El proyecto fue presentado por la diputada Mercedes Joury quien criticó que “igual que hicieron en 2015, el kirchnerismo en retirada quiere llenar de militantes el Estado”.
La diputada nacional Mercedes Joury (Pro) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que brinde información acerca de diversas cuestiones vinculadas a contrataciones y designaciones en el ámbito de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.
Al respecto, pide que especifique el número total de agentes incorporados en las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional desde el 22 de julio de 2022 a la fecha, especificando cargo y categoría, desagregado por mes y área.
Además, sobre el personal designado desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha, informe las razones que justificaron la decisión de incorporarlos a la planta permanente y si, en cada caso, se dio cumplimiento a la normativa vigente para la efectivización del pase a planta permanente del personal y las disposiciones previstas en el Decreto N° 426/2022.
“Especifique el total de Unidades Ejecutoras Especiales vigentes, temporarias o permanentes, en todas aquellas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional”, agrega y detalla: “Organismo y objeto de creación; fecha de creación y, en caso de corresponder, fecha de disolución; funcionarios a cargo, especificando rango y sueldo; total de personal afectado, especificando cargo y categoría; personal designado desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha”.
En otro artículo, solicita que se indique si la totalidad de los pases a planta permanente desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha contaron con el financiamiento presupuestario correspondiente, e informe en cuánto se ha incrementado el gasto público como consecuencia de estos ingresos.
“Informe el impacto fiscal que implica la cobertura de todas las vacantes de planta permanente por medio de los concursos abiertos durante el año 2023. Asimismo, indique si ello se encuentra en línea con las metas de déficit fiscal acordadas por el Poder Ejecutivo Nacional con organismos multilaterales de crédito”, suma.
Por último, pide que indique la cantidad de personas que fueron desafectadas de la planta permanente de la Administración Pública Nacional desde diciembre de 2022 a la fecha.
“Igual que hicieron en 2015, el kirchnerismo en retirada quiere llenar de militantes el Estado. Todos los días el Boletín Oficial es un festival de designaciones. No lo vamos a permitir. Presentamos un pedido de informes para que el gobierno rinda cuentas de esta situación”, expresó la diputada en redes.
Expte-3360-D-2023Diputados del Pro, encabezados por Cristian Ritondo, presentaron una iniciativa para que no haya contrataciones en el sector público hasta el 31 diciembre de 2023.
Los diputados nacionales Cristian Ritondo, Mercedes Joury y Hernán Lombardi (Pro) presentaron un proyecto de ley que impulsa el congelamiento de remuneraciones e incorporaciones en el Estado Nacional.
“En el marco de la actual crisis económica, la política debe dar un ejemplo contundente y hacer un aporte trascendente al ordenamiento de las cuentas fiscales ante el fracaso ostensible del cuarto gobierno kirchnerista”, afirmó Ritondo.
El presidente de la bancada Pro consideró que “es necesario demostrar que la clase política deja de estar distanciada de la agenda de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Es una disparidad obscena la jubilación mínima de $37 mil pesos, que cae bajo la línea de pobreza, y el cobro de la vicepresidenta de la Nación, que cobra dos pensiones vitalicias mensuales y llega a ganar $4.100.000 pesos por mes”.
Por su parte, Lombardi explicó que “el objetivo es frenar el gasto y evitar que sigan incorporando militantes al sector público. Hay que limitar el daño que hace el Gobierno y cuidar a la gente que se empobrece día a día por una inflación descontrolada”.
"Los argentinos que trabajan en el sector privado vienen sufriendo a diario la crisis económica, la inflación, las dificultades para conseguir empleo o sostenerlo. La política tiene que dar el ejemplo, y hacerse cargo primero de los costos de esta catástrofe económica antes de seguir pidiéndole sacrificios solamente a los ciudadanos", sostuvo Joury, y agregó: "Esperemos que el Gobierno acepte reducir los privilegios de la política y quiera discutir este proyecto en el Congreso”.
La iniciativa tiene como objetivo prohibir las designaciones y contrataciones de personal hasta el 31 de diciembre de 2023 con excepción de aquellas que sean necesarias para servicios esenciales, como fuerzas armadas y de seguridad, salud o educación, y en todos los casos deberá justificarse las razones de urgencia.
Además, el proyecto de ley propone el congelamiento de todas las remuneraciones, por todo concepto, por el término de un año del presidente y vicepresidenta, ministros, secretarios, directores, cargos jerárquicos de las empresas, sociedades y entes descentralizados del Estado, así como también las remuneraciones de los diputados, senadores y demás funcionarios políticos de ambas Cámaras del Congreso Nacional.
El texto incluye la invitación a adherir para las provincias y la Ciudad, de modo que puedan disponer el congelamiento de remuneraciones en sus jurisdicciones.
La propuesta fue acompañada por los legisladores del interbloque María Eugenia Vidal, Gerardo Milman, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, Dina Rezinovsky, Alberto Asseff, Karina Bachey, Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro y Rodrigo de Loredo.
Presentaron una iniciativa en el Congreso de la Nación para establecer protocolos de intervención, campañas y capacitación, entre otros elementos.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para promover una estrategia integral con la intención de prevenir, abordar y erradicar el bullying y el ciberbullying entre niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.
La iniciativa propone implementar protocolos de intervención, campañas masivas de difusión, instancias de capacitación gratuitas, la realización de relevamientos y encuestas anuales, y el desarrollo de plataformas digitales de fácil acceso para brindar información y asesoramiento de esta problemática, entre otras medidas.
El proyecto fue presentado por las diputadas nacionales del Pro, Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri, y fueron acompañadas por sus pares Alejandro Finocchiaro, Roxana Reyes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Gabriela Lena, María Eugenia Vidal, Martín Maquieyra, Leonor Martínez Villada, Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Danya Tavela, Lidia Ascarate y Maximiliano Ferraro.
Joury señaló que Argentina “figura entre los 15 países con mayores índices de acoso escolar en el mundo”, y agregó “necesitamos actuar ya, en forma conjunta y coordinada entre la nación y las provincias, desde una perspectiva integral y preventiva para reducir estos terribles índices, porque detrás de cada caso hay niños, niñas y adolescentes que sufren y necesitan una respuesta por parte del Estado y de la comunidad educativa. Hoy claramente no la tienen”.
