Como en cada comicio legislativo, la elección de senadores concita particular atención. Y esta en especial, cuando la principal oposición se entusiasma para arrebatarle al Frente de Todos algunos escaños que le servirían para achicar la enorme distancia que tiene en la Cámara alta con el oficialismo.

Se da también otra particularidad que no se registró en anteriores PASO: habrá internas en muchos distritos, lo cual redobla la expectativa que suelen tener estos comicios de agosto, que esta vez tendrán lugar en septiembre.

CB Consultora Opinión Pública salió a medir la intención de votos en todas las provincias donde se eligen senadores y el resultado fue un trabajo que revela datos inquietantes para el oficialismo nacional. Sucede que si esos porcentajes se transformaran realmente en votos estarían anticipando derrotas del Frente de Todos en provincias impensadas. Para eso debería cumplirse además que los votos que sumara cada una de las listas que compiten dentro de Juntos por el Cambio se mantuvieran luego en ese espacio para el mes de noviembre.

El trabajo efectuado en la provincia de Catamarca establece que, proyectando los indecisos, un 51,2% se inclinaría en favor del Frente de Todos, que lleva como primera candidata a la actual diputada nacional y exgobernadora Lucía Corpacci, con gran ventaja sobre los dos precandidatos de Juntos por el Cambio que compiten entre sí: Daniel Ríos (14,7%) y Flavio Flama (12,5%).

Así las cosas, los candidatos del Frente de Todos se impondrían en las PASO por 51,2% contra el 26,9% de Juntos por el Cambio.

En Chubut el precandidato favorito es el del Frente de Todos, Carlos Linares, con un 27,9%, seguido por el precandidato del Pro Ignacio Torres, actual diputado nacional, que tiene una intención de voto del 19,6%. Tercero aparece el precandidato del gobernador Mariano Arcioni, por Chubut Somos Todos, Federico Massoni, con 16,5%, y a continuación las dos restantes opciones radicales: Sergio Ongarato (11,9%) y Mario Cimadevilla (2,8%).

Si los votos de Juntos por el Cambio fueran sumarse con vistas a noviembre, Juntos por el Cambio sería el ganador, con 34,3%, segundo quedaría el Frente de Todos -que incluye una lista más-, con 29,3% y tercero Chubut Somos Todos, con 16,5%.

En la provincia de Córdoba, una de las más interesantes por la competencia que allí se da entre varios partidos e internamente, Luis Juez encabeza la elección, con 26,4%, seguido por la candidata de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, que acumula un 23,2%. A continuación aparece el otro aspirante de Juntos por el Cambio, Mario Negri, con 20,6%, y luego está el precandidato del Frente de Todos Carlos Caserio, con apenas 11,5% de intención de voto.

Hecha la sumatoria, Juntos por el Cambio se quedaría con los dos senadores por la mayoría, con el 48,9% de los votos (compiten dos listas más), seguido por Hacemos por Córdoba, con 23,2% y luego, sin nada, el Frente de Todos (11,5%).

Según el trabajo de CB Consultora Opinión Pública, en Corrientes se impondría el oficialismo provincial, alineado con Juntos por el Cambio, que propone a Eduardo Vischi en primerlugar, con el 54,1%. Luego aparecen los dos precandidatos del Frente de Todos, Carlos Espínola (21,3%) y Alejandro Karlen (14,5%). A continuación aparecen los dos precandidatos de Vamos con Vos, María Eva Romero (5,2%) y César Romero (2,7).

Así las cosas, el ganador sería ECO+Vamos Corrientes, con 54,1%, seguido por el Frente de Todos, con 35,8% y Vamos con Vos, con 7,9%.

En la provincia de La Pampa el precandidato más votado sería Daniel Bensusán, con 38,7%, y a continuación se ubican las tres listas que lleva Juntos por el Cambio: Daniel Kroneberger, con 25%; Hipólito Altolaguirre, con 10,7 y Darío Casado, con 5,6%.

En caso de alinearse todo el voto de los precandidatos de JxC, se daría un batacazo, pues este sector, que incluye otras dos listas, sumaría 42,5%, y el Frente de Todos se quedaría con el 38,7%.

En Mendoza, la lista encabezada por Alfredo Cornejo, de Cambia Mendoza, lidera de manera holgada con 53,8 puntos, seguido a gran distancia por la que candidata del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti (21,8%).

En tercer lugar aparece la otra lista de Cambia Mendoza, que postula a Rodolfo Vargas Arizu (4,6%).

En ese caso Juntos por el Cambio estaría acumulando una intención de voto del 58,6%, contra el 21,8% del Frente de Todos.

Santa Fe es otra de las provincias que concita la atención general por el nivel de competencia que allí hay. Según CB Consultora Opinión Pública, Agustín Rossi sería el precandidato más votado, con 17,7%, seguido por el otro precandidato del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, que acumula un 14,2%.

A continuación vienen tres de las listas de Juntos por el Cambio, encabezando la de Carolina Losada (12,5%), seguida a menos de un punto por el precandidato del Pro Federico Angelini (11,2%) y el radical José Corral (6,9%).

Luego aparece una de las dos listas del Frente Amplio Progresista, la de Rubén Giustiniani (7,1%), seguido por la cuarta lista de JxC, la de Maximiliano Pullaro (6,5%) y por último la otra lista del FAP, encabezada por Clara García (6,8%).

La sumatoria de listas pone en Santa Fe a Juntos por el Cambio como favorito (37,1%), seguido por el Frente de Todos con 31,9%, mientras que el Frente Amplio Progresista llegaría a un 13,9%.

Por último, en Tucumán el peronista Pablo Yedlin es el precandidato con mayor intención de voto, con 22,1%. Lo siguen tres listas de Juntos por el Cambio, en este orden: Mariano Campero, de Cambia Tucumán (17,9%), Germán Alfaro, de Juntos para Construir (14,6%) y José Cano, por Cambiemos Juntos (10,7%).

A continuación aparece la otra lista peronista, de Juan Antonio Ruiz Olivares (10,5%) y por último Ricardo Bussi con su Fuerza Republicana (6,9%).

Si se sumara toda la intención de voto de cada alianza, Juntos por el Cambio estaría ganando con el 43,2% de los votos, seguido por el PJ, que se alzaría con un 32,6%.

Mendoza es uno de los distritos donde el oficialismo nacional la tiene complicada. Para colmo de males para el Frente de Todos, allí se eligen este año también senadores nacionales. Y la candidata oficialista para la Cámara alta es nada menos que Anabel Fernández Sagasti, la senadora que mejor interpreta el pensamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por eso es que no pasó para nada desapercibido en lo más encumbrado del oficialismo un spot local del peronismo mendocino conocido en las últimas horas, por el nivel de autocrítica que expresa la propia Fernández Sagasti: “Es cierto, las cosas no salieron como esperábamos”, señala la senadora mendocina en el aviso de campaña que comparte con el primer precandidato a diputado nacional del FdT, Adolfo Bermejo.

Es cierto. pic.twitter.com/I1xXz3FQ9P

— Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) August 30, 2021

“Es cierto, las cosas no salieron como esperábamos. La pandemia, el trabajo, los precios”, señala la senadora, a lo que Bermejo acota: “¿Pero sabes qué, Anabel? No vamos a bajar los brazos”.

Fernández Sagasti acota entonces que “Vamos a ir a Buenos Aires a lograr los acuerdos para traer trabajo, obras e inversiones para los mendocinos”. El spot concluye con el pedido de Bermejo de que los mendocinos los acompañen con el voto.

Cabe consignar que ambos dirigentes mendocinos han sido muy activos en las redes sociales en esta campaña, donde han compartido incluso videos de TikTok.

El Tribunal de Gestión Asociada-Tercero de la provincia de Mendoza admitió formalmente la acción de amparo presentada por el diputado nacional José Luis Ramón (Fuerza Política Protectora), cuyo objetivo es obligar al Ministerio de Salud a dar información detallada sobre el registro de fallecimientos por covid-19 en la provincia.

El pedido surgió a raíz de las graves inconsistencias que hubo en relación a los datos oficiales publicados durante este año, y ante la ausencia de respuestas por parte del ministerio a una solicitud previa realizada por Ramón y el diputado provincial Pablo Cairo, de su misma fuerza política.

Al respecto el líder de Protectora afirmó que “la ausencia de respuesta no hace más que confirmar que la provincia incumple de manera flagrante un claro mandato constitucional que consagra a la información pública como un derecho humano. La ministra Ana María Nadal carece de toda voluntad de cumplir esa obligación”.

“La información solicitada tiene que ver con el detalle del procedimiento de registro de muertes por coronavirus, señalando el plazo en que deben registrarse y el plazo en el que deben informarse al Poder Ejecutivo Nacional”, detalla el falló y agrega “el tiempo y las causas de la demora en promedio para los meses de enero a julio de este año, entre la emisión del certificado de defunción y su registro en el sistema; y los datos diarios y mensuales sobre la cantidad de fallecimientos por covid-19 en lo que va de este año”.

Por este motivo y ante la gravedad de los hechos la justicia mendocina dio lugar al recurso de amparo (artículo 43 de la Constitución Nacional) y requirió el informe al Ministerio de Salud de la provincia “en un plazo perentorio de tres días” y “vencido ese plazo, se dará intervención a la Fiscalía de Estado”.

El artículo 43 de la Constitución Nacional contempla “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.

En una reunión muy breve, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen a un proyecto que busca modificar la Ley 27.047, de expropiación de la Casa Mazzolari-Cerutti o también conocida como Casa Grande, ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza.

El presidente de la comisión, el oficialista Oscar Parrilli, expresó al comienzo que se trata de “un proyecto muy sencillo, muy simple” que “viene a corregir una ley sancionada anteriormente”, en referencia a la norma que se aprobó en 2014.

La autora de esa ley -cuando era diputada- e impulsora de esta iniciativa, Anabel Fernández Sagasti, explicó que se trata de “rectificar los datos catastrales para avanzar sin obstáculos en el proceso expropiatorio”, adecuando los datos “a la voluntad del legislador”.

La vicejefa del bloque Frente de Todos explicó que la propiedad, cercana a la plaza de Chacras de Coria, “está destinada al Archivo Nacional de la Memoria” y ubicada en “un lugar muy bonito y muy preciado por los mendocinos y mendocinas”.

La senadora recordó que esa casa “tiene la triste historia de que su dueño, Victorio Cerutti, fue detenido y desaparecido el 16 de enero de 1977”. “Luego desaparecieron también sus socios, particularmente su yerno” y “hasta el día de hoy” permanecen desaparecidos, señaló.

Fernández Sagasti relató que “fueron llevados al excentro clandestino ESMA” y “en ese lugar sufrieron todo tipo de torturas, y le hicieron firmar la cesión del inmueble”.

Anteriormente, “la propiedad era mucho más grande, había una finca, una bodega; hoy hay un barrio, eso se loteó, con esa apropiación indebida a base de torturas. Hay un barrio que hace poquito ha cambiado de nombre y hoy se conoce como Casa Grande”, resaltó la legisladora.

La oficialista destacó que con esta expropiación se busca “una reparación tanto para la comunidad como para la familia”, así como la creación de “un centro de vida donde mantengamos vivas las banderas de la verdad, memoria y justicia”.

Desde Juntos por el Cambio, el senador Ernesto Martínez afirmó que “no hay motivo de discusión, más que un tema administrativo” porque “ya es una ley que está en vigencia”. “No sé si se cometió un error, desliz o falta de investigación en profundidad de los títulos”, agregó y consultó a nombre de quién se encuentra hoy la propiedad.

Fernández Sagasti indicó que “hoy pertenece a un estudio contable”, a partir de “un cobro que se hizo sobre un concurso y una quiebra de una cadena de supermercados muy importante que existía en Mendoza”.

“Hoy no está en uso porque en 1999 los vecinos de Chacra de Coria se movilizaron y lograron que la Casa Grande sea declarada patrimonio cultural de la provincia, porque allí se quería hacer un supermercado y terminar con la memoria y ocultar lo que pasó”, completó.

