Después de que se conociera que se le pondría un freno al aumento de las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, explicó en las redes sociales el alcance de la medida cautelar que busca disminuir el impacto del incremento en las tarifas de salud privada.

En ese sentido el legislador, que fue uno de los denunciantes de la cartelización de las prepagas, manifestó que “más de seis millones de personas angustiadas por ver con absoluta impotencia cómo aumentaban las prepagas de forma coordinada. Un mes, dos meses, tres meses y cuatro meses” y consideró que “el Gobierno abandonó a la clase media y el daño era terrible porque el riesgo de la salud angustia y mucho. Por esa razón me presenté con toda la CC ARI en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para frenar esta locura”.

“Lo hicimos en enero, hace meses y el Gobierno reaccionó. Ante toda la desinformación me gustaría dar precisión e información para poner mi grano de arena en calmar tanta ansiedad. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia empezó a investigar nuestra denuncia por cartelización que es nada menos que sustituir competencia por acuerdos de las empresas para aumentar en forma infinita los precios”, continuó.

Sobre esa misma línea, Reyes explicó que “en ese contexto impuso una medida cautelar que es una forma de frenar el daño que mes a mes se produce en todas las familias que no dan más.  Esa medida supone fijar la cuota de mayo al valor de diciembre 2023 sumando la inflación acumulada. En promedio la cuota de mayo tiene que ser un tercio más baja que la de abril” y destacó que “la medida cautelar incluye que los que ingresaron en diciembre o después de diciembre, se calculará con la base de un plan similar de la misma empresa en diciembre”.

A su vez, el oficialista precisó que “las empresas que están alcanzadas por la medida cautelar ahora son OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medifé, el Alemán y el Británico. Eso es el 75% de los usuarios, pero, se estaba dejando aún a 2 millones de personas sin protección. Por ese motivo pedimos a la CNDC que amplié la investigación y la cautelar a otras empresas como son Medicus, ACA, Accord, Sancor, Italiano, Fundación Guemes, Prevención Salud, CEMIC, Avalian Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial, y Pasteur”.

“Todavía no hay una definición clara de cómo se tratará a las personas que se dieron de baja durante estos meses porque no podían pagar las cuotas. Estoy analizando qué hacer con ello”, señaló, consciente de las limitaciones de la medida.

A la vez que resaltó que “para la devolución de lo pagado de más, todavía necesitamos una sentencia definitiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Espero que la investigación por el cartel continúe y tengamos una pronta sanción para que empiecen a devolver todo lo que se cobró de más en enero, febrero, marzo y abril”.

“Necesitamos estar más cerca que nunca. Estoy comprometido con cuidar a la clase media en este tiempo tan difícil”, completó Hernán Reyes.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) acudió a la justicia penal para presentar una medida cautelar que impida que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, comience a percibir el retroactivo de su doble pensión vitalicia que ascendería a 170 millones de pesos.

Así lo comunicó en su cuenta de Twitter en la que explicó: “Pedimos una medida cautelar para que ANSES no le pague 176 millones de pesos de retroactivo en jubilaciones a CFK, al no extenderse la emergencia Covid a partir del 01/01/23”.

“Mientras miles de jubilados con sentencia firme -llevando un juicio varios años- no logran que ANSES les pague, Cristina Fernández de Kirchner cobra 7 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio irregularmente, y ahora se va a embolsar 176 millones de pesos de retroactivo. Por eso nos hemos presentado ante la Justicia para frenar esta avaricia”, denunció.

La medida cautelar se presentó ante el juez Ariel Lijo en el marco del expediente en el que fueron denunciados la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quienes posibilitaron que la titular del Senado vuelva a percibir la doble pensión de privilegio que ronda -con las últimas actualizaciones-, los $6.394.030 mensuales.

"Pedimos que se dicte con carácter de urgente una medida cautelar ordenando al ANSES que se abstenga de pagar un ilegal monto retroactivo, pues ello implicaría nada menos que la consumación del delito de malversación de caudales públicos oportunamente denunciado", sostiene el escrito firmado por la diputada Ocaña. Además, en este expediente se cuestiona el accionar del organismo de la Seguridad Social y el rol del Procurador del Tesoro.

Al respecto, en el escrito Ocaña indicó que restando menos de dos días hábiles para que finalice el año, "no existe decreto ni norma que prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria, por lo que, de no mediar un nuevo decreto, el 1 de enero de 2023 dejaríamos de estar en emergencia sanitaria, por lo que las causales de suspensión de pago de los retroactivos dejarían de existir".

De esta manera, ANSES estaría habilitada a pagar a la vicepresidenta el retroactivo reclama. De ocurrir, dijo Graciela Ocaña, "se consumaría el perjuicio económico que el juez debe evitar que se concrete".

La referente de Cambiemos explicó al diario Clarín que el pedido al Juez Lijo "es para que adopte una medida cautelar urgente. No podemos permitir que el delito que cometió la titular de ANSeS, la camporista Fernanda Raverta, con la anuencia del Procurador y vacunado Vip Carlos Zannini, de haber pagado a CFK una doble jubilación sin el procedimiento correspondiente e ilegalmente, se termine concretando en un nuevo saqueo a todos los argentinos".

Cabe recordar que con la firma de Fernanda Raverta, la funcionaria que fue elegida por Cristina para dirigir la ANSeS, el organismo desistió el año pasado de apelar en el caso donde se discute si la vicepresidenta debe percibir o no la doble pensión vitalicia que representaba unos $ 2,5 millones mensuales. La cifra con las correspondientes actualizaciones supera los 6,3 millones de pesos, pero a ese número debe sumarse una pelea por un retroactivo que asciende a unos $ 170 millones.

La discusión se remonta al 29 de diciembre de 2020 cuando el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, resolvió que la vicepresidenta tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como expresidenta y la que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner, sumado a un retroactivo exento del impuesto a las Ganancias.

Desde marzo, Cristina no cobra su sueldo como vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ya que presentó una carta en la que renuncia a ese beneficio.

Ese fallo quedó firme cuando la ANSeS desistió de apelar la medida. Raverta tomó la decisión por orden de Carlos Zannini quien, en su rol de Procurador del Tesoro, firmó una resolución que sostenía que la medida administrativa del gobierno de Mauricio Macri, que obligó a la vice a optar por una de las dos pensiones, carecía de validez.

En consecuencia, Zannini afirmó que Cristina Kirchner debía cobrar ambos beneficios previsionales y ordenó a la ANSeS que restituya el pago, algo que comenzó a implementarse desde marzo del año pasado. En la Resolución del 3 de marzo de 2021, la ANSeS ordenó rehabilitar la asignación mensual vitalicia establecida en la ley 24.018 a favor de la titular del Senado.

Además, se especificó, en el artículo segundo, que el pago de los retroactivos que pudieran corresponder "se encuentran suspendidos conforme lo establece la ya citada RESOL-2020-230-ANSES-ANSES".