Recordaron mediante un comunicado “el ilegal e inconstitucional DNU 70/23”, por el cual se derogó la Ley de Sociedades del Estado. Opinaron que la medida “sólo pretende centralizar aún más el discurso informativo”.
El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria emitió este lunes un comunicado, en el que rechaza “de manera categórica el cierre de la agencia de noticias Télam, creada hace 78 años para contrarrestar el manejo de la agenda noticiosa en el territorio nacional ejercido por dos agencias periodísticas norteamericanas, es decir, para que hubiera soberanía informativa en la República Argentina”.
“El cierre de Télam, anunciado el viernes por el presidente Javier Milei y que hoy suma un nuevo capítulo con el licenciamiento obligado de sus trabajadores, junto con la baja de su página web y la paralización de su servicio noticioso, significa un claro acto de censura, un ataque a la democracia, a la pluralidad de voces, al federalismo informativo y al derecho a una información veraz y plural del pueblo argentino”, subrayaron.
Desde la bancada que conduce José Mayans, cuestionaron que “se trata de una nueva muestra del desprecio que la actual administración central tiene con los trabajadores, en general, y con las más de 700 familias, que están detrás de cada periodista, cada reportero gráfico y cada empleado de esta agencia”.
“Con mentiras, infundios y descalificaciones, tal como es su habitual estilo, el presidente Milei anunció el cierre de este medio e intentó retomar así una agenda que hace unos pocos años atrás quiso implementar Mauricio Macri sin suerte, producto de la solidaridad, la unidad, la organización y la lucha dada por los trabajadores de prensa”, recordaron.
Los senadores consideraron que la medida “sólo pretende centralizar aún más el discurso informativo en nuestra sociedad. Es contrario al precepto democrático de la circulación de diversidad de ideas y de miradas acerca de la realidad política, económica, social y cultural”.
“Todo esto se produce en medio de una crisis económica, agudizada por las decisiones adoptadas en los últimos meses por la actual gestión gubernamental, y del ilegal e inconstitucional DNU 70/2023, con el que se busca eludir la competencia del Congreso Nacional”, agregaron.
Finalmente, sostuvieron que “el pueblo de la Nación Argentina necesita una agencia de noticias como Télam, que cuente lo que ocurre en cada punto de país, para tener un servicio informativo federal, con pluralidad de voces y alejada de los discursos únicos, con plena la libertad de expresión, y en defensa de la democracia, del patrimonio y de los intereses nacionales. Desde nuestro interbloque decimos: ¡¡¡No al cierre de la agencia Télam!!!!”.
El senador de UP advirtió que la decisión “atenta directamente contra el acceso a la información”, al tiempo que recordó la larga historia que tiene la agencia pública.
El senador nacional Daniel Bensusán (UP) repudió el anuncio y proceso de cierre que se inició en la agencia de noticias Télam, así como el vallado colocado en el acceso a la redacción y una dispensa laboral notificada por vía electrónica, por lo cual manifestó su solidaridad con los trabajadores de la empresa.
“Esta medida atenta directamente contra la democratización de un derecho, como es el acceso a la información. Más allá que con el ataque oficial a los medios públicos hay una clara intención de beneficiar a los medios concentrados de comunicación y poder, también se priva a toda la población de tener al alcance la posibilidad de estar al tanto de lo que pasa en cada provincia y el mundo, de manera libre”, reflexionó el legislador.
El pampeano recordó que “los medios públicos fueron creados y garantizan la federalización de las comunicaciones en Argentina. Son una herramienta fundamental de la democracia. Con casi 79 años de existencia, corresponsalías en todas las provincias y en varios países, Télam representa una realidad incontrastable, que la ubica como principal agencia de noticias en Latinoamérica y la segunda más importante de lengua castellana”.
“Es pertinente recordar que esta institución fue creada en 1945, como respuesta al monopolio informativo que ejercían las agencias extranjeras de noticias en nuestro país. Por lo tanto, desde sus inicios este medio se presentó también como bandera de soberanía para la Argentina”, continuó.
Bensusán señaló que “lamentablemente no es la primera vez que esto sucede en los últimos años. Las personas que trabajan en Télam ya sufrieron despidos masivos, más de 350, en el año 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. Ahora se repite la situación, con el mal trago de que estas personas se encontraron este lunes con el acceso vallado a su fuente de trabajo y una dispensa laboral notificada por vía electrónica. Es claro que con Javier Milei se cumple el anhelo de Macri de hacer lo mismo, pero más rápido”.
Diputados de Unión por la Patria, la izquierda y el socialismo alertaron por la decisión del Gobierno nacional, luego que la redacción amaneciera vallada y la página web “en reconstrucción”.
Tras el anuncio del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa, este lunes la redacción de la Agencia Télam amaneció vallada, sus trabajadores fueron puestos a dispensa y la página web se dio de baja, lo que provocó la inmediata reacción de rechazo desde un sector de la oposición.
“DESPIADADOS ANTIDEMOCRÁTICOS. En un claro acto de censura, el gobierno de Milei valló la agencia TÉLAM, suspendió su web y a los trabajadores les impide ir a trabajar. Es una medida totalmente autoritaria que hiere a nuestra democracia y pone en vilo a cientos de familias argentinas”, enfatizó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados.
El santafesino cuestionó que “el gobierno de La Libertad Avanza quiere completar lo que dictaduras y Macri no pudieron hacer: cerrar la agencia pública de noticias que fue creada hace 78 años, cuya labor diaria es la de difundir información de y a todo el país con carácter federal y plural”. “Acompañar a cada uno de los excelentes profesionales de TÉLAM es defender nuestra democracia”, agregó.
Por su parte, la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, subrayó que “el cierre de la agencia nacional de noticias @AgenciaTelam es ilegal. No solo porque arrasa con la libertad de expresión sino porque esa decisión depende del Congreso. Nos presentaremos ante la justicia”. “El derecho a la información en el gob autocrático de @JMilei se ve así”, sumó y colocó la imagen de la página web “en reconstrucción”.
El cierre de la agencia nacional de noticias @AgenciaTelam el ilegal. No solo porque arrasa con la libertad de expresión sino porque esa decisión depende del Congreso.
Nos presentaremos ante la justicia.El derecho a la información en el gob autocrático de @JMilei se ve así: pic.twitter.com/wFOcZoSHpN
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) March 4, 2024
“Para esto derogó Milei -vía mega DNU- la Ley 20705 de Sociedades del Estado. A los diputados y senadores de los bloques que se vienen haciendo los boludos con el DNU: no hay solidaridad ni declaración en favor de la libertad de expresión que valga si no lo rechazan en el recinto”, lanzó el diputado de UP Eduardo Toniolli.
El senador Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo que “Télam es una agencia federal con 78 años de historia, que informa a la ciudadanía y brinda servicios a medios de todo el país. Cerrarla es apuntalar el discurso único, centralista y corporativo que sostiene a Milei, Macri y Villaruel, y debilitar la libertad de expresión. Repudio este atropello y me solidarizo con sus trabajadores”.
“Repudiamos el cierre de la agencia TÉLAM, que deja en la calle a 700 trabajadores de prensa. ¿Esto es lo que aplaudían el viernes en el Congreso? ¿La censura, eliminación de la libertad de expresión y el despido de laburantes? NO AL CIERRE DE TÉLAM”, escribió la diputada Vanesa Siley.