Por su parte, Morales Gorleri recordó que “7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren bullying o ciberacoso. No podemos naturalizar esta problemática ni tratarla como una "cosa de chicos o una etapa”. El bullying no es algo que involucra solo al agredido y al agresor; hay todo un sistema que también incluye al mundo adulto que propicia el espacio para que el bullying se pueda desarrollar".
Y agregó que sus secuelas “acompañarán a nuestros hijos durante toda su vida adulta y no fomenta una sociedad pacífica y justa y es por eso que es necesaria una capacitación integral. Buscamos crear un programa nacional que genere lineamientos federales y fortalezca a las jurisdicciones a la hora de construir sus propias estrategias, medidas y acciones para hacerle frente a esta problemática que se lleva la vida de muchas chicas y chicos en nuestro país”.
El bullying y ciberbullying constituyen un problema grave y creciente en la Argentina, y las cifras son alarmantes. Todas las semanas se conocen gravísimos casos en distintos puntos del país.
Esta semana, el caso más resonante sucedió en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en donde un alumno de 15 años de la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas, recibió una brutal golpiza dentro de la institución por parte de un compañero que lo dejó internado y con serias heridas en su cuerpo. Según relataron los padres del alumno, la víctima había sido golpeada por sexta vez en los últimos 15 días dentro del aula.
Vinculó el paso dado por los diputados el miércoles con la necesidad de “achicar la grieta entre la dirigencia y la ciudadanía”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Mercedes Joury destacó la media sanción al proyecto de Boleta Única aprobado esta semana en el Congreso de la Nación. “El oficialismo se está oponiendo a que los argentinos voten con una boleta más moderna, clara, y transparente”, afirmó.
En declaraciones periodísticas, la legisladora señaló que la Boleta Única es una iniciativa “igualitaria, democrática, inclusiva, económica y sustentable; una boleta más segura que evita la falsificación y el robo de boletas, que cuenta con amplio consenso y es una demanda ciudadana”.
Durante su exposición y en un mensaje claro al oficialismo, Joury sentenció: “¿Ustedes no eran los paladines de la estatización? ¿Por qué no están de acuerdo con que el Estado tenga el monopolio de la impresión de boletas?”.
En ese plano, remarcó la necesidad de “trabajar para achicar la grieta entre la dirigencia y la ciudadanía, tenemos que darles más participación porque solamente si estamos juntos vamos a poder proyectar una Argentina moderna, democrática y transparente en el funcionamiento de sus instituciones”.
Dijo también que no se trata “de un capricho de 132 diputados”, al justificar que “lo está pidiendo hace mucho tiempo la ciudadanía, ya juntaron casi 200 mil firmas y las encuestas muestran que alrededor del 70% quiere que cambiemos el instrumento de votación”.
”Este año no hay elecciones, es ideal para encarar esta reforma, pero dicen que somos unos improvisados porque estamos proponiendo el sistema más utilizado en el mundo y que ya usan varias provincias de nuestro país”, remarcó la diputada de JxC.
Finalmente, afirmó que la Boleta Única “empareja la competencia porque garantiza que esté presente toda la oferta electoral y todos ocupen el mismo espacio, y también se reducen las asimetrías de fiscalización y movilización”.
Legisladores del bloque Pro reclamaron al Gobierno nacional detalles sobre las acciones implementadas para concientizar y prevenir sobre la problemática.
En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, más de 20 diputados nacionales del bloque Frente Pro presentaron un pedido de informes y un pedido de acceso a la información pública para solicitar al Gobierno nacional que detalle las acciones que se están implementando para concientizar y prevenir el bullying y ciberbullying en Argentina.
Concretamente, los legisladores reclaman que se informe sobre los avances en la implementación a nivel nacional de la Ley N° 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Se trata de una iniciativa presentada por las diputadas Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri, y acompañada por sus pares María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Dina Rezinovsky, María Sotolano, Ana Clara Romero, Martín Maquieyra, Matías Taccetta, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Camila Crescimbeni, José Núñez, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Florencia Klipauka, Gabriela Besana, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gerardo Milman.
Joury lamentó que Argentina “está entre los primeros 15 países del mundo con mayor índice de acoso escolar”. “Hoy es un día especial para concientizar sobre la importancia de prevenir el bullying y el ciberbulliyng, y para dejar de naturalizarlo, velando para que se tomen medidas concretas que protejan a niños, niñas y adolescentes”, consideró la bonaerense, que remarcó: “El acoso escolar es un problema de la niñez y la adolescencia pero que debe ser resuelto por los adultos”.
Por su parte, Morales Gorleri afirmó que “cuando aparece con claridad el bullying llegamos tarde y probablemente hay daños irreparables. Es sin dudas un problema multidimensional que requiere de la alianza familia y escuela. El mundo adulto le está dando a nuestros chicos solo grietas, odios y antagonismos". "¿Cómo evitar el acoso escolar sin la conciencia clara de ver la diversidad como riqueza?”, se preguntó la porteña.
El pedido de informes solicita al Gobierno nacional que detalle las medidas y acciones implementadas en cuanto a la prevención y concientización del acoso escolar, sobre las estrategias de investigación e intervención que se están abordando en las escuelas, sobre lo referente a la composición de equipos interdisciplinarios, y en cuanto a las estadísticas sobre los casos de bullying o ciberbullying.
Diputados del Pro pidieron por el pronto tratamiento de la iniciativa, que espera la aprobación del Senado.
Diputados nacionales del bloque Frente Pro presentaron un proyecto para adherir al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil y reclamar por el pronto tratamiento de la ley de oncopediatría nacional, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en octubre pasado y que desde entonces espera su tratamiento en el Senado.
Al respecto, la legisladora Mercedes Joury señaló que "en nuestro país, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años. Todos los años se diagnostican alrededor de 1.400 casos nuevos".
"Esperemos que prontamente el Senado pueda avanzar con su aprobación y, de una vez por todas, Argentina pueda contar con una ley que mejore la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer", sostuvo.
La ley, que crea un Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, fue consensuada entre varios proyectos y resultó producto de un trabajo mancomunado entre diputados de todos los espacios políticos.
Fuertemente reclamada por padres menores con cáncer, la norma crea un programa de cuidado integral, garantiza la cobertura integral de los tratamientos y contempla una serie de beneficios y medidas de asistencia económica para las familias más vulnerables mientras dure el tratamiento.
