Suman pedidos de informes por el conflicto entre farmacias, obras sociales y prepagas

El proyecto de resolución fue presentado por la puntana Karina Bachey, quien además alertó por la dificultad para importar insumos que presenta el sector.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro-San Luis) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en busca de respuestas sobre que “cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, sumado a la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables para el normal abastecimiento de medicamentos”.

En el proyecto de resolución, se solicita que se detalle “la situación que está ocurriendo respecto a que muchas farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas debido a la demora en los pagos” y se precise “en qué provincias se está dando esta situación”.

Asimismo, que se indique cuáles son “las acciones y medidas a tomar para garantizar la provisión de medicamentos, debido a la dificultad para importar insumos para el normal abastecimiento, lo que pone en peligro la provisión de los mismos a cientos de pacientes que lo necesiten”. “Detalle sobre los insumos que se encuentran con dificultad para importar”, agrega.

En los fundamentos del proyecto, Bachey señaló que “el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires alertó por medio de un comunicado que cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, y denunció que la crisis advertida hace meses ya llegó”.

“El sector farmacéutico atraviesa una compleja situación por la inercia inflacionaria combinada con el desajuste entre el pago de medicamentos con descuentos de los clientes y el cobro de la bonificación a cargo de las obras sociales y las prepagas. A esto se le suma la dificultad para el acceso a divisas, lo que genera faltante de insumos y pone en riesgo el normal abastecimiento de medicamentos”, alertó.

La puntana sumó que “el complejo panorama del sector también afecta a los laboratorios que, en paralelo, padecen la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables”.

La solicitud fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Florencia Klipauka Lewtak, Rubén Manzi, Carlos Zapata, Manuel Aguirre, Marcela Antola y Carolina Castets.

Solicitan al Ejecutivo la regularización “inmediata” de la deuda de PAMI con las entidades farmacéuticas

El proyecto es encabezado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño en el que también solicita informes sobre los motivos vinculados al incumplimiento de los plazos de pagos previstos con los laboratorios.

En el marco del conflicto que atraviesan las farmacias y los laboratorios por la mora en los pagos, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Pro – Córdoba) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del  del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), regularice de manera inmediata la deuda con entidades farmacéuticas, e informe sobre los motivos relacionados con la demora en los pagos de los medicamentos a las farmacias, incumpliendo los plazos de pagos previstos en el acuerdo 2023 suscrito con entidades farmacéuticas y laboratorios.

El cordobés señala que PAMI fija el precio de venta de medicamentos mediante un acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica y explica que “la diferencia entre el precio de venta establecido por PAMI y el precio de venta de mercado deba ser asumida por la farmacia prestadora”.

“Al costo que recae sobre la farmacia debe sumarse el complejo proceso de pago establecido por convenio entre la industria farmacéutica y la obra social. Del 100% del valor del medicamento fijado en el Precio de Venta PAMI, la entidad estatal abona un 75% a la farmacia prestadora en efectivo (teniendo un plazo de 15 días para pagar el 55% del valor, y 45 días para el 45% faltante) y el restante 25% lo hace mediante Notas de Crédito a droguerías”, detalla en la iniciativa.

Al respecto, indica que “este proceso de pago a las entidades farmacéuticas no sólo presenta dificultades por los plazos fijados, altamente ineficiente en un contexto de elevada inflación, sino también por la demora”.

“Desde la Confederación Farmacéutica Argentina, que representa a seis mil farmacias en todo el territorio nacional y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, vienen informando desde el mes agosto sobre la crítica situación financiera que atraviesan como consecuencia de los plazos de pagos establecidos por convenio”, planteó el diputado del Pro.

La iniciativa fue suscripta por los diputados Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Héctor “Tito” Stefani, Adriana Ruarte, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Karina Bachey, Germana Figueroa Casas, Mario Barletta, Laura Castets, Pablo Torello y Marcela Campagnoli.