En tanto, la diputada Tanya Bertoldi afirmó qué “esto es censura”. “El gobierno de Javier Milei valló las instalaciones de la agencia de noticias TÉLAM en horas de la noche y suspendió la web, en un claro acto de ataque a la libertad de expresión. Repudiamos esta medida autoritaria y acompañamos a los trabajadores y trabajadoras de prensa”, expresó.
La diputada Paula Penacca remarcó que “lo que avanza en este gobierno es la censura y el autoritarismo. En un claro ataque a la libertad de expresión, vallaron la Agencia Télam y suspendieron la web. Acompañamos a sus trabajadores y trabajadoras. Defender los medios públicos es defender la democracia”.
“El cierre de la agencia Télam con acciones policiales practicadas en la clandestinidad nocturna y obviando la intervención del Congreso, como está prevista en la Ley 20705; la decisión que la televisación del acto en el Congreso sólo enfocara al bloque oficialista y sus aplaudidores; el despido masivo de periodistas y trabajadores de Radio Nacional con el agregado de parte de su interventor de instrucciones dirigidas a que algunos legisladores, como en mi caso, no podemos ser entrevistados al aire, implica la puesta en marcha de prácticas de censura, eliminación de la libre expresión y persecución política. El Congreso tendrá que llamar de inmediato a los responsables a dar explicaciones y sus acciones serán denunciadas en la justicia y en los organismos regionales e internacionales”, hizo su descargo el diputado de UP Leopoldo Moreau.
El cierre de la agencia Telam con acciones policiales practicadas en la clandestinidad nocturna y, obviando, la intervención del Congreso como esta prevista en la ley 20705, la decisión que la televisacion del acto en el Congreso sólo enfocara al bloque oficialista y sus…
— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) March 4, 2024
La diputada Mónica Litza publicó: “NO AL CIERRE DE TÉLAM. Télam es la agencia pública de noticias que brinda información a todo el país. Suspender el sitio web y vallar las instalaciones es atentar contra el trabajo de muchos profesionales. Cerrar un medio de noticias nada tiene que ver con la libertad que pregona este gobierno. Avanzar contra la prensa es una medida típica de los gobiernos autoritarios. Debilita y amordaza la democracia y la pluralidad de voces”.
“EL CIERRE DE TÉLAM ES UN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Estas maniobras anticonstitucionales de un gobierno autoritario atentan contra 40 años de democracia. ¿Y la libertad? Pareciera que solo es para los negocios que quieren hacer con patrimonio del Estado. Télam garantiza el derecho que tiene la sociedad a acceder a la información. Nuestra solidaridad con las y los trabajadores”, fue el mensaje de la diputada Victoria Tolosa Paz.
También desde UP, el senador Martín Doñate criticó que “EN SU PASO DE DESTRUCCIÓN DE FEDERALISMO, MILEI CIERRA TELAM. Fomentan libertad, pero cierran una empresa de información de calidad coartando la libertad de expresión. Ningún país del mundo se ha desprendido de una agencia estatal de noticias por tener como principal característica el federalismo y la pluralidad de voces”.
“Con el cierre de TELAM celebran las empresas privadas, Clarín, La Nación y el principal afectado una vez más es el pueblo. Envío un fuerte abrazo a las y los excelentes profesionales que integran TELAM”, añadió el rionegrino.
El diputado del Partido Socialista Esteban Paulon manifestó que “cuando la crueldad es política de Estado, pasan cosas como éstas. El cierre intempestivo de @AgenciaTelam y la eliminación de sus contenidos en línea es un grave ataque a la libertad de expresión”, mientras que su par Mónica Fein sumó: “No al cierre de @AgenciaTelam,solidaridad con las y los trabajadores”.
“La imagen del autoritarismo”, dijo Myriam Bregman, jefa del bloque Frente de Izquierda, al compartir la imagen del sitio web intervenido.
Cuando la crueldad es política de Estado, pasan cosas como ésta
El cierre intempestivo de @AgenciaTelam y la eliminación de sus contenidos en linea es un grave ataque a la libertad de expresión
Solidaridad con las y los trabajadores de la agencia nacional de noticias pic.twitter.com/xAovgVd4l5— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) March 4, 2024
Con sendas iniciativas, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda reclamaron al Poder Ejecutivo que desista de su decisión de cierre, algo que había sido anticipado por Milei en la Asamblea Legislativa.
Ante la decisión del Gobierno nacional de cerrar la agencia Télam, y tras este lunes amanecer la redacción vallada y la página web dada de baja, el diputado nacional Pablo Carro (UP) presentó un proyecto en el que le exige al Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento de Télam, “como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias”.
“Su tarea profesional resulta esencial para la labor informativa, en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales y digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios diarios”, agregó el cordobés en un proyecto de resolución.
El legislador cuestionó que “al comenzar el 2024 asistimos a un nuevo intento por debilitar la pluralidad informativa y la posibilidad de elección ciudadana de contenidos diversos, a partir de la cuestionada intervención y el ajuste de los medios públicos -Radio Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Educ.ar S.E, Télam S.E.- y el posterior anuncio presidencial del cierre de la agencia Télam”.
“Respecto de la intervención a estos organismos dispuesta por el Decreto 117/2024, ya hemos pedido acceso al expediente del Ejecutivo para chequear la inconsistencia de los fundamentos, sólo autosustentada en las atribuciones asignadas a sí mismo por el presidente a través del ilegítimo DNU 70/2023”, remarcó.
En los argumentos, Carro recordó el anuncio que hizo Javier Milei el pasado 1ro. de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando “como único argumento para cerrar Télam, consideró que la agencia ‘ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista’, similar justificativo al que utilizó el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, cuando en 2018 se ordenaron 357 despidos en la agencia, muchos de ellos revertidos luego por la Justicia”.
“La agencia Télam tiene una larga trayectoria. En 1945 fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo de romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press. Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo, sistemas que fueron actualizándose por los avances de la tecnología”, rememoró.
El diputado de UP advirtió que “el cierre de la Agencia Télam afectaría derechos constitucionales, además de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, garantizado por normas con jerarquía constitucional -Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 23.054-, y el derecho a la diversidad informativa y cultural tutelado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales ratificada por Ley Nacional 26.305”.
“Los medios públicos -y concretamente la Agencia Télam- son una de las formas institucionales de lograr mayor federalismo y de aportar a la diversidad y el pluralismo informativo, en un panorama mediático con agendas fuertemente incididas por pocas empresas de comunicación y portales digitales, en general alineados a intereses particulares no siempre coincidentes con el bien común”, sostuvo.
Y sumó que “un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo. Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública”.
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés, junto a una treintena de sus pares, presentó un proyecto por el cual solicita “al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los medios a su alcance para sostener el pleno funcionamiento de Télam Sociedad del Estado”.
“Es un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, sostuvo el diputado.
El porteño recordó que “no es la primera vez que Télam aparece bajo amenaza de liquidación, cierre o venta. Distintos gobiernos buscaron atacarla, demonizando a sus trabajadores, ocultando el invalorable aporte que su amplia red federal de corresponsalías hace a la difusión de los valores democráticos”.
“A lo largo y ancho del mundo hay agencias de noticias creadas y sostenidas por los Estados, que, lejos de cerrarlas, les destinan partidas presupuestarias que les permiten el perfeccionamiento profesional y tecnológico. Basta mencionar la BBC de Inglaterra, EFE de España o DPA de Alemania, entre muchas otras. Télam juega en esa liga, que es la Primera A de las agencias de noticias internacionales”, señaló Valdés.
