Después de la sanción de la Ley de Actualización de Haberes Jubilatorios en el Senado, el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAVSA) comunicó su rechazo al incremento en las jubilaciones por las modificaciones en el régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), entidades que se encargan de facilitar el acceso a créditos para las Pequeñas y Medianas EMpresas (PyMEs).

El comunicado contó con el aval de distintas bolsas de comercio de todo el país, quienes consideraron a la nueva ley de actualización previsional de ser “una amenaza directa al financiamiento de las PyMEs y al empleo”. “La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo”, aseveraron en el texto difundido.

De todos modos, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que va a vetar las leyes sancionadas el pasado 10 de julio (también se convirtieron en ley la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026) por considerarlas un perjuicio al equilibrio fiscal.

En tal sentido, el comunicado impulsado por el MAVSA sugirió: “Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”.

Luego, añadieron que “esta medida implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil”. El cuestionamiento está dirigido al capítulo de financiamiento del incremento previsional consensuado por la oposición en la cámara de origen.

En rigor, explicaron que “las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino porque han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo”.

Contra la ley sancionada, los dirigentes de las bolsas de comercio señalaron que “este cambio realizado sin debate ni consultas no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria”.

“El supuesto ‘costo fiscal’ que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera”, enfatizaron en el comunicado del MAVSA.

Por último, defendieron el actual régimen de las Sociedad de Garantías Recíporcas y cargaron que “el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo que se observa en aquellos países contra los cuales competimos”. “Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal”, finalizaron.