijo que "muchas veces a Comodoro Py le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y eso lo hemos visto en muchísimas causas judiciales", pero "el fiscal Taiano ya no tiene más excusas, pasó más de un año, no hizo ningún llamado a indagatoria, pisó esta prueba durante cuatro meses", remarcó.

En tal sentido, sugirió que "si no tiene la fortaleza de seguir avanzado se debe apartar de la causa, porque está al borde del encubrimiento".

En declaraciones a radio Rivadavia, el legislador sostuvo que "esta es una realidad que apabulla y que supera la ficción que quisieron instalar con el tema. Hoy es evidente más que nunca porque hicieron todo lo que hicieron La Libertad Avanza y sus aliados para que no podamos constituir la Comisión Investigadora", que pese a ello trabajó, recabó prueba y llegó al informe final presentado en noviembre pasado.

Diputados que integraron la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16.15, en la Sala 1 el Anexo de la Cámara baja, a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público y que guardan relación directa con el informe final presentado por ese cuerpo en noviembre de 2025.

Según se informó en la convocatoria difundida este domingo, durante el encuentro los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, explicarán su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y detallarán cuáles son los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La decisión de volver a exponer públicamente sobre el caso se conoció pocas horas después de que trascendiera la incorporación a la causa judicial de un documento hallado en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el expediente. Se trata de una anotación —recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado— que menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del criptoactivo $LIBRA.

A propósito de estas novedades, la diputada oficialista Juliana Santillán la emprendió contra la prensa en general y el Grupo Clarín en particular: “Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada -posteó este domingo-. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder”, a lo que el presidente Javier Milei reaccionó con esta sentencia: “La mafia mediática. Fin”.

De acuerdo con copias del material que forman parte del expediente, el denominado “memo” detalla un esquema de tres pagos, que habrían sido pactados en tokens o en efectivo: un adelanto inicial, un segundo desembolso presuntamente asociado a la publicación de un tuit presidencial y un último tramo vinculado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

Estas revelaciones reactivaron el impacto político de una causa que se originó en febrero de 2025, cuando el entonces lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA fue difundido desde redes sociales oficiales del presidente Javier Milei. Tras esa publicación, el valor del token se disparó en pocas horas y luego se desplomó abruptamente, un comportamiento que distintos análisis técnicos calificaron como compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, con miles de inversores perjudicados.

A raíz de ese episodio, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora especial que durante varios meses realizó audiencias, solicitó informes a organismos públicos y privados y analizó información técnica aportada por exchanges y especialistas en blockchain. El trabajo culminó en noviembre de 2025 con la presentación de un informe final de más de 200 páginas, en el que la oposición sostuvo que los hechos analizados eran compatibles con una presunta estafa y que el Presidente habría prestado una “colaboración imprescindible” para la maniobra.

Entre otras conclusiones, ese informe señaló que la promoción presidencial de $LIBRA no había sido un hecho aislado, sino que se inscribía en un patrón de conductas ya observado en otros proyectos cripto, y cuestionó la ausencia de controles estatales previos y posteriores a la difusión del token. También dejó constancia de la falta de cooperación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo durante la investigación parlamentaria.

Ahora, con la aparición de nueva evidencia en la causa judicial, los integrantes de la comisión consideran que existen elementos que refuerzan varias de las conclusiones ya formuladas y que ameritan una actualización pública de la situación. En ese marco, la conferencia de prensa del lunes buscará exponer cómo se conectan estos últimos hallazgos con el trabajo legislativo realizado y qué medidas podrían impulsarse a partir de ahora en el Congreso y en los tribunales.

El encuentro se realizará en el Palacio Legislativo y se espera que, además de repasar el estado actual de la causa $LIBRA, los diputados fijen una posición política común frente a un expediente que vuelve a tensionar la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, y que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda institucional en las próximas semanas.

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

AUDIENCIA PÚBLICA – LEY DE GLACIARES

Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más.
Ya somos 18.000 en la audiencia pública.

Vamos por más pic.twitter.com/OJizjZtvFk

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 9, 2026

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.

NO VALE UN “COMO SI” 🤷🏻‍♀️

Ya con 18.000 inscriptos es evidente que los días previstos para la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares tendrán que extenderse si el gobierno quiere cumplir con el Acuerdo de Escazú tal cual lo manifestaron en el plenario de comisiones… https://t.co/92w6C5YcDv

— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 10, 2026

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) consideró este lunes que Javier Milei "y su círculo más íntimo" están "hasta las bolas" respecto de la causa de la criptomoneda $LIBRA, luego que se diera a conocer un borrador del contrato que el presidente habría firmado con Hayden Davis, promotor del token.

En ese sentido, el legislador, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA durante el año pasado, apuntó contra el fiscal y el magistrado de la causa: "La actitud de (Eduardo) Taiano y del propio juez federal (Marcelo) Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento".

"Cada vez que vemos las pruebas que van a apareciendo y que, a su vez, también estaban en el informe final de la Comisión Investigadora, muestran que Javier Milei y su círculo más íntimo están hasta las bolas", enfatizó en diálogo con Radio 10.

Tras la revelación de la abogada Natalia Volosin, quien en el portal La Justa publicó el presunto acuerdo que habrían firmado Milei y Davis, hallado en el peritaje al celular de Mauricio Novelli, Ferraro subrayó que "hay una cantidad de pruebas y no hay razón alguna para que Taiano no haya citado a nadie para a prestar declaración indagatoria".

"(Taiano) ha cajoneado pruebas en noviembre, que son nada más y nada menos que documentos extraídos del peritaje al celular de Mauricio Novelli, que muestran claramente cómo se negoció y orquestó esta estafa que montó Hayden Davis y que tuvo al presidente de la Nación como pieza clave para que esto sucediera", señaló el diputado en relación a que este material no fue incorporado al expediente.

 

Ferraro anticipó que junto a otros de sus pares que participaron de la comisión están "evaluando solicitar las sanciones disciplinarias al fiscal Taiano y seguramente vamos a pedir una reunión con el procurador General, el doctor (Eduardo) Casal".

Además, recordó que durante la investigación de la comisión tuvieron "una sola reunión con el fiscal, que fue totalmente al cuete" y que se la pidieron "por la intermediación del propio Casal". "Él (por Taiano) nos dijo que iba a seguir manteniendo en secreto el expediente. Pero el juez Martínez de Giorgi se había comprometido a poder mostrar algún tipo de pruebas y esto no sucedió", contó.

Finalmente, el porteño resaltó: "A partir de enero vimos todo lo que sucedió con otras investigaciones periodísticas y varias de ellas ratifican el informe final de la Comisión Investigadora".

“Ley de Glaciares. Lo logramos, habrá audiencia pública”, destacó este miércoles el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, tras el plenario de las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Luego de los pedidos de la oposición para que se escuche a la ciudadanía respecto del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, el legislador señaló que “el oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”.

“La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas. Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales”, destacó el integrante del interbloque Unidos.

Para el porteño, “resulta cuanto menos llamativo (por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental) que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron”.

Sobre esa instancia, aseguró que “debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”.

“Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, sostuvo el diputado que se opone a la reforma que promueve el Gobierno, a pedido de gobernadores de provincias mineras.

El “lilito” sumó que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión”.

“Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina”, finalizó.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó este jueves públicamente que el Senado difunda el acta completa de la 55ª Asamblea Extraordinaria del COFEMA, así como los anexos que varias provincias pidieron incorporar durante la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Según advirtió, hubo jurisdicciones que “facilitaron el empate” mediante abstenciones, lo que impidió que el organismo adoptara una postura vinculante antes del debate legislativo.

La reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente —que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las provincias y de la Nación— expuso un mapa político fracturado. Participaron 21 jurisdicciones, y el resultado terminó completamente dividido: 8 provincias votaron a favor de la reforma y 8 en contra, mientras que 5 se abstuvieron y 3 directamente no estuvieron presentes. Esa paridad, combinada con las abstenciones, dejó sin posibilidad al COFEMA de emitir una resolución con efecto vinculante.

El empate no fue un dato menor. Para Ferraro, que exige la publicación del acta, el bloqueo fue deliberado: esas abstenciones permitieron que el organismo no fijara una posición oficial justo cuando el Senado se dispone a tratar un proyecto que redefine el alcance del ambiente periglaciar y, por lo tanto, el nivel de protección de las reservas estratégicas de agua. Su pedido apunta a esclarecer cuáles fueron los aportes técnicos que algunas provincias pidieron sumar como anexos y cómo quedó registrado el intercambio, especialmente teniendo en cuenta que el debate incluyó objeciones al “aporte hídrico relevante”, el nuevo criterio que el oficialismo propone para recortar el área protegida.

🚨 Señores senadores, no se hagan los distraídos y pongan sobre la mesa el acta de la reunión extraordinaria del COFEMA sobre la Ley de Glaciares y los anexos que muchas provincias solicitaron agregar, al no haberse alcanzado la mayoría necesaria para una resolución vinculante.…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 26, 2026

Durante la asamblea, varias provincias plantearon reparos constitucionales y ambientales a la reforma. Entre ellas, La Pampa advirtió que la iniciativa podría debilitar los presupuestos mínimos establecidos por la ley vigente, al trasladar a las jurisdicciones provinciales definiciones que hoy se sostienen en un marco nacional. En contraste, Mendoza, San Juan y otras provincias cordilleranas respaldaron el proyecto, alineándose con el argumento de que la reforma permitiría destrabar inversiones mineras. La paridad exacta —ocho a ocho— y la cantidad de abstenciones reflejaron la falta de acuerdo en un tema que, para la mayoría de las jurisdicciones, toca el corazón de su política hídrica.

El reclamo de Ferraro se produce en medio de un clima político tenso. Con el Senado dispuesto a votar una reforma que redefine el ambiente periglaciar y habilita mayor intervención sobre zonas hoy protegidas, el diputado apunta a que la discusión se base en documentación completa y transparente. El acta y los anexos que solicita —afirman en su entorno— permitirían conocer no solo cómo votó cada provincia, sino también qué objeciones, advertencias y propuestas técnicas quedaron asentadas.

Mientras tanto, la pelea por la Ley de Glaciares avanza en paralelo dentro y fuera del Congreso. Y la reunión del COFEMA, lejos de ordenar la discusión, terminó confirmando que el país no solo está dividido en el recinto, sino también en el órgano que reúne a quienes deben velar por la política ambiental federal.

Diputados nacionales de la oposición se encuentran este lunes en la provincia de Mendoza, con el objetivo de desarrollar una agenda vinculada a la nueva legislación sobre glaciares que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

El proyecto para modificar la Ley de Glaciares forma parte del temario de sesiones extraordinarias y podría ser tratado esta semana en una de las dos sesiones que se prevén en la Cámara alta.

Como parte de estas actividades, participarán Adriana Serquis, Martín Aveiro, Moira Lanesán (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas).

Además, se espera que de manera virtual también sean parte de las reuniones con especialistas del IANIGLA los legisladores Gabriela Estévez, Andrea Freites, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Pablo Todero (UP), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y María Inés Zigarán (PU), entre otros.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo de referencia nacional en el estudio y monitoreo de glaciares. También participarán de los encuentros investigadores del Centro Científico Tecnológico de Mendoza.

El propósito de la visita es interiorizarse en los aspectos técnicos y científicos relacionados con la ley actual, difundir información y generar conciencia sobre las modificaciones que se intentan introducir, además de destacar el valor estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas naturales de agua esenciales para la vida, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país.

El objetivo, a su vez, es ampliar información precisa del rol del organismo en el registro de la evolución de los glaciares. Los convocantes ya anticiparon su postura crítica al proyecto que impulsa el Gobierno (por pedido de gobernadores de provincias mineras), por considerar que implica retrocesos ambientales.

El 14 de febrero de 2025 quedó grabado como el día en que el presidente Javier Milei protagonizó el primer gran escándalo de su gestión: la promoción de la criptomoneda $LIBRA, una memecoin recién creada que, tras un fugaz ascenso de cotización impulsado por su aval presidencial, se desplomó dejando miles de damnificados en todo el mundo. A un año del episodio —hoy convertido en un expediente judicial, una investigación legislativa y una constante fuente de tensión política— el caso sigue abierto y aún sin respuestas concluyentes.

La secuencia inicial es clara y está ampliamente documentada: a las 19:01 del 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje celebratorio que presentaba a $LIBRA como un proyecto privado destinado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, acompañado de un código alfanumérico que permitía adquirir directamente el token. La criptomoneda había sido creada apenas minutos antes y el tuit del Presidente funcionó como un detonante: el valor del activo se disparó durante 40 minutos y poco después cayó más del 85%, arrastrando a miles de pequeños inversores.

Las críticas de los legisladores

Al cumplirse un año del estallido del caso $LIBRA, diputados que integraron la Comisión Investigadora en la Cámara baja publicaron una serie de mensajes en la red X para recordar el episodio y reclamar avances judiciales. Las expresiones, variadas en tono pero coincidentes en señalar responsabilidades políticas, volvieron a exponer la tensión que dejó el escándalo cripto que involucró al presidente Javier Milei.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, hizo un posteo en el que se ve a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, hecha con IA, y recurrió a un tono metafórico para subrayar la gravedad de los hechos: “Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad. La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad. No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que sus señorías de Comodoro Py”. Y agregó: “Cuando la investidura se usa mal, no es torpeza, es decisión”.

HORÓSCOPO DE $LIBRA PARA HOY 14 DE FEBRERO

Hoy la balanza no busca equilibrio: busca verdad.

La evidencia te cae encima: hay hechos que no admiten casualidad.
No fue un hecho aislado. Fue planificado, coordinado y ejecutado… y vos lo percibís antes que los demás, y antes que… pic.twitter.com/QDD18IhzAO

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 14, 2026

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva recordó el trabajo parlamentario: “Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo. Desde la Cámara de Diputados indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación; comprobamos vínculos previos; demostramos audiencias; trazamos transacciones en fechas y momentos claves para la investigación. Hicimos lo que teníamos que hacer. FALTA QUE LO HAGA LA JUSTICIA”.

💲LIBRA: UN AÑO

Hoy se cumple un año desde que Milei promocionaba una criptomoneda que terminó en una estafa a miles de personas en todo el mundo.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación indagamos en torno a la responsabilidad política del Presidente de la Nación en la… pic.twitter.com/n9OaeJaLEu

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 14, 2026

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón apuntó directamente a un interrogante que la comisión no logró esclarecer: “Presidente Milei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criptoestafa?”.