Los candidatos de Juntos por el Cambio son amplios favoritos en la provincia de Mendoza, una de las que este año elige senadores nacionales. Así lo establece una encuesta de DC Consultores que acaba de difundirse, que prevé una gran diferencia a favor de los primeros candidatos de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo (Senado) y Julio Cobos (Diputados) para las próximas elecciones en esa provincia.

El sondeo establece que el exgobernador Cornejo es favorito (48,1%) para derrotar a la camporista Anabel Fernández Sagasti (20,9%). Con un 10,8% de indecisos, el trabajo le asigna a Rodolfo Vargas, de Republicanos Unidos, el tercer lugar (9,3%), a Marcelo Romano, del Partido Verde, un 6,2%; a Mercedes Llanos, de Vamos Mendocinos, un 2,6%; y a Jorge Pujol, de Compromiso Federal, un 2,1%.

Para Diputados, Cobos reúne un favoritismo del 36,5%, seguido lejos por Adolfo Bermejo (Frente de Todos), con un 14,8%. Josefina Canale (Republicanos Unidos), tiene un 7,3% de intención de voto; Gustavo Gutiérrez (Vamos Mendocinos), 12,4%; Carlos Iannizzotto (Partido Federal), 10,2; Noelia Barbeito, del FIT, 2,1%; y Mario Vadillo (Partido Verde), 4,8.

Pero no todas son loas para el oficialismo provincial. La decisión del gobernador Rodolfo Gutiérrez de ser candidato a senador suplente cosecha un importante rechazo. Par aun 34,5% eso despierta “indignación”, en tanto que un 12,1% dijo sentir “bronca” por ello. Solo un 9,5% lo consideró acertado, mientras que un 39% se mostró indiferente.

Un amplio 69,8% cree que Cambia Mendoza ganará las elecciones en esa provincia y apenas un 12,7% opina que lo hará el Frente de Todos. El sentido de esa sensación se extiende a nivel nacional: un 48,6% cre que Juntos por el Cambio ganará las elecciones nacionales, contra un 27,8% que señala al Frente de Todos como favorito.

Estas sensaciones tienen que ver seguramente con la imagen presidencial, que alcanza un 68,6% en el rubro “mala y muy mala”, contra apenas un 24,2% que la ve “buena o muy buena”.

La imagen del gobernador Suárez oscila entre un 44,3% que la califica como buena o muy buena, contra un 21,5% que la califica totalmente al revés.

Los senadores mendocinos Adolfo Bermejo y Lucas Ilardo presentaron un proyecto de ley que busca mejorar la calidad del servicio de transporte de pasajeros de larga distancia en la post pandemia. La iniciativa surge de un realizado junto a Alejandro Mutis, delegado en Mendoza de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). 

Mediante esta propuesta, ambos senadores pretenden generar herramientas en Mendoza para optimizar el control y fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad del servicio y calidad en el transporte, con el objetivo de proteger a las personas al momento de viajar. 

Comprende no solo servicio de transporte de pasajeros habitual sino a todos los que trascienden los límites provinciales con una finalidad recreativa; como los viajes egresados, viajes de centros de jubilados y viajes de contingentes con propósitos deportivos, culturales, religiosos y sociales. 

Los senadores destacaron la participación que se les da a los municipios en este proyecto, quienes tienen terminal en sus departamentos podrán tener mayor tranquilidad en cuanto a la responsabilidad del control técnico de la unidad, control de alcoholemia y horas descanso cumplidas por los conductores de las unidades. 

Los municipios que no tengan terminal podrán determinar lugares específicos de partida y llegada amparados por una ley. (Por ejemplo, en Maipú: podría ser Parque Metropolitano Sur y la Delegación Rodeo del Medio, para viajes de compras y de jubilados tan habituales en la zona este). 

Para los legisladores, el proyecto adquiere “vital importancia” ante la inminente flexibilización de las restricciones del transporte público entre provincias y quizá internacional, además de la temporada primaveral y las vacaciones de verano. 

De visita en Mendoza para desarrollar una intensa agenda con dirigentes de su partido y del frente Cambia Mendoza, la presidenta del Pro Patricia Bullrich participó este lunes de una conferencia de prensa en un hotel de calle Federico Moreno de la capital provincial. Allí fue recibida por el diputado nacional Omar De Marchi, el titular del Pro en la provincia y precandidato a diputado nacional Álvaro Martínez. Estuvo acompañada por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Waldo Wolff y su par de CABA Jorge Enríquez. También se encontraba el vicepresidente 2do. del Pro a nivel local Enrique Thomas.

De Marchi explicó durante el contacto con los medios que la presencia de Bullrich obedece a dos motivos: en primer lugar a su rol como presidenta del partido “ayudando a fortalecerlo en todos los rincones de la provincia” y especialmente para apuntalar la campaña de Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones.

A su turno, Bullrich señaló que esta es una campaña muy importante para el Pro y para Cambia Mendoza y agregó que en este momento el sector está definiendo “elementos fundamentales para el sentimiento de los argentinos”. En este sentido habló de “garantizar que el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en Diputados, tenga ese equilibrio que necesita la República, la libertad y la democracia, para que no haya mayorías automáticas que voten lo que solamente una parte de la Argentina quiere”, dijo. Recordó que esa situación la sufrió cuando fue legisladora. “Estaba totalmente anulada la democracia”, agregó.

Además expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente, Alberto Fernández, sobre acotar el mandato de los jueces.

En otro orden, y al referirse a las recientes conversaciones en el seno de Cambia Mendoza para el armado de listas de cara a los próximos comicios, Bullrich destacó el trabajo realizado por Omar De Marchi para alcanzar un acuerdo con el radicalismo. “El objetivo era que el Pro fuera respetado y este objetivo se logró. Hoy el Pro no solo tiene un candidato a Diputado Nacional como Álvaro Martínez, sino que además tiene 6 candidatos en las listas provinciales por lo que estamos contentos con el resultado. Hoy estamos todos juntos y tirando del mismo carro para adelante”, concluyó.

Cabe recordar que a las 13 horas Bullrich, De Marchi y Álvaro Martínez, fueron recibidos por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez que estuvo acompañado por el diputado nacional Alfredo Cornejo y la titular de Turismo y Cultura Mariana Juri, ambos precandidatos al Senado nacional y los senadores nacionales Julio Cobos y Pamela Verasay, precandidatos a la Cámara baja.

Se veía venir la impugnación contra la candidatura del gobernador mendocino Rodolfo Suárez, que va como suplente en la lista del Frente Cambia Mendoza. Un sector compuesto por exsocios políticos del oficialismo provincial, denominado Vamos Mendocinos, impugnó la candidatura de Suárez.

Fue a través de una presentación realizada ante la Junta Electoral partidaria, en la que se argumenta que en base al artículo 115 de la Constitución provincial el mandatario “está inhabilitado” para presentarse al cargo de senador suplente.

El escrito presentado señala que “en el caso, el Dr. Suárez solo podría ser electo luego del 11 de diciembre de 2024. Además de que constituye una conducta contra sus propios actos haber jurado respetar la Constitución de la Provincia de Mendoza y luego pretender desconocerla”.

Los denunciantes consideran que la candidatura es “ilegítima desde todo punto de vista”, por cuanto está alejada del “espíritu que los constituyentes de Mendoza plasmaron para limitar el poder del gobernador”.

Conforman Vamos Mendocinos el Partido Demócrata (PD), la Coalición Cívica (CC), MendoExit, Mendoza Despierta, Servir, UnidosMza, y Partido de las Ciudades en Acción. A nivel nacional responden al Partido Libertario.

El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) recordó sus dichos en el recinto semanas atrás cuando denunció el manejo de datos del gobierno provincial de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) respecto a la carga de fallecidos por Covid-19.

Al conocerse que existe un defasaje en los datos del año pasado que es reconocido por el Gobierno del mandatario radical, Ramón publicó en Twitter sus declaraciones en la Cámara baja y escribió: “El gobierno de Rodolfo Suárez está ocultando los datos de fallecidos por Covid-19”.

“Algunos dudaron cuando lo dije meses atrás, pero ahora la información oficial nos da la razón”, remarcó el líder de la fuerza provincial Protectora que se sumó al Frente de Todos pero no logró que el diputado nacional busque renovar su banca.

Tambié Ramón pidió al Ejecutivo provincial “mayor responsabilidad, porque no son números, sino familiares, amigos y seres queridos”.

“Carga en SISA, reportados con fechas anteriores”, así el Gobierno mendocino informa de manera general cada día a las personas que fallecieron por Covid y habían sido mal registradas. Pero lo que no se aclara es de cuánto es el retraso y allí está el problema, según reportan medios provinciales, ya que “aún hoy se cargan fallecidos del año pasado, generando una diferencia tan grande que cambiaron algunos datos que son clave para el análisis del impacto de la pandemia”, afirman desde MDZOnline.com

Entre los datos observados es la letalidad, que el 31 de diciembre del año pasado se informaron 1250 muertos en total, según los partes diarios. Pero al día de hoy en el sistema Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SISA) hay registrados 1.727. Por eso la letalidad por covid en Mendoza pasó del 2,1% al 3%. La mortalidad también cambia, aunque de una manera menos significativa, señalaron.

Con puntualidad mendocina, aunque todavía sin que hayan resuelto todos los lugares en sus listas, el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos presentaron este sábado sus listas para las elecciones PASO en la provincia de Mendoza.

En el caso del oficialismo provincial, no es exagerado decir que han puesto “toda la carne en el asador”. Es que con el interés de plebiscitar su gestión, el radicalismo gobernante ha colocado en las listas a varios exgobernadores, y hasta al propio gobernador, Rodolfo Suárez. En efecto, el actual mandatario provincial va como candidato a senador suplente.

Esa lista es encabezada por el antecesor de Suárez y presidente del radicalismo nacional, el diputado nacional Alfredo Cornejo. Este será secundado por Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza, y ya fue diputada nacional entre 2009 y 2013.

Llamó la atención la inclusión de Rodolfo Suárez como candidato a senador suplente. Y los medios locales destacaron las expresiones de Alfredo Cornejo formuladas precisamente este sábado, respecto de que no tiene intenciones de permanecer tanto tiempo en el Congreso. Recordemos que el presidente de la UCR mantiene sus intenciones de ser candidato presidencial en 2023, pero amén de ello no se descarta que en caso contrario se anote de nuevo para la gobernación. Y en ese caso, Suárez llegaría al Senado.

Cuando Cornejo pase a la Cámara alta, como todo indica, será reemplazado por el actual ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri.

Los actuales representantes mendocinos de Juntos por el Cambio en el Senado, Julio Cobos y Pamela Verasay, encabezarán -en ese orden- la lista del Frente Cambia Mendoza para Diputados. El tercer lugar de la lista será para el presidente del Pro de esa provincia, Alvaro Martínez.

Quedó fuera de la lista Claudia Najul, a quien se le vence su mandato como diputada nacional a fin de año, y será candidata a senadora provincial por el primer distrito mendocino.

Con todo, el oficialismo provincial tendrá interna. Será la que le planteará Republicanos Unidos, cuya lista para el Senado es encabezada por el empresario Rodolfo Vargas Arizu, mientras que la legisladora provincial  Josefina Canale será candidata a diputada nacional.

Además de Najul, los tres mendocinos de Juntos por el Cambio a los que se les vence el mandato son Luis Petri y Federico Zamarbide.

Los candidatos del FdT

En una lista de unidad que encabezarán Anabel Fernández Sagasti, como senadora y Adolfo Bermejo para diputado, se selló la propuesta de un peronismo consolidado como alternativa electoral.

El resto de la nómina para el Senado nacional se completa con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. En tanto, acompañarán en la boleta a Bermejo como candidatos a diputados la legisladora sanrafaelina Liliana Paponet; el jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi; Alicia Barrionuevo, abogada que pertenece al espacio de Protectora y el responsable de la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Gonzalo Navarro.

