La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a Hernán Reyes, presentaron una denuncia penal que está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, por el robo que varios laboratorios hicieron al PAMI durante 2023.

“Hemos podido acreditar un millón de dólares de desfalco en tan solamente 8 medicamentos oncológicos que tomamos de muestra en operaciones de 5 laboratorios donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, detalló a modo de ejemplo el legislador porteño.

Según Reyes, “esto es la punta del iceberg. Por ese motivo nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar el cartel de los laboratorios”.

La investigación de los dirigentes de la CC demandó un año entero y allí figuran denunciados la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncologiá y Tratamientos Especiales; el Laboratorio Elea Phoenix SA; GPPharm SA; el Laboratorio Kemex SA; Biosidus SAU, y Laboratorios Raffo SA, por el presunto delito de defraudación contra la administración pública.

La denuncia va también contra la exdirectora del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich por la misma calificación legal, más la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público establecido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

A partir de una serie de pedidos de acceso a la información pública, los denunciantes obtuvieron los precios abonados por el PAMI, respecto de 8 diferentes medicamentos compuestos por los principios activos anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida, y erlotinib, destinados al tratamiento de padecimientos oncológicos. Del contraste de los dos mecanismos de adquisición empleados por el PAMI durante 2023 para los referidos medicamentos, emergen diferencias de precio que no son acordes con justificaciones de mercado y/o de métodos de pago. Siendo que el proceso de compra de los medicamentos supone una cierta dificultad técnica, la denuncia detalla que el PAMI adquiere medicamentos por medio de dos procedimientos diferenciados: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Históricamente existió lo que se conoció como el Convenio PAMI-Industria, un sistema destinado a garantizar el acceso a medicamentos a los afiliados del PAMI a precios acordados y con una financiación conjunta entre las partes involucradas. En dicho convenio participa la industria farmacéutica representada por cámaras sectoriales como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Cooperala (Cooperativa de Laboratorios Argentinos), y CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales). Por su lado, PAMI actúa como el organismo pagador y negociador en representación de sus afiliados, y las farmacias son los puntos de distribución, bajo condiciones de venta reguladas por el convenio.

Durante el 2023, se adquirieron 211.966.441 unidades de medicamentos del tipo ambulatorio por un total de $421.608.229.276,73 a través del sistema del Convenio Marco, conforme la información proporcionada por el PAMI la respuesta al pedido de acceso a la información pública. Asimismo, se adquirió 1.178.974 unidades de medicamento o de tratamiento de los considerados “especiales” siendo estos proporcionados en unidades hospitalarias u otros modos no ambulatorios. Respecto de este último se gastó en total $112.079.605.049,21. En lo que respecta a las licitaciones públicas gestadas durante el 2022 pero por medicamentos requeridos o pagados en 2023, Carrió y Reyes encontraron que se adquirieron un total de 986.116 medicamentos por $12.274.411.280,03. Del análisis de los medicamentos adquiridos por las licitaciones públicas LP 44/2022 y LP 79/2022, se puede llegar a la conclusión que se han centrado en medicamentos para patologías raras, crónicos como VIH y oncológicos.

Señalan los denunciantes que “si la lógica economicista indicaba que los medicamentos adquiridos por Convenio Marco obtendrían precios más bajos dada la negociación directa con las cámaras, lo que no podría obtenerse con licitaciones públicas frente a principios activos que no tienen más de dos o tres laboratorios oferentes, pues los resultados de las adquisiciones de 2023 dan cuenta de exactamente lo contrario”.

La denuncia señala a continuación que “se observa consistentemente que el laboratorio GP PHARM ha logrado colocar 1098 unidades de anastrozol de 1 mg. en 28 comprimidos durante el 4to trimestre de 2023, por un total de 13.192,01$ la unidad. Mientras que el mismo producto, por el mismo oferente y en el mismo trimestre, fue adquirido a $924 la unidad por un total de 358 unidades gracias a la Licitación LP n° 44/22. Las diferencias no suceden exclusivamente con el anastrozol sino también con el ciclofosfamida de 1000 mg que en el 3er trimestre de 2023 PAMI adquirió 869 unidades por $5.312,19, mientras que se adquirieron 4.231 unidades por $1.200 cada una en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos con la Licitación LP n°79/22. GP PHARM también logró diferencias llamativas para la adquisición de letrozol 2,5 mg en comprimidos de 30, también en el 4to trimestre de 2023, adquiriendo por convenio marco unos 2.632 unidades a $16.923,02 cada una”.

El mismo producto, fue adquirido en el 4to trimestre por un total 288 unidades al precio de $1.080. Lo más curioso de este caso es que en el 2do trimestre de ese mismo año se adquirieron 17.522 unidades por ese mismo precio, y 3er trimestre unas 4.179 unidades, todo a través de la Licitación LP N° 44/22. Esto significa que la administración decidió pagar 16 veces el precio para adquirir las unidades a través del convenio marco con posterioridad a haber obtenido el mismo medicamento a un precio mucho menor en la licitación.

En el caso del docetaxel de 20 mg se adquirieron 59 unidades a $19.012,86 cada una en el 4to trimestre de 2023, mientras el mismo se obtenía a $1.213 por la Licitación LP N° 44/22.

Mayor aún la diferencia respecto del docetaxel pero de 80 mg donde en el mismo 4to trimestre se obtuvieron 305 unidades a $77.958,59 y tan solamente 17 unidades por la LP por $1.950.

“Estas diferencias no las encontramos exclusivamente con GP PHARM, sino también con los productos de otros laboratorios -detalla la denuncia-. En el caso del laboratorio ELEA podemos ver cómo vendió 589 unidades de bevacizumab 100 mg en el 4to trimestre de 2023 por $91.121,33 cada una a través del convenio marco, y por Licitación Pública LP N° 44/22, 379 unidades de ese mismo medicamento las vendió a $17.000 cada una. En la dosificación de 400 mg se adquirieron 554 unidades por convenio marco al precio de $330.061,28, mientras que por la LP, ELEA vendió 468 unidades de ese mismo medicamento a $68.000. ELEA también comercializó enzalutamida de 40 mg en 120 cápsulas que una unidad obtenida por convenio marco se vendió a $376.591,11 mientras que las 534 unidades obtenidas por la Licitación LP n°79/22, se obtuvieron a $176.861,56, prácticamente a la mitad de precio. En ese rubro compite con laboratorio RAFFO que vende ese mismo principio activo con 120 cápsulas blandas por $375.646,95 por convenio marco las 204 unidades a $183.500 por unidad en la LP, replicando las diferencia de ELEA.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados había citado por segunda semana consecutiva al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director del PAMI, Esteban Leguízamo, para este martes; sin embargo, tras la confirmación de que esta vez tampoco asistirían, la reunión se suspendió y un grupo de legisladores fue a llevar las consultas directamente a las oficinas del organismo, en el centro porteño.

"El PAMI debe responder a los jubilados. Cumplimos como diputados, ahora esperamos que cumpla este Gobierno, porque son funcionarios y deben responder a los jubilados y a los legisladores", sostuvo el presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP).

El tucumano, que fue acompañado por sus pares Natalia Zaracho (UP) y Mónica Fein (EF), presentó ante la sede nacional del PAMI los cuestionarios con preguntas de los diputados y también de miembros de la Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Tercera Edad, que la semana pasada expusieron ante la comisión.

"Pondremos a disposición de los periodistas e instituciones de todo el país todas las preguntas y propuestas acerca de esta decisión del gobierno de (Javier) Milei de recortar o limitar la entrega de medicamentos a nuestros abuelos", señaló Yedlin, en alusión a la medida del PAMI de restringir la cantidad de afiliados con cobertura total de medicamentos, a través de un "subsidio social" al que no podrán anotarse quienes cobren más de 390 mil pesos.