La iniciativa, encabezada por Joury, fue acompañada por sus pares Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y Alejandro Finocchiaro.
La iniciativa contempla un régimen de incentivos impositivos que incluyen la exención del IVA y la ampliación de las deducciones del impuesto a las Ganancias.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que contempla un régimen de incentivos impositivos que incluyen la exención del IVA y la ampliación de las deducciones del impuesto a las Ganancias. Fue presentado por la diputada nacional del Pro Mercedes Joury, acompañada por sus pares Cristian Ritondo, Héctor “Toty” Flores, Mariana Stilman, María Luján Rey, Pablo Torello, Alberto Asseff, Alfredo Schiavoni, Victoria Morales Gorleri, Alicia Fregonese, Soher El Sukaria, Virginia Cornejo, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni y Hernán Berisso.
El proyecto busca complementar y ampliar el régimen vigente para la promoción de la donación de alimentos, incluyendo exenciones impositivas que hasta el momento no habían sido considerados e incluidos en esas leyes.
Refiriéndose al proyecto, Joury señaló que “la crisis económica actual, refleja una situación alimentaria de extrema fragilidad que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad", y agregó que “en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año, de las cuales un 40% corresponden a los restaurantes. Estas cifras equivalen al 12,5% de la producción agroalimentaria de nuestro país, donde según la ONU más de 6 millones de personas padecen un estado de inseguridad alimentaria grave”.
“Con este proyecto nos propusimos buscar alternativas que fomenten la donación de alimentos a través de un régimen de incentivos impositivos, es increíble que con el régimen impositivo actual resulte más económico tirar la comida que donarla. Tenemos que generar un cambio cultural, pero para eso es fundamental el acompañamiento del Estado”, finalizó Joury.
Dentro de esta misma temática, con un segundo proyecto buscan instituir el día 29 de septiembre de cada año como Día Nacional para Concientizar sobre el Desperdicio de Alimentos, en adhesión al Día Mundial definido por la ONU. De esta manera, todos los años deberán impulsarse campañas de concientización que pongan en el centro del debate público la importancia de reducir el desperdicio de alimentos y promover su donación.
Diputados del Pro se mostraron preocupados por el aumento de los contagios y el lento avance de la vacunación al personal policial.
Diputados nacionales del Pro se mostraron preocupados por el aumento de los contagios y el lento avance de la vacunación a los miembros de las fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo, solicitaron precisiones acerca de las medidas adoptadas ante el cierre de comisarías y destacamentos policiales ocurridos en los últimos días por contagios masivos.
Se trata de un pedido de informes presentado por la diputada nacional del Pro Mercedes Joury, acompañada por sus pares Cristian Ritondo, María Luján Rey, Pablo Torello, Hernán Berisso, Martín Medina, Graciela Ocaña, Adriana Cáceres, Silvia Lospennato, Juan Aicega y Sebastián García De Luca.
“Es preocupante el atraso en la aplicación de vacunas a los agentes de las fuerzas de seguridad, que están en la primera trinchera de batalla contra el Covid-19”, repudió Joury; y solicitó al mismo tiempo que “sean tomados como personal esencial en la práctica no sólo desde lo discursivo”.
A fines del mes de abril el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se encontraban vacunados contra el Covid-19 más de 20.000 efectivos de las 4 Fuerzas Federales de Seguridad: 11.000 en el AMBA y 9.000 en las provincias, y que en ese número se incluye al 100% del personal de salud de esas Fuerzas.
“No sabemos cuántos agentes ya recibieron la inmunización total porque faltan datos oficiales al respecto. Este panorama incierto se intensifica al mirar hacia las fuerzas de seguridad de las diferentes provincias, donde los operativos son realizados por las propias autoridades sanitarias provinciales”, explicó la legisladora platense.
En tanto, los legisladores se mostraron “preocupados” por el cierre de tres comisarías del Partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por casos de coronavirus, y que en otra dependencia policial del mismo partido los presos realizaron un motín al enterarse de esa situación.
En el contexto del escándalo por el vacunagate, desde el Pro piden que las vacunas se repartan según "el porcentaje de población priorizada por las autoridades sanitarias" y no "en base a la población total de cada jurisdicción”.
La oposición en el Congreso de la Nación le reclamó al Gobierno establecer lineamientos legales para la distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19, en el marco de “mala gestión gubernamental” y los “privilegios” desatados en los casos del “Vacunatorio VIP”.
Se trata de un proyecto de ley presentado por las diputadas nacionales del Pro Carmen Polledo y Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Cristian Ritondo, Álvaro González, Alicia Fregonese, Dina Rezinovzky, José Luis Patiño, Héctor Stefani, Hernán Berisso, Camila Crescimbeni, Jorge Enríquez, María Luján Rey, Virginia Cornejo, Alejandro García y Pablo Torello.
Las legisladoras pidieron “abordar la distribución de las vacunas contra el Covid-19 con transparencia, equidad, objetividad y sin discriminación política. La Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de vacunar a 20 mil personas por día, pero no recibe las vacunas necesarias para poner en funcionamiento toda su capacidad instalada y logística”.
Polledo remarcó que CABA “sólo recibió el 9% del total de vacunas que se distribuyeron en todo el país y posee un promedio de 16,63 médicas/os cada mil habitantes, un número significativamente por encima del resto de las jurisdicciones, además de tener un mayor porcentaje de población de más de 64 años”. Además, agregó que “la distribución de las vacunas debería realizarse considerando el porcentaje de población priorizada por las autoridades sanitarias nacionales y los planes provinciales, y no en base a la población total de cada jurisdicción”.
Por su parte, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury sostuvo que "un tema que nos preocupa y que venimos reclamando desde fin del año pasado es la falta de transparencia de todo el proceso de vacunación pública en la provincia de Buenos Aires, desde la compra de las vacunas, pasando por la distribución en los diferentes municipios, la inscripción para vacunarse, la conservación de la cadena de frío hasta llegar finalmente a la aplicación", y concluyó: "Necesitamos que se fijen criterios equitativos para la distribución de vacunas, sin discriminar a los municipios opositores y también necesitamos contar con un sistema centralizado de información pública que otorgue claridad y certezas sobre todas las etapas del proceso de vacunación”.
Para garantizar la inclusión en el plan de vacunación, el proyecto crea el registro nacional del sector.