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La Cámara alta aprobó la incorporación del sistema braille en los medicamentos

El rotulado o etiquetado de los envases de los remedios deberán poseerlo, además de un código QR. El proyecto pasa a Diputados.

medicamentos con sistema braille

La Cámara alta aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la información adecuada, veraz y oportuna de los medicamentos por medio del rotulado o etiquetado de los envases en sistema braille y códigos de respuesta rápida (QR), o los que en el futuro lo sustituyan.

La iniciativa, consensuada entre propuestas de los senadores Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN), tiene como finalidades: promover el ejercicio efectivo del derecho a la salud; garantizar el acceso a la información adecuada, veraz y oportuna a las personas con discapacidad; y mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los medicamentos.

También, contribuir al consumo adecuado y responsable y prevenir el uso indebido o perjudicial de los mismos; y favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.

Las obligaciones de la ley alcanzan a cualquier persona humana o jurídica que fabrique, elabore, produzca, comercialice medicamentos sin perjuicio de los modos de venta utilizados, o se dedique a la importación comercial de los mismos.

Asimismo, la norma abarca todos los medicamentos, autorizados e inscriptos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De acuerdo al texto, los envases de medicamentos deberán contener, como mínimo, la siguiente información: nombre genérico del medicamento (denominación); marca del medicamento; principio activo y concentración; fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

En tanto, toda esa información deberá también contener el código QR, además de incorporar un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información. Deberá ser aplicado en sobre-relieve a fines de facilitar su localización y escaneo.

Por otra parte, se prevé que la ANMAT aplicará las infracciones y sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463 de medicamentos; y que los sujetos obligados tendrán que adoptar las medidas necesarias de adecuación de los envases en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Aprueban la incorporación del sistema braille en los medicamentos

Además, la Comisión de Salud del Senado avanzó con otras cinco iniciativas de ley consensuadas y un paquete de proyectos de comunicación y declaración.

La Comisión de Salud del Senado dictaminó este martes un proyecto de ley que establece la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos, sean de industria nacional o extranjera.

La iniciativa se consensuó entre iniciativas presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Al explicar brevemente el proyecto, el presidente de la comisión, Mario Fiad (UCR), resaltó que cuenta con informes favorables por parte del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Rosell.

Entre sus principales puntos indica que la información en braille deberá contener: el nombre genérico del medicamento; la marca del medicamento; el principio activo y concentración; la fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

“En los casos que, por las características particulares del envase del medicamento, no fuere posible incorporar alguno de los sistemas previstos en la presente ley, la autoridad de aplicación deberá determinar el procedimiento adecuado para su implementación”, aclara.

También, los medicamentos deberán tener un código QR que contenga esa misma información y “un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información”, y “ser aplicado en sobre relieve a fines de facilitar su localización y escaneo”.

Además, se dispone que la ANMAT “aplicará las infracciones y sanciones correspondientes”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463.

Por otra parte, se despachó un proyecto -con media sanción de la Cámara de Diputados- que busca instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet. “Es una encefalopatía epiléptica de grado muy severo y como enfermedad poco frecuente tiene poca visibilización”, explicó Fiad, al tiempo que señaló que padres de niños con esta enfermedad impulsan su aprobación.

Otra de las iniciativas que obtuvo dictamen fue una para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso. “En la pesquisa neonatal es determinante encontrar patologías que puedan ser tempranamente detectadas”, expresó el presidente de la comisión, de profesión médico, y dijo que esta práctica “permite detección de algunas cardiopatías congénitas que requieren de un abordaje temprano, y para eso el diagnóstico precoz es muy importante”.

Asimismo, se avaló un proyecto para modificar la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales. Autor del texto, el senador Antonio Rodas (FdT) afirmó que se trata de tener una norma que “permita contener y a su vez poder estar a la altura de las circunstancias” cuando “la ilusión de tener un hijo se ve truncada por un deceso”.

En la reunión se avanzó también con un proyecto consensuado entre propuestas de Julio Cobos (UCR) y Fiad que busca “asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.

En la iniciativa se señala que “la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud” debe “realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad”.

Además, se deberá “asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas” y “ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos”.

Finalmente, tuvo dictamen una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT). Y pasaron a la firma 49 proyectos de comunicación, 53 de declaración y uno de resolución.