$LIBRA
A UN AÑO, UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

Presidente @JMilei, ¿quién (y a cambio de qué) le dio el código alfanumérico del contrato de la criotoestafa? pic.twitter.com/zhK2jxfW2S

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) February 14, 2026

El actual legislador provincial Oscar Agost Carreño publicó un extenso hilo en el que repasó el caso. Allí recordó que “hace un año explotaba el caso $LIBRA, un token cripto que Milei lanzó en sus redes, subió su precio en minutos y se desplomó dejando miles de damnificados”. Enumeró lo que, según él, se comprobó durante la investigación: “La Justicia argentina investiga transferencias millonarias, movimientos previos al lanzamiento y posibles vínculos entre los promotores del token y el entorno presidencial… En Estados Unidos, la causa avanzó sobre el rol de Hayden Davis y el manejo de más de 100 millones de dólares… El periodismo reveló reuniones en Casa Rosada y un contrato confidencial previo al lanzamiento”. Concluyó que aún persiste un núcleo de interrogantes: “Lo que falta es lo más importante: saber quién sabía qué, cuándo lo sabía y quién se benefició realmente. La transparencia no es un detalle técnico: es la base de la confianza pública”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade fue categórica al calificar el episodio: “A un año de la Gran Estafa de gobierno. No dejaremos que esto caiga en el olvido. Queremos independencia judicial para que haya Justicia. Queremos la verdad que taparon desde la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia”.

Por su parte, el diputado kirchnerista Juan Marino sostuvo que “Milei malversó la investidura presidencial, involucrándola en una presunta estafa internacional” y afirmó que el caso generó “un daño al prestigio y a la credibilidad del Estado argentino”. Aseguró que “no fue un hecho aislado: había un modus operandi para maniobras presuntamente ilícitas con participación de Javier Milei, Karina Milei, Novelli y Terrones Godoy”. Según Marino, los resultados del trabajo legislativo “refuerzan la hipótesis de que estaríamos ante una asociación ilícita” y por ello “corresponde que el Congreso investigue a Milei por mal desempeño”.

Finalmente, el exdiputado de izquierda Christian Castillo cuestionó la falta de avances en la investigación judicial: “A un año de la estafa de la cripto $LIBRA, la justicia viene garantizando la impunidad de sus responsables, empezando por Milei”. Agregó que el informe de la comisión “fue concluyente en la responsabilidad del presidente” y que nuevos elementos mostraron que “su tuit no fue producto del entusiasmo de una tarde de verano, sino un negocio acordado entre Milei y su entorno con Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y algunos más”. Para Castillo, “no fue un hecho de corrupción aislado” y anticipó que “más allá de la cobertura judicial, la verdad siempre saldrá a la luz”.

Las consecuencias de la maniobra

La maniobra fue caracterizada como un clásico “rug pull”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una moneda para luego vaciar sus posiciones. Auditorías privadas estiman que hubo entre 44.000 y 75.000 damnificados globales y ganancias que rondaron los 286 millones de dólares para los beneficiarios del desplome. En la Argentina, más de 1.300 personas denunciaron pérdidas.

Una pieza central del escándalo es la figura de Hayden Davis, un joven empresario estadounidense especializado en memecoins y señalado como creador de $LIBRA. Documentos revelados posteriormente muestran que Davis firmó al menos dos acuerdos confidenciales con Milei, incluyendo uno del 29 de enero de 2025, donde aparecía como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. Una foto del Presidente junto a Davis en la Casa Rosada, difundida el 30 de enero, reforzó las sospechas de vínculos estrechos entre ambos.

Tras el estallido del escándalo, Milei borró su tuit original y sostuvo públicamente que había difundido el proyecto sin conocer su funcionamiento, alegando incluso que sus redes sociales no debían interpretarse como comunicaciones oficiales. Sin embargo, esas explicaciones no lograron cerrar la brecha de dudas abierta en la opinión pública y en el Congreso.

En paralelo, la Justicia argentina inició una causa por presunta estafa y asociación ilícita, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, mientras que en Estados Unidos se abrió un expediente vinculado a la operatoria.

El Congreso argentino, por su parte, conformó una Comisión Especial Investigadora, que en noviembre de 2025 presentó un informe de más de 200 páginas con conclusiones severas y pedidos de profundización judicial. Allí se plantea incluso la necesidad de evaluar si Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones.

Hay un patrón de conducta del Poder Ejecutivo que preocupa, no respeta ni la autonomía técnica del INDEC ni la independencia del Banco Central, las dos instituciones más importantes y relevantes para la confianza y la credibilidad de la Argentina.

En el medio de la polémica por la intervención política del Gobierno al suspender la nueva metodología del IPC, quedó explícita la violación del secreto estadístico por parte del ministro de Economía, Toto Caputo.

Lo traicionó el inconsciente. Evidentemente es algo que hacía con frecuencia, probablemente en ámbitos privados, y ahora lo dijo sin ningún desparpajo.

El funcionario que toma las decisiones macroeconómicas más importantes del país no puede "jugar" con el número de la inflación. Hay mucho dinero en el medio, inversiones atadas a ese dato y, además, un compromiso asumido con el FMI por parte del BCRA sobre la actualización metodológica que ahora va a ser incumplido.

Y con el Banco Central pasa exactamente lo mismo. Se mantiene el estado de excepción respecto de su independencia. Una cosa es la coordinación macroeconómica y otra muy distinta es sostener un modelo de injerencia permanente del Ejecutivo sobre una institución que necesita recuperar su autonomía. Para que la desinflación sea duradera, también es indispensable que el presidente del BCRA deje de obedecer y de aparecer públicamente junto al ministro de Economía o al Presidente como si fuera un empleado más. En cualquier país serio eso sería inaceptable; acá nos hemos acostumbrado y el Gobierno usufructúa eso.

Estos también son los cambios que necesita la Argentina. Existen proyectos de ley para hacerlo y, aunque hoy haya un silencio cómplice, estoy seguro de que hay una mayoría de diputados y senadores que, en su fuero íntimo, comparten la necesidad de avanzar en este sentido.
Abandonen el fundamentalismo, no le harían un daño al Gobierno, le harían un gran favor al país.

En medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, el diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó un proyecto de ley para “terminar con las sospechas, fortalecer y ordenar” el sistema de estadísticas y censos.

Ferraro argumentó que “un país serio necesita estadísticas confiables, si no, la toma de decisiones se hace muy difícil para los ciudadanos, los actores económicos y las instituciones. Y sin un sistema estadístico institucionalmente fuerte, entramos en ese riesgo”.

El diputado recordó que durante el gobierno de Cambiemos “se normalizó el INDEC y salimos de la nefasta intervención de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, quien fue condenado por abuso de autoridad en la manipulación de datos, que tanto daño le hizo al país”. También, que Mauricio Macri envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para fortalecer y ordenar el sistema estadístico nacional e, incluso, junto al entonces diputado Juan Manuel López y la CC-ARI volvieron a presentarlo “con la impronta del entonces Director del INDEC, Jorge Todesca.

“Las estadísticas oficiales no pueden estar envueltas en polémica cada vez que hay cambios en el INDEC. Así no hay desarrollo y previsibilidad posibles para la Argentina. Tratemos este proyecto y démosle independencia, autonomía técnica, confiabilidad y credibilidad pública para siempre”, pidió Ferraro.

La propuesta de una ley orgánica del sistema estadístico nacional propone en su artículo 1ero que “la realización de los censos que efectúen sus integrantes en el territorio de la Nación y las actividades de producción de estadísticas oficiales, se regirán por esta ley, por los principios rectores de las estadísticas oficiales y por las buenas prácticas, los consensos y las guías regionales e internacionales que adopte la Argentina”.

Además, remarca que “las actividades de producción de estadísticas oficiales y la realización de censos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC), constituyen un servicio público”. También plantea que se establezca como entidad autárquica en el ámbito de la jefatura de Gabinete.

El diputado nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, Maximiliano Ferraro, apuntó contra el presidente Javier Milei porque “mintió y ocultó un acuerdo firmado con Hayden Davis” para promocionar la criptomoneda y le planteó a la justicia que “ya no tiene excusas para no avanzar en la causa”.

Ferraro compartió una nota de investigación del diario Clarín que revela el documento de acuerdo de asesoramiento firmado entre Milei y Davis el 29 de enero de 2025, 15 días antes de $LIBRA: “Un acuerdo clave para legitimar a Davis y garantizar frente terceros la participación del Presidente en la promoción del token. Si alguien es tu asesor y actúa a tu nombre, no se puede alegar desconocimiento”.

El diputado de la CC-ARI señaló que “está probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. $LIBRA no fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público, mientras desde la Comisión Investigadora y el periodismo se documentó la secuencia coordinada que terminó en $LIBRA”.

Al respecto, opinó: “Se entiende ahora por qué se obstruyó el control parlamentario durante todo este año, la negativa sistemática de Milei, Karina Milei y sus ministros a declarar, y el ocultamiento de informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción”.

“Milei firmó cualquier cosa. El acuerdo, que se pretende ‘confidencial y personal’, es un mamarracho contractual, hiperdesprolijo, que parece hecho con ChatGPT, evidencia de que no intervino ningún organismo técnico ni la Secretaría Legal y Técnica. Una irresponsabilidad total”, apuntó.

Ferraro comentó que el texto “habla de una oferta de asesoramiento de Davis en temas tecnológicos y cripto, que fueron una pantalla. El verdadero objetivo era el lanzamiento de $LIBRA dos semanas después. Aunque después del rug pull Milei borró el tuit con el que difundió $LIBRA y alegó que ‘no conocía los pormenores’, el acuerdo lo desmiente al haber aceptado formalmente un asesoramiento del organizador operativo y logístico de $LIBRA en el hotel de Dallas, donde también estuvieron Novelli y Terrones Godoy, el primero con vínculos directos previos con Milei en otros proyectos”.

“La información privilegiada detectada por los técnicos de la Comisión, que dio lugar a compras masivas de $LIBRA segundos antes del tuit, tiene ahora su explicación, la participación presidencial estaba asegurada, y el acuerdo firmado le dio respaldo a Davis para promover $LIBRA y montar el esquema que terminó en el rug pull”, manifestó.

Ferraro resaltó que con la investigación que se llevó a cabo se demuestra que “el Presidente mintió al Congreso y al pueblo argentino, y firmó acuerdos confidenciales con estafadores nacionales e internacionales, sin evaluar ni ser precavido respecto de la responsabilidad que implica la investidura presidencial”.

En esa línea, le pidió a la Justicia que “no puede seguir con excusas para dilatar la investigación. Terminada la feria judicial, el fiscal Taiano cuenta con evidencia suficiente para dejar de dormir el expediente y avanzar de inmediato en la búsqueda y el secuestro de documentación. El Congreso hizo su parte. Ahora le toca a la Justicia”.

@JMilei hace de la mentira una doctrina y la justicia, más tarde o más temprano, tendrá que llegar a completar la historia oculta de la estafa y saber quienes son los beneficiarios de las ganancias. https://t.co/iL72TIyQLB

— Monica Frade (@MonicaFradeok) January 30, 2026

A la espera del comienzo de sesiones extraordinarias del próximo lunes 2 de febrero, el diputado nacional Maximiliano Ferraro le envío un pedido formal a las autoridades del debate de la modificación del Régimen Penal Juvenil para que la Oficina de Presupuesto del Congreso detalle los costos presupuestarios antes de que comience el tratamiento legislativo. “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, planteó el legislador de la Coalición Cívica.

La nota fue dirigida hacia Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado en sus roles de presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene giro, también, a Justicia, y Niñez, Familias y Adolescencias, donde La Libertad Avanza está definiendo la continuidad de Manuel Quintar en una y el reemplazo de Roxana Reyes (MC) en la otra.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL | ¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?

Solicité a @NYGBertie y @laurmachado que le pidan a la Oficina de Presupuesto del Congreso la estimación del costo presupuestario de los proyectos y de la OD 787-143, antes de iniciar su… pic.twitter.com/vWzQKvP6Dh

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 29, 2026

Por su parte, Ferraro recordó que “en 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio ese informe se hizo”, y profundizó: “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. “Si para ustedes es condición necesaria que haya fuente de financiamiento para debatir las leyes, entonces empiecen por los proyectos y agenda del propio Poder Ejecutivo”, concluyó.

La explicación del diputado opositor pone la mirada en la financiación de la ejecución de la baja en la edad de imputabilidad que se define en el artículo 51 del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, el cual propone que “las erogaciones (…) se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”, pero aclara que “al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.

Cabe aclarar que el dictamen que el oficialismo pasó a la firma el 6 de mayo del 2025 con las rúbricas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, Encuentro Federal, el MID, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre no modificó este artículo a pesar de haber introducido una serie de cambios en otros aspectos como la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13 como había idealizado el Poder Ejecutivo de la Nación.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza contaba con una composición menor a 40 legisladores y el despacho firmado fue redactado en consenso con la oposición dialoguista. La edad se bajaba de 16 a 14 años; las penas máximas pasaban de 10 a 15 años; y establecían condenas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas, entre varios puntos.

Sin embargo, una fuente del oficialismo confirmó a parlamentario.com, que buscarán un dictamen que se parezca más al texto que envío el Poder Ejecutivo de la Nación con firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, ingresado por Mesa de Entradas el 15 de julio del 2024. La norma original impulsada por el gobierno de Javier Milei busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La crítica del diputado que integra el interbloque Unidos se relaciona con la decisión del Gobierno de no asignar las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan. Las tres leyes fueron vetadas, pero insistidas en el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei no firmó las reasignaciones presupuestarias para su ejecución.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (CC- ARI) presentaron un pedido de informes junto a la citación del canciller, Pablo Quirno, a la Cámara baja para que brinde explicaciones respecto de la incorporación de la Argentina al Board of Peace que fue impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la iniciativa solicitan que se remita el instrumento jurídico por el cual se formalizó dicha incorporación de Argentina y si constituye un tratado internacional o un acuerdo ejecutivo. Además, piden que remita copia de toda la documentación institucional intercambiada con el país impulsor y demás miembros.

Por otro lado, los diputados requieren que se informe si el Poder Ejecutivo considera que la incorporación necesita la aprobación del Congreso Nacional y, en caso de que no sea así, explicite los fundamentos jurídicos y constitucionales. En el mismo sentido, que se informe si tiene previsto remitir al Congreso un proyecto de ley o de acuerdo de ratificación para autorizar o convalidar la integración al Board of Peace.

A su vez, solicitan saber si la incorporación de la Argentina implica aportes económicos presentes o futuros como cuotas, contribuciones, gastos operativos o aportes extraordinarios. En ese caso, piden que el canciller precise el monto estimado, la fuente presupuestaria, la entidad receptora de los fondos, y si se prevén resignaciones presupuestarias o de endeudamiento para financiar esos compromisos asumidos.

Los diputados también quieren saber si se elaboró un análisis de impacto geopolítico y riesgos derivados de la adhesión en términos jurídicos, diplomáticos y de seguridad nacional. Además, que explique los objetivos, funciones y alcance del acuerdo.

Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores (@Cancilleria_Ar), @pabloquirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado… pic.twitter.com/ySUZLZT3rF

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 27, 2026

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó que la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña instó al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a que no se demore en el avance de la causa $LIBRA, y que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas.

Además, se pronunció sobre el congelamiento de fondos y bienes de los imputados, y le encomendó al juez federal que eleve el monto de embargo que se había fijado inicialmente en $36.875.000.

