La iniciativa pretende garantizar la reincorporación de quiénes hayan sido desvinculados por falta de pago, luego de que en los primeros tres meses de 2024 los aumentos de las obras sociales alcanzaron un acumulado del 100%.
Ante las subas mensuales que vienen realizando las prepagas, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia para personas usuarias de empresas de Medicina Prepaga.
El objetivo es que queden suspendidos los aumentos de las cuotas de esas prestaciones producidos a partir de diciembre de 2023 como consecuencia de la desregulación de los precios de la economía determinados por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Además, establece que los nuevos aumentos sólo podrán autorizarse mensualmente de las cuotas de los servicios “según lo que resulte del promedio entre el índice de Costos de Salud y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE)”.
También propone que los aumentos de las cuotas desde el mes de diciembre de 2023 deben ser reajustados de conformidad con el índice mencionado previamente y descontados los montos que hayan superado el mismo a partir de la primera cuota.
En suma, exige la reincorporación “inmediata” de los usuarios desvinculados por cualquier causa a partir de enero de 2024. “Durante el plazo de emergencia no se podrá excluir a usuarios y usuarias del servicio por falta de pago de las cuotas”, indica.
Según la diputada, la iniciativa se funda, en primer lugar, en la convicción de que “la salud y la vida se encuentran por encima de todo criterio económico de mercado”, y entendiendo que -más allá de su constitución como empresas- los entes de medicina prepaga “tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial”.
Asimismo, Macha detalló que los aumentos en los aranceles de los dos primeros meses de 2024 fueron “dispares. Mientras que en enero hubo incrementos cercanos al 40%, en febrero llegaron al 36% y se cobraron retroactivos”.
“Usuarias y usuarias recibieron subas en la facturación de más del 75% sobre los importes de diciembre en solo dos meses. Y con el incremento de marzo, el acumulado superará el 100%”, explicó.
La iniciativa plantea que, ante una modificación en la cartilla de los prestadores, los usuarios tienen “derecho” a elegir continuar con el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio y las prácticas en curso de ejecución por todo el tiempo de su duración.
La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR – Jujuy) presentó un proyecto en el Senado de la Nación que busca resguardar el derecho de los pacientes de instituciones de Salud (empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales) a la continuidad de tratamientos en curso de ejecución.
El texto plantea que en el supuesto de modificación de la cartilla de prestadores los usuarios tienen derecho a elegir continuar con el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio y las prácticas en curso de ejecución por todo el tiempo de su duración.
Entre los fundamentos, Giacoppo destacó que “es habitual que los distintos agentes del sistema de salud -ya sean empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales- modifiquen los prestadores de su cartilla, lo cual obliga a sus afiliados a cambiar del profesional de la salud y/o instituciones que lo atendía hasta entonces”.
“Esta situación en el caso de las personas con enfermedades crónicas o que deben realizar un tratamiento determinado genera un grave perjuicio, ya que deben abandonar al médico o institución tratante y comenzar con nuevos profesionales, lo cual afecta su salud”, explicó y sumó: “Es por lo que, ante esa situación, el usuario del sistema de salud recurre a la justicia para solicitar obtener el derecho a continuar con el tratamiento con los mismos profesionales lo cual deviene en una verdadera acumulación de causas análogas en los tribunales en las que, en la mayoría de los casos, se resuelve a favor del usuario”.
Además, planteó que “la justicia entiende que la modificación de la cartilla de prestadores no podrá afectar la continuidad del tratamiento de las prácticas en curso de ejecución y que los beneficiarios tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de ejecución con el prestador que estaba brindando ese servicio”.
“No podemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112), y a partir de ello y de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la C.N)”, argumentó.
En tanto, señaló que “nuestro máximo tribunal de justicia ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339)”.
Para la senadora radical resulta “imprescindible, a fin de garantizar este derecho, legislarlo para evitarle a los usuarios el costo y tiempo que lleva un proceso judicial”.