Comienzo de las despedidas

Al considerar que la de este martes fue la última reunión de la Comisión de Salud -sacando la posibilidad de futuros plenarios-, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse.

Al tener palabras de elogio para Fiad, a quien llamó “amigo”, la tucumana expresó: “Hemos tenido la posibilidad de debatir temas que a mí me han producido mucho dolor, y no obstante eso hacerlo con un respeto enorme, respetándonos entre nosotros en las disidencias, las miradas diferentes y tratando siempre de llegar a buen puerto”.

A quienes continúan en el Senado, les pidió “que sigan adelante, que sigan prestigiando esta casa, que nos cuidemos entre todos, porque es muy importante la labor que se desarrolla desde acá, es donde ponemos las leyes para toda la Argentina, y hay quienes a veces denostan nuestra tarea y nuestro quehacer diario. Que nunca sea por parte de uno de nosotros”.

Otra de las senadoras que se despide este año, la chubutense Nancy González (FdT) manifestó: “Fue un placer haber trabajado con ustedes. Debatimos temas de mucha controversia, que nos involucraban a favor o en contra, pero lo hicimos con total respeto”.

“Desde el lugar que me toque estar voy a estar colaborando para que este país siga progresando y salga adelante, todos unidos”, añadió.

Presentaron un proyecto de acceso universal a los medicamentos

La autora del proyecto, senadora nacional Clara Vega, advirtió que “en el último tiempo hubo un aumento desmedido de los medicamentos que golpea de forma alarmante a los sectores de bajos recursos”.

La legisladora nacional por La Rioja Clara Vega presentó un proyecto de “Acceso a Medicamentos” para asegurar el acceso universal a los medicamentos a través de descuentos cubiertos por el Estado Nacional, así como fomentar la prescripción por nombre genérico y la determinación de precios de referencia. 

Al respecto, Vega explicó que “en el último tiempo hubo un aumento desmedido de los medicamentos que golpea de forma alarmante a los sectores de bajos recursos y también a la clase media, por lo que necesitamos una política pública que atienda esta carencia, en lugar de anuncios vacíos sin impacto real”. 

En particular, el proyecto plantea que las farmacias ubicadas en localidades de menos de 2 mil habitantes podrán incorporarse a este programa, a fines de que un porcentaje del valor del medicamento sea cubierto por el Estado Nacional. 

“Existe una gran disparidad entre los beneficiarios que viven en los grandes centros urbanos y las ciudades chicas del interior del país, cuyas farmacias no pueden sostener el porcentaje que deben aportar al descuento en medicamentos que hoy se encuentra vigente. Y mucho menos se les puede pedir este esfuerzo en un proceso de inflación como el que estamos atravesando”, afirmó Vega. 

Asimismo, la senadora riojana planteó que “este aumento desproporcional de los medicamentos afecta claramente el derecho a la salud de la población, y hace necesario reactivar firmemente la prescripción por denominación genérica. La misma existe por ley desde 2002, pero bien sabemos que no se está aplicando como corresponde”. 

Para finalizar, la senadora destacó que “siempre trabajamos nuestros proyectos con las entidades y referentes de los sectores interesados y/o afectados, porque son quienes viven en primera persona las diversas problemáticas. En este caso, contamos con la colaboración de la Cámara de Farmacias de La Rioja (CAFRI) y de Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), aunque lamentamos no haber podido coordinar con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)”. 

La Provincia presentó el proyecto de ley para impulsar la producción de medicamentos

Propone la transformación del Instituto Biológico “Tomás Perón”. Posibilitará una inversión de 8 mil millones de pesos y la producción de 400 millones de medicamentos, vacunas, y sueros.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para transformar al Instituto Biológico de La Plata. Junto a legisladores, universidades, científicos, sindicatos y representantes del sector privado, se detalló la estrategia que contempla una inversión de 8.680.602.060 pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo polo productivo, científico y tecnológico, que reactive la producción pública de medicamentos y vacunas y el control de calidad de alimentos, envases y fármacos.