Al anunciar el acuerdo, desde el Frente de Todos se remarcó el “consenso amplio” alcanzado, que contó con la participación de los jefes comunales, además de la incorporación de nuevos espacios. “Se busca ofrecer una alternativa para construir una provincia con más y mejores oportunidades”, señalaron.

Del Frente de Todos, el diputado que vence su mandato es Omar Chafi Félix, como así también el ahora aliado José Luis Ramón. Ninguno de los dos tendrá reelección entonces.

Participará también en esta elección la lista denominada Vamos Mendocinos, con Mercedes Llano (diputada provincial por el partido Demócrata) como candidata para el Senado y Gustavo Gutiérrez (referente Partido Demócrata) a Diputados. También competirán el Partido Verde, con Marcelo Romano (Senado)y Mario Vadillo (Diputados), ex miembros de la agrupación Protectora, de José Luis Ramón.

El Partido Federal se presenta con Gustavo Majstruk (Senado) y Carlos Iannizzotto (Diputados); en tanto que en el Frente de Izquierda habrá una interna entre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) por un lado, frente el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST).

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en Casa Rosada al diputado nacional José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), aliado al bloque del oficialismo, quien busca renovar su banca integrando la nómina del Frente de Todos en la provincia de Mendoza.

En su cuenta de Twitter, Ramón escribió: “Si de consensos se trata, hoy tuvimos una charla con Alberto Fernández para profundizar la agenda de la alianza en Mendoza hacia el futuro, con el objetivo de gobernar la provincia y sostener la defensa de usuarios y consumidores a lo largo y ancho del país”.

Al retirarse del encuentro con el mandatario, el legislador mendocino aseguró: “Tengo toda la intención (de formar parte de la lista de candidatos del Frente de Todos), pero estamos en plena negociación en la provincia de Mendoza”.

También afirmó que además de la situación de Mendoza, hablaron de la campaña para la provincia de Buenos Aires: “Hablamos de la campaña que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza. Buenos Aires tiene un caudal electoral muy importante y (el Presidente) siente que está muy bien posicionado para encarar la próxima elección”, comentó.

El dirigente busca encabezar, o al menos integrar en una posición alta la lista de candidatos en Mendoza, mientras que en el apartado de senadores Anabel Fernández Sagasti liderará la nómina a fin de renovar su banca por esa provincia.

Durante su discurso más temprano, la diputada oficialista Liliana Schwindt -autora de uno de los proyectos que dieron vida al de Zonas frías- recordó haber hecho campaña por esa ley en Mendoza, acompañada por su par José Luis Ramón, munido de su frazada.

Y resultó que esa frazada tenía su historia, pero el gran público no la conocía. Hasta que a la hora de los cierres, el diputado de Unidad y Equidad Federal dio su discurso con la famosa frazada al hombro. Pero literalmente “se sacó” al finalizar su mensaje, que se transformó en arenga, al alzar la voz y clamar: “¡Lo que está claro hoy es que el Congreso de la Nación está de fiesta! Terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos, ¡esta es una ley de la política! ¡Para todos aquellos que estén cenando en su casa, levante una copa, brinde, porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, mi amigo!”.

Y comenzó a revolear fervoroso su frazada, gritando: “¡Vamos con esto!”.

Presidía en ese momento su comprovinciano Omar De Marchi, quien muy divertido le dijo: “Hemos conocido finalmente de quien era la frazada… ¿De quién era finalmente? Porque había una discusión en Mendoza…”.

Le volvieron a poner el micrófono a Ramón para que contara que “esta es la frazada de Sebastiana, que me dijo: ‘Usala hasta el día que tengamos una ley para proteger el derecho de los mendocinos’. ¡Hoy son 3 millones de argentinos que están repartidos en esta frazada!”.

Legisladores mendocinos del Frente de Todos y funcionarios de distintos organismos de la Nación presentaron la iniciativa de ATP provincial para ayudar económicamente a los sectores gastronómico, turístico y hotelero. 

En un encuentro que reunió a más de 40 representantes de distintas asociaciones y cámaras empresarias de los sectores gastronómico, turístico y hotelero, los senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, Adolfo Bermejo y Mauricio Sat explicaron el proyecto de un ATP provincial para ayudar a estos sectores afectados económicamente a causa de la pandemia. 

De la reunión, que se realizó de manera virtual, también participaron funcionarios nacionales como Alejandro Mutis, delegado regional Mendoza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Gonzalo Navarro, responsable Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación y Janet Maldonado, directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

“Hemos visto un gran esfuerzo del Gobierno nacional y de los municipios también. Nos parece que falta un esfuerzo del gobierno provincial. Lo que hemos intentado es generar un ATP direccionado a la gastronomía, a la hotelería y turismo”, comentó al respecto el senador Adolfo Bermejo. 

El proyecto propone un aporte de $15.000 para cada empleado lo que implicaría una erogación de alrededor de $550 millones del Estado provincial que representa un 0,2% del presupuesto total de la provincia. “Hemos acercado ideas de dónde se puede sacar ese dinero, como una tasa especial de Ingresos Brutos sobre los bancos o con la eliminación del desdoblamiento de las PASO en la provincia”, agregó. 

En tanto, Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del FdT-PJ, señaló que “el Gobierno nacional ha desarrollado estos programas como los Repro y claramente sabemos que nada es suficiente, por eso nosotros insistimos en que tiene que venir una colaboración del gobierno provincial”. 

“Cada uno de los sectores del Estado podría hacer un esfuerzo y colaborar, hace poco se conoció una licitación para café y bebidas energizantes del Ministerio de Hacienda por $60 millones. Bueno, podrían tomar el café que hay para todos los empleados de Casa de Gobierno y mandar ese dinero a este tipo de iniciativas”, sostuvo. 

De la reunión participaron representantes de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza (UTHGRA), de la Cámara de Turismo de Mendoza, de la Unión Comercial Industrial de Mendoza (UCIM), de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), de Cámara de Turismo de San Rafael, de General Alvear y de Maipú y empresarios independientes de estos sectores. 

A la hora de las respuestas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a las preguntas de los senadores nacionales de la oposición, la sesión dejó el tono formal y ocurrieron gritos y fuertes cruces entre el funcionario nacional y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Cafiero mantenía un tono de voz cansino hasta que fue el turno de responder a las consultas de la senadora mendocina Pamela Verasay que previamente había solicitado mayor información sobre los giros de recursos a Mendoza al acusar al Gobierno nacional de “discriminar” a dicha provincia.

“Y ahora nos vienen a querer contar como se hace para comprar vacunas, los que abandonaron vacunas en un galpón y que por no vacunar y desfinanciar la campaña de vacunación tuvieron un nuevo brote de sarampión nos quieren venir a explicar como manejar la pandemia”.

En ese momento, consideró que el Estado nacional “no discrimina” a Mendoza porque “le giró 2.520 millones de ATN”, por lo que “decir que se discrimina al pueblo mendocino no parece un error sino que solo busca un objetivo electoral que no se condice con la información”.

Y agregó una frase que desató la polémica: “No se la discrimina y hasta se trabaja en conjunto a pesar de que incumple medidas de cuidado nacional, pero nos pide respiradores y vacunas que podría haber comprado”.

Esto molestó a la senadora Verasay que respondió desde su banca a viva voz en defensa de la gestión del gobernador Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio).

“La misma provincia podría haber comprado la vacuna”, insistió Cafiero, por lo que Naidenoff se paró de su banca y le espetó: “Ustedes cerraron las puertas y no dejaron comprar a nadie”.

Ante esa acusación, el jefe de Gabinete respondió con mayor vigor: “Eso es mentira”, y remató: “Ustedes votaron una ley que permitía a todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño la compra de vacunas. Lea lo que vota, senador”, fustigó en reiteradas oportunidades.

Ante los gritos del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Cafiero insistió: “Solo el presidente las pudo comprar -a las vacunas- aunque todos los gobernadores estuvieron siempre autorizados. Pero las compró el presidente, las negocio, las compró y las distribuyó el presidente”.

Más calmado, el jefe de Gabinete continuó con su discurso enfocado contra la oposición: “Hay una clara dificultad de entender lo que realmente está sucediendo en Argentina porque la lucha contra la pandemia es una lucha diaria, pero también es una lucha enfrentar la situación de como dejó el Estado destruido el Gobierno anterior”.

“El Gobierno anterior destruyó el sistema de salud y este gobierno lo tuvo que reconstruir en medio de la pandemia”, apuntó.

En esa línea, disparó: “Y ahora nos vienen a querer contar como se hace para comprar vacunas, los que abandonaron vacunas en un galpón y que por no vacunar y desfinanciar la campaña de vacunación tuvieron un nuevo brote de sarampión nos quieren venir a explicar como manejar la pandemia”.

Al finalizar este bloque de la sesión informativa en la Cámara alta, Cafiero pidió a la oposición “ser más constructiva, más objetiva y tener una mirada de país y ver donde estamos parados” al mismo tiempo que exhortó a ese sector a “tener más autocrítica”.

En la presente nota me propongo explicar cuál es la situación económica de la provincia, cuáles han sido los aportes que ha hecho el Gobierno nacional, y por qué es necesario que el gobierno provincial no se haga el distraído a la hora de ayudar a los sectores más golpeados por la pandemia.  

No es ningún secreto la difícil situación económica que está atravesando la provincia. Hoy nos toca pechar un carro que día a día se va haciendo más pesado, sobre un terreno empantanado no solo por la actual situación de pandemia que ha castigado severamente la provincia, sino que la misma se encuentra en una de las crisis económicas más grandes que enfrentó Mendoza en 30 años; con serios problemas recesivos que arrastra desde hace unos años, se estima que la caída del PBG para el año 2020 rondará el 10%, acumulando tres años de fuerte recesión y con un tamaño de la economía en niveles del 2007; un retroceso de 14 años.  

Y es que nos han dejado un carro bastante pesado, cargado con un endeudamiento monumental, como nunca se vio en la historia de la provincia, donde los recursos perdidos en pagar intereses de deuda en el periodo 2016-2019, por el sobreendeudamiento en moneda extranjera, dejó sin fondos a Mendoza, pero también la dejó sin crédito y sin espacio fiscal para financiar la recuperación.  

Para colmo de males, vemos que cada día hay menos manos para empujarlo, ya que en el año de pandemia, Mendoza no pudo sostener empleos en el nivel que lo hizo el país. La tasa de desempleo se aceleró muy por encima que el promedio nacional. Desde el 2° trimestre 2019, al 2° trimestre 2020, el desempleo aumentó un 74% en Mendoza, mientras que el promedio nacional por el mismo periodo aumentó un 23%, es decir que Mendoza destruyó empleos un 214% más que el resto del país.  

En este contexto, lo único que ayuda a que este carro avance se llama Estado Nacional, un Estado que el año pasado envió a la provincia en concepto de ATN más de 6.600 millones de pesos, mientras que en el 2019 ese mismo ítem fue de 2.100 millones.  

Todo ello sin contar los aportes en REPRO, que en su distribución Mendoza aparece en el top 5 de provincias con mayor volumen de ayuda.  

Mendoza recibió 4.139 millones de pesos en las cuatro primeras rondas del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El mayor monto fue otorgando en el ATP 1, con 1.408 millones de pesos; 1.153 millones en el ATP 2; 841 millones en el ATP 3 y 737 millones en el ATP 4. En cuanto al IFE se destinaron cerca de 20.000 millones de pesos a 360.000  

beneficiarios mendocinos, además de $ 1.254 millones de pesos en créditos a tasa cero (10.000 beneficiarios).  

Proponemos un ATP provincial para el sector gastronómico y turístico. 

Desde el Frente de Todos, siempre tenemos una actitud proactiva, acercando propuestas, ideas y soluciones; facilitando todas las herramientas que nos han solicitado desde el Ejecutivo, aun no teniendo la responsabilidad de estar al frente del gobierno provincial; quizás sea por nuestra identidad política, la cual tiene como fin y norte la felicidad del pueblo.  