Por su parte, Fein expresó: "Le planteamos que tienen que dar una respuesta a los jubilados, porque han dejado a 5 millones de personas sin cobertura; lamentamos que no hayan asistido a la comisión".

"Como no fueron a la comisión a dar la cara, vinimos nosotros a pedir respuestas, no le vamos a soltar la mano a los jubilados y pensionados", enfatizó Zaracho.

Convocada en pleno receso, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió la semana pasada para debatir sobre la resolución del PAMI que impuso restricciones en la cobertura al 100% de cinco medicamentos para aquellos jubilados y pensionados que ganen más de 390 mil pesos, lo que desató todo tipo de cuestionamientos.

Presidida por el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, la comisión envió una citación al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director del PAMI, Esteban Leguízamo, quienes, según supo parlamentario.com, no asistirán este martes a la reunión programada para las 12.30 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja.

En el último encuentro, el diputado socialista Esteban Paulón pronosticó que Lugones iba a seguir "el mismo camino de Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo, a quien nunca le conocimos la voz”.

Por el contrario, para la reunión está previsto que sí concurran otros de los invitados: el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel; y el Defensor de la Tercera Edad de CABA, Eugenio Semino.

Días atrás, la obra social de los jubilados anunció el recorte a la cobertura al 100% de cinco medicamentos para los afiliados que ganen más de 390 mil pesos, al tiempo que impuso una serie de requisitos para que, quienes ganen por debajo de esa cifra, realicen un trámite para acceder al "subsidio social".

A partir de los cambios determinados por el PAMI, se puso fin así al plan "Vivir Mejor", creado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Extitular del PAMI en la gestión anterior, la camporista Luana Volnovich aseguró en la reunión de la Comisión de Salud de la semana pasada que se trata de "una decisión política, no es que no hay plata; es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesita sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, En el marco del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este miércoles una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP), a fin de dialogar y buscar una solución al reciente recorte de medicamentos para jubilados del PAMI que anunció el Gobierno.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Yedlin anunció que citarán para la próxima semana, precisamente el martes a las 12.30, a las autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para “ver cómo podemos resolver esta situación porque no podemos pasar el verano porque hay muchos pacientes que van a quedar sin tratamiento y poniendo en riesgo la vida de mucha gente”.

Además, el tucumano informó que elaboró un comunicado que lleva su firma a fin de elevarlo al titular de la Cámara, Martín Menem, para que lo envié a las autoridades correspondientes.

“Muchos diputados de distintos bloques hemos visto con mucha preocupación la normativa que tomó el PAMI a nivel nacional de decidir que aquellos jubilados que reciban por arriba de 309.000 pesos de haberes no van a poder recibir más medicamentos sin costos. Aquellos que perciban por debajo tienen un trámite bastante engorroso para poder acceder”, expresó Yedlin.

Así, cuestionó que “estas medidas se tomaron de un día para el otro de forma llamativa y millones de argentinos que, normalmente dependían de este tipo de cobertura para su medicación habitual, se quedaron sin su medicación o tenerla que pagar en un momento donde los haberes jubilatorios están por el piso histórico de estos valores. Por otro lado, el tema de los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a medicamentos han aumentado muy por arriba de los alimentos, tarifas, transporte, alquileres, poniendo a millones de argentinos en riesgo sanitario absolutamente innecesario”.

“Los jubilados ya pagaron gran parte del ajuste en el país de forma innecesariamente quieren dejarlos sin medicamentos, me parece que por eso es importante que estemos acá”, criticó.

Al pedir la palabra, la diputada de Democracia para siempre Carla Carrizo aclaró que no están “en contra de los controles para garantizar la accesibilidad, estamos en contra de la arbitrariedad con la que se hace. Se hizo sin aviso, es una decisión súbita”.

“Hay jubilados en tratamiento y no avisar para que cada uno se prepare. El mecanismo de control para que el PAMI no gaste mal no es correcto, porque el Estado tiene la información para cruzar los datos porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tiene la jubilación mínima de 260 mil pesos. La modalidad no está bien y la temporalidad sin aviso tampoco”, manifestó.

La ex titular del PAMI y diputada de UP Luana Volnovich recordó que le tocó llevar adelante el programa “Medicamentos gratis” y comentó que ha presentado un proyecto para convertirlo en ley que “incorpora el derecho universal el acceso a medicamentos gratis al vademécum vigente y no como un subsidio”.

“Cuando iniciamos el programa el 2019 con muchas dudas porque nos decían que ‘no lo íbamos a poder pagar’, ‘se va a descontrolar’, nada de eso sucedió por más que intenten hacer campañas de desprestigio para justificar el ajuste. La estimación era que el consumo de medicamentos estaba reprimido en un 30% y el consumo creció un 30% como estaba proyectado presupuestariamente”, contó.

Volnovich destacó que el programa convivía con la receta electrónica que “hace que uno tenga la conducta prescriptiva de los médicos a lo largo y ancho del país y que puedas tener información de lo que prescriben los médicos y lo que consumen los afiliados”, y el otro ítem del programa era “el uso racional de medicamentos que evaluaba la conducta y los consumos y determinaba topes”.

“El PAMI tiene 13 millones de recetas por mes. El volumen de información es la base de datos de salud más grande del país”, resaltó y desmintió que “los viejos se aprovechaban del programa. Si tenes ganas de controlar, controlas y no necesitas sacar el programa”, y sumó: “Es mentira que no es sustentable porque 4 millones consumieron sus medicamentos durante 4 años; es mentira que no se puede controlar”.

Volnovich informó que el programa se logró el dispositivo en articulación pública y privada con la industria farmacéutica que “pudo garantizar un derecho a la salud de forma controlada, sustentable y con precios accesible de los medicamentos. Ahora los medicamentos aumentaron el doble que las jubilaciones”.

“El subsidio tiene un trámite y las agencias están todas explotadas. El PAMI tiene un sistema de turnos que está colapsada y ves largas colas en las oficinas”, criticó y planteó: “El impuesto PAIS iba al PAMI y sin eso lo que hay es la decisión del Gobierno de beneficiar importadores mientras los viejos se cagan de hambre y encima ahora les quitan los medicamentos. Es una decisión política, no es que no hay plata. Es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesitan sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño apuntó: “Este Gobierno tiene un nivel de crueldad y saña contra los adultos mayores es algo brutal porque el ajuste que ha llevado adelante lo han pagado los mayores con el ajuste al sistema previsional y tuvieron la caradurez de vetar una recomposición salarial”.

“Todos los miércoles se hace una marcha acá en la puerta de Congreso de adultos mayores y hacen un operativo millonario de policías que vienen a pegarle a personas que trabajaron toda su vida. Es una saña brutal del Gobierno y esta resolución que les hace hacer trámites a los jubilados y pasar por situaciones tremendas, mientras a los empresarios les dan desburocratización”, comparó Del Caño.

El diputado de izquierda sostuvo que “los jubilados están pagando el ajuste del Gobierno. Quitarle los medicamentos, que ya se venían restringiendo, han aumentado el doble de lo que aumentó la inflación y los haberes. Tenemos una situación muy grave”, y anunció que presentarán un proyecto de resolución para que se retrotraiga esta medida porque “no alcanza la plata para pagar los medicamentos”.

La socialista santafecina Mónica Frade calificó la medida de “inhumano” que “no podemos creer esta actitud inhumana ponga a tanta gente en una situación de que las personas no van a poder tener accesible sus medicamentos”.