El bloque diputados del Pro pidió que se incluya a los trabajadores socio comunitarios dentro de la población prioritaria del plan estratégico de vacunación contra el Covid-19.
A través de un proyecto de ley, los legisladores proponen que los trabajadores de centros de atención comunitaria, centros barriales, centros educativos comunitarios, jardines comunitarios, comedores comunitarios y merenderos de todo el país pasen a formar parte de los grupos que deben recibir la vacuna contra el Covid-19 con prioridad. Para garantizar la inclusión en el plan de vacunación, el proyecto crea el registro nacional de trabajadores socio comunitarios.
Al presentar el proyecto, el titular de la bancada, Cristian Ritondo, afirmó: “Los trabajadores comunitarios no dejaron sus tareas durante toda la pandemia y tienen un rol estratégico en los barrios populares. Es fundamental que la vacuna llegue con prioridad a los que cuidan a los más vulnerables”.
Por otra parte la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury manifestó “mientras el oficialismo vacuna a funcionarios nosotros proponemos que se priorice a los que cuidan a los más vulnerables”.
Además de incluir a estos trabajadores en los grupos prioritarios de vacunación, el proyecto prevé la elaboración de protocolos de protección y prevención de covid-19 para la actividad socio comunitaria. Además, obliga a los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a proveer los elementos de protección que permita el funcionamiento seguro de estos espacios.
Acompañaron el proyecto los diputados Cristian Ritondo, Mercedes Joury, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Martín Medina, Ezequiel Fernández Langan, Juan Aicega, Pablo Torello, Adriana Cáceres, María Luján Rey y Carmen Polledo.
Diputados nacionales de JxC rechazan posible expropiación del Teatro del Lago y la República de los Niños platense.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires manifestaron su “repudio y preocupación” por la intención del Gobierno bonaerense de “apropiarse” del Teatro Martín Fierro de la ciudad de La Plata, y por la iniciativa del bloque del Frente de Todos que tiene como objetivo quitar al municipio la administración de la “República de los Niños” para transferirla a la Provincia.
Se trata de dos proyectos de resolución presentados en el Congreso de la Nación por el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, con el acompañamiento de sus pares platenses Mercedes Joury y Miguel Bazze, y el resto de los diputados del espacio por la Provincia.
“La provincia de Buenos Aires pretende apropiarse, de manera ilegal, del patrimonio de la ciudad de La Plata. Pretenden quedarse con dos símbolos de los platenses, el Teatro Martín Fierro y el Parque Temático “República de los Niños”, expresó Ritondo.
Asimismo, la diputada platense Mercedes Joury consideró que existe una “intención manifiesta” por parte del Gobierno provincial “de perjudicar el patrimonio y los intereses de todos los platenses sin ningún tipo de causa, con la única motivación de discriminar de todas las formas posibles a los municipios que no responden al color político del gobernador”.
El Anfiteatro Martín Fierro, también conocido como Teatro del Lago, forma parte del patrimonio de la Municipalidad de La Plata desde el año 1959. El predio constituye un área de interés general para toda la ciudadanía por sus valores paisajísticos y culturales. Por ello, el intendente Julio Garro puso en marcha un ambicioso plan de obras de restauración y puesta en valor del Teatro, con el objeto de recuperar un símbolo de la ciudad y convertirlo en un espacio de unión para los vecinos de La Plata.
A pesar de todo esto, el Gobierno bonaerense se dirigió a la municipalidad solicitándole la interrupción de las obras y manifestándole su voluntad de que dicho inmueble pase a ser administrado por la provincia. “Están desconociendo que el Teatro forma parte integrante de la Reserva Parque-Paseo del Bosque, que fue cedido por la provincia al Municipio de La Plata mediante Ley No 6.183, promulgada el 26 de noviembre de 1959”, remarcaron los legisladores de JxC.
En cuanto a la República de los Niños, recientemente, desde el Frente de Todos presentaron en el Senado un proyecto para quitarle a la Municipalidad la administración de la “República de los Niños” y transferirla a la Provincia. “Lamentablemente, este lugar pasó por más de 15 años de abandono y desidia”, explayaron los diputados, y destacaron que tras tantos años de ausencia de los gobiernos municipales, “la gestión de Julio Garro volvió a recuperar el esplendor de los comienzos de este lugar tan simbólico para los platenses”.
La República de los Niños además de ser patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de La Plata, está abierta a todos los ciudadanos bonaerenses que la quieran visitar.
Piden informes al Gobierno por el bajo número de exámenes de Covid y las demoras en los resultados.
La oposición volvió a reclamarle al Gobierno nacional por la situación actual de cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia por Covid-19 en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, en particular respecto al atraso de los resultados de los hisopados y la cantidad de testeos que se realizan diariamente.
Se trata de un pedido de informes presentado por la diputada nacional del Pro Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Carmen Polledo, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Adriana Caceres, Pablo Torello, Alicia Fregonese, Julio Sahad y Jorge Enríquez.
Como se sabe, a más de 160 días desde el comienzo del aislamiento dispuesto por el Gobierno, actualmente el país atraviesa el peor momento de la pandemia, y la cantidad de contagios y fallecimientos aumenta diariamente.
“Si tomamos ejemplos de otros continentes, continuamos observando que el nivel de testeos en nuestro país es muy bajo. Por ejemplo, en España se testea 230.051 por millón de habitantes, seis veces más que en Argentina. En Italia 164.517, en Gran Bretaña 298.588, en Alemania 160.262, y en Sudáfrica 66.265 testeos por millón de habitantes”, se describió desde el Pro.
Y graficaron que esta situación “se complejiza aún más en la provincia de Buenos Aires, donde hasta el 16 de septiembre se habían realizado solamente 826.403 testeos, lo que equivale a 47.112 testeos por cada millón de habitantes”.
Estos números demuestran que Argentina es el país del mundo con más casos de coronavirus por millón de habitantes que menos testeó, es decir, es el país que con menor capacidad de testeo con mayor cantidad de contagios.
En España se testea 230.051 por millón de habitantes, seis veces más que en Argentina.
Al respecto Joury sostuvo que “ello probablemente se deba a la poca inversión del gobierno nacional para la compra de insumos para realizar los hisopados, y tal vez a la decisión política de no habilitar nuevos laboratorios tanto en el sector público como en el privado para la realización de los diagnósticos”.