“La decisión va en la dirección correcta. Eso sí, acelerar no es cerrar la causa ni consagrar impunidad”, resaltó Ferraro y planteó que “es urgente que el fiscal investigue en serio y que el juez dicte, de una vez, las medidas que corresponden y que esperan desde hace casi un año”.

Así, enumeró que se cite a declarar a los involucrados; que se informe si se realizaron los cruces de llamadas y cuáles fueron sus resultados, en particular los del 14 de febrero de 2025; que se avance en la pesquisa del contrato de $LIBRA, así como en la identificación de quién lo proveyó al Presidente; que se profundice el análisis de la ruta del dinero, donde ya se confirmaron transferencias entre los protagonistas e intermediarios sospechosos, y que, con ese dinero, el propio informe del Ministerio Público (Sistema Federal de Investigación de Activos Ilícitos) señala que pudieron haberse pagado dádivas a funcionarios públicos.

El diputado recordó que la justicia cuenta con el informe final que elaboró la Comisión Investigadora “con conclusiones, pruebas e hipótesis ratificadas por investigaciones periodísticas y por especialistas. Con toda esa información, quedó demostrado que no se trató de un hecho aislado ni que el Presidente haya sido ‘sorprendido’ por los acontecimientos. Todo se sabía, y la Justicia no puede desentenderse de estos vínculos previos y de los preparativos”.

“Con toda esta información pública, con los encuentros comprobados y las relaciones acreditadas entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios del Estado argentino, llegó la hora de que la Justicia haga las citaciones, profundice la investigación, esclarezca la eventual participación institucional del Estado y determine los cruces de llamadas y las comunicaciones con el Presidente y su círculo más cercano”, cerró su posteo.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) alertó por el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, que tiene dictamen firmado y espera llegar al recinto en febrero, y planteó: “Pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”.

“Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene dictamen en el Senado) busca que la protección de glaciares y del ambiente peri glacial deje de ser automática y pase a depender de evaluaciones discrecionales de cada provincia, pudiendo habilitar actividades extractivas en ellos”, argumentó Ferraro.

Al respecto, indicó: “Esto no es una ‘aclaración’ de la norma, como nos quieren hacer creer, sino un cambio peligroso que pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”, y explicó que “los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce. Sostienen ciudades, economías regionales, producción y vida. Cuando se dañan, el impacto es irreversible”.

“La Ley de Glaciares no se opone al desarrollo: garantiza las condiciones básicas para que cualquier actividad productiva pueda sostenerse en el tiempo. Sin agua, no hay minería, no hay agricultura, no hay industria ni futuro posible”, respaldó.

“Como diputado nacional, acompaño esta petición y reafirmo mi compromiso de defender la plena vigencia de la Ley de Glaciares y rechazar cualquier intento de modificación que implique retrocesos ambientales y riesgos en la provisión de agua para el consumo y  la producción”, adelantó.

ES URGENTE: VIENEN POR EL AGUA 💧

Más de 17.000 personas ya firmaron una petición en https://t.co/e4JKrXXve8 (@ChangeorgAR) para que el Congreso no avance con cambios regresivos en la Ley de Glaciares.

Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene… pic.twitter.com/hMu791l5Bj

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 15, 2026

Mientas desde Casa Rosada siguen atentamente los pasos de la justicia y esperan que rechace los amparos presentados contra el DNU de la SIDE, el diputado nacional Maximiliano Ferraro remarcó que existen “razones jurídicas claras” para sostener que el decreto es inconstitucional porque “invade competencias exclusivas del Congreso”.

A través de un extenso posteo en su cuenta de “X”, el legislador de la Coalición Cívica señaló que “no es solo una controversia política” el rechazo del DNU y enumero una serie de razones en respaldo de la acción de amparo.

Ferraro planteó que el Ejecutivo desconoce que la legitimación en el amparo por inconstitucionalidad de normas “no depende exclusivamente de la existencia de un perjuicio individual, sino que entiende aquellas situaciones que revisten en suma gravedad institucional y para nada este caso recae sobre cuestiones abstractas”.

“Cuando un DNU invade competencias exclusivas del Congreso, legisla sobre materias prohibidas o excede los límites constitucionales, se afecta el orden constitucional mismo, lo que habilita su impugnación judicial”, resaltó.

En esa línea, recordó que los diputados nacionales “ejercen la representación del pueblo de la Nación, conforme lo establece la Constitución al definir a la Argentina como un sistema representativo, republicano y federal. La CN pone en cabeza de los legisladores la representación popular que legitima el dictado de nuestra legislación”.

“Cuando un DNU vulnera a todas luces los límites que le pone la Constitución no solo incurre en un acto de gravedad institucional, sino que también viola el efectivo derecho de los legisladores de ejercer la representación popular mediante el debate y el voto y resguardar su rol dentro de las instituciones republicana”, manifestó.

Así, expresó: “La vulneración de este ‘derecho de función’ del legislador, legítima a impugnar judicialmente un DNU que altera la división de poderes. Negar esa legitimación implica vaciar de contenido el principio republicano y reducir el control constitucional a una mera formalidad, cuando en realidad es una garantía esencial del sistema de frenos y contrapesos”.

Ferraro también argumentó que el DNU “no pueden legislar en materias expresamente vedadas, como la penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos”, y señaló que “en este caso, el decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación. Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa y debilita de forma radical la validez del decreto como DNU”.

“No existió ni existe una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley. La ausencia de ese presupuesto fáctico invalida el uso del DNU como herramienta constitucional excepcional”, sumó.

Por último, indicó que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a control judicial pleno, incluyendo la verificación de los presupuestos de necesidad y urgencia invocados por el Poder Ejecutivo. “En ese marco, la discusión sobre legitimación no se agota en la acreditación de un daño subjetivo individual, sino en la adecuación del decreto al texto, al espíritu de la Constitución y al sistema republicano de división de poderes”, cerró.

Tras la presentación ante la justicia en contra del DNU 941/25, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que "el presidente se está recostando de manera excesiva en lo que son estas herramientas, que en la Constitución no son la regla, sino la excepción", en alusión a los decretos de necesidad y urgencia.

El legislador explicó que junto a sus pares Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron "una acción de amparo para que el decreto que modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia sea declarado inconstitucional y, a su vez, se declare su nulidad absoluta e insanable".

Asimismo, ante el fuero contencioso administrativo se solicitó "una cautelar para la suspensión del DNU, de todos sus efectos, su vigencia y todos los actos administrativos que se dicten en virtud de su cumplimiento".

"No hubo necesidad ni urgencia", afirmó el porteño respecto del decreto firmado el último día del 2025. Y agregó que "este DNU no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Además, Ferraro aseguró que "se mete en materia prohibida" como la penal, ya que "al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehensión, de arrestar; es una modificación solapada del artículo 184 del Código Procesal Penal".

También cuestionó que "las acciones de contrainteligencia" están "poco fundamentadas y definidas". "Con la incorporación de los titulares de distintos organismos de la administración pública nacional... El día de mañana un ministro, un secretario, puede ir en búsqueda de la fuente de un periodista que está investigando la corrupción puntual del gobierno que sea", advirtió y añadió: "¿Quién define qué atenta contra tal cosa si no está claramente definido en el DNU?".

En declaraciones a radio Rivadavia, el cívico dijo que "el Congreso está en condiciones de poder debatir una ley de estas características" y recordó que "es el segundo DNU que sacan modificando el sistema de inteligencia".

Con la mirada puesta en el reordenamiento institucional de Venezuela, la diputada oficialista Silvana Giudici se cruzó con Maximiliano Ferraro en X a partir de una iniciativa a favor de la aprehensión de Nicolás Maduro en Caracas. El representante de la Coalición Cívica le contestó la publicación del proyecto de declaración: “Se olvidaron de la liberación inmediata de los presos políticos, de las garantías de transición democrática y de Edmundo González Urrutia y Corina Machado”.

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza se expresó en consonancia con la política exterior del Gobierno y la posición del presidente Javier Milei, quien celebró la captura de Maduro el sábado a primera hora. Desde la bancada oficialista ratificaron el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro como “vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República de Venezuela”.

Gracias @maxiferraro innecesaria tu acotación. A diferencia de muchos de uds. en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos. No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos… https://t.co/dvW8yCXSlF

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 5, 2026

Apenas 20 minutos después de la publicación, Ferraro respondió con un mensaje público al que Giudici consideró como una “chicana” e “innecesaria”. Luego, le recordó que “en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos”. “No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela”, agregó con la notoria tensión en el ida y vuelta entre ambos.

Lejos de terminar ahí, el diputado nacional que integra el interbloque Unidos junto a Provincias Unidas y Encuentro Federal retrucó: “Por eso mismo, y porque no lo desconozco, Silvana Giudici, hay cosas que creo que no se pueden omitir. Hay formas en la práctica parlamentaria que podrían expresarse como exhortar, anhelar, etcétera”.

Con una fotografía del viaje a Venezuela hace 17 años, la diputada bullrichista agregó al hilo de confrontaciones con Ferraro: “En las formas parlamentarias y en la acción, con la coherencia que dan tantos años de lucha. Te dejo la foto del año 2009 en la puerta del penal de Yare, denunciando las condiciones inhumanas de los presos políticos por si no queda claro”.

Finalmente, Ferraro volvió a la carga y respondió: “Por esa misma foto, por habernos cruzado en distintos ámbitos exigiendo la democratización y la libertad en Venezuela, no podés omitir, por lo menos, el pedido o la exhortación a la liberación inmediata de los presos políticos”, y culminó con un sugestivo mensaje en contra de Silvana Giudici: “Entiendo que desde arriba no los dejan”.

No es la primera vez que los diputados que ingresaron juntos a la Cámara de Diputados por la boleta porteña de Juntos por el Cambio en 2023 tienen un tenso cruce: en noviembre del 2024, previo a la firma del dictamen de la ley de regulación de la publicidad de las apuestas online, se cruzaron en el Anexo con insultos y fuertes acusaciones.

El mundo amaneció conociendo la noticia impactante del ataque norteamericano en territorio venezolano y la captura del dictador Nicolás Maduro, llevado junto a su esposa a Estados Unidos para su juzgamiento. Previsiblemente esa información causó reacciones encontradas en el ámbito político local y el Parlamento en particular.

El presidente Javier Milei celebró la noticia con tres palabras: “La libertad avanza”, y en declaraciones a La Nación+ aseguró que “es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, no solo por lo que han sufrido los que han padecido el régimen en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída de la alimentación y pérdida de peso, sino también en términos de violencia, en términos de persecución, en términos de tortura”.

En tanto que el Pro expresó en un breve comunicado: “Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia”.

“Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Con el liderazgo del legítimo presidente Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta designada María Corina Machado, acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia. Desde el PrRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”, agregó el partido amarillo.

Desde la vereda opuesta, el Partido Justicialista repudió y condenó los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, “que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”.

El presidente del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, señaló: “Finalmente, después de años de lucha, TRIUNFA EL PUEBLO VENEZOLANO. Celebro la detención del dictador Maduro y deseo una pronta recuperación de la democracia y la libertad en nuestra querida Venezuela. ¡Hasta el final!”.

A su vez, la senadora nacional Patricia Bullrich expresó: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

A través de un largo posteo titulado “Venezuela libre”, Maximiliano Ferraro dijo que “tras la dictadura de Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela le asiste el derecho inalienable de recuperar de manera inmediata el orden democrático e institucional, con pleno respeto a la voluntad popular expresada en elecciones libres y transparentes”. Para el diputado de la Coalición Cívica, “resulta imprescindible garantizar las libertades individuales y la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, es indispensable restablecer las condiciones para una paz duradera y una convivencia institucional basada en reglas democráticas. En ese marco, debe asegurarse y acompañarse, de manera legítima, ordenada, efectiva y pacífica, una transición democrática que restituya las instituciones, la soberanía popular y el Estado de Derecho”.

“Hoy Venezuela padece un sistema organizado de coacción, corrupción, narcotráfico y criminalidad, que ha vaciado de contenido a las instituciones y ha destruido los lazos básicos de toda convivencia. Millones de venezolanos se han visto forzados al exilio y sueñan con volver a su tierra, mientras otros tantos resisten dentro del país, sometidos a la pobreza, la persecución y la negación sistemática de sus derechos, sosteniendo día a día la esperanza de una Venezuela libre”, agregó Ferraro. Y concluyó: “La paz y la democracia en Venezuela son una responsabilidad de toda la comunidad internacional”.

“Hoy el mundo mira a Venezuela y es lógico y justo que así sea. Y esto es consecuencia de un bravucón y asesino que ha sumergido a la represión y a la pobreza a todo el pueblo venezolano”, sostuvo este sábado el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Para el senador de LLA, “eso era imposible de solucionar si no era por la doctrina de defensa del mundo occidental y sus valores”. En síntesis, dijo que “muchas veces la historia se resuelve por estos métodos”.

A su vez, el diputado Miguel Ángel Pichetto se mostró a favor de las noticias conocidas este sábado al señalar que “el Gobierno de Maduro estaba totalmente agotado: violador de derechos humanos y antidemocrático. Esta dictadura no iba a reconocer nunca el voto de la gente. Y sus líderes principales estaban involucrados en el narcotráfico. Es el primer paso para que Venezuela recupere la  libertad y la democracia a través de elecciones libres”.

El senador libertario Ezequiel Atauche dijo por su parte que “el kirchnerismo llora por la caída de un dictador y no se sorprende nadie. Los cómplices de Milagro Sala, que atormentó a los jujeños durante años, ahora se lamentan por el fin de un criminal que forzó a millones al exilio. Son el mal y hoy quedaron expuestos ante el mundo”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “la esperanza de un pueblo que sueña con volver a su casa. El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos”.

Desde el kirchnerismo, el senador Jorge Capitanich sostuvo este sábado que “la violacion de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas en Venezuela constituye una afrenta al derecho internacional, al principio de igualdad jurídica de los estados, al ejercicio de su soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. América Latina es una zona de paz, de manera que la solución pacífica de controversias en el marco del respeto a la integridad y soberanía de los estados constituye una premisa esencial que rechaza el uso de la fuerza”.

Para el senador chaqueño, “este peligroso precedente de uso unilateral de la fuerza como ataque por parte de un actor estatal invocando un interés específico de otro estado marca un sendero de imposición de la acción por sobre la regla. El inicio de 2026 marca un incremento de la tensión geopolítica internacional con la imposición de la fuerza vulnerando una premisa de respeto de la soberanía de los pueblos y de los estados a través de la invocación de intereses estratégicos de las grandes potencias”. Agregó el exgobernador que “esta agenda internacional debe concentrarse en la paz, no en la guerra. Es urgente y necesario desarticular esta carrera armamentista que acabará con el mundo si no le ponemos un límite claro y preciso”.

Y cerró: “El reloj del Apocalipsis cada está a 89 segundos del colapso, el número de refugiados alcanza a 130 m de habitantes en el mundo, el cambio climático azota a miles de personas alrededor del planeta y nosotros permanecemos impávidos ante tamaña demostración de indecencia global. ¡Es hora de actuar!”.

