El Congreso de la Nación se iluminó este domingo color naranja en adhesión y apoyo a la campaña de concientización por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La iniciativa es de la diputada Mayda Cresto.
Por iniciativa de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, este domingo 30 de mayo el frente del Congreso de la Nación se iluminó color naranja en adhesión y apoyo a la campaña de concientización por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
La acción es impulsada por la Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM) que, bajo el lema #iluminEMosLatinoamerica, desarrolla por tercer año consecutivo una campaña conjunta con diferentes organizaciones de más de 15 países de América Latina.
La Cámara baja acompaña la iniciativa mediante un proyecto de resolución de la diputada Mayda Cresto (FdT) para “declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la actividad a realizarse el 30 de mayo por la Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple, “IluminEMos Latinoamérica”, en conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple”.
Con ese propósito, se iluminan de color naranja distintos edificios emblemáticos y puntos de referencia de la Argentina y Latinoamérica, buscando que los países y las ciudades de la región queden simbólicamente “conectados”. Además del Congreso Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires se iluminarán la Casa Rosada, el Puente de la Mujer y el Monumento a los Españoles, así como numerosos edificios públicos de distintos municipios de nuestro país que, a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), adhirieron a la jornada de concientización.
EM es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por la destrucción y pérdida de mielina, lo que genera cicatrices (esclerosis) que se manifiestan en muy diversos síntomas (múltiple) y es por este motivo conocida como la enfermedad de “mil caras”.
Alrededor del mundo se han iluminado de color naranja edificios y puntos de referencia tales como: Palacio de Gobierno y Legislatura de la Provincia de San Juan, Argentina; Palacio de la Moneda, Sede del Gobierno Nacional y otros 10 edificios, Chile; Palacio de los López, Sede del Poder Ejecutivo y Secretaría Nacional de Cultura, Paraguay; Cataratas del Niágara, Canadá; Titan Cranes, Reino Unido; Torre Blanca, Grecia; Torres Comerciales, Arabia Saudita; Puente Kurilpa Bridge en Brisbane, Australia; Universidad de El Cairo, Egipto.
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
El Frente de Todos evalúa propuestas para que la virtualidad quede plasmada en el reglamento, en lugar de tener que renovar el protocolo actual.
El bloque de diputados del Frente de Todos impulsará una reforma del reglamento de la Cámara baja para incorporar las sesiones virtuales en esa normativa en lugar de continuar con la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, como viene aplicándose debido a la pandemia del Covid-19.
El oficialismo se encolumnaría detrás de una iniciativa de la entrerriana Mayda Cresto, presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la que tiene a su cargo las reformas al reglamento interno.
La propuesta de Cresto -que podría tratarse en la comisión la semana próxima- modifica dos artículos, el 14 y el 106, para habilitar el tratamiento virtual de proyectos tanto en las comisiones como en la instancia de sesiones, siempre en casos excepcionales.
El artículo 14 actual establece que “los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor”.
Pero la oficialista propone un agregado que indica que “cuando la Cámara se encontrase imposibilitada de realizar sesiones presenciales, las mismas se llevarán a cabo de manera telemática”, y “la Presidencia proporcionará la plataforma de conexión, que permitirá continuar con total normalidad su funcionamiento”.
Además, se contempla que “las sesiones telemáticas por fuerza mayor deben ser declaradas por resolución de Labor Parlamentaria con el voto de la mayoría de los presidentes de bloque que representen la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara”.
El otro artículo que se pretende modificar es el 106, estableciendo que “si por situaciones de fuerza mayor, las comisiones se encontrasen imposibilitadas de realizar sus reuniones presenciales, las mismas se realizarán de manera telemática con la previa autorización de la Presidencia del cuerpo” a solicitud del titular de la comisión.
“Las autoridades garantizarán las medidas necesarias para proveer de todo lo necesario para el desarrollo de las mismas”, añade la propuesta.
El Protocolo de Funcionamiento Virtual fue renovado por última vez el pasado 8 de septiembre por los jefes de bloque, tras un acuerdo alcanzado luego de la polémica sesión que fue judicializada por Juntos por el Cambio.
La prórroga fue por 30 días hábiles, por lo que el vencimiento sería hacia fines de octubre, y además se estableció que a pedido de uno de los bloques políticos, los debates podrán ser presenciales.
De todos modos, se aclaró que los diputados que integren grupos de riesgo podrán excusarse de asistir al recinto -debería buscarse uno más amplio que el habitual-, y aquellos legisladores que fundamenten su decisión de ausentarse, también podrán hacerlo.
A través de una iniciativa, la diputada Mayda Cresto tiene en cuenta a esos trabajadores temporarios. Tratándose de gente que solo tiene empleo registrado unos meses al año.