Y agregó que “el derecho al acceso a una información verídica y de calidad se vería severamente afectado de cumplirse los propósitos de cierre que deja entrever el Gobierno nacional”.
Otro proyecto se sumó este lunes desde el Frente de Izquierda, quien reclamó “rechazar todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam, repudiar su cierre con vallado esta madrugada, a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el Gobierno nacional y adherir al reclamo de su inmediata reapertura”.
También, en el proyecto de resolución denuncian que “detrás del cierre de la agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley de ómnibus”.
Y reclamaron “el fin del operativo policial en las sedes de las calles Bolívar y Belgrano y la inmediata apertura de todas las sedes de funcionamiento, así como el cese de la suspensión a todos los trabajadores y trabajadoras, el alta de su página web y el servicio de cablera”.
Proyecto en el Senado
También presentó un proyecto, en su caso en el Senado, la rionegrina Silvina García Larraburu. Repudia el anuncio presidencial de cerrar la Agencia Nacional de Noticias Télam, como así también “el impedimento al ingreso de sus trabajadores a sus instalaciones; y el apagón informativo que supone anular su portal de noticias y cablera”.
“Estos hechos manifiestan un atropello a la libertad de expresión y la libertad de prensa, consagradas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales firmado por el país”, sostuvo la senadora kirchnerista, que remarcó que “Télam es la única agencia argentina con una red de corresponsales en todas las provincias, lo cual le imprime una impronta profundamente federal en dónde conviven una pluralidad de voces”, al tiempo que se solidarizó con “sus más de 700 empleados que ahora ven peligrar su fuente laboral y sufren las amenazas y atropellos del Ejecutivo”.
“La comunicación no es un negocio. Es un Derecho Humano”, cerró.
El interbloque presidido por José Mayans recibió a representantes sindicales de RTA, la agencia Télam y Contenidos Públicos.
El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes gremiales de trabajadores de los medios públicos, con quienes se analizó la compleja situación generada con la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam y el portal Educ.Ar, dispuesta por el Gobierno nacional.
Los legisladores, encabezados por José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, coincidieron con la representación sindical en expresar “la preocupación por la referida intervención que abre las puertas a una eventual privatización o al cierre de las empresas que integran el conglomerado mediático estatal”.
La delegación sindical estuvo integrada por la secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora de la agencia Télam, Carla Gaudensi; el secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi; y el delegado del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y personal de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (que comprende al canal Encuentro, Paka -Paka y Deport TV), Christian Stauffacher.
También participaron de la reunión, que se realizó en la sala de reuniones del interbloque del segundo piso del Palacio Legislativo, los delegados de SIPREBA por Radio Nacional, Micaela Polak y Fernando Pedernera.
De esta manera, el interbloque de UP continuó con la ronda de reuniones que viene teniendo con representantes de distintos sectores que se vieron afectados con las distintas decisiones del gobierno del presidente Javier Milei, como las dispuestas a través del DNU 70/23.
La bancada peronista/kirchnerista -primera minoría del Senado- ya recibió a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y de los movimientos sociales, a sindicalistas y empresarios del sector farmacéutico, así como referentes de las pequeñas y medianas empresas del país.
Gabriel Solano (PO) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración en el que rechazó los dichos del presidente electo, Javier Milei, acerca de sus intenciones de privatizar Télam, Radio Nacional y la TV Pública.
El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscará rechazar los dichos del presidente electo, Javier Milei, acerca de sus planteos de avanzar con la privatización de los medios públicos y los despidos y recortes que de ella se deriven.
Asimismo, buscará repudiar “la campaña de difamación sobre los sueldos que perciben quienes trabajan en dichos medios. Apoyar a sus trabajadores en todas las medidas de lucha y organización que resuelvan para enfrentar esta orientación”.
En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista aseguró que “en las horas siguientes a que se conozca de la victoria del futuro presidente, Javier Milei, este expresó en un medio radial su planteo de avanzar con la privatización de medios públicos como Télam, Radio Nacional y la TV Pública, acompañado de la frase de que ‘todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del sector privado’. Es sabido y hasta expresado por algunos de sus allegados que esto implicaría un tendal de despidos y recortes en el sector”.
“El argumento utilizado fue que no son rentables y por lo tanto implican un ‘gasto’ para el Estado. Incluso ha habido una campaña mediática para difamar a sus trabajadores sosteniendo que cobran sueldos altísimos cuando la mayoría de ellos no llega a cubrir la canasta de pobreza”, continuó y precisó que “la respuesta de los trabajadores del gremio fue convocar asambleas en los lugares de trabajo de manera inmediata, para discutir esta situación sobre sus condiciones de vida y prepararse para enfrentar esta avanzada sobre sus puestos de trabajo y los medios públicos”.
Sobre esa misma línea, manifestó que “las asambleas plantearon estar en estado de alerta y movilización, rechazar cualquier plan de privatización y encarar una campaña política y organizativa con otros sectores en defensa de los medios públicos y su función social”.
“Milei no esconde que su intención es hacer un ajuste que no pagará ni la “casta” ni las patronales, sino que pagarán los trabajadores. Esta iniciativa es una señal para que las patronales puedan avanzar con despidos como ya está ocurriendo en el gremio de la construcción luego de conocerse sus declaraciones sobre la obra pública, buscando disciplinar a los trabajadores para hacer pasar un brutal ajuste frente a la resistencia obrera que va a desarrollarse”, sentenció.
“Se negaron a rendir cuentas al Congreso, pero sostienen que los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la democracia”, sostuvo la diputada radical
Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR y vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones, cuestionó el comunicado de las autoridades actuales de Radio y Televisión Argentina y de la agencia estatal Télam.
Esta semana, en un comunicado firmado por Rosario Lufrano y Bernarda Llorente, entre otros funcionarios de la actual gestión kirchnerista, se sostuvo que “los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana”.
La diputada Banfi polemizó con Llorente y Lufrano, quienes a lo largo de cuatro años han hecho caso omiso a los diferentes pedidos de informes y citaciones que hizo la oposición en Diputados, encabezados por la diputada radical.
“A la titular de Télam, Bernarda Llorente, la cité 2 veces por la línea editorial que la agencia de noticias utilizó para informar lo que está pasando en Ucrania e Israel, ignorando las violaciones a los Derechos Humanos que se perpetraron en ambos territorios. Nunca asistió”, recordó Banfi.
Y subrayó: “Por su parte, a Rosario Lufrano la cité 6 veces para que informe sobre su gestión en la RTA: 3 veces por irregularidades en los fondos del organismo y 3 veces por situaciones de violencia que involucran a empleados de la TV Pública. Tampoco respondió”.
“Además, cité a ambas para que rindan cuentas sobre la cobertura de la vida social de la primera dama, en especial de su cumpleaños en plena pandemia. Tampoco hubo respuesta por parte de ambas”, añadió la diputada.
Y concluyó: “Entonces, para hablar del fortalecimiento de la vida democrática, ¿no deberían empezar por rendir cuentas de los organismos que tienen a cargo? Es una vergüenza que se termine su gestión y no sepamos que hicieron ni en que gastaron los fondos públicos. No lo vamos a dejar pasar”.
“Aunque a Milei no le guste, los medios públicos forman parte de las democracias del mundo”, sostuvo el diputado oficialista.
El diputado nacional Pablo Carro (FdT) se refirió a las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, sobre la privatización de la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, bajo el argumento de que “habrían sido tendenciosos” y realizan actividades que podrían ser reemplazadas por el sector privado.