“La necesidad del testeo masivo, principalmente en la provincia de Buenos Aires por la cantidad de población y sus características específicas, es aconsejado por todos los especialistas e infectólogos del país y del mundo, e incluso fue solicitado en el mes de abril mediante el Proyecto de Resolución que presentamos en la Cámara”, explicó la diputada platense.
En ese mismo proyecto se señaló la importancia de contar con los recursos necesarios y, en consecuencia, se solicitó al gobierno la compra de más insumos para realizar los test, la descentralización de los testeos, ampliando los laboratorios públicos y privados con capacidad para hacerlo en todo el país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que alberga casi el 40% de la población nacional.
Justo cuando entre Nación y Ciudad se planteó una discrepancia en torno a la intención de CABA de dar educación presencial a alrededor de 5000 alumnos que estuvieron desconectados durante esta cuarentena, desde el Congreso reclaman datos sobre la escolarización de los estudiantes de todo elpaís.
Diputados nacionales del Pro le reclamaron al Gobierno nacional que brinde información acerca de la continuidad educativa de alumnos en todo el país, en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19. Concretamente le reclaman información sobre las políticas y estrategias desarrolladas para garantizar el acompañamiento y la conectividad a internet de los alumnos en los 3 niveles educativos.
Se trata de un proyecto de resolución presentado por la diputada Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Álvaro González, Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovski, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Carmen Polledo, Hernán Berisso, Adriana Ruarte, Adriana Cáceres y Gisela Scaglia.
Entre otros puntos, reclaman determinar el número de alumnos de los niveles inicial, primario y secundario que han perdido contacto con el sistema educativo desde que se implementó el aislamiento; especificar las circunstancias que se han identificado como causantes de la pérdida de contacto con el sistema educativo por parte de los alumnos; y las estrategias y políticas adoptadas desde el Ministerio de Educación Nacional para atender la situación de los alumnos que perdieron contacto con el sistema educativo.
Las autoridades educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento en donde se determinó que aproximadamente 6.500 alumnos no tuvieron contacto con el sistema educativo desde que comenzó la pandemia.
“Si en la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con mejor infraestructura de conectividad a Internet respecto a otras jurisdicciones hubo 6.500 alumnos/as que no pudieron conectarse al sistema educativo, la situación en el resto de las provincias probablemente sea más dramática, con miles de chicos que están quedando afuera del sistema educativo por falta de conectividad”, expresó Joury.
La legisladora de La Plata pidió “redoblar los esfuerzos gubernamentales para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares y desplegar múltiples estrategias educativas para evitar la deserción. Desde Juntos por el Cambio venimos planteando muchas iniciativas para paliar esa deserción y sería bueno que el Gobierno nacional las tenga en cuenta”.
La iniciativa fue presentada por las diputadas macristas Victoria Morales Gorleri y Mercedes Joury. Prevé la ampliación de inasistencias y la instalación de salas de lactancias en escuelas.
Con el fin de evitar el abandono escolar, las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Victoria Morales Gorleri y Mercedes Joury presentaron una modificación a la Ley N° 25.273 que, entre otros puntos, amplía el régimen de inasistencias justificadas en los casos de embarazo y paternidad.
El proyecto de ley pretende avanzar hacia un esquema más inclusivo e igualitario en cuestiones de género y es por eso que amplía las inasistencias justificadas por maternidad de 30 a 45 días, e incorpora 15 días de inasistencias justificadas para los alumnos en condición de paternidad, junto con la promoción de acciones integrales para el sostenimiento y continuidad de la trayectoria escolar.
Además, propone que se instalen en todas las escuelas salas de lactancia, como así también que se garantice la inscripción de los hijos/as de alumnos/as en jardines maternales.
De acuerdo a estadísticas del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el 30% de las jóvenes que abandonaron el colegio secundario lo hicieron por embarazo o maternidad, y el 67% de las/los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas/os en sus hogares.
Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, aseveró que “es urgente pensar un plan de intervención para hacer frente a estas estadísticas, que lamentablemente sabemos que se profundizarán en el contexto de la post pandemia. Acompañar los proyectos de vida de nuestros pibes desde el Estado, y comprometernos a construir juntos a ellos y sus familias las estrategias necesarias para evitar el abandono escolar es nuestro norte”.
“Presentamos este proyecto porque contamos con leyes desactualizadas e insuficientes que no contemplan las nuevas realidades socioculturales de los adolescentes, y que carecen de un enfoque multidisciplinario y con perspectiva de género”, aseguró la legisladora Joury.
Y agregó que "la deserción escolar es una pérdida no sólo para el futuro de esos adolescentes sino también para el futuro del país, porque la educación es una herramienta igualadora que garantiza el acceso a mayores oportunidades para mujeres y varones”.
El proyecto de Mercedes Joury busca que el profesional pueda asistir de manera presencial al paciente cuando considere que la atención virtual no es suficiente.
Diputados nacionales del Pro solicitaron al Gobierno nacional que declare la atención psicológica como “servicio esencial” dentro de las excepciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuestas, en el marco de la pandemia del Covid-19.
Se trata de un proyecto presentado por la diputada nacional del Pro Mercedes Joury, que cuenta con el acompañamiento de sus pares Carmen Polledo, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, María Luján Rey, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky, Gisela Scaglia, Soher El Sukaria y Natalia Villa.
El objetivo del proyecto no es más que asegurar que aquellos casos en los que el profesional considere necesario pueda asistir presencialmente a los pacientes en los que la atención virtual no fuera suficiente.
Joury consideró clave avanzar en este punto. “Entre las excepciones establecidas no está previsto el trabajo de los psicólogos. Existe una importante evidencia de que este tipo de crisis incrementa el riesgo de sufrir algún trastorno de salud mental, como la depresión o el estrés postraumático”. Y agregó: “La propia Asociación Argentina de Psiquiatras señaló que la correcta atención a la salud durante el encuentro el campo visual “es mayor de manera presencial, porque se pueden advertir cambios de posturas, movimientos de manos, de pies, el contacto físico mínimo en un consultorio puede acompañar mejor un momento difícil”.
Por su parte, la diputada Cáceres recalcó que la propia Organización Mundial de la Salud consideró que uno de los pilares para minimizar las consecuencias de la pandemia en la salud mental es mantener disponible el apoyo psicosocial, por ello, según dijo, “es muy importante que los profesionales psicólogos sean considerados servicio esencial”.