La diputada entrerriana Mayda Cresto (PJ) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para dar continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” a los trabajadores rurales temporarios de las economías regionales que realicen cosechas durante la pandemia del Covid-19. “Creemos necesario garantizar el cobro del IFE para los trabajadores que tienen empleo registrado sólo algunos meses del año”, señaló la legisladora nacional.
El arándano requiere el trabajo de unas 20 personas por hectárea, pero sólo algunos meses al año.
Cresto solicita al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para dar continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” a los trabajadores rurales temporarios de las economías regionales que realicen cosechas durante la pandemia del Covid-19. La iniciativa propone que los trabajadores que se desempeñan en las cosechas estacionales de economías regionales como el arándano, frutilla, nuez pecán, azúcar, entre otras, tengan acceso al cobro del IFE aunque figuren inscriptos en la AFIP como empleados activos, ya que en los hechos, sólo trabajan algunos meses del año, según la estacionalidad de las cosechas.
“Las personas que trabajan en la cosecha pueden hacerlo solamente algunos meses al año, y con ello quedan registrados ante los organismos oficiales bajo la figura de relación de dependencia, aunque no cuenten con ningún ingreso. Esta situación no les permite el acceso a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el gobierno nacional, y vital para ellos en este contexto”, explicó Cresto.
El arándano, por ejemplo, es un cultivo con altos requerimientos de mano de obra transitoria a lo largo de apenas dos meses. La modalidad de la cosecha es manual y se estima que se requieren 20 personas por hectárea, en etapas claves como la poda, la cosecha y el empaque, generando más de 20 mil puestos de trabajo en todo el país. El 95% de los arándanos argentinos se exporta como fruta fresca, aproximadamente el 2% se reserva al mercado local y el 3% restante se destina a su industrialización para la producción de pasa, frutos congelados, jugos, mermeladas y pastas congeladas para helados, yogur y repostería.
“La situación de empleo temporario se da en diversas actividades de economías regionales, cuyas cosechas se realizan en determinada época del año, dejando desprotegidos a los trabajadores. Creemos que es necesario revertir esa situación de vulnerabilidad y otorgarles una herramienta indispensable, como el IFE, para disipar la incertidumbre que genera la imposibilidad de garantizar su sustento económico”, concluyó Mayda Cresto.
La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Mayda Cresto, quien plantea que los recursos se destinen directamente a aquellos municipios que cuentan con programas integrales de asistencia a esta problemática.
La diputada nacional Mayda Cresto (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un “Fondo Económico de Emergencia Nacional para Programas Locales de Lucha contra la Violencia de Género (FENPV)”, el cual podrá ser solicitado únicamente por aquellos municipios que cuenten con un programa integral para esta problemática.
“El objetivo es cubrir gastos de movilidad, alimentos, alojamiento, vestimenta, calzado, pañales, medicamentos, asistencia médica y traslados de las víctimas”, sostuvo la legisladora.
Según la iniciativa, este fondo -gestionado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad- estará destinado a “solventar gastos indispensables y urgentes” de los programas que lleven a cabo los municipios para atender la lucha contra la violencia de género.
Además, se estima que “cada gobierno local deberá reglamentar la forma de rendición de los gastos efectuados con recursos del FENPV”.
La entrerriana destacó la importancia de los programas implementados a nivel local, ya que “son fundamentales para atender las emergencias que surgen diariamente, relacionados a la víctima y sus hijos, que muchas veces son contenidos en los refugios hasta que la situación judicial se aclare y se cumplan las medidas restrictivas”.
“Para contener y asistir a las víctimas, y dar respuesta a esas urgencias, se necesita contar con fondos que, en general, no son cubiertos presupuestariamente por los municipios y que deben hacerse en forma rápida y eficiente, sobre todo considerando la gravedad del hecho”, argumentó Cresto.
De este modo, este fondo “daría apoyo económico desde el Gobierno Nacional a los municipios” y, según la diputada, “alentaría la creación e implementación de este tipo de programas allí donde aún no existen”.
El proyecto fue acompañado por las diputadas Blanca Osuna, Carolina Gaillard (Entre Ríos); Mara Brawer, Gisela Marziotta (CABA); Silvana Ginocchio, Lucía Corpacci (Catamarca); Mabel Caparros, Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego); Estela Hernández, Rosa Muñoz (Chubut); Liliana Schwindt, Laura Russo, Mirta Tundis (Buenos Aires); Alejandra Obeid, Patricia Mounier (Santa Fe); Nancy Sand (Corrientes); Lía Caliva (Salta); Nelly Daldovo (Formosa); Elda Pértile (Chaco); Melina Delú (La Pampa): y el diputado Marcelo Casaretto (Entre Ríos), todos del bloque oficialista.
