Su autora es Silvana Giudici, quien viene de haber estado al frente del ENACOM. También presentó un proyecto para derogar un DNU de la gestión anterior respecto a precios de servicios de telefonía móvil.
Un día después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la suspensión de la pauta en medios de comunicación por el plazo de un año, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó dos proyectos de ley: uno para la creación del RENAPPO (Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial); y otro para derogar un DNU de Alberto Fernández que modificó a la Ley de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.
La diputada recientemente electa fue titular del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) durante los últimos dos años de la gestión presidencial de Mauricio Macri, y en este caso, propone en su primer proyecto que se especifique el objetivo, descripción y fundamento que justifique la campaña, organismos y entidades solicitantes y afectadas y destinatarios de los mensajes.
Asimismoexige el costo estimado de diseño y producción, el presupuesto estimado de difusión, la oportunidad y período de ejecución en cada caso y las características que deben reunir los medios de comunicación, para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Tras ello, establece, en el proyecto de ley presentado, un presupuesto de reserva conformado con el 10% de previsto para la publicidad oficial. Y se deberá consignar en licencias, autorizaciones o habilitaciones alcanzados por la Ley 26.522 y 27.078.
4868-D-2023Por otro lado, la segunda iniciativa presentada por la diputada Giudici exige la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 del expresidente Fernández en el cual se estableció que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de los mismo serian considerados “servicios públicos esenciales y estratégicos”.
Esta medida fue lanzada por el Poder Ejecutivo durante la pancemia de coronavirus Covid-19 para regular las tarifas y precios de los servicios de telefonía móvil, en todas sus modalidades, mientras regía el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio nacional.
“Esa norma resulta cuestionable ya que al someter la prestación de tales servicios al régimen de servicio público debilita la legítima y sana competencia y, consecuentemente, se distorsiona el mercado, vulnerándose por ello la obligación que el artículo 42 de la Constitución Nacional”, explica Giudici en la iniciativa presentada.
4870-D-2023Por Osvaldo Nemirovsci. El exdiputado sostiene que “con mayor o menor buena voluntad siempre el rumbo de los medios públicos siguió el sesgo político que sus autoridades”.
Pero para eso, lo más importante es que sigan en manos de la administración nacional y no que se privaticen o cierren.
Estimo que la defensa de la existencia de Medios Públicos (TVP, Radio Nacional, Télam) debe hacerse con argumentos que se alejen de las habituales palabras con que hasta ahora siempre se intentó darles valor.
Nada significan frases como que son esenciales para la vida democrática, o que aseguran libertad de expresión, diversidad de voces etc. No porque no sea cierto, sino porque esas variables de gestión no se han aplicado con justicia en casi ningún gobierno de la historia argentina.
Con mayor o menos buena voluntad siempre el rumbo de los medios públicos siguió el sesgo político/informativo/cultural que sus autoridades, vinculadas al poder gubernamental del momento, decidieron impulsar.
Eso debe modificarse y que sirvan en serio a una mejor distribución de la información teniendo como sostén de calidad, el profesionalismo y correctas intermediaciones entre los fenómenos de opinión pública y las audiencias. Y cambiar esto no pasa por hacer desaparecer los Medios Públicos con rústicas referencias a costos o dimensiones laborales, dos aspectos que también pueden y deben mejorarse.
Eso no significa que el presidente electo Milei no muestre baches de conocimiento cuando refiere al tema y afirme que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, haciendo expresa referencia a la TVP, Radio Nacional y Télam.
Es una mirada que surge, naturalmente y desde su lógico sentido común en virtud de la alineación ultra liberal que lo formatea. Pero cae en falacias y errores.
Precisamente todo lo que menciona, no puede ni debe estar en manos privadas.
Lo de los Medios Públicos, cae de maduro y por su propia definición ¡Si son públicos es porque no son para que lo administren los privados! No es nuevo esto, añejas aspiraciones liberales, permanente interés de empresas periodísticas de acá y de afuera de quedarse con las frecuencias públicas del espectro de TV y radios, y de desmontar la única agencia de noticias, Télam, que tiene el Estado.
En ambos casos, los medios públicos audiovisuales y Télam cumplen el rol de equilibrar y federalizar la información, el entretenimiento y parte de la cultura y la educación que se expresa en la industria audiovisual y periodística.
Y sí es correcto mencionar que la federalización, en estos medios, es una realidad ya que ubican su tarea profesional en todo el territorio argentino, alejada esta cuestión de conveniencias de mercado. Los medios se mueven en un espacio de mercado, desde ya, pero no toda la comunicación es solamente mercado y en este caso priorizan (o debieran hacerlo) el interés público por sobre estándares comerciales y ratings que evalúan, y muy mal, algunas audiencias y no miden valoraciones de contenidos y necesidades culturales.
En casi todo el mundo hay Medios Públicos. En la muy liberal EEUU existe la PBS/Public Broadcasting Service, que es la Red de televisión pública de ese pais. Es una organización sin fines de lucro y se conforma con más de 350 emisoras públicas de todos los estados y está presente en absolutamente todo el territorio norteamericano. La idea primigenia de su fundación se sostiene en ser una alternativa a la televisión comercial y queda claro su cometido cuando vemos que la PBS reemplazó en 1969 a la National Educational Televisión/NET que era nada menos que una red de televisiones educativas. ¡Más sentido público, imposible! Su programación es generalista y muestra un amplio catálogo de documentales de ciencia e historia, tv educativa, espacios de servicios públicos y cine.
Como si fuera poco, como “mal ejemplo” para nosotros con tanta crítica infundada a Paka Paka, está también el PBS Kids, que es la marca de programación infantil pública con variedad de contenidos educativos, dibujos animados y espacios de divulgación. Hoy en día, PBS Kids es el único bloque infantil de la televisión generalista en abierto de los Estados Unidos.
En Europa es más fácil hallar Medios Públicos en muchísimos países, y existen variedad de formas mixtas en su financiamiento que van desde aportes estatales hasta publicidad comercial pasando por auspicios y donaciones.
Existe en España, Francia, Italia, Gran Bretaña y otros, algo que habría que implementar en Argentina, con obligación legal pera más como una práctica que las audiencias valoren y exijan y es entregar información balanceada y plural con puntos de vista disímiles y generar contenidos de entretenimiento con diversidad cultural y nada de esto atado a necesidades y gustos de los gobiernos de turno.
Alguna vez en Argentina tengamos Medios Públicos estatales y no gubernamentales.
Pero para eso, lo más importante es que sigan en manos de la administración nacional y no se privaticen o cierren.
Respecto a Télam, también en otros países hay agencias de noticias estatales, como EFE en España que es la cuarta más importante del mundo y brinda información a centenares de periódicos y emisoras y posee oficinas en 180 ciudades de 120 países.
Télam hoy es una sociedad estatal, la mayor agencia de noticias de Latinoamérica y la segunda más importante en lengua castellana y también tiene portales en portugués y en inglés. Además de los clásicos servicios de cables, fotografías e infografías, ofrece servicios audiovisuales, un suplemento literario, historietas, radio, producciones multimedia y un reporte que distribuye en formato de diario.
Y para finalizar digamos que todos los medios audiovisuales que usan espectro radioeléctrico, son públicos en virtud de ser el Estado Nacional administrador de dicho espectro que no reconoce “propiedad privada” en ninguna de sus formas. Cada estado nacional puede dar en explotación a terceros privados parte de ese espectro (frecuencias de radio y televisión) pero estos son “posesionarios” y no “propietarios” como mayormente se cree.
Y entre tanta cantidad de medios y de explotaciones concedidas, no está de más que el Estado tenga su parte.
Según un informe de la ONG Freedom House, la embajada China mantiene vínculos estrechos con diversos grupos mediáticos en Argentina.
Recientemente una ONG reposó su atención sobre la Argentina para estudiar “los esfuerzos de influencia mediática” por parte de China en el país. Se trata de Freedom House, una organización no gubernamental estadounidense cuya misión declarada es defender la democracia, la libertad política y los derechos humanos en el mundo. Fundada en 1941 y con sede en Washington, D. C., actualmente se destaca por sus investigaciones, como el informe anual de “Libertad en el Mundo” -que evalúa el estado de los derechos políticos y las libertades civiles a nivel global- y la producción de informes sobre países y regiones específicas en temas como la libertad en internet o libertad religiosa. En términos generales, es financiada tanto por donaciones privadas como subvenciones de gobiernos –incluyendo el de Estados Unidos-, fundaciones privadas y corporaciones.
Según esta ONG, la influencia mediática ”china“ en Argentina parece haber aumentado sostenidamente entre 2019 y 2021, algo que se habría manifestado en “acuerdos de cooperación con medios públicos argentinos” y “nuevos acuerdos con, al menos, un grupo de medios privados” y una mayor actividad en redes sociales. Sin embargo, la ONG evaluó que, si bien los argentinos “tenían una imagen positiva de China” y apoyaban “el comercio mayor”, no expresaban “confianza en la habilidad de Xi Jinping de hacer lo correcto en asuntos mundiales” y tenían “percepciones negativas sobre el historial de los derechos humanos”.