Finalmente, la oposición reclamó establecer un protocolo específico de atención en consultorio tal como se ha realizado con otros profesionales de la salud, y a la vez, resaltó que este pedido también viene siendo formulado por los distintos Colegios y agrupaciones de psicólogos, inclusive la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Esas instituciones se encuentran en una delicada situación por el Covid-19 y el aislamiento social obligatorio consecuente.
Diputados nacionales de la oposición solicitaron al Gobierno nacional que amplíe los programas de asistencia económica a las instituciones de gestión privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, que desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 están atravesando una situación muy delicada.
Vale resaltar que la mayoría de este tipo de instituciones depende del pago de las cuotas para solventar gastos y pagar salarios, y desde que comenzó el aislamiento disminuyeron considerablemente sus ingresos, donde muchos de ellos se vieron obligados a cerrar, y otros cientos están en riesgo.
Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Francisco Sánchez, David Schlereth, Gisela Scaglia, Adriana Cáceres, María Luján Rey, Hernán Berisso, Natalia Villa, Victoria Morales Gorleri, Omar De Marchi, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.
Al respecto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury sostuvo que “estamos pidiendo la ampliación de la cobertura, la flexibilización de los requisitos de acceso y el incremento del monto del subsidio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los jardines maternales y de infantes del país”.
Por su parte, Lorena Matzen (UCR-Río Negro) expresó que “estamos frente a una obligación indelegable de los responsables del Estado, el acompañamiento en el mantenimiento de una función que por sí mismo no cumple, y a la que deberán volver a recurrir miles de niños y niñas una vez superadas las actuales circunstancias pandémicas. El Estado debe estar presente y acompañar, con medidas reales para garantizar su sostenimiento y futuro".
Los diputados del interbloque también solicitaron el desarrollo de líneas de créditos a tasa cero para todas las instituciones, y la implementación de un Fondo Especial de Ayuda Económica a partir de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Durante estos más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como producto de dicha crisis, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.
“Negar una respuesta, que debe darse urgentemente, podría implicar llevar a la quiebra a instituciones que en algunos casos llevan muchos años de servicio, con lo que la pérdida además de económica también podría ser en experiencia pedagógica y de vínculos con sus comunidades”, afirmó el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez.
Este contexto crítico se repite en varias provincias de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay aproximadamente 250 instituciones privadas en riesgo, y jardines maternales cerrados en Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López, entre otros municipios. En Mendoza, por su parte, ya cerraron de manera definitiva 21 jardines maternales, y una situación similar se vive en la provincia de Neuquén, que cuenta con 45 jardines maternales en riesgo atravesando una grave situación económica. En Río Negro, existen más de 60 jardines maternales, muchos de los cuales están en riesgo de cierre, haciendo peligrar el trabajo de más de 1000 trabajadores y las vacantes de más de 4500 niños y niñas.
“Esta situación, de no solucionarse, terminará complicando aún más al sistema educativo inicial en los establecimientos de gestión estatal, por lo que miles de niños y niñas pueden llegar a correr el riesgo de quedarse sin vacantes en los jardines maternales y de infantes”, finalizó Joury.
Fue impulsado por la gestión Cambiemos y ante el incremento de la inseguridad, desde Juntos por el Cambio piden datos sobre su implementación.
Preocupados por la escalada de casos de inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno información sobre diferentes cuestiones vinculadas al Programa “Barrios Seguros”, que logró mejorar los índices de criminalidad en los últimos años.
Puntualmente los legisladores requirieron información acerca de cómo se está coordinando la implementación del programa entre las diferentes fuerzas de seguridad, los distintos niveles de gobierno y las organizaciones comunitarias.
Se trata de un pedido formulado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Mónica Frade, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Josefina Mendoza, Adriana Cáceres y Natalia Villa.
“Nos preocupa cómo se viene desarrollando e implementando el Programa en los últimos seis meses de gestión”, apuntó Joury, y remarcó la importancia de contar con información acerca de su continuidad, los barrios en los cuáles se está implementando, con qué fuerzas de seguridad se lo está haciendo, o si está previsto ampliarlo a otros barrios en este difícil contexto como consecuencia de la Pandemia por el Covid-19.
El programa fue creado en 2016 en el ámbito del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri. Comenzó como una prueba piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementó en el Barrio 31 y 31 bis, para luego extenderse hacia el Barrio Alto Verde de la Provincia de Santa Fe, y hacia los barrios Carlos Gardel y Borges de la provincia de Buenos Aires, entre muchos otros.
Su objetivo principal fue reducir los niveles de crimen organizado, en particular del narcotráfico, los delitos y la violencia en barrios populares y vulnerables, que fueron identificados en su momento como prioritarios porque contaban con altos índices de conflictividad social y poca presencia estatal. Las estrategias de intervención en los barrios seleccionados se basaron en el trabajo coordinado entre diferentes agencias estatales, niveles de gobierno y organizaciones comunitarias.
El programa incluye varias etapas. En primer lugar, un relevamiento preliminar para determinar las prioridades de intervención en cada barrio. En segundo lugar, a través de la intervención de las fuerzas de seguridad en puntos específicos de dichos barrios para erradicar el narcomenudeo y poner en práctica políticas de contención y asistencia social. En tercer lugar, se instalan Unidades de Prevención Barrial (UPB) integradas por Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, para consolidar la presencia activa y permanente del Estado. Y, por último, la conversión de esos espacios donde antes reinaba el delito y el narcotráfico en espacios de servicio para los vecinos del barrio.
Los diputados destacan que la implementación del Programa durante la gestión anterior logró reducir todos los índices de criminalidad. Por ejemplo, en lo que respecta a los homicidios entre 2015 y 2019 bajaron desde el 67% hasta el 100%, dependiendo de cada barrio. En el año 2019, por lo menos hasta el mes de octubre, en el Barrio 1.11.14, en el Barrio Carlos Gardel y en el Barrio Fátima, que tenían una tasa considerable de homicidios en 2015, no se registró ninguno.
“Una política pública de seguridad tiene que tener como principal objetivo el combate al narcotráfico sin que exista la más mínima posibilidad de establecer un diálogo con los narcotraficantes. El objetivo debe ser la reconstrucción de la legalidad y legitimidad estatal en aquellos barrios que conviven y sufren el delito en sus calles”, señaló Joury.