La vicepresidenta recordó que ya se había manifestado en contra de esta medida, la cual consideró “agrava al proceso inflacionario”.
Tras oficializarse la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de autorizar a las prepagas un aumento para diciembre del 13,8%, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a criticar la decisión del Gobierno -que integra-, al considerar que esa suba es “inaceptable” al tiempo que “agrava al proceso inflacionario”.
“Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter y, a los pocos minutos, se volvió tendencia.
En el hilo, reveló: “Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”.
El nuevo reajuste se calculará sobre el valor de la cuota del mes actual, la cual se había modificado en 11,53% el anterior mes. Durante el 2022 hubo ocho aumentos y el de diciembre será el más elevado, por lo que provocará que, respecto a 2021, la mensualidad de la medicina prepaga cueste el doble.
El sector privado había impulsado criterios para las variaciones de los precios y así evitar la discrecionalidad de las autoridades y, además, porque eso se había establecido hace años en una ley, pero no se había puesto en práctica. Sin embargo, el sistema actual de aumentos fue dispuesto con vigencia solo para 2022 y no se conoce aún cómo se definirán las actualizaciones de valores de cuotas para el año que viene.
Las iniciativas alcanzan a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguros. La votación cosechó 38 votos positivos y 0 negativos. La discusión pasa a Diputados.
El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.
Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.
El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.
Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales “veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” -dijo- y “fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente” ya que “aquí se afectan intereses”, sobre todo los referidos “al bolsillo”, donde “no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, señaló.
El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que “a lo mejor una empresa grande” con deudas tenga la posibilidad de especular “entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio”, cuando la propuesta apunta a beneficiar “al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita”, resaltó.
“Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos”, sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.
Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras “cobraran las tasas de interés que quisieran”. Sin embargo, “ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos”.
Para el kirchnerista, estas leyes buscan “poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante”. “Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina”, remarcó e insistió: “Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos”.
Aspirando a que en la Cámara de Diputados “tengamos los votos necesarios para sancionar la ley”, Parrilli lanzó que “cuando la gente vaya a votar” en las próximas elecciones “también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente”.
Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: “Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero“.
La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que “nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen”, pero que “12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar”, desafió, en relación a las próximas elecciones.
La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que “se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona”, expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.
En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a “internas” dentro del propio Gobierno, porque “estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino” a través del “Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros”.
O sino tienen su justificación en que “estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación”, analizó. Y continuó: “Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora”.
“Repitan en la cabeza ‘que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo’. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina”, lanzó.
Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que “seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes”.
En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un “abuso con los precios”. En relación a las tarifas, subrayó que “mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados”.
También cuestionó el “currazo” sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como “el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta”. “Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado”, enfatizó y defendió que estos proyectos buscan “que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador”.
El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo “un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)”.
Qué establecen los proyectos
El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.
De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.
También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.
En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago”.
También, “no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto” y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.
La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.
En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.
Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa “se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios”.
El oficialismo avanzó con los dictámenes relacionados a los servicios públicos y privados. Juntos por el Cambio no acompañó y anunció que analizará los textos.
El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.
Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.
En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.
Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.
Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.
“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.
Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.
A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.
Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.
Participación de representantes del Banco Central
La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.
“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.
“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.
En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.
“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.
Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.
“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.
El senador kirchnerista y el presidente de la Unión Argentina de Salud se cruzaron este martes durante un plenario de comisiones.
El senador kirchnerista Oscar Parrilli y el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, mantuvieron un picante cruce este martes, durante un plenario de comisiones en el que se debatieron proyectos para limitar las tasas de intereses por mora en el pago de servicios públicos y privados, tales como la medicina prepaga. “Es un experto en reclamos y en tratar de mostrar que el Estado no sirve”, disparó el legislador del Frente de Todos.
Invitado a exponer en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías, el dueño de Swiss Medical señaló que “el sistema privado de salud está viviendo por estos momentos una de las crisis más profundas, está peleando su sustentabilidad, tiene problemas gigantes”, con lo cual el impacto de esta iniciativa sería “un tema menor”.