“Los grandes laboratorios fijan las políticas de medicamentos hace mucho tiempo en el país lamentablemente. En los últimos tiempos vienen generando una serie de acciones como sacar a la venta libre ciertos remedios para que no tengan cobertura de la obra social.”, denunció y sumó: “Esto es un acto de crueldad y quieren hacer lo que dijo una ex canciller –por Diana Mondino- de ‘no darles créditos a los viejos porque se van a morir’”.

Su compañero de bloque Estaban Paulón agregó: “La medida que se puso en práctica es un nuevo capítulo de política de crueldad del Gobierno. Son los jubilados que van a tener que demostrar que 300 mil pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos”.

“Esto es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración para llenar los formularios y poder acceder a los medicamentos”, criticó y expresó: “Me da vergüenza el formulario donde el jubilado que gana 300 mil pesos tenga que justificar si tiene aeronave o no. Es un chiste. Es cínico y cruel”.

“Se terminó la fiesta de la aspirina de los antidepresivos”, chicaneó Paulon por los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle que dijo: “No me parece que sea para tanto… a los jubilados los pueden ayudar los familiares. Se terminó la fiesta de medicamentos”.

Por último, avizoró que para la próxima semana Lugones va a seguir el “camino de Sandra Pettovello que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo a quien nunca le conocimientos la voz”, y remató: “Solo se lo conoce por sus acciones que es recortar derechos y beneficiar al sector que representa dentro de un Gobierno de las corporaciones de la medicina privada”.

La diputada de izquierda Mónica Schlotthauer señaló que las medidas del oficialismo son un “gerontocidio” no solo por lo que les pagan que “no alcanza para comer, sino por la falta de medicamentos”. “Es repudiable esto. Solo queremos darles a los jubilados lo que han aportado durante años. Hay que devolverles a los jubilados lo que les robaron”, planteó y remató: “Tienen que ir presos los que fomentan este tipo de medidas”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre las recientes modificaciones en la política de medicamentos del PAMI. Estas medidas, que endurecen los requisitos para acceder a la cobertura del 100%, han generado preocupación por su impacto negativo en los sectores más vulnerables de la población: jubilados y pensionados.

“Los jubilados y pensionados de nuestro país no pueden seguir siendo el sector al que se le exige más sacrificios. Estas modificaciones imponen una nueva carga burocrática y restrictiva que golpea directamente a quienes ya enfrentaron enormes ajustes en sus haberes”, enfatizó el legislador. 

La solicitud se centra en los cambios establecidos por la resolución 2431/2024, que, entre otras disposiciones, eleva los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos. “Lo que no resulta tolerable es la utilización de ardides administrativos para evitar la prestación de servicios que el derecho le garantiza a los afiliados al PAMI”, señaló Agost Carreño. 

Además, advirtió que el precio de los medicamentos ha aumentado por encima de la inflación en el último año, representando una carga desproporcionada para quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas. “Este recorte es un golpe más a un grupo que debería estar protegido, no castigado. El Estado debe garantizar un sistema de salud accesible y digno para los adultos mayores, que merecen vivir con tranquilidad después de toda una vida de trabajo”, subrayó.

El diputado instó a que las decisiones del PAMI se fundamenten en la sostenibilidad del sistema sin afectar los derechos de los beneficiarios. “Minimizar costos no puede implicar una precarización aún mayor de los servicios”, expresó.

La presentación del pedido de informes “busca establecer un debate urgente sobre el acceso equitativo a los medicamentos y la calidad de vida de los jubilados, exigiendo respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades”, concluyó. 

Con el anuncio del Gobierno nacional, a través del PAMI, respecto al recorte de la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, y que además deberán realizar un trámite de inscripción, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria- Tucumán) convocó a una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para este miércoles 4 de diciembre a las 11.

A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, el pedido presentado por el legislador del principal bloque opositor es válido ya que se trata de una reunión informativa con el fin de debatir respecto a la medida del Gobierno nacional y el recorte a los medicamentos para jubilados y pensionados.

En el rol de presidente de la comisión, Yedlin, llamó como “medida inhumana” del PAMI, en donde además señaló que el fin del encuentro será para evaluar esta decisión que ha dejado sin medicamentos a millones de afiliados sin previo aviso. Del mismo modo, planteó: “Este plan de NO cobertura de medicamentos de PAMI es contra TODOS los Jubilados”.

En tal sentido, siguió: “Uno porque cobran ‘más de $390.000’ y los otros por someterlos a un trámite imposible e inesperado”, y aseveró: “Esto va a generar dolor, enfermedad y muerte. Los responsables son Javier Milei y socios”.

El anuncio fue confirmado en X, donde, además, el diputado de la oposición compartió la imagen de su par salteño de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle, quien tuvo el infortunio de declarar al Destape Radio “no creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos”.

Este plan de NO cobertura de medicamentos de @PAMI_org_ar es contra TODOS los Jubilados,
un 1/2 porque cobran “mas de $390.000” y los otros por someterlos a un trámite imposible e inesperado.
Esto va a generar dolor, enfermedad y muerte.
Los responsables son @JMilei y socios. pic.twitter.com/KvaZADfjtu

— Pablo Yedlin (@pyedlin) December 3, 2024

Consultado por la decisión del PAMI de restringir la cantidad de afiliados con cobertura total de medicamentos, a través de un "subsidio social" al que no podrán anotarse quienes cobren más de 390 mil pesos de jubilación, el diputado libertario Julio Moreno Ovalle consideró que "no es para tanto" y "esa persona puede tener parientes" que lo ayuden a comprar los remedios.

"Es un tema sensible, pero no creo que tenga que tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizando alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad", le respondió el legislador a Ali Lijalad en radio El Destape.

Ante la pregunta del periodista sobre si los jubilados podrían "morirse" por no acceder a esos medicamentos, el salteño contestó: “No creo que se pueda llegar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que lo pueda ayudar. No me parece que sea para tanto".

"Está buscando la forma de victimizar a este sector; pero sí, somos conscientes de lo que está pasando y que hay que mejorarlo", expresó y agregó que "el objetivo es eliminar el déficit fiscal que fue el origen de todas las crisis que lamentablemente venimos padeciendo hace muchos años".

El oficialista dijo que la decisión del PAMI "habrá sido una consecuencia de auditorías y de defender el déficit cero". "Lo primero y lo fundamental es preservar el déficit fiscal, todos los sectores están de alguna manera expuestos a preservar el déficit fiscal, entre ellos el sector de los jubilados, pero no exclusivamente los jubilados", insistió.

"Los subsidios le hicieron realmente mal a la economía; todos estamos de alguna manera padeciendo desmanejos que hicieron gobiernos anteriores", argumentó y prometió que "cuando esta situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados".

Críticas de la oposición 

👉🏻Así de cruel es la mentalidad de los libertarios. No les importa en absoluto la vida de los jubilados y van diciendo por ahí que defienden el derecho sagrado a la vida. pic.twitter.com/llAl95LnVn

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 3, 2024

Este diputado de Milei cobra 4 millones de pesos y se burla de adultos mayores que apenas llegan a los 300 mil pesos de jubilación. Creen que tienen impunidad. Más temprano que tarde, el pueblo ajustará cuentas con estos miserables. https://t.co/iAveR65VhB

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 3, 2024

❌ EL GOBIERNO DE @JMILEI ES GERONTOCIDA

Repudio total al diputado de @LLibertadAvanza Julio Moreno Ovalle que justifica y festeja como el gobierno de @JMilei condena a las y los jubilados a la muerte sacándole la cobertura de los medicamentos de PAMI.