“Aunque a Milei no le guste, los medios públicos forman parte de las democracias del mundo entero”, aseveró el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja.
A través de un comunicado, el cordobés recordó que “el sistema de medios públicos viene desempeñándose de diversas maneras durante los cuarenta años de democracia, aún cuando fue degradado durante la gestión Sofovich en ATC a un mero desempeño comercial, y aún cuando el macrismo serruchó sus capacidades y echó a trabajadores que luego la Justicia ordenó reincorporar”.
“Si a Milei no le gusta cómo funcionan los medios públicos, que mejore su desempeño haciendo cumplir el mandato por ley de garantizar contenidos educativos, información plural y actividades culturales diversas para nuestra población, especialmente cuando esto no sea un negocio empresarial”, recomendó.
Carro remarcó que “a nadie escapa la función social de las radios nacionales y la televisión pública en todo el país. Además de promover la diversidad temática, de géneros y federal, son los únicos medios que cumplen el mandato de transmitir festivales musicales masivos y dan aire a nuevos artistas, garantizan eventos deportivos para todos y emiten los propios debates electorales”.
El legislador oficialista mencionó que en su discurso del domingo pasado, el líder de La Libertad Avanza dijo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. “Entonces, sus proyectos deberán pasar por el Congreso”, advirtió y le recordó que “en las elecciones generales los candidatos de La Libertad Avanza lograron el 29,9% de los votos”, porcentaje bajo el que se definió la representación de su fuerza en el Parlamento.
“Respetar la democracia es que el presidente reconozca a ambas cámaras del Congreso, su funcionamiento y las diversas leyes que disponen la existencia de los medios públicos, como La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Federal de Educación, tratados internacionales y otras normas votadas por peronistas, radicales, socialistas, algunos liberales y diversos partidos provinciales”, enfatizó.
También, el diputado apuntó que “en todo el mundo existen medios públicos, especialmente en las democracias liberales que su espacio político pregona que tienen prosperidad y progreso de capital humano”. “Las argentinas y los argentinos haremos respetar las formas de representación que velan por el cumplimiento de las leyes, la institucionalidad y los valores democráticos. Por ello, queremos mejores medios públicos, más producciones nacionales y federales en las pantallas y las radios públicas, con los mejores profesionales y técnicos a cargo de esas tareas”, defendió.
Y finalizó: “Sin dudas, los tiempos venideros implicarán coordinar acciones de fortalecimiento de la cultura y la comunicación a través de ámbitos como el Frente Federal Cultural, la Multisectorial por la Ficción Audiovisual Nacional y la Coalición por una Comunicación Democrática”.
La Cámara baja sancionó la norma que busca garantizar la presencia de mujeres y disidencias en los medios y también su participación en los directorios.
Nada hacía suponer en la previa del debate del último proyecto previsto para debatir en la sesión de Diputados que estallaría semejante polémica. Ya de madrugada el debate de un tema que en líneas generales no hacía presuponer mayores discrepancias, concluyó en medio de una gran controversia y a punto estuvo de caerse la sesión.
Eso no sucedió, y así fue que la Cámara de Diputados convirtió en ley la equidad de género, desde una perspectiva de diversidad sexual, en los medios de comunicación. El proyecto, elaborado junto a la Asociación de Periodistas Argentinas y que ya contaba con media sanción del Senado, obtuvo 134 votos afirmativos y 9 negativos.
Si bien en líneas generales el proyecto no presentaba resistencia de la oposición, un artículo que pone condicionamientos a la pauta oficial generó airadas quejas de parte de la oposición. El oficialismo, en tanto, negó que ese artículo tuviera un sentido punitivo, y reveló presiones de las cámaras empresarias que nuclean a los medios de comunicación.
La gran incógnita que se planteaba cerca de las 3 de la madrugada no era el resultado de la votación, sino si el quórum alcanzaba a mantenerse, pues en un momento dado la principal bancada opositora se levantó para retirarse y hacer caer la sesión. Eso no sucedió precisamente porque varios miembros de Juntos por el Cambio se quedaron: algunos sentados en sus bancas (para votar directamente en contra) y otros logueados, lo cual establece que están presentes, aunque finalmente no hubieran votado.
Los 9 diputados de Juntos por el Cambio que permanecieron en sus bancas y votaron en contra fueron Juan Aicega, Federico Angelini, Héctor Baldassi, Jorge Enríquez, Daniel Frizza, Gustavo Hein, Humberto Orrego, María Carla Piccolomini y Pablo Torello
Para evitar suspicacias, el presidente de la Cámara leyó uno por uno los nombres de la lista de votación, y preguntó directamente a cada uno de los que votaron en contra que pronunciaran la intención de su voto. Lo mismo hizo con quienes permanecían logueados, pero terminaron figurando “ausentes a la hora de votar”: Adriana Cáceres, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra, Fabio Quetglas, Dina Rezinovsky y Adriana Ruarte.
A la hora de la votación en particular, los diputados que se habían retirado de sus bancas volvieron a las mismas y participaron de la misma lo hicieron para proponer modificaciones en los artículos que cuestionaban no solo ellos, sino también otros diputados de la oposición como los de Córdoba Federal y Consenso Federal. Previsiblemente la diputada Mónica Macha, miembro informante de esa iniciativa, rechazó los cambios. Así fue que la votación de los artículos 6 y 7 del proyecto terminó con 130 votos a favor, 70 en contra y 7 abstenciones. Los votos en contra correspondieron a los diputados de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Alma Sapag, del MPN.
Se abstuvieron los radicales Alejandro Cacace, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Dolores Martínez y José Luis Riccardo, y los de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini.
El artículo 8°, el que más discrepancias generaba por ser el que correspondía al tema de la pauta oficial, tuvo como resultado 126 votos a favor, 78 en contra y 2 abstenciones. Al pedir modificaciones la diputada radical Karina Banfi, Mónica Macha las rechazó afirmando que “no es un artículo punitivista, es un incentivo”.
Tras esa votación, la diputada Karina Banfi, quien era la voz cantante del pedido de modificaciones, enfrentó al oficialismo advirtiendo que “nadie de este lado está entongado con nadie”, y ante la reprimenda de Sergio Massa señaló que lo decía por los gestos que hacían desde la bancada de enfrente. Y continuó: “Voten la ley que regula el lobby, nosotros lo que estamos haciendo es defender la Constitución”.
“Quiero reconocer aquí que las mujeres otra vez lo han hecho. Porque han sido ellas las que trabajaron colectivamente, con inteligencia, para encontrar el momento y la oportunidad para traer este proyecto al recinto”, señaló el diputado Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba), quien aclaró que “este es un proyecto que no es de cupo, no es un proyecto de paridad. Es un proyecto que habla de equidad de género. Y me parece que este concepto de equidad es mucho más profundo, mucho más amplio y nos va a generar muchísimas más posibilidades a las mujeres y a todas las diversidades sexuales”.
Carro explicó que “de lo que se trata no es solamente de sumar mujeres a los medios de comunicación, sino que ingrese una perspectiva feminista, y este proyecto justamente trabaja sobre este aspecto. Porque obviamente esto va a ser obligatorio para los medios públicos, pero para los medios privados con fines de lucro, sin fines de lucro, van a poder participar si están interesados en ingresar en un régimen de promoción, para lo cual tienen que cumplir cuatro de siete criterios”.