En relación a la “coordinación con voces locales”, Freedom House asegura que “la embajada china en Argentina mantiene vínculos estrechos con diversos grupos mediáticos, académicos, líderes políticos y personas influyentes en las redes sociales”. Esto incluyó la publicación de “docenas de artículos firmados”, el dar “entrevistas a medios de comunicación locales” y realizar “sesiones informativas para difundir las narrativas preferidas por Beijing sobre temas específicos” (prácticas de diplomacia pública ). Como resultado, la ONG dice que diversos funcionarios gubernamentales, incluso el embajador argentino en China y el presidente Fernández “se han hecho eco” sobre estos argumentos.
Con respecto a las “asociaciones con diversos medios”, según Freedom House esta se produce a través de “acuerdos entre la agencia de noticias Xinhua, la edición en español del People’s Daily, China Daily, y la Secretaría de Comunicación de Argentina, medios de comunicación con financiación pública, o los principales medios privados”. A su vez, otras instancias de “cooperación mediática” parecen basarse “en simpatías ideológicas entre organizaciones de izquierda y el Partido Comunista Chino”, como ser el contenido de Global de Televisión de China (China Global Television Network, CGTN) “difundido por la agencia de noticias venezolana TeleSUR”).
Por otro lado, las “narrativas preferidas”, dice el estudio de la ONG, enfatizaban los “vínculos estrechos” entre el Partido Comunista Chino y el gobernante Partido Justicialista en Argentina, mientras “fomentaba relaciones bilaterales más fuertes”. Los diplomáticos a menudo elogiaban logros chinos “en el desarrollo ambiental, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”. También se solidarizaban “contra la interferencia extranjera en asuntos internos y respaldaban los reclamos (…) por las Islas Malvinas”. Y la cobertura china sobre la cooperación anti-epidémica y la respuesta ante el COVID, “a veces se superponía con el discurso anti-estadounidense”.
Cabe decir que los investigadores de Freedom House “encontraron poca evidencia de la actividad de las tropas cibernéticas chinas en Argentina, con cuentas sospechosas amplificando las publicaciones de los medios de comunicación estatales chinos”, pero sí que “las líneas editoriales pro-Beijing dominan el contenido en chino” producido y consumido por la diáspora local de aproximadamente 200 mil personas. Y los medios argentinos, “informaron con frecuencia sobre escándalos locales que involucraban al crimen organizado chino, además de asuntos ambientales, conflictos laborales o casos de corrupción relacionados con las inversiones chinas en el país”.
De hecho, el informe de la ONG dice que incluso “los medios de noticias que cooperan con los medios estatales chinos no parecen haber evitado participar de esa cobertura crítica, y los medios locales también cubrieron los esfuerzos de la sociedad civil para frenar la influencia del Partido Comunista Chino”. Sin embargo, existen “vulnerabilidades de los medios y lagunas jurídicas”, como por ejemplo, “la propiedad concentrada de los medios así como también una carencia de regulaciones suficientes que aseguren la transparencia y la responsabilización”, que dañan “el desarrollo de los medios independientes y sustentables”.
En este contexto, asegura Freedom House, la “poca experiencia periodística sobre China” junto con “los esfuerzos constantes del Partido Comunista Chino para incorporar voces académicas y políticas influyentes” pueden causar “vulnerabilidades a la influencia de los medios chinos”.
Sin embargo, el impacto real de China en la Argentina parece observarse, hasta el momento, más en la esfera económica que la mediática. Allí, dicen los analistas, el Gigante Asiático es considerado un socio comercial destacado y un posible aliado a la hora de protegerse de los compromisos de deuda externos, especialmente los contraídos con el Fondo Monetario Internacional.
De hecho, en las últimas dos décadas ambos países ampliaron significativamente los acuerdos de intercambio de divisas y varias compañías chinas han anunciado proyectos de inversión en distintos sectores estratégicos de la economía argentina –como energía, minería, infraestructura y telecomunicaciones-. Además, el comercio entre China y Argentina creció repentinamente durante la pandemia, dominado mayormente por las exportaciones argentinas de soja y carne vacuna, y China se convirtió en el mercado de exportación más importante de Argentina. No obstante, esto no eliminó ciertos puntos de tensión en la relación bilateral, como los desafíos del crimen organizado chino y las operaciones de pesca ilegal.
De todos modos, Freedom House concluye que “los medios estatales chinos no han logrado penetrar directamente el mercado de medios argentinos a pesar de sus grandes esfuerzos” y en su lugar, “dependen de asociaciones con medios de comunicación locales para alcanzar mayores audiencias”. Sin embargo, la ONG alerta que puede “que no se necesite mucho éxito para atraer a un público generalmente receptivo que carece de conocimiento sobre China”. Y cita una encuesta realizada en Buenos Aires en noviembre de 2021, en la cual el 82% de los encuestados dijo tener “poco o ningún conocimiento sobre China”, pero el 55% dijo tener “una imagen positiva” del país.
La estrategia encubierta
El régimen chino liderado por Xi Jinping no da puntada sin hilo. El creciente interés de los medios oficiales chinos de vincularse con medios y líderes de opinión argentinos es, seguramente, parte del plan delineado en Pekín para posicionar al régimen y a su líder. China está en un proceso de expansión mundial que necesita, imperiosamente, de una difusión extraordinaria que contribuya a construir una buena reputación del país fronteras afuera. No son pocos los cuestionamientos que el mundo tiene hacia China. Y, en general, esos cuestionamientos son tomados por las poblaciones del mundo, aún a pesar de los supuestos beneficios que la presencia de China en la economía puede traer para sus vidas.
Por mencionar algunos, la constante amenaza de China sobre Taiwán es uno de los temas que el mundo occidental le reprocha a China. También, las sospechas sobre violaciones a los derechos humanos de la población uigur, son cada vez más concretas. Más recientemente, su ambigüedad sobre la invasión de Rusia a Ucrania tampoco dejó bien parado a Xi. Los gobiernos occidentales, que desconfían del vínculo entre Putin y Xi, lograron trasladar, mayoritariamente, a su población este sentimiento de duda. Por último, lo más contundente para esmerilar la reputación china fue la pandemia del Covid-19. Allí, sin intermediarios, la población mundial apuntó a China como el causante del virus, voluntario o no. Entonces, si la imagen de China en el mundo está golpeada por estas situaciones, entre otras, China debe hacer algo para contrarrestar una mala imagen que ni siquiera las bonanzas económicas logran neutralizar.
Pero, si de bonanzas económicas hablamos, vale decir que en el vínculo entre Argentina y China no todo lo que brilla es oro. Muchas de las medidas tomadas por el gobierno chino respecto de la instalación de infraestructura en Argentina tienen un doble propósito.
La base espacial china instalada en Neuquén es, quizá, el caso más emblemático. En la provincia patagónica opera una base que funciona como otra embajada china en el país. Los trabajadores son chinos, las reglas laborales son chinas, y el manejo de la información es chino, en su totalidad. Es decir, Argentina apenas cede su territorio, a cambio de varios millones de yuanes. Otro caso, crecientemente polémico, es el de la nueva base que China busca instalar en Tierra del Fuego. La isla es un lugar estratégico de paso entre los océanos, eventualmente vital durante un conflicto de alcance mundial, que pueda generar el cierre del canal de Panamá, país mucho más cercano a Estados Unidos. Un tercer caso, aunque no concretizado, tiene que ver con el inmenso interés chino en controlar la hidrovía del Paraná, cuyo puerto principal es el de Rosario. El cauce del río Paraná es el vehículo de salida de buena parte del comercio fluvial de América latina.
Todas estas acciones del gobierno chino necesitan, imperiosamente, de un apoyo mediático fuerte, que ayude a construir la idea de una China benefactora del mundo, sin intereses ocultos. Para que China pueda convertirse en el nuevo líder mundial, al nivel de Estados Unidos, debe haber una percepción positiva del gobierno chino en el mundo. Hoy, esa percepción no existe. Muy por el contrario. No es de extrañar, entonces, que el gobierno chino esté buscando cada vez con mayor énfasis, influir de manera concreta en los medios argentinos. Al fin y al cabo son el vehículo para contribuir a generar una idea de una China buena, respetuosa del orden internacional. Sin esta percepción positiva, China jamás será país líder del mundo.
En un tramo de discurso en el que se manifestó dispuesto a hacer un balance de su gestión, se quejó de que se hizo “una campaña de desinformación” de las políticas llevadas adelante por el Gobierno.
En su último mensaje ante el Congreso de este período presidencial, Alberto Fernández trazó una suerte de balance de su gestión. Al hacerlo, habló obviamente de la deuda heredada y le sumó “crisis sanitarias, económicas, ambientales y bélicas”. Ante ello, dijo, “fuimos capaces de hacer frente a cada una de esas adversidades en condiciones de extrema complejidad”.
“Al ingresar en el último año del mandato, siento necesario revisar lo hecho y trazar balances. Los argentinos tienen derecho a saber qué hicimos, por qué lo hicimos, y qué nos proponemos hacer”, señaló, para quejarse a continuación de los medios: “Hemos soportado una sistemática campaña de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dado los niveles de concentración que existen en nuestros medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes”.