Es por ello que presentamos el proyecto de ley que crea el ATP provincial para el sector gastronómico y turístico (dos de los sectores más golpeados por la pandemia), que prevé el otorgamiento de ayudas directas en carácter de no reintegrables para ambos sectores de la economía provincial, las cuales consistirán en un bono mensual de 15.000 pesos por cada empleado debidamente registrado en cada establecimiento. Además, establecer una moratoria impositiva para el sector, y una reducción del 50% de Ingresos Brutos durante el año fiscal en curso.  

El programa solo representa el 0,2 del presupuesto provincial, algo totalmente accesible, pudiendo ser financiado tranquilamente con el costo de las elecciones PASO que no se realizarán (700 millones de pesos aproximadamente) porque Mendoza adhirió a tener sus elecciones junto al gobierno de la Nación; una reasignación de partidas de los distintos ministerios; o incluso dando luz verde al proyecto de ley presentado el año pasado que preveía un aumento del gravamen de Ingresos Brutos a las entidades bancarias, las cuales han sido las más favorecidas durante la pandemia.  

Con esto esperábamos llevar un aliciente a un sector que transita una situación crítica, porque existe una gestión que no ha tenido la capacidad creativa de llevar a cabo ni una sola medida para sostener el empleo en la provincia, dejando a los comerciantes y gastronómicos de Mendoza librados a su suerte.  

Todas estas ideas fueron rechazadas, sin ni siquiera ser estudiadas, por un gobierno provincial que se muestra soberbio al momento de escuchar a la oposición; pero por debajo, pide deudas para pagar a proveedores y hacer frente a gastos corrientes.  

Es hora entonces, que le pidamos al Gobernador que nos ayude a todos los mendocinos a pechar el carro, que nos muestre con medidas concretas su interés por el empleo, el comercio y la producción; que deje su cómodo asiento de cochero, y baje al barro a empujar; de paso se anoticia del hambre que no le muestran las encuestas, de la desesperación por encontrar una cama que no padece en carne propia, y del miedo a perder el empleo que no aparece en los sondeos de opinión. 

Un clásico de los últimos tiempos se venía dando sesión tras sesión en el Senado entre los senadores formoseños; más específicamente con los jefes de los principales bloques del Cuerpo. Este jueves el choque se trasladó a otra provincia, Mendoza, y fue entre dos mujeres de la Cámara: Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay.

Arrancó la senadora de La Cámpora, que planteó de manera crítica el uso del “falso apotegma de ‘cuanto peor mejor’, que viene llevando adelante hace años Juntos por el Cambio”, dijo, precisando que en Mendoza al peronismo “le toca ser oposición y le ha tocado muchas veces encontrar puntos de encuentro” con el oficialismo “y ponernos a disposición del gobernador en esta crisis”.

En ese sentido afirmó que “cuenta el gobernador con esta senadora y con el peronismo, pero no debe confundirse esta actitud de buscar puntos de encuentro, con tener complicidad para resolver la pandemia mirando encuestas mientras cientos de mendocinos pierden la vida”.

Anabel Fernández Sagasti aseguró que los mendocinos “vienen padeciendo” diversas situaciones, en el marco de esta crisis sanitaria, que dijo ver reflejadas en “largas colas de mendocinos para hacerse hisopados”, o el deambular de muchos “para buscar una cama en un hospital”.

Al respecto admitió que el gobernador Rodolfo Suárez “ha mostrado destellos de sensatez que duran hasta que su socio político y consejero principal, el presidente del radicalismo y exgobernador Alfredo Cornejo aparece en escena. Estos consejos han dejado a Mendoza en terapia intensiva, sanitaria, pero no solo eso, sino también económico y social”.

En ese sentido enumeró una serie de críticas respecto de la situación de su provincia, entre las que destacó que tiene “la segunda tasa más alta de ocupación de camas en la Argentina, 96,48% de ocupación de UTI”, y además le atribuyó a las autoridades de esa provincia tergiversar el número de vacunados. “Aparecieron 30 mil docentes vacunados que no lo estaban; hemos denunciado varias veces que se han aplicado primeras dosis de Sputnik y luego segundas dosis de Sinopharm, anunciados por el Gobierno de la provincia como ‘errores humanos’, pero cuestan vidas de los mendocinos, o a lo sumo la salud” de sus comprovincianos.

La vicepresidenta del bloque oficialista del Senado habló de una “emergencia económico y social” que vive su provincia, a la que ubicó “en la puerta de un default permanente desde que gobierna” esta gestión. “Sin posibilidades de endeudarnos debido a la gran deuda que tomó Alfredo Cornejo en dólares”, agregó.

Le atribuyó a esta gestión “el desempleo más alto de la región de Cuyo, los salarios más bajos, sin hablar de la conectividad: una de las más bajas de la República, con solo el 33%”. Y tras sumar el manejo que esta administración hace de la justicia en la provincia, afirmó que la cuestión de privilegio era por la situación en Mendoza, y pidió a las autoridades provinciales “que se hagan cargo del desastre en materia sanitaria que estamos viviendo”.

A continuación habló la senadora radical Pamela Verasay, quien admitió que si bien las cuestiones de privilegio no se contestan, ella no podía quedarse callada cuando ve aludida a su pueblo, su provincia. “Me sorprende la hipocresía que hay y que se profundiza con cada kilómetro que hay desde Mendoza a la Capital”, advirtió.

Verasay contó que este mismo jueves la ministra de Salud de su provincia se había presentado ante la Legislatura, “después de un patoteo que recibió en la Casa de Gobierno, porque a diferencia de lo que pasa en el Senado, en Mendoza se respetan las instituciones, se responden los proyectos y por sobre todas las cosas, si está pasando algo fuera de la ley se rinden cuentas”.

La legisladora de JxC consideró “increíble” el planteo de su colega del Frente de Todos, y se preguntó “cómo no hablar cuando cuestionan una gestión (provincial) y acá roban vacunas, mienten testeos y no hemos recibido una sola explicación de la gestión”.

Verasay terminó criticando al presidente Alberto Fernández, al lamentar que “cada palabra que dijo el presidente el día que asumió, se resquebraje día a día”.

¿Nace un nuevo clásico entre las damas mendocinas?

En medio de la batalla judicial que mantienen el Gobierno Nacional y de la Ciudad al respecto de la presencialidad de las clases, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) celebró la decisión del distrito capitalino y Mendoza de mantener la presencia de los chicos en las aulas y advirtió acerca de que la “virtualidad amplia la brecha educativa”.

De esta manera, el legislador afirmó en sus redes sociales que “Mendoza y CABA mantienen la presencialidad en las escuelas. ‘Las primeras en abrir y las últimas en cerrar’, ese consenso científico y político fue cumplido por Rodolfo Suarez y Horacio Rodríguez Larreta.  El interés superior del niño, nos obliga a  defender ese consenso”.

“La educación virtual amplia la brecha educativa, incrementando las desigualdades y por consiguiente las oportunidades a futuro, prueba de ello es que un millón de chicos y chicas durante el 2020 mantuvo bajo o nulo intercambio con su escuela”, indicó y precisó que “según Unicef Argentina menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo a Internet de buena calidad en la señal y 1 de cada 2 no cuenta con una computadora disponible para usos educativos. Pierden los que menos tienen y eso lo sabe Nicolás Trotta”.

Al mismo tiempo que remarcó que “aunque el Gobierno a través del ministro de Educación diga que el DNU está vigente en todo el territorio nacional para suspender las clases, es inconstitucional y supone un avance intolerable sobre el federalismo. Las provincias deben asegurar la educación (Art.5 CN)” y consideró que “es lamentable que, después de un año, el Gobierno vuelva a plantear la dicotomía entre salud o educación y apelar al discurso del miedo para cerrar las escuelas. Era lo último en cerrar, no lo primero”.

Sobre esa misma línea insistió en que “la presencialidad en las aulas es segura con la aplicación de protocolos. El propio Ministerio se Educación de la Nación confirmaba el 5 de abril, lo que hoy niega” y concluyó con una dura embestida contra Trotta: “¡tenga memoria ministro, esto decía hace 20 días!: ‘la presencialidad en las aulas es segura con la aplicación de protocolos y que escuelas deben ser sostenidas como espacios priorizados para garantizar los aprendizajes y contener el impacto subjetivo de la pandemia’”, sentenció.

El viejo conflicto por el caudal del río Atuel llegó este miércoles al Senado de la mano de dos senadoras del Frente de Todos, la pampeana Norma Durango y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quienes tuvieron un contrapunto durante una reunión virtual de comisiones.

El intercambio se produjo cuando se debatía la ley de Educación Ambiental en las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado, con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y una subsecretaria de la cartera de Ambiente.

“Sin ánimo de generar controversia, quiero dejar sentado que ojalá que esta ley sirva para concientizar a otra provincia que desde hace décadas comete una gran injusticia con nuestra provincia”, arrancó la pampeana Durango, tras la exposición de los funcionarios.

La legisladora advirtió que La Pampa sufrió “una gran desertificación y una gran emigración forzada desde hace años”. “Hasta la Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón”, acotó.

Por eso, manifestó: “Esperemos que esta concientización a los niños, niñas y adolescentes sirva también a los gobernantes de otras provincias para que se cumplan las leyes que ya fueron votadas, como la 25.688, de creación de los comités de cuencas”.

Más adelante, Fernández Sagasti pidió la palabra: “Lamentablemente le tengo que responder a una compañera de bancada que acaba de decir algo que está totalmente fuera de lugar, que es mandarnos a estudiar leyes de medioambiente a los mendocinos”.

“Siempre tratamos de tratar el tema del conflicto del río Atuel en un marco de respeto, cada uno defendiendo la posición que entiende más justa desde la perspectiva de su provincia”, se defendió la mendocina, y agregó: “Yo nunca le pediría a un senador que deje atrás los intereses de su provincia, pero sí que discutamos los conflictos o los contrapuntos que podamos tener en un marco de respeto”.

Finalmente, la vicejefa del bloque oficialista sentenció: “El comentario fue totalmente desubicado, y no tiende al diálogo que debemos tener para resolver un conflicto que tenemos desde hace décadas por el río Atuel”.

Disruptivo en esa materia, el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo dijo en su momento que los mendocinos debían empezar a pensar seriamente en la posibilidad de separarse del resto del país, “si el kirchnerismo sigue tirando las cuerdas sobre los sectores productivos argentinos y sobre algunas provincias en particular, metiendo tanta presión”.

Retomó el tema hace pocos días y otro diputado nacional de esa provincia, José Luis Ramón, le salió al cruce: “Ante la insistencia del exgobernador provincial, Alfredo Cornejo, de poner en agenda una posible ‘independencia’ de la provincia de Mendoza, desde Protectora Fuerza Política consideramos necesario y urgente convocar a una consulta popular no vinculante al respecto”, expresó.

¿En qué consistiría la consulta popular? Ramón propone dos opciones: “Ser argentino / Dejar de ser”. Con ello “pretendemos tener al fin la conclusión del pueblo de nuestra provincia al respecto de las ideas separatistas de Cornejo y compañía”. Incluso dio precisiones: “El plebiscito se realizaría en consonancia con las elecciones provinciales, adjuntando en todas las boletas la definición del espacio político”.

Ramón señaló que “nuestra fuerza está convencida de que el ser mendocino es una identidad por sí misma, pero que se contiene sobre las bases del patriotismo nacional. Entendemos que es necesario terminar con esta discusión que alimenta grietas y fantasías absurdas”.

“Quienes deben dirimir si Mendoza es Argentina o no, debe ser el pueblo mendocino. Los dueños de la provincia tienen que dejar de hablar por la ciudadanía de a pie, y enfrentarse a la decisión que tome el pueblo soberano”, concluyó.

Diputadas del Frente de Todos encabezadas por la jujeña Carolina Moisés presentaron un proyecto de resolución para excluir de la Cámara baja al diputado y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, por “manifiesta inhabilidad moral”, de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 de la Constitución Nacional.