DEVOLUCIÓN YA DE LA… pic.twitter.com/LYr8qvixnt

— Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) December 3, 2024

La Unión Cívica Radical, conducida por el senador Martín Lousteau, criticó al Gobierno nacional por su decisión de recortar los medicamentos gratuitos que ofrece el PAMI y plantearon: “"Está claro que la principal variable de ajuste de Milei siguen siendo los jubilados".

A través de un comunicado que emitieron, señalaron: “El presidente Javier Milei vuelve a atacar a nuestros adultos mayores como lo hizo cuando vetó la actualización por inflación que sancionó el Congreso”.

“A través del PAMI decidió una vez más que el ajuste caiga sobre ellos y les arrebató el derecho fundamental a acceder a medicamentos”, apuntaron y remarcaron que “esta decisión agrava aún más cuando hay remedios que tuvieron aumentos de hasta 500%”.

Así, criticaron: “Está claro que la principal variable de ajuste de Milei siguen siendo los jubilados: ayer les metió la mano en el bolsillo, hoy les sacó los remedios”.

Por último, aclararon que “la UCR, comprometida como lo estuvo a lo largo de historia en la defensa de los adultos mayores, trabajará en todos los ámbitos que sean necesarios para revertir esta insólita medida”.

El gobierno nacional, a través del PAMI, decidió recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripción.

La entidad emitió un comunicado en el que plantean que continúan “trabajando por una gestión más ordenada y eficiente”. Así, justificaron que “a lo largo de décadas la institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias que dejaron a PAMI al borde de la quiebra”.

“Como parte de una gestión planificada y eficiente, nos vimos en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año”, explicaron y aclararon que “vamos a continuar con la cobertura de medicamentosa l 100% como lo indica la legislación”.

Al respecto, el senador de UP Mariano Recalde apuntó: “Mira a los que venían a sacarle privilegios a la casta! Sacándole los remedios a los jubilados. Otra vez fuertes con los débiles y débiles con los poderosos”.

“FIN de los MEDICAMENTOS GRATIS del PAMI. Otro golpe a quienes trabajaron toda su vida y este gobierno no para de agredir. Hay que ser muy miserable para meterse con los jubilados”, sumó la vicejefa del bloque de UP, Anabel Fernández Sagasti.

Con un comunicado muy confuso y repleto de eufemismos, anuncian que los jubilados y jubiladas del PAMI que hoy cobran la mínima (son el 80% aproximadamente) van a tener que hacer un "trámite especial" y acceder al "subsidio social" para recibir los medicamentos que hasta hoy les… https://t.co/UA7m57J2Ur

— Vanesa Siley (@Vsiley) December 2, 2024

La jujeña Carolina Moisés sumó: "Un gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los poderosos. La motosierra y el ajuste sobre la economía de los jubilados y sus familias es una medida inhumana y criminal".

El diputado bonaerense y médico Daniel Gollan expresó: “Lo dijimos. El plan ‘mejor vivir’ del PAMI que entregaba medicamentos con cobertura al 100% se financiaba con el Impuesto PAIS y Milei/Caputo no iban a permitir utilizar otra fuente cuando se discontinuara. Más ajuste a jubilados para alimentar la especulación financiera”.

"La decisión de PAMI de limitar la entrega de medicamentos sin cargo solo a aquellos afiliados que 'puedan' confirmar una situación socioeconómica “critica” pone en alto riesgo el ya precario acceso a medicamentos a un grupo muy vulnerable. Es un ERROR que va a costar VIDAS", alertó el diputado tucumano y titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin.

El diputado neuquino Pablo Carro agregó: "El gobierno elimina la cobertura al 100% de medicamentos del PAMI a jubilados. Jubilaciones de miseria, aumento de la canasta básica y ahora ésto. El presidente abandona a nuestros adultos mayores, les hace pagar el ajuste y les exige demostrar que necesitan los medicamentos".

no es un recorte, es una readecuación de los procedimientos de acceso a la cobertura a las finas hierbas sobre un colchón de hojas verdes aderezado con suaves rodeos dialécticos ideados por una caterva de hijos de puta https://t.co/PwGSBJrqQn

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) December 2, 2024

El jefe del bloque Democracia para siempre, Pablo Juliano, escribió: "Che Milei apunta la motosierra para otro lado, tenés la idea fija en contra de los jubilados. No se te ocurre otra cosa? Esto es lo que pasa cuando el país se queda sin presupuesto: llega la DISCRECIONALIDAD y siempre la pagan los viejos. Los queres ver escupiendo sangre, no se pueden defender pero tienen hijos y nietos que los van a bancar".

“Desde hoy, podés hacer compras en el exterior e importar cosas lindas y hasta 400 dólares no pagas impuestos. Pero, los jubilados con PAMI tienen que completar un formulario de subsidio social para seguir sosteniendo cobertura gratuita en algunos (cada vez menos) medicamentos”, criticó la cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal).

El socialista santafecino Esteban Paulon cuestionó: “Milei sigue con el plan motosierra... cuando le recortaron el salario lo festejaron con un asadito y no conforme con eso sigue el recorte quitando medicamentos”.

"El gobierno decidió eliminar los medicamentos gratis del PAMI. Ponen más requisitos y si cobran por encima de $390 mil mensuales los dejan afuera. Agregan más trámites burocráticos cuando a muchos jubilados se les puede ir la vida pidiendo el subsidio. La crueldad de Milei no tiene límites. Basta", disparó el diputado de izquierda Nicolás Del Caño. En el mismo sentido se manifestó su compañero de bloque Christian Castillo: "¿Qué más van a hacer contra jubilados y jubiladas? Les licuaron los ingresos, les vetaron un aumento de $ 15 mil y ahora dejan afuera del acceso a los medicamentos gratuitos a millones de afiliados al PAMI. ¿Se puede ser más pusilánime?".

No confundamos: Más trámites es menor acceso a medicamentos.
Cuidar los recursos de PAMI está muy bien, pero no a costa de quienes sí los necesitan.
A partir de hoy, un jubilado que cobra $260.000, en vez de ir directo a la farmacia, deberá:
➡️ Ir al medico para que le haga la… https://t.co/l52boMx5Zr

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) December 2, 2024

UN GOBIERNO INHUMANO

El Gobierno Nacional abandona a los jubilados de PAMI, los deja sin la cobertura de medicamentos y con una jubilación de hambre.
Bajo el discurso del ajuste, el esfuerzo siempre recae sobre los más vulnerables.https://t.co/i5CEm8oker pic.twitter.com/8pEjUGzSm6

— Mónica Fein (@MonicaFein) December 2, 2024

Mientras el Gobierno celebra la baja de la inflación mes tras mes, los informes elaborados por diferentes centros de investigación muestran lo contrario. Un reciente documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que uno de los rubros de mayor aumento fue salud con 7,3%, puntualmente en el mes de julio de 2024 los medicamentos aumentaron 5% en general y 7,6% en los alcanzados por PAMI.

Al respecto, el diputado nacional y titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP), insta a los restantes bloques políticos UCR, Encuentro Federal, CC-ARI, Independencia, Pro, La Libertad Avanza y MID a considerar el proyecto de ley para regular el precio de los medicamentos (por debajo del IPC o el RIPTE el menor de ellos) porque “es una emergencia”.

El tucumano resaltó que el informe de CEPA “marca uno de los problemas más graves del desgobierno de Milei: el precio de los medicamentos. Durante el gobierno anterior la Industria sostuvo sus ganancias, pero la gente accedía a los medicamentos”.

“Hoy la situación se ha descontrolado, primero intentado recuperar lo que consideraban ‘perdido’ aumentaron a fin de 2023 con la devaluación, y ahora otra vez volviendo a los aumentos por arriba del IPC y por arriba del valor del dólar”, criticó.