Si bien aclaró que “todos y todas tienen derecho a opinar”, sostuvo que “el problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y lo que es peor, hemos visto mentir con total impudicia”.
Reivindicó la libertad de prensa, que consideró existe de manera “absoluta” durante su gestión, pero advirtió sobre “los argumentos que muchas veces son intelectualmente deshonestos y cargados de odio que en nada contribuyen al conocimiento de lo que el gobierno hace ni al debate serio sobre los problemas de la Argentina”.
Le atribuyó a esas “operaciones” el hecho de que la ciudadanía no conozca lo que está haciendo el Gobierno, pero aseguró que “a lo largo de estos tres años hemos trabajado mucho; hemos alcanzado objetivos. Seguramente hemos cometido errores, pero tengo la íntima convicción de que sumamos muchísimos aciertos”.
Se quejó entonces de que critiquen su “moderación”. Con esa moderación, dijo, “fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el FMI le había impuesto al gobierno que me precedió”.
“Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia, y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios. Y fui yo quien con esa moderación construyó hospitales modulares y distribuyó más de cuatro mil respiradores a lo largo y a lo ancho del país mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado”, destacó, para luego sumar como logros la búsqueda de vacunas y lo que definió como su “empeño” en que “la democracia se expanda y respete en toda la región”.
En ese sentido reivindicó haber estado al lado de Lula “cuando injustamente lo apresaron”, y de Evo Morales cuando “un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado. Y el que reclama y hace todo lo republicanamente posible desde hace años para que la Justicia argentina vuelva a abrazar al derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”.
También fui yo, el que alzó la voz para que los bloqueos económicos se terminen en nuestra América Latina y trabajó incansablemente para que el pueblo venezolano recupere el diálogo y la convivencia democrática.
En todos estos años no tuve otro propósito que servir a mi pueblo. Cuando finalmente deje mi cargo, podré dar cuenta de todos y cada uno de mis actos y nadie podrá atribuirme un solo hecho por el cual me haya enriquecido.
También me equivoqué, por supuesto. Pero cuando lo advertí fui capaz de revisar y enmendar lo hecho.
Alguna vez dije que antes que ser un “gran presidente” prefería ser el presidente de un “gran país”. Ahora que llega el momento de hacer un balance, debo decir que estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el “gran país” que soñamos.
No oculto las necesidades ni dibujo un mundo irreal. Los miro a los ojos, recorro el país, puedo ver lo bueno y lo malo que está sucediendo. Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles. Pero también veo lo que está bien, y cómo se oculta, y cómo se intenta generar desánimo y malestar. Por eso a todos y todas invito también a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria.
La vicepresidenta de la Nación compartió un comunicado del Partido Justicialista bonaerense en el que expresaron su repudio “sin peros (y memoria)” respecto a lo acontecido en el país vecino y culpó a los medios de generar “violencia política”.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a emprenderla este lunes contra los medios de comunicación el Poder Judicial, pero no lo hizo con sus propias palabras, sino compartiendo un comunicado que publicó el Partido Justicialista bonaerense en repudio al intento de golpe de Estado en Brasil ocurrido este domingo.
En su cuenta de Twitter, la titular del Senado replicó el titulo del texto difundido “Repudio sin peros (y memoria) sobre el intento de golpe de Estado en Brasil”, y comentó: “Imperdible análisis de la inoculación del odio, el rol de los medios y su consecuencia inevitable: la violencia política”.
En el comunicado, plantean que lo sucedido el domingo “no comenzó con la elección de Lula” sino “muchos años antes, cuando los grupos de poder brasileños se sirvieron de Bolsonaro para perseguir, humillar y encarcelarlo”.
En otro párrafo, señalan que “lograron dañar a la sociedad sembrando odio contra un dirigente, luego contra un espacio político y finalmente contra la sociedad”, pero que “fue clave la participación del Poder Judicial, el establishment económico y los grandes grupos de medios de comunicación que no fueron meros replicadores de causas judiciales sino parte activa de esos procesos”.
Y apuntan: “Grupos mediáticos de nuestro país, que hoy se rasgan las vestiduras por la asonada golpista, formaron parte del coro mediático que pidió el encarcelamiento de Lula. Esta misma Corte Suprema de nuestro país recibió con honores al juez Moro, como héroe de la lucha contra la corrupción”.
En esa línea, plantean que Lula “no fue condenado por corrupción”, sino que fue condenado por “corruptos” en un “proceso judicial fraudulento”. “Brasil debería funcionar como una forma de ver nuestro futuro si los grupos de poder en la Argentina no comprende lo que están haciendo. Mismos métodos, mismos resultados”, alertaron y agregaron a la publicación capturas de tapas del diario Clarín respecto a la condena de Lula.
Eso escribió el titular del bloque oficialista en Diputados en sus redes sociales al compartir la tapa de un diario cuyo titular rezaba “Ley de Alquileres: la oposición se unió y se prepara para volver a golpear a los K”.
El presidente del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, compartió en sus redes sociales la tapa de un diario cuyo titular rezaba “Ley de Alquileres: la oposición se unió y se prepara para volver a golpear a los K”, y cuestionó que los medios “entienden la política como si fueran rounds de una pelea de box”.
Luego de que en la última reunión de la Comisión de Legislación General oficialismo y oposición firmaron dictámenes por separado sobre la Ley de Alquileres para ir al recinto, algunos medios de comunicación lo expresaron como un “nuevo golpe al kirchnerismo” por parte de la oposición tal como sucedió con Boleta Única de Papel.
En ese contexto, Martínez cuestionó: “Así entienden a la política, como si fueran rounds de una pelea de box”, y aclaró que “no van a ‘volver a golpear a los K’. En ese mismo hilo, apuntó contra el bloque opositor: “Si avanzan, van a lastimar a miles y miles de inquilinos de toda la argentina”.
En tanto, consideró que “la salida es ampliando incentivos. No es quitando derechos a las y los inquilinos”.
El diputado se refirió al apoyo que los miembros del oficialismo le dieron al presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, tras la denuncia que recibió por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas de Camioneros.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) denunció que “el macrismo y los medios” buscan “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia, tras la reunión que mantuvo la comisión y en la cual los miembros del oficialismo que la conforman respaldaron todo lo actuado por su presidente, el diputado Leopoldo Moreau. El texto no contó con la firma de la oposición de Juntos por el Cambio.
La decisión de brindar apoyo al titular de la bicameral surgió luego que Moreau fuera denunciado por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas del gremio Camioneros, que están acusados por supuesta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro.
“Moreau empezó siendo diputado junto con la Democracia. Nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Ahora, por meterse a investigar una denuncia que hace el abogado de Camioneros, se come tres denuncias en un día. Hay un sector muy vinculado a Macri que busca desprestigiar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, desde que tomamos declaración a Majdalani”, sostuvo Valdés en diálogo con El Destape Radio.
En ese sentido, explayó: “En la Bicameral de Inteligencia aprobamos por consenso todo lo actuado por el presidente. Su actuación está ratificada además por el fallo del juez de San Nicolás. Hablamos de un espionaje ilegal que se hizo en un expediente reservado sobre dos dirigentes de Camioneros, donde se interceptaron sus diálogos con su abogado. En lo que hace al expediente reservado, que tanto le ha molestado a Santoro, Winazky, Arietto, el juez le dio la razón a Moreau para que se haga una investigación en la procuración general de la Provincia de Buenos Aires”.
Además, Valdés dio a conocer algunos detalles sobre la actividad del cuerpo parlamentario: “Todas las acciones que tomó la Bicameral fueron con acuerdo político. Arribas fue a declarar porque hubo agentes de inteligencia que dependían de él, que declararon que quienes pidieron poner cámaras en las reuniones donde se habló de la Gestapo antisindical fueron Arribas y Majdalani. Abajo de ellos, estaban todos los espías de la banda Super Mario Bros. Ningún espía es suicida, actúan por órdenes de superiores”.
“¿Quién le dio las órdenes a Arribas y Majdalani? Se llama Mauricio Macri. Cada vez que el expediente llega cerca de Macri, le sacan la causa y la mandan a Comodoro Py”, analizó.
Para concluir, Valdés se refirió al rol de los medios de comunicación y apuntó contra la Corte Suprema: “Llama la atención la actividad que está teniendo el periodista Santoro para desprestigiar la actividad de la Bicameral. Desde que Rosatti tomó el control de la Corte y del Consejo de la Magistratura, vemos un renacer de los grupos mediáticos poderosos para desprestigiar toda posibilidad de investigación”.
Fue luego de que el presidente adhirió a un posteo en redes sociales con una crítica a los medios de comunicación, tras una discusión entre Gabriela Cerruti y una comunicadora que hizo una pregunta sobre el FMI y Estados Unidos.
La oposición estalló contra el Gobierno nacional luego de el presidente de la Nación, Alberto Fernández, adhiriera a un posteo en Twitter con una crítica a los medios de comunicación: “El periodismo mainstream argentino es una vergüenza nacional”, luego de que en la conferencia de prensa que brindó este jueves la portavoz, Gabriela Cerruti, tuviera un intercambio con una periodista que le consulto sobre el FMI y los Estados Unidos.