La diputada de LLA Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de declaración para expresar su “beneplácito por la captura del dictador Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista transnacional ‘Cartel de los Soles’”. A su vez, declaró su acompañamiento al pueblo venezolano “en este proceso de inicio de su recuperación democrática, esperando que de forma urgente comience a ser gobernado por aquellos ciudadanos que legítimamente eligió en las urnas en las elecciones presidenciales de 2024”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz llamó “gran cipayo latinoamericano” al presidente Milei, por “festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela”. Y consideró que “las y los argentinos no podemos aceptar que el Presidente, en nombre de nuestro país, avale bombardeos y el secuestro de un presidente, en cualquier lugar del mundo. Eso no se parece en nada a la LIBERTAD que tanto declama”. En su posteo en la red social X, Tolosa Paz dijo que “Trump y Milei se fueron al carajo” y agreó: “Nos sumamos a los pedidos de paz y de no injerencia extranjera, que sostienen los países del mundo que entienden que el camino de LA VERDADERA LIBERTAD NUNCA ES LA VIOLENCIA”.

El legislador porteño Leandro Santoro dijo que “ningún imperio tiene derecho a entrar por la fuerza a otro país para secuestrar a nadie! Es una locura que el presidente Milei célebre semejante violación al derecho internacional. América es una región de paz. Argentina siempre defendió la autoderminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Decir esto no te convierte en simpatizante de Maduro, te reafirma como demócrata”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman planteó que “la derecha argentina es tan mediocre que arma a su patota digital con el argumento de que condenar la intervención militar y el secuestro de Maduro es apoyar al régimen venezolano. Con esa lógica, en la guerra de Malvinas hubiesen apoyado a Thatcher y festejado en hundimiento criminal del Gral. Belgrano. Siempre denunciamos el régimen autoritario de Maduro, pero no nos confundimos sobre las intenciones de Estados Unidos, no sean tan brutos”.

Por su parte, la diputada Romina del Plá denunció “la intervención imperialista en Venezuela”, diciendo que “ningún gobierno democrático vendrá de una intervención armada del imperialismo. Lo prueba que la derecha fascistoide venezolana apoya la política contra los migrantes de Trump que afectan a muchísimos venezolanos. Denunciamos el respaldo de Milei a esta gravísima intervención imperialista, que lo coloca otra vez como un chirolita de Trump. Es necesaria una inmensa movilización en toda América Latina para repudiar esta intervención y expulsar al imperialismo de toda la región”.

“Repudiar el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y que Milei lo celebre, no te hace defensor de Maduro, te hace defensor del derecho internacional y de la paz que impera en Latinoamérica hace más de 30 años”, dijo a su vez la diputada de UP Sabrina Selva.

Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, la diputada Silvana Giudici dijo que “durante años esperamos el fin de la dictadura chavista. Hoy se pone fin a la pesadilla. VENEZUELA LIBRE!”.

También celebró la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para quien “hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en Venezuela unida, con Justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. ¡Venezuela Libre!”.

Mientras que desde la otra vereda, el diputado de UP Juan Grabois hizo el siguiente posteo: “¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos”.

“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”. La referencia fue publicada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de Provincias Unidas, que ya el día anterior se había manifestado duramente respecto del decreto de necesidad y urgencia 941/25 que ya había trascendido el 1° de enero. Y allí ya se había referido a sus excompañeros de ruta de Juntos por el Cambio con este irónico comentario: “Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de ‘no era el momento’ bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Este viernes, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

En otro posteo había ido más lejos, al hablar de “Gestapo para todos y todas”. En ese sentido se hizo eco de una advertencia del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que “el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso. No se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el Sector Público Nacional”.

“Ministros del Poder Ejecutivo, rectores de universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director ejecutivo del PAMI, las autoridades de la ANSES, del Hospital Posadas, del Hospital Ramón Carrillo, del Banco Nación y de empresas públicas quedan alcanzados por la obligación de aplicar ‘medidas de seguridad de contrainteligencia’ dentro de los organismos que conducen, acatando decisiones definidas por el Presidente de la Nación”, señaló, destacando que el artículo 3° del DNU es explícito: los “titulares de órganos y organismos” del Sector Público Nacional serán responsables de implementar esas medidas en el interior de sus instituciones. Y el propio decreto define la contrainteligencia como un conjunto de acciones destinadas a “evitar el conocimiento de la propia situación” por parte de actores estatales y no estatales.

“El problema es de fondo -aseguró-. El Sector Público Nacional, según la Ley 24.156 de administración financiera, incluye a la administración central, los organismos descentralizados, las universidades, la seguridad social y las empresas del Estado. Es decir, casi todo el Estado queda sometido a una lógica perversa y peligrosa de contrainteligencia”, y afirmó que “se habilitan así prácticas opacas, discrecionales y verticales en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad académica y el control parlamentario”.

Su compañera de bloque Mónica Frade se alineó con las observaciones de Ferraro y Rodríguez advirtiéndoles a Javier Milei y Patricia Bullrich que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado. No jueguen. No provoquen. Nadie gana en ese juego. Solo seres secos y miserables pueden, mientras las familias argentinas brindan, asestar una reforma contra la Constitución Nacional”.

El primer paso de alto voltaje que acaba de dar el Gobierno nacional a tan solo dos días de que inició el año nuevo, fue mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que se publicó este viernes temprano donde el presidente Javier Milei impulsa una reforma profunda del sistema de inteligencia, otorgando mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conduce Cristian Auguadra, y centralizando bajo su órbita la estructura y el funcionamiento del área.

El decreto deberá ser enviado al Congreso y tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse, según lo establece la ley 26.122. Sin embargo, la iniciativa ya anticipa un escenario de alta conflictividad parlamentaria.

Las primeras reacciones de la oposición fueron contundentes. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro calificó al DNU como un “retroceso intolerable” y de “nulidad absoluta”. En un extenso mensaje en la red social X, denunció que Milei volvió a reformar el sistema de inteligencia “sin necesidad ni urgencia”, eludiendo deliberadamente al Congreso.

Ferraro advirtió que el decreto habilita “espías con poder de policía”, establece el secreto total como regla, centraliza el acceso a datos personales sensibles —como los del RENAPER, Migraciones, Aduana y la UIF— y abre la puerta a la influencia sobre la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos espiados, todos sospechosos”, sintetizó.

Ferraro recordó que “este es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. Y no es una modificación puntual: es una reforma integral en una treintena de artículos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa”.

A continuación enumeró las modificaciones que califica como “retroceso histórico: “1) espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; 2) un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica. Peligroso; 3) centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF) Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia; 4) posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Y concluyó reclamándole a los presidentes de ambas cámaras la urgente regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, “para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable. Sino iremos directo al recinto”.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola sostuvo que la ampliación de facultades de la SIDE, combinada con el nuevo Código Penal, “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”, y habló de un pasaje “de la democracia de infantería a la democracia de los servicios”. "Entre gallos y medianoche Milei sacó el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia e implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial. Debe ser anulado por el Congreso", sumó su par Christian Castillo.

Espantoso regalo de fin de año de Milei y sus secuaces.
Aparece el DNU 941/25 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. La cuestión de forma, una ley modificada en 40 artículos por un decreto es gravísima en si misma. Lo central es el contenido: toda la actividad de la SIDE…

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 2, 2026

"Un sistema de inteligencia en el marco de una República, no es para perseguir a ciudadanos libres, sino para su protección. Esta emboscada a las sombras, debe ser reparada en el seno del Poder Legislativo, así lo exigiremos", planteó la diputada Mónica Frade.

En un extenso posteo, el diputado Esteban Paulon calificó el DNU como "un duro golpe a la democracia" y alertó que "vuelve el espionaje político" porque "quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión". Además, indicó que es "una carta blanca a la SIDE", ya que "habilitan la preservación de métodos y fuentes sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional".

También planteó que se trata de "opacidad y secretismo", al remarcar que no habrá "ni transparencia, ni control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos". EL CONGRESO AFUERA: Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior", advirtió.

Por último, Paulon señaló que el DNU habilita a "una vigilancia digital. El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional".

"El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad", manifestó.

Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación.
Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU

— Alejandra Vigo (@alevigo) January 2, 2026

La diputada de UP Sabrina Selva alertó que "implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial", y exigió que "debe ser anulado por el Congreso". Su compañero de bancada Carlos Castagneto apuntó: "LIBERTAD O DICTADURA. El DNU 941/2025 no tiene necesidad ni urgencia que justifique su dictado".

Castagneto explicó que "en una República, la inteligencia no investiga delitos, no detiene personas ni hace espionaje interno. Eso ocurre en regímenes autoritarios, NO EN DEMOCRACIA. Milei abre la puerta a que los servicios de inteligencia persigan a ciudadanos por expresarse, en redes, en la calle o por sus ideas". Así, apuntó: "La norma no acota objetivos, no fija límites claros y no refuerza controles. Es un RETROCESO democrático gravísimo".

El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el DNU no es "nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino", sino que "fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina".

"Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe. Este Decreto atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano.
Atenta contra la democracia argentina", adelantó.

*UNA SIDE CON MÁS FACULTADES Y MENOS CONTROL. ¿QUE PUEDE SALIR MAL?*

En un país con la historia del nuestro, atravesado por un terrorismo de Estado que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, que un presidente saque un DNU en visperas de los festejos de año nuevo y en feriado…

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 2, 2026

En la misma línea, el diputado bonaerense Sebastián Galmarini agregó: "En un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, creo que estas reformas deberían pasar por el Congreso Nacional, y debatirse en profundidad y con la mayor honestidad intelectual. Delimitar las misiones y funciones de Inteligencia en un mundo con cambios tan vertiginosos requiere de una mirada integral de los muchos desafíos que enfrentamos".

En tanto, el exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau fue aún más lejos: afirmó que el DNU equivale a dictar una nueva Ley de Inteligencia por decreto, en abierta violación de la Constitución. Alertó sobre la creación de una “policía secreta”, la clausura de la conducción civil de la inteligencia militar y un sistema que obligaría a organismos nacionales y provinciales a actuar como “delatores de la oposición política”.

Con este DNU, el Gobierno vuelve a apostar por una reconfiguración del poder vía decreto, en un área especialmente sensible para la democracia argentina. La oposición ya anticipa que buscará su rechazo en el Congreso y reclama la urgente conformación de las comisiones bicamerales de control.

¿Una dictadura en medio de un “Gobierno Democrático”?

Javier Milei se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Esto, ¿Qué significa?...

1. Se evade el control democrático que tenemos las provincias,…

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) January 1, 2026

El año legislativo que acaba de concluir estuvo lejos de la rutina parlamentaria. La relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, la fragilidad de las mayorías, el recurso permanente a los vetos presidenciales y una oposición que logró condicionar buena parte de la agenda convirtieron a 2025 en uno de los períodos más intensos -y pobres en producción normativa- de la última década.

En ese escenario emergieron figuras centrales: quienes articularon acuerdos, quienes bloquearon iniciativas, quienes quedaron envueltos en escándalos y quienes, desde roles técnicos o políticos, incidieron de manera decisiva en los debates clave. Los Personajes de 2025 -no necesariamente diputados y senadores- reúne a esos protagonistas y reconstruye, a través de sus recorridos, el mapa de poder y conflicto que definió al Congreso durante el primer año pleno del mileísmo.

JAVIER MILEI.

Un año con luces y sombras fue la relación del Presidente con el Congreso argentino durante 2025: una mezcla constante de conflictos, negociaciones tácticas y ocasionales acuerdos. El Presidente profundizó su agenda de reducción del Estado, reformas económicas y disciplina fiscal, lo que generó tensiones con muchos bloques legislativos, especialmente con la oposición tradicional.

Milei vetó varias leyes aprobadas por el Congreso -incluidas normas sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica y ATN-, lo que tensó la relación con gobernadores, sectores sociales y legisladores que veían esos proyectos como reparos a recortes presupuestarios.

Todo el año legislativo fue un tormento que solo se morigeró a partir del resultado electoral del 26 de octubre, cuando se logró aplacar las embestidas constantes de la oposición. En diciembre, consiguió los acuerdos suficientes en el Congreso para aprobar el Presupuesto nacional 2026,  lo que fue celebrado por Milei como un “hito histórico”.

Tan hostil con el Parlamento, Milei es uno de los presidentes que más concurren al Palacio Legislativo. En 2025 fue tres veces: no solo para la tradicional apertura de sesiones del 1° de marzo, sino para otra cosa que se ha hecho constante para él, la presentación del Presupuesto el 15 de septiembre. Y también lo hizo para acompañar la jura de sus nuevos diputados, el 3 de diciembre.

PATRICIA BULLRICH.

Fue elegida senadora nacional por más del 50% de los votos en CABA, y aun antes de jurar, asumió el liderazgo del bloque oficialista en el Senado. Luego fue una de las articuladoras principales de la estrategia legislativa del Gobierno en estas extraordinarias.

También manejó el debate de la reforma laboral en su doble rol de jefa del bloque LLA y titular de la Comisión de Trabajo. Fue quien anunció la postergación de ese debate hasta el mes de febrero, y quien cerró los debates del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en la última sesión del año.

Fue ella quien le pidió a Lorena Villaverde que renunciara al Senado, mostrando su peso interno.

MARTÍN MENEM.

El presidente de la Cámara de Diputados dirigió la Cámara baja en un año extremadamente conflictivo. Ladero permanente de Karina Milei, fue uno los artífices de la estrategia de la exitosa campaña de La Libertad Avanza con vistas a las elecciones de octubre. Cuando se vislumbraba una elección discreta de los libertarios, muchos llegaron a darlo fuera de la presidencia de la Cámara con el recambio presidencial, pero el resultado fue tan bueno que no solo la conservó, sino que lideró el armado del nuevo bloque, que contra todos los pronósticos se convirtió en primera minoría.

Si bien logró mantener la gobernabilidad legislativa en un Congreso muy fragmentado, no consiguió sancionar leyes propias en el período ordinario.

GUILLERMO FRANCOS.

Siempre dispuesto a concurrir al Congreso, el ex jefe de Gabinete asistió nada menos que cuatro veces a lo largo del año. Dio dos informes de gestión en la Cámara baja y uno en el Senado, pero además fue también a Diputados respondiendo a la interpelación pedida por la oposición por la criptomoneda #LIBRA. Fue, de hecho, el único de los funcionarios convocados en tal sentido que cumplió con ese emplazamiento.

Fue además uno de los principales negociadores del Gobierno en un contexto donde La Libertad Avanza carecía de mayorías, siendo siempre muy reconocida su disposición al diálogo y la búsqueda de consensos. Aunque también supo salirse de las casillas, como cuando, en oportunidad de brindar su informe en el Senado, se retiró indignado luego de que la senadora fueguina Cándida Cristina López le dijera “mentiroso”.

CARLOS GUBERMAN.