Así, Yedlin manifestó que “PAMI ha disminuido la cobertura en medicamentos, y las jubilaciones han perdido valor, ‘tormenta perfecta’ para nuestros jubilados, que hoy no acceden a los medicamentos básicos. La salud no es un mercado perfecto requiere regulación”.

Este informe de @ctroCEPA marca uno de los problemas mas graves del desgobierno de @JMilei : el precio de los medicamentos.
Durante el gobierno anterior la Industria sostuvo sus ganancias, pero la gente accedía a los medicamentos. https://t.co/mGHtxvPHWo

— Pablo Yedlin (@pyedlin) August 13, 2024

En las últimas semanas se hizo de público conocimiento el faltante de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos, inquietud que se coló en la sesión informativa de este miércoles en el Senado hacia el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien aseguró que no dejarán de entregarlos.

Fue la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien trajo al recinto la problemática al preguntar: “¿Cómo tenían previstos normalizar la entrega de medicamentos oncológicos y HIV?”, y explicó: “Se están quedando sin entregas. Dijeron que el banco de medicamentos estaba casi vacío y no habían iniciado el proceso de compra y que era responsabilidad de las provincias”.

Posse aseguró que “los medicamentos oncológicos y de HIV la administración no dejará de entregarlos”, y apuntó contra la gestión anterior: “Es otra área, y lamentamos la sensibilidad que tiene, en la cual encontramos un nivel de desorden increíble. Había más de 1800 expedientes demorados teniendo este tema a la sensibilidad que tiene”.

“Se están regularizando a la mayor velocidad posible entendiendo además que esos trámites no tengan irregularidades. En un alto porcentaje se encontraron inconsistencias y esperamos a fines del mes de mayo tener regularizados el 100% de los casos de pacientes oncológicos y pediátricos”, afirmó.

En medio de denuncias al Gobierno nacional por la interrupción de medicamentos oncológicos para pacientes en situación de vulnerabilidad, el tema será tratado este martes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que preside el tucumano Pablo Yedlin (UP).

En el encuentro, que se llevará a cabo desde las 13.30 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja, se debatirán sobre dos proyectos que recibieron media sanción del Senado en septiembre del año pasado.

El primero tiene que ver con otorgarle jerarquía por ley al Programa Remediar, creado en 2002. El objetivo de este programa es asegurar la accesibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y productos sanitarios por parte de la población con cobertura pública exclusiva. También fortalecer el modelo de atención primaria de la salud y promover políticas de salud con gestión participativa.

El segundo proyecto es uno que fue impulsado por el propio Yedlin en la Cámara alta y tiene que ver con autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

El temario incluye una treintena de proyectos de resolución y declaración, entre ellos una decena pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas tomadas en relación a la epidemia de dengue. Dentro de este paquete hay una iniciativa del misionero Martín Arjol (UCR) que solicita la provisión y adquisición de vacunas.

Además, hay proyectos que exigen información al Gobierno sobre la continuidad del Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente no intencional; otros sobre el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) -en relación a los medicamentos-; y un conjunto sobre el cierre de Centros de Referencia.

 

 

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino.

El compromiso recae en el congelamiento de los precios de los medicamentos por un periodo de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia.

 

El diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) se mostró este martes en las redes sociales junto al excandidato presidencial Sergio Massa, analizando cuestiones inherentes a la salud y las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional.

“Me reuní con Sergio Massa para contarle del proyecto de ley de regulación del precio de medicamentos que presenté en

Diputados”, contó el expresidente de la Comisión de Salud en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “Además evaluamos el impacto de la epidemia de dengue en el país y la falta de respuesta del Ministerio de Salud de la Nación”.

Respecto del proyecto para regular el precio de los medicamentos, el mismo fue presentado el pasado 7 de marzo por Yedlin, acompañado por 43 diputados de su bancada, y tiene  por objeto “regular los precios de los medicamentos para facilitar el acceso a los mismos”.

“El precio de venta al público de los medicamentos comercializados en Argentina no podrá ajustare por un índice superior al Indice de Precios al Consumidor (IPC), ni al índice de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el mismo período considerado”, reza el artículo 2° de su propuesta.

En los fundamentos, el proyecto de Yedlin recuerda que nuestro país tuvo acuerdos de precios formales o informales entre el Gobierno y la industria farmacéutica y actores relacionados, no sistematizados ni sostenidos en el tiempo. “Por otro lado, el contexto inflacionario actual, las condiciones expuestas del sector y la manifiesta disminución del acceso a los medicamentos de los argentinos hacen necesario como una de las principales medidas sanitarias establecer un sistema que permita limitar los aumentos de los precios de los medicamentos, hasta que la economía se estabilice”, sostiene el proyecto que detalló el diputado tucumano ante el exministro de Economía.

En medio de un fuerte incremento en los costos de los medicamentos, el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) junto a compañeros de bloque, presentó un proyecto de ley para la regulación recios de medicamentos en Argentina porque “son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder”.

La iniciativa busca regular el precio de los medicamentos al definir un tope al aumento, que no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

“El aumento de los precios de los medicamentos muy por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los salarios ha generado que muchos argentinos no tengan acceso a la medicación necesaria para sus enfermedades agudas y sus estados crónicos de salud”, fundamentó Yedlin y alertó que ello “producirá un aumento en las complicaciones de esas enfermedades sumado a la profunda caída en la venta de los medicamentos”.

Según explicó el tucumano l objetivo es que “si los sueldos aumentan por arriba de la inflación no dispare más el precio de los medicamentos y si ocurre que la inflación supera los sueldos (como lamentablemente ha pasado últimamente) los medicamentos no aumenten por arriba de estos”.

“Está ley es una medida de emergencia para las argentinas y argentinos que no pueden esperar que la macroeconomía se estabilice para acceder a la medicación y continuar sus tratamientos. La salud es un derecho no un privilegio”, planteó.

Acompañan la iniciativa los diputados Walberto Allende, Eduardo Toniolli, Jorge Antonio Romero, Victoria Tolosa Paz, Andrea Fleitas, Santiago Cafiero, Liliana Paponet, Sabrina Selva, Natalia Zaracho, Eduardo Valdés, Carolina Yutrovic, Daniel Gollan, Ariel Rauschenberger, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Julio César Pereyra, Pablo Todero, Roxana Monzón, Martín Soria, González Gustavo, Micaela Morán, Lorena Poikok, Eugenia Alianiello, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Germán Martínez, Carlos Cisneros, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Aldo Leiva, Carlos Castagneto, Daniel Ernesto Alí, Virginia Marín y Nancy Sand.

🏛️Hoy presenté un proyecto de ley de Regulación de precios de medicamentos en Argentina junto con diputados y diputadas @Diputados_UxP.
➡️Los medicamentos son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder.
Les comparto el proyecto 👇 pic.twitter.com/bSm4Pskr3G

— Pablo Yedlin (@pyedlin) March 7, 2024

La senadora Silvina García Larraburu presentó en la Cámara alta un proyecto que solicita informes al Ejecutivo por la suspensión de la entrega de medicación a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La dependencia encargada de dicha provisión es la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Creada en 2004, funcionó por veinte años como una ventanilla de última instancia para los pacientes que no fueron cubiertos por el sistema de salud y ayuda a quienes carecen de cobertura, con medicamentos oncológicos, enfermedades crónicas, discapacitantes y patologías agudas urgentes.

Argumentó la senadora que “interrumpir el tratamiento por escasez de medicamentos puede afectar negativamente la emocionalidad de las personas, pero además,  empeora la calidad de vida del paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y el agravamiento de las enfermedades”.