“El presidente ahora adhiere a que el periodismo es una ‘vergüenza nacional’. Todos los días da un paso más hacia el populismo autoritario”, repudió el jefe del bloque UCR en Diputados Mario Negri (Córdoba) y expresó: “Mi solidaridad con los periodistas que escarban en el poder sin importar quién gobierna, desde las fiestas en Olivos a los vacunatorios VIP”.
Se sumó el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, quien criticó: “El ataque de Alberto contra los medios de comunicación y sus trabajadores es una muestra de su intolerancia. Está claro que al presidente no le gusta que pongan de manifiesto sus incoherencias”.
También expresó su cuestionamiento el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo: “Repudio enérgicamente las expresiones de Gabriela Cerruti avaladas por el presidente Alberto Fernández. El periodismo ha sufrido cientos de embates del kirchnerismo como si fuesen un enemigo acérrimo. No puede ser que en 2022 haya dirigentes que se manifiesten contra la libertad de expresión”.
“Repudio el nuevo ataque de Alberto Fernández al periodismo. Presidente, ¿usted sabe que tenemos una Constitución y que hay que respetarla? ¿O volvió con otra de su viaje?”, cuestionó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.
En tanto, el diputado Waldo Wolff manifestó: “Me tocó acompañar a muchos periodistas que fueron estigmatizados durante los 3 gobiernos kirchneristas anteriores. Las palabras de Alberto Fernández para con los medios traen lo peor de esos años. Espero disculpas públicas del presidente. Basta a la Argentina del látigo y mordaza”.
“La señora Gabriela Cerruti dice en una conferencia pública ‘que el periodismo nacional es una vergüenza’ y el presidente orgullosamente retwittea este video”, escribió Gerardo Milman y preguntó: “¿No se dan cuenta que la vergüenza son ustedes como gobierno?”. Asimismo, les sugirió: “¡Dejen de censurar al periodismo! Y ¡Pónganse a Gobernar!”.
También repudió la actitud, el diputado Miguel Bazze: “El presidente quiere disimular su impresentable política exterior atacando al periodismo. El Gobierno no es ni siquiera capaz de sostener la conducta internacional, en defensa de los derechos humanos que caracterizó a la Argentina desde que recuperamos la democracia”.
“Atacan a los medios y la libertad de prensa, atacan a la justicia y su independencia, atacan sistemáticamente a la República y nos hacen pasar vergüenza frente al mundo entero. Se dedican a destruir la Argentina, pero cada día somos y seremos más los que luchamos por recuperarla”, señaló Ricardo López Murphy.
Fernando Iglesias cuestionó: “Tienen razón Alberto y Gabriela con las atrocidades que dice el presidente a micrófono abierto por todo el mundo, qué necesidad hay de recurrir al off-the-record ???”.
En tanto, Graciela Ocaña sostuvo: “El presidente Alberto Fernández avaló un mensaje que descalificaba en duros términos al periodismo argentino”, y remarcó: “El ejercicio libre de la actividad periodística es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática para construir ciudadanía”. “Los periodistas no están para publicitar los actos de gobierno ni para ser condescendientes con el poder. Eso es lo que molesta a los Fernández y a su portavoz Gabriela Cerruti”.
“El presidente no debería olvidar que, en su largo período como opositor a Cristina, su actual jefa política y compañera de fórmula, siempre tuvo un micrófono a disposición para expresar sus ideas y pensamientos. Ideas que traicionó desde que pactó con ella”, cerró Ocaña.
Se adhirió a las críticas el diputado radical Fabio Quetglas quien señaló: “Rigurosidad selectiva, de parte de la señora Cerutti. En pocas semanas en el cargo, anunció presencias fallidas del presidente y debió desdecirse varias veces. Eso sí, siempre con el dedito señalando.
En un acto en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, la vicepresidenta se mostró con los principales dirigentes más cercanos. Llamó a debatir en la campaña electoral y “pensar como vamos a salir de esta con el muerto que nos dejaron”, en referencia al endeudamiento. Dura frase contra los diputados de Juntos por el Cambio.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este jueves en un acto político en Lomas de Zamora y dejó mucha tela por cortar porque planteó que la pandemia de coronavirus “va a pasar”, pero advirtió que luego habrá que hacerse cargo “del muerto que nos dejaron”, en referencia a la herencia recibida del Gobierno de Mauricio Macri.
“A los responsables de ese muerto que nos dejaron les pido un poco más de humildad, solidaridad y patriotismo”, añadió la vicepresidenta, quien instó a la oposición a “no mentir, no engañar”, en una acto por el lanzamiento del Plan Qunita en la provincia de Buenos Aires.
Junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario; el jefe de bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner; y los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, Cristina Kirchner manifestó: “Del endeudamiento y la crisis el frente de todos no tuvo nada que ver y haber ganado las elecciones es parte por ese fracaso que vio la gente en la gestión anterior”.
“En 2016 comenzó una montaña de endeudamiento con un pico en 2018 y en ese año anuncian que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, agregó la expresidenta que aseguró que el anterior gobierno “no cuidó las reservas del Banco Central” después de las PASO y recordó que cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, el presidente Alberto Fernández “hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar” de la administración que aún gobernaba “estaba bien”.
“Mientras tanto, el que seguía siendo presidente -Mauricio Macri se comenzó a comportar como un político de la oposición”, destacó Cristina kirchner, quien remató: “No cuidaron ni protegieron las reservas y se fugaron la guita”.
En ese contexto, también llegó una crítica a Alberto Fernández a quien tildó de “ingenuo” cuando hizo ese gesto político tras las PASO.
Luego, la vicepresidenta realizó una comparación de las reservas que había antes de las PASO en agosto de 2019 y las que hubo en las elecciones generales de octubre donde el macrismo recuperó varios puntos en las urnas y le permitió ganar 8 diputados más respecto a los votos obtenidos a las primarias abiertas.
En ese sentido, consideró que “esos 8 diputados de la oposición son los diputados más caros de la historia porque en ese periodo se fugaron 22.500 millones de dólares”, disparó.
El organismo destacó que la implementación de esta norma “tendrá naturalmente impacto en las pantallas y en las voces que podrá escuchar la población”.
La Defensoría del Público celebró la sanción de la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación audiovisual. “La Argentina se convierte así en el primer país del mundo en tener una norma legal de este tipo”, destacó mediante un comunicado, en el que recordó además que el organismo participó del proceso con sus equipos técnicos en el asesoramiento a los legisladores y legisladoras.
“Esta ley es muy significativa porque va a equiparar la situación en los medios de comunicación, donde sólo el 30,35 por ciento de las personas en relación de dependencia son mujeres y LGBTTTIQ+, mientras que los varones son el 69,65 por ciento de las redacciones. Sin embargo, en las carreras de comunicación las mujeres son mayoría en la matrícula”, se señaló.
Además, la Defensoría consideró que esta norma “tendrá naturalmente impacto en las pantallas y en las voces que podrá escuchar la población. Las mujeres y LGBTTTIQ+ podrán aportar sus miradas para construir una comunicación más plural y democrática”.
Según un informe realizado por la asociación civil Comunicación para la Igualdad, “en los medios donde hay más mujeres en los espacios de conducción se abordan otras temáticas ausentes en la agenda, por ejemplo temas vinculados a la población ‘trans’ y cobertura respetuosa de los derechos de las mujeres y diversidades”, remarca el comunicado.
“La Defensoría del Público realizó aportes desde el primer día para este proyecto y agradece la generosidad de las senadoras y diputadas que nos consultaron”, se agregó.
Y concluye: “Esta ley instala la equidad en forma obligatoria para los medios de gestión pública pero también crea un régimen de promoción para los medios de gestión privada. A tal fin se establece la creación de un registro público para los prestadores de medios audiovisuales de gestión privada, con o sin fines de lucro, que cumplan con la equidad de género en sus equipos de trabajo”.
La diputada oficialista fustigó a sus pares de Juntos por el Cambio, que no votaron el proyecto, y un puñado lo hizo en contra.
La diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos) defendió la sanción de la Ley de Equidad en los Medios de Comunicación y aseguró que se trata de una norma “absolutamente necesaria e inofensiva”, luego del caliente debate que tuvo lugar en la madrugada de este viernes.
La legisladora recordó que esta iniciativa fue presentada el año pasado desde la Asociación de Periodistas Argentinas y LatFem, e incluso “se votó por unanimidad en el Senado y no pasó nada; se despachó en Diputados y no pasó nada”.
Pero “hace dos días ADEPA, o no sé quién, se enteraron de esta ley, y desataron una campaña como si estuviéramos votando una nueva Ley de Medios”, reveló.
La presidenta de la Bicameral de Comunicación Audiovisual afirmó que a los legisladores les llegó “un mail de ADEPA que no votáramos esta ley y ahí cambió la postura de Juntos por el Cambio“, actitud que calificó como “horrible” por parte de la principal bancada opositora.
También cruzó a la radical Karina Banfi al aclarar que “la pauta no es un derecho humano”, y señaló: “Hemos legislado sobre la equidad de género en muchas áreas de la sociedad”.