El motivo es un video que se viralizó en los últimos días en el que Cornejo, en un acto de la Juventud Radical de Santa Rosa, se refiere con expresiones degradantes hacia la peronista Flor Destéfanis, actual intendenta de esa localidad.

“La chica es más agradable pero no sabe de administración. No solo eso, se dice feminista como buen ‘Cámpora’ y como buen kirchnerista, dicen una cosa y hacen otra. Se dice feminista pero en realidad la maneja el marido”, lanzó el exgobernador mendocino.

El Dip. Nacional @alfredocornejo ayer se refirió a mí persona diciendo “A esta chica agradable, que se dice feminista, la maneja el marido” queriendo de esta manera minimizar mi trabajo e invisibilizar el lugar que hoy me toca ocupar como la única Intendenta mujer de Mza pic.twitter.com/46o3wtowNw

— Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) March 12, 2021

A raíz de esos dichos, Moisés presentó el proyecto para expulsar al diputado de la Cámara, acompañada por las oficialistas Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Lucila Masin, Graciela Parola, Jimena López, Carolina Yutrovic, Susana Landriscini, Lía Verónica Caliva, Alcira Figueroa, Estela Hernández, Rosa Muñoz, Mabel Carrizo y Ayelén Spósito.

“El desprecio demostrado en las hirientes palabras del legislador muestran que es incapaz de sopesar la voluntad, la libertad y la individualidad de la mujer en un espacio político que debe ser centro y piedra angular de la igualdad de derechos”, sostuvieron las diputadas.

Y agregaron que “una vez más queda al descubierto la violencia política naturalizada y machista”, la cual “solo merece el peor de los repudios”.

En el proyecto, consideran que las declaraciones de Cornejo se encuadran en la definición de “violencia política” consagrada en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “sin perjuicio de la violación de otras normas sobre discriminación por razón de género”.

El diputado nacional Alejandro Bermejo, del bloque Frente de Todos, renunció a su banca este miércoles, según lo confirmó él mismo a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que se trató de una decisión “por razones estrictamente personales”.

“Quiero comunicar al pueblo de Mendoza que a partir de hoy y por razones estrictamente personales, presento mí renuncia como Diputado de la Nación. Fueron meses de arduo trabajo junto a mendocinas y mendocinos con quienes formulamos muchos de los proyectos presentados”, sostuvo.

El ahora exlegislador agradeció “a quienes confiaron en mí para esta tarea que me llena de orgullo. Ésta decisión no implica dejar de lado mis convicciones, las cuales siguen firmes para seguir militando con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo y la felicidad de las familias de Mendoza”.

Bermejo ocupaba una banca en la Cámara baja desde diciembre de 2019, cuando accedió al cargo tras ocupar el segundo puesto de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por Mendoza, que encabezó Marisa Uceda.

En junio de 2019, el exintendente de la localidad de Maipú había peleado la interna del peronismo por la gobernación frente a la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien resultó ganadora, aunque en las elecciones generales salió derrotada frente al radical Rodolfo Suárez, actual gobernador de Mendoza.

Por la vigencia de la Ley de Paridad, Bermejo será reemplazado por Eber Pérez, quien figuró en el cuarto lugar de la lista en 2019. Se trata de un técnico agrario especializado en Enología y estudiante de abogacía, afiliado al PJ de Mendoza. Es un productor vitivinícola, hortícola y elaborador de vinos de Tunuyán y es vocal de la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de ese departamento.

https://twitter.com/AleBermejoMza/status/1367122279369502723

El diputado nacional Federico Zamarbide pidió al Ejecutivo que informe el motivo que hace que la diferencia entre los precios de los vuelos de cabotaje sea de más del doble, según desde dónde se parte. Plantea que “no hay federalismo real” y que “se perjudica al sur mendocino”. 

El legislador sostiene que “hay una diferencia abismal de precios” entre los pasajes en avión Mendoza-Buenos Aires y San Rafael-Buenos Aires, y presentó un pedido de informe. Selaña que el objetivo es que el Ministerio de Transporte y Aerolíneas Argentinas S. A. explique el motivo por el cual es mucho más caro viajar a la capital del país desde el sur provincial. 

Es que un pasaje promedio desde Mendoza a Buenos Aires cuesta alrededor de $ 12.000 y, partiendo desde San Rafael hacia el mismo destino y por la misma aerolínea, unos $ 36.000. “Los precios desde el departamento son irrisorios comparados con salir desde el aeropuerto El Plumerillo. Además, considerando que se trata de la misma aerolínea de bandera e, incluso, de una distancia similar, es inaceptable”, manifestó el legislador radical. 

Así es que, lo que solicita en concreto Zamarbide al Poder Ejecutivo Nacional es un informe de los vuelos de cabotaje entre Buenos Aires, desde los aeropuertos ministro Pistarini o Jorge Newbery según corresponda, y hacia el aeropuerto Santiago Germanó de San Rafael. Precisamente:}

• Detalle de planificación de la operatoria y, en particular, los plazos previstos para retomar la normalidad en los vuelos entre los mencionados destinos.
• Cantidad de vuelos y frecuencia semanal de los vuelos estipulados para los meses de enero, febrero y marzo entre los destinos mencionados y entre la Ciudad de Mendoza y Buenos Aires.
• Cuántos vuelos semanales proyectó Aerolíneas Argentinas en la vuelta a la normalidad para el Aeropuerto Santiago Germanó, indicando si se retomarán 6 o 7 vuelos, o en su defecto, qué otra frecuencia tendrá y sus plazos.

“La frecuencia actual de entre uno y dos vuelos semanales, que coincide con el inicio de la temporada turística autorizada por el Ejecutivo nacional, es una situación preocupante para la conectividad del departamento. La escasez de vuelos dificulta la recepción del turismo. También, la posibilidad de viajar a Buenos Aires por motivos laborales, comerciales y de salud, no sólo a los sanrafaelinos, sino a todos los ciudadanos del sur mendocino que recurren por su cercanía al aeropuerto Santiago Germanó”, concluyó Zamarbide. 

El presidente Alberto Fernández emprenderá este martes su segunda visita de Estado a un país vecino, en este caso a Chile, donde se quedará cumpliendo una amplia agenda hasta el miércoles.

La comitiva estará integrada por el canciller Felipe Solá, el ministro de Salud Ginés González García, quien fue embajador en Santiago durante ocho años, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

El detalle es que también viajarán gobernadores. Irán el riojano Ricardo Quintela, el salteño Gustavo Sáenz, el sanjuanino Sergio Uñac y el catamarqueño Raúl Jalil. Todos de provincias fronterizas con Chile… Y todos peronistas.

Eso generó la reacción de legisladores de la oposición. Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Petri tuiteó: “Mendoza nuevamente discriminada por el Gobierno. Se inicia gira en Chile y pese a ser la provincia más importante del oeste, con el paso internacional más utilizado, la castigan dejándola afuera. Deberían ir todos las provincias con vínculos fuertes con Chile, no solo sus amigos”.

Y luego agregó: “Látigo y garrote a las provincias gobernadas por opositores, sea por la distribución de los recursos, las obras como Portezuelo, las medidas adoptadas en pandemia o la agenda internacional con Chile. No era con todos como decían, era entre ustedes. Los mendocinos tenemos memoria”.

En el mismo sentido se pronunció el exgobernador mendocino y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, quien señaló que “el grado de discriminación a Mendoza por parte de Alberto Fernández ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al gobernador de la provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango”.

El grado de discriminación a Mendoza por parte de @alferdez ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con Gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al Gobernador de la Provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 25, 2021

Pero no solo desde Juntos por el Cambio mostraron los dientes porque un gobernador propio hubiera sido raleado. También lo hizo el diputado nacional mendocino José Luis Ramón, quien advirtió que “en viajes protocolares al país vecino es importante la presencia del gobernador de Mendoza, independientemente de su color político. La histórica relación bilateral con los hermanos chilenos es lo importante, y más si queremos cimentar nuevos acuerdos y tratados”.

El diputado y jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón sostuvo este viernes que “el toque de queda sanitario es necesario” y consideró que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, “tiene que ser muy cauto” respecto de las medidas a tomar por el aumento de casos de Covid.

“El sistema de salud en toda la argentina tiene una deficiencia muy grande, y lo que ha venido ocurriendo, producto del relajamiento y del hartazgo, es que muchos dirigentes tomaron decisiones con irresponsabilidad”, advirtió Ramón en diálogo con CNN Radio Mendoza.

El legislador opinó que “el toque de queda sanitario es necesario, porque hay un sector etario que está actuando de manera irresponsable”, y agregó que “hay que tomar conciencia de que las unidades de atención tienen que estar fuertes para cuidar la salud de todos”.

En tanto, subrayó que el gobernador Suárez “tiene que ser muy cauto” porque “no se sabe efectivamente qué va a ocurrir, son todos adelantos periodísticos”. “En la medida en que vayan aumentando los casos, el gobernador tendrá que tomar decisiones quirúrgicas”, dijo.

Además, Ramón criticó el posicionamiento de Junto por el Cambio y apuntó en particular contra el titular de la UCR y comprovinciano Alfredo Cornejo: “Hay un sector de la dirigencia radical que tiene un grado de irresponsabilidad tremendo, manifestado en las expresiones de Juntos por el Cambio. Han tomado una bandera política en un tema que es de Estado”.

Con 36 votos afirmativos, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que apunta a evitar que quienes tengan una condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así la iniciativa vuelve a la Cámara baja en segunda revisión. 

La propuesta viene analizándose hace varias semanas luego de que Diputados la aprobara a mediados de septiembre. Fue la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) quien emitió dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría, y se acordó en conjunto con la oposición, la incorporación de otros delitos para darle mayor amplitud a los condicionantes. Así fue que estos despachos llegaron al recinto de sesiones para darle aprobación. 

El proyecto fue impulsado por los diputados María José Sanz y José Orts, e introduce modificaciones a la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Además, se incorporó al articulado el texto de otra iniciativa promovida por el diputado del Pro Gustavo Cairo, que modifica a Ley de Ética Pública. 

La iniciativa busca frenar a quienes estén condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, para que puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.  De esta manera, Mendoza se encamina a ser la primera provincia del país, en contar con una ley de esta naturaleza. 

Así, se incorporan nuevos delitos que impedirían la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2.551 –Ley Electoral de la provincia – estableciendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido por la normativa en estudio. 

En tanto, el proyecto elaborado por el representante del Pro Gustavo Cairo establece que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

Diputados de Juntos por el Cambio por las provincias de San Luis, Mendoza y Córdoba criticaron este jueves, a través de un comunicado, las restricciones a la circulación impuestas por el gobierno de San Luis, en manos de Alberto Rodríguez Saá, en el marco de la pandemia del Covid-19.

La declaración fue emitida en momentos donde productores y transportistas autoconvocados llevan adelante cortes de rutas nacionales y provinciales en los puestos limítrofes de San Luis.

El texto fue firmado por Alejandro Cacace (San Luis), Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide (Mendoza), Mario Negri, Brenda Austin, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero y Soledad Carrizo (Córdoba).

#Comunicado 📄 Instamos al Gobierno federal a hacer respetar el cumplimiento de la #ConstituciónNacional y a hacer cesar a los Gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la #libertad de circulación 👇 pic.twitter.com/orTBL4i055

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) October 1, 2020

“Las restricciones a la circulación de personas y bienes con motivo de las medidas de aislamiento están llevando directamente a bloqueos de la actividad económica y productiva, además del cercenamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos”, advirtieron los legisladores.

Señalaron que “el gobierno de la provincia de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el Gobierno nacional en el DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificatorias, donde los trabajadores y productores agropecuarios son considerados personal esencial y por lo tanto deberían poder circular y cumplir con sus labores aún en el contexto de las medidas sanitarias”.

“Habiendo circulación comunitaria del virus en todo el país, el mismo ministro de Salud de la Nación ha hecho declaraciones señalando que las medidas de restricción interprovincial no sirven y se tornan inútiles como herramienta de control sanitario”, aseguraron los diputados.