El secretario de Hacienda de la Nación fue otro de los “influyentes” del Gobierno en el ámbito del Congreso. Ante la ausencia sostenida del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se resiste a concurrir al Congreso, él en cambio fue encargado de suplirlo. En el debate del Presupuesto 2026 concurrió en numerosas oportunidades a ambas cámaras, defendiendo la eliminación de artículos clave en financiamiento educativo, científico y de defensa. Reconoció ante el Senado que en 20 años nunca se cumplieron esas normas, prometiendo reponerlas solo si “las condiciones están dadas”.

Guberman dio consistencia técnica al discurso fiscal del Gobierno.

LORENA VILLAVERDE.

Su caso se convirtió en un emblema institucional: renunció a su banca en el Senado luego de presiones internas y por supuesto externas, luego de que trascendieran incidentes judiciales que vivió en Estados Unidos (por lo menos dos) vinculados con el tráfico de drogas. Si bien ella insistió siempre en que había sido sobreseída, no fue suficiente para despegar su figura del escándalo, máxime cuando ya su partido había sufrido fuertemente los coletazos del escándalo que por temas vinculados también con el narcotráfico vivió José Luis Espert. Al respecto se sabe que tiene una relación con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario procesado por narcotráfico y extraditado por ese tema a Estados Unidos.

La rionegrina encabezó la lista de su partido en las elecciones legislativas y fue elegida senadora nacional por la minoría, cargo al que como dijimos debió renunciar.

Luego se conocieron más problemas judiciales que la involucraban, ahora en la Argentina, cuando se supo que la Justicia de Bariloche dictó embargos preventivos a raíz de una demanda por incumplimiento en la entrega de lotes de un emprendimiento.

GERMÁN MARTÍNEZ.

Como jefe del bloque Unión por la Patria, fue el principal articulador opositor y uno de los dirigentes que más condicionó la agenda del oficialismo, en un año en el que el Gobierno sufrió mucho los embates de la  oposición. Lideró a la bancada que logró frenar y exponer los límites del Gobierno. Fue clave para mantener la unidad de su bancada, incluso cuando, en vísperas del recambio legislativo, UP sufrió algunas fugas que le hicieron perder su condición de primera minoría.

Fue el rostro más visible de la oposición peronista en Diputados.

Su estrategia logró frenar iniciativas del Gobierno o exhibir su debilidad parlamentaria. Actuó como contrapeso decisivo en el año legislativo más pobre en producción normativa de la década.

MARTÍN LOUSTEAU.

Fue clave en el Senado dentro de la estrategia opositora que logró arrinconar al oficialismo durante casi todo el período ordinario, siendo junto al también radical Pablo Daniel Blanco y a Guadalupe Tagliaferri quienes permitieron inclinar el fiel de la balanza en contra del Gobierno.

Encabezó la lista de Provincias Unidas en la Ciudad y ganó una banca para seguir en el Congreso, ahora como diputado. Fue en el marco de una pelea voto a voto con La Libertad Avanza, que ganó con una diferencia de 8.688 votos.

Su liderazgo al frente de la UCR fue muy discutido y en el Senado mostró su propio aislamiento dentro del radicalismo. Dentro de una oposición a la que le costó diferenciarse del Gobierno, claramente él lo hizo todo el año.

LUIS JUEZ.

En 2025 dio un giro político al dejar primero la presidencia del bloque Pro y romper luego con el partido amarillo, para sumarse al interbloque de La Libertad Avanza, permitiendo que el oficialismo alcanzara 21 senadores. Su incorporación fue celebrada por Patricia Bullrich, que lo definió como un hombre “de firmes convicciones” y esencial para impulsar reformas.

Ya antes de sumarse al oficialismo, defendía públicamente al Gobierno, ya sea en los medios o en el recinto, aunque una vez se diferenció al votar a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que le valió el ensañamiento de Las Fuerzas del Cielo. Tuvo también momentos en los que mostró distancia, como cuando advirtió sobre la conducta del Gobierno y la necesidad de privilegiar el diálogo, señalando que “al aliado no lo conformás con una empanada”.

De todos modos, siempre destacó su cercanía al Presidente, con el que tiene diálogo directo y suele cenar en Olivos.

Sueña con ser el candidato a gobernador en 2027 de Córdoba por La Libertad Avanza, cosa que ya ha dicho públicamente.

MAXIMILIANO FERRARO.

Fue uno de los críticos más persistentes del manejo económico y legislativo del Gobierno. Denunció “errores autoinfligidos” y cuestionó la discrecionalidad del gasto ante la falta de Presupuesto. Defendió públicamente el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, dos iniciativas con amplio consenso y vetadas o condicionadas por el Gobierno.

Luego de infinidad de idas y vueltas para su conformación, terminó presidiendo la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que trabajó intensamente el tiempo que se le otorgó, emitiendo un duro informe sobre las responsabilidades que le caben al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei.

CARMEN ÁLVAREZ RIVERO.

Totalmente alineada con La Libertad Avanza, bloque al que terminó sumándose después de las elecciones, dejando así la bancada del Pro, del que venía diferenciándose muchas veces a la hora de votar, la senadora cordobesa protagonizó una de las mayores polémicas del año legislativo. Fue cuando cuestionó públicamente el acceso de los niños de todo el país al Hospital Garrahan. Durante el debate sobre la Emergencia Pediátrica, en la comisión, declaró: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados; ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Estas expresiones generaron un repudio transversal en el Senado y en la opinión pública, al tocar un símbolo federal de la alta complejidad pediátrica. Ella defendió luego su postura alegando que la salud es competencia provincial y reclamando fondos equivalentes para Córdoba.

FACUNDO MANES.

Fue protagonista central del incidente que se vivió durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando tuvo un fuerte cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo había increpado desde uno de los palcos, mientras Manes mostraba un ejemplar de la Constitución durante el discurso de Javier Milei.

Luego, en los pasillos, según denunció el neurocientífico, Caputo lo amenazó. Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas, que no avanzó.

En ese marco, su bloque (Democracia para Siempre) denunció que el Gobierno estaba “cruzando un límite peligroso”.

SILVIA LOSPENNATO.

De buena relación con La Libertad Avanza en general y el Presidente en particular, se distanció del mismo cuando fracasó sorpresivamente el tratamiento de ficha limpia.

La diputada fue una de las protagonistas de la interna del Pro y de la disputa por la Ciudad de Buenos Aires al ser oficializada como primera candidata del su partido para las elecciones legislativas del 18 de mayo. El espacio la eligió por encima de figuras como Fernán Quirós, y su candidatura fue impulsada directamente por Mauricio Macri. Sin embargo su desempeño electoral fue muy malo, pues el Pro sufrió su peor elección histórica en CABA en CABA, perdiendo terreno frente a LLA y quedando muy por detrás de sus expectativas en su propio bastión.

Fue también una de las dirigentes que más presionó por mantener identidad partidaria frente a la tentación de alianza con Milei, y durante una sesión protagonizó un incidente con el presidente de su bloque, al reaccionar ante un discurso de su par Alejandro Finocchiaro que la criticó duramente. En la ocasión, fue reprendida públicamente por Cristian Ritondo. A fin de año, pese a las especulaciones de que no dejaría su banca, se fue a la Legislatura porteña, cumpliendo con el mandato que había recibido en las urnas en las elecciones de mayo.

MARCELA PAGANO.

Profundizó su distanciamiento del oficialismo, armando un bloque disidente junto a sus pares Carlos D’Alessandro, Gerardo Gustavo González y Lourdes Arrieta, llamado Coherencia, desde donde mantuvieron posturas sumamente críticas para con el oficialismo que abandonaron.

Fue eje de múltiples choques públicos con Lilia Lemoine, como el del 27 de agosto, cuando durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando le tocaba hablar a Pagano, Lemoine se levantó de su lugar y se colocó frente a ella, obstruyendo la cámara oficial y provocando gestos, murmullos e insultos. Pagano le pidió al presidente Menem que ordenara a Lemoine regresar a su banca. El ambiente se tornó caótico, y durante el cruce, Pagano acusó a Lemoine de hacer un “espectáculo”, calificándola de “persona que no está en condiciones”, mientras Lemoine filmaba todo con su celular.

LILIA LEMOINE.

Muy cercana a Milei, la diputada libertaria protagonizó otros incidentes en el recinto, uno el 13 de marzo, con Marcelo Pagano y a Rocío Bonacci. Lemoine las enfrentó porque las otras se rehusaban a levantarse para no dar quórum durante un pedido de informes por el caso $LIBRA. Lemoine y María Celeste Ponce se retiraron del recinto en desacuerdo por la actitud de Pagano y Bonacci. En esas circunstancias, Bonacci le lanzó un vaso de agua a Lemoine.

El 9 de octubre, se registró el más tenso cruce, cuando Pagano y su compañera Lourdes Arrieta exhibieron carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”. Lemoine interpretó la acción como una provocación, lo que derivó en un enfrentamiento físico y verbal: Lemoine filmó con su celular mientras increpaba a Pagano.

Pagano golpeó con el cartel el teléfono de Lemoine y la tildó de “chorra”, “ñoqui” y “parásito del Estado”. Lemoine intentó quitarle el cartel, forcejearon y la mano de Lemoine quedó enrojecida, por lo que presentó una denuncia ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando sanción por agresión física, apoyándose en el video que ella misma había grabado.

 

KARINA MILEI.

Una y otra vez la oposición intentó convocarla al recinto. Obviamente nunca lo consiguió. El caso $LIBRA y las supuestas coimas en la ANDIS generaron la reacción de la oposición, que la puso en la mira y convocó a interpelar a sabiendas de que la secretaria general de la Presidencia jamás concurriría a los recintos. Sí lo hizo a los palcos, desde donde siguió sesiones que le interesaban especialmente.

CRISTIAN RITONDO.

El jefe del bloque Pro estuvo muy cercano a La Libertad Avanza a lo largo de todo el año, en el marco de las negociaciones para hacer una alianza entre su partido y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La alianza llegó a buen puerto, pero en el camino debió exponerse a fotografiarse un día con buzo violeta.

Sobre el final del año esa cercanía se enfrió, primero a partir del proceso de cooptación de diputados del partido amarillo, que le permitió a LLA convertirse en primera minoría, en detrimento de la bancada que conduce Ritondo. Y en la última sesión, cuando tuvo un cruce con Martín Menem por la sorpresiva designación de los auditores nombrados por la Cámara baja, que llenó de indignación a Ritondo, que llevó el tema a la justicia.

JOSE LUIS ESPERT.

“El Profe”, como con admiración lo llamaba su amigo Javier Milei, vivió un año marcado por un ascenso político significativo, seguido por un derrumbe mediático y judicial intenso. Con una primera mitad de proyección y fortalecimiento mediático. Allá por el mes de junio, una encuesta de Giacobbe reflejaba que Espert había consolidado su visibilidad en Buenos Aires, con apenas un 3% de desconocimiento entre los encuestados. Su imagen neta era negativa (-31,3 %), pero con buena intención de voto: 39,1 % en territorio provincial, superando al kirchnerismo (33 %). En agosto, fue confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza en PBA, con el aval explícito de Javier Milei.

Como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, su función fue siempre evitar que la misma se reuniera, razón por la cual la oposición tuvo que recurrir a la herramienta de los emplazamientos, con lo cual consiguió forzarlo a convocar a la comisión.

Ya en campaña, fue objeto de un escrache en su casa, donde militantes kirchneristas arrojaron excrementos al frente de la misma.

Hacía campaña junto al Presidente y durante un episodio violento en Lomas de Zamora, terminó abandonando el lugar a bordo de la moto de un supuesto militante que lo sacó del lugar. Apuntalado por el Presidente, estaba claro que Espert se erigía como probable candidato a gobernador en 2027. De hecho, ya con esa aspiración había concurrido a Bahía Blanca cuando el desastre climático en esa ciudad, y generó polémica su aparición en una foto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero ya cerca de las elecciones, comenzó a derrumbarse. El 7 de octubre fue formalmente imputado por el fiscal federal Fernando Domínguez por presunto lavado de activos, a raíz de un pago de USD 200.000 recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Nuevamente el principal sostén de su candidatura fue Milei, hasta que su presencia al frente de la lista de La Libertad Avanza se hizo insostenible y tuvo que renunciar a su candidatura. Atribuyó su salida a una “operación mediática” y acusó a la “maquinaria del sistema” de orquestar una campaña en su contra.

Su primera y última aparición pública tras el escándalo fue cuando concurrió a votar, en listas donde LLA no pudo evitar que su cara siguiera apareciendo al tope de la misma. Asediado por la prensa, pidió “respeto” y evitó hablar de su situación.

MAXIMILIANO ABAD.

Fue un año de alta visibilidad política, coronado por la obtención del Premio Parlamentario 2025 en el Senado de la Nación. Dentro de la moderación que conservó, mantuvo su rol opositor frente al gobierno de Javier Milei, su protagonismo dentro del radicalismo bonaerense y su apuesta por reposicionar a la UCR como fuerza ordenadora del sistema político.

En enero reunió a más de 1.200 dirigentes en Mar del Plata, donde llamó a construir “una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores” y enfatizó que el radicalismo debía dejar de ser espectador para convertirse en protagonista del rumbo nacional. A lo largo del año se profundizaron las tensiones internas de la UCR bonaerense. La conformación del frente Somos Buenos Aires expuso fracturas, fugas y fuertes disputas en un contexto donde el sector de Abad buscó mantener el control partidario y apuntalar una estrategia electoral propia.

En el plano nacional, Abad se consolidó como una de las voces radicales más críticas del gobierno libertario. Señaló reiteradamente la “improvisación, aislamiento y falta de gestión política” del Ejecutivo, y advirtió que la falta de diálogo con gobernadores y el Parlamento debilitaba al propio gobierno. También rechazó la idea de salidas anticipadas, asegurando que “nunca me voy a subir al club del helicóptero”. Uno de los ejes centrales de su actividad legislativa fue la discusión presupuestaria. Primero pidió diálogo para el Presupuesto 2025, y a fin de año anunció que votaría en general a favor del Presupuesto 2026 pero rechazaría el Capítulo II, al considerar que eliminar el piso del 6% del PBI para educación y los fondos para ciencia “condena a la Argentina a la mediocridad”.

VICTORIA TOLOSA PAZ.

La diputada de Unión por la Patria tuvo en 2025 un año de fuerte reposicionamiento político. En los primeros meses del año, Tolosa Paz se convirtió en una de las voces más visibles del Movimiento Derecho al Futuro, el nuevo espacio impulsado por Axel Kicillof. Desde allí afirmó públicamente que “hay una etapa cerrada en la conducción de Cristina Kirchner”, cuestionando intervenciones del PJ en varias provincias y reivindicando la necesidad de renovar el liderazgo dentro del peronismo. Paralelamente, endureció su postura frente al Gobierno nacional. En repetidas intervenciones radiales y públicas criticó duramente el programa económico de Javier Milei, advirtiendo que “la Argentina está cada día un poquito peor” y denunciando el impacto del DNU 340/2025 sobre la industria pesquera y la marina mercante. También cuestionó la búsqueda de dólares vía blanqueos y el supuesto alineamiento con el FMI.