Cerruti explicó que los medios privados que cumplan con una serie de requisitos “pueden tener una preferencia” en el reparto de la pauta oficial, y esto es “lo que se llama discriminación positiva”. “Si queres este premio, además de la pauta que recibís, tenes que cumplir con estos requisitos”, remarcó.
“No se le quita la pauta a nadie”, sostuvo la oficialista en diálogo con Radio 10, y aclaró que el bloque se comprometió a que en la reglamentación se haga mención a “lenguaje no sexista” y no “lenguaje inclusivo”, para evitar la afirmación de que los medios tendrán que “hablar con la e”.
Enfática, la diputada se preguntó: “¿Por qué no se puede legislar sobre los medios? Si son parte de la sociedad”. Y criticó a sus pares de Juntos por el Cambio que “trataron de levantarse para dejarnos sin quórum, después trataron de votar en contra”. En realidad, votaron negativamente un puñado de diputados del interbloque opositor, mientras que el resto no votó directamente.
“Llamaban los dueños de los medios al presidente de la Cámara”, contó y cuestionó que “el periodismo se convirtió en un antro del siglo pasado. Hay una parte del periodismo corporativo que se quedó detenido”.
La norma se sancionó en la madrugada de este viernes, con polémica, en la Cámara de Diputados. Cuáles son sus principales puntos.
En la madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados sancionó la ley que promueve la equidad de género en los medios de comunicación, con un debate caliente y en una sesión que estuvo a punto de caerse, porque la bancada principal de la oposición -Juntos por el Cambio- se levantó para retirarse.
¿Qué establece la norma? Su objetivo es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.
Según el texto aprobado, el alcance es a todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación, que designará el Poder Ejecutivo.
Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.
La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.
Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a las sanciones de llamado de atención y apercibimiento.
Entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, se destacan: la de promover políticas de cuidado; e impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.
Los medios públicos deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a las disposiciones de la ley, y hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo deberán ser cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan.
Los artículos de la polémica
Desde la oposición se cuestionaron una serie de artículos, principalmente el 8, al denunciar que se avanza en una regulación de la pauta oficial.
El artículo 6 estipula que la autoridad de aplicación deberá crear “un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción”. Sobre ese certificado, la macrista Silvia Lospennato advirtió por la discriminación entre los medios grandes y los medios chicos que no puedan cumplir con el cupo.
A continuación, el artículo 7 establece que para acceder al registro y obtener el certificado -del artículo anterior-, los medios privados “deben elaborar anualmente un informe donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual”, detallando el cumplimiento de al menos 4 de 7 requisitos.
Estos son: procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros; políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia; acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras; disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil; promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; y protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
Y luego, el artículo 8, cuestionado en el recinto, bajo el título “preferencia” indica que “los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial”.
La Cámara baja sancionó la norma que busca garantizar la presencia de mujeres y disidencias en los medios y también su participación en los directorios.
Nada hacía suponer en la previa del debate del último proyecto previsto para debatir en la sesión de Diputados que estallaría semejante polémica. Ya de madrugada el debate de un tema que en líneas generales no hacía presuponer mayores discrepancias, concluyó en medio de una gran controversia y a punto estuvo de caerse la sesión.
Eso no sucedió, y así fue que la Cámara de Diputados convirtió en ley la equidad de género, desde una perspectiva de diversidad sexual, en los medios de comunicación. El proyecto, elaborado junto a la Asociación de Periodistas Argentinas y que ya contaba con media sanción del Senado, obtuvo 134 votos afirmativos y 9 negativos.
Si bien en líneas generales el proyecto no presentaba resistencia de la oposición, un artículo que pone condicionamientos a la pauta oficial generó airadas quejas de parte de la oposición. El oficialismo, en tanto, negó que ese artículo tuviera un sentido punitivo, y reveló presiones de las cámaras empresarias que nuclean a los medios de comunicación.
La gran incógnita que se planteaba cerca de las 3 de la madrugada no era el resultado de la votación, sino si el quórum alcanzaba a mantenerse, pues en un momento dado la principal bancada opositora se levantó para retirarse y hacer caer la sesión. Eso no sucedió precisamente porque varios miembros de Juntos por el Cambio se quedaron: algunos sentados en sus bancas (para votar directamente en contra) y otros logueados, lo cual establece que están presentes, aunque finalmente no hubieran votado.
Los 9 diputados de Juntos por el Cambio que permanecieron en sus bancas y votaron en contra fueron Juan Aicega, Federico Angelini, Héctor Baldassi, Jorge Enríquez, Daniel Frizza, Gustavo Hein, Humberto Orrego, María Carla Piccolomini y Pablo Torello
Para evitar suspicacias, el presidente de la Cámara leyó uno por uno los nombres de la lista de votación, y preguntó directamente a cada uno de los que votaron en contra que pronunciaran la intención de su voto. Lo mismo hizo con quienes permanecían logueados, pero terminaron figurando “ausentes a la hora de votar”: Adriana Cáceres, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra, Fabio Quetglas, Dina Rezinovsky y Adriana Ruarte.
A la hora de la votación en particular, los diputados que se habían retirado de sus bancas volvieron a las mismas y participaron de la misma lo hicieron para proponer modificaciones en los artículos que cuestionaban no solo ellos, sino también otros diputados de la oposición como los de Córdoba Federal y Consenso Federal. Previsiblemente la diputada Mónica Macha, miembro informante de esa iniciativa, rechazó los cambios. Así fue que la votación de los artículos 6 y 7 del proyecto terminó con 130 votos a favor, 70 en contra y 7 abstenciones. Los votos en contra correspondieron a los diputados de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Alma Sapag, del MPN.
Se abstuvieron los radicales Alejandro Cacace, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Dolores Martínez y José Luis Riccardo, y los de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini.
El artículo 8°, el que más discrepancias generaba por ser el que correspondía al tema de la pauta oficial, tuvo como resultado 126 votos a favor, 78 en contra y 2 abstenciones. Al pedir modificaciones la diputada radical Karina Banfi, Mónica Macha las rechazó afirmando que “no es un artículo punitivista, es un incentivo”.
Tras esa votación, la diputada Karina Banfi, quien era la voz cantante del pedido de modificaciones, enfrentó al oficialismo advirtiendo que “nadie de este lado está entongado con nadie”, y ante la reprimenda de Sergio Massa señaló que lo decía por los gestos que hacían desde la bancada de enfrente. Y continuó: “Voten la ley que regula el lobby, nosotros lo que estamos haciendo es defender la Constitución”.
“Quiero reconocer aquí que las mujeres otra vez lo han hecho. Porque han sido ellas las que trabajaron colectivamente, con inteligencia, para encontrar el momento y la oportunidad para traer este proyecto al recinto”, señaló el diputado Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba), quien aclaró que “este es un proyecto que no es de cupo, no es un proyecto de paridad. Es un proyecto que habla de equidad de género. Y me parece que este concepto de equidad es mucho más profundo, mucho más amplio y nos va a generar muchísimas más posibilidades a las mujeres y a todas las diversidades sexuales”.
Carro explicó que “de lo que se trata no es solamente de sumar mujeres a los medios de comunicación, sino que ingrese una perspectiva feminista, y este proyecto justamente trabaja sobre este aspecto. Porque obviamente esto va a ser obligatorio para los medios públicos, pero para los medios privados con fines de lucro, sin fines de lucro, van a poder participar si están interesados en ingresar en un régimen de promoción, para lo cual tienen que cumplir cuatro de siete criterios”.
Al respecto destacó que no solo hay que tener procesos de selección basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros, o políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, o el uso del lenguaje inclusivo, sino que destacó algunas cuestiones puntuales que entendió más importantes. Por un lado, citó el protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género; por otro lado, la disposición de salas de lactancia y/o centros de cuidado infantil; y acciones para apoyar la distribución de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras. “Me parece que ahí está la clave de este proyecto: que no se trata de que haya más mujeres -que por supuesto tiene que haber más mujeres en los medios-, sino de que ingrese una perspectiva de género al modo en que trabajan los medios”, sintetizó.
Mujer de los medios, la diputada Gisela Marziotta se manifestó “orgullosa de ser parte de este bloque del Frente de Todos, porque estuvimos ampliando derechos; de eso se trató la jornada de hoy, en la que estamos ampliando derechos, y sabemos que eso molesta. Y sabemos que eso molesta mucho, porque hoy sabemos las reacciones que empezaron a haber a partir de que se supo que quizás en minutos nada más sea ley la equidad de género en los medios de comunicación en la República Argentina”.
“Evidentemente eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos marcando la agenda que la sociedad necesita. Evidentemente la reacción que tuvieron a lo largo del día de hoy, donde sabemos que hasta han querido que algunos diputados o diputadas cambien su voto para que no se convierta en ley esta ley que es tan necesaria, porque va a lograr que empecemos a erradicar de una vez la violencia por razones de género”, aseguró.
En su intervención posterior, la diputada Gabriela Cerruti admitió que “queremos meternos con el contenido de los medios”, porque “queremos que los medios sean pensados también por mujeres, por disidencias, por travestis, por trans, que hagan que el discurso que llegue a la sociedad incluya esas sensibilidades, esos pareceres, esa manera de abrazar los diferentes temas que va atravesando la sociedad”.