Al respecto destacó que no solo hay que tener procesos de selección basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros, o políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, o el uso del lenguaje inclusivo, sino que destacó algunas cuestiones puntuales que entendió más importantes. Por un lado, citó el protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género; por otro lado, la disposición de salas de lactancia y/o centros de cuidado infantil; y acciones para apoyar la distribución de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras. “Me parece que ahí está la clave de este proyecto: que no se trata de que haya más mujeres -que por supuesto tiene que haber más mujeres en los medios-, sino de que ingrese una perspectiva de género al modo en que trabajan los medios”, sintetizó.
Mujer de los medios, la diputada Gisela Marziotta se manifestó “orgullosa de ser parte de este bloque del Frente de Todos, porque estuvimos ampliando derechos; de eso se trató la jornada de hoy, en la que estamos ampliando derechos, y sabemos que eso molesta. Y sabemos que eso molesta mucho, porque hoy sabemos las reacciones que empezaron a haber a partir de que se supo que quizás en minutos nada más sea ley la equidad de género en los medios de comunicación en la República Argentina”.
“Evidentemente eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos marcando la agenda que la sociedad necesita. Evidentemente la reacción que tuvieron a lo largo del día de hoy, donde sabemos que hasta han querido que algunos diputados o diputadas cambien su voto para que no se convierta en ley esta ley que es tan necesaria, porque va a lograr que empecemos a erradicar de una vez la violencia por razones de género”, aseguró.
En su intervención posterior, la diputada Gabriela Cerruti admitió que “queremos meternos con el contenido de los medios”, porque “queremos que los medios sean pensados también por mujeres, por disidencias, por travestis, por trans, que hagan que el discurso que llegue a la sociedad incluya esas sensibilidades, esos pareceres, esa manera de abrazar los diferentes temas que va atravesando la sociedad”.
“Entonces no estamos hablando solamente de cupo; no estamos hablando de que tiene que haber igual cantidad de hombres y de mujeres… Lo que estamos hablando y lo que tiene que cambiar es la perspectiva de los medios de comunicación, porque creemos en los medios de comunicación y que efectivamente ahí se construye parte del sentido común colectivo”, aseguró Gabriela Cerruti.
La primera en esbozar críticas fue la diputada radical Karina Banfi, que cuestionó que el proyecto debatido no hubiera sido “acompañado y conversado con la oposición, justamente para mejorar algún problema en la técnica legislativa. En donde de pronto una herramienta como la acción positiva la ponemos a colisionar con un derecho fundamental que es justamente la libertad de expresión”.
Advirtió que en la lectura del proyecto se genera una obligación en “un sector donde debemos ser muy cuidadosos, porque es cierto que podemos legislar todo lo que queremos, pero siempre en el marco de la Constitución”. Citó el artículo 8 de la ley, que impulsa una preferencia sobre los medios de gestión privada en donde interviene directamente en la asignación de pauta oficial. “Entonces ahí me empieza a confundir: ¿Este es un proyecto de acción afirmativa para promover el lugar de las mujeres en los medios de comunicación, o también aprovechamos el momento para regular la pauta oficial?”, se preguntó.
Banfi contó que habían conversado con el oficialismo para promover cambios, pero no tuvieron respuesta. Así las cosas, “lo que hoy vamos a votar es una censura indirecta: nos estamos metiendo a regular la pauta oficial donde le ponemos condicionamientos para poder adquirirla”.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Silvia Lospennato, que le apuntó al artículo 8 de la norma. “En esta ley les condicionamos la pauta oficial, y lamentablemente esto es así y no se hizo una evaluación de lo que significan estos requisitos, que son fáciles para cumplir por los medios grandes, pero no para los chicos. Para ellos va a ser imposible conseguir ese certificado y por ende van a quedar a la cola del reparto de la publicidad oficial, todo lo contrario de lo que se quiere promover. Y esto pasa cuando no tenemos la capacidad de reconocer que está mal escrita la ley. Tiene buenas intenciones, pero está mal escrita”.
“Ese artículo 8 es imposible de acompañar; lamento que no hayan buscado como tantas otras veces alcanzar el consenso en estas leyes que promueven el género”, señaló Lospennato, que concluyó advirtiendo que no estaba dispuesta a “ceder la libertad de expresión, a poner en riesgo la libertad de expresión en la Argentina”.
En el mismo sentido se pronunció la cordobesa Alejandra Vigo, que adelantó el voto positivo en general de Córdoba Federal, pero rechazando los artículos 6, 7 y 8 del capítulo 3: “En el manejo discrecional de la pauta oficial para los medios en la Argentina, nosotros no estamos de acuerdo, no podemos acompañar. Creemos que es en la Argentina uno de los pilares que deben resguardarse y es un tema que viene a oscurecer uno de los objetivos tan importantes que tiene este proyecto”.
Para cerrar el debate, pasadas las 2.30, tomó la palabra la diputda oficialista Claudia Bernazza, quien no pudo ocultar su turbación al advertir los movimientos en la bancada opositora. “El artículo 8 está trayendo una movilización extraña, legisladores parados, discutiendo…”, observó, ante lo cual su compañera de bancada Paula Penacca pidió una interrupción que ella concedió. Fue para reclamar tomar “real dimensión de lo que estamos discutiendo. Estamos legislando sobre nuestra sociedad”.
“Lo digo porque veo en el recinto que hay diputados y diputadas que creen que se puede jugar con esta realidad, después de que hemos votado una ley tan importante como la ley de cupo laboral travesti trans”, señaló Penacca, que agregó: “En esta situación sucede lo mismo; esta ley lo que quiere construir es esa igualdad que necesitamos para que deje de haber mujeres que son acosadas, precarizadas, esa mujeres que no pueden desarrollar sus proyectos de vida porque hay algunos sectores enquistados que siguen profundizando el patriarcado… Entonces me parece que hay que dejar de lado las presiones posibles de esos grandes grupos del poder económico, que están concentrados también en los medios de comunicación, que no se está discutiendo aquí cómo se asigna la pauta, sino cuáles son las pautas, los criterios que como sociedad y como representantes de esa sociedad queremos consolidar y construir para tener una sociedad mejor, más justa”.
Penacca les pidió a los diputados de la oposición “que recapaciten”, y sobre todo a las diputadas de la oposición, a las que preguntó “¿con qué cara van luego a ir a blandir las banderas del feminismo, sino se quedan aquí sentadas a defender las banderas de la equidad?”.
Claudia Bernazza cuestionó que “llama poderosamente la atención que sean diputadas que han esgrimido las banderas del feminismo, las que hoy estén dudando por un artículo 8°”. Y vinculó el tema con un correo electrónico que, contó, había recibido durante la tarde, firmado por los presidentes de ADEPA, ATA, ARPA y ADIRA, que supuso que habían recibido todos en sus correos oficiales.
En ese momento pidió una interrupción el diputado santafesino Germán Martínez, que alertó que los que se estaban levantando de sus bancas “no lo están haciendo por un pedido de la radio comunitaria de Chascomús, sino por la presión de los grandes medios de comunicación de la Argentina”.
Bernazza concluyó luego lo que estaba contando sobre la carta que recibió de las cámaras de medios: “En esa carta muy extensa me dicen finalmente que ese artículo 8 es el que no acuerdan, porque traería alguna preferencia en la asignación de la publicidad oficial por parte del sector público”.
Bernazza concluyó pidiendo poner todas las cartas sobre la mesa “y ver si vamos a votar en favor de la igualdad degenero o de los podres reales”.