“El papel del Estado resulta primordial en la protección de un derecho como la salud, no sólo por las características sociales, sino también por las particulares fallas a las que se encontraría sometido el sistema en caso de estar librado a las leyes habituales del mercado”, agregó.

En este sentido, la senadora solicitó que el Poder Ejecutivo explique las razones de la interrupción de esta asistencia e informe cuándo será subsanada y si el Estado se hará cargo del daño ocasionado.

“La salud es un Derecho Humano fundamental y de primer orden. Así es reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. No podemos permitir que se atente contra el bienestar y la vida de la población argentina”, concluyó.

La diputada nacional del Pro Karina Bachey presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan tratamientos médicos.

El proyecto de la diputada puntana pide datos a través sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acerca de la “falta de medicamentos para las personas con discapacidad, que necesitan cubrir tratamientos médicos sumamente importantes para su salud”, como así también informe acerca de una serie de cuestiones.

Puntualmente reclama detallar acerca de los medicamentos que se han entregado desde diciembre a febrero, a través del programa Incluir Salud; como así también informar a partir de cuándo se regularizará la situación sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan cubrir sus medicamentos. Por último, informar acerca de los motivos de los faltantes.

La propuesta de Bachey lleva también las firmas de sus pares Marilú Quiroz, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro-San Luis) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en busca de respuestas sobre que "cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, sumado a la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables para el normal abastecimiento de medicamentos".

En el proyecto de resolución, se solicita que se detalle "la situación que está ocurriendo respecto a que muchas farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas debido a la demora en los pagos" y se precise "en qué provincias se está dando esta situación".

Asimismo, que se indique cuáles son "las acciones y medidas a tomar para garantizar la provisión de medicamentos, debido a la dificultad para importar insumos para el normal abastecimiento, lo que pone en peligro la provisión de los mismos a cientos de pacientes que lo necesiten". "Detalle sobre los insumos que se encuentran con dificultad para importar", agrega.

En los fundamentos del proyecto, Bachey señaló que "el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires alertó por medio de un comunicado que cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, y denunció que la crisis advertida hace meses ya llegó".

"El sector farmacéutico atraviesa una compleja situación por la inercia inflacionaria combinada con el desajuste entre el pago de medicamentos con descuentos de los clientes y el cobro de la bonificación a cargo de las obras sociales y las prepagas. A esto se le suma la dificultad para el acceso a divisas, lo que genera faltante de insumos y pone en riesgo el normal abastecimiento de medicamentos", alertó.

La puntana sumó que "el complejo panorama del sector también afecta a los laboratorios que, en paralelo, padecen la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables".

La solicitud fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Florencia Klipauka Lewtak, Rubén Manzi, Carlos Zapata, Manuel Aguirre, Marcela Antola y Carolina Castets.

En el marco del conflicto que atraviesan las farmacias y los laboratorios por la mora en los pagos, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Pro – Córdoba) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del  del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), regularice de manera inmediata la deuda con entidades farmacéuticas, e informe sobre los motivos relacionados con la demora en los pagos de los medicamentos a las farmacias, incumpliendo los plazos de pagos previstos en el acuerdo 2023 suscrito con entidades farmacéuticas y laboratorios.

El cordobés señala que PAMI fija el precio de venta de medicamentos mediante un acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica y explica que “la diferencia entre el precio de venta establecido por PAMI y el precio de venta de mercado deba ser asumida por la farmacia prestadora”.

“Al costo que recae sobre la farmacia debe sumarse el complejo proceso de pago establecido por convenio entre la industria farmacéutica y la obra social. Del 100% del valor del medicamento fijado en el Precio de Venta PAMI, la entidad estatal abona un 75% a la farmacia prestadora en efectivo (teniendo un plazo de 15 días para pagar el 55% del valor, y 45 días para el 45% faltante) y el restante 25% lo hace mediante Notas de Crédito a droguerías”, detalla en la iniciativa.

Al respecto, indica que “este proceso de pago a las entidades farmacéuticas no sólo presenta dificultades por los plazos fijados, altamente ineficiente en un contexto de elevada inflación, sino también por la demora”.

“Desde la Confederación Farmacéutica Argentina, que representa a seis mil farmacias en todo el territorio nacional y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, vienen informando desde el mes agosto sobre la crítica situación financiera que atraviesan como consecuencia de los plazos de pagos establecidos por convenio”, planteó el diputado del Pro.

La iniciativa fue suscripta por los diputados Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Héctor “Tito” Stefani, Adriana Ruarte, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Karina Bachey, Germana Figueroa Casas, Mario Barletta, Laura Castets, Pablo Torello y Marcela Campagnoli.

4497-D-2023_231108_144032

La Cámara alta aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la información adecuada, veraz y oportuna de los medicamentos por medio del rotulado o etiquetado de los envases en sistema braille y códigos de respuesta rápida (QR), o los que en el futuro lo sustituyan.

La iniciativa, consensuada entre propuestas de los senadores Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN), tiene como finalidades: promover el ejercicio efectivo del derecho a la salud; garantizar el acceso a la información adecuada, veraz y oportuna a las personas con discapacidad; y mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los medicamentos.

También, contribuir al consumo adecuado y responsable y prevenir el uso indebido o perjudicial de los mismos; y favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.

Las obligaciones de la ley alcanzan a cualquier persona humana o jurídica que fabrique, elabore, produzca, comercialice medicamentos sin perjuicio de los modos de venta utilizados, o se dedique a la importación comercial de los mismos.

Asimismo, la norma abarca todos los medicamentos, autorizados e inscriptos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De acuerdo al texto, los envases de medicamentos deberán contener, como mínimo, la siguiente información: nombre genérico del medicamento (denominación); marca del medicamento; principio activo y concentración; fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

En tanto, toda esa información deberá también contener el código QR, además de incorporar un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información. Deberá ser aplicado en sobre-relieve a fines de facilitar su localización y escaneo.

Por otra parte, se prevé que la ANMAT aplicará las infracciones y sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463 de medicamentos; y que los sujetos obligados tendrán que adoptar las medidas necesarias de adecuación de los envases en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley.

La Comisión de Salud del Senado dictaminó este martes un proyecto de ley que establece la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos, sean de industria nacional o extranjera.

La iniciativa se consensuó entre iniciativas presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Al explicar brevemente el proyecto, el presidente de la comisión, Mario Fiad (UCR), resaltó que cuenta con informes favorables por parte del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Rosell.

Entre sus principales puntos indica que la información en braille deberá contener: el nombre genérico del medicamento; la marca del medicamento; el principio activo y concentración; la fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

"En los casos que, por las características particulares del envase del medicamento, no fuere posible incorporar alguno de los sistemas previstos en la presente ley, la autoridad de aplicación deberá determinar el procedimiento adecuado para su implementación", aclara.

También, los medicamentos deberán tener un código QR que contenga esa misma información y "un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información", y "ser aplicado en sobre relieve a fines de facilitar su localización y escaneo".

Además, se dispone que la ANMAT "aplicará las infracciones y sanciones correspondientes", de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463.

Por otra parte, se despachó un proyecto -con media sanción de la Cámara de Diputados- que busca instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet. "Es una encefalopatía epiléptica de grado muy severo y como enfermedad poco frecuente tiene poca visibilización", explicó Fiad, al tiempo que señaló que padres de niños con esta enfermedad impulsan su aprobación.

Otra de las iniciativas que obtuvo dictamen fue una para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso. "En la pesquisa neonatal es determinante encontrar patologías que puedan ser tempranamente detectadas", expresó el presidente de la comisión, de profesión médico, y dijo que esta práctica "permite detección de algunas cardiopatías congénitas que requieren de un abordaje temprano, y para eso el diagnóstico precoz es muy importante".