Asimismo, los legisladores se mostraron preocupados ante el marcado incremento en las denuncias de delitos por parte de vecinos o reportes de medios de comunicación, “lo que evidencia que la inseguridad está aumentando en muchos barrios vulnerables y zonas urbanas, y de allí el objeto de este pedido de informes al gobierno nacional”.
Por el aumento de casos durante el aislamiento, la legisladora nacional Mercedes Joury presentó un proyecto para que el Gobierno incremente las campañas de concientización y prevención.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitó al Gobierno que incremente las acciones y campañas de concientización y prevención del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según datos oficiales, subió considerablemente este tipo de delitos durante la cuarentena.
Se trata de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional, Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Roxana Reyes, Silvia Lospennato, Claudia Najul, María Luján Rey, Adriana Cáceres, Estela Regidor, Soher El Sukaira, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Mariana Stilman, Francisco Sanchez, Lorena Matzen, David Schlereth, Jimena Latorre, Leonor Martínez Villada, Alicia Fregonese y Victoria Morales Gorleri.
“La situación es muy delicada ya que desde la implementación del aislamiento, hiperconectividad y el uso excesivo de pantallas, convirtió a niñas, niños y adolescentes en sujetos hipervulnerables a este tipo de delitos”, remarcó Joury, quien, precisó además, que las estadísticas brindadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “evidencian que las denuncias por este tipo de casos se duplicaron durante el aislamiento obligatorio”.
A su vez, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) advirtió que las denuncias por casos de grooming y por publicaciones de imágenes y videos que contienen abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes aumentaron un 30% durante el aislamiento obligatorio por coronavirus.
“Pedimos intensificar las campañas de prevención y concientización, visibilizar los riesgos a los que están expuestos niñas y niños por el uso de la tecnología, difundir toda la información necesaria para que se denuncien este tipo de delitos y otorgar herramientas a padres y adultos responsables que les permitan acompañar a niñas y niños en el uso de la tecnología de manera segura”, remarcó la legisladora.
Vale remarcar, que el grooming consiste en la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos (redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como whatsapp, etc.). En general, los perpetradores de este delito suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, foro, videojuego u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar.
De acuerdo a estadísticas del programa “Las víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en función de las denuncias recibidas a las líneas nacionales 137 y 0800-222-1717 entre 2018 y 2019, el grooming constituye la tercera forma de violencia más frecuente contra niñas y niños (“Un análisis de los datos del programa ́Las Víctimas contra las Violencias’ 2018- 2019”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, UNICEF, noviembre 2019).
Hay miles de familias perjudicadas en la Provincia, según denunciaron a través de un pedido de informes impulsado por la diputada Mercedes Joury.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que regularice urgentemente la distribución de Tarjetas Alimentar en el país, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, ya que en muchos distritos no la están recibiendo y esta situación perjudica a miles de familias en todo el país.
El pedido fue realizado a través de un pedido de informes presentado por la diputada Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Silvia Lospennato, María Luján Rey, Miguel Bazze, Sebastián García De Luca, Adriana Cáceres, Hernán Berisso, Karina Banfi y Natalia Villa.
“Es preocupante que a más de 50 días del comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, miles de familias de todo el país todavía no cuenten con la Tarjeta Alimentar y no estén recibiendo la asistencia alimentaria adecuada”, indicó Joury, quien ejemplificó que en la ciudad de La Plata “existen más de 11 mil tarjetas Alimentar en el Banco Provincia, con el dinero depositado, que hasta el día de hoy no han sido entregadas a sus titulares”, y remarcó que “el Intendente Garro viene reclamando en las últimas semanas que agilicen la entrega de las tarjetas, y en los casos de beneficiarios que todavía no la tienen se les deposite el dinero a través de su tarjeta de débito de la Asignación Universal por Hijo para que puedan acceder a la ayuda alimentaria en el menor tiempo posible”.
Por ello, según afirmaron desde Juntos por el Cambio, “reclamamos al gobierno que informe el número de tarjetas entregadas y pendientes, la logística de distribución, la coordinación con las entidades bancarias y municipios, y las modalidades de pago a los beneficiarios que todavía no tienen la tarjeta”.
A su vez, precisaron que hasta el momento, muchos beneficiarios no poseen su tarjeta, ni recibieron la acreditación del beneficio a través de la AUH, por ello, el pedido que el Gobierno agilice la entrega para que esas familias tengan el sustento alimentario necesario.
Por su parte, María Luján Rey reflejó la “falta de coordinación” entre el Ministerio de Desarrollo Social, los municipios y las entidades bancarias, en lo referente a la logística de distribución y entrega de tarjetas, y cuestionó la ausencia de información pública clara que contribuya a que los beneficiarios no tengan que estar trasladándose a diferentes puntos de las ciudades, en medio de la cuarentena, para percibir el beneficio.
Vale remarcar, que la “Tarjeta Alimentar” está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.
Desde su implementación y hasta la entrada en vigencia del Aislamiento, las Tarjetas Alimentar eran entregadas de manera presencial en el marco de operativos territoriales. Sin embargo, a partir del 16 de marzo, y en el marco de las medidas adoptadas como consecuencia del Covid-19, el Ministerio de Desarrollo Social definió una nueva modalidad de distribución a través del Correo Argentino, aclarando que se iba a respetar el cronograma de entrega acordado con las provincias y municipios. Días más tarde, el Gobierno decretó el Aislamiento, lo que interrumpió su normal distribución.
Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio advirtieron que “preocupan las denuncias y reclamos de médicos y enfermeros de diferentes hospitales, por la falta de barbijos, guantes y alcohol en gel para su protección”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde información sobre la distribución de insumos para protección del personal sanitario y el equipamiento hospitalario, a raíz de las denuncias y reclamos de médicos y enfermeros en todo el país, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que se registró en las últimas semanas.
El pedido de informe presentado por la diputada Mercedes Joury, con el acompañamiento del presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y sus pares Graciela Ocaña, Carmen Polledo, Silvia Lospennato, María Luján Rey, Adriana Cáceres, Karina Banfi, Mariana Stillman, Natalia Villa, Martín Medina, Josefina Mendoza, Waldo Wolff, Camila Crescimbeni, Juan Aicega y Hernán Berisso.
Desde Juntos por el Cambio argumentaron que desde el comienzo de esta pandemia “sabíamos que el sistema sanitario público se iba a encontrar con una situación muy compleja dado el carácter excepcional de este virus y las deficiencias estructurales del propio sistema de salud”.