Además, indicaron que “varios casos han llegado a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose resuelto medidas cautelares favorablemente para ciudadanos respecto de la circulación interprovincial”, mientras que ahora el máximo tribunal “debe resolver sobre los reclamos de los productores y de otros ciudadanos que se han visto impedido regresar a sus hogares o ver a sus familiares”.

Por todo esto, los diputados instaron al Gobierno nacional a “hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional y hacer cesar a los gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la libertad de circulación”.

“Las medidas que restringen la circulación por el territorio nacional no contempladas dentro de la normativa nacional vulneran derechos constitucionales, y la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial”, finalizaron.

El senador provincial por Mendoza Adolfo Bermejo presentó un proyecto de ley (expediente 74.614) para crear en el ámbito de la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, la “Comisión de Trabajo de Elaboración de Protocolo para Realizar Elecciones en contexto de Pandemia y Post- Pandemia”, cuya finalidad y función será evaluar y proponer las medidas de prevención y mitigación de Covid 19, en las diversas etapas de los procesos electorales, su seguimiento y control, elaborando protocolo obligatorio ante la emergencia y crisis sanitaria provocada por la pandemia.  

Según el senador del Frente de Todos-PJ, con este proyecto se pretende, con el tiempo suficiente, “abrir el debate para que los ciudadanos puedan elegir sus representantes libremente y con todas las medidas sanitarias, de distanciamiento social y prevención necesarias; evitando así llegar a la época electoral con lo mismo que teníamos hasta la última elección, porque entiendo que todo cambió con esta Pandemia en el mundo y en Argentina y Mendoza”.  

Además, Adolfo Bermejo señaló que, con la apertura de este debate, “podemos señalar también como propuesta y a los efectos de evitar aglomeraciones, que se pueden habilitar nuevos centros de votación de cercanía a la ciudadanía y que en lugar de tener entre 340 y 350 electores cada padrón de mesa, se reduzca esa cantidad y se habiliten nuevas mesas de votación en otras escuelas o en edificios públicos que se encuentren aptos para la realización de los comicios. Otra idea puede ser generar centros de votación o algunos horarios exclusivos para población de riesgo, adultos mayores y otros grupos vulnerables por su salud; todo esto priorizando el derecho al voto y la salud de la población”. 

En Mendoza, de acuerdo a la legislación vigente, las elecciones Generales legislativas provinciales y municipales, en caso de no realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, están previstas para el segundo domingo de abril de 2021, y la elecciones PASO legislativas provinciales y municipales están previstas para el primer domingo de febrero de 2021; y en el caso de que algún municipio decidiera separar las elecciones legislativas municipales de las legislativas provinciales, las elecciones generales deberá realizarlas el último domingo de febrero de 2021 (artículo 85 Ley N° 2551) y las elecciones PASO deberá realizarla el primer domingo de diciembre de 2020 (artículo 3° Ley N° 8619). 

El Senado mendocino finalmente aprobó la norma que fija sanciones por el incumplimiento de las normativas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, que tiene como base la pandemia de Covid-19. 

La propuesta fue aprobada por 22 votos positivos, 3 negativos y 13 abstenciones; desde el bloque Frente de Todos solicitaron al cuerpo la autorización para abstenerse a votar el proyecto. Ahora pasó al Ejecutivo para que sea promulgada. 

El proyecto establece sanciones de entre 15 y 30 días de arresto; o desde 60 hasta 80 días de trabajo comunitario para quienes no cumplan con las normas que regulan los encuentros familiares. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo. 

Al respecto, la senadora y miembro informante por parte del oficialismo Mercedes Rus indicó que el proyecto propone incorporar un artículo al Código de Faltas, con el objetivo de que esto tenga un efecto disuasorio sobre la población. 

Por su parte, el legislador Alejandro Abraham señaló que se trata de un proyecto controversial: “Tenemos situaciones complejas en este tema, lejos de simplificar las cosas se generará un disturbio judicial que le impida dar un mensaje a la sociedad. Me parece que desde el punto de vista legal este proyecto no podría prosperar”. 

Por otro lado, el legislador Pablo Priore se manifestó preocupado por el avance de la pandemia: “Creo que es necesario este tipo de herramientas para el Poder Ejecutivo. La vamos a acompañar desde el bloque Pro. Es una medida acertada que lleva a generar conciencia para la ciudadanía”. 

El proyecto establece sanciones de entre 15 y 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días para quienes no cumplan con las normas que regulan los encuentros familiares. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo. 

También estipula que las reuniones familiares podrán realizarse de hasta un máximo de 10 personas con parentesco en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Dichos encuentros podrán realizarse sólo los días domingos de 11 a 19. 

La norma enuncia que, “en virtud de los cambios producidos en la situación epidemiológica de la provincia, y habiendo constatado ciertos incumplimientos respecto de las normas generales”, y “atento a la naturaleza estratégica en materia de control y prevención de la expansión del Virus”, es que “resulta necesario contar con una herramienta jurídica idónea para sancionar a quienes incumplen la normativa dispuesta por la autoridad provincial en materia de reuniones”. 

Agrega el texto que sirve de fundamento al proyecto elevado por el gobierno provincial, que el objetivo es imponer “una sanción ejemplificadora a quien de manera irresponsable pone en peligro a la sociedad toda, no sólo por la posible propagación del Covid 19, sino también con la consecuente limitación a las actividades que han sido habilitadas, lo cual repercute a su vez en aspectos sociales y económicos”.

La Cámara alta mendocina aprobó el proyecto del senador Adolfo Bermejo de ley de “Fake News”, que tiene como objeto establecer normas mínimas en temas fundamentales del régimen electoral y de partidos políticos que hacen al derecho a la información, la libertad de expresión y al voto informado de los ciudadanos. 

Al respecto, el legislador señaló que votaron el proyecto “en un año que no es electoral, evitando así cualquier tipo de especulación política, porque la ciudadanía merece tener información cierta para decidir su voto”. 

Asimismo, destacó que “sabemos que existe una gran diferencia entre plantear una política que afecte o vulnere la libertad de expresión, algo muy alejado al espíritu de este proyecto de ley que debatimos; y, como en este caso, la primera oportunidad en Mendoza de generar en la Junta Electoral Provincial un ámbito que permita la verificación de la autenticidad de las fuentes de información de los partidos políticos, alianzas electorales, precandidatos y candidatos; todo en pos del voto informado”. 

El objetivo del proyecto es evitar la proliferación de cuentas falsas de partidos, agrupaciones, frentes y de sus candidatas y candidatos en redes sociales, mediante el registro en la Justicia Electoral Provincial de las cuentas reales y oficiales, su difusión para que la ciudadanía se nutra de información verídica. 

En este sentido, Bermejo afirmó que “sabemos que hoy cualquiera se abre una cuenta en redes sociales haciéndose pasar por cualquiera, y mucha gente le cree lo que escribe, opina o muestra en imágenes”. 

En el debate en el recinto, el senador manifestó: “Desde el inicio de esta pandemia que atravesamos, ya sea en Mendoza, a nivel nacional y a nivel mundial se nos ha venido exhortando desde los gobiernos y organizaciones relacionadas a la salud que nos informemos por medios masivos, cuentas en redes sociales y sistemas oficiales de información, evitando así las ‘Fake News’ y la proliferación de cadenas de Whatsapp que en lugar de beneficiar al cuidado y prevención de la salud personal, familiar y comunitaria; solo generan confusión y serios problemas sanitarios. Salvando las distancias, y volviendo al proyecto de ley, las ‘falsas noticias’, siempre han existido, pero en los últimos tiempos han generado mayor atención y debate a nivel local y mundial, luego que demostró su capacidad de injerencia en los procesos electorales por medio de las redes sociales, en el caso emblemático de la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016. Así, algunos entienden por ‘Fake News’ a las tácticas de manipulación a partir de noticias falsas difundidas por las redes sociales”. 

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo aseguró que “algunos están dirimiendo internas partidarias opositoras apelando a exabruptos mediáticos”, y exhortó a “comprendan la complejidad de esta coyuntura que atraviesa la Argentina” producto de la pandemia. 

“Tenemos que estar debatiendo políticas públicas y no chicanas, una cuestión que parece recurrente en algunos medios porteños”, añadió. 

Luenzo sostuvo que “el exabrupto” del diputado Alfredo Cornejo, respecto a la posibilidad de “independizar” la provincia de Menzoda, “expresa conceptos claramente discriminatorios contra el resto del país”. 

En ese sentido, y en su carácter de titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, el chubutense lamentó que “lejos de condenar estas expresiones, haya dirigentes de la oposición y comunicadores que quieran disfrazar estas declaraciones como materia de libertad de expresión cuando claramente se trata de por lo menos un exabrupto”. 

El legislador fue enfático al señalar que “la libertad de expresión no nos habilita a decir cualquier barbaridad en el ámbito público, sea a través de los medios de comunicación tradicionales o en las plataformas digitales”. 

Al respecto, recordó que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, columna vertebral de la democracia, que garantiza el derecho a la información, la que permite a la sociedad trazar un control social y a los funcionarios a que rindamos cuenta sobre lo que hacemos”. 

No obstante, remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación sea por género, raza, religión, discapacidad, promover actos violentos, la sedición o el delito”. 

En ese sentido, el legislador explicó la importancia del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional donde consagra el derecho a “publicar las ideas por la prensa sin censura previa” lo cual implica que “todo aquello que se publica o que se dice en materia de información no es absoluto, sino que está atado a la responsabilidad ulterior”. 

Finalmente, y entendiendo que “la libertad de expresión tiene en los medios de comunicación vehículos fundamentales para la protección de los derechos de nuestra ciudadanía”, expresó que “es preocupante la irresponsabilidad de algunos dirigentes y también de líderes de opinión que hacen política desde la búsqueda de barbaridades para ganar notoriedad pública”.

Tras haber sugerido la autonomía de Mendoza, el diputado Alfredo Cornejo sostuvo este miércoles que “hay un federalismo de extorsión que ha vuelto” y consideró que desde el Gobierno nacional “están castigando las buenas administraciones y están premiando las malas administraciones”.

El exgobernador mendocino explicó que lanzó su propuesta como algo que “deberíamos empezar a pensar”, ante su queja por lo que “están haciendo con los recursos fiscales y las trabas que le ponen el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior (Eduardo “Wado” de Pedro) a la obra de Portezuelo”.

Bajando el tono a la polémica que se armó, el titular de la UCR Nacional aclaró que “no” cree que “estén dadas las condiciones. No es este el momento, no nos gusta separarnos del país, nos sentimos tan argentinos como cualquiera”. “Pero hay un Estado Nacional que ataca a muchas provincias y al sector productivo”, apuntó.

“Mendoza tiene antecedentes, incluso un grupo de empresarios se presentó ante un juez federal en algún momento de la historia pidiendo exactamente esto. Es obvio que la Constitución Nacional no permite eso. Con lo cual deberíamos modificar la Constitución para proceder a ese tipo de salidas”, señaló.

Y enfatizó: “Lo que sí es cierto es que el Estado Nacional está mal administrado, hay un federalismo de extorsión que ha vuelto. En el anterior gobierno no había extorsión sobre las provincias. Los cuatro años anteriores las provincias recibieron recursos en forma equitativa”.

“Hoy hay una discriminación flagrante. De los 60 mil millones disponibles del Gobierno nacional para las provincias, en calidad de préstamo, no hay una norma específica que diga cómo los distribuye. De ese mismo programa, Tucumán recibe 6 mil millones y Mendoza recibe 1.900. Santa Cruz recibe 3 mil millones. En la semana de Vicentin, Santa Fe y Córdoba recibieron 4.800 y 4.600. Y Mendoza 1.900. La explicación que dieron es que tenemos pocos casos de Covid-19, cuando en realidad Tucumán tiene menos muertos por Covid-19”, amplió.

