El Senado de la Nación aprobó la semana pasada, sobre tablas y con amplio consenso político, un proyecto de declaración que reafirma el compromiso permanente del Congreso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro y contó con el acompañamiento de legisladores de todos los partidos, entre ellos Maximiliano Abad, José María Carambia, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Martín Soria, Daniel Bensusán, Jesús Rejal, Mariano Recalde, Lucía Corpacci y María Florencia López. También firmaron el proyecto Anabel Fernández Sagasti, José Emilio Neder, Fernando Salino, María Celeste Giménez Navarro, Sandra Mendoza, Ana Marks, Carlos Linares, Guillermo Andrada, Juliana di Tullio, José Mayans, Alejandra Vigo, Carolina Moisés y María Teresa González.

El texto aprobado declara el compromiso del Senado con el consenso democrático construido por la sociedad argentina desde 1983 y lo expresa, de manera textual, en “el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”.

En los fundamentos, los senadores recuerdan que el golpe de 1976 interrumpió el orden constitucional, disolvió el Congreso, prohibió la actividad política, sindical y estudiantil, censuró la prensa y aplicó un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de argentinos y argentinas. El proyecto señala de manera expresa que el terrorismo de Estado dejó como saldo “treinta mil personas desaparecidas”, además de la apropiación de niños nacidos en cautiverio, miles de personas detenidas por razones políticas y cerca de medio millón de exiliados.

La resolución pone en valor el camino recorrido por la democracia argentina desde 1983, destacando el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP y la posterior reapertura de los procesos judiciales tras la anulación de las leyes de impunidad. En ese marco, se resalta que la Argentina desarrolló una experiencia prácticamente inédita a nivel internacional, al investigar y juzgar los crímenes de la dictadura “a través de la justicia ordinaria y dentro del propio sistema institucional del Estado de Derecho”.

El texto también reivindica el rol de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de amplios sectores de la sociedad civil, que sostuvieron la lucha por la memoria y la justicia incluso en los años en que prevaleció la impunidad. Ese proceso, señala el proyecto, permitió que la Argentina sea hoy una referencia mundial en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, la declaración subraya la necesidad de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones y advierte sobre los riesgos de los discursos que relativizan o niegan el terrorismo de Estado. En ese sentido, reafirma un principio central del sistema democrático: “en democracia el adversario político nunca es un enemigo”, y sostiene que los conflictos deben resolverse con más debate y participación, nunca con violencia.

Finalmente, el Senado expresa que conmemorar los cincuenta años del golpe implica sostener la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el compromiso de que esos hechos no vuelvan a repetirse “Nunca Más”, reafirmando que la Memoria, la Verdad y la Justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares irrenunciables de la vida democrática argentina.

En el marco del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo plural de diputados presentó un proyecto de declaración para reafirmar el compromiso del Congreso con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica, y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Mónica Frade y cuenta con la firma de su compañero de bancada Maximiliano Ferraro, junto a Esteban Paulón, José Núñez, Andrea Freites, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Yedlin, Sergio Capozzi, Natalia de la Sota, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Jorge Rizzotti y Alejandra Torres, en una señal de amplio respaldo político y transversal.

El proyecto propone que la Cámara de Diputados reafirme, a cincuenta años del golpe cívico-militar y empresarial de 1976, su compromiso irrestricto con la defensa de la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica del pueblo argentino. En ese marco, plantea rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y ratificar la política de Memoria, Verdad y Justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático.

En los fundamentos, Frade recuerda que el golpe del 24 de marzo de 1976 instauró un régimen de facto que desplegó un aparato clandestino de represión caracterizado por secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niños nacidos en cautiverio. Señala que estas prácticas, por su carácter sistemático y planificado, fueron calificadas por la justicia argentina y por tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad.

El texto subraya que la reconstrucción de esos hechos no se apoya únicamente en testimonios o interpretaciones historiográficas, sino en una sólida documentación que incluye el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los juicios a las juntas militares y los centenares de procesos judiciales que se desarrollaron desde la reapertura de las causas, estableciendo responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante la dictadura.