“La medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio otorgó más tiempo para conseguir insumos básicos para la protección del personal de la salud y para incrementar el equipamiento hospitalario a la espera del pico del virus”, expresó Joury, sin embargo, indicó que desde el espacio “nos preocupa mucho las denuncias y reclamos de médicos y enfermeros de diferentes hospitales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, por la falta de barbijos, guantes y alcohol en gel, entre otros insumos, para su protección”.
Asimismo, según se enfatizó, esta situación es mucho más preocupante en el conurbano bonaerense, la región más densamente poblada del país, y donde se concentra la mayor cantidad de infectados y fallecidos por el virus.
En ese sentido, solicitaron conocer la cantidad de insumos básicos que se compraron, cuántas camas para terapia intensiva, intermedia y de aislamiento simple se sumaron, cuántos respiradores se consiguieron y con qué criterios se distribuyeron en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la diputada María Luján Rey precisó que el pico de la enfermedad “aún no llegó y ya tenemos en la provincia de Buenos Aires hasta hoy un total de 102 fallecidos y 1.753 infectados, la mayoría de los cuáles se concentra en el conurbano”, por ello, solicitó enfáticamente que el Gobierno detalle cómo fue ampliando la capacidad de camas de terapia intensiva, intermedia y de aislamiento en el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, “para estar lo mejor preparados cuando llegue el momento crítico”.
Asimismo, se reclamó que se detalle sobre las licitaciones previstas para adquirir insumos de protección y equipamiento sanitario para enfrentar la pandemia, las cantidades entregadas de insumos médicos al personal de la salud del sistema sanitario público de la provincia, como Barbijos N° 95, Camisolines, Guantes, Antiparras, Máscaras de acrílico y Alcohol en Gel.
Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio quieren un detalle sobre lo que se está haciendo en esa materia en cada distrito.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde “más información” acerca de los testeos que se están realizando en todo el país por el Covid-19, haciendo foco en la provincia de Buenos Aires. Reclaman un diagnóstico “preciso” y que se detalle la situación actual de cada distrito bonaerense.
El reclamo se formuló a través de un pedido de informe presentado por la diputada nacional Mercedes Joury, con el acompañamiento del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y sus pares María Luján Rey; Karina Banfi; Waldo Wolf; Mariana Stilman; Adriana Cáceres; Natalia Villa; Camila Crescimbeni; Hernán Berisso y Pablo Torello.
En el escrito los diputados consideran necesario “enfocarse en seguir descentralizando la realización de test y ampliar la red de laboratorios públicos y privados habilitados para este servicio”. Informaron a la vez que “al problema que venimos arrastrando de la baja cantidad de testeos, se suma la falta de información pública detallada sobre cuántos testeos se realizan en cada jurisdicción provincial”.
Para la autora del proyecto, Mercedes Joury, controles masivos a todo el personal sanitario asegurarían que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad.
Desde el Congreso de la Nación solicitaron al Gobierno que “arbitre” las medidas necesarias para realizar testeos masivos de Covid-19 a todos los profesionales de la salud que se encuentran realizando sus tareas en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, y en particular, que estén en contacto con grupos de riesgo de la enfermedad.
El proyecto de resolución fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, acompañada por sus pares María Luján Rey, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso.
“Si se realizan testeos masivos a todo el personal sanitario se contribuiría a asegurar que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad y más se los necesite, y que a su vez no contagien a otros pacientes y compañeros de hospitales y clínicas”, afirmó Joury, al argumentar que el personal sanitario “es de los más expuestos a una mayor carga viral, a una mayor concentración del virus, y tal como explican los especialistas, eso contribuye a que los médicos y enfermeros tengan más probabilidades de contagiarse”.
En la actualidad, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Salud al 14 de abril, se contabilizan 2.443 casos positivos de COVID-19 en Argentina, en 21 jurisdicciones, y 105 fallecidos. En este marco, “una de nuestras principales preocupaciones radica en el bajo número de testeos que se ha realizado en nuestro país, sobre todo si se lo compara con países europeos, que ya alcanzaron el pico de contagios, e incluso con países de nuestra región”, expresó Joury, junto al resto de los legisladores que acompañaron la presentación.
En ese sentido, se informó que actualmente en el país se efectúan 435 testeos por millón de habitantes, mientras que ese número es de 3.800 por millón de habitantes en Chile, y 2.158 por millón de habitantes en Uruguay.
Por su parte, la diputada María Luján Rey, sostuvo que “si bien es cierto que el número de testeos por millón de habitantes ha ido en aumento en nuestro país, entendemos que si la capacidad de testeo sigue siendo tan baja, nunca vamos a poder tomar real dimensión del problema”.
Precisó también que, según las estimaciones de los especialistas, “el 80% de quienes se infecten tendrán síntomas leves; y entre el 30% y el 50% serán asintomáticos”, y agregó que, por ello, “si no se realizan testeos masivos, nunca podremos ver a la enfermedad de manera real, ya que no podremos tener un diagnóstico del escenario completo de circulación del virus”.
Más allá del anuncio presidencial de que se frenó la operación, diputados de JxC reclaman explicaciones información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas
Legisladoras nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional información respecto a determinadas contrataciones de emergencia que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de las medidas adoptadas por el Covid-19. “Notamos que en muchos casos superan los precios de comercialización”, señalaron.
El pedido, presentado a través de un proyecto de resolución por las diputadas Mercedes Joury, María Luján Rey, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri, apunta directamente a irregularidad en los precios.
Como ya se sabe, mediante la emergencia pública sanitaria establecida y en el marco de la pandemia por COVID-19, el Gobierno nacional fue facultado para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social ha promovido la compra de ciertos productos, con el fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado. “Hemos advertido que los precios a los que se han adjudicado las contrataciones exceden los precios máximos minoristas establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo”, sostuvo la diputada Mercedes Joury.
A modo de ejemplo, mencionó que en la página web habilitada por el gobierno (https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/), “el paquete de fideos de sémola de 500 gramos tiene un precio máximo de $54, mientras que en las mencionadas contrataciones se aprueba la compra del mismo producto por precios desde $84 a $85,76”.
“Pedimos al Poder Ejecutivo que remita información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas. El único objetivo de este pedido es el de resguardar los recursos estatales”, expresó por su parte María Luján Rey.