Por segunda vez en esta semana, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un proyecto que busca revisar la Ley de Medios Vecinales. En este sentido, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro pidió derogar la norma y que las Comunas incorporen al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad, de modo equitativo, los links de acceso a las publicaciones digitales de los medios vecinales.

A través de sus redes sociales, el legislador precisó que presentó “un proyecto en la Legislatura para eliminar el Registro de Medios Vecinales que les cuesta a los porteños más de 2.500 millones de pesos al año” y recordó que “hoy, quien quiera ejercer la libertad de expresión y el periodismo ciudadano puede hacerlo gratis desde cualquier red social, sin tener que recurrir al dinero de los contribuyentes”.
“Proponemos con nuestra iniciativa que estos periódicos, webs y radios vecinales, que son utilizados como caja de la política, puedan funcionar incorporándose a la web de la Ciudad de manera equitativa”, completó.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro explicó que “las condiciones de pobreza que atraviesa gran parte de la ciudadanía, tanto en nuestra ciudad como en el resto de nuestro país, y la crisis económica sin precedentes que nos encontramos atravesando, obligan a quienes ejercemos funciones públicas a reducir aquellos gastos que no son prioritarios y que jamás hubiesen existido de haber imperado el sentido común”.

“Como es de público conocimiento, y tal como se ha acentuado por la evolución tecnológica y por las prácticas adquiridas durante la pandemia, cualquier ciudadano puede hoy encarar la actividad periodística vecinal, de manera totalmente gratuita, mediante la publicación en redes sociales o la emisión de programas audiovisuales en internet. Si es que alguna vez esta política pública tuvo sentido, ciertamente ha dejado de ser el caso”, siguió.

Al mismo tiempo que destacó que “el financiamiento estatal de la prensa ha sido un condicionante de la libertad de expresión y un frecuente motivo de cooptación por parte de la dirigencia política de los medios subsidiados” e indicó que “dicho financiamiento, no obstante, ha sido tolerado en razón de las dificultades financieras que, históricamente, han sufrido los medios de comunicación en nuestro país y en otras naciones”.

“En fin, ha primado la idea de que el financiamiento estatal es el mal menor, cuando la alternativa es que no existan medios de prensa o que existan en un número inaceptable para que la ciudadanía acceda a una oferta mediática plural”, precisó.

No obstante, Santoro explicó que “en el caso de los medios vecinales que, por sus características y adelantos tecnológicos antes comentados, se encuentran en condiciones de prescindir de la edición en papel y utilizar servicios gratuitos de internet, la subvención estatal no representa ningún aporte saludable, sino un mero condicionamiento”.

“En definitiva, tanto por razones de estricta austeridad republicana, de libertad de expresión y de impacto tecnológico en la capacidad y libertad de difundir ideas y noticias, es que propongo, a través del presente proyecto, la derogación de la ley 2587, así como la equitativa difusión de los medios vecinales en la página web oficial, requiriendo a mis colegas el acompañamiento de esta iniciativa”, cerró.

La diputada de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto que busca derogar la Ley N° 2587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción periodística.
La iniciativa también ordena el cierre del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa, Imas recordó que “la Ley 2587 fue dictada el 6 de diciembre de 2007 con el objeto de regular la contraprestación publicitaria de los medios vecinales de comunicación social con el Gobierno de la Ciudad” e indicó que “al examinarla detenidamente, se evidencia que la legislación introduce restricciones perjudiciales para la esencia de la libertad de prensa, un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. La implementación de órganos de control superfluos no solo complica la estructura del periodismo comunitario, sino que también desafía el principio de libertad que debería prevalecer en un país libre y democrático”.

“Un claro ejemplo de esta contradicción se encuentra en el artículo 2, que establece que los medios vecinales no deben tener fines de lucro, pero al mismo tiempo permite la publicidad, la cual, por definición, es onerosa. Además, el artículo 3 establece una estructura de control de los medios vecinales inadecuada en el contexto actual, en el que la comunicación se desarrolla de manera ágil y digital principalmente”, continuó y precisó que “por ello, el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de CABA deberá cerrarse sin más trámite, dado que su subsistencia no encuentra basamento legal ni fáctico ante la derogación de la ley que le dio nacimiento y contenido”.

Sobre esa misma línea, Imas explicó que “el legislador no debe determinar cuál es el mejor modo de ofrecer un medio de información, sino el propio pueblo decidirá qué medio de prensa lee o escucha” y remarcó que “es importante considerar por qué la Ciudad de Buenos Aires debería dejar de subvencionar a los medios vecinales. En primer lugar, la subvención puede distorsionar la relación natural entre los medios y su audiencia, fomentando de este modo una dependencia económica que puede afectar la independencia editorial. En lugar de premiar la calidad del contenido y el compromiso con la comunidad, las subvenciones dan lugar a un enfoque sesgado”.

Al mismo tiempo que aseveró que “el uso de recursos públicos para financiar medios que deberían sostenerse mediante los ingresos derivados de la publicidad privada plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público. Al destinar fondos a estos medios, la ciudad estaría limitando su capacidad de inversión en áreas prioritarias que beneficien a la comunidad, como la educación o la salud”.
“Por último, la subvención de medios vecinales puede crear un sistema en el que se privilegia a aquellos que se alinean con determinados criterios, en lugar de fomentar un ecosistema de medios diverso y plural. Este enfoque restringe el acceso a la información, debilitando la capacidad del público para tomar decisiones informadas”, siguió la legisladora.

Por lo que concluyó planteando que “los medios vecinales deben ejercer la libertad de información y prensa como más correcto lo consideren, fortaleciendo así la democracia y el derecho a la información en nuestra sociedad”.