“Entonces no estamos hablando solamente de cupo; no estamos hablando de que tiene que haber igual cantidad de hombres y de mujeres… Lo que estamos hablando y lo que tiene que cambiar es la perspectiva de los medios de comunicación, porque creemos en los medios de comunicación y que efectivamente ahí se construye parte del sentido común colectivo”, aseguró Gabriela Cerruti.
La primera en esbozar críticas fue la diputada radical Karina Banfi, que cuestionó que el proyecto debatido no hubiera sido “acompañado y conversado con la oposición, justamente para mejorar algún problema en la técnica legislativa. En donde de pronto una herramienta como la acción positiva la ponemos a colisionar con un derecho fundamental que es justamente la libertad de expresión”.
Advirtió que en la lectura del proyecto se genera una obligación en “un sector donde debemos ser muy cuidadosos, porque es cierto que podemos legislar todo lo que queremos, pero siempre en el marco de la Constitución”. Citó el artículo 8 de la ley, que impulsa una preferencia sobre los medios de gestión privada en donde interviene directamente en la asignación de pauta oficial. “Entonces ahí me empieza a confundir: ¿Este es un proyecto de acción afirmativa para promover el lugar de las mujeres en los medios de comunicación, o también aprovechamos el momento para regular la pauta oficial?”, se preguntó.
Banfi contó que habían conversado con el oficialismo para promover cambios, pero no tuvieron respuesta. Así las cosas, “lo que hoy vamos a votar es una censura indirecta: nos estamos metiendo a regular la pauta oficial donde le ponemos condicionamientos para poder adquirirla”.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Silvia Lospennato, que le apuntó al artículo 8 de la norma. “En esta ley les condicionamos la pauta oficial, y lamentablemente esto es así y no se hizo una evaluación de lo que significan estos requisitos, que son fáciles para cumplir por los medios grandes, pero no para los chicos. Para ellos va a ser imposible conseguir ese certificado y por ende van a quedar a la cola del reparto de la publicidad oficial, todo lo contrario de lo que se quiere promover. Y esto pasa cuando no tenemos la capacidad de reconocer que está mal escrita la ley. Tiene buenas intenciones, pero está mal escrita”.
“Ese artículo 8 es imposible de acompañar; lamento que no hayan buscado como tantas otras veces alcanzar el consenso en estas leyes que promueven el género”, señaló Lospennato, que concluyó advirtiendo que no estaba dispuesta a “ceder la libertad de expresión, a poner en riesgo la libertad de expresión en la Argentina”.
En el mismo sentido se pronunció la cordobesa Alejandra Vigo, que adelantó el voto positivo en general de Córdoba Federal, pero rechazando los artículos 6, 7 y 8 del capítulo 3: “En el manejo discrecional de la pauta oficial para los medios en la Argentina, nosotros no estamos de acuerdo, no podemos acompañar. Creemos que es en la Argentina uno de los pilares que deben resguardarse y es un tema que viene a oscurecer uno de los objetivos tan importantes que tiene este proyecto”.
Para cerrar el debate, pasadas las 2.30, tomó la palabra la diputda oficialista Claudia Bernazza, quien no pudo ocultar su turbación al advertir los movimientos en la bancada opositora. “El artículo 8 está trayendo una movilización extraña, legisladores parados, discutiendo…”, observó, ante lo cual su compañera de bancada Paula Penacca pidió una interrupción que ella concedió. Fue para reclamar tomar “real dimensión de lo que estamos discutiendo. Estamos legislando sobre nuestra sociedad”.
“Lo digo porque veo en el recinto que hay diputados y diputadas que creen que se puede jugar con esta realidad, después de que hemos votado una ley tan importante como la ley de cupo laboral travesti trans”, señaló Penacca, que agregó: “En esta situación sucede lo mismo; esta ley lo que quiere construir es esa igualdad que necesitamos para que deje de haber mujeres que son acosadas, precarizadas, esa mujeres que no pueden desarrollar sus proyectos de vida porque hay algunos sectores enquistados que siguen profundizando el patriarcado… Entonces me parece que hay que dejar de lado las presiones posibles de esos grandes grupos del poder económico, que están concentrados también en los medios de comunicación, que no se está discutiendo aquí cómo se asigna la pauta, sino cuáles son las pautas, los criterios que como sociedad y como representantes de esa sociedad queremos consolidar y construir para tener una sociedad mejor, más justa”.
Penacca les pidió a los diputados de la oposición “que recapaciten”, y sobre todo a las diputadas de la oposición, a las que preguntó “¿con qué cara van luego a ir a blandir las banderas del feminismo, sino se quedan aquí sentadas a defender las banderas de la equidad?”.
Claudia Bernazza cuestionó que “llama poderosamente la atención que sean diputadas que han esgrimido las banderas del feminismo, las que hoy estén dudando por un artículo 8°”. Y vinculó el tema con un correo electrónico que, contó, había recibido durante la tarde, firmado por los presidentes de ADEPA, ATA, ARPA y ADIRA, que supuso que habían recibido todos en sus correos oficiales.
En ese momento pidió una interrupción el diputado santafesino Germán Martínez, que alertó que los que se estaban levantando de sus bancas “no lo están haciendo por un pedido de la radio comunitaria de Chascomús, sino por la presión de los grandes medios de comunicación de la Argentina”.
Bernazza concluyó luego lo que estaba contando sobre la carta que recibió de las cámaras de medios: “En esa carta muy extensa me dicen finalmente que ese artículo 8 es el que no acuerdan, porque traería alguna preferencia en la asignación de la publicidad oficial por parte del sector público”.
Bernazza concluyó pidiendo poner todas las cartas sobre la mesa “y ver si vamos a votar en favor de la igualdad degenero o de los podres reales”.
Pero antes de votar pidió la palabra el diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal – Buenos Aires), quien adelantó que se abstendrían en el cuaderno 3 de la ley, en los artículos 6, 7 y 8, citando las razones expresadas por la diputada Vigo. Pero aclaró, frente a las dudas planteadas desde el oficialismo, que “estamos aquí sentados: vamos a votar la ley en general y de ninguna manera vamos a permitir que nuestra posición esté puesta en duda. No nos hacemos cargo de ningún lobby; sean muy cuidadosos a la hora de poner las cosas en su lugar”.
En una reunión caldeada y con cruces entre oficialistas y opositores, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Lewin presentó detalles de su gestión en una reunión virtual presidida por […]
En una reunión caldeada y con cruces entre oficialistas y opositores, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
Lewin presentó detalles de su gestión en una reunión virtual presidida por la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos), donde defendió el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica y aclaró que el organismo que encabeza “no está a favor de sancionar, censurar, multar o encarcelar”.
A nivel general, destacó que ya se cumplieron “100 días de gestión”, luego de su asunción a fines de junio, “después de casi cuatro años de vaciamiento, primero con la acefalía y después con la intervención que llevó a la parálisis” del organismo.
Así, se emprendió la “plena puesta en funcionamiento” de la Defensoría, donde se apunta a “una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes vieron vulnerados sus derechos”.
“Quiero más libertad de expresión y de opinión, no menos, y el Estado puede ser garante de esos derechos”, garantizó la periodista, y habló de “recuperar el legado constitutivo de la Defensoría de ser un organismo innovador y participativo”.
Lewin sostuvo que “la pandemia extrema la responsabilidad para los comunicadores, que a su vez son personal esencial”, y sin embargo se desenvuelven en condiciones laborales “precarias”.
Señaló que en este contexto, “las audiencias están en una situación de enorme vulnerabilidad, expuestas a informaciones contradictorias” que surgen de los medios y “se multiplican en las redes sociales”.
Lewin informó a los legisladores que “desde el inicio de la gestión, las presentaciones ante la Defensoría se incrementaron en más de un 150% respecto de los primeros cinco meses del año”, llegando a 1.000 presentaciones en octubre.
Comentó que se mantuvieron reuniones con autoridades de RTA (Radio y Televisión Argentina), FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Télam, FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre otras entidades y agrupaciones.
Asimismo, se formularon “sugerencias a periodistas acerca de un abordaje responsable de la información relacionada a la pandemia”, y junto al Ministerio de Salud analizaron “casos de publicidad engañosa de medicamentos de venta libre”.
Lea también: Lewin: “En la Defensoría del Público no estamos a favor de sancionar, censurar, multar o encarcelar”
Por otra parte, la Defensoría realizó una encuesta electrónica a casi 600 periodistas sobre su actividad laboral, y “el 57,1% respondió que se sintió afectado emocionalmente por la cobertura de la pandemia”, mientras que “el 41% consideró que la labor periodística había empeorado” y “un 11,8% consideró que su medio difundió noticias falsas”.
El organismo también emprendió capacitaciones y firmó acuerdos con distintos medios, y junto al PAMI promovió una campaña contra los estereotipos y la discriminación hacia adultos mayores.
A su vez, formuló sugerencias para el “tratamiento periodístico responsable” de diferentes temas, como los consumos problemáticos, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y los crímenes de lesa humanidad.