La autora destaca que, desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina fue construyendo un consenso político y social de relevancia internacional en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo de Estado y a la obligación del Estado de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, sin amnistías ni mecanismos de impunidad. Ese consenso, señala, convirtió al país en una referencia mundial en materia de derechos humanos.

El proyecto también advierte sobre la persistencia y reaparición en el debate público de discursos que relativizan o distorsionan la naturaleza del terrorismo de Estado, en particular aquellos que intentan reinstalar la denominada “teoría de los dos demonios”. Según se sostiene en los fundamentos, esa interpretación desconoce la asimetría entre la violencia ejercida por el Estado y la de actores no estatales, y diluye la responsabilidad específica que le corresponde al aparato estatal cuando utiliza su poder para perseguir y eliminar a sus propios ciudadanos.

En ese sentido, el texto remarca que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, controla los recursos públicos y dispone de las fuerzas armadas y de seguridad, por lo que no resulta jurídicamente ni políticamente válido equiparar su accionar represivo con el de organizaciones armadas. La calificación de los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, sostiene el proyecto, no es retórica ni ideológica, sino una categoría jurídica precisa con consecuencias concretas.

La iniciativa también pone el foco en el carácter permanente de delitos como la desaparición forzada, cuyo daño se prolonga en el tiempo mientras no se conozca el destino final de las víctimas ni se restituyan plenamente sus derechos. En ese marco, se cuestiona el silencio persistente de muchos de los responsables del terrorismo de Estado, que aún hoy se niegan a aportar información clave para el esclarecimiento de los crímenes.

Finalmente, el proyecto sostiene que, a medio siglo del golpe de 1976, reafirmar la política de Memoria, Verdad y Justicia no constituye un ejercicio del pasado, sino una condición necesaria para la vigencia plena de la democracia en el presente. Por ese motivo, Frade solicita el acompañamiento de sus pares para aprobar una declaración que ratifique ese compromiso y rinda homenaje a quienes fueron víctimas del período más trágico de la historia reciente del país.

Un "acto solemne de reafirmación de la democracia y los derechos humanos, y de repudio al Golpe de Estado" sostuvo el presidente del Cuerpo, el diputado Alejandro Dichiara.

La Cámara, en sintonía con la decisión del gobernador Axel Kicillof de declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, aprobó una Resolución para declarar el actual período legislativo bajo la misma denominación, aunando los proyectos de la diputada Micaela Olivetto, Valentín Miranda y Ricardo Lissalde.

Durante la sesión, además, se aprobaron más de una treintena de proyectos de Declaración en reconocimiento a mujeres y hombres detenidos-desaparecidos, organismos, espacios e iniciativas culturales que bregan por la memoria, la verdad y la justicia.

Fueron muchos los legisladores que eligieron dar testimonio en esta fecha y, así, el recinto fue escenario de un debate que no se limitó a un pasado doloroso sino que estuvo atravesado por las resonancias de esa historia en nuestro presente, sobre lo que el cuerpo expresó un amplio consenso de casi todo el arco político.

También los representantes de distintos colores políticos reivindicaron a figura de Raúl Alfonsín y su papel fundamental para consolidar la democracia con el impulso al Juicio a las Juntas y la creación de la CONADEP; así como la lucha pacífica en busca de verdad y justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “que nunca buscaron revancha” y aún continúan buscando a sus hijos y nietos.

“Celebramos la recuperación de 140 nietos y nietas, eso también es la Argentina” dijo la diputada Mayra Mendoza; mientras que el diputado Juan Martín Malpelli recordó que “faltan 300 que seguimos buscando”.

La conmemoración, que se lleva a cabo cada marzo, tuvo en esta ocasión un carácter particular por tratarse de un simbólico aniversario, 50 años.

Durante la jornada, los distintos bloques políticos se expresaron en torno a los ejes de Memoria, Verdad y Justicia, en un debate atravesado por las diferencias de interpretación y posicionamiento sobre el período dictatorial.