Su rol legislativo también cobró centralidad: impulsó proyectos como la declaración de emergencia en discapacidad, señalando que las políticas de ajuste del Gobierno ponían en riesgo derechos básicos, y reclamó tanto la actualización de programas laborales como la ampliación de altas paralizadas. En marzo, fue protagonista en el Congreso al promover la declaración de emergencia para Bahía Blanca y distritos afectados por el temporal, denunciando la “ausencia del Estado nacional” y reclamando que el Gobierno asuma la reconstrucción.

Protagonista en todos los grandes debates en el recinto, Tolosa Paz tuvo también un rol central en el debate por el escándalo de las muertes por fentanilo contaminado y/o adulterado. Participó como secretaria de la comisión investigadora sobre ese tema, y cerró el año consagrándose ganadora del principal Premio Parlamentario 2025 en la Cámara baja.

NICOLÁS MASSOT.

Opositor sin ruptura, crítico sin caer en el anti-mileísmo, y con un discurso institucionalista que lo posicionó como referente del espacio dialoguista, aunque distante del oficialismo, Nicolás Massot se consolidó como una de las voces opositoras más activas, críticas y técnicas dentro del Congreso frente al gobierno de Javier Milei. Comenzó el año planteando reparos severos al DNU que habilitó un nuevo acuerdo con el FMI, del cual se abstuvo en la votación. Denunció una estrategia de “extorsión” del Gobierno -primero con el miedo al retorno de Cristina Kirchner y luego con la amenaza de una suba del dólar- y criticó la falta de transparencia y límites institucionales en la negociación. Su planteo fue claro: la crisis era principalmente política, no económica, y el Ejecutivo debía reconstruir consensos con el Congreso.

Massot adquirió relevancia en el debate previsional al defender el aumento del 7,2% a las jubilaciones, resaltando que la fórmula aprobada era una iniciativa de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la UCR, y no del Gobierno. Criticó las prioridades fiscales del oficialismo, señalando que había fondos para blanqueos, exenciones de bienes personales y beneficios a autos de lujo, pero no para actualizar haberes.

En septiembre, quedó en el centro de la escena por un encendido discurso sobre el conflicto Israel–Palestina. Cuestionó al Gobierno de Milei y al canciller Gerardo Werthein por votar en contra del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de “genocida”. Sus declaraciones generaron una dura condena de la DAIA por “banalizar la Shoá”, pero al mismo tiempo recibieron un resonante elogio de Cristina Fernández de Kirchner, que calificó su intervención de “extraordinaria”.

Participó activamente de comisiones vinculadas al Presupuesto 2026, en un contexto de duros desacuerdos entre el Ejecutivo y la oposición sobre financiamiento educativo y universitario. Cuando finalmente el proyecto perdió el Capítulo XI, hizo un intento para salvar algunos de los artículos caídos incorporando parte del dictamen de minoría que él había impulsado.

JULIANA SANTILLÁN.

En pleno conflicto por el Hospital Garrahan, en junio de 2025, durante un programa de TN, tres médicas residentes explicaban que cobraban menos de $800.000 por mes, aun trabajando jornada completa y realizando guardias de 24 horas. Sostenían que con ese monto no podían cubrir un alquiler ni llegar a fin de mes, y fue en ese contexto que la diputada libertaria Juliana Santillán intervino para desacreditar el reclamo citando un dato erróneo de la canasta básica: “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC”, señaló. Pero el dato que mencionó no correspondía a una familia, sino a una persona adulta.

A pesar de que los presentes en el estudio y las propias médicas le señalaron el error en vivo, Santillán siguió sosteniendo su afirmación. Incluso insistió en que una persona “podía vivir con 360 mil pesos, incluso alquilando”. El episodio se convirtió en uno de los momentos más polémicos del año para Santillán.

MÓNICA FEIN.

En su último año de mandato como diputada nacional, su agenda estuvo atravesada por tres grandes ejes: salud y políticas sociales, defensa institucional frente al Gobierno de Javier Milei. A mediados de año impulsó el tratamiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y de la red pediátrica de todo el país. Asimismo, mantuvo una posición crítica frente al veto presidencial a leyes vinculadas con la emergencia en discapacidad y con el sistema pediátrico, acusando al Gobierno de “insensibilidad” y de haber mentido sobre el costo real de las políticas de inclusión.

Como dato principal estuvo su rol al frente de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado y/o Adulteradio, que elaboró 20 recomendaciones tras la muerte de decenas de pacientes y el hallazgo de irregularidades graves en cadenas de suministro.

JOSÉ MAYANS.

El senador formoseño denunció sistemáticamente que el Gobierno pretendía anular o clausurar el Poder Legislativo, especialmente mediante los reiterados vetos presidenciales y la ausencia de un presupuesto durante dos años. Tras una sesión clave en julio donde se aprobaron aumentos jubilatorios y reformas en discapacidad, declaró que la jornada había sido “plenamente válida” y que el Ejecutivo buscaba desconocerla para evitar rendir cuentas. En su visión, Milei gobernaba “a decretazos”, sin respetar el sistema republicano ni federal, y escondiendo el endeudamiento real del Estado mediante la falta de presupuesto actualizado.

En diciembre, Mayans fue uno de los principales artífices de la oposición al Presupuesto 2026, al que calificó como un proyecto “exprés”, “inconstitucional”, “sin visión republicana” y que pretendía “anular al Congreso”. Criticó duramente al ministro de Economía, Luis Caputo, por no presentarse a defender el proyecto, afirmando que le “tiene terror” al Parlamento.

En el final del año, dio un anticipo de lo que seguramente se vivirá el próximo año, confrontando con la flamante presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a la que acusó en plena sesión de ser “totalmente inoperante” tanto como ministra de Seguridad como jefa de bloque y de buscar “embarrar la cancha”.

Muy crítico de las intenciones oficiales de privatizar el sistema nuclear, propuso declararlo como “bien público estratégico no enajenable”.

SILVANA GIÚDICI.

En el marco de la estrategia desarrollada por el bloque Pro, ella mantuvo siempre posturas cercanas al oficialismo y fue una constante defensora de las posturas del Gobierno nacional en el recinto. Rol que oficializó cuando después de las elecciones de octubre concretó su traspaso al bloque de La Libertad Avanza, en el que es ahora secretaria Parlamentaria -la misma función que cumplía en el Pro-. Tuvo también mucho protagonismo en el tema del fentanilo contaminado, siendo impulsora de la comisión investigadora en la que ocupó la vicepresidencia.

DIEGO SANTILLI.

Participó junto a Cristian Ritondo de las negociaciones entre el Pro y La Libertad Avanza que alumbraron una alianza en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, evitó la foto con el buzo violeta en la que sí estuvo su amigo Ritondo. En esa lista conformada ocupó el tercer lugar, y luego trepó al primero, tras la renuncia de José Luis Espert. Y si bien su rostro no estuvo en la boleta que siguió exhibiendo la cara de “el Profe”, tuvo gran protagonismo y parte del triunfo de LLA en esa elección debe concedérsele.

Fue ungido ministro del Interior y desde ese cargo protagonizó las negociaciones con los gobernadores que tuvieron su correlato en la aprobación del Presupuesto 2026 a fin de año, sesiones en las que permaneció en el Congreso de la Nación, desarrollando tareas tras bambalinas.

EDITH TERENZI.

Uno de los hitos del año fue la sanción de la Ley Nicolás, proyecto impulsado por la propia senadora Edith Terenzi y aprobado en septiembre. La iniciativa establece un sistema estructural de seguridad en la atención médica, incorporando notificación obligatoria de errores, formación continua, verificación profesional e informatización de historias clínicas. Representó una victoria política y social, especialmente para las familias organizadas contra la mala praxis.

Impulsó también un proyecto que prevé la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) en el Programa Nacional de Pesquiza Neonatal, que obtuvo media sanción en el Senado y que ella misma personalmente salió apuntalar durante su tratamiento en Diputados.

Además, esta senadora alineada con el gobernador de Chubut Ignacio Nacho Torres tuvo un papel central en la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, donde presentó un dictamen alternativo con modificaciones, incorporando un nomenclador pediátrico y mayores niveles de transparencia. Si bien su propuesta generó tensiones con el kirchnerismo -que quería aprobar sin cambios la media sanción de Diputados- mostró su iniciativa técnica y capacidad de negociación.

NICOLÁS MAYORAZ.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se convirtió en una de las voces libertarias más activas y visibles dentro del Congreso. Su rol estuvo atravesado por tres grandes ejes: reforma política, seguridad y Código Penal, y disputa provincial por la reforma constitucional en Santa Fe.

Fue la voz cantante del oficialismo en la suspensión de las PASO, votada en las extraordinarias de febrero. Respaldó esa postura afirmando que este mecanismo era “la encuesta más cara del país”, con un costo superior a 150 millones de dólares.

Mayoraz asumió un rol protagónico en la agenda de seguridad y justicia, uno de los pilares del mileísmo. Diversas intervenciones lo mostraron como principal vocero del oficialismo en temas tales como el “Protocolo Antipiquetes”, y la reforma del Código Penal.

Al margen de su labor nacional, Mayoraz fue uno de los protagonistas del debate por la reforma constitucional de Santa Fe, donde fue candidato a convencional constituyente. Acusó al gobernador Maximiliano Pullaro de haber impulsado una reforma “apresurada”, sin debate social previo, con el único objetivo de garantizar su reelección. En el marco de la Constituyente, propuso transformar la Legislatura de Santa Fe en un sistema unicameral para reducir gasto político, argumentando que la bicameralidad es cara e ineficiente.

Es sin dudas un dirigente con creciente peso en el armado electoral mileísta.

ALBERTO “BERTIE” BENEGAS LYNCH.

Uno de los preferidos de los hermanos Milei, fue una verdadera sorpresa su encumbramiento como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, cargo al que accedió tras ser desplazado José Luis Espert. Su rol al frente de la misma fue ponderado por propios y extraños, aun los más críticos, que destacaron su predisposición permanente, totalmente opuesta a su antecesor. Logró emitir el dictamen correspondiente no una, sino dos veces, pues lo hizo antes y después del recambio legislativo. Y consiguió la aprobación del proyecto en la Cámara baja, claro está.

VICTORIA VILLARRUEL.

2025 fue para la vicepresidenta de la Nación un año decisivo y complejo, marcado por su aislamiento político dentro del oficialismo, fuertes diferencias con Javier Milei, una disputa abierta por recursos y presupuesto del Senado, y una presencia cada vez más orientada a un rol institucional y simbólico, más que de poder real dentro del Congreso.

Villarruel quedó progresivamente apartada de las negociaciones políticas y de los espacios de poder en la Cámara alta. La aprobación del Presupuesto 2026 fue el episodio que consolidó este cuadro: la negociación quedó completamente en manos de Patricia Bullrich, ahora jefa del bloque libertario en el Senado, junto a Diego Santilli y Martín Menem, sin participación de la vicepresidenta.

En julio, el Presidente la criticó públicamente por el supuesto uso indebido de viáticos, luego de que Villarruel no asistiera al acto central de la Exposición Rural. En la apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei llegó a retarla en vivo cuando ella intentó cerrar antes de tiempo la actividad. En todas estas situaciones quedó expuesta la degradación del vínculo político y personal.

Uno de los temas centrales del año fue la disputa abierta con el Ejecutivo por la falta de fondos para el Senado. Villarruel denunció que el Senado entraría en déficit desde diciembre; que nunca en la historia se había visto “un cero” en rubros clave del presupuesto, y que Diputados -presidido por Martín Menem- sí tenía reconocidas partidas que al Senado le fueron negadas. Desde el Gobierno se atribuyó la situación a una “readecuación de partidas”, pero reconocieron que no podían modificar formalmente el Presupuesto 2026.

Sobre el final del año, Milei excluyó a Villarruel de un aumento salarial dispuesto para funcionarios, manteniendo “indefinidamente” congelado su sueldo, en una señal directa de distanciamiento.

A medida que era desplazada del centro de decisiones, Villarruel reforzó su presencia pública mediante gestos institucionales y religiosos, como la inauguración del Oratorio “Mamá Antula” en el Senado.

MARÍA PAZ BERTERO.

Tras el desplazamiento de la anterior defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Congreso se abocó a la selección de un sucesor, siendo elegida en la bicameral correspondiente María Paz Bertero, cuya designación ya tiene media sanción de Diputados alcanzada el 8 de octubre pasado. Contra los deseos del oficialismo, que en boca de Nicolás Mayoraz la rechazó vivamente. Resta que el Senado le dé su aval para que se convierta oficialmente en defensora del Menor.

VALENTINA BASSI.

Elegimos a la actriz en representación de los miles de familiares de discapacitados que presionaron por la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Valentina Bassi participó activamente en las movilizaciones que consiguieron el apoyo de la mayoría de los legisladores, al punto tal de lograr el rechazo del veto presidencial. El papel de Bassi fue más allá, porque estrenó una película sobre el autismo y como tantos otros, llamaron personalmente a los legisladores para conseguir su apoyo.

La noche del viernes, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, pero lo hizo renunciando a un horizonte de país deseable. Con el artículo 30, el oficialismo derogó los pisos mínimos de inversión en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional. No es un hecho menor ni meramente técnico: es un hecho político de enorme peso simbólico y totalmente regresivo.

Es cierto que algunos de esos artículos no se cumplieron cabalmente en los últimos años, pero eso no los vuelve irrelevantes. Al contrario, su vigencia obligaba y marcaba una hoja de ruta e inversión. Eran un compromiso del Estado a largo plazo, más allá de quién gobernara. Al derogarlos no están “sincerando” la realidad, sino que la empeoran.

La coyuntura económica y el objetivo deseable de equilibrio fiscal, como mucho podrían haber dado lugar a la suspensión de los artículos. Prefirieron derogarlos porque no creen en ellos, violando la Ley de Administración Financiera que prohíbe taxativamente hacerlo en una ley de presupuesto.

Milei, Sturzenegger y Caputo saben bien que lo simbólico construye lo real. La eliminación de estos artículos no tiene efectos presupuestarios inmediatos, pero hace que la educación, la ciencia y la técnica dejen de ser prioridades del Estado. Es correr el piso y bajar la vara, naturalizando el ajuste en estas áreas como horizonte permanente.

Con esa misma tozudez fue que en Diputados intentaron voltear el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. No lo lograron. Ahora, en cambio, la estrategia decadente de carancheo y transfuguismo del Gobierno fue efectiva. Y es un retroceso profundo, aunque algunos senadores y gobernadores intenten maquillarlo con tecnicismos, necesidades de gestión u obras de cordón cuneta.

Detrás de la excusa de la austeridad está la resignación. Podíamos tener un presupuesto aprobado con equilibrio fiscal sin resignar este horizonte de inversión en ciencia, desarrollo y formación de nuestro capital humano.

No tengo dudas de que todo pasa, y esto también pasará. Tarde o temprano, los argentinos vamos a recuperar el sentido y reconstruir los oficios del lazo: educar, cuidar y curar.