Lewin precisó que según el procedimiento de la Defensoría, ante la “vulneración de derechos, se ponen en marcha herramientas pedagógicas y de diálogo” a fin de “lograr posibles reparaciones simbólicas de los derechos afectados”.
En ese sentido, detalló que en la Dirección de Protección de Derechos “se elaboraron 35 dictámenes entre agosto y octubre, y se enviaron 46 notas a medios y productoras trasladando reclamos de las audiencias”.
La iniciativa que ahora deberá tratar Diputados garantiza no solo la presencia de mujeres y disidencias en los medios, sino también su participación en los directorios.
Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto de Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, que establece la equidad de género en los medios de comunicación públicos desde una perspectiva de diversidad sexual.
Durango explicó que el sentido de este proyecto es “erradicar los estereotipos machistas y patriarcales” y destacó que “fue fundamental el aporte del colectivo de periodistas argentinas”, así como el trabajo de asesores legislativos, quienes hicieron que la iniciativa “fuera cambiando en su forma, pero no en su esencia”.
“Necesitamos más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa, escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir, qué decir y cómo decirlo. No queremos que los hombres hablen por nosotras. Queremos tener voz”, resumió Durango.
Puntualizó que el proyecto busca “no solo el ascenso y la permanencia (de mujeres y disidencias) en sus puestos de trabajo, sino también su presencia en las políticas de los medios de comunicación”, por lo que se pide integrar “a todas las identidades de género en los directorios y espacios de toma de decisiones”.
La senadora agregó que se intenta “que los medios se sumen a la lucha contra la violencia de género”, generando “acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática en la producción y difusión de mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad”.
Informó que según un estudio que abarcó más de 500 empresas periodísticas en 59 países, hay una “presencia mayoritaria de hombres” en los medios. “Vaya novedad”, comentó.
Durango también citó otro estudio realizado sobre cinco diarios, dos canales de televisión y una radio, que concluyó que de un total de 2.000 trabajadores, 1.393 son hombres y 624 mujeres, es decir, el 69% contra el 31%.
Ese mismo relevamiento detectó que “las mujeres solo alcanzan el 15,4% de la representación entre accionistas y solo el 21% en los altos puestos de gestión y edición”, advirtió la titular de la Banca de la Mujer.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, coincidió en que el proyecto fue fruto de una “construcción colectiva” y recordó que si bien originalmente hablaba de “paridad”, ese concepto “tiene que ver con una concepción binaria” y por eso se lo cambió por el de “equidad”, que consideró “mucho más inclusivo”.
Por otra parte, afirmó que este gobierno “predica con el ejemplo” al haber colocado a mujeres en puestos de dirección de los medios públicos, y mencionó a Rosario Lufrano al frente de RTA (Radio y Televisión Argentina), Bernarda Llorente en Télam, Andrea Merenzon en Radio Nacional Clásica, Mikki Lusardi en Nacional Rock y Mavi Díaz en Nacional Folklórica.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) señaló que “no es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas: hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años”.
También apoyó la propuesta la radical Silvia Giacoppo: “Este es un proyecto que avanza sobre terminar con la discriminación, terminar con la desigualdad y promover la equidad de género. Es un gran avance. Deberíamos tener el mismo criterio para todos los ámbitos del Estado”.
El objetivo del proyecto aprobado es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.
¿Cuál es su alcance? Todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada solo deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación.
Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.
La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.
Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a las sanciones de llamado de atención y apercibimiento.
Entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, hay dos novedosas: la de promover políticas de cuidado, e impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.
Los medios públicos deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a las disposiciones de la ley, y hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo deberán ser cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan.
La diputada del FdT Laura Velasco impulsó un proyecto de ley que busca que en los medios públicos y privados las mujeres dejen de ser minoría en los mismos.
Con la intención de avanzar hacia la igualdad entre géneros en los distintos ámbitos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley de paridad de género en los medios de comunicación públicos y privados de la Ciudad.
La iniciativa plantea una paridad progresiva, en la medida en que se vayan generando vacantes en las distintas áreas de los medios de comunicación e incluye tanto a mujeres cis como a personas trans, travestis y no binarias. Además, propone cuestiones relacionadas a la generación de contenido que reflejen una mirada plural y diversa en pos de avanzar en un cambio cultural y erradicar estereotipos.
El proyecto fue presentado en una charla virtual, transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Legislatura porteña, de la que participó la defensora del Público, Miriam Lewin; el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor; las diputadas nacionales Gisela Marziotta y Mónica Macha; la directora de Comunicar Igualdad, Sandra Chaher; el director de Urbana TeVe, Milcíades Peña; la periodista y miembra del SiPreBA, Paula Sabatés; la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Larisa Kejval; y la activista trans y referente del Frente de Todxs, Paula Arraigada.
Durante la presentación del texto Velasco explicó que “todas las investigaciones que hay al respecto confirman que es muy limitada la participación de las mujeres en los medios de comunicación” y remarcó “si bien son mayoría en las carreras afines, a la hora de acceder a los espacios estamos subrepresentadas y ni hablar cuando se trata de puestos jerárquicos y de toma de decisiones. Todas estas cuestiones son las que tenemos que desandar”.
“Los medios tienen un rol fundamental en la construcción de lo simbólico, por eso necesitamos que sean más igualitarios y plurales para construir una sociedad más justa”, manifestó la legisladora.
Por su parte Lewin indicó que “la agenda de cambios impulsada por el movimiento feminista es muy larga, pero a nosotras hoy nos toca promover la equidad en los medios de comunicación. Queremos que las mujeres dejemos de ser minoría y alcancemos lugares de decisión; que no haya paridad numérica sino verdadera equidad de poder” y pidió que “se nos reconozca el lugar para comunicar con nuestros saberes en aquellos temas duros, históricamente reservados a los varones”.
Sobre esa misma línea indicó “las mujeres y las personas trans tenemos que ser evaluadas por nuestra formación” y aseguró que “necesitamos que la perspectiva de género sea transversal a todas las secciones de los medios”.
Mientras que Amor consideró que “el manejo de los medios de comunicación, a nivel mundial, salvo excepciones, está en manos de los varones, que tienen preponderancia en todas las áreas. Las periodistas están dando una lucha que es absolutamente desigual” y aseguró que “los varones debemos entender, de una vez por todas, que debemos cambiar esta conducta, porque todo lo que falta para alcanzar la igualdad de género se debe a que nosotros seguimos poniendo todas las barreras posibles”.
En tanto la diputada Macha afirmó que “los medios son centrales en la construcción de sentido y, por eso, esta discusión sobre paridad es estratégica” y aseveró que “las mujeres cis tenemos un llamado de atención fundamental para no repetir el mismo camino de los varones cis para con nosotras, en este caso respecto a las personas de otros géneros y por eso es importante pensar en términos de representación justa”.
Durante la presentación dieron a conocer un relevamiento realizado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), las mujeres, lesbianas, trans y travestis no llegan a ocupar ni el 30% de los puestos de trabajo en los medios de comunicación. Pero además son, en su mayoría, quienes perciben los salarios más bajos.
El antropólogo y asesor presidencial expuso sobre los “discursos del odio” ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.
El antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson sostuvo este lunes que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”, al exponer en una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo.
Grimson, responsable del programa “Argentina Futura”, definió el “discurso del odio” como aquel que “alude a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que genera agravios”.
El especialista explicó que “hoy en el mundo hay mucha investigación que se está desarrollando” sobre el tema de “cómo construir convivencia democrática en sociedades desiguales”, ya que “lo peor que se puede hacer respecto del otro es no reconocer la existencia de ese otro”.
“No es posible construir una convivencia si se niega la existencia”, subrayó Grimson, y agregó que “hay una preocupación histórica sobre la negación en Argentina, y por otro lado hay una preocupación del mundo contemporáneo, donde está creciendo el discurso del odio”.
Según el antropólogo e investigador del CONICET, hasta que no erradique ese odio, “la Argentina no va a poder desplegar toda su potencialidad”.
“Hay una desigualdad nodal, la desigualdad distributiva, económica, relacionada a la aporofobia, el desprecio y el odio hacia los pobres; por otro lado, las desigualdades de género, vinculadas a la misoginia, la homofobia y la transfobia; y también desigualdades étnico-raciales de larga data”, enumeró.
En ese sentido, señaló que “el odio muchas veces deviene en odio político, y ahí es donde la convivencia se torna imposible”, dado que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”.
“Estamos en un mundo donde el odio está creciendo, donde hay nuevos fanatismos”, advirtió, y aclaró que el odio no tiene que ver con el debate político de ideas, sino con “discursos que aluden a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que generan agravios”.
El asesor presidencial analizó que “la pregunta sobre el discurso del odio es si la sociedad democrática debe ser tolerante con todas las expresiones de intolerancia”.
“Nuestra democracia va a ser mucho mejor el día que nuestros propios consensos se hayan generado. Sería maravilloso que logremos desplegar un amplio debate público sobre estos temas; que se expresen todos los argumentos sociales, políticos y jurídicos”, expresó.