Pero antes de votar pidió la palabra el diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal – Buenos Aires), quien adelantó que se abstendrían en el cuaderno 3 de la ley, en los artículos 6, 7 y 8, citando las razones expresadas por la diputada Vigo. Pero aclaró, frente a las dudas planteadas desde el oficialismo, que “estamos aquí sentados: vamos a votar la ley en general y de ninguna manera vamos a permitir que nuestra posición esté puesta en duda. No nos hacemos cargo de ningún lobby; sean muy cuidadosos a la hora de poner las cosas en su lugar”.
Los lugares estaban vacantes desde la asunción del gobierno de Fernández. El Interbloque Federal en Diputados también aspiraba a ocupar esos cargos, pero el radicalismo ganó la pulseada. Quiénes fueron elegidos.
La UCR se quedó con dos lugares clave en los directorios del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y RTA (Radio y Televisión Argentina), tras ganarle la pulseada al Interbloque Federal, que también reclamaba esos cargos. Los elegidos fueron el cordobés Carlos Montes para RTA y el exintendente de Santa Fe y extitular de la UCR José Corral para el ENACOM.
Ambas candidaturas fueron avaladas este jueves en una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, donde fue ratificada como presidenta la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos).
Los cargos en el ENACOM y RTA estaban vacantes desde la asunción del presidente Alberto Fernández porque, según explicó Cerruti, no había acuerdo en la oposición, ya que la normativa vigente habla de “tercera minoría” y tanto la UCR como el Interbloque Federal se arrogaban esa cualidad.
“Las dos propuestas fueron discutidas y debatidas en los últimos meses. La demora tuvo que ver con una larga discusión sobre qué se considera ‘tercera minoría’, que no está claramente reglamentado” ni especificado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señaló Cerruti.
La diputada Karina Banfi fue la encargada de proponer para RTA a Montes, exintendente de la localidad cordobesa de Río Segundo. Argumentó que buscan “apoyar el carácter federal que debe tener el sistema de medios públicos”.
Para el ENACOM, Banfi aclaró que la propuesta original era la del jujeño Miguel Giubergia, quien falleció por Covid en octubre del año pasado. Por eso, el radicalismo terminó postulando a Corral, quien tiene “un frondoso currículum en la gestión y ha ocupado cargos en medios públicos locales”, destacó la diputada.
Por último, el Pro nominó a Cristian Larsen, exauditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi, para completar el directorio de RTA. El año pasado, la bicameral había votado para ese cargo a Emilio Lafferriere, pero el Ejecutivo adujo que estaba inhabilitado para el cargo y no lo ratificó, por lo que había que nombrar un reemplazante.
Larsen fue propuesto en la reunión por el diputado Waldo Wolff, que a diferencia de Banfi se negó a hacer una reseña del perfil del candidato. A pesar de ello, el oficialismo acompañó la designación, al igual que las de Montes y Corral, y ahora las propuestas serán giradas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para su ratificación.
En el ENACOM, presidido por Claudio Ambrosini, las restantes autoridades son Gustavo López (vicepresidente) y los directores Raúl Quilodrán, María Florencia Pacheco, Alejandro Gigena y Silvana Giudici. Los dos primeros fueron nombrados por el Ejecutivo, mientras que Gigena y Giudici fueron designados por la bicameral en representación de la primera y segunda minoría.
En tanto, en RTA -encabezada por Rosario Lufrano- ocupa la vicepresidencia Eliseo Álvarez, y los directores actuales son Alejandro Verano, Erika Schmocker, Marcelo Romeu y Cynthia Ottaviano.
En la reunión de la bicameral también se acordó citar a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, para los primeros días de junio, con el fin de que brinde un informe de gestión y responda preguntas de los legisladores.
Los cargos están vacantes desde la asunción del presidente Fernández. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se disputan dos de ellos.
La oposición parlamentaria nombrará el próximo martes a sus tres representantes en los directorios de RTA (Radio y Televisión Argentina) y el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), cargos que se encuentran vacantes desde la asunción del presidente Alberto Fernández.
La designación se realizará el próximo martes a las 18 en una reunión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que preside la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos).
Hasta el momento, por falta de acuerdos, solo fue designada Silvana Giudici (Pro) en el ENACOM, por lo que resta nombrar a un director más en ese organismo y otros dos en RTA, la sociedad que maneja Radio Nacional y la TV Pública, a cargo de Rosario Lufrano.
En mayo del año pasado, el Pro nominó a Emilio Lafferriere como director de RTA, y si bien la decisión fue avalada por la bicameral y refrendada por los presidentes de ambas Cámaras, el Ejecutivo adujo que el propuesto estaba inhabilitado para el cargo.
El Pro propuso reemplazar a Lafferriere por un exauditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi, Cristian Larsen, quien sería ratificado en la reunión del martes.
Sin embargo, los dos cargos restantes son disputados por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
Ambas bancadas de la oposición tienen diferentes interpretaciones de la normativa vigente, que establece que cuatro directores del ENACOM y RTA deben ser designados por la bicameral a propuesta de los bloques de la segunda y tercera minoría parlamentaria.
El diario Clarín reveló que Juntos por el Cambio propone al expresidente de la UCR y exintendente de Santa Fe José Corral para el ENACOM, y para RTA a Carlos Monte, exintendente de Río Segundo, Córdoba.
Por su parte, según el mencionado matutino, el Interbloque Federal postula a Gabriela González y a la periodista mendocina Gabriela Mussuto Tenenbaum para esos mismos cargos.
Se conoció que un directivo del canal retiró de un banco 4 millones de pesos en efectivo para financiar una producción sobre Manuel Belgrano. Diputados de la oposición pidieron interpelar a la presidenta de RTA.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto para citar a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, a fin de que brinde explicaciones acerca de la información que indica que un funcionario de la TV Pública retiró 4 millones de pesos en efectivo de un banco para financiar una producción televisiva.
Según reveló el diario Clarín, un directivo de la TV Pública -del que no se conoce el nombre ni el cargo- retiró ese monto de forma irregular de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, y afirmó que era para financiar una ficción sobre Manuel Belgrano, tras lo cual las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría interna.
En el proyecto presentado, los diputados de la oposición solicitaron también un detalle de las cuentas bancarias que posee el canal estatal, así como los apoderados y personas autorizadas a realizar movimientos bancarios. Además, pidieron que se haga pública la auditoría y que se informe cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los responsables.
“La máxima autoridad de la TV Pública tiene que dar explicaciones sobre este episodio, porque alguna autoridad tiene que haber avalado la extracción del dinero. Lufrano tiene que transparentar toda la información que tiene al respecto de este hecho, por eso consideramos que es el Congreso el lugar donde tiene que venir a rendir cuentas sobre su gestión”, aseguró Banfi.
La legisladora también recordó la necesidad de completar el directorio de RTA y del ENACOM con representantes de la oposición y advirtió: “El oficialismo no nos permite designar al representante de la UCR en el directorio de ambos organismos. Es una discusión que venimos teniendo hace muchos meses, pero el kirchnerismo no quiere ser controlado en el manejo de los medios públicos, y por eso vemos situaciones como la de este funcionario con dinero público en sus manos”.
Paralelamente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó una nota ante la TV Pública solicitando información sobre el hecho.