Mientras la Justicia no registra avances significativos en la causa por la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados, publicó este lunes un extenso y duro pronunciamiento en el que sostuvo que ya está confirmada la existencia de una relación contractual entre Hayden Davis y el Gobierno de Javier Milei.

El planteo del legislador opositor se apoya en la investigación periodística publicada por Mariano Vidal en Clarín, que reveló que el impulsor de $LIBRA firmó un acuerdo confidencial con el presidente para desempeñarse como asesor ad honorem del Estado argentino, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda que luego terminó en escándalo.

Ferraro vinculó directamente esa revelación con las conclusiones alcanzadas por la Comisión Investigadora $LIBRA y volvió a cuestionar la inacción judicial, al tiempo que reclamó una segunda etapa de investigación política en el Congreso.

El posteo completo de Ferraro

En su cuenta de X, el diputado nacional publicó el siguiente texto:

“$LIBRA: MIENTRAS LA JUSTICIA NO AVANZA, SE CONFIRMA LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE HAYDEN DAVIS Y EL GOBIERNO DE MILEI

Hoy el periodista Mariano Vidal confirmó en Clarín que existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado.

Nada fue casual ni improvisado, todo se sabía. La relación de Davis con Milei no fue ocasional ni de un solo día. Hubo más de 16 reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, con participación de los organizadores de $LIBRA en la Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en varias de ellas del propio Davis, junto a Javier o Karina Milei, quienes hasta ahora han preferido el silencio absoluto frente a los requerimientos y preguntas que les hicimos desde la Comisión Investigadora, y a casi un año no han sido citados por la Justicia.

Además, se verificaron transacciones de criptoactivos en momentos clave, que también fueron analizadas por la Comisión Investigadora en su reunión del 4/11/25 y quedaron incorporadas en el informe final: durante el Tech Forum, tras la reunión del 30 de enero en Casa Rosada y en la semana previa al lanzamiento de $LIBRA, que tuvo lugar el 14 de febrero desde Dallas, donde Novelli y Terrones Godoy estuvieron presentes. En cada una de esas transacciones hubo sospechosos intermediarios que funcionaron como rampas de salida del dinero, que según el informe elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) ‘podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos’.

Con toda esta información pública, y comprobados los encuentros y las relaciones entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios públicos del Estado argentino, resulta increíble e inadmisible que la Justicia siga sin citarlos, sin investigar la participación institucional del Estado ni el rol de sus máximos funcionarios, sin determinar los cruces de llamadas y comunicaciones entre los organizadores de $LIBRA con el Presidente y su círculo más cercano.

Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor. La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”.

El contrato confidencial revelado por Clarín

La publicación de Clarín confirmó que Hayden Davis, titular de la firma Kelsier Ventures y principal impulsor de $LIBRA, firmó un acuerdo confidencial con Javier Milei el 30 de enero de 2025, durante una reunión en Casa Rosada que quedó registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”.

Según la investigación periodística, el contrato —redactado en español y firmado por Davis y Milei— nombraba al empresario estadounidense como asesor especializado ad honorem para la Argentina, pese a que Davis no domina el idioma. El documento estaba fechado el 29 de enero, un día antes de la reunión, y establecía compromisos en materia de blockchain, inteligencia artificial, digitalización del Estado, contratos inteligentes y capacitación de funcionarios públicos.

El acuerdo incluía además una cláusula de confidencialidad absoluta, lo que explicaría por qué nunca fue informado oficialmente ni mencionado por el Presidente, incluso después de estallar el escándalo por el lanzamiento de $LIBRA.

La nota de Clarín reconstruyó además el vínculo sostenido entre Davis y el entorno presidencial. El empresario estadounidense ingresó en reiteradas oportunidades a Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, muchas veces autorizado por Karina Milei, acompañado por los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron como nexo local del proyecto.

Tal como había señalado la Comisión Investigadora, durante esos encuentros se produjeron transacciones en criptomonedas en momentos clave, incluyendo el día de la reunión del 30 de enero y en la previa del lanzamiento del token el 14 de febrero en Dallas. Según informes oficiales citados por Ferraro, esas operaciones “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.

El rol del Congreso y la investigación pendiente

Para Ferraro, la confirmación del contrato entre Davis y Milei refuerza la hipótesis de que el caso $LIBRA no fue un episodio aislado ni una simple promoción imprudente en redes sociales, sino una trama con implicancias institucionales que aún no fueron esclarecidas.

En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica volvió a reclamar que el Congreso retome su función de control, ante la falta de avances en la Justicia argentina, donde —según remarcó— ni el Presidente ni su entorno más cercano fueron citados a declarar, pese a la abundante información reunida.

La Comisión Investigadora $LIBRA cerró su primera etapa con un informe que dejó múltiples interrogantes abiertos. Para Ferraro, la revelación del acuerdo confidencial vuelve a poner el caso en el centro de la escena política y reactiva el debate sobre las responsabilidades del Gobierno en uno de los escándalos más sensibles de la gestión Milei.

Detrás del noble fin que muchos compartimos de garantizar el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, el Gobierno y La Libertad Avanza quieren hacer pasar a las apuradas la ley de “regla fiscal”, con un texto choca abiertamente con la Constitución, vacía al Congreso y concentra poder en el Ejecutivo en materia presupuestaria y fiscal.

Hoy lo trata la Comisión de Presupuesto y Hacienda y mañana lo llevan al recinto, a pesar de estos puntos, que me parecen gravísimos y que me hacen creer que pocos lo han leído o estudiado:

1.- Disciplinamiento del Congreso: El proyecto pretende condicionar y ponerle un cepo al debate y sanción de leyes sobre prioridades presupuestarias. Con exigencias previas al debate en comisión o con vigencia condicionada de las leyes, lo que están haciendo con esta simple ley es alterar el espíritu y el texto constitucional, que establece claramente cómo es el proceso de sanción y formación de las leyes en la Argentina.

2.- Superpoderes al jefe de Gabinete: Lo habilitan a recortar y modificar el presupuesto que vota el Congreso, sin límites, sin topes y sin control ex post. Así, el Congreso solo hará el acto formal de aprobar un presupuesto que después el Ejecutivo va a poder borrar con una lapicera. Esto es usurpación y concentración de funciones constitucionales.

3.- Inventan nulidades absolutas e insanables que no existen: Pretenden declararlas automáticamente para las leyes que no se ajusten a la “regla fiscal”, pero las nulidades absolutas e insanables están expresamente reservadas por la Constitución. Una ley ordinaria no puede inventar nuevas nulidades ni colocarse por encima de leyes futuras del Congreso.

4.- Amenazan a los legisladores con el Código Penal: Estiran y abusan del artículo 36 de la Constitución, que sanciona delitos gravísimos contra el orden democrático, como los de lesa humanidad o la corrupción estructural, y lo utilizan como herramienta de amenaza y disciplinamiento político.

5.- Modificaciones penales sin debate penal: Crean nuevos tipos de delitos y ni siquiera envían el proyecto a la Comisión de Legislación Penal. Todo se va a cocinar en Presupuesto y Hacienda, esquivando a propósito a los diputados especialistas en materia penal. Si lo hicieran, este disparate no pasaría ningún control serio.

6.- Disciplinan al Congreso, pero para el Ejecutivo no hay prohibición: Hablan de estabilidad monetaria, pero no se animan a prohibir de verdad el gasto vía emisión del Banco Central. No modifican la Carta Orgánica ni restringen los adelantos transitorios; apenas expresan que el Ejecutivo “deberá abstenerse” de pedirlos. Justo donde más daño se hizo, la limitación es tibia y decorativa.

Estamos a tiempo de evitar este papelón. Con estudio, diálogo y respeto por la Constitución, se puede construir una regla fiscal seria y sostenible. Otros países lo hicieron y Argentina también puede hacerlo.

Ojalá que los diputados del presidente sean algo más que levantamanos y demuestren que pueden leer el proyecto, estudiarlo y evitar una ley que nacería muerta por inconstitucional.

Si no lo hacen, entonces la regla fiscal será circo para la tribuna, cepo al Congreso y concentración en el Ejecutivo. Las leyes en la República tienen que ser pensadas más allá del propio gobierno, tienen que ser sostenibles en el tiempo, pero con esta redacción eso no va a pasar.

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo político. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso que analizó el caso, aseguró que el lanzamiento del token “fue lujosamente premeditado” y volvió a poner bajo la lupa la presunta vinculación directa del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano con el negocio cripto que terminó en colapso.

Ferraro se hizo eco de la investigación publicada por el periodista Mariano Vidal este domingo en Clarín, que reconstruyó con precisión el detrás de escena del lanzamiento de $LIBRA, realizado el 14 de febrero en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, un resort de ultra lujo ubicado en las afueras de Dallas, Texas. Allí, un equipo operativo de más de 25 personas —encabezado por el empresario estadounidense Hayden Davis— montó una base logística para lanzar el token que minutos después sería promocionado desde la cuenta oficial del presidente argentino.

“Nada fue improvisado. El despliegue fue directamente proporcional al volumen del negocio”, afirmó Ferraro en un posteo en X, donde detalló cenas de trabajo de más de 50.000 dólares, alquiler de villas privadas, reuniones en estadios de la NBA y un entramado de contactos que, según sostuvo, se desarrolló “en contacto directo y permanente con Javier Milei y su entorno, antes, durante y después del desenlace de $LIBRA”. 

Dallas, lujo y criptomonedas

La investigación periodística describe una escena poco habitual para un lanzamiento financiero convencional: veinteañeros millonarios, laptops abiertas contrarreloj, música rap sonando de fondo y un clima de euforia contenido en un salón privado del Ritz-Carlton. A las 16.37 (hora local), el token fue finalmente lanzado. Veintitrés minutos más tarde, Milei lo promocionó en su cuenta de X.

En el lugar estaban, además de Davis, los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como nexos entre el creador del token y el presidente. Ambos aparecen en fotografías del evento y, según el testimonio recogido por Clarín, entraban y salían del salón mientras mantenían contacto directo con Milei.

El token pasó en minutos de valer centavos a alcanzar una valuación cercana a los 4.000 millones de dólares, antes de desplomarse de manera abrupta. La caída desató acusaciones de estafa, denuncias judiciales en Argentina y en Estados Unidos y un escándalo político que el Gobierno nunca logró desactivar del todo.

Reuniones, vínculos y sospechas

Ferraro recordó que, de acuerdo con la investigación parlamentaria, hubo al menos 16 encuentros previos entre los organizadores de $LIBRA y Milei o su hermana Karina Milei, tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Uno de ellos, incluso, se habría extendido por más de seis horas.

“No tengo dudas de que formaron parte de un paso a paso que los llevó a involucrarse directamente como pieza central en un negocio millonario, reservado a unos pocos con información privilegiada”, afirmó el legislador de la Coalición Cívica.

La Comisión Investigadora logró además identificar movimientos cripto millonarios vinculados a billeteras asociadas a Novelli y Terrones Godoy, incluyendo transferencias que coinciden con reuniones mantenidas en Casa Rosada. Pese a esos hallazgos, ninguno de los involucrados aceptó declarar ante el Congreso y la comisión dejó de funcionar el 10 de diciembre, tras presentar un informe final lapidario.

Justicia bajo presión

En ese informe, la Comisión señaló una “colaboración imprescindible” del presidente en el esquema y sugirió que el Congreso evalúe su conducta por mal desempeño. Sin embargo, el Ejecutivo desconoció la comisión y la Justicia no habilitó el uso de la fuerza pública para citar testigos.

En paralelo, la causa judicial avanza con dificultad. Los abogados de los damnificados pidieron la recusación del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de dilatar medidas clave y de no citar a declarar a los empresarios señalados como intermediarios. En Estados Unidos, la investigación también enfrenta obstáculos procesales.

“Aunque evadieron a la Comisión Investigadora, los hechos son sagrados”, remarcó Ferraro. Y concluyó con una advertencia que resume el trasfondo político del caso: “Que la Justicia deje de mirar para otro lado e investigue al poder cuando está en el poder”.

A diez meses del lanzamiento fallido de $LIBRA, el escándalo sigue abierto. Con ganadores, perdedores y millones de dólares todavía bajo sospecha, la trama cripto amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos del vínculo entre el Gobierno libertario y el mundo financiero digital.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, posteó en vísperas de la reunión de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA su presidente, Maximiliano Ferraro. Allí anticipó que el informe final “incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

La reunión está prevista para este martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, y será el último escalón recorrido por esta comisión que a lo largo del año trabajó con altibajos, pues recién pudo meterse de lleno en tema a partir de que pudo designar autoridades, el 28 de agosto pasado, convocada a instancias del pleno, que emplazó a resolver las autoridades de la comisión mediante un sistema votado en el recinto.

Le siguieron a esa reunión otras nueve y la de este martes será la décima, en la que se dará a conocer un informe final que será elevado a Diputados antes del 20 de noviembre. Un expediente que, según se sabe, cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, testimonios, documentos de exchanges, informes técnicos y dictámenes.

La comisión investigó activamente durante los tres meses posteriores. Entre los testimonios más reveladores, cabe recordar el de Martín Romeo, damnificado y querellante, quien relató que 86% de los inversores perdió casi todo su dinero en menos de 12 horas, por un total de USD 280 millones retirados del mercado.

En ese marco, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomoneda, sostuvo que no hubo estafa, lo que generó visiones contrapuestas.

En rigor, esos testimonios se conocieron ya no en los últimos tres meses, sino en la reunión informativa celebrada el 25 de junio, cuando también se había emplazado a la comisión a avanzar con la investigación aun cuando no tenía autoridades. Esa reunión fue encabezada entonces por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, y allí expusieron también Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas.

Solo una interpelación de cuatro

Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.

Añadió, también, que “tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”. Y cerró respondiendo a las acusaciones contra su persona: “como jefe de Gabinete, no tuve ningún rol en esta cuestión”.

El jefe de Gabinete hizo referencias a la comisión investigadora señalando que “en un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional”, y enfatizó que “la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control sobre los poderes del Estado”. “No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, agregó Guillermo Francos, quien, además, indicó que “de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces y Ministerio Público Fiscal”.

“Desinterés” oficialista

La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.

Tampoco los diputados de La Libertad Avanza mostraron mayor interés en el trabajo de la comisión, y sobre el final, la diputada Alida Ferreyra definió el proceso como “nulo”, denunciando vulneración de garantías. En contrapartida, Sabrina Selva, quien fuera sugerida como titular de la comisión por Unión por la Patria, defendió la participación de la Justicia. La diputada bonaerense expuso que 36 billeteras superaron ganancia de un millón de dólares y apuntó a una presunta “cooperación” para monetizar imagen presidencial.

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Mauricio Novelli, recibiendo USD 300.000 en noviembre 2024 y USD 250.000 en enero 2025.

La comisión reaccionó con medidas legales y recursos extraordinarios. Presentó uno ante la Corte Suprema para permitir uso de fuerza pública frente a bloqueos procesales, como así también denuncias penales contra un grupo de funcionarios: desde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta autoridades de la UIF, CNV, y figuras judiciales.