No obstante, remarcó que la ley de medicina prepaga -que no se cumple en su totalidad, afirmó- dice que “un usuario puede tener hasta tres cuotas de atraso en el sistema” y “la sanción que tendría sería percibir una tasa subsidiada”.
Belocopitt pronosticó que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir”.
“El moroso va a pagar una tasa más barata que el que está en regla. ¿Dónde se ha visto que el moroso pueda pagar algo más barato que el que está en regla?”, cuestionó, y enfatizó que “si estamos tan preocupados en bajar toda esta carga, pues bien, hagamos la misma propuesta a la AFIP, a las tasas municipales, a las deudas provinciales”. “Si no lo hacemos correcto, vamos a terminar perjudicando a la gran mayoría”, agregó.
Al responderle, Parrilli, autor de los proyectos, expresó que “nadie duda de que hay una crisis en el sistema de salud a partir de la pandemia, pero fundamentalmente creo que fue en el 2020, por lo que ha sido las no prestaciones por mucho tiempo”.
Y luego lanzó: “Reconozco en el señor que habló un experto en reclamos y en pedirle al Estado, y en tratar siempre de mostrar que el Estado no sirve, no anda, no funciona, y que los dejen a ellos hacer las cosas libremente que la sociedad va a estar mucho mejor”. Pero “a lo largo de la historia no ha sido precisamente así”.
En ese sentido, el neuquino ejemplificó que, en el caso del sistema financiero, durante el gobierno de Mauricio Macri “también decían que no tenía que haber regulaciones, y se dejó libre la entrada y salida de divisas, se dejó libre la tasa de intereses, se dejó libre todo. Y concluyó en una fuga de capitales fenomenal, como nunca antes vista, de 86 mil millones de dólares”, además de “una deuda que estamos pagando todos los argentinos, y no sé si algún día podremos pagarla”.
A la plata no la fugaron “los usuarios de las tarjetas de crédito, no la sacaron los usuarios de los servicios públicos. La sacaron las empresas, los bancos, las financieras, todas las empresas que ganaron sumas fenomenales de dinero todos estos años”, apuntó Parrilli.
“Yo creo que no es cierto que esto va a afectar, todo lo contrario, lo que va a hacer es proteger el derecho de los usuarios que no tienen protección. Las empresas siempre tienen la posibilidad de recurrir al Estado”, completó.
Entonces, el titular de la Unión Argentina de Salud le contestó: “No soy un reclamador al Estado, ni mucho menos, reclamo lo que creo que es un derecho”.
“En cuanto a los datos que usted habla sobre la deuda y demás, que creo que está haciendo una referencia a mí en lo personal, ya se encargaron de publicarlo algunos portales, podemos discutirlo donde quiera”, le dijo, en referencia a una publicación de El cohete a la luna, portal de Horacio Verbitsky, que lo menciona entre los responsables de la fuga de capitales.
Y le reclamó: “Debería sentir orgullo de un empresario que ha creado la cantidad de puestos de trabajo que me ha tocado crear a mí desde que estoy en Argentina”.
“No soy una persona que descree de la participación del Estado, lo que sí le digo que en materia de salud privada los que optan por la medicina prepaga, votan a la medicina prepaga, porque la tendrían gratis en el Estado, pero consideran que la medicina prepaga lo hace mejor“, añadió Belocopitt, que en los últimos días alzó la voz contra la supuesta intención del Gobierno de estatizar el sistema, sumado al decreto emitido por Alberto Fernández que prohíbe a los trabajadores salir de la obra social de su sector durante el primer año.
Finalmente, Parrilli cerró: “No hice ninguna alusión personal a él, desconozco lo que él dice, no tengo nada personal contra él, a quien además no conozco”.
El comercio electrónico, los “abusos” de las prepagas, el sobreendeudamiento de las familias y la declaración de nuevos servicios públicos fueron algunos de los temas planteados.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.
El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.
También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.
Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.
Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.
Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.
Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.
En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.
Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.