Campagnoli pidió “un informe del empleado o autoridad de RTA S.E. que realizó la extracción; qué empleado o autoridad tuvo en su poder y/o custodió el dinero desde el día que se retiró; qué directivo o autoridad autorizó la extracción del dinero; cuántos juicios existen, en la actualidad en trámite, en los que el ANSES fuese demandado; con qué fin fue retirado ese dinero y qué destino puntualmente se le iba a dar; qué gastos se realizaron; y con qué recibos o factura cuentan que los justifique”.
“El pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley y estamos ante una nueva irregularidad que debe ser esclarecida de manera urgente”, afirmó Campagnoli y pidió detalles del procedimiento de pago para este tipo de sumas y el monto de dinero que se restituyó a la TV Pública tras darse a conocer este hecho.
El texto se modificará antes de su llegada al recinto, pero el dictamen pasó a la firma de los legisladores. “Tener equidad de género va a cambiar la mirada de los medios”, sostuvo Norma Durango, impulsora de la iniciativa.
Las comisiones de la Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado avanzaron este lunes con un proyecto de ley que propone la equidad de género en los medios públicos, e invita a los privados a que adhieran a la norma.
Tras un debate en el que se cuestionaron algunos puntos de la iniciativa, oficialismo y oposición acordaron pasar a la firma el dictamen con el compromiso de que haya aspectos que sean modificados en la redacción antes de su llegada al recinto.
La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó que el proyecto original “se ha enriquecido” con el aporte de funcionarias de medios públicos, representantes del colectivo trans, de sindicatos y de Periodistas Argentinas, entre otros.
“Las mujeres son minoría en las redacciones, en las emisoras de radio y televisión”, enfatizó la impulsora de la iniciativa, quien detalló que si bien “el 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres”, solo “un 30% de las personas que trabajan en las empresas periodísticas son mujeres, y el 24% de las personas afiliadas al sindicato de prensa son mujeres”.
La pampeana sostuvo que “la mirada de la mujer no es mejor que la del hombre, pero es diferente. Por lo tanto, creemos que tener esta equidad de género va a cambiar la mirada de los medios”.
A continuación, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) -presidente de la Comisión de Medios- advirtió que el artículo referido a las sanciones podía resultar “un exceso” al incluir “la inhabilitación del funcionario” en caso del incumplimiento de la ley.
Por su parte, María Belén Tapia (UCR) consideró que “no se ha escuchado” al sector privado, y remarcó que “no es lo mismo tener un medio de comunicación en Capital Federal que en el interior”. En ese sentido, la santacruceña explicó que la inclusión del colectivo lgbt puede resultar “un impedimiento” para medios pequeños de distintas provincias y se preguntó: “¿Estamos legislando algo que se va a poder cumplir en el país?”.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) alertó sobre el artículo referido a las sanciones y opinó que sería mejor impulsar “un mecanismo de promoción”, al tiempo que coincidió que “en algunas localidades puede no haber posibilidad de incorporar el cupo trans”, más allá de estar a favor de que la ley lo contemple.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) señaló que la iniciativa “claramente está incluyendo” a los medios privados, al expresar que “quedan alcanzados por las disposiciones de la presente todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y privado”.
También afirmó que “la sanción de la inhabilitación de un medio es absolutamente extrema” e insistió en que hay medios del interior “donde hay solamente dos personas que trabajan”. Por eso, sugirió escuchar a representantes de los medios públicos “con poca gente” sobre “la aplicabilidad” que tendría la norma.
Desde el oficialismo, Luenzo garantizó que en el proyecto “no estamos obligando a los medios privados a dar cumplimiento. No están obligados bajo ningún punto de vista”. “Lo público está claramente diferenciado”, dijo, al hacer referencia de que se trata de dos capítulos distintos.
Durante el debate, la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) consideró que debería incluirse que “el cupo sea cubierto cumpliendo con las condiciones de idoneidad; no discriminando, pero sí garantizando que no podemos tampoco, por imponer un cupo, no tener en cuenta que estamos hablando de medios”. “La idoneidad es la capacitación mínima para cumplir un cargo”, agregó.
Sobre el cupo para personas trans y del colectivo lgbt, la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) manifestó que “incluir al colectivo trans y las disidencias es un avance enorme”, mientras que su par Nancy González opinó que este punto, en relación a los medios del interior, es “algo que se puede subsanar en la reglamentación”.
“Si en una localidad nadie (del colectivo) se presente, no pasaría nada”, expresó y subrayó que “estos colectivos están en el interior del país y es donde más se le vulneran los derechos”.
Para Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), “esta ley es más que necesaria”. “A nosotras como mujeres se nos pide siempre como una doble prueba”, sostuvo y criticó: “Me extraña mucho y me llama a la reflexión que el tema idoneidad haya sido de nuevo puesto sobre eje en la Banca de la Mujer”.
“Claramente cualquier persona que quiera ingresar a trabajar a un medio va a tener que requerir idoneidad, lo que nosotros intentamos es que no se le exija el triple o el doble de idoneidad por su identidad sexual o género”, añadió.
Hacia el final de la reunión, Durango, Luenzo y Rodríguez Machado acordaron en que se realicen las modificaciones sobre el artículo referido a las sanciones y una mejor aclaración de que los medios privados podrán “adherir” y no estar obligados, y de esta manera se pasó a la firma el dictamen.
El documento consta de seis puntos a los que los legisladores se comprometen para llevar adelante medidas sobre el tema.
La Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos), firmó este martes un “compromiso para la construcción de medios de comunicación con perspectiva de género”.
En el documento, los legisladores reafirman su “compromiso” con “la incorporación y fortalecimiento de la igualdad de género en los medios de comunicación públicos de la Argentina”, al tiempo que, afirman, llevarán adelante medidas tendientes a seis puntos:
Por más de dos horas, las invitadas expusieron sobre la problemática en la Bicameral de Comunicación Audiovisual. Asistieron las responsables de RTA, Contenidos Públicos y Télam, entre otras. La comisión elaboró un “compromiso para la construcción de medios con perspectiva de género”.
Por Melisa Jofré
Durante una reunión de más de dos horas, funcionarias y periodistas expusieron ante la Bicameral de Comunicación Audiovisual, donde abogaron por la aprobación de una ley que establezca la igualdad de género en los medios públicos y privados, plantearon sus opiniones y explicaron la situación actual que se vive en el ámbito de la comunicación.
Tras las intervenciones, la comisión, presidida por la diputada oficialista Gabriela Cerruti, pasó a la firma entre sus miembros un “compromiso para la construcción de medios de comunicación con perspectiva de género”, el cual consta de seis puntos.
La primera funcionaria en exponer fue la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien destacó que según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “ningún país, incluso los más desarrollados, han alcanzado una igualdad de género total”. Además, un informe de 2017 del Foro Económico Mundial pronosticó que la brecha existente entre hombres y mujeres “se va a alcanzar de reducir recién en 100 años”.
La periodista recordó que años atrás, “cuando a una mujer se la convocaba para co-conducir en un noticiero de televisión se le pedía que casi sea un adorno”. “Somos una generación que rompió con eso, que mostró que pensábamos y ahí empezaron a preocuparse”, dijo y señaló que “aunque hemos transitado muchas conquistas, el patriarcado y el machismo sigue imperando en los medios”.
Lufrano, quien asumió en enero, indicó que en RTA los cargos jerárquicos estaban ocupados por un “75% de hombres y 25% de mujeres”. Al repasar algunas de las medidas tomadas desde la nueva conducción, destacó la capacitación de la Ley Micaela para todo el personal, la incorporación de una conductora trans (Diana Zurco) en el noticiero de la Tv Pública y la inclusión de una columna de género y diversidad.