En esa línea, Cornejo opinó que “están castigando las buenas administraciones y están premiando las malas administraciones”. “Hay una serie de personas que producen la riqueza y hay otro grupo que, por una política distribucionista del Estado, vive de las asignaciones estatales. Es lógico en un sistema democrático y republicano que ayudemos a los más desvalidos, pero que ayudemos con planes de empleo 17 años seguidos a las mismas personas no es una cosa lógica”, continuó.

Entrevistado en radio Mitre, el legislador opositor afirmó que el Gobierno “discrimina” al sector productivo y expresó que existe “un Estado macrocefálico que de alguna forma está ahogando la iniciativa privada”.

Para el exgobernador, esta situación “se cambia con un pacto de gobernabilidad gobierno-oposición”. “La oposición debe estar unida para que haya alternancia en Argentina y podamos producir un equilibrio. Nosotros estamos unidos los tres partidos. No es condición suficiente. Se necesita una táctica y una estrategia definida”, añadió.

El diputado de JxC dijo que los tres gobernadores radicales, pero especialmente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no tiene otra opción que trabajar mancomunadamente con el Gobierno, por presión de que le tiran los muertos por Covid-19 todo el día en la cara, como acostumbra el kirchnerismo”.

Sobre la causa de espionaje ilegal

Tras la ola de detenciones en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, Cornejo afirmó: “Quisiera que avanzara, que tengamos un juez independiente que llegue al fondo del asunto. Si esto es cierto, es un grave delito, pero no es tan distinto a lo que ha hecho el kirchnerismo con la SIDE y AFI, y a lo que ha pasado en otros tiempos en la Argentina. Quiero que tenga sanción y se investigue con profundidad y con justicia independiente”.

“También veo un afán de construir un relato alrededor de eso, tapando los hechos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. En cualquier momento Macri va a ser el dueño de Hotesur y Los Sauces”, ironizó.

Con la discusión sobre la construcción de la represa Portezuelo del Viento de fondo, el presidente del radicalismo y exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, pateó el tablero aventurando una idea polémica: la secesión de Mendoza.

“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, disparó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

En efecto, la megaobra Portezuelo del Viento es origen de una histórica disputa entre Mendoza y La Pampa, y había cobrado impulso durante la gestión Cambiemos, pero pareciera frenarse con la vuelta del peronismo al Gobierno. Y fue lo que generó la indignación de Cornejo. Entrevistado por una radio local, Cornejo señaló que el Gobierno nacional “perjudica” a su provincia trabando la obra de la represa.

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El legislador radical sostuvo que el Gobierno “enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes”, aludiendo a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, que modificaron su postura conforme el cambio de signo político nacional.

Así las cosas, Cornejo lanzó su propuesta autonómica: “La verdad que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”. Agregó el exmandatario cuyano que su provincia “tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones, etcétera”.

Y ya puesto a analizar en serio su propuesta, abundó: “Podría ser un país pero con un programa común de su elite política empresaria para desarrollar ese camino”.

Con todo, Cornejo señaló que “estamos lejos de tener autonomía con nuestra actual estructura productiva. Estamos lejos, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”.

Y volviendo sobre la cuestión Portezuelo del Viento, insistió: “El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa”.

El diputado y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, informe sobre la distribución que se realiza de los recursos del “Programa para la Emergencia Financiera de las Provincias”, los Aportes del Tesoro de la Nación y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

La solicitud la realizó mediante un proyecto de resolución  junto a sus pares mendocinos Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide.

La iniciativa reclama que el titular de Interior “informe sobre la fundamentación y la motivación de el o los actos administrativos que establecen los criterios de distribución de los fondos ATN  y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, como también los criterios de distribución que se utilizaron para el envío a las distintas jurisdicciones de los fondos ATN remitidos a las provincias, ponderadores por provincias y su descripción, y montos efectivamente asignados”.

El mismo proyecto solicita que se detalle los criterios utilizados para distribuir entre las distintas jurisdicciones  los fondos ATN (60.000 millones de pesos) que restan enviar a las provincias y su justificación, de acuerdo a su ponderación,  descripción y montos.  

Respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (60.000 millones de pesos) se pide idéntico detalle, además de pedir que se informe los mecanismos de selección de las jurisdicciones que podrán recibirlos, criterios de evaluación objetivos que han de considerarse al momento de definir la existencia o no de un desequilibrio o problema financiero y descripción de ponderadores por el cual se definen los montos a asignar a cada jurisdicción. 

Es que hasta el momento, según Cornejo, son nueve las provincias que han recibido el desembolso y, excepto por Misiones, “todas recibieron sumas superiores a Mendoza”: Tucumán, 6.000 millones de pesos; Chubut,  5.000 millones; Córdoba, 4.800 millones; Santa Fe, 4.600 millones; Entre Ríos, 3.500 millones; Santa Cruz, 3.000 millones; Chaco, 2.500 millones y Misiones, 1.200 millones.

“El Gobierno castiga a Mendoza por hacer las cosas bien durante años, pero también por ser de un signo político distinto. Para derrotar la pandemia el Gobierno le pide ayuda a todos, pero para asistir a las provincias la cosa es entre pocos. Vuelve la política del látigo y la billetera. Hoy más que nunca el país necesita un federalismo de concertación para salir de la crisis”, señalaron en conjunto los diputados de JxC.

Cornejo también le pidió a De Pedro que informe el saldo de fondos pendiente de asignar al 19 de junio del 2020, y la proyección y criterios a utilizarse para la distribución en el caso de que todas las jurisdicciones que no han realizado una solicitud lo hicieran.

En la fundamentación del proyecto se explica que “la importancia que han revestido y revisten los recursos nacionales para hacer frente a las demandas de bienes y servicios públicos provinciales, la variedad de mecanismos distributivos y que estos no han contribuido demasiado a un desarrollo regional equilibrado y equitativo con consecuencias negativas para el sistema político, social y económico, resulta menester conocer la fundamentación jurídica, los criterios y parámetros, y la el tratamiento recibido por cada una de las provincias en la asignación del Programa mencionado”.

“Resulta necesario contar con un canal oficial para acceder a dicha información que permita al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia”, aseguran los firmantes de la iniciativa.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el desafuero del legislador opositor Marcelo Romano con 22 votos a favor y 16 en contra.

El pedido de desafuero había sido solicitado por la fiscal Gabriela García Cobos, quien imputó a Romano por presunto “atentado contra la autoridad”, luego de un altercado protagonizado con la policía en un caso que involucró también a su hija, el 11 de agosto de 2019.

“Afortunadamente para nosotros, las falsedades ideológicas y las nulidades del proceso van a terminar con que esta contravención está teñida de nulidad”, había pronosticado días atrás Romano, de Protectora Fuerza Política.

El oficialismo impuso su mayoría en la Legislatura (a los votos del radicalismo y del PRO se sumaron los del Partido Socialista, Libres del Sur y Masfe) y aprobó el desafuero, en lo que constituyó la primera medida de este tipo en los últimos 13 años.

Romano había dicho días atrás que el proceso constituía “una persecución política sin precedentes”, y responsabilizó al diputado nacional radical Alfredo Cornejo de haber “orquestado absolutamente todo esto”.

Es que el legislador ahora desaforado presentó denuncias penales contra el exgobernador y actual titular de la bancada radical en la Cámara de Diputados nacional.

El artículo 167 de la Constitución provincial indica que, cuando se produce una acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura, “existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva”, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado.

Romano había advertido que la acusación en su contra está apoyada en una “contravención”, delitos que no implican una prisión preventiva, una mirada que quedó reflejada en los 16 votos contra el desafuero de los senadores del Frente de Todos, Frente de Izquierda, Partido Intransigente y Protectora.

El senador Pablo Priore (Pro) explicó que, con el tratamiento de este desafuero, no se está “evaluando ni juzgando al senador Romano, quien podrá seguir cumpliendo sus funciones” y afirmó: “Lo único que hacemos es demostrar que somos iguales ante la ley”.

El representante del Frente de Izquierda, el senador Lautaro Jiménez, en cambio, juzgó que se trató de “un debate estrictamente político” y aseguró que la causa que se le imputa a Romano “no pasa ninguna convalidación de prueba” y constituye “una embestida contra él, a partir de hechos increíbles”.

Por su parte, el senador Alejandro Abraham (FpV) les pidió a los legisladores del oficialismo “que no echen por tierra ese juramento, que honren la palabra porque si avanzan con este pedido estarán violando flagrantemente la Constitución de la Provincia, están generando un hecho de gravedad institucional y un precedente de consecuencias insospechadas”.

“Esto no sólo viola la constitución. Es una vergüenza que estemos discutiendo esto porque están pasando cosas graves en el país, en Mendoza, en el mundo”, opinó por su parte el senador Lucas Ilardo, quien se preguntó: “Una semana después de que Romano denuncia irregularidades en Portezuelo del Viento, se reactiva el pedido, ¿no es raro que cada vez que quiso poner en evidencia una situación en la que no estaba de acuerdo vuelve a avanzar?”.

Romano presentó varias denuncias contra Cornejo, a quien involucró en actividades de “fracking con sustancias químicas” en la cuenca del Río Atuel, con “manejos poco claros con la publicidad oficial”, y con la licitación de Portezuelo del Viento.

Con el impulso de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, los bloques del Frente de Todos en la Legislatura mendocina impulsarán un proyecto de ley para ampliar la alícuota del impuesto por Ingresos Brutos a los bancos, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y sin que esto se traslade a ningún usuario de estos servicios.

La iniciativa, que será presentada formalmente por la diputada provincial Laura Soto, plantea incremento del 100% de este tributo para bancos u otras instituciones financieras, y estima que lo recaudado por este aumento se destine en asistencia a las PyMEs.

A través de una videoconferencia, Fernández Sagasti y Soto conversaron sobre la propuesta con los jefes del bloque FdT en la Legislatura mendocina, Germán Gómez (Diputados) y Lucas Ilardo (Senado); y los economistas Amalia Granata y Nicolás Aroma.

La senadora nacional dijo que se trata de “una herramienta que la ponemos a disposición del Ejecutivo provincial, tal como me comprometí personalmente desde el primer día a colaborar con el gobierno de Mendoza, sobre todo en esta crisis que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas”. “Comercios y productores de la provincia se pueden ver beneficiados con estos recursos que se van a poder recaudar mediante este proyecto, que debe servir para reactivar la economía de Mendoza”, añadió.

“Entendemos que no hay razones ni éticas, ni políticas, ni económicas para estar en contra de este proyecto”, consideró la vicepresidenta del FdT en el Senado de la Nación. Y completó que espera que la iniciativa sirva “no solo para reactivar la actividad económica, sino también para todos los mendocinos y las mendocinas que más están padeciendo la crisis actual”.
Según indicaron los economistas, con esta iniciativa se estima una recaudación anual de 1.600 millones de pesos.

Por su parte, la diputada Soto apuntó: “Analizamos el presupuesto provincial de Mendoza 2020 y vemos que la recaudación de Ingresos Brutos está prevista en alrededor de 44 mil millones de pesos, de los cuales 1.600 millones corresponden a las entidades financieras -esto teniendo en cuenta el valor bruto de las entidades financieras representa el 3,5% del PBG de Mendoza-. Este proyecto aumentaría al 100% esa recaudación”.

A su turno, Lucas Ilardo planteó que “esto puede ser el inicio de un planteo más profundo, porque la estructura impositiva, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sabemos tiene un alto grado de injusticia y es un debate que nos merecemos dar. Nadie puede dudar que han sido los bancos las instituciones que más han ganado en los últimos años, no solo durante la pandemia por la bancarización sino también en el último tiempo”.

Germán Gómez aclaró, a su vez, que se trata de un “impuesto extraordinario mientras dure la pandemia. Esto pasa a la comisión de hacienda y se trabajará con los distintos bloques, la idea es generar recursos que den una herramienta para fomentar el trabajo, las PyMEs y no afecta a los particulares porque no los comprende. Esto no va a trasladarse, es importante aclararlo, a los consumidores que hacen uso del servicio bancario”.