La sesión marcó además la segunda actividad del cuerpo en 2026, año que fue declarado por el gobernador Axel Kicillof como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

El encuentro contó con la presencia de la directora de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Jimena Arias; la magistrada en juicios por delitos de lesa humanidad, Karina Yabor; el nieto restituido y director de la Casa por la Identidad de la exESMA, Manuel Gonçalves Granada; representantes de H.I.J.O.S La Plata, Lucía García Itzigsohn y Victoria Astudillo; integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, Gabriela Ghidini, Daniel y Florencia Bustamante; además de exdetenidos durante la dictadura y testigos en los juicios por Memoria, Verdad y Justicia.

En la sesión propiamente dicha, los diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron un total de 34 proyectos vinculados al Día de la Memoria, en el marco de una sesión especial en la que también se registraron intervenciones de gran parte de los legisladores.

Del total de iniciativas, 28 correspondieron al bloque peronista, cuatro a la UCR, una a la Coalición Cívica y una a UCR + Cambio Federal.

El legislador Leonardo Moreno presentó la mayor cantidad de iniciativas, con 19 proyectos orientados a homenajear a vecinos de Escobar desaparecidos durante la última dictadura militar.

Asimismo, desde Unión por la Patria impulsaron propuestas para declarar de interés los actos del 24 de marzo, repudiar el golpe de Estado de 1976 y destacar la muestra fotográfica “Todo está guardado en la Memoria”, entre otras.

Por su parte, los diputados de la UCR presentaron iniciativas para declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos” y resaltar las actividades conmemorativas realizadas en la Cámara baja. En la misma línea, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, propuso que la Legislatura adhiera a los actos y homenajes del 24 de marzo.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, impulsó un proyecto de repudio al golpe de Estado de 1976 y de reafirmación del compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En tanto, los diputados de LLA se limitaron a realizar diversas exposiciones en el recinto donde dejaron sentada la posición histórica de la alianza que gobierna en Estado nacional.

De hecho, se trató del puntapié inicial, cuando el diputado de La Libertad Avanza, Ramón Vera Chávez, hizo referencia a las organizaciones armadas y pidió "memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los Argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva. ¡Viva la libertad, carajo!", dijo.

También rechazaron el adoctrinamiento que intenta imponer el kirchnerismo desde hace décadas.

El bloque diputados provinciales de la Libertad Avanza participó hoy de la sesión especial por el golpe del 24 de marzo de 1976 y sostuvo la necesidad de avanzar hacia una visión integral de lo ocurrido durante los años más oscuros de nuestra historia. Desde el espacio señalaron que “la libertad exige una memoria completa”, y cuestionaron que durante años se haya promovido desde el Estado una interpretación “parcial y sesgada” de los hechos, dejando fuera aspectos centrales del período.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Juanes Osaba, cuestionó la convocatoria a una sesión especial en la Legislatura bonaerense por el Día de la Memoria y advirtió que “la Política vuelve a darle la espalda a los bonaerenses en sus preocupaciones reales”.

“Los temas que vienen a plantear a la Legislatura están disociados de las necesidades de la gente. Mientras en la calle los bonaerenses viven con miedo, se multiplican los robos, la violencia, la ausencia de gestión del gobierno de Kicillof se nota por todas partes, se convoca a sesiones que no abordan los problemas urgentes que tienen los bonaerenses. Utilizan, una vez más, fechas sensibles para reforzar un relato incompleto”, dijo Osaba.

Los diputados provinciales de LLA plantearon que no se trata de reemplazar un relato por otro, sino de superar “las verdades parciales” y promover una mirada que contemple la totalidad de los hechos, con respeto por todas las víctimas.

“El tratamiento del 24 de marzo en el ámbito legislativo se ha transformado, en los últimos años, en una instancia atravesada por discursos “parciales y cargados de sesgo ideológico”, en lugar de promover una mirada integral sobre lo ocurrido en la Argentina de los años 70”, dijo Osaba.

Para terminar, desde el bloque subrayan que los delitos cometidos desde el Estado deben ser juzgados con todo el peso de la ley, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de “romantizar la violencia política” o de sostener visiones unilaterales desde el aparato estatal.

“No hay futuro en libertad con una historia incompleta”, y llamaron a construir una memoria basada en la verdad, el pluralismo y el debate abierto.