El senador nacional participó del seminario de ADEPA “Medios y plataformas: el valor de los contenidos”, donde se abordaron temas de copyright, beneficios y de asimetrías en Argentina, Estados Unidos y Europa.
En Adepa, el senador nacional Alfredo Luenzo propuso que “las grandes plataformas digitales paguen por el uso del contenido de los trabajadores de prensa argentinos y de nuestros medios”.
Invitado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo participó del seminario “Medios y plataformas: el valor de los contenidos”. Allí, expresó que “las plataformas digitales están en el centro del debate en todo el mundo” y remarcó que “en la Argentina ya desde 2016 vengo proponiendo que avancemos en una agenda digital donde están todos los temas de conectividad, pero también todo lo referido a las redes”.
Durante el encuentro remoto donde se abordaron “temas de copyright, beneficios y asimetrías en Argentina, Estados Unidos y Europa”, Luenzo habló de “un amplio campo de desafíos en materia legislativa a partir de los avances de la tecnología de las comunicaciones”. En ese marco, trazó dos propuestas para “trabajar desde el Congreso en conjunto con todos los sectores”.
Por un lado, Luenzo se refirió a la situación específica del trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación y subrayó que “las grandes plataformas digitales tienen que reconocer económicamente la labor de los trabajadores de prensa argentinos y de nuestros medios por el uso de su contenido. Se trata de reconocer la propiedad intelectual de miles de argentinos a lo largo y ancho del país que elaboran contenido, trabajo de periodistas y de profesionales de todas las ramas, de cientos de empresas, pero al momento de compartir la rentabilidad publicitaria las plataformas se hacen las desentendidas”, agregó.
El senador nacional por Chubut explicó que “hay allí materia de debate legislativo” y al respecto remarcó que “iniciativas de este tipo para que Google y Facebook compensen económicamente a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos se está discutiendo en este momento en Australia, en España, en Francia. Se están planteando en Estados Unidos y en Alemania”.
Por otro lado, el legislador se refirió a “cómo la tecnología ha modificado intensamente la dinámica social y los hábitos de consumo de la información y los contenidos de entretenimiento. La pandemia evidenció estos procesos. Pero, además, aceleró otros como el caso del comercio electrónico, del trabajo remoto, de la educación y de la medicina. Pero hay que entender que en la Argentina por las asimetrías que tenemos a lo largo y ancho del territorio vemos que según la zona todas estas actividades fueron muy complicadas”, agregó.
En ese sentido, planteó la necesidad de entender que “para las sociedades contempóraneas la conectividad es un derecho humano”, y que por ende “hay que entender su acceso como parte de los servicios públicos básicos para una sociedad”.
Finalmente, el legislador coincidió con los representantes de News Media Alliance de Estados Unidos y Europa respecto a la necesidad de “discutir un marco normativo democrático y plural para las plataformas”, con el objetivo de “cuidar a nuestros medios, a nuestros periodistas y a nuestras audiencias. No es posible que Google editorialice para todo el planeta, no es justo que el tráfico que producen trabajadores de medios pequeños, medianos y grandes terminen siendo devorados por enormes corporaciones sin recibir compensación alguna”, completó.
Asimismo, Luenzo informó que “en el marco de la Comisión de Medios del Senado, estaremos trabajando este viernes sobre este contexto de profundos cambios tecnológicos y de mutaciones empresariales que vive la industria de medios en nuestro país y en el mundo”, y comentó que “se pondrá a consideración un trabajo encargado por la UNESCO a OBSERVACOM respecto a los desafíos y asimetrías en los servicios audiovisuales en Internet que nos plantea la necesidad de trabajar en un marco normativo específico a partir de experiencias internacionales y de la región”.
En el seminario participaron Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, Danielle Coffey, vicepresidenta de News Media Alliance (EEUU) y Wout Van Wijk, director ejecutivo de News Media Europa.
A través de una iniciativa, la diputada Gabriela Estévez impulsa que un 15% vaya destinado medios comunitarios, cooperativos y pymes.
La diputada nacional Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que plantea que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de las contrataciones de campañas institucionales de publicidad y de comunicación del sector público nacional (Pauta Oficial) sean asignados a medios de comunicación gráfica y audiovisuales gráficamente prestadores de gestión comunitaria, cooperativas de trabajo y/o empresas PyMEs. La medida es de carácter excepcional en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 y la afectación de los fondos previstos para el ejercicio del año 2020.
Según la autora de la iniciativa, esto permitirá que los medios de comunicación se hagan de fondos necesarios para su funcionamiento, más que nada en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, donde se ven las fuentes de financiamiento provenientes del sector privado. Muchos medios de comunicación pequeños, medianos y / o de gestión cooperativa o de gestión comunitaria se encuentran en una situación crítica.
“Debemos acompañar a los medios comunitarios, cooperativos y PyMEs que están sufriendo una gran crisis como muchos sectores en este contexto de emergencia. Fomentar la igualdad de oportunidades, la pluralidad de voces y la libertad de prensa son las claves de este proyecto. “Es indispensable que el estado tome las medidas necesarias para que la sociedad acceda a la información y el derecho a la información y la información que se puede poner en valor de los contenidos locales”, expresó Estévez.
“Queremos prensa independiente del poder y de los recursos que la atan al poder, dijo el presidente Alberto Fernández en el discurso de asunción, allá vamos”, finalizó.
El proyecto fue firmado por los diputados nacionales María Rosa Martínez, María Cristina Britez, María Jimena López, José Luis Gioja, María Lucila Masín, Juan Emilio Ameri, María Carolina Moisés, Ayelén Spósito y Marcelo Koenig.
Fue en una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, donde se plantearon desafíos a nivel legislativo.
Periodistas y especialistas expusieron este viernes sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina y los desafíos en materia de nuevas regulaciones, durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Frente de Todos).
Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, enumeró una serie de “prioridades” que deberían abordarse en la agenda legislativa, y en primer lugar sostuvo que “el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración” de medios.
Para graficar el “grave problema de concentración de las comunicaciones”, Kejval indicó que “solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país, es decir que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre a los argentinos”.
“Los niveles de concentración de la propiedad de los medios se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos años”, consideró la académica.
Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe tener un rol activo en la producción de diversidad y pluralismo” y en ese sentido pidió “poner en valor a los medios comunitarios”.
También remarcó la necesidad de “una ley que garantice la distribución plural y democrática de la publicidad oficial”, así como otra ley “que garantice un plan nacional de conectividad”, y una última que establezca la equidad de género en los medios de comunicación tanto estatales como privados.
Por su parte, Fernando Ruiz, de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), definió a la entidad que preside como “una organización militante en defensa del periodismo, más allá de la posición personal” de quienes ejercen la profesión.
“Cuando una patota entró a Tiempo Argentino en 2016, cuando agredieron a un móvil de C5N la semana pasada o cuando agredieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre estuvo FOPEA defendiendo a esos periodistas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la violación a la libertad de expresión se produjo en el gobierno de (Mauricio) Macri con el espionaje a periodistas o si se realizó bajo un gobierno peronista o kirchnerista”.
Ruiz advirtió que “a veces se usan expresiones muy agraviantes contra el periodismo y desde voces muy potentes se instalan discursos de odio”. “El país está viviendo momentos muy difíciles y eso no se puede agravar trayendo del pasado esos resentimientos”, opinó.
Además, observó que “hoy se acusa a periodistas de formar parte de asociaciones ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de una banda de espías”, y a su vez “desde el Gobierno nacional están pidiendo convertir a los medios públicos en medios de propaganda oficial”.
En otro orden, Ruiz advirtió que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción” y además “se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.
El expositor insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.
Momentos después, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recogió el guante y le respondió a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.
Por otra parte, la abogada opinó que “como no es atendible que un Estado censure, tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción de sentido”.
Además, se refirió al “nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información, que son las redes. “Unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina”, afirmó, al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.
Peñafort advirtió cómo a través del no acceso a la conectividad pueden verse vulnerados otros derechos, como el derecho a la identidad, dado que para tramitar el DNI es necesario sacar un turno previamente por Internet.
Por eso, propuso “regular el acceso a las redes y que el ejercicio de derechos a los que se accede a través de las redes no tenga una limitación económica”.
En tanto, la periodista Silvia Naishtat, quien además es secretaria de la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, explicó que esa entidad busca “generar un espacio de debate sobre el periodismo”.
Asimismo, afirmó que “para quienes vivimos la dictadura, decir que no hay libertad de expresión en nuestro país es una falta de respeto a la historia”, aunque consideró que hay que “estar en guardia”.
A su turno, Agustín Lecchi, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) consideró que “la libertad de expresión no es un valor individual ni de los periodistas, sino un valor de toda la sociedad”.
Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió “la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país” para el periodismo, con “la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional” y “57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos”.
“La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.
El dirigente gremial advirtió que “no podemos ejercer el periodismo en las condiciones en las que lo estamos ejerciendo. No hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes”.
En ese sentido, dijo que el salario de los periodistas “cayó un 50% en los últimos cuatro años”, y por ese y otros motivos esta semana se realizó un cese de tareas, un “apagón informativo” de dos horas. “No nos gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la presión que vivimos todos los días”, dijo.