Sobre este último punto, tanto Fernández Sagasti, como Granata y Aroma llevaron tranquilidad. “La Resolución A6912 del Banco Central congela las comisiones bancarias por 180 días, por lo tanto los bancos no podrán trasladar el incremento de Ingresos Brutos a los servicios financieros y a ningún cliente”, aclaró la senadora.

El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón advirtió la necesidad de que la provincia sea incluida dentro de una tarifa diferencial por el pago del gas, y señaló que la provincia registra temperaturas similares, “e incluso más bajas que otras zonas del país beneficiadas ya con tarifa diferencial”. 

El presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo manifestó que esa tarifa diferenciada “permite, por ejemplo en La Pampa, que durante el invierno una familia pague el metro cúbico a $2,72; mientras que, en Mendoza con el cuadro tarifario de hoy, paga $6,39. Hay un desequilibrio tremendo”. 

El reclamo de Ramón no es nuevo, antes de ser legislador planteó esta problemática desde la ONG Protectora, y gracias a las presentaciones realizadas ante la Justicia desde la entidad quedaron sin efecto sucesivos aumentos determinados durante la presidencia de Mauricio Macri. 

Mediante un proyecto de resolución el senador mendocino Adolfo Bermejo, junto a su par provincial Samuel Barcudi, solicitan al Ejecutivo mendocino que “en forma urgente” se expida mediante una directiva clara y precisa sobre la colocación y uso en todo el territorio de la provincia de Mendoza de los denominados arcos o túneles de sanitización o desinfección. 

También solicitan al Ejecutivo que si autoriza su utilización fije las especificaciones técnicas adecuadas que garanticen la calidad, eficacia y seguridad de los mencionados arcos o túneles; y por el contrario, en caso de que la desaconseje fije sanciones de multa en pesos o días de arresto para quienes infrinjan la prohibición y como máxima autoridad sanitaria durante la pandemia Covid 19 proceda al inmediato retiro y decomiso de los que se encuentren instalados en todo el territorio de la provincia de Mendoza.

Entre los fundamentos, Bermejo señala que “al respecto de este tema, el pasado 17 de abril, un numeroso grupo de entidades científicas, médicas, ambientales y toxicológicas de distintos países emitieron un comunicado oficial donde advirtieron sobre el riesgo para la salud que genera el uso de cabinas sanitizantes o túneles de desinfección que rocían compuestos químicos no aptos para ser aplicados sobre las personas en la vía pública, en instituciones públicas o privadas”.  

Además, el maipucino señaló que “las entidades son claras al recomendar la no utilización de este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas, por tratarse de un procedimiento que implica riesgos ciertos para la salud de las personas que se ven expuestas a sustancias químicas irritantes para la piel y mucosas, con capacidad de producir diversas reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto respiratorio cuando se inhalan los aerosoles que se generan durante su aplicación, y que en conjunto empeoran la situación de salud actual de la sociedad, afectando asimismo la vida animal y el medio ambiente”. 

Explican en el comunicado oficial que Adolfo Bermejo incorporó en los fundamentos del proyecto presentado en el Senado de Mendoza, que esos procedimientos no cuentan con evidencia sobre su eficacia para realizar desinfección a personas con el fin de prevenir la Covid 19. 

El legislador señaló que, según las entidades científicas, médicas, ambientales y toxicológicas de distintos países, entienden que esta práctica, además “causa una falsa sensación de seguridad en las personas, conduciendo a que se descuiden las medidas básicas de prevención científicamente probadas, como es el lavado constante y consciente de manos, y el distanciamiento social preventivo y solidario”. 

Esa advertencia a la que hacen alusión los senadores Bermejo y Barcudi, fue brindaba en todo el mundo por parte de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Red de Centros de Información y Asesoría Toxicológica de Centroamérica (REDCIATOX), el Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA), la Asociación Toxicológica Argentina (ATA), la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC), el Centro de Información y Asistencia Toxicológica de la Universidad de la República de Uruguay (CIAT), el Centro de Información y Atención Toxicológica (CIAT) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, y el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres (IARRD). 

El pedido que hacen los senadores mendocinos al Ejecutivo provincial también explicita en sus fundamentos que el uso de hipoclorito de sodio, detergentes catiónicos u otras soluciones desinfectantes, que cuenten con la autorización de las autoridades sanitarias, solo se recomiendan para la limpieza y desinfección de superficies u objetos inanimados, siempre y cuando se realicen por personas capacitadas y con el uso obligatorio de equipos de protección individual adecuado, debiendo evitar en todo momento la presencia de personas en el área de aplicación. Estas prácticas de descontaminación están reservadas exclusivamente a personal con entrenamiento específico en el manejo de riesgos biológicos que utiliza equipos de protección personal adecuada al riesgo, y que participa de tareas con alto grado de exposición a estos compuestos químicos. 

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis, una partida de 27 millones de pesos para el Hospital Universitario de Mendoza.

Los detalles técnicos y administrativos se dialogaron, a través de una videoconferencia, entre la legisladora; el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi; y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Se trata de la primera inversión nacional en infraestructura hospitalaria, para la región de Cuyo, durante la pandemia.

El pedido, que se dio en el contexto de la propagación del Covid-19, tiene como objetivo finalizar el proyecto “Hospital Universitario”, en plena ejecución de obras, para habilitar el sector de internación, existiendo la posibilidad de expandir la capacidad operativa incorporando áreas de internación y sus servicios, equipando y poniendo en funcionamiento un sector ubicado en el primer piso ala sur que se encuentra en fase de construcción avanzada.

En concreto, se planteó la posibilidad de disponer, a corto plazo, de 15 habitaciones con baño, y 29 camas de mediana complejidad, equipadas con servicio de gases especiales en cabecera, dispuestas en el primer piso del ala sur del edificio.

En una carta dirigida a la senadora, Pizzi planteó que la institución desea “reforzar el compromiso social con la comunidad y la salud pública, y quiere ofrecer a la sociedad los recursos con los que cuenta el Hospital Universitario para la atención de la población afectada por esta patología, sin desatender las otras necesidades sanitarias del resto de la sociedad mendocina”.

En otro apartado, el documento especificaba que, para afrontar los costos de terminación de la obra civil en el plazo de un mes, se estima una inversión aproximada $26.960.000, sin incluir los costos de los recursos necesarios para luego mantener operativos los servicios médico-hospitalarios que se estimen brindar en el área referida.

Es una enorme felicidad que con el esfuerzo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de @ObrasPublicasAR, y la @UNCUYO podamos concluir uno de los proyectos del Hospital Universitario.

Esto solamente significa que cuando trabajamos en conjunto podemos hacer grandes cosas. pic.twitter.com/eTkQzSwiwt

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 21, 2020

Mediante un proyecto de resolución, el senador provincial Adolfo Bermejo solicitó en Mendoza al Comité de Vigilancia, Atención y Control del Coronavirus, que convoque “de forma inmediata y urgente” a profesionales y expertos de la salud de efectores públicos y privados, entidades académicas y universidades públicas y privadas, para que se expidan sobre el uso universal obligatorio o no de barbijos y/o mascarillas faciales de la población en circulación, y se elabore el respectivo protocolo en consideración a la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

En el articulado, Bermejo propone que el Comité, al elaborar el protocolo de acción, considerare estos criterios:

• Establecer que el uso de las mascarillas médicas, quirúrgicas o de las denominadas “N 95”, es exclusivo de los profesionales y trabajadores de la salud.
• Disponer un procedimiento claro, conciso y concreto sobre el tratamiento y la disposición final de los barbijos y/o mascarillas faciales, ya que luego de su uso deben ser considerados residuos patológicos.
• Establecer un procedimiento claro en relación a la colocación y uso del barbijo y/o mascarilla facial, como quitarlo y desecharlo correctamente (si es descartable) o como se procede a su correcta desinfección si son reutilizables.
• Publicitar por todos los medios disponibles y en especial internet, tutoriales y procedimientos para fabricarlos de manera artesanal y segura, para evitar mayores gastos a la población y también asegurar la disponibilidad de este recurso a todos los que lo necesiten.
• Establecer que el uso de barrera física (barbijo o mascarilla facial) es una medida de prevención que se debe sumar al actual aislamiento social obligatorio (cuarentena), como así también al distanciamiento social obligatorio y al resto de las medidas de higiene y limpieza ya establecidas.
• Concientizar mediante la correcta difusión las normas para el buen uso de los barbijos y/o mascarillas faciales tanto en el ambiente médico como en la población en general utilizando todos los medios disponibles en la actualidad.

Bermejo en este proyecto le solicita al Poder Ejecutivo la convocatoria a municipios, organizaciones sociales, empresas, entre otros, a contribuir en la confección de barbijos y/o mascarillas faciales, bajo determinados estándares de calidad (normativas), para ser distribuidas en forma gratuita a toda la población, priorizando a los más vulnerables.   

También, el proyecto presentado por el senador solicita al Poder Ejecutivo Provincial, en caso de corresponder, se disponga la recomendación del uso universal del barbijo y/o mascarilla facial con mayor énfasis para lugares con aglomeración de gente (supermercados, comercios, cajeros automáticos, bancos cuando se re abran, colas, entre otros) y eventualmente la exigencia del uso universal y obligatorio del barbijo y/o mascarilla facial fuera del hogar cuando exista circulación comunitaria del virus y/o se observe un agravamiento sustancial de la pandemia en el ámbito provincial. En el marco de la emergencia declarada, proceda a tomar todas las previsiones, para que la población utilice el barbijo/mascarilla facial y así ayude a reducir el contagio y la transmisión de Covid 19.

La Cámara de Senadores de Mendoza convirtió en ley los decretos del Poder Ejecutivo por los cuales se declaró la emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera en la provincia.

La sesión fue presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara alta, Mario Abed, y fue para la ratificación de los decretos, 359 y 401 de 2020, que obtuvo tras el debate 36 votos afirmativos.

La iniciativa fue rechazada por el legislador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, y la representante del Frente de Todos Natalia Vicencio.

Los senadores debatieron a través de videoconferencia, en el marco del “Estado de sesión permanente” de la provincia y cumplir así con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país.

El decreto 359, ratificado por ambas cámaras, establecía “la emergencia sanitaria por el plazo de un año y conforma el Comité de Vigilancia, Atención y Control que tendrá entre sus atribuciones las de diseñar, diagramar y coordinar todas las acciones necesarias para el desarrollo de un plan preventivo y de mitigación frente a la amenaza de circulación y transmisión del coronavirus”.

Asimismo, la normativa sancionada contempla la posibilidad de “convocar a expertos en las materias vinculadas con la emergencia declarada y requerir su opinión en los casos que lo estime pertinente”.

En tanto, el decreto 401, avalado por el Senado provincial, fijó la emergencia sanitaria en función de que el coronavirus, es un “fenómeno mundial” que “representa un hecho de marcado dinamismo imponiendo la necesidad de adoptar gran cantidad de decisiones en un marco de crisis y emergencia”.

También se prevé, entre otros aspectos, en el marco del artículo 32 de la Ley de administración Financiera, hacer uso del crédito hasta el equivalente al 10% del votado para el ejercicio 2020, con el objeto de atender la emergencia declarada.

En este sentido, se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo en relación a las operaciones de endeudamiento y uso del crédito, y las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera establecidas.

En el debate, el senador Juan Carlos Jaliff (UCR) consideró como “imprescindible” que el Ejecutivo “cuente con una herramienta de estas características”.

“Estamos viviendo una situación muy grave. Creo que en Argentina se actuó a tiempo, más allá de algunas situaciones especiales, es muy difícil prever cómo se va a desarrollar en el futuro esta situación”, agregó Faliff.

Por su parte, el senador Lucas Ilardo, presidente del bloque Justicialista, en su intervención dijo: “Nuestro país y el mundo están viviendo una crisis muy fuerte, es por eso que queremos darle las herramientas necesarias al gobernador (Rodolfo Suárez) para hacer frente a este flagelo, esto es una muestra de madurez del arco político”, remarcó.