Según el diputado Juan Marino, existen “indicadores de mal desempeño” en Milei y su entorno, tras analizar decenas de órdenes de pago, incluidas hasta 140.000 billeteras.

Los medios especializados sostienen que el 85 o 95% de las inversiones se volatilizaron rápidamente, describiéndolo como un “rug-pull” impulsado por el tuit presidencial emitido el viernes 14 de febrero.

Enfrentamiento con el juez

La actitud del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi frente a la Comisión Investigadora del Congreso por la causa $LIBRA fue, para los miembros de la oposición que la integran, claramente obstructiva y restrictiva. Negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora, argumentando que el sumario judicial es secreto para terceros y que divulgar información podría frustrar la investigación. Se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también se opuso al acceso irrestricto solicitado por los diputados. También rechazó pedidos clave: no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.

Su fallo fue calificado como un “no fallo” por especialistas, por usar formalismos para evitar avanzar en la instrucción y bloquear el control institucional del Congreso. En el Congreso se interpretó como un “fallo político”, ya que la negativa se produjo justo después de las elecciones, lo que generó sospechas de protección al entorno presidencial de Javier Milei.

La comisión aprobó pedir el jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano por obstrucción e incumplimiento de deberes. Pero este lunes Maximiliano Ferraro junto a sus pares Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino visitaron la Fiscalía N.º 3 y le entregaron al fiscal Taiano prueba relevante para la investigación que está llevando adelante en la Justicia. “Le manifestamos que nos hubiera gustado poder reunirnos antes, pero como hoy presentábamos el informe final, consideramos fundamental acercarle toda esta última información. Entre lo aportado, incluimos información que podría estar vinculada a pagos indirectos a funcionarios públicos, tal como surge de la línea de investigación a cargo de la Fiscalía y que se relaciona con una de las supuestas cuevas cripto. Hicimos este aporte teniendo muy en claro cuáles son nuestras competencias y cuáles son las de la Justicia, y, en este caso, las del fiscal a cargo”, señaló Ferraro este martes.

¿Qué sigue tras el informe final?

La comisión elevará el expediente al juzgado federal a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, abiertos a continuar las causas en la órbita judicial.

Según pudo saber parlamentario.com, el informe incluirá:

• ■ Conclusiones sobre fraude y mal uso de atribuciones.
• ■ Recomendaciones para reformar regulaciones de criptomonedas.
• ■ Propuestas judiciales, incluyendo denuncias y recurso contra bloqueos procesales.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro volvió a reclamar a través de sus redes sociales por la ley de prevención de la ludopatía infantil, con media sanción de Diputados y que espera su tratamiento en el Senado. Aunque el año que viene conservará vigencia, el recambio parlamentario pone en alerta a los impulsores de la norma, atento que el oficialismo se opone al proyecto que salió hace un año atrás.

El porteño publicó este miércoles una carta abierta a los senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta, titulada “No va más, la ludopatía no es un juego”.

“Hace un año, la Cámara de Diputados dio un paso fundamental al aprobar por amplia mayoría la media sanción de la ley de prevención de la ludopatía. Fue un consenso transversal, nacido de escuchar a especialistas, docentes, profesionales de la salud, familias y jóvenes que dieron testimonio del daño que las apuestas están generando en miles de pibes y pibas de todo el país”, arrancó.

En ese sentido, remarcó que “hoy es el Senado el que tiene la responsabilidad y la obligación de convertir esa media sanción en ley. No mirar para otro lado también es una forma de cuidar”.

“No se trata de un tema menor ni de una cruzada moral, hablamos de salud pública, de salud mental, de educación y de protección de derechos. Hablamos de chicos endeudados, de familias destruidas, de un negocio multimillonario que crece a costa de la vulnerabilidad de los más jóvenes”, advirtió el legislador.

Sobre la iniciativa, destacó que la misma “pone límites claros: prohíbe la publicidad, el patrocinio y los sponsoreos del juego online, especialmente en redes sociales, transmisiones deportivas y espacios donde hay presencia de menores. Porque no podemos seguir permitiendo que las apuestas se instalen en la vida cotidiana de los pibes como si fueran parte del juego o del deporte”.

“Estamos a pocos días de que termine el período legislativo. Qué bueno sería que, más allá de las diferencias, se pongan de acuerdo y traten esta ley sobre tablas, que muestren un rostro humano ante un problema que atraviesa a todas las familias argentinas”, pidió.

Ferraro consideró que no se puede dejar que “los intereses del lobby de las empresas del juego ni el afán recaudatorio del Estado pesen más que la salud mental y el futuro de los pibes y sus familias”. “Cada día que pasa sin esta ley es un día más en el que perdemos chicos en silencio”, agregó.

“Senadoras y senadores: tienen la oportunidad, la responsabilidad, de hacer lo correcto. De elegir la salud antes que el negocio, y la vida antes que la indiferencia”, subrayó y reconoció a un grupo de periodistas que “se animaron a poner este tema en la agenda pública” y “le dieron voz a una problemática que muchas veces se pretende ocultar detrás de la publicidad y el negocio”.

También envió un “reconocimiento muy especial a cada uno de los testimonios que escuchamos en el plenario de comisiones de Diputados y, en particular, a la Conferencia Episcopal Argentina, a Monseñor Ojea y a Monseñor Colombo, por su compromiso, claridad y coraje para señalar los riesgos de esta adicción que destruye vidas y familias”. “No hay libertad posible en la adicción”, concluyó en su posteo.

De cara a la última reunión el próximo 18 de noviembre, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aseguró que habrá "un informe muy contundente" y manifestó que los miembros que participaron del proceso están "muy conformes con el trabajo que pudimos hacer todos estos meses, pese a un camino lleno de obstáculos puestos por La Libertad Avanza y sus aliados".

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica destacó "la transversalidad política y responsabilidad con la que se trabajó ".

Sobre las conclusiones y recomendaciones a futuro, adelantó: "Tenemos que poder recomendar a la Cámara de Diputados una segunda etapa de la comisión investigadora". Y llamó a "ser perseverantes en la búsqueda de la verdad", al tiempo que el Congreso no pierda su rol de contralor político.

Respecto de la investigación, el porteño señaló que se confirmó información sobre "la conexión de (Hayden) Davis, (Manuel) Terrones Godoy, (Mauricio) Novelli y el dueño de una cueva financiera cripto en fechas muy relevantes, que coinciden con todo lo que atravesó al proyecto $LIBRA hasta lo que fue la publicación del presidente el 14 de febrero" a través de la red social X.

"Estamos hablando de una trazabilidad de dinero de alrededor de 3 o 4 millones de dólares", precisó y continuó: "Esto ratifica nuestro trabajo, que lejos de entorpecer el trabajo de la Justicia y teniendo muy claro cuál es el rol del Congreso, fortaleció la búsqueda de la verdad y activó de una buena vez por todas al fiscal (Eduardo) Taiano y al propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi".

Además, Ferraro ratificó que presentarán las denuncias correspondientes contra el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó para investigar al presidente; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Al recordar antecedentes de comisiones investigadoras, bajo gobiernos de distintos signos, el diputado apuntó que "distintos funcionarios nunca se negaron a venir a brindar información" como sí sucedió en este caso, en "una clara maniobra de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizó.

Y sumó que presentarán "un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque fue inaudito esta decisión del juez Martínez de Giorgi" de negarse a brindar asistencia a la comisión mediante la fuerza pública.

Tras el pedido de las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos elevados para detener a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También fue denegado el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.

Sobre la petición elevada por Maximiliano Ferraro, en su rol de presidente de la comisión, De Giorgi consideró que no hay legitimación para acceder al expediente. “Podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”, señaló el dictamen del juez, quien también mencionó que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.

Respecto a los pedidos de detención, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy. “No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”, explicaron desde el Juzgado.

El denunciante señaló que ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México, y también alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.

Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Por su parte, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA deberá elevar el informe final la próxima semana, tal como definió el proyecto de resolución.

A pocos días de la presentación del informe final, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para solicitar avalar nuevas medidas de pruebas. Del mismo modo, fueron recibidos los oficios de las billeteras virtuales Binance y Gate.io en las que corroboraron que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli realizaron transferencias desde cuentas que operaron por más de 120.000 dólares un día después de la difusión del token $LIBRA.

Asimismo, los diputados presentes en la Sala 1 del Anexo señalaron que “dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”. “Lo de $LIBRA no fue casualidad, ni sorpresa. El presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”, agregó Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión.

Super honoured to take the stage at Tech Forum Argentina to share about KIP and our vision of a decentralised AI future!

And super lucky to be able to take the stage just before President Milei. His speech was like a rock concert! pic.twitter.com/N8m0EdJldS

— Julian @ 𝗞𝗜𝗣 ㊋⫸ (@julian_kip) October 20, 2024

Por otro lado, mencionaron que la información remitida por las plataformas exchange, detectaron que en el token $KIP, promovido por la empresa KIP Protocol de Julián Peh, contó con la participación activa de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el presidente de la Nación, Javier Milei, quien lo difundió públicamente.

“En esa operatoria del 9 de diciembre, los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del presidente y se retiraron con ganancias millonarias, más de 600 mil dólares, exactamente el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA”, afirmaron los legisladores presentes en la reunión informativa.

En el final, los vocales presentes aprobaron la solicitud de nuevos oficios a otras tres plataformas; la insistencia en las citaciones a familiares de Mauricio Novelli por movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA; y la remisión de toda la información al juzgado que investiga el Caso $LIBRA y la presunta participación de funcionarios.

 

Después de ocho días de aprobadas, la Cámara de Diputados giró las leyes votadas en el recinto la semana pasada y la oposición en el Senado buscará debatirlas antes de que se celebren los comicios electorales el próximo 26 de octubre. Se trata de la reforma a la Ley de DNU, la designación de la defensora de los derechos del menor y la declaración de emergencia en el Sistema de Ciencia y Tecnología, entre varios temas más.

Desde la Cámara alta confirmaron el arribo de los expedientes cerca de las 17 de este jueves. Según supo parlamentario.com, la intención del interbloque de Unión por la Patria y los legisladores opositores es que estas órdenes estén contempladas en el temario de una sesión ordinaria que podría ser el próximo jueves 23 de octubre.

El tema principal es, sin dudas, el proyecto sobre la reforma a la Ley 26.122 -que regula los DNU, decretos delegados y de promulgación parcial de leyes-, que resultó con el artículo 3 rechazado y obligó su vuelta al Senado, cámara de origen.

Sobre la tardanza del envío, fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados insistieron en remarcar que la labor de la Secretaría Parlamentaria no cuenta con los mismos ritmos que "los de los medios", sumado a que la semana pasada hubo un feriado.

"La sesión no solo venía cargada de muchos expedientes, sino que se agregó el tema (José Luis) Espert", dijeron desde el entorno de Menem a parlamentario.com, en alusión a la reunión en la que se aprobó el pedido judicial para medidas de prueba en torno al diputado con licencia.

Además de la reforma de la Ley de DNU, en la última sesión de Diputados recibieron media sanción un proyecto que declara la emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; otro sobre creación del Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras demencias; y la declaración como “héroe nacional” del brigadier Estanislao López “Patriarca del Federalismo Argentino”.

También, por impulso de la exlibertaria Marcela Pagano, se aprobó un proyecto para declarar la "nulidad absoluta e insanable" de la cláusula de suspensión para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad del decreto 681/25, en su artículo 2.

El reclamo de la oposición por la demora

"Trascendidos periodísticos indican que el expediente aprobado continúa retenido en la Presidencia", cuestionó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, a través de una nota enviada al riojano, en la que le exige "la inmediata comunicación al Senado". Y agregó que "no corresponde que su trámite quede demorado o sujeto a la discrecionalidad administrativa".

También, la diputada massista Mónica Litza alzó la voz para reclamar: "No puede seguir cajoneando lo que por ley corresponde comunicar. La democracia exige transparencia y respeto institucional, no maniobras dilatorias". También acusó al riojano de "no cumplir" con el reglamento.

La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, a través de su presidente, Maximiliano Ferraro (CC), presentó un recurso de apelación con reserva de caso federal contra la resolución del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.

El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.

Ejes centrales de la apelación:

• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.

• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.

• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.

El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.

Después de haber sufrido un revés judicial, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para reafirmar la intención de que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional asistan al debate y se aprobó la apelación a la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi para volver a exigir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.

A última hora de este lunes, el juez federal emitió resolución donde informó que “el pedido es improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión Investigadora.

Cabe recordar que, para esta reunión, el organismo parlamentario había resuelto receptar la declaración testimonial de Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia; Demian Reidel, ex titular del Consejo de Asesores de Javier Milei; Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, emprendedores del universo crypto; y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, la Investigadora había convocado a exponer a Hayden Davis, Diógenes Casares, Julián Peh y Charles Hoskinson.

Por otro lado, resolvieron oficiar a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.

“El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno”, cargó Ferraro a través de X.

Los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina.

El texto, elaborado junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas -espacio que agrupa a más de 80 instituciones- y acompañado por otros 20 legisladores de diferentes fuerzas políticas, busca compatibilizar la actividad agrícola con la tutela de la salud y el ambiente.

La iniciativa se apoya en un amplio consenso alcanzado entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que le otorga un carácter federal y plural. "Viene a cubrir un vacío normativo y ofrece un marco común que aporte previsibilidad, transparencia y confianza, tanto para la ciudadanía como para los actores productivos. De esta manera, se busca garantizar que la producción agropecuaria pueda desarrollarse de manera innovadora, competitiva y sostenible, en equilibrio con la protección de la salud y el ambiente", destacaron sus impulsores.

En tal sentido, Benedetti resaltó que no se trata exclusivamente de responder las demandas sociales, sino también de “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.

El núcleo de la propuesta es la implementación de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Esto significa que cada aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta de un profesional matriculado. Con ello se asegura trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad en cada práctica, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable en relación con comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas.

A tal efecto, el proyecto diseña un marco regulatorio con protecciones mínimas que regirán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las potestades que las provincias tienen para incrementar esa protección teniendo en cuenta su geografía y particularidades locales.

El texto establece además la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, categorías territoriales que permiten ordenar de manera objetiva y transparente el uso de fitosanitarios según la cercanía con poblaciones, escuelas rurales, centros de salud o áreas de valor ambiental y cultural. A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. También se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control de los equipos aplicadores.

“La propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible, y además ofrece un marco que tiene por objetivo cuidar la salud de la población, asegurar transparencia en la información y garantizar la continuidad”, destacó Ferraro.

La iniciativa contempla también que los productos a utilizar sean exclusivamente aquellos autorizados por el SENASA, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, garantizando un control estricto sobre la legalidad y la seguridad de los insumos empleados, como también de sus equipos aplicadores y la capacitación obligatoria y periódica de quienes los operan.

De este modo, la propuesta eleva los estándares de seguridad y trazabilidad en la aplicación de fitosanitarios, garantiza la protección de la salud y del ambiente, y brinda un marco claro y uniforme para toda la actividad agropecuaria del país, respetando las particularidades provinciales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.