De forma remota, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó este martes del plenario de comisiones de Diputados y opinó que el proyecto de ley ómnibus “de aprobarse, significaría un enorme retroceso porque avasalla derechos adquiridos”, por lo que les solicitó a los legisladores que la rechacen.

En su disertación, De Carlotto expresó: “Hace poco más de un mes nuestra democracia cumplió 40 años ininterrumpidos con avances y retrocesos”, y alertó: “Este proyecto de ley que nos convoca, de aprobarse, significaría un enorme retroceso principalmente porque avasalla derechos adquiridos que han llevado años de debate hasta ser lo que somos”.

“A punto de celebrar un nuevo aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976 pedimos a los representantes del pueblo que tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus”, solicitó y apuntó: “Es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de todos los argentinos. Derechos esenciales como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre tantos otros. Derechos que garantizan vasos de dignidad y hacen el bienestar social”.

En esa línea, planteó: “Espero que tengan memoria para recordar y dimensionar el largo camino que hemos recorrido. Recordar que a través de las instituciones los organismos del Estado, de sus trabajadores se materializan los derechos. Derechos que solo llegarán de la mano del Estado y no de la mano del mercado”.

“Nuestra democracia peligra porque el Poder Ejecutivo no solo pretende modificar y derogar leyes, sino que además se arroga facultades que no le corresponden”, cuestionó.

Así, llamó a “la reflexión a los representantes del pueblo acerca de que el Gobierno nacional respete los Tratados Internacionales que tienen rango Constitucional en el país”.

En otra línea, manifestó que “Tratados en los que se encuentran establecidas las obligaciones del Estado de respetarlos y garantizarlos, como así también prohíben retrocesos en materia de memoria de derechos humanos. La democracia nos garantiza la clara división de poderes y la búsqueda de consensos”, y resaltó: “Le pedimos memoria para recordar que la concentración de poder y facultades derivan en tiranía y violencia”.

“Somos un país referencia en materia de derechos humanos por haber tenido la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas y haberlos condenados. Somos referentes por habernos hecho cargo de nuestra historia y del dolor emprendimos un camino de lucha, reivindicación, reconstrucción y fortalecimiento de derechos”, destacó.

Y siguió: “El equipo de antropología forense, Banco Nacional de Datos Genéticos, CONADI, son de importancia para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Las Fuerzas Armadas y de seguridad tienen por finalidad proteger y garantizar sus derechos como la vida y la libertad”.

“Respetamos a este gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo, y por eso le pedimos respeto por la democracia, por los derechos y la Constitución”, cerró.

El homenaje al 24 de marzo dividió aguas en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este martes entre oficialistas y opositores quienes expresaron su posición respecto al golpe cívico militar de 1976 del que se cumplieron 47 años.

La primera oradora en referirse al tema fue Victoria Villarruel (La Libertad Avanza): “Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo”.

“17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979, pero no se los recuerda. Porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia estos derechos”, apuntó.

En esa línea, enumeró: “Quiero recordar y homenajear a Juan Barrios un niño de 3 años asesinado por Montoneros. Quiero dar homenaje a Cristina Viola y a su padre Humberto Viola asesinados en democracia por el Ejército Revolucionario del pueblo. Quiero recordar a cada una de estas víctimas a las cuales en nombre del derecho a la memoria y de los derechos humanos se les han violado sus derechos humanos sistemáticamente. Quiero rendir homenaje a José Ignacio Rucci a quien ningún peronista de esta casa recuerda. Quiero rendir homenaje a Arturo Mor Roing a quien ningún radical recuerda”.

“Todos estos asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió. La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales”, fustigó la liberal.

Y reclamó que “se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual”.

A su turno, el oficialista Eduardo Valdés destacó la iniciativa de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de proyectar la película “Argentina, 1985” en las escalinatas del Congreso de la Nación este sábado y le propuso pasar la película “El juicio” el próximo fin de semana que “tiene los testimonios más importantes que se obtuvieron en el juicio”.

En el mismo sentido, el radical Miguel Ángel Bazze expresó su “repudio” por lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 donde “se producían los hechos más trágicos de la historia de la Argentina porque se ponía en marcha el tiempo más doloroso que vivimos”.