Además, la titular de RTA resaltó la incorporación de más de 20 directoras en Radio Nacional, en emisoras de distintos puntos del país; la creación de asambleas de trabajadoras; y la firma de un convenio que próximamente se hará en conjunto con la Asociación Argentina de Actores para la prevención, el tratamiento y remediación de situaciones de violencia de género.
En cuanto a los puestos de empleo, la funcionaria subrayó que “a la hora de una vacante son muchos gerentes los que ponen palos”, y consideró que “resta hacer mucho trabajo con los sindicatos, porque en las bolsas de trabajo se le dan prioridad a los varones y no a las mujeres”. También enfatizó que desde su gestión buscará “promover el cupo femenino para los puestos jerárquicos y no jerárquicos” e “incorporar la perspectiva de género” a toda la programación, entre otros objetivos.
A su turno, la responsable de Contenidos Públicos S.E, Jésica Tritten, explicó que los canales Encuentro, Paka-Paka y DeporTV “tienen producción delegada”, con lo cual en esta nueva etapa se buscará estimular que aquellas PyMEs productoras y universidades públicas “que presenten el plan de trabajo con paridad de género” serán las que tengan mayores posibilidades de contratación.
Al hacer un repaso por cómo se aborda la perspectiva de género dentro de cada canal, la funcionaria remarcó que en DeporTV “hay que hacer un trabajo pedagógico increíble”, y reveló las reacciones que hubo entre los varones cuando por primera vez se hizo una transmisión con una relatora y una comentarista mujer.
También añadió que “en las áreas técnicas tenemos un desafío importantísimo” y pidió “generar políticas y leyes que ordenen estas situaciones para las mujeres”.
Por su parte, la directora de Agencia Télam, Bernarda Llorente ponderó que el Gobierno “lo primero que ha hecho es poder traspasar una visión de género a todas sus políticas de Estado”. “La equidad y la igualdad repercuten en la calidad democrática”, sostuvo.
La periodista recordó que las mujeres “no solo hemos sido discriminadas de los puestos de decisión, sino también hemos sido subestimadas desde la audiencia”. “Las mujeres hemos sido maltratadas en los medios, no solo a través de estereotipos de género, sino también hemos sido subestimadas intelectualmente”, agregó y recordó a Bernardo Neustadt cuando hablaba de “Doña Rosa”.
Al afirmar que “los medios de comunicación no han sido ajenos al modelo patriarcal”, Llorente precisó que en los medios “solo hay 11 accionistas mujeres, muchas de ellas con relación de parentesco en la propiedad de los medios”. “La igualdad en los medios estatales, en este momento, es una decisión que la estamos implementando, pero los privados tienen que tomar el ejemplo”, enfatizó.
La titular de la agencia resaltó que Télam tiene un directorio completamente compuesto por mujeres, y valoró la incorporación de una directora sobre géneros y diversidades, ya que esta mirada “es fundamental para empezar a cambiar una cultura y determinados sentidos comunes”. “Es mucho lo que hemos hecho en estos meses y lo que falta por hacer”, completó.
De la jornada participaron también María Andrea Mallimaci, directora de Comunicación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien destacó la “necesidad de trabajar en conjunto” en la que coincidieron la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. “Los medios públicos deben ser la avanzada de todo proceso de adquisición de derechos”, expresó.
En tanto, el secretario de Medios, Juan Francisco Meritello, precisó que “de los 20 cargos jerárquicos que tenemos, 17 son mujeres. Y no me di cuenta cuando lo hice. No es que buscamos que sean mujeres, buscamos lo mejor para cada una de las áreas”. “Encuentro un enorme profesionalismo y capacidad en las mujeres”, manifestó.
La voz de las periodistas
Luego de las exposiciones de los funcionarios, la senadora Norma Durango (FdT) y las diputadas Mónica Macha y Gisela Marziotta (FdT), impulsoras de proyectos sobre el tema, celebraron la reunión y aportaron sus visiones al respecto.
Pero además se dio participación a periodistas. Una de ellas fue Florencia Alcaraz, de LatFem, quien habló de la necesidad de que la iniciativa contemple “la representación más justa en los medios de comunicación”. Asimismo, solicitó que se construya un proyecto con la participación de todos los sectores, mediante un “proceso colectivo, federal, plural”.
Desde LatFem también intervino Agustina Paz Frontera, quien repasó puntos centrales del proyecto que presentó Mónica Macha, el cual no solo plantea la incorporación de más mujeres, sino de más personas del colectivo LGBTIQ+. “El binarismo es insostenible en la nueva realidad”, señaló y mencionó la idea de sumar “voces de indígenas, migrantes, discapacitados”, entre otros.
Por Periodistas Argentinas, Mariana Carbajal sostuvo que “es necesaria una normativa y regulación; queremos una representación con equidad”. “Basta hacer un paneo por la televisión o por los portales de noticias para ver cómo aparecemos las mujeres”, dijo y ejemplificó que mientras en la televisión aparecen “varones gordos, pelados, con arrugas”, en las mujeres “hay un canon que establece ciertos estándares” y “ni hablar de las ausencias de otras estéticas e identidades”.
Finalmente, Nancy Pazos pidió “rapidez” para que salga un solo proyecto consensuado y consideró que “hay que pensar en los medios del interior del país”. Además, opinó que una forma para hacer posible la aplicación de la norma sería “premiar o no con pauta publicitaria (desde el Estado) a los medios que tengan aplicada la Ley Micaela, que tengan un protocolo sobre violencia de género”.
Fueron invitadas a debatir sobre las políticas tendientes a lograr la igualdad de género y contra el acoso laboral en los medios. Será a partir de las 11.
Funcionarias de medios públicos expondrán este martes, a partir de las 11, ante la Bicameral de Comunicación Audiovisual, invitadas a debatir sobre las políticas tendientes a lograr la igualdad de género y contra el acoso laboral en los medios.
Durante la reunión virtual de la comisión -presidida por la diputada oficialista Gabriela Cerruti- se presentarán Rosario Lufrano (Radio y Televisión Argentina S.E.), Bernarda Llorente (Agencia Télam) y Jésica Tritten (Contenidos Públicos S.E.).
“Los medios de comunicación audiovisual son un eslabón fundamental en el desarrollo social y cultural de nuestra sociedad ya que a través de ellos circulan los discursos que construyen realidades y alimentan la vida pública. Por ello, deben observar todas aquellas políticas de Estado tendientes a incluir a la mayoría de los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes”, sostuvo Cerruti.
El encuentro tendrá como objetivo compartir con las participantes ideas y propuestas para avanzar en un trabajo colectivo a fin de erradicar la violencia y la desigualdad de género en todo el ámbito de los medios de comunicación públicos y privados.
Además, se pondrá a consideración un “compromiso público” para fortalecer las políticas de equidad, que tendrá entre sus principales puntos “promover la creación de ámbitos de capacitación continua a fin de fortalecer la implementación de la Ley Micaela en los medios públicos”.
También, “impulsar acciones que amplíen y visibilicen la participación de mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ en los distintos ámbitos de los medios públicos, en la búsqueda de garantizar equidad en la representación de géneros” así como “fortalecer la participación de las mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ en los ámbitos de decisión y puestos jerárquicos”.
El compromiso propone además impulsar una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la comunicación audiovisual, medios comunitarios y medios privados, a fin de “incorporar medidas tendientes a la igualdad de género y a la representación equitativa de los géneros en el ámbito de la comunicación”.