Tras la presentación en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerenses, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que “el proyecto de ley impulsa la creación de nuestro laboratorio Tomás Perón, y eso nos permitirá tener mucha más velocidad y capacidad de producción, reducir los costos para el Estado, aumentar la previsibilidad, poder garantizar el acceso a los medicamentos para toda la provincia de Buenos Aires y, también, el desarrollo industrial, que implica más puestos de trabajo”.

Agregó que su puesta en marcha “permitirá producir 400 millones de comprimidos al año, cifra que nos posibilita cubrir las necesidades de tratamiento del 45 por ciento de los bonaerenses que tienen cobertura pública exclusiva en materia de salud”.

Dentro del proyecto se prevé la construcción de una planta de vacunas bacterianas, entre ellas, la BCG de uso oncológico, un medicamento de los considerados “huérfanos” por su escasa producción y alto costo. De este modo, será posible cubrir la demanda nacional de este fármaco e incluso exportarlo. En Argentina, alrededor de 4 mil personas necesitan diez dosis anuales de este medicamento para tratar el cáncer de vejiga. Para proveerlo, el Estado debe invertir 2 mil millones de pesos, monto que podrá reducirse hasta 50 veces gracias a la producción pública en el Instituto Biológico Tomás Perón.

La puesta en marcha de esta iniciativa tendrá alto impacto en el sistema de salud de la Provincia, porque lo dotará de mayor capacidad de respuesta y autonomía, al tiempo que insertará al Instituto en la red de laboratorios públicos y privados de todo el país, con los que podrá articular el desarrollo de múltiples especialidades medicinales.

Kreplak explicó que “éste es el primer paso de un proyecto que lleva mucho tiempo y que nos va a dar un nivel de soberanía y de capacidad mucho más potente para ayudar a solucionar la problemática de la salud de nuestro pueblo”. Concluyó que “uno de los pilares fundantes de este nuevo proyecto del Biológico es una articulación eficiente entre el sector público, privado, científico y tecnológico”.

Estado del proyecto

Como parte de la reactivación del laboratorio público Tomás Perón se proyecta la construcción en etapas de un complejo de edificios administrativos, de producción y de servicios. De la iniciativa participarán, además de Salud, el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la cartera de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

A fines de julio de este año se cerró la etapa de diseño de los edificios y el ministerio de Infraestructura de la Provincia se encuentra realizando los planos y especificaciones para el pliego de licitación.

De acuerdo con el proyecto que se presentó en la Legislatura se prevé la creación de las siguientes plantas:

❖ Laboratorio de control de alimentos y envases.

❖ Laboratorio de control de medicamentos: permite controlar fármacos de producción propia y brindar un servicio a laboratorios públicos y privados.

❖ Planta de producción de sólidos no estériles: cosméticos, sanitizantes, medicamentos cannábicos, medicamentos sólidos. Se podrán producir 400 millones de comprimidos al año para hospitales públicos.

❖ Planta de vacunas bacterianas: vacuna BCG liofilizada, producción de prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD) para diagnóstico de tuberculosis.

❖ Planta multipropósito de productos estériles: vacunas virales (antirrábica), productos biológicos (insulina), antídotos y sueros híperinmunes.

En materia de infraestructura se prevé la construcción, en una primera etapa de un edificio administrativo desarrollado en dos plantas con salas de reuniones, aulas, auditorio provincial, comedor, barra y sanitarios. Tendrá, a su vez, un jardín maternal para el personal que trabajará en el predio que contempla un sector administrativo, sanitarios, salas, cocina, depósitos, lactario, salón de usos múltiples y comedor.

Fernández Sagasti propone la inclusión del sistema braille a los medicamentos

La senadora oficialista presentó el proyecto de ley que busca “dar una respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual y garantizar así el ejercicio efectivo de sus derechos”.

medicamentos con sistema braille

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) presentó un proyecto para garantizar a las personas con discapacidad visual o ceguera el derecho al acceso a la información veraz y oportuna en los remedios.

La iniciativa presentada en la Cámara alta busca agregar el lenguaje Braille y con Códigos de Respuesta Rápida (QR) a la denominación del producto, su marca, concentración del compuesto, fecha de elaboración y vencimiento, y toda otra información que resulte necesaria para un consumo responsable y adecuado.