“Se instalaba una dictadura militar que arrasó con las libertades, con los derechos, con la vida de nuestra sociedad. Es cierto que corresponde condenar absolutamente todos los hechos de violencia, corresponde condenar cualquier tipo de agresión a la vida y la violación de los derechos humanos”, remarcó.

A su vez, lamentó que “hemos transcurrido un tiempo en el país de esa naturaleza que preferiríamos no haber pasado. Eso ocurrió y hubo muertos, absolutamente injustificadas. Las muertes por violencia son injustificadas, pero cuando tiene que ver por consecuencias de posiciones políticas es muy grave”.

“La violencia cuando surge del propio Estado, cuando tiene que ver con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado es más grave, porque justamente es el Estado el que tiene que garantizar la justicia y que estas cosas no ocurren al tener el monopolio de la fuerza”, planteó Bazze.

También sostuvo que “todo esto es parte de una historia negra y dolorosa que vivimos los argentinos. Por suerte recuperamos la democracia a partir de la convicción de la gran mayoría de la sociedad de que teníamos que encaminarnos hacia la libertad y hacia el respeto de los derechos humanos”.

“Hubo partidos políticos que tuvieron un rol importante en esa recuperación y que trabajaron decididamente en esa dirección. Uno de esos, no el único, fue la UCR”, cerró.

En un duro discurso, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) apuntó directamente contra el bloque de Javier Milei: “Nos toca hablar después de haber escuchado a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Nosotros, en cambio, marchamos este 24 de marzo homenajeando a los 30 mil detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer peleando contra la impunidad del genocidio y peleando por transformar esta sociedad de raíz”.

“Este debate se da en un contexto muy particular y no podemos seguir hablando como que acá no se ha dicho nada. Lo hicimos en forma independiente y al revés de lo que dijo la diputada Villarruel el genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala y se llevó adelante durante el Gobierno constitucional de Martínez de Perón”, recordó.

En suma, narró: “2.000 compañeros pasaron en el año 75’ por el centro clandestino en Tucumán. Entre el 75% y el 80% de quienes por allí pasaron por ese centro de exterminio y tortura fueron obreros que venían protagonizando los tucumanazos. Deberían saber o no ocultar que para esa época del 75 las organizaciones armadas estaban sumamente debilitadas, pero no les importa, porque lo que quieren revivir es el negacionismo”.

“Nosotros al revés, queremos recordar la unidad entre las grandes patronales de este país y los genocidas que algunos se alían y los llevan en sus listas electorales. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y reivindicar la dictadura”, comparó Bregman.

Además, contó que en la ciudad de La Plata un “grupo de fachitos escrachó un local de nuestros compañeros, que el diputado Milei reivindicó en sus redes de esos personajes”, y preguntó: “¿Saben porque quieren revivir el negacionismo? porque las políticas que quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y se aplican con represión por eso hablan del curro de derechos humanos como Macri porque quieren aplastar a la clase trabajadora”.

A su turno, la jefa del bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, recordó que “los crímenes cometidos por la dictadura necesitaron cerrar y silenciar esta casa del pueblo”, así como a los partidos políticos y “adormecer al pueblo para instalar un modelo de aniquilación de derechos y libertades que rechazamos y repudiamos íntegramente”.

En su discurso, la bonaerense reivindicó el trabajo de la CONADEP, el juicio a las Juntas y “todos los testimonios que con valentía se presentaron” en ese proceso y permitieron llegar a una condena. También valoró “el trabajo de los organismos de derechos humanos; el coraje único que una madre puede poner cuando busca a un hijo”.

La diputada de Juntos por el Cambio rechazó “cualquier posibilidad de que la derecha vuelva a discutir el número de los desaparecidos. Rechazamos que se discuta el valor simbólico que tiene ese número”. Pero además se manifestó en contra de “cualquier intento de utilización, de apropiación de lo que fueron aquellas luchas” y de “cualquier vergonzosa comparación”. En ese tramo, aprovechó para criticar a Cristina Kirchner: “Quiero rechazar la lamentable, vergonzosa, desagradable comparación que días pasados hiciera la vicepresidenta de la Nación cuando intenta, en un autoelogio, ponerse ella en el papel de perseguida en comparación con las víctimas de la dictadura”.