Asimismo, se avaló un proyecto para modificar la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales. Autor del texto, el senador Antonio Rodas (FdT) afirmó que se trata de tener una norma que "permita contener y a su vez poder estar a la altura de las circunstancias" cuando "la ilusión de tener un hijo se ve truncada por un deceso".

En la reunión se avanzó también con un proyecto consensuado entre propuestas de Julio Cobos (UCR) y Fiad que busca "asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada".

En la iniciativa se señala que "la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud" debe "realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad".

Además, se deberá "asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas" y "ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos".

Finalmente, tuvo dictamen una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT). Y pasaron a la firma 49 proyectos de comunicación, 53 de declaración y uno de resolución.

Comienzo de las despedidas

Al considerar que la de este martes fue la última reunión de la Comisión de Salud -sacando la posibilidad de futuros plenarios-, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse.

Al tener palabras de elogio para Fiad, a quien llamó "amigo", la tucumana expresó: "Hemos tenido la posibilidad de debatir temas que a mí me han producido mucho dolor, y no obstante eso hacerlo con un respeto enorme, respetándonos entre nosotros en las disidencias, las miradas diferentes y tratando siempre de llegar a buen puerto".

A quienes continúan en el Senado, les pidió "que sigan adelante, que sigan prestigiando esta casa, que nos cuidemos entre todos, porque es muy importante la labor que se desarrolla desde acá, es donde ponemos las leyes para toda la Argentina, y hay quienes a veces denostan nuestra tarea y nuestro quehacer diario. Que nunca sea por parte de uno de nosotros".

Otra de las senadoras que se despide este año, la chubutense Nancy González (FdT) manifestó: "Fue un placer haber trabajado con ustedes. Debatimos temas de mucha controversia, que nos involucraban a favor o en contra, pero lo hicimos con total respeto".

"Desde el lugar que me toque estar voy a estar colaborando para que este país siga progresando y salga adelante, todos unidos", añadió.

La legisladora nacional por La Rioja Clara Vega presentó un proyecto de “Acceso a Medicamentos” para asegurar el acceso universal a los medicamentos a través de descuentos cubiertos por el Estado Nacional, así como fomentar la prescripción por nombre genérico y la determinación de precios de referencia. 

Al respecto, Vega explicó que “en el último tiempo hubo un aumento desmedido de los medicamentos que golpea de forma alarmante a los sectores de bajos recursos y también a la clase media, por lo que necesitamos una política pública que atienda esta carencia, en lugar de anuncios vacíos sin impacto real”. 

En particular, el proyecto plantea que las farmacias ubicadas en localidades de menos de 2 mil habitantes podrán incorporarse a este programa, a fines de que un porcentaje del valor del medicamento sea cubierto por el Estado Nacional. 

“Existe una gran disparidad entre los beneficiarios que viven en los grandes centros urbanos y las ciudades chicas del interior del país, cuyas farmacias no pueden sostener el porcentaje que deben aportar al descuento en medicamentos que hoy se encuentra vigente. Y mucho menos se les puede pedir este esfuerzo en un proceso de inflación como el que estamos atravesando”, afirmó Vega. 

Asimismo, la senadora riojana planteó que “este aumento desproporcional de los medicamentos afecta claramente el derecho a la salud de la población, y hace necesario reactivar firmemente la prescripción por denominación genérica. La misma existe por ley desde 2002, pero bien sabemos que no se está aplicando como corresponde”. 

Para finalizar, la senadora destacó que “siempre trabajamos nuestros proyectos con las entidades y referentes de los sectores interesados y/o afectados, porque son quienes viven en primera persona las diversas problemáticas. En este caso, contamos con la colaboración de la Cámara de Farmacias de La Rioja (CAFRI) y de Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), aunque lamentamos no haber podido coordinar con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)”. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para transformar al Instituto Biológico de La Plata. Junto a legisladores, universidades, científicos, sindicatos y representantes del sector privado, se detalló la estrategia que contempla una inversión de 8.680.602.060 pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo polo productivo, científico y tecnológico, que reactive la producción pública de medicamentos y vacunas y el control de calidad de alimentos, envases y fármacos.

Tras la presentación en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerenses, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que “el proyecto de ley impulsa la creación de nuestro laboratorio Tomás Perón, y eso nos permitirá tener mucha más velocidad y capacidad de producción, reducir los costos para el Estado, aumentar la previsibilidad, poder garantizar el acceso a los medicamentos para toda la provincia de Buenos Aires y, también, el desarrollo industrial, que implica más puestos de trabajo”.

Agregó que su puesta en marcha “permitirá producir 400 millones de comprimidos al año, cifra que nos posibilita cubrir las necesidades de tratamiento del 45 por ciento de los bonaerenses que tienen cobertura pública exclusiva en materia de salud”.

Dentro del proyecto se prevé la construcción de una planta de vacunas bacterianas, entre ellas, la BCG de uso oncológico, un medicamento de los considerados “huérfanos” por su escasa producción y alto costo. De este modo, será posible cubrir la demanda nacional de este fármaco e incluso exportarlo. En Argentina, alrededor de 4 mil personas necesitan diez dosis anuales de este medicamento para tratar el cáncer de vejiga. Para proveerlo, el Estado debe invertir 2 mil millones de pesos, monto que podrá reducirse hasta 50 veces gracias a la producción pública en el Instituto Biológico Tomás Perón.

La puesta en marcha de esta iniciativa tendrá alto impacto en el sistema de salud de la Provincia, porque lo dotará de mayor capacidad de respuesta y autonomía, al tiempo que insertará al Instituto en la red de laboratorios públicos y privados de todo el país, con los que podrá articular el desarrollo de múltiples especialidades medicinales.

Kreplak explicó que “éste es el primer paso de un proyecto que lleva mucho tiempo y que nos va a dar un nivel de soberanía y de capacidad mucho más potente para ayudar a solucionar la problemática de la salud de nuestro pueblo”. Concluyó que “uno de los pilares fundantes de este nuevo proyecto del Biológico es una articulación eficiente entre el sector público, privado, científico y tecnológico”.

Estado del proyecto

Como parte de la reactivación del laboratorio público Tomás Perón se proyecta la construcción en etapas de un complejo de edificios administrativos, de producción y de servicios. De la iniciativa participarán, además de Salud, el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la cartera de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

A fines de julio de este año se cerró la etapa de diseño de los edificios y el ministerio de Infraestructura de la Provincia se encuentra realizando los planos y especificaciones para el pliego de licitación.

De acuerdo con el proyecto que se presentó en la Legislatura se prevé la creación de las siguientes plantas:

❖ Laboratorio de control de alimentos y envases.

❖ Laboratorio de control de medicamentos: permite controlar fármacos de producción propia y brindar un servicio a laboratorios públicos y privados.

❖ Planta de producción de sólidos no estériles: cosméticos, sanitizantes, medicamentos cannábicos, medicamentos sólidos. Se podrán producir 400 millones de comprimidos al año para hospitales públicos.

❖ Planta de vacunas bacterianas: vacuna BCG liofilizada, producción de prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD) para diagnóstico de tuberculosis.

❖ Planta multipropósito de productos estériles: vacunas virales (antirrábica), productos biológicos (insulina), antídotos y sueros híperinmunes.

En materia de infraestructura se prevé la construcción, en una primera etapa de un edificio administrativo desarrollado en dos plantas con salas de reuniones, aulas, auditorio provincial, comedor, barra y sanitarios. Tendrá, a su vez, un jardín maternal para el personal que trabajará en el predio que contempla un sector administrativo, sanitarios, salas, cocina, depósitos, lactario, salón de usos múltiples y comedor.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) presentó un proyecto para garantizar a las personas con discapacidad visual o ceguera el derecho al acceso a la información veraz y oportuna en los remedios.