En los argumentos del proyecto se resalta que la accesibilidad a la información es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución Nacional. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), a la que Argentina adhirió mediante la Ley 26.378 de 2014, establece la necesidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

“Eliminar los obstáculos que impidan la inclusión, en cualquier ámbito, debe ser un eje fundamental y transversal en políticas públicas”, apuntó la vicejefa de la bancada oficialista.

Por otro lado, señaló que la Argentina debe sumarse a los estándares internacionales que rigen en esta materia. “Con este proyecto se busca dar una respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual y garantizar así el ejercicio efectivo de sus derechos”, agregó.

Desde el Observatorio Federal de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias con Discapacidad Visual destacaron la importancia del proyecto. Martín Demonte, director técnico de Los Murciélagos y coordinador general del Instituto Román Rossell, expresó que se calcula -según el INDEC- que hay cerca de 900.000 personas no videntes en el país y la iniciativa tiene como objetivo “la restitución de un derecho tan fundamental como el de la igualdad para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual”.

Piden informes sobre el incremento de medicamentos para el Covid

Ante el aumento de los medicamentos asociados al tratamiento de coronavirus, la CC ARI solicita información al Ministerio de Salud, al PAMI y a la Secretaría de Comercio.

Ante el preocupante aumento en el valor de los medicamentos y  para conocer en detalle de los procesos de adquisición de los mismos por parte de las instituciones nacionales responsables, los diputados del bloque de la CC ARI presentaron pedidos de acceso a la información pública a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y a la directora del PAMI, Luana Volnovich. A través de los mismos, piden que informen sobre la variación en el precio de los 15 medicamentos más comercializados durante el 2020, tanto de venta libre como de venta bajo prescripción médica, en todo el país.

Los pedidos de información requieren se identifique los medicamentos asociados al tratamiento del Covid-19 y a patologías conexas durante el 2020 y 2021.

Asimismo, se solicita información sobre la variación de precios anual promedio correspondiente a cada uno de los medicamentos en relación con años anteriores (hasta el 2014) para todo el país, para cada provincia y para CABA.

Los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi, Mariana Stilman y el legislador porteño de la CC ARI Hernán Reyes, haciendo uso del artículo 2 de la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, solicitaron que en el término de 15 días hábiles se brinde la información solicitada por escrito o en su versión digital.

Desde el inicio de la pandemia los diputados de la CC ARI vienen registrando un alto incremento en el valor de los medicamentos, así como la posibilidad de ciertas conductas abusivas por parte de las empresas farmacéuticas. Por eso, a través de los pedidos de información los legisladores consideran que se podrá evaluar si el Gobierno Nacional está haciendo el correspondiente seguimiento en la variación de precios.

Además, el pedido de información al Ministerio de Salud pide que indique los expedientes de compra, los procedimientos de adquisición, los medicamentos adquiridos, los organismos que realizaron la compra, así como la identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.

Al PAMI se le solicita, que de esos 15 medicamentos, especifique los procedimientos de adquisición, identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.

Mientras que a la Secretaria de Comercio se le requiere que informe si se ha iniciado alguna investigación o sanción por variación de precios respecto de medicamentos usados para tratar patalogías asociadas al Covid-19, como antiinflamatorios, inhibidores, anticuerpos, antivirales o analgésicos durante el 2020 y 2021.

Quieren agilizar el acceso a vacunas y medicamentos para afectados por Covid-19

La CC ARI solicitó al Ejecutivo que facilite el trámite de patentes para facilitar el acceso a vacunas y medicamentos para personas contagiadas.

Diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentaron un proyecto de resolución en el que le solicitan al Poder Ejecutivo que allane las trámites relacionados con el otorgamiento de licencias obligatorias para el derecho de explotación de patentes que facilitarán el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el Covid-19.

Para ello, los legisladores solicitaron al PEN que contemple este otorgamiento de licencias obligatorias en el marco de lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de la Ley Nº 24.481, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y en los artículos 45 y 47 de su decreto reglamentario 260/1996.