Inmediatamente luego de Stolbizer le tocó el turno a la oficialista María Rosa Martínez, quien sí hizo una comparación entre el pasado y la actual situación de la vicepresidenta. En primer lugar, la legisladora mencionó que desde la dictadura “el terror se utilizó como método de disciplinamiento, no sólo en términos de muerte, desaparición y apropiación, sino también en la economía y cultura”. 

“Gracias a una construcción colectiva y a la decisión política desde el Estado somos un pueblo que lleva grabado a fuego la vocación de nunca más, no sólo al terrorismo de Estado, tampoco al neoliberalismo”, expresó y enfatizó: “Por mucho de que algunos busquen correr el límite, que recreen guillotinas, bolsas mortuorias, que gatillen en la sien de nuestra vicepresidenta; por mucho que algunos insistan en borrarnos somos prueba de que a pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido”.

Y agregó: “Cambiar botas por tribunales, cambiar botas por el partido judicial. ‘A la bala que no salió, el fallo que sí saldrá’, decía el diario Clarín al otro día del intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta”.

En el marco del mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde el lunes 20 al viernes 31 de marzo se podrá recorrer la obra-archivo “¿Cómo retratar a una sobreviviente?”, del artista Germán Menna, en la planta baja del Anexo “A” de la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Rivadavia 1841, CABA.

La inauguración se llevará a cabo el martes 21 de marzo a las 12 horas con la promoción del diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT - Santa Fe), y narrará el proceso de investigación y búsqueda de las sobrevivientes de la comunidad trans de la provincia de Santa Fe de la última dictadura cívico-militar. La curaduría pertenece a Leticia Rigat y Andrea Beltramo.

La obra de Germán Menna construye un recorrido poético de diversas piezas visuales, sonoras, plásticas, que emergen del diálogo con las sobrevivientes y culmina en el retrato fotográfico. La muestra “¿Cómo retratar a una sobreviviente?”, podrá ser recorrida de manera gratuita.

Oficialismo y oposición presentaron en conjunto un proyecto de ley para expropiar el inmueble donde funcionó Cromañón y convertirlo en un espacio de memoria y reflexión, a pocos meses de cumplirse 18 años de la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 cuando un incendio al inicio del recital de Callejeros en el boliche República Cromañón, a causa de una bengala, se cobró la vida de 194 personas.

La iniciativa, que es encabezada por la secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, y acompañada por miembros de todos los bloques, establece en su artículo primero establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

La intención de la expropiación queda establecida en el segundo artículo en donde se señala que el inmueble “será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”.

El proyecto también platea que el inmueble a expropiarse, denominado comercialmente “República Cromañón”, la calle aledaña y el “Santuario” armado afuera del local, “componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte el Estado”.

En los fundamentos los autores destacan que “Cromañón significa, a partir del 30 de diciembre de 2004, no solamente un lugar físico, sino sobre todo una masacre, un crimen social en el que murieron al menos 194 personas, la gran mayoría jóvenes, y sufrieron traumas físicos y psicológicos miles de sobrevivientes”.

“El 30 de diciembre de 2004 quedará instalado en la memoria colectiva como el momento en que a 194 familias se les arrebató la vida de sus hijos e hijas; en que al menos 4000 personas experimentaron el horror, que llevarán en su cuerpo y en su memoria por el resto de sus vidas. Desde esa noche, los familiares de las víctimas fatales, amigos/as y víctimas sobrevivientes, caminan y luchan reclamando Memoria, Verdad y Justicia”, agrega.

Además, denuncian que “el inmueble sujeto a expropiación está hoy nuevamente en manos de la misma persona que fue uno de los responsables condenado por la masacre, lo que impide que pueda ejercerse en ese lugar un verdadero espacio colectivo de la memoria, sin la intervención del Estado”, incluso señalan que “los familiares de las víctimas han tenido conocimiento de que se han alterando los elementos que hacen a la memoria de lo allí ocurrido, como las marcas en las paredes, y han desaparecido objetos pertenecientes a las víctimas”.