La iniciativa presentada en la Cámara alta busca agregar el lenguaje Braille y con Códigos de Respuesta Rápida (QR) a la denominación del producto, su marca, concentración del compuesto, fecha de elaboración y vencimiento, y toda otra información que resulte necesaria para un consumo responsable y adecuado.

En los argumentos del proyecto se resalta que la accesibilidad a la información es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución Nacional. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), a la que Argentina adhirió mediante la Ley 26.378 de 2014, establece la necesidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

“Eliminar los obstáculos que impidan la inclusión, en cualquier ámbito, debe ser un eje fundamental y transversal en políticas públicas”, apuntó la vicejefa de la bancada oficialista.

Por otro lado, señaló que la Argentina debe sumarse a los estándares internacionales que rigen en esta materia. “Con este proyecto se busca dar una respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual y garantizar así el ejercicio efectivo de sus derechos”, agregó.

Desde el Observatorio Federal de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias con Discapacidad Visual destacaron la importancia del proyecto. Martín Demonte, director técnico de Los Murciélagos y coordinador general del Instituto Román Rossell, expresó que se calcula -según el INDEC- que hay cerca de 900.000 personas no videntes en el país y la iniciativa tiene como objetivo “la restitución de un derecho tan fundamental como el de la igualdad para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual”.

Ante el preocupante aumento en el valor de los medicamentos y  para conocer en detalle de los procesos de adquisición de los mismos por parte de las instituciones nacionales responsables, los diputados del bloque de la CC ARI presentaron pedidos de acceso a la información pública a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y a la directora del PAMI, Luana Volnovich. A través de los mismos, piden que informen sobre la variación en el precio de los 15 medicamentos más comercializados durante el 2020, tanto de venta libre como de venta bajo prescripción médica, en todo el país.

Los pedidos de información requieren se identifique los medicamentos asociados al tratamiento del Covid-19 y a patologías conexas durante el 2020 y 2021.

Asimismo, se solicita información sobre la variación de precios anual promedio correspondiente a cada uno de los medicamentos en relación con años anteriores (hasta el 2014) para todo el país, para cada provincia y para CABA.

Los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi, Mariana Stilman y el legislador porteño de la CC ARI Hernán Reyes, haciendo uso del artículo 2 de la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, solicitaron que en el término de 15 días hábiles se brinde la información solicitada por escrito o en su versión digital.

Desde el inicio de la pandemia los diputados de la CC ARI vienen registrando un alto incremento en el valor de los medicamentos, así como la posibilidad de ciertas conductas abusivas por parte de las empresas farmacéuticas. Por eso, a través de los pedidos de información los legisladores consideran que se podrá evaluar si el Gobierno Nacional está haciendo el correspondiente seguimiento en la variación de precios.

Además, el pedido de información al Ministerio de Salud pide que indique los expedientes de compra, los procedimientos de adquisición, los medicamentos adquiridos, los organismos que realizaron la compra, así como la identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.

Al PAMI se le solicita, que de esos 15 medicamentos, especifique los procedimientos de adquisición, identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.

Mientras que a la Secretaria de Comercio se le requiere que informe si se ha iniciado alguna investigación o sanción por variación de precios respecto de medicamentos usados para tratar patalogías asociadas al Covid-19, como antiinflamatorios, inhibidores, anticuerpos, antivirales o analgésicos durante el 2020 y 2021.

Diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentaron un proyecto de resolución en el que le solicitan al Poder Ejecutivo que allane las trámites relacionados con el otorgamiento de licencias obligatorias para el derecho de explotación de patentes que facilitarán el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el Covid-19.

Para ello, los legisladores solicitaron al PEN que contemple este otorgamiento de licencias obligatorias en el marco de lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de la Ley Nº 24.481, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y en los artículos 45 y 47 de su decreto reglamentario 260/1996.

Además, pidieron que el PEN informe a la Cámara de Diputados de la Nación acerca de las vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías que, se estiman, serán esencialmente necesarios a los efectos de la determinación, por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de la existencia de solicitudes de patentes o patentes concedidas u otros derechos industriales que puedan restringir su importación o producción nacional.

El proyecto es impulsado por la diputada Mariana Zuvic y cuenta con el acompañamiento de los legisladores de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Leonor Martínez Villada, Héctor Toty Flores y Mariana Stilman.

“Las licencias obligatorias constituyen una de las principales herramientas jurídicas para abordar el reto del acceso a medicamentos patentados y la salud pública. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, menciona la iniciativa y agrega que “los Estados tienen el deber de impedir que se impongan costos irrazonablemente elevados para el acceso a medicamentos esenciales que menoscaben el derecho de grandes segmentos de la población a la salud”.

“También deben impedir el uso de los avances científicos y técnicos para fines contrarios a la dignidad y los derechos humanos, lo que sucede si se excluye de la posibilidad de patentar los inventos, cuya comercialización pueda poner en peligro el pleno ejercicio de esos derechos. En consecuencia, los medicamentos esenciales como elemento fundamental del derecho a la salud no deberían patentarse”, indican los diputados de la CC ARI.

“El nuevo coronavirus nos trae situaciones de mucha complejidad, dolor y muerte, pero también una oportunidad para hacer cambios profundos en el sistema. Actualmente, el sistema de patentes y de licencias obligatorias sería el modelo en el que la humanidad está confiando el desarrollo de tecnologías, pero es un sistema desactualizado e injusto, basado en el lucro, busca que las empresas inviertan y éstas quieren ganancias, entonces todo queda librado al mercado”, afirman los legisladores nacionales.

“Hace años que en el ámbito de la OMS se viene discutiendo un modelo de Investigación y Desarrollo basado en la inversión pública, en el que el Estado se involucre también en la etapa de desarrollo para afianzar el conocimiento y el progreso sobre la base de la igualdad y la visión de la salud como bien público universal de acceso gratuito, masivo e igualitario”, añade en el proyecto de la CC ARI.

A pesar de haber recibido observaciones por parte de asociaciones farmacéuticas y de los propios senadores, el proyecto de receta médica digital obtuvo dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara alta y quedó en condiciones de ser abordado en la próxima sesión.

En una reunión virtual presidida por Mario Fiad (UCR), los legisladores acordaron avanzar con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en mayo pasado sin modificaciones, y esperar que en la reglamentación se subsanen algunos aspectos que generaron dudas.

Según explicó Fiad, el principal cuestionamiento tiene que ver con el artículo dos de la iniciativa, que establece que “los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia, establecimientos de salud y establecimientos del sector de salud habilitados para tal fin”.

“La sola mención del término 'medicamento' deja dudas para el expendio de otras drogas o suplementos nutricionales que requieren prescripción médica o supervisión del profesional farmacéutico”, señaló el radical jujeño.

En relación a la dispensa, las entidades farmacéuticas entienden que “se vulnera” el artículo 1 de la Ley de Farmacias, que indica que el expendio de medicamentos solo puede realizarse en farmacias habilitadas.

La preocupación tiene que ver con que “los medicamentos se terminen vendiendo en varios lugares y que no tengan control ni supervisión del personal farmacéutico”, puntualizó Fiad, y por último, habló de aspectos de redacción y de eventuales “incongruencias” con otras leyes.

También desde la UCR, Silvia Elías de Pérez respaldó el proyecto. “Sin dudas la ley tiene cosas para perfeccionar. Me hubiese gustado una mejor redacción, pero tampoco es para desesperarse”, consideró, y esperó que los puntos mencionados “puedan ser subsanados por la vía reglamentaria”.