Además, pidieron que el PEN informe a la Cámara de Diputados de la Nación acerca de las vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías que, se estiman, serán esencialmente necesarios a los efectos de la determinación, por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de la existencia de solicitudes de patentes o patentes concedidas u otros derechos industriales que puedan restringir su importación o producción nacional.

El proyecto es impulsado por la diputada Mariana Zuvic y cuenta con el acompañamiento de los legisladores de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Leonor Martínez Villada, Héctor Toty Flores y Mariana Stilman.

“Las licencias obligatorias constituyen una de las principales herramientas jurídicas para abordar el reto del acceso a medicamentos patentados y la salud pública. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, menciona la iniciativa y agrega que “los Estados tienen el deber de impedir que se impongan costos irrazonablemente elevados para el acceso a medicamentos esenciales que menoscaben el derecho de grandes segmentos de la población a la salud”.

“También deben impedir el uso de los avances científicos y técnicos para fines contrarios a la dignidad y los derechos humanos, lo que sucede si se excluye de la posibilidad de patentar los inventos, cuya comercialización pueda poner en peligro el pleno ejercicio de esos derechos. En consecuencia, los medicamentos esenciales como elemento fundamental del derecho a la salud no deberían patentarse”, indican los diputados de la CC ARI.

“El nuevo coronavirus nos trae situaciones de mucha complejidad, dolor y muerte, pero también una oportunidad para hacer cambios profundos en el sistema. Actualmente, el sistema de patentes y de licencias obligatorias sería el modelo en el que la humanidad está confiando el desarrollo de tecnologías, pero es un sistema desactualizado e injusto, basado en el lucro, busca que las empresas inviertan y éstas quieren ganancias, entonces todo queda librado al mercado”, afirman los legisladores nacionales.

“Hace años que en el ámbito de la OMS se viene discutiendo un modelo de Investigación y Desarrollo basado en la inversión pública, en el que el Estado se involucre también en la etapa de desarrollo para afianzar el conocimiento y el progreso sobre la base de la igualdad y la visión de la salud como bien público universal de acceso gratuito, masivo e igualitario”, añade en el proyecto de la CC ARI.

El proyecto de receta digital avanzó en el Senado a pesar de algunas observaciones

Senadores del oficialismo y la oposición firmaron dictamen en la Comisión de Salud y esperan que en la reglamentación se subsanen artículos que generaron dudas.

A pesar de haber recibido observaciones por parte de asociaciones farmacéuticas y de los propios senadores, el proyecto de receta médica digital obtuvo dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara alta y quedó en condiciones de ser abordado en la próxima sesión.

En una reunión virtual presidida por Mario Fiad (UCR), los legisladores acordaron avanzar con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en mayo pasado sin modificaciones, y esperar que en la reglamentación se subsanen algunos aspectos que generaron dudas.

Según explicó Fiad, el principal cuestionamiento tiene que ver con el artículo dos de la iniciativa, que establece que “los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia, establecimientos de salud y establecimientos del sector de salud habilitados para tal fin”.

La sola mención del término ‘medicamento’ deja dudas para el expendio de otras drogas o suplementos nutricionales que requieren prescripción médica o supervisión del profesional farmacéutico”, señaló el radical jujeño.

En relación a la dispensa, las entidades farmacéuticas entienden que “se vulnera” el artículo 1 de la Ley de Farmacias, que indica que el expendio de medicamentos solo puede realizarse en farmacias habilitadas.

La preocupación tiene que ver con que “los medicamentos se terminen vendiendo en varios lugares y que no tengan control ni supervisión del personal farmacéutico”, puntualizó Fiad, y por último, habló de aspectos de redacción y de eventuales “incongruencias” con otras leyes.

También desde la UCR, Silvia Elías de Pérez respaldó el proyecto. “Sin dudas la ley tiene cosas para perfeccionar. Me hubiese gustado una mejor redacción, pero tampoco es para desesperarse”, consideró, y esperó que los puntos mencionados “puedan ser subsanados por la vía reglamentaria”.