El proyecto lleva la firma los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), Mara Brawer (FdT), Maximiliano Ferraro (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo de Loredo (Evolución Radical), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Mónica Fein (Partido Socialista), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Tomás Ledesma (FdT), María Eugenia Vidal (Pro), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC-ARI), Myriam Bregman (PTS/FIT-U), Romina Del Plá (PO/FIT-U), Nicolás Del Caño (PTS/FIT-U), Facundo Manes (UCR) y Alejandro Vilca (PTS/FIT-U).

El Senado conmemoró este jueves, al comienzo de la sesión especial, el 45° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, que se produjo este 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, abrió el homenaje y recordó que el golpe que destituyó a Isabel Perón “no se dio en el vacío, sino en un contexto regional de alta competitividad, y es también parte de la Guerra Fría que conmovió al mundo y que trajo tantas víctimas”.

El senador oficialista señaló que así se instaló la Doctrina de Seguridad Nacional, con situaciones similares en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, “una cadena de gobiernos que, aferrados a esa doctrina, deciden -con apoyo de las principales potencias mundiales- someter a la democracia y desatar una represión de singular severidad”.

En Argentina, indicó Taiana, surgió entonces “el movimiento de Derechos Humanos basado en la sociedad civil, que venciendo el miedo logró un éxito extraordinario y que llevó a hacer conocer la situación del país en todas partes”.

El legislador del Frente de Todos recordó “la gestión de (Raúl) Alfonsín con el Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares”.

“Luego hubo retrocesos: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, pero la sociedad tuvo respuestas, siguió argumentando y a los 20 años una enorme manifestación mostró el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entonces surgieron los Juicios de la Verdad y se alinearon paulatinamente los tres poderes del Estado”, destacó.

Por último, recordó al periodista y escritor Rodolfo Walsh, que fue secuestrado y asesinado un día como hoy de 1977.

Por su parte, la neuquina Silvia Sapag, del mismo bloque, cargó las tintas contra el rol del Poder Judicial en ese momento: “El robo de bebés, las desapariciones, las torturas, la violación de las embarazadas, el tirar personas dormidas al río desde los aviones, los fusilamientos, los saqueos, no eran motivo de preocupación por parte de la Justicia”.

Luego la senadora recordó las privatizaciones y, tras agregar que “hicieron fundir a YPF”, aseguró: “Ese fue el gran saqueo que vivimos en la dictadura, ayudado por los medios de comunicación, tanto en aquella época como en esta”.

En ese sentido, cuestionó que el diario La Nación no haya incluido en su tapa de este miércoles ninguna mención al tema, mientras que Clarín tituló con los vínculos de militares con Estados Unidos. “Se sacan el sayo porque son responsables, ayer del genocidio y hoy de las fake news”, lanzó.

Sapag habló de su situación personal y reveló que sus dos hermanos -militantes de Montoneros- y su cuñada fueron víctimas de la dictadura.

“Ahora ya no es la muerte, pero sí la prisión; sino veamos los casos de Amado Boudou, de Milagro Sala, que exhibió que con la mitad de la plata se pueden hacer las viviendas que otros pretenden hacer con mucho más; y a Boudou no le perdonan que el ahorro de los trabajadores argentinos, que estaba en manos de empresas privadas, vuelva nuevamente a manos del Estado”, comparó.

Por su parte, el radical Julio Cobos, recordó el momento del golpe, cuando era estudiante de Ingeniería: “Tengo grabado a fuego que estábamos viendo un amistoso de Argentina cuando comenzaban a enumerarse los comunicados del Proceso de Reorganización Nacional, que implicaba la pérdida del Estado de Derecho: la desaparición del Poder Legislativo, una Justicia a medias y todo el poder concentrado en la Junta de Comandantes”.

También advirtió que la dictadura “no sólo se dedicó a quitar vidas, a perseguir, a torturar, sino también a apropiarse de bienes, a destruir nuestra economía nacional, que nos está costando mucho recuperar”.

En ese marco, destacó la “figura indiscutida” de Alfonsín, “el único político que se oponía a la Guerra de Malvinas, y uno de los pocos políticos valientes que presentaban hábeas